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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2010-01881-02

Fecha
24 de marzo de 2026
Consejero ponente
Nicolás Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2010-01881-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 26 de noviembre de 2024, proferida el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la cual quedará así: 90 Obrantes en los folios 1.551 a 1.554 del cuaderno 5 y 20 a 26 y 32 a 37, 39 a 42 y 60 a 80 del cuaderno de pruebas No. 1. 91 Obrante en el cuaderno de pruebas No. 2. 49 Radicado: 760012331000201001881-02 (72729) Demandante: Asociación Civil Club Deportivo El Limonar “PRIMERO: DECLARAR de oficio la CADUCIDAD de la acción de controversias contractuales respecto de la pretensión de existencia del supuesto comodato suscrito entre el Instituto de Seguros Sociales y la Asociación Civil Club Deportivo El Limonar. SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda TERCERO: No hay lugar a condena en costas”. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría REMITIR el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 76001-23-31-000-2010-01881-02

Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales

24 de marzo de 2026

Radicado: 760012331000201001881-02 (72729)
Demandante: Asociación Civil Club Deportivo El Limonar

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - APELACIÓN
Radicación: 76001-23-31-000-2010-01881-02 (72729)
Demandantes: ASOCIACIÓN CIVIL CLUB DEPORTIVO EL LIMONAR
Demandado: PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DEL
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES Y OTRO
TEMAS: CADUCIDAD DE LA PRETENSIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – En la
pretensión de existencia del contrato, se configura cuando se presenta la demanda más de 2 años
después del motivo de hecho o de derecho que sirve de fundamento a las pretensiones.
COMODATO – es un contrato de naturaleza gratuita cuyo elemento sine qua non es la entrega de
un bien para su tenencia. CONVENIOS – Son acuerdos de voluntades mediante los cuales se unen
esfuerzos para cumplir un objetivo común, por lo que persiguen un simple ánimo colaborativo y no
traen consigo un sinalagma o contraprestaciones mutuas. CONVENIOS DE ASOCIACIÓN – Son
una modalidad de convenio mediante la cual las entidades del Estado se asocian con particulares
para el desarrollo de actividades que les permite la ley – Se distinguen de los contratos de fomento.
RÉGIMEN DE LOS CONVENIOS DE ASOCIACIÓN – Se encuentran regidos por el derecho privado.
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES – Se encontraba regido por el derecho privado, en virtud del
artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, por ser una entidad en competencia con el sector privado
nacional. CARGA DE LA PRUEBA – Corresponde a las partes probar el supuesto de hecho de las
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. PLANEACIÓN – Es un principio
aplicable a la suscripción de acuerdos de voluntades del Estado y lleva a considerar los planes de
desarrollo.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la Asociación Civil Club
Deportivo El Limonar contra la sentencia del 26 de noviembre de 2024, proferida
por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
mediante la cual se declaró parcialmente la caducidad de la acción de controversias
contractuales y se negaron las demás pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 16 de abril de 1970, la Caja Seccional de los Seguros Sociales del Valle del Cauca
adquirió el bien inmueble identificado con el número de matrícula inmobiliaria 370-
33870, predio cuya tenencia estuvo en manos de la Asociación Civil Club Deportivo

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Demandante: Asociación Civil Club Deportivo El Limonar

El Limonar -en lo sucesivo Club El Limonar- y donde se ofrecieron servicios de
recreación y deporte.

El 10 de septiembre de 2008, el Instituto de Seguros Sociales y la Caja de
Compensación Familiar del Valle del Cauca -en adelante Comfenalco- suscribieron
el convenio del 10 de septiembre de 2008, mediante el cual se acordó la
administración y operación del predio anteriormente referenciado por un término de
3 años, acuerdo en virtud del cual, a partir del 1° de octubre de 2008, se transfirió la
tenencia del bien a la segunda asociación en comento.

Inconforme, el Club Deportivo El Limonar presentó demanda de controversias
contractuales, a efectos de que se declarara la existencia de un contrato de
comodato con el Instituto de Seguros Sociales, fundado en la tenencia que tuvo del
bien identificado con el número de matrícula inmobiliaria 370-33870, así como se
anulara el convenio del 10 de septiembre de 2008, por haber desconocido la
normativa en materia de contratación y sus derechos. Como consecuencia, pidió la
devolución del predio y la indemnización de perjuicios por habérsele privado de su
tenencia.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. El 8 de noviembre de 20101, el Club El Limonar presentó demanda, en ejercicio
de la acción de controversias contractuales, contra el entonces Instituto de Seguros
Sociales y Comfenalco, con el fin de que se declarara: i) la nulidad absoluta del
convenio de administración y operación del inmueble identificado con el número de
matrícula inmobiliaria 370-33870, suscrito por ambas demandadas y, además; ii) la
existencia de un supuesto contrato de comodato entre la parte actora y el Instituto
de Seguros Sociales respecto al mismo predio. Adicionalmente, pidió que se
declarara la restitución del inmueble y el pago de $4.334’857.039 como
indemnización por los supuestos perjuicios causados.

1 Folios 430 a 473 del cuaderno 2. Posterior a la admisión de la demanda, la parte actora la reformó,

como obra de folios 486 a 529 del cuaderno 2.

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Demandante: Asociación Civil Club Deportivo El Limonar

1.2. En particular, las pretensiones formuladas fueron las siguientes (se transcriben
de forma literal, incluso con eventuales errores):

“PRIMERA: Que se declare la nulidad absoluta del convenio de
administración y operación del bien inmueble identificado con la matricula
inmobiliaria No. 370-33870 de la Oficina de Registro de Instrumentos de
Cali, celebrado entre el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES E.I.C.E. y
la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA
COMFENALCO VALLE.

SEGUNDA: Que se declare la existencia del contrato de préstamo de uso
o comodato llevado a cabo entre la CAJA SECCIONAL DEL VALLE DEL
CAUCA DEL I.S.S. y la ASOCIACION CIVIL CLUB DEPORTIVO EL
LIMONAR, a partir de la entrega sin contraprestación alguna, vale decir,
sin precio o canon de arrendamiento alguno, a título gratuito, y con la
condición de llevar a cabo el objeto social de la asociación, que el primero
hiciera del bien inmueble en el momento mismo de la entrada en
operación del CLUB DEPORTIVO EL LIMONAR, inmueble distinguido
con la matricula inmobiliaria No. 370-33870 de la Oficina de Registro de
Instrumentos de Cali, el cual fue adquirido mediante escritura pública No.
2068 de abril 16 de 1970 de la Notaria Segunda Principal del Círculo de
Cali, consistente en un lote de terreno ubicado en el sector de Meléndez,
conocido con el nombre de El Limonar sobre el parámetro oriental de la
Autopista del Sur, que cuenta con un área actual de 58.904,43 M2.

TERCERA: Que consecuentemente, se declare la restitución del contrato
y del bien inmueble antes descrito a la ASOCIACIÓN CIVIL CLUB
DEPORTIVO EL LIMONAR, y se condene a la parte demandada a pagar
a la ASOCIACIÓN CIVIL CLUB DEPORTIVO EL LIMONAR, la suma de
CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA Y NUEVE PESOS
M/CTE ($4.334.857.039.00), por concepto de indemnización por los
perjuicios causados, suma que deberá ser pagada con el respectivo ajuste
de valor del artículo 178 del C.C.A., más el valor de los intereses
moratorios a la tasa máxima permitida por la ley hasta el momento en que
se verifique la entrega de la propiedad o hasta que se satisfagan
completamente las obligaciones a su cargo.

CUARTA: Que se prohíba o suspenda toda negociación que implique la
enajenación con el predio en mención, hasta tanto se profiera sentencia
en firme y ejecutoriada.

QUINTA: Que se condene en costas y agencias en derecho al INSTITUTO
DE SEGUROS SOCIALES E.I.C.E.”.

1.3. Como fundamentos fácticos de sus pretensiones, la parte demandante
formuló los siguientes hechos que, a continuación, la Sala sintetiza:

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Demandante: Asociación Civil Club Deportivo El Limonar

1.3.1. Afirmó que el Instituto de Seguros Sociales es propietario del inmueble
identificado con el número de matrícula inmobiliaria 370-33870 de la Oficina de
Instrumentos Públicos de Cali, consistente en un lote de terreno ubicado en el sector
de Meléndez, conocido con el nombre de El Limonar -en adelante se lo denominará
“’predio El Limonar”-, con un área de 58.904,43 metros cuadrados.

1.3.2. Aseveró que, a partir del 30 de octubre de 1972, el Club El Limonar se
constituyó como una persona jurídica sin ánimo de lucro, separada del Instituto de
Seguros Sociales, pero conformada por varios trabajadores y gremios de esa última
entidad.

1.3.3. Argumentó que, una vez el Club El Limonar entró en operación, la Caja
Seccional de Seguros Sociales del Valle le entregó el predio El Limonar en calidad
de comodato sin contraprestación alguna a cambio, es decir, sin precio o canon de
arrendamiento como contraprestación, con el único fin de llevar a cabo el objeto
social de esa entidad y con la condición de restituirlo cuando se le solicitara tal
proceder con una antelación de al menos 6 meses. A su vez, puntualizó que se
convino que toda infraestructura y/o dotación que se incorporara al predio con
posterioridad sería del dominio del Club El Limonar.

1.3.4. Señaló que, con todo, “nunca se llevó a cabo contrato escrito alguno de dicho
acto, más aún (en referencia al supuesto comodato), nunca se reconoció sus
consecuencias jurídicas por parte del Instituto, lo que no permitió que el contrato se
ajustara a la nueva preceptiva normativa estatuida en la Ley 9 de 1989 y demás
normas aplicables”.

1.3.5. Anotó que, en los estatutos de creación del Club El Limonar, se dispuso la
forma en que debería hacerse la entrega del predio homónimo, reservándose la
Caja Seccional de Seguros Sociales del Valle el derecho de solicitar el inmueble
con una antelación de por lo menos seis meses.

1.3.6. Arguyó que el Instituto de Seguros Sociales celebró con el Club El Limonar
múltiples contratos para la prestación de servicios como actividades recreativas y
culturales, parqueadero y bienestar social, lo que reafirma que, en su criterio,

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mantiene ocupado el predio homónimo, al punto que sostiene haber recibido un “lote
de terreno” que “en los últimos 37 años” fue dotando de infraestructura con la
autorización del “propietario del predio”, en referencia al primer ente mencionado.

1.3.7. Manifestó que el Instituto de Seguros Sociales y la Caja Seccional de Seguros
Sociales del Valle nunca solicitaron la devolución del predio donde funciona el Club
El Limonar, ni tampoco han pagado las mejoras que se le han hecho al bien.

1.3.8. Consideró que, mediante convenio celebrado el 10 de septiembre de 2008
entre el Instituto de Seguros Sociales y Comfenalco, el primero le entregó al
segundo la administración del predio El Limonar “sin pago de arrendamiento alguno”
y pese a que, en su criterio, el 17 de junio de 2008 se le había advertido que en el
inmueble funcionaba el Club Deportivo El Limonar. Como consecuencia, aseveró
que, en realidad, el convenio trajo consigo la entrega del club como tal, “cuya
propiedad no pertenece al I.S.S. sí a la Asociación Civil Club Deportivo El Limonar”.

1.3.9. Indicó que, tras el convenio celebrado entre el Instituto de Seguros Sociales
y Comfenalco, desde el 1° de octubre de 2008, esta última pasó a tener a su cargo
las instalaciones, programas, eventos y contratos de titularidad inicial del Club
Deportivo El Limonar sin efectuar pago o compensación alguna en su favor, lo que
en la práctica implica que “no goza de un espacio para desarrollar su objeto”.

1.3.10. Adujo que, dado que el Club El Limonar fue desprovisto de su sede, tuvo
que suscribir un contrato de arrendamiento sobre un inmueble el 15 de febrero de
2010, por el término de 1 año y “por el valor de $270.000 mensuales […] más la
cancelación de los servicios públicos domiciliarios”.

1.3.11. Afirmó que, en el predio El Limonar, fue demolida parte de la edificación, la
cafetería adyacente y el aviso de propiedad del Club homónimo, así como se “dio
de baja sin autorización” los equipos del gimnasio.

1.3.12. Precisó que, por cuenta de los sucesos narrados, ha perdido más de 150
personas en los diferentes programas de formación deportiva, lo que a la postre le
ha representado una merma en los ingresos que percibía.

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1.3.13. Puntualizó que el Instituto de Seguros Sociales ha iniciado gestiones que
pretenden la venta del inmueble.

1.4. Como fundamento jurídico de la demanda, la parte actora expuso que
suscribió verbalmente un contrato con la Caja Seccional de Seguros Sociales del
Valle cuya existencia se debe declarar en sede judicial, en el que se le entregó en
comodato a título gratuito el predio El Limonar y, a la postre, constituyó en su favor
múltiples derechos frente al aludido bien. También consideró que el convenio
suscrito entre el Instituto de Seguros Sociales y Comfenalco, mediante el cual el
inmueble en cuestión se trasladó a la segunda entidad, adolece de un vicio que
debe llevar a su nulidad, en virtud de los numerales 2 y 3 del artículo 44 de la Ley
80 de 1993, por haber transgredido los principios de la contratación, así como por
desconocer los derechos del Club El Limonar sobre la propiedad.

Primero, argumentó que, aunque el contrato de comodato celebrado entre la Caja
Seccional de Seguros Sociales del Valle y el Club El Limonar no se suscribió por
escrito, se ajustó a lo prescrito en el régimen de derecho común, pues en la práctica
“desde octubre de 1972” se le otorgó un bien a título gratuito que ha tenido a su
cargo “durante más de 35 años” para que hiciera uso de aquel y con la obligación
de restituirlo al terminar su uso siempre que se pidiera su retorno al menos seis
meses antes.

Igualmente, destacó que la tenencia del predio El Limonar ha llevado a que se
construyan edificaciones y se adquieran bienes muebles para su dotación -que a su
juicio le pertenecen al Club El Limonar y no al Instituto de Seguros Sociales-, todo
ello con el ánimo de ofrecer un amplio catálogo de servicios y actividades.

Segundo, consideró que el convenio suscrito por el Instituto de Seguros y
Comfenalco fue celebrado con una desviación de poder, un conflicto de intereses,
un objeto ilícito, así como desconociendo la normativa sobre contratación estatal,
en específico: i) los artículos 13 y 209 de la Constitución; ii) los numerales 2 a 8 del
artículo 24, 1 a 12 del artículo 25, 1 a 4 del artículo 26 y el artículo 30 de la Ley 80
de 1993; iii) los artículos 3 y 4 de la Ley 489 de 1998, y iv) los artículos 1 a 3 del

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Código Contencioso Administrativo. Lo anterior, por considerar que adoleció de
estudios y documentos previos, así como de un pliego de condiciones, dado que no
se hizo una convocatoria pública y, por tanto, a su juicio la adjudicación del acuerdo
fue arbitraria, ilegal y contraria a derecho.

Sobre ello, puntualizó que, a su juicio, considerando que al Instituto de Seguros
Sociales le resultaba aplicable la Ley 80 de 1993 -pues, entre otros, el convenio del
litigio no hacía parte del objeto principal y permanente de la entidad- debía
someterse al procedimiento de selección abreviada de menor cuantía para suscribir
el convenio con Comfenalco.

En tal virtud, estimó que la entrega del predio El Limonar a Comfenalco como
resultado del convenio suscrito con el Instituto de Seguros Sociales representó, en
la práctica, que el Club El Limonar quedara a merced de esa sociedad, sin que ello
fuera viable, dado que tiene personería jurídica propia. A lo anterior sumó que, como
resultado del acuerdo convencional, se incluyó para entregar una gran cantidad de
bienes inmuebles y muebles obrantes en el predio que eran de su propiedad, lo cual
catalogó como “un despojo ilegal y de hecho”. A su vez, advirtió que el acuerdo de
voluntades se suscribió en desconocimiento de varios informes donde se pusieron
de presente las dificultades que representaba la tenencia del bien por la aquí
demandante.

También consideró que el convenio suscrito entre el Instituto de Seguros Sociales
y Comfenalco desconoció el artículo 355 de la Constitución y los Decretos
Reglamentarios Nos. 777 y 1403 de 1992, con apoyo en que no desarrolla programa
alguno y/o plan que involucre la prestación de las funciones esenciales de la primera
entidad, ni se relaciona con su misión y objeto social, así como el Instituto de
Seguros Sociales no recibe ninguna prestación a cambio.

Igualmente, argumentó que el convenio fue producto de un conflicto de interés,
debido a que el gerente de la Seccional Valle del Instituto de Seguros Sociales,
delegado para suscribirlo, era también presidente y representante legal del Club
Deportivo El Limonar, lo cual, a su juicio, no comunicó al delegante, ni se declaró
impedido.

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Así las cosas, adujo que el Instituto de Seguros Sociales debió solicitar primero la
restitución del predio El Limonar, para luego pagar por la infraestructura y dotación
allí contenida y, posteriormente, si a bien lo tenía, trasladar el inmueble a
Comfenalco en virtud del convenio que eventualmente decidiera suscribir.

Finalmente, la cuantía se estimó en $4.334’857.039, correspondiente a la
estimación de los supuestos perjuicios que el Club El Limonar ha tenido que padecer
con ocasión de la privación del predio homónimo.

2. Admisión de la demanda y su contestación

2.1. Mediante proveídos del 3 de febrero2 y el 22 de agosto de 20113, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca admitió la demanda por encontrar reunidos los
requisitos de ley, decisión que fue notificada en debida forma.

2.2. El 6 de febrero de 20124, Comfenalco contestó la demanda y se opuso a sus
pretensiones, por considerar que el convenio que suscribió con el Instituto de
Seguros Sociales se atuvo a la normativa que le era aplicable, así como no existió
ningún comodato entre dicho ente y el Club El Limonar. Como consecuencia,
formuló las excepciones de indebida representación de la demandante, buena fe,
inexistencia de incumplimiento de normas constitucionales y legales en el convenio,
inexistencia del contrato de comodato, inexistencia de obligación de Comfenalco de
indemnizar al demandante, cobro de lo no debido y la innominada.

2.2.1. Frente a la excepción de “indebida representación del Club El Limonar”, la
demandada advirtió que, a su juicio, se configuró una indebida capacidad de
representación de la demandante, por considerar que, prima facie, quien otorgó el
poder para ejercer el derecho de acción no tenía la capacidad para tal efecto.

2 Folios 481 a 483 del cuaderno 2.
3 Lo anterior, considerando que una vez se admitió la demanda, aquella fue reformada y la nueva

versión también fue admitida. Folios 535 a 536 del cuaderno 2.
4 Folios 954 a 981 del cuaderno 3.

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Demandante: Asociación Civil Club Deportivo El Limonar

2.2.2. En cuanto a la excepción de “buena fe”, argumentó que el convenio suscrito
con el Instituto de Seguros Sociales se fundó en la convicción de que dicho ente es
el propietario del inmueble El Limonar.

2.2.3. Respecto a la excepción de “inexistencia de incumplimiento de normas
constitucionales y legales en el convenio”, sostuvo que el acuerdo de voluntades
suscrito con el Instituto de Seguros Sociales -en tanto dueño del predio El Limonar-
no contravino el ordenamiento jurídico, por cuanto se celebró con base en las
facultades que les otorga la Constitución y la Ley a las entidades públicas para
suscribir convenios de asociación con entidades sin ánimo de lucro, en virtud de lo
dispuesto en los artículos 209 y 355 de la Constitución, 96 de la Ley 489 de 1998 y
el Decreto 777 de 1992, así como se perfeccionó el 10 de septiembre de 2008 y
feneció el 9 de septiembre de 2011, por lo que es inane anularlo.

A lo anterior adicionó que el convenio suscrito con el Instituto de Seguros Sociales
no fue gratuito, pues Comfenalco se obligó a prestar los servicios del club,
circunstancia que a la postre representó una “ganancia para ambas partes”, en
virtud de la cual administró el inmueble para la debida oferta de sus servicios
relacionados. Sobre ello también indicó que el acuerdo de voluntades no se rigió
por la Ley 80 de 1993 y sus reformas, habida cuenta que su objeto convencional no
está relacionado con el objeto social del Instituto de Seguros Sociales, en
concordancia con lo previsto en el artículo 93 de la Ley 489 de 1998.

2.2.4. En cuanto a la excepción de “inexistencia de comodato”, anotó que, en su
criterio, no nació a la vida jurídica ningún comodato en favor del Club El Limonar,
por cuanto, si bien el Instituto de Seguros Sociales, por medio de la Caja Seccional
de Seguros Sociales del Valle, les permitió a sus trabajadores el uso y disfrute del
predio homónimo, “nunca existió la tenencia del inmueble por parte de la
demandante”, tanto así que este le fue entregado sin reparos a Comfenalco una vez
suscribió el convenio respectivo. Asimismo, añadió que no se suscribió ningún
documento por escrito donde se le trasladara expresamente el bien a la aquí
demandante, circunstancia que reafirma que, simplemente, se le permitió usarlo.

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Demandante: Asociación Civil Club Deportivo El Limonar

También precisó que, a su juicio, el predio El Limonar es de propiedad del Instituto
de Seguros Sociales -y antes fue del dominio de la Caja Seccional del Valle del
Cauca- y que, a diferencia de lo sostenido en la demanda, fue dicho ente quien
efectuó la totalidad de las edificaciones de tal bien, así como, para el momento en
que suscribió el convenio con el Instituto de Seguros Sociales, el inmueble le fue
entregado desocupado y sin oposición alguna, aspecto que evidencia que no había
ninguna posesión y/o comodato con el Club El Limonar.

2.2.5. Finalmente, en lo atinente a las excepciones de “inexistencia de la obligación
en cabeza de Comfenalco de pagar perjuicios” y “cobro de lo no debido”, afirmó que
el convenio suscrito con el Instituto de Seguros Sociales de ninguna manera
perjudicó derecho alguno del demandante, pues este no tenía ningún derecho frente
al predio El Limonar y, en todo caso, ya se devolvió al Instituto de Seguros Sociales
por el fenecimiento del plazo del convenio con aquel. Como consecuencia,
consideró que no le adeuda ninguna indemnización al extremo activo de la
contienda.

2.3. El Instituto de Seguros Sociales contestó la demanda extemporáneamente5.

3. Trámite de primera instancia

3.1. El 8 de agosto de 20126, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca abrió a
pruebas el proceso y, para el efecto, decretó como pruebas los documentos
aportados con la demanda, su reforma y su contestación, varios testimonios7 y un
peritaje. A su vez, ofició al Juzgado 11 del Circuito Administrativo de Cali para que
allegara el escrito de contestación del Instituto de Seguros Sociales en el proceso
con radicado 2009-090. Finalmente, se tuvo por no contestada la demanda respecto
al Instituto de Seguros Sociales, debido a su presentación por fuera de tiempo8.

5 Folios 1.368 a 1.381 del cuaderno 4.
6 Folios 1.382 a 1.386 del cuaderno 5.
7 Mediante proveído del 23 de octubre de 2014, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca aceptó

el desistimiento de varias pruebas testimoniales. Folios 1.480 a 1.481 del cuaderno 5.
8 Frente a dicha decisión Comfenalco presentó recurso de apelación, por considerar que se debieron

decretar todos los testimonios pedidos, reproche que prosperó en segunda instancia, dado que el
Despacho sustanciador resolvió, mediante proveído del 13 de enero de 2014, revocar la denegatoria
del testimonio de la señora Nelky Yamileth Álvarez. Folios 1.394 a 1.395 y 1.438 a 1.441 del cuaderno
5. // A la vez, el Instituto de Seguros Sociales presentó recurso de súplica, en el que solicitó que se

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3.2. Una vez finalizado el período probatorio, el 12 de junio de 20199 el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca corrió traslado a las partes y al Ministerio Público
para alegar de conclusión y presentar concepto por escrito.

3.2.1. El Club Deportivo El Limonar reafirmó que, a partir del 16 de abril de 1970,
la Caja Seccional del Valle del Cauca del Instituto de Seguros Sociales adquirió el
predio El Limonar, inmueble que, tras constituirse el 30 de octubre de 1972 como
una entidad destinada al esparcimiento de los trabajadores, denominada
inicialmente “Unidad Social y Deportiva de Empleados del I.S.S.” y posteriormente
la “Asociación Civil Club Deportivo El Limonar”, se le entregó a aquella para su uso
y goce. Como consecuencia, para la parte demandante las anteriores
circunstancias acreditaron la existencia de un comodato entre aquella y el Instituto
de Seguros Sociales que, aunque no se elevó a escrito, salta a la vista en cuanto a
su celebración, que asciende a "más de 35 años” 10.

Es así como afirmó que el contrato de comodato comenzó a ejecutarse “desde
octubre de 1972”, pues desde ese momento se dio “la entrada en operación del
CLUB DEPORTIVO EL LIMONAR en la propiedad”.

A lo anterior sumó que suscribió varios contratos con el Instituto de Seguros
Sociales para llevar a cabo actividades para su personal en el predio El Limonar, lo
que reafirma el rol de comodatario frente al aludido inmueble hasta el momento en
que se suscribió el convenio con Comfenalco, pues, a su juicio, a partir de tal fecha
se lo privó del uso del bien en comento.

Finalmente, reiteró que el convenio suscrito entre el Instituto de Seguros Sociales y
Comfenalco debía anularse, por cuanto fue producto del desconocimiento de la
normativa en materia de contratación pública, adoleció de un objeto o causa ilícita,
y desconoció el derecho de tenencia del Club El Limonar, en los términos de la

tuviera en cuenta su contestación a la demanda, por estimar que “por una deficiente comunicación”
interna la radicó extemporáneamente, pero de forma justificada. Con todo, el referido recurso se
rechazó por improcedente. Folios 1.396 a 1.397 y 1.403 a 1.404 del cuaderno 5.
9 Folio 1.561 del cuaderno 5.
10 Folios 1.579 a 1.603 del cuaderno 5.

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Radicado: 760012331000201001881-02 (72729)
Demandante: Asociación Civil Club Deportivo El Limonar

demanda, lo que además le causó sendos perjuicios que deben ser indemnizados
en sede judicial.

3.2.2. Comfenalco reiteró que el predio El Limonar y sus construcciones son de
propiedad del Instituto de Seguros Sociales y que no se acreditó que el Club El
Limonar hubiera efectuado edificación alguna allí, pues, entre otros, los testimonios
recaudados resultaron ser contradictorios y se tacharon por ser falsos y de oídas.
Al punto, sostuvo que no se probó la existencia de ningún comodato entre el Instituto
de Seguros Sociales y el Club El Limonar, debido a que nunca se efectuó
propiamente una entrega del bien, sino que, simplemente, se le permitió usarlo11.

3.2.3. El Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros
Sociales se opuso a las pretensiones de la demanda, por considerar que no existió
ningún comodato entre aquella y el Club El Limonar, así como el convenio suscrito
con Comfenalco se suscribió en consonancia con el ordenamiento jurídico12.

Para empezar, señaló, en consonancia con los artículos 355 de la Constitución y
los Decretos 777 y 1403 de 1992 y 2459 de 1993, que los contratos de comodato
que suscriban las entidades del Estado con asociaciones sin ánimo de lucro debían
elevarse por escrito y, sin embargo; en el presente asunto no obra la celebración en
tales términos de algún acuerdo de voluntades entre el Instituto de Seguros Sociales
y el Club El Limonar, ni tampoco una entrega real y material del inmueble.

Por otro lado, aseguró que el predio El Limonar no se encuentra en cabeza del
patrimonio autónomo, sino en cabeza de la aseguradora Positiva S.A., por lo que
no podría deprecarse una condena en su contra.

Finalmente, adujo que no se acreditó la causación de algún perjuicio a la asociación
demandante pues, entre otros, es contradictorio afirmar que el supuesto
comodatario hizo mejoras al predio cuando “no es posible imponer al comodante
una obligación derivada del contrato que va contra la esencia misma del negocio
jurídico celebrado”.

11 Folios 1.562 a 1.572 del cuaderno 5.
12 Folios 1.573 a 1.578 del cuaderno 5.

12

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Demandante: Asociación Civil Club Deportivo El Limonar

3.2.4. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.

3.3. El 10 de julio de 201913, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca remitió
el asunto por descongestión al Tribunal Administrativo del Quindío, en concordancia
con el Acuerdo PCSJA19-11294 del 4 de junio de 2019 del Consejo Superior de la
Judicatura.

3.4. El 13 de septiembre de 201914, el Tribunal Administrativo del Quindío advirtió
que ab initio se configuró la excepción de indebida representación, pues el Club El
Limonar solo podía ser representado por su presidente, quien además era el
Gerente de la Seccional del Valle del Instituto de Seguros Sociales y, no obstante,
quien otorgó el poder para demandar fue el vicepresidente de dicha asociación, sin
que hubiera acreditado delegación alguna para el efecto. Con todo, advirtió que
como el proceso se le remitió solamente para dictar sentencia, era el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca quien debía resolver tal aspecto.

3.5. El 7 de noviembre de 201915, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
corrió traslado por 3 días a la demandante de la nulidad advertida, quien se
pronunció en el sentido de señalar que “la suscrita no carece totalmente de poder
para actuar en el presente proceso”, por considerar que la presidenta se rehusó a
otorgarlo y posteriormente renunció, por lo que la vicepresidenta estaba plenamente
facultada para suscribir el mandato. A su vez, afirmó que, si en gracia de discusión
la indebida representación se hubiera configurado, aquella se saneó, en virtud del
numeral 3 del artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, pues la persona
indebidamente representada no alegó tal circunstancia16.

3.6. El 1° de marzo de 202117, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró
saneada la nulidad, comoquiera que no fue alegada por la persona supuestamente
indebidamente representada.

13 Folio 1.605 del cuaderno 5.
14 Folios 1.609 a 1.613 del cuaderno 5.
15 Folio 1.615 del cuaderno 5.
16 Folios 1.617 a 1.653 del cuaderno 5.
17 Índice 89 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.

13

Radicado: 760012331000201001881-02 (72729)
Demandante: Asociación Civil Club Deportivo El Limonar

3.7. Finalmente, el 3 de octubre de 202318, el Consejo Superior de la Judicatura
redistribuyó el asunto -y otros más- al Tribunal Administrativo de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina para que dictara sentencia.

4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 26 de noviembre de 202419, el Tribunal Administrativo de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina declaró la caducidad respecto de la
pretensión de nulidad del convenio del 10 de septiembre de 2008 y negó las demás
pretensiones de la demanda, por encontrar que no se acreditó la existencia de un
comodato entre el Club El Limonar y el Instituto de Seguros Sociales.

Previo a resolver los cargos de la demanda, el a quo consideró que, aunque el
supuesto contrato de comodato fue celebrado entre el Club El Limonar y la Caja
Seccional de Seguros Sociales del Valle, en cuanto entidad con personería jurídica
propia que no fue demandada, lo cierto es que el inmueble posteriormente pasó a
manos del Instituto de Seguros Sociales, de ahí que resultara procedente su
legitimación formal en la causa por pasiva.

Primero, consideró que la pretensión de nulidad del convenio del 10 de septiembre
de 2008 fue presentada extemporáneamente, en virtud del literal d) del numeral 10
del artículo 136 del CCA, considerando la parte actora contaba con 2 años para
ejercer el derecho de acción, plazo que en principio fenecía el 11 de septiembre de
2010, pero que se extendió con ocasión del trámite de la conciliación extrajudicial,
que se surtió entre el 9 de septiembre -cuando faltaban 3 días para que operara la
caducidad- y el 12 de octubre de 2010, de suerte que el interregno para formular el
libelo introductorio finalizó el 15 de octubre de 2010 y, con todo, el escrito inicial se
radicó hasta el 8 de noviembre de 2010, esto es, por fuera de tiempo.

Segundo, encontró que no se demostró la existencia de algún convenio entre el
Instituto de Seguros Sociales y el Club El Limonar, por cuanto, en los términos de

18 Índice 110 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.
19 Índice 115 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.

14

Radicado: 760012331000201001881-02 (72729)
Demandante: Asociación Civil Club Deportivo El Limonar

los artículos 39 de la Ley 9 de 1989, 355 de la Constitución y 1° del Decreto 777 de
1992, aquel debía constar por escrito y; sin embargo, “nunca se llevó a cabo contrato
escrito alguno de dicho acto”, en referencia al visto bueno para el uso del predio El
Limonar, lo que a su juicio “no permitió que el contrato se ajustara a la nueva
preceptiva normativa estatuida en la Ley 9 de 1989 y demás normas aplicables”.

Bajo el anterior contexto, aseveró que el escenario formulado por el demandante es
una simple relación de hecho, en virtud de la cual la entidad pública demandada
permitió al actor la explotación de un inmueble de su propiedad para desarrollar
actividades deportivas y culturales sin respaldo en un contrato, pues no fue suscrito
por escrito como la ley lo exigía.

Sobre ello también se precisó que “si como lo afirma la misma parte demandante,
el comodato alegado se prorrogó hasta la vigencia de la Constitución de 1991, le
resultaba imperante, para efectos de obtener la declaratoria de existencia del
negocio jurídico mencionado, el cumplimiento de lo postulado en el Decreto 777 de
1992, esto es, prueba del texto del negocio jurídico debidamente suscrito por el
representante legal de la entidad”.

Por último, afirmó que, si en gracia de discusión el contrato se hubiera
perfeccionado antes de la Constitución de 1991 de forma consensual, a partir del
Decreto 777 de 1992 su prórroga debía obrar por escrito y, no obstante, no se aportó
prueba alguna de que el acuerdo de voluntades referido por la parte actora hubiera
cumplido dicha solemnidad.

5. Recurso de apelación y trámite de segunda instancia

5.1. El 19 de diciembre de 202420, el Club El Limonar interpuso recurso de apelación
contra la anterior decisión, que fue concedido el 4 de marzo de 202521 y admitido el
12 de mayo de 202522.

20 Índice 117 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.
21 Índice 124 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.
22 Índice 3 del expediente digital de segunda instancia en SAMAI.

15

Radicado: 760012331000201001881-02 (72729)
Demandante: Asociación Civil Club Deportivo El Limonar

En su escrito, la parte recurrente solicitó revocar la sentencia apelada y, en su lugar,
acceder a las pretensiones de la demanda, con sustento en que, contrario a lo
concluido por el a quo, se acreditó tanto la existencia de un contrato de comodato
suscrito entre el Instituto de Seguros Sociales y el Club El Limonar, como la
ilegalidad del convenio suscrito entre la primera y Comfenalco.

Primero, reiteró que, el 16 de abril de 1970, la Caja Seccional del Valle del Cauca
del Instituto de Seguros Sociales adquirió el inmueble El Limonar y, el 30 de octubre
de 1972 constituyó la Unidad Social y Deportiva de Empleados del I.S.S. -
posteriormente se la denominó Asociación Civil Club Deportivo El Limonar-, a quien
le entregó el referido inmueble sin contraprestación alguna a cambio “en el momento
mismo de la entrada en operación del Club, el 29 de marzo de 1973”, lo que a su
juicio constituyó un auténtico contrato de comodato que aunque no se elevó a
escrito, ahora no puede ser desconocido por la Administración.

Como refuerzo del argumento anterior, expuso que el Instituto de Seguros Sociales
suscribió varios contratos con el Club El Limonar para que la segunda prestara
servicios -entre ellos recreativos- en favor de la primera en el inmueble que se le
entregó, así como en el asunto judicial con radicado No. 2009-90 del Juzgado 3
Administrativo de Descongestión durante la contestación de la demanda llegó a
reconocer que el bien no estaba en sus manos.

También consideró que, con ocasión del comodato, construyó varias
infraestructuras en el predio que le fue entregado, y también lo dotó con múltiples
bienes muebles que, a su juicio, le fueron arrebatados cuando dicho inmueble fue
trasladado automáticamente a Comfenalco en virtud del convenio del 10 de
septiembre de 2008 suscrito con aquel, en desconocimiento de, entre otros, el
acuerdo de voluntades suscrito verbalmente y el artículo 43 de los Estatutos de
creación del Club, en los cuales supuestamente se prescribió que la solicitud de
devolución del bien debía formularse al menos 6 meses antes de su retorno.

Es así como advirtió que el Instituto de Seguros Sociales la privó de los derechos
que le surgían con ocasión del comodato respecto al predio El Limonar, sin haberla

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Radicado: 760012331000201001881-02 (72729)
Demandante: Asociación Civil Club Deportivo El Limonar

indemnizado por las inversiones que allí efectuó, lo cual catalogó como un “despojo
ilegal” y, en la práctica, la cesión misma del club a Comfenalco.

Segundo, reiteró que, a su juicio, el convenio del 10 de septiembre de 2008, suscrito
entre el Instituto de Seguros Sociales y Comfenalco, adoleció de un objeto ilícito,
por desconocer la normativa sobre contratación estatal y el estatuto contractual del
Instituto de Seguros Sociales, por carecer de estudios y documentos previos, así
como de un procedimiento de selección, lo cual configuró un abuso o desviación de
poder. Al punto, anotó que, como el acuerdo convencional se pactó sin
remuneración alguna en favor de la entidad pública en comento, con mayor razón
debía anularse por traer consigo un detrimento patrimonial. Igualmente, enfatizó en
que el hecho de haber dado un bien con el que no se contaba en virtud del negocio
jurídico convencional devino en su ilegalidad.

Sobre ello, también consideró que el convenio desconoció los artículos 209 y 355
de la Constitución, así como el Decreto No. 777 de 1992, debido a que, a su juicio,
el objeto convencional no guarda relación con los objetivos de la entidad, sino que
desbordó su actuar y sus capacidades. Finalmente, adujo que el acuerdo de
voluntades se signó con una falta de capacidad del Instituto de Seguros Sociales,
pues no podía disponer de un bien que estaba en manos del Club El Limonar.

Por último, frente a la caducidad declarada de oficio en primera instancia, estimó
que la demanda se radicó en tiempo, considerando que, el 10 de septiembre de
2008, presentó una demanda referida a un proceso declarativo abreviado con
radicado 76001310300720100035300, que fue rechazada por falta de competencia
y remitida a los juzgados administrativos a través de auto del 23 de agosto de 2010,
y que “finalmente sale para reparto el día 9 de septiembre de 2010, fecha que
coincide con la presentación de la solicitud de conciliación”, de suerte que, en su
criterio, el término para demandar fue suspendido mientras el proceso se remitió a
los juzgados administrativos.

Como consecuencia, solicitó que se accediera a las pretensiones de la demanda y,
además, se la indemnizara por los perjuicios causados.

17

Radicado: 760012331000201001881-02 (72729)
Demandante: Asociación Civil Club Deportivo El Limonar

5.2. El 30 de mayo de 202523, el Despacho sustanciador corrió traslado a las partes
y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto por escrito.

5.2.1. El Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros
Sociales en Liquidación sostuvo que: i) operó la caducidad respecto a la
pretensión de nulidad del convenio del 10 de septiembre de 2008, por cuanto la
demanda se presentó después de los 2 años desde el día siguiente a esa fecha,
inclusive teniendo en cuenta la interrupción de los términos con ocasión del trámite
de la conciliación extrajudicial; y ii) no se acreditó la existencia de un comodato
entre el Instituto de Seguros Sociales y el Club El Limonar, por cuanto, en virtud del
artículo 355 de la Constitución y el Decreto 777 de 1992, aquel debía constar por
escrito y, por tanto, no podía probarse mediante testimonios24.

5.2.2. Comfenalco manifestó que: i) operó la caducidad de la pretensión de
anulación del convenio, por cuanto, dado que se perfeccionó el 10 de septiembre
de 2008, la demanda debía presentarse antes del 11 de septiembre de 2010, y sin
embargo se presentó por fuera de ese período; y ii) no se demostró la existencia
del contrato de comodato entre el Instituto de Seguros Sociales y el Club El Limonar,
por cuanto, en virtud del Decreto 777 de 1992, debía obrar por escrito, solemnidad
que no se cumplió en el asunto bajo examen y, si en gracia de discusión hubiera
existido, no se acompasó a los mandatos del artículo 355 de la Constitución25.

5.2.3. El Ministerio Público emitió concepto, en el cual solicitó la confirmación de
la sentencia de primera instancia, por considerar que operó la caducidad frente a la
pretensión de nulidad del convenio y no se demostró la existencia de un comodato26.

Primero, aseveró que se configuró el fenómeno jurídico de la caducidad frente a la
pretensión de nulidad del convenio, habida cuenta que el término de dos años para
demandar debía contabilizarse desde su perfeccionamiento, esto es, a partir del 10
de septiembre de 2008, y como la demanda se radicó más de dos años después
desde tal momento, fue extemporánea, aun con la suspensión del término con

23 Índice 13 del expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
24 Índice 22 del expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
25 Índice 23 del expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
26 Índices 11 y 18 del expediente digital de segunda instancia en SAMAI.

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Radicado: 760012331000201001881-02 (72729)
Demandante: Asociación Civil Club Deportivo El Limonar

ocasión del trámite de la conciliación extrajudicial. Frente a ello también consideró
que, aunque es cierto que la demandante presentó anteriormente una demanda
declarativa abreviada, dicha acción es de una naturaleza totalmente distinta al
presente proceso, pues versó sobre una restitución de inmueble.

Segundo, consideró que no se acreditó que entre el Instituto de Seguros Sociales y
el Club Deportivo el Limonar existiera algún comodato pues, en concordancia con
el Decreto 222 de 1983 y las Leyes 9 de 1989 y 80 de 1993, lo que en realidad se
dilucida es un contrato de aporte en el cual las partes unieron esfuerzos mutuos
para el bienestar de los afiliados, “por lo cual una parte aportaba el terreno y la otra
la administración o su manejo”.

5.2.4. La parte demandante guardó silencio en esta etapa procesal.

III. CONSIDERACIONES

Para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, la Sala
analizará los siguientes aspectos: (1) jurisdicción y competencia del Consejo de
Estado para conocer el presente asunto, (2) procedencia de la acción, (3)
oportunidad de la demanda, (4) legitimación en la causa, (5) problema jurídico, (6)
solución al problema jurídico y (7) costas.

1. Jurisdicción y competencia

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del
asunto, con fundamento en el artículo 82 del Decreto Ley 01 de 1984 -en adelante
CCA-, modificado por el artículo 1° de la Ley 1107 de 200627 -vigente para la fecha
en que se interpuso la demanda-, pues el supuesto contrato de comodato frente al
cual se pidió declarar su existencia, así como el convenio del 10 de septiembre de
2008 respecto del cual se pretende su nulidad se suscribieron por el Instituto de

27 “La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para juzgar las controversias y

litigios administrativos originados en la actividad de las Entidades Públicas y de las personas
privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el
Consejo de Estado, los Tribunales Administrativos y los Juzgados Administrativos de conformidad
con la Constitución y la ley"

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Radicado: 760012331000201001881-02 (72729)
Demandante: Asociación Civil Club Deportivo El Limonar

Seguros Sociales (liquidado), que para la época de los hechos ostentaba la
naturaleza de empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional, con
personería jurídica, autonomía administrativa y capital independiente, vinculado al
entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social28, de donde se desprende
claramente su naturaleza pública.

Igualmente, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, dada la vocación de doble instancia del
proceso, teniendo en cuenta que las pretensiones para la fecha de presentación del
escrito inicial superaron los 500 SMLMV29, de conformidad con lo establecido en los
artículos 12930, 132-531 y 18132 del CCA.

2. Procedencia de la acción

En virtud de lo previsto en el artículo 87 del CCA, subrogado por el artículo 32 de la
Ley 446 de 199833, cualquiera de las partes de los contratos estatales puede

28 De conformidad con lo previsto en el artículo 275 de la Ley 100 de 1993 “El Instituto de Seguros

Sociales es una empresa industrial y comercial del Estado, del orden nacional, con personería
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, vinculada al Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social y el régimen de sus cargos será el contemplado en el Decreto Ley 1651 de 1977 y
podrá realizar los contratos de que trata el numeral 5 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993”. En
armonía con lo anterior, el artículo 1º del Decreto 2148 de 1992 prevé que “El Instituto de Seguros
Sociales funcionará en adelante como una empresa industrial y comercial del Estado, del orden
nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y capital independiente, vinculada al
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”.
29 Lo anterior, teniendo en cuenta que en el asunto de conocimiento se formularon pretensiones de

controversias contractuales por la suma de $4.334’857.039.00, monto que excedió 500 veces la
suma de $515.000 (515.000 x 500 = 257’500.000), que correspondía al salario mínimo legal mensual
vigente para la fecha de presentación de la demanda -2010-.
30 “Artículo 129. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. El Consejo de Estado,

en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las apelaciones de
autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se
conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda
el extraordinario de revisión”.
31 “Artículo 132. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los Tribunales

Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos […] 5. De los referentes a
contratos de las entidades estatales en sus distintos órdenes y de los contratos celebrados por
entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, cuando su finalidad esté vinculada
directamente a la prestación del servicio, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios
mínimos legales mensuales”.
32 “Artículo 181.Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales […]”
33 “Artículo 87. De las controversias contractuales. [Subrogado por el artículo 32 de la Ley 446 de

1998]. Cualquiera de las partes de un contrato estatal podrá pedir que se declare su existencia o su
nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales, que se ordene

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Radicado: 760012331000201001881-02 (72729)
Demandante: Asociación Civil Club Deportivo El Limonar

demandar para que se declare su existencia o su nulidad, se ordene su revisión, se
declare el incumplimiento y/o se condene a quien se considere responsable a
indemnizar los perjuicios, entre otras declaraciones y condenas. El legislador
también previó que el Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo
podrían solicitar la nulidad absoluta del contrato, la que también puede ser
declarada de oficio por el juez.

Bajo el anterior contexto, en el presente caso la acción de controversias
contractuales ejercida por la parte actora es la idónea, comoquiera que en su
demanda pretende: i) en calidad de tercero con un interés directo (fundamento
jurídico 4.1.), la nulidad absoluta del convenio del 10 de septiembre de 2008,
suscrito entre el Instituto de Seguros Sociales y Comfenalco; y ii) la declaratoria de
existencia de un supuesto contrato de comodato, frente al cual alega haber sido
parte, así como una indemnización por la privación del predio El Limonar por cuenta
del referido acuerdo convencional, circunstancias que se encuadran en los
supuestos de ese medio procesal.

3. Oportunidad de la demanda

3.1. En el asunto de estudio, el Club Deportivo El Limonar consideró que el Tribunal
Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina erró al declarar probada
la caducidad respecto de la pretensión de nulidad del convenio del 10 de septiembre
de 2008, pues, a su juicio, su escrito inicial se allegó en tiempo, considerando que
el 10 de septiembre de 2008 radicó una demanda declarativa a la que se le asignó
el radicado 76001310300720100035300, que interrumpió el término para ejercer el
derecho de acción tanto así que se extendió al 9 de septiembre de 2010, fecha en
la que justamente presentó el libelo introductorio.

su revisión, que se declare su incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar los
perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenas. // Los actos proferidos antes de la
celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual, serán demandables mediante las
acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, según el caso, dentro de los treinta
(30) días siguientes a su comunicación, notificación o publicación. La interposición de estas acciones
no interrumpirá el proceso licitatorio, ni la celebración y ejecución del contrato. Una vez celebrado
éste, la ilegalidad de los actos previos solamente podrá invocarse como fundamento de nulidad
absoluta del contrato. // El Ministerio Público o cualquier tercero que acredite un interés directo podrá
pedir que se declare su nulidad absoluta. El Juez Administrativo queda facultado para declararla de
oficio cuando esté plenamente demostrada en el proceso. En todo caso, dicha declaración sólo podrá
hacerse siempre que en él intervengan las partes contratantes o sus causahabientes […]”.

21

Radicado: 760012331000201001881-02 (72729)
Demandante: Asociación Civil Club Deportivo El Limonar

En ese orden de ideas, comoquiera que la oportunidad de la demanda es un
presupuesto procesal, aun cuando el Tribunal Administrativo de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina no elevó pronunciamiento alguno frente a la caducidad
en cuanto a la pretensión de existencia del comodato y la correspondiente
indemnización de perjuicios por la privación del predio, y aunque aquel concluyó
que la petición de nulidad del convenio fue radicada fuera de tiempo, le corresponde
a esta Sala determinar si el escrito inicial fue allegado dentro del plazo legal respecto
a ambas pretensiones.

3.2. Con el propósito de otorgar seguridad jurídica y de evitar la parálisis del tráfico
jurídico, dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la
protección del interés general34, estableció en el proceso contencioso administrativo
unos plazos para ejercer oportunamente los medios de control judicial, que resultan
ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de
las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción35 y ofrecer estabilidad del

34 Corte Constitucional, sentencia C-394 del 22 de mayo de 2002: “[...] La caducidad es una
institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración
normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el
fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del
conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En
esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la
protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que
se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter
irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su
ocurrencia [...]”.
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 23 de febrero de 2006.

Radicado 25000232500020030933101 (6871-2005) “[...] [E]l derecho al acceso a la administración
de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la
demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador […]. El
término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho
de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la
estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de
que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto
de derechos adquiridos [...]”.

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Radicado: 760012331000201001881-02 (72729)
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derecho, de suerte que las situaciones controversiales que requieran solución por
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de
certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y
mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle
configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna
situación; sin embargo, se entiende también como una limitación de carácter
irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso
iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato
judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la
justicia36, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la
ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

Cabe precisar que la caducidad no admite suspensión, salvo que se presente una
solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, de acuerdo con lo previsto en las
Leyes 446 de 1998, 640 de 2001 y/o 2220 de 2022; tampoco admite renuncia y, de
encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez.

3.3. A partir del anterior contexto, en el asunto que ocupa la atención de la Sala el
Club Deportivo El Limonar presentó demanda de controversias contractuales contra
el Instituto de Seguros Sociales y Comfenalco, a efectos de que se declarara: i) la
nulidad absoluta del convenio del 10 de septiembre de 2008 y ii) la existencia de un

36 Corte Constitucional, sentencia C-574 del 14 de octubre de 1998: “[...] Si el actor deja transcurrir

los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho
fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos
constituyen una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por
ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección,
pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce
sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado [...]”.

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supuesto contrato de comodato, así como la indemnización por la privación del
predio El Limonar con ocasión del acuerdo convencional indicado.

Así las cosas, dado que el extremo activo de la contienda formuló dos pretensiones
principales autónomas, corresponde estudiar si la demanda se radicó en tiempo en
forma separada frente a cada una de ellas pues, como se verá, el legislador
estableció criterios distintos en cada uno de esos casos.

3.3.1. Primero, conviene señalar que el literal e) del numeral 10 del artículo 136 del
CCA, subrogado por el artículo 44 de la Ley 446 de 199837, dispuso que la nulidad
absoluta del contrato podría ser alegada dentro de los 2 años siguientes a su
perfeccionamiento; sin embargo, en el evento en que el plazo del acuerdo de
voluntades fuera superior a ese período, el término de caducidad sería igual al de
su vigencia, sin que en ningún caso excediera de 5 años.

Bajo el anterior mandato, cabe señalar que, en el caso concreto, el convenio del 10
de septiembre de 2008 estableció un plazo de ejecución de 3 años, de suerte que
el término con el que contaba el Club Deportivo El Limonar para ejercer el derecho
de acción era ese mismo, contado a partir de su perfeccionamiento, plazo que, en
principio, fenecía el 11 de septiembre de 2011, pero que se vio interrumpido con
ocasión del trámite de la conciliación extrajudicial, que se surtió entre el 9 de
septiembre de 2010 -cuando faltaba 1 año y 3 días para que operara la caducidad-
y el 12 de octubre de 201038, motivo por el cual se amplió hasta el 15 de octubre de
2011 y, como la demanda se presentó el 8 de noviembre de 2010, no cabe duda de
que fue formulada en tiempo frente a la pretensión de nulidad absoluta.

37 “Artículo 136. Caducidad de las acciones. […]. 10. […] En los siguientes contratos, el término de

caducidad se contará así: […] e) La nulidad absoluta del contrato podrá ser alegada por las partes
contratantes, por el Ministerio Público o cualquier persona interesada, dentro de los dos (2) años
siguientes a su perfeccionamiento. Si el término de vigencia del contrato fuere superior a dos (2)
años, el término de caducidad será igual al de su vigencia, sin que en ningún caso exceda de cinco
(5) años, contados a partir de su perfeccionamiento. En ejercicio de esta acción se dará estricto
cumplimiento al artículo 22 de la Ley «por la cual se adoptan como legislación permanente algunas
normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se
derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del
Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y
acceso a la justicia»”.
38 Folios 474 a 478 del cuaderno 2.

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Es así como la Subsección encuentra que el Tribunal a quo hizo una contabilización
errada de la demanda en tiempo frente a la pretensión de nulidad del convenio,
debido a que la computó sobre la base de que el interregno para ejercer el derecho
de acción era de 2 años, cuando en realidad era de 3, considerando que, con base
en el literal e) del numeral 10 del artículo 136 del CCA, en caso de que el plazo del
acuerdo de voluntades fuera superior al término general de ley para formular esa
pretensión, aquel se extendería por el mismo tiempo, siempre que no superara 5
años.

En ese orden de ideas, la Sala encuentra satisfecho el presupuesto procesal de la
demanda en tiempo respecto de la pretensión de nulidad absoluta del convenio del
10 de septiembre de 2008.

3.3.2. Segundo, es oportuno indicar que, tratándose de la pretensión de declaratoria
de existencia contractual -esto es, aquella encaminada exclusivamente a que el juez
declare que un acuerdo de voluntades nació a la vida jurídica-, el CCA no estableció
un término especial de caducidad para su ejercicio. En tales condiciones, estima la
Sala que en este escenario debe acudirse al criterio residual previsto en el inciso
primero del numeral 10 del artículo 136 del citado estatuto39, a cuyo tenor se expone
que, en las pretensiones relativas a contratos, el término de caducidad será de 2
años, que se contará a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de
hecho o de derecho que les sirvan de fundamento.

Ello tiene como sustento el hecho de que, cuando se pretende la existencia de un
negocio jurídico, como en el caso de estudio, el análisis sobre si hubo un acto que
nació a la vida jurídica corresponde al fondo del asunto, por lo que las causales para
el cómputo de las demandas de controversias contractuales contenidas en los
literales a) a f) del numeral 10 del artículo 136 del CCA no resultan aplicables, por
estar previstas para eventos en los que se tiene certeza de la existencia de un
contrato en la controversia40.

39 “Artículo 136. Caducidad de las acciones […] 10. En las relativas a contratos, el término de
caducidad será de dos (2) años que se contará a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos
de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento […]”.
40 Al efecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha dado un tratamiento distinto a los fenómenos

de la inexistencia, invalidez e ineficacia de los negocios jurídicos, pues mientras que la primera
falencia se presenta cuando aquellos no nacen a la vida jurídica, en el segundo escenario aquellos

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Precisado lo anterior, advierte la Sala que el Club Deportivo El Limonar promovió la
pretensión de declaratoria de existencia de un supuesto contrato de comodato que,
según afirma, habría sido celebrado con el Instituto de Seguros Sociales, en virtud
del cual se le permitió administrar el predio homónimo desde hace “más de 35 años”
y, en concreto, desde el “29 de marzo de 1973”. No obstante, el propio recurrente
reconoce que dicha situación se extendió hasta el momento en que fue privado del
bien con ocasión del convenio suscrito el 10 de septiembre de 2008 entre las
entidades demandadas -esto es, hasta 1° de octubre de 200841, fecha en la que el
Instituto de Seguros Sociales entregó el predio El Limonar a Comfenalco-, acto que,
a juicio de la Sala, constituye el fundamento de hecho sobre el cual se edifica esta
pretensión.

Son precisamente los efectos que se derivaron del convenio del 10 de septiembre
de 2008 en relación con la tenencia del inmueble los que constituyen el hecho que
sirve de soporte a la pretensión de existencia del contrato, en cuanto fijan el
momento cierto desde el que, según lo afirmado por la parte actora, cesaron los
efectos del alegado vínculo contractual y se causaron perjuicios.

Ciertamente, el artículo 2220 del Código Civil establece que el contrato de comodato
o préstamo de uso es aquel en el cual una de las partes le entrega a la otra
gratuitamente una especie mueble o raíz, para que haga uso de ella y,
posteriormente, la restituya tras finalizar su utilización, de ahí que el acuerdo de
voluntades “no se perfecciona sino por la tradición de la cosa”42. Al respecto, la

sí surgieron, pero adolecen de vicios de validez, mientras que en el tercer evento los actos jurídicos
tienen plenos efectos, pero no resultan plenamente oponibles. Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A. Sentencia del 16 de agosto de 2022. Radicado 47001-23-33-000-2018-00416-01
(67959).
41 Folios 343 a 345 del cuaderno 1.
42 “Artículo 2220. El comodato o préstamo de uso es un contrato en que la una de las partes entrega

a la otra gratuitamente una especie mueble o raíz, para que haga uso de ella, y con cargo de restituir
la misma especie después de terminar el uso. // Este contrato no se perfecciona sino por la tradición
de la cosa”.

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jurisprudencia43 y la doctrina44 han considerado que, dado que es un contrato de
naturaleza gratuita, la tenencia del bien otorgado al comodatario para su usanza es
un elemento sine qua non o de la esencia de tal negocio jurídico, de suerte que, si
no se presenta, puede estarse ante su falta de surgimiento a la vida jurídica o
finalización, así como frente a un acuerdo de voluntades de distinta naturaleza.

A partir de lo expuesto, si bien en el expediente no obran pruebas que permitan
establecer el momento inicial del supuesto contrato de comodato que habría sido
celebrado entre el Instituto de Seguros Sociales y el Club Deportivo El Limonar, lo
cierto es que se encuentra acreditado que, desde el 1° de octubre de 2008, el predio
homónimo pasó a manos de Comfenalco.

En ese orden de ideas, ante la incertidumbre respecto del momento de inicio del
alegado vínculo contractual, la Sala considera que el hecho que sirve de sustento a
la pretensión de declaratoria de existencia del contrato tuvo lugar el 1° de octubre
de 2008, fecha en la cual, según lo afirmado por la parte actora, cesó la tenencia
del bien inmueble. Tal circunstancia constituye el referente temporal a partir del cual
debe contabilizarse el término para el ejercicio oportuno de la acción en el caso
concreto, en la medida en que fue hasta ese momento que el denominado “contrato
de comodato”, de haber existido, pudo haber desplegado efectos jurídicos, habida
cuenta de que la tenencia del bien es un elemento sine qua non para la existencia
de esa tipología de negocio jurídico.

Aclarado lo anterior, los 2 años para ejercer el derecho de acción transcurrieron
entre el 2 de octubre de 2008 y el 2 de octubre de 2010; sin embargo, dicho plazo
se vio interrumpido como consecuencia del trámite de la conciliación extrajudicial,

43 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 23 de mayo de 2018. Radicado

76001310301220080040401 – SC1716-2018. “Entre las características esenciales (art. 1501 C.C.)
que, según la norma pretranscrita, delimitan la institución, y la identifican como una relación jurídica
de tenencia, se hallan las de corresponder a un negocio real, porque no se perfecciona sino por
virtud de la entrega (no tanto la tradición, en sentido técnico) de la cosa sobre la cual versa (arts.
1500 y 2200 C.C.), carácter que se explica por cuanto la obligación fundamental, consiste en la
restitución de la cosa por parte del comodatario al comodante; es, asimismo, una convención
sustancialmente gratuita o de beneficencia (arts. 1497 y 2200 C.C.), cuyo objeto es la utilidad de una
de las partes, el prestatario o comodatario”.
44 BONIVENTO, José Alejandro. Los principales contratos civiles. Bogotá: 2015. Librería Ediciones

del Profesional S.A. Decimonovena edición. P. 661-663. En ese sentido, el doctrinante afirma que
“si no hay entrega no puede hablarse de comodato”.

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que se surtió entre el 9 de septiembre de 2010 -cuando faltaban 24 días para que
operara la caducidad- y el 12 de octubre de 201045, motivo por el cual se extendió
hasta el 5 de noviembre de 2010 y, como la demanda se presentó el 8 de noviembre
de 2010, es claro que frente a la pretensión de existencia del comodato operó el
fenómeno jurídico de la caducidad.

Se recuerda que, tal y como se expuso párrafos atrás, los plazos legales para
ejercer el derecho de acción buscan racionalizar el uso del aparato judicial y, así,
no dejar en vilo indefinidamente circunstancias jurídicas, lo que, aterrizado al asunto
de estudio revela que, si el Club Deportivo El Limonar suscribió un contrato con el
Instituto de Seguros Sociales, debió solicitar su existencia en sede judicial ya la
correspondiente indemnización de perjuicios dentro de los tiempos previstos por el
legislador, y como no procedió en tal forma, ello ya no puede ser analizado en sede
judicial.

En suma, se encuentra que operó el fenómeno jurídico de la caducidad frente a la
pretensión de existencia del supuesto convenio suscrito entre el Club Deportivo El
Limonar y el Instituto de Seguros Sociales y la correspondiente indemnización de
perjuicios, el cual será declarado probado de oficio en la parte resolutiva de esta
decisión, circunstancia que releva a la Sala de estudiar dicho cargo.

En conclusión, esta Subsección evidencia que la única pretensión formulada en
tiempo es la de nulidad absoluta del convenio del 10 de septiembre de 2008, suscrito
entre el Instituto de Seguros Sociales y Comfenalco.

4. Legitimación en la causa

En concordancia con el artículo 87 del CCA46, cualquiera de las partes de un
acuerdo de voluntades, así como el Ministerio Público o “cualquier tercero que

45 Folios 474 a 478 del cuaderno 2.
46 “Artículo 87. De las controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato estatal

podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas o
restituciones consecuenciales, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento y que
se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y
condenas. // El Ministerio Público o cualquier tercero que acredite un interés directo podrá pedir que
se declare su nulidad absoluta. El Juez Administrativo queda facultado para declararla de oficio

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acredite un interés directo” pueden pedir que se declare su nulidad. A la vez, el juez
contencioso administrativo se encuentra facultado para declararla de oficio, siempre
que al proceso hayan acudido las partes contratantes.

Bajo el anterior derrotero, la Sala encuentra que:

4.1. El Club Deportivo El Limonar está legitimado en la causa por activa, en calidad
de tercero con un interés directo, para solicitar la nulidad absoluta del convenio del
10 de septiembre de 2008, en la medida en que, si bien no fungió como suscribiente,
alega una afectación derivada de su celebración, por considerar que el predio frente
el cual ostentaba su tenencia47 fue trasladado “injustificadamente” a Comfenalco
con ocasión del perfeccionamiento del acuerdo convencional.

4.2. El Patrimonio Autónomo de Remanentes del otrora Instituto de Seguros
Sociales48 que fue parte del convenio del 10 de septiembre de 2008, está llamado
a comparecer al proceso y, por tanto, se encuentra legitimado en la causa por
pasiva49, por contener la representación de la entidad en comento desde el
momento en que fue liquidada.

4.3. Finalmente, Comfenalco se encuentra legitimado en la causa por pasiva, toda
vez que fungió como cocontratante del convenio del 10 de septiembre de 2008.

5. Problema jurídico

El marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo
constituyen los cargos planteados en contra de la decisión recurrida, a menos que
las partes hayan apelado toda la sentencia, caso en el cual el juez resolverá sin

cuando esté plenamente demostrada en el proceso. En todo caso, dicha declaración sólo podrá
hacerse siempre que en él intervengan las partes contratantes o sus causahabientes […]”.
47 Folio 242 del cuaderno 1.
48 Administrado por la sociedad Fiduagraria S.A., en virtud del contrato de fiducia mercantil No. 12

de 2015, cuyo objeto consistió en “efectuar el pago de las obligaciones remanentes y contingentes
a cargo del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación en el momento que se hagan exigibles”
Folios 1.498 a 1.521 del cuaderno 5 y archivo No. 43 del índice 109 del expediente digital de primera
instancia en SAMAI.
49 Consejo de Estado, Sección Tercera: i) Subsección A, sentencia del 23 de octubre de 2020,

expediente 08001233100320070080601 (60092); y ii) Subsección B, auto del 13 de septiembre de
2019, expediente 47001233100020040016601 (49079).

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limitaciones. Es así que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 357 del
CPC50, el superior no puede enmendar la providencia del a quo en la parte que no
fue objeto de apelación, “salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer
modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella”51.

En virtud del principio de congruencia, el juez contencioso administrativo en sede
de apelación se encuentra atado a resolver únicamente lo que la parte recurrente le
formule y en consonancia con lo que haya sido ventilado en la demanda y su
contestación, sin poder tomar otras determinaciones que vayan más allá de lo
anterior, excepto el análisis de los presupuestos procesales, que le corresponde
verificar aun cuando aquellos no hayan sido objeto de reproche, todo ello
considerando que el proceso contencioso administrativo es, en esencia, rogado52.

Precisado lo anterior, y en virtud de lo formulado en el recurso de apelación,
corresponde determinar si el convenio del 10 de septiembre de 2008, suscrito entre
el Instituto de Seguros Sociales y Comfenalco, adolece de un objeto ilícito que
justifica su nulidad absoluta, por la transgresión de los artículos 209 y 355 de la
Constitución y el Decreto 777 de 1992, particularmente por: i) desconocer la
normativa sobre contratación estatal y el estatuto contractual de la entidad pública

50 “Artículo 357. Competencia del superior. [Modificado por el artículo 1, numeral 175 del Decreto

2282 de 1989]. La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto
el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en
razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente
relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el
superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, liquidar costas y decretar copias
y desgloses. Si el superior observa que en la actuación ante el inferior se incurrió en causal de
nulidad que no fuere objeto de la apelación, procederá en la forma prevista en el artículo 145. Para
estos fines el superior podrá solicitar las copias adicionales y los informes del inferior que estime
conveniente. // Cuando se hubiere apelado de una sentencia inhibitoria y la revocare el superior, éste
deberá proferir decisión de mérito aun cuando fuere desfavorable al apelante”.
51 Sobre la competencia del ad quem con ocasión del recurso de apelación, cabe resaltar que la Sala

Plena de la Sección Tercera de esta Corporación, mediante sentencia del 6 de abril de 2018 con
radicado 05001233100020010306801 (46005), unificó su jurisprudencia en los siguientes términos:
“19. Este entendimiento del principio de congruencia y de los límites competenciales del ad quem
frente el recurso de apelación es el que la Sala acoge y reitera, de manera que si se apela un aspecto
global de la sentencia, el juez adquiere competencia para revisar todos los asuntos que hacen parte
de ese aspecto más general, aunque de manera expresa no se haya referido a ellos el apelante
único. Lo anterior, desde luego, sin perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de pronunciarse
oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de
mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la
acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad
con la providencia censurada”.
52 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 13 de marzo de 2024. Radicado

18001-23-33-000-2015-00105-01 (62848).

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en comento; ii) haber pactado la entrega del predio El Limonar a Comfenalco sin
una remuneración a cambio, lo que constituyó un supuesto detrimento patrimonial
y una falta de capacidad para ese fin; iii) otorgar la tenencia de un bien con el que
el Instituto de Seguros Sociales no contaba, dado que estaba en manos del Club El
Limonar; y iv) no guardar relación con los objetivos de la entidad pública
demandada.

De prosperar lo anterior, la Sala analizará si hay lugar a ordenar restituciones
mutuas.

6. Solución al problema jurídico

A efectos de determinar si el convenio del 10 de septiembre de 2008 adoleció de un
vicio que configurara su nulidad absoluta o no, corresponde verificar los sucesos
alrededor del perfeccionamiento y ejecución del aludido acto jurídico, para lo cual
se analizarán las pruebas incorporadas en primera instancia que hagan estricta
referencia a los hechos jurídicamente relevantes para resolver la contienda, en el
marco de la sana crítica, como lo establece el artículo 18753 del Código de
Procedimiento Civil. Luego, se resolverá el problema jurídico.

6.1. El predio El Limonar y el convenio suscrito para su administración

6.1.1. El 16 de abril de 197054, la Caja Seccional de los Seguros Sociales de Valle
del Cauca adquirió del señor Francisco Madriñan Micolta el predio El Limonar, que
para el 25 de octubre de 1989 fue afectado mediante la figura de la inenajenabilidad,
y que el 16 de diciembre de 1997 ya aparecía como del dominio del Instituto de
Seguros Sociales “antes Caja Seccional del Valle del Cauca”. El 20 de enero de
1999 se hizo una declaración de construcción frente al predio y el 13 de febrero de
2003 se vendió parte del lote a la sociedad Metro Cali S.A.55.

53 “Artículo 187. Apreciación de las pruebas. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de

acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley
sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. // El Juez expondría siempre razonadamente
el mérito que le asigne a cada prueba”.
54 Folios 89 a 90 y 318 a 321 del cuaderno 1.
55 Folios 314 a 317 del cuaderno 1 y 948 a 952 del cuaderno 3.

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6.1.2. El 29 de marzo de 197356, la gobernación del departamento de Valle del
Cauca reconoció personería jurídica a la “Unidad Social y Deportiva de Empleados
del Instituto Colombiano de los Seguros Sociales del Valle del Cauca” con domicilio
en Cali y con el fin de ofrecer servicios recreativos y de esparcimiento de sus
afiliados.

En los estatutos de la asociación consta que: i) estaría conformada exclusivamente
por trabajadores del Instituto de Seguros Sociales; ii) las instalaciones y todo
aquello que represente mejora serían “de pertenencia del Instituto Colombiano de
Seguros Sociales, Caja Seccional del Valle del Cauca”, salvo las adquisiciones
posteriores a la constitución de la persona jurídica, que serían del dominio de la
Unidad Social y Deportiva de Empleados desde el momento de su entrada en
operaciones57.

6.1.3. Posteriormente, la razón social de la Unidad Social y Deportiva de Empleados
del Instituto Colombiano de los Seguros Sociales del Valle del Cauca cambió, para
denominarse sucesivamente el “Club Deportivo El Limonar”, en cuyos estatutos se
constituyeron idénticos mandatos en cuanto a los objetivos y el dominio de los
bienes fijados para la asociación sin ánimo de lucro inicialmente constituida58.

6.1.4. El 19 de marzo de 200459, los miembros del Club El Limonar se reunieron
mediante asamblea, reafirmando su rol para la promoción de la recreación y el
esparcimiento de sus afiliados. Allí se presentó una reforma estatutaria donde, entre
otros, en lo atinente al patrimonio de la persona jurídica, se determinó que se haría
un inventario de los bienes de la Seccional del Valle del Cauca del Instituto de
Seguros Sociales, y de los bienes de propiedad de la asociación.

Así, se prescribió que “los terrenos, edificios, instalaciones y todo aquello que
represente inversión o mejora en la propiedad, son de pertenencia del Instituto de
Seguros Sociales, Seccional del Valle”, mientras que “serán de propiedad del Club

56 Folios 3 a 7 del cuaderno 1.
57 Folios 12 a 27 del cuaderno 1.
58 Folios 28 a 51 y 323 a 342 del cuaderno 1 y 1.389 a 1.393 del cuaderno 5.
59 Folios 52 a 88 del cuaderno 1.

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Deportivo todos los elementos con que inicie su funcionamiento y los que adquiera
posteriormente con dineros provenientes de cuotas, auxilios, donaciones, etc.”.

6.1.5. El 20 de febrero de 200760, la Seccional Valle del Cauca del Instituto de
Seguros Sociales afirmó que el predio El Limonar era de su propiedad, se
encontraba ocupado por el Club El Limonar, por el archivo y el almacén general de
la Seccional, sin que hubiera contrato alguno frente a la tenencia del predio.

6.1.6. El 17 de junio de 200861, el vicepresidente del Club Deportivo El Limonar
solicitó a Comfenalco y al Instituto de Seguros Sociales que se abstuvieran de
suscribir un convenio para la administración del predio El Limonar, por cuanto “el
club ha estado en posesión de los trabajadores por casi cuarenta años”.

6.1.7. El 10 de septiembre de 200862, el Instituto de Seguros Sociales y Comfenalco,
en tanto entidad sin ánimo de lucro, suscribieron un convenio, cuyo objeto consistió
en la “administración y operación del inmueble de propiedad del ISS, donde funciona
el «Club Deportivo El Limonar» […] para brindar los servicios de recreación y
deportes a los trabajadores, jubilados del ISS y sus familias y a quienes vienen
siendo beneficiarios del mismo […]” por un término de 3 años.

Como motivación del acuerdo convencional, se señaló que el Instituto de Seguros
Sociales contaba con el dominio del inmueble donde funciona el Club Deportivo El
Limonar y, debido a la caída de sus afiliados y al mal estado de la infraestructura,
era viable que, en virtud del artículo 355 de la Constitución63, se otorgara su
administración a Comfenalco, en tanto asociación con experiencia en la recreación,
salud, vivienda, educación y cultura.

Bajo tal contexto, en la cláusula segunda Comfenalco se obligó a: i) ampliar la
cobertura de servicios a los beneficiarios del predio; ii) operar totalmente el

60 Folio 242 del cuaderno 1.
61 Folios 363 a 364 del cuaderno 1.
62 Folios 254 a 260 del cuaderno 1.
63 A cuyo tenor se expuso que “el gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y
municipal podrá celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro de reconocida
idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés públicos acordes con el plan
nacional y los planes seccionales de desarrollo”.

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inmueble; y iii) realizar las reparaciones, mejoras locativas y adecuaciones en virtud
de un “plan general de inversiones” y proveerla de los equipamientos necesarios
para su óptimo funcionamiento, entre otras.

Por otro lado, en la cláusula sexta se determinó que los pagos de energía,
acueducto, alcantarillado, líneas telefónicas, aseo y vigilancia correrían por cuenta
de Comfenalco Valle.

En lo que atañe a la entrega del inmueble El Limonar, la cláusula octava del acuerdo
convencional dispuso que el bien habría de entregarse dentro de los 15 días hábiles
siguientes a su legalización.

Como consecuencia, Comfenalco se obligó a operar totalmente el predio de
propiedad del Instituto de Seguros Sociales “donde funcionaba el Club Deportivo El
Limonar”, mejorando sus instalaciones, así como prestar servicios de recreación,
deporte y esparcimiento, por un plazo de 3 años, que podrían ser prorrogados a
conveniencia.

6.1.8. El 1° de octubre de 200864, el Instituto de Seguros Sociales procedió a “dar
cumplimiento al convenio”, realizando la entrega física de los bienes muebles e
inmuebles del Club El Limonar a Comfenalco, los cuales fueron recibidos a
satisfacción.

6.1.9. El 28 de julio de 200965, la junta directiva del Club El Limonar elaboró un
informe del estado general “en que se encuentra el club”, destacando aspectos
como la ampliación del parque acuático y de la zona deportiva, la construcción de
canchas sintéticas, y la adecuación de otros espacios.

6.1.10. Entre el 10 de septiembre de 2008 y el 10 de septiembre de 201166,
Comfenalco desempeñó distintas labores como remodelaciones, ampliaciones y
construcciones, con el fin de satisfacer el objeto convencional.

64 Folios 343 a 345 del cuaderno 1.
65 Folios 126 a 169 del cuaderno 1.
66 Folios 558 a 708 del cuaderno 2 y 709 a 953 del cuaderno 3.

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Demandante: Asociación Civil Club Deportivo El Limonar

6.2. El convenio del 10 de septiembre de 2008 no adoleció de ninguna
circunstancia configurativa de nulidad absoluta

El Club Deportivo El Limonar sostuvo que el a quo debió estudiar la pretensión de
nulidad absoluta del convenio del 10 de septiembre de 2008, frente al cual alegó un
objeto ilícito y una desviación de poder, así como la transgresión de los artículos
209 y 355 de la Constitución y el Decreto 777 de 1992, pues a su juicio desconoció
la Ley 80 de 1993 y el manual de contratación del Instituto de Seguros Sociales, no
representó ninguna ganancia para el Estado, perjudicó los derechos de tenencia
que el Club El Limonar tenía frente al predio homónimo y no guardaba relación con
los objetivos de la entidad, sino que desbordó sus capacidades.

En virtud de los reproches de la alzada, la Sala, de entrada, encuentra que no existe
irregularidad alguna respecto al convenio del 10 de septiembre de 2008 que afecte
su validez, suscrito entre el Instituto de Seguros Sociales y Comfenalco pues, como
se verá, es claro que aquel se ajustó a la normativa que le era aplicable, no perjudicó
a la entidad pública en comento, ni afectó derecho alguno de terceros.

Previo a resolver los subcargos de apelación, conviene comenzar por precisar que,
en los términos de la jurisprudencia de la Sección Tercera de esta Corporación, los
convenios son acuerdos de voluntades mediante los cuales se unen esfuerzos para
cumplir un objetivo común, por lo que persiguen un simple ánimo colaborativo y
están fundados en criterios asociativos y de cooperación, por lo que deben estar
desprovistos de una contraprestación y/o remuneración, de ahí que en tal escenario
no existe una contraposición de intereses entre los sujetos que lo suscriben o,
expresado en otros términos, un sinalagma, aunque puede haber un contenido
patrimonial, pero no dirigido a retribuir al asociado, sino con el fin de propiciar
objetivos comunes67.

67 Consejo de Estado, Sección Tercera: i) Subsección A. Sentencia del 22 de octubre de 2021.

Radicado 52001-23-33-000-2017-00598-01 (65.978) y ii) Subsección C. Sentencias del 24 de abril
de 2024. Radicado 44001-23-40-000-2017-00170-01 (67.522) y del 22 de mayo de 2024. Radicado
08001-23-33-000-2019-00226-01 (67.460).

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Radicado: 760012331000201001881-02 (72729)
Demandante: Asociación Civil Club Deportivo El Limonar

Al punto, en la actividad pública, dichos acuerdos de voluntades suelen ser suscritos
entre entidades públicas, en cuyo caso se denominan interadministrativos, o entre
el Estado y particulares, siendo denominados de asociación.

En el caso de los convenios interadministrativos, el artículo 95 de la Ley 489 de
199868 previó, en virtud de la colaboración que debe preponderar entre las entidades
del Estado, la posibilidad de “cooperar” mediante la celebración de convenios
interadministrativos, de ahí que tiene que haber una coincidencia de fines frente a
ambas partes y un ánimo cooperativo, aspecto en el cual es plausible que cada
entidad incurra en costos y gastos -aportes-, pero sin que se persiga una retribución
individual “pues en tales eventos se estará en presencia de verdaderos contratos”69.

Por su parte, frente a los convenios de asociación, el artículo 96 de la Ley 489 de
199870 dictaminó que las entidades del Estado podrían asociarse con personas
jurídicas particulares mediante la celebración de esos acuerdos de voluntades, para
el desarrollo de actividades en relación con los cometidos y funciones que les asigna

68 “Artículo 95. Asociación entre entidades públicas. Las entidades públicas podrán asociarse con el

fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios
que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la
conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro. // Las personas jurídicas sin ánimo de lucro
que se conformen por la asociación exclusiva de entidades públicas, se sujetan a las disposiciones
previstas en el Código Civil y en las normas para las entidades de este género. Sus Juntas o
Consejos Directivos estarán integrados en la forma que prevean los correspondientes estatutos
internos, los cuales proveerán igualmente sobre la designación de su representante legal”.
69 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 26 de julio de 2016. Radicado

11001-03-06-000-2015-00102-00.
70 “Artículo 96. Constitución de asociaciones y fundaciones para el cumplimiento de las actividades

propias de las entidades públicas con participación de particulares. Las entidades estatales,
cualquiera sea su naturaleza y orden administrativo podrán, con la observancia de los principios
señalados en el artículo 209 de la Constitución, asociarse con personas jurídicas particulares,
mediante la celebración de convenios de asociación o la creación de personas jurídicas, para el
desarrollo conjunto de actividades en relación con los cometidos y funciones que les asigna a
aquéllas la ley. // Los convenios de asociación a que se refiere el presente artículo se celebrarán de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Política, en ellos se determinará
con precisión su objeto, término, obligaciones de las partes, aportes, coordinación y todos aquellos
aspectos que se consideren pertinentes. // Cuando en virtud de lo dispuesto en el presente artículo,
surjan personas jurídicas sin ánimo de lucro, éstas se sujetarán a las disposiciones previstas en el
Código Civil para las asociaciones civiles de utilidad común. // En todo caso, en el correspondiente
acto constitutivo que dé origen a una persona jurídica se dispondrá sobre los siguientes aspectos: a)
Los objetivos y actividades a cargo, con precisión de la conexidad con los objetivos, funciones y
controles propios de las entidades públicas participantes; b) Los compromisos o aportes iniciales de
las entidades asociadas y su naturaleza y forma de pago, con sujeción a las disposiciones
presupuestales y fiscales, para el caso de las públicas; c) La participación de las entidades asociadas
en el sostenimiento y funcionamiento de la entidad; d) La integración de los órganos de dirección y
administración, en los cuales deben participar representantes de las entidades públicas y de los
particulares; e) La duración de la asociación y las causales de disolución”.

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Demandante: Asociación Civil Club Deportivo El Limonar

la ley, y que habrían de celebrarse con estricto apego al artículo 355 de la
Constitución71.

Sobre este punto, es necesario hacer una precisión y es que, en el artículo 355 de
la Constitución al cual remite el artículo 86 de la Ley 489 de 1998 se concibieron los
contratos de fomento que, según la jurisprudencia de la Sección Tercera de esta
Corporación son diferentes de los convenios de asociación72 pues, aunque ambos
no generan una relación conmutativa, en tanto no hay intercambio de bienes y/o
servicios entre los sujetos que los suscriben73, se distinguen en cuanto a las
autoridades y los particulares que los celebran; el objeto contractual y su finalidad y
la forma como pueden participar las entidades y los particulares durante la
ejecución. Las diferencias se pueden sintetizar de la siguiente manera 74:

Cualidades Convenios de asociación Contratos de fomento
Régimen Artículo 96 de la Ley 489 de 1998 y, Artículo 355 de la Constitución y
por remisión, el artículo 355 de la Decreto 777 de 1992.
Constitución y el Decreto 777 de 1992
en cuanto a los requisitos para el
perfeccionamiento y el régimen
aplicable -de derecho privado-.
Partes Entidades del Estado y personas El gobierno, en los niveles
jurídicas particulares, tengan o no nacional, departamental, distrital
ánimo de lucro. y municipal y entidades privadas
sin ánimo de lucro y de
reconocida idoneidad.

71 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 16 de diciembre de 2019.

Radicado 11001-03-06-000-2019-00126-00(00002 PL).
72 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 3 de abril de 2020. Radicado

20001233100020090017001 (46963).
73 “A propósito de lo anteriormente anotado, es pertinente destacar que, si bien existen diferencias

que permiten distinguir a los contratos de fomento de los convenios de asociación, éstos también
comparten, entre otras, una característica esencial: se trata de negocios jurídicos que no generan
una relación conmutativa, en la forma que se entiende bajo el derecho común. En efecto, no son
negocios en los cuales la entidad estatal contrata un bien o la prestación de un servicio a cambio de
un precio, pues persiguen un fin distinto: en el contrato de fomento, el impulso de programas que,
aunque tienen origen en la iniciativa privada, redundan en el beneficio del interés público, donde
radica la contraprestación; en el convenio de asociación, la unión de esfuerzos encaminados a lograr
un mismo fin que, aunque es compartido por las partes, está determinado principalmente por el
cumplimiento de los cometidos y finalidades asignadas por la ley a la entidad pública. No hay, por
ello, una relación patrimonial de orden conmutativo, porque el particular no obra con el ánimo de
obtener una remuneración, sino, estrictamente, con el propósito de juntar sus esfuerzos con los de
la administración para el desarrollo de las actividades que a ella corresponden, que es, como se ha
indicado, el lugar donde se explica la ausencia de contraprestación” Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A. Sentencia del 30 de julio de 2021. Radicado 850012331000201110099 01
(48.957).
74 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 22 de mayo de 2024. Radicado

25000-23-36-000-2016-02469-01 (66391).

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Radicado: 760012331000201001881-02 (72729)
Demandante: Asociación Civil Club Deportivo El Limonar

Objeto Desarrollo mancomunado de Impulso de programas y
actividades en relación con los actividades de interés público
cometidos y las funciones que les acordes con los planes de
asigna la ley a las entidades públicas. desarrollo.
Participación El particular ejecuta con autonomía El particular es quien ejecuta el
en la limitada el objeto convencional, pues programa de interés público y se
ejecución la finalidad de aquel es desarrollar desempeña con autonomía.
actividades asignadas por la ley a la
entidad estatal, lo que trae consigo un
control de la entidad pública.

Bajo el anterior derrotero, la jurisprudencia de la Corporación ha reconocido que la
remisión que hace el artículo 96 de la Ley 489 de 1998 respecto de los convenios
de asociación al artículo 355 de la Constitución y, a la postre, al Decreto 777 de
1992 que lo reglamentó, debe entenderse solo frente a la manera en que se
perfeccionan esos acuerdos de voluntades y respecto al régimen jurídico que les
resulta aplicable75.

Así las cosas, el artículo 355 de la Constitución76 dispuso que el gobierno
reglamentaría la forma en que se suscribirían los contratos de fomento, lo cual se
llevó a cabo por medio del Decreto 777 de 1992 -en virtud de la potestad otorgada
por la Constitución para dictar un decreto autónomo- y dispuso que esos acuerdos
de voluntades debían constar por escrito y “se sujetarán a los requisitos y
formalidades que exige la ley para la contratación entre los particulares”77,
elementos que, como ya se expuso, también son predicables de los convenios de
asociación.

75 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 19 de julio de 2023. Radicado

44001233300020120003201 (52787).
76 “Artículo 355. Ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar auxilios o

donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado. // El Gobierno, en los
niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con recursos de los respectivos
presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida
idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes con el Plan
Nacional y los planes seccionales de Desarrollo. El Gobierno Nacional reglamentará la materia”.
77 “Artículo 1°. Los contratos que en desarrollo de lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 355

de la Constitución Política celebren la Nación, los Departamentos, Distritos y Municipios con
entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, con el propósito de impulsar
programas y actividades de interés público, deberán constar por escrito y se sujetarán a los requisitos
y formalidades que exige la ley para la contratación entre los particulares, salvo lo previsto en el
presente Decreto y sin perjuicio de que puedan incluirse las cláusulas exorbitantes previstas por el
Decreto 222 de 1983 […]”.

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Radicado: 760012331000201001881-02 (72729)
Demandante: Asociación Civil Club Deportivo El Limonar

Por lo demás, la jurisprudencia de esta Corporación ha reafirmado que los
convenios -interadministrativos o de asociación- están sometidos a los principios
constitucionales y legales de la actividad negocial del Estado, como lo son la
transparencia, planeación, buena fe y economía, entre otros, así como a los
principios de la función administrativa del artículo 209 constitucional; empero, las
reglas de la Ley 80 de 1993 y sus reformas -Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública -EGCAP- no son de aplicación automática a tales convenios,
pues dicha normativa se encarga prevalentemente de prever el régimen de las
relaciones contractuales de contenido patrimonial y oneroso, de ahí que en cada
caso deba analizarse cuando puede proceder considerar esa normativa de cara a
los acuerdos convencionales78.

De ese modo, los convenios suscritos por el Estado traen consigo un ánimo
colaborativo en lugar de un sinalagma, así como están ab initio excluidos del
EGCAP, motivo por el cual, cuando se desconocen tales elementos, el juez
contencioso administrativo se ha encargado de develar la verdadera naturaleza de
acuerdos de voluntades que se rotulan como convenios cuando en realidad son
contratos o viceversa, para lo cual ha sostenido que, más allá de su denominación,
lo relevante para establecer su contenido material es el análisis de aspectos como
si se persigue exclusivamente un ánimo colaborativo o si por el contrario cada sujeto
tiene intereses individuales y/o obligaciones a su cargo, entre ellas retribuciones
económicas y el recibo de un bien o servicio. A su vez, ha advertido que la
celebración de contratos en estricto sentido bajo el velo de convenios es una afrenta
a la lógica competitiva de los procedimientos de selección que en ocasiones impone
acudir a mecanismos como la selección objetiva79.

Es así que, bajo el escenario anterior, esta Corporación ha concluido que, en
ocasiones, la suscripción de convenios o contratos interadministrativos cuando se
encuentran proscritos para determinados casos y aun así se perfeccionan puede
llevar a su nulidad absoluta, verbi gracia por aspectos como un objeto ilícito o, a su

78 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencias: i) del 28 de octubre de 2024.

Radicado 70001-23-33-000-2017-00174-01 (63983) y ii) del 3 de febrero de 2025. Radicado 15001-
23-33-000-2019-00280-01 (66572).
79 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 4 de septiembre de 2022.

Radicado 76-001-23-31-000-2006-03473-01 (67731).

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Radicado: 760012331000201001881-02 (72729)
Demandante: Asociación Civil Club Deportivo El Limonar

vez, por situaciones como una expresa prohibición constitucional y legal, lo que
evidencia que el juez cuenta con herramientas para, incluso de oficio, retirar ese
tipo de actuaciones del ordenamiento jurídico por su carácter de espurio y
transgresor de los mandatos de selección objetiva80.

A partir de lo argumentado, para la Sala es claro que el acuerdo de voluntades del
10 de septiembre de 2008 es un auténtico convenio de asociación, pues,
considerando que su objeto versó sobre la administración del Club El Limonar, y
teniendo en cuenta que sus partes fueron el Instituto de Seguros Sociales y
Comfenalco, sin que hubiera una retribución de por medio, y con el objetivo de
propiciar por espacios deportivos colectivos, se cumplen los supuestos del artículo
96 de la Ley 489 de 1998 para catalogarlo como tal.

En virtud de los derroteros precedentes se pasará a verificar la legalidad del
convenio del 10 de septiembre de 2008 a la luz de los cargos de apelación
formulados por el Club El Limonar.

6.2.1. Primero, la Sala encuentra que el convenio del 10 de septiembre de 2008 no
incurrió en un objeto ilícito por el hecho de haberse celebrado en desconocimiento
de la Ley 80 de 1993 y sus reformas y los mandatos allí contenidos en materia de
procedimientos de selección, por cuanto tal normativa no le resultaba aplicable.

En efecto, el convenio del 10 de septiembre de 2008 se fundó en la necesidad de
que, en concordancia con el artículo 355 de la Constitución, se impulsaran
actividades de interés público en materia de recreación y deporte aunando
esfuerzos entre el Instituto de Seguros Sociales y Comfenalco para tal fin (hecho
probado No. 6.1.7.), por lo que, en concordancia con el artículo 1° del Decreto 777
de 1992, estaba sujeto “a los requisitos y formalidades que exige la ley para la
contratación entre los particulares”, mandato que, de entrada, evidencia que el
EGCAP no regía tal acuerdo de voluntades, como erradamente lo afirmó la
apelante.

80 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 31 de marzo de 2023. Radicado

76001233100020060328401 (58.623).

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Radicado: 760012331000201001881-02 (72729)
Demandante: Asociación Civil Club Deportivo El Limonar

Sobre ello, no se puede obviar que, en la medida en que la Ley 80 de 1993 y sus
reformas son normas de orden público, no son de libre disposición de las partes
negociales en la actividad contractual y convencional del Estado, por lo que no
pueden incorporarse o excluirse a discreción. Distinto es que, como lo ha reconocido
la jurisprudencia de esta Sección, en virtud de la autonomía de la voluntad, en los
asuntos sometidos al derecho privado las partes puedan incorporar a sus acuerdos
de voluntades algunas figuras como las denominadas cláusulas excepcionales,
propias del EGCAP, pero con fuente estricta en el consentimiento de los
cocontratantes81 lo que, en cualquier caso, no se evidencia en el asunto de estudio,
pues el querer del Instituto de Seguros Sociales y de Comfenalco fue someterse
estrictamente al artículo 355 de la Constitución y, a su vez, al Decreto 777 de 1992
-en los aspectos que resultaban aplicables según la naturaleza del acuerdo
convencional de asociación en comento- en virtud del cual convenios como el de
estudio habrían de regirse por el derecho privado.

A lo anterior se suma que, en línea con la jurisprudencia sobre convenios esbozada
párrafos atrás, no se evidencia que el acuerdo convencional del 10 de septiembre
de 2008 contenga elementos de un contrato y, por tanto, se hubiera suscrito para
eludir los procedimientos de selección de la Ley 80 de 1993, por cuanto,
considerando que su objeto versó sobre la “administración y operación del inmueble
de propiedad del ISS […] para brindar los servicios de recreación y deportes” (hecho
probado No. 6.1.7.), lo que se encuentra es que hubo una conjunción de esfuerzos
para ofrecer servicios de recreación y deporte y, para tal fin, el Estado aportó la
simple tenencia del predio El Limonar por un período de 3 años, mientras que, en
paralelo, Comfenalco se comprometió a su administración y mejoramiento, sin que
la entidad hubiera pagado suma alguna a cambio o, expresado de otra forma, sin
que existiera un sinalagma entre los sujetos negociales.

Es así como, aunque esta Corporación ha anulado denominados convenios que, en
realidad, eran auténticos contratos, por pretermitir el régimen que en realidad les
resultaba aplicables, lo cierto es que en el asunto que ocupa la atención de la Sala

81 Consejo de Estado: i) Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 13 de mayo de 2021.

Radicado 11001-03-06-000-2020-00212-00 (2456), ii) Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del
8 de abril de 2024. Radicado 85001-23-33-000-2016-00053-01 (60718) y iii) Sección Tercera,
Subsección C. Sentencia del 17 de junio de 2024. Radicado 25000232600020080037901 (45052).

41

Radicado: 760012331000201001881-02 (72729)
Demandante: Asociación Civil Club Deportivo El Limonar

no se vislumbra intención alguna de querer encubrir un acuerdo de voluntades
distinto al que se suscribió, lo que, una vez más, trae como consecuencia que el
convenio del 10 de septiembre de 2008 estuviera regido por el Decreto 777 de 1992
y, en lo no regulado, el derecho privado, normativa que no previó procedimientos de
selección, pliegos de condiciones o decisiones de adjudicación, por lo que aquellos
no podían exigírsele a los demandados y, por tanto, no incurrieron en ninguna
circunstancia configurativa de nulidad absoluta por no tenerlos en cuenta.

Con todo, si en gracia de discusión se estuviera ante un contrato y no un convenio
de asociación, la Sala pone de presente que, en concordancia con el artículo 14 de
la Ley 1150 de 200782, aquel también se habría regido por el derecho privado,
comoquiera que el Instituto de Seguros Sociales83 se encontraba en competencia
con el sector privado nacional, considerando que era una entidad prestadora de
servicios de salud sometida a la “libre competencia”, según lo previsto en el artículo
185 de la Ley 100 de 199384.

82 “Del régimen contractual de las empresas industriales y comerciales del estado, las sociedades

de economía mixta, sus filiales y empresas con participación mayoritaria del estado. Las Empresas
Industriales y Comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga
participación superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades entre Entidades
Públicas con participación mayoritaria del Estado superior al cincuenta por ciento (50%), estarán
sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, con excepción de
aquellas que se encuentren en competencia con el sector privado nacional o internacional o
desarrollen su actividad en mercados monopolísticos o mercados regulados, caso en el cual se
regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y
comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13 de la presente ley. Se exceptúan los
contratos de ciencia y tecnología, que se regirán por la Ley 29 de 1990 y las disposiciones normativas
existentes. // El régimen contractual de las empresas que no se encuentren exceptuadas en los
términos señalados en el inciso anterior, será el previsto en el literal g) del numeral 2 del artículo 2o
de la presente ley”.
83 Quien otrora fue una empresa industrial y comercial del Estado. Decreto 2148 de 1992. “Artículo

1. Naturaleza. El Instituto de Seguros Sociales funcionará en adelante como una empresa industrial
y comercial del Estado, del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y
capital independiente, vinculada al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”.
84 “Artículo 185. Instituciones prestadoras de servicios de salud. Son funciones de las Instituciones

Prestadoras de Servicios de Salud prestar los servicios en su nivel de atención correspondiente a
los afiliados y beneficiarios dentro de los parámetros y principios señalados en la presente Ley. //
Las Instituciones Prestadoras de Servicios deben tener como principios básicos la calidad y la
eficiencia, y tendrán autonomía administrativa, técnica y financiera. Además propenderán por la libre
concurrencia en sus acciones, proveyendo información oportuna, suficiente y veraz a los usuarios, y
evitando el abuso de posición dominante en el sistema. Están prohibidos todos los acuerdos o
convenios entre Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, entre asociaciones o
sociedades científicas, y de profesionales o auxiliares del sector salud, o al interior de
cualquiera de los anteriores, que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el
juego de la libre competencia dentro del mercado de servicios de salud, o impedir, restringir
o interrumpir la prestación de los servicios de salud. // Para que una entidad pueda constituirse
como Institución Prestadora de Servicios de salud deberá cumplir con los requisitos contemplados
en las normas expedidas por el Ministerio de Salud”. (Se subraya).

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Radicado: 760012331000201001881-02 (72729)
Demandante: Asociación Civil Club Deportivo El Limonar

Como consecuencia, en el escenario hipotético anterior tampoco habría resultado
aplicable la Ley 80 de 1993 y sus reformas, lo que con mayor razón descarta que el
Instituto de Seguros Sociales y Comfenalco hubieran tenido que someterse a los
procedimientos allí previstos a la hora de suscribir el convenio objeto de la
controversia.

A partir de las consideraciones que anteceden, es claro que el convenio del 10 de
septiembre de 2008 no incurrió en un objeto ilícito por abstenerse de aplicar la Ley
80 de 1993 y sus reformas, así como sus procedimientos, debido a que tal estatuto
no resultaba aplicable a ese acuerdo de voluntades.

Por otro lado, los anteriores argumentos también llevan a que la Sala se encuentre
impedida para estudiar si el convenio del 10 de septiembre de 2008 incurrió en una
“desviación de poder” -enunciada en la demanda y la apelación-, ya que, como el
acuerdo de voluntades se rige por el derecho privado, esa figura, en tanto inherente
al derecho público, no puede ser tenida en cuenta, motivo por el cual todos los
reproches de la apelación se vienen analizando bajo la óptica exclusiva del objeto
ilícito, que sí resulta concordante con la normativa aplicable al acuerdo de
voluntades de estudio.

Finalmente, en lo atinente al cuestionamiento de que el Instituto de Seguros
Sociales desconoció su propio estatuto de contratación, hay que destacar que la
parte actora no aportó dicha norma, que, por no ser de carácter nacional, sino
interna de la entidad, debía allegarse como prueba documental para, ahí sí, pasar
a verificar si se desconoció mediante la celebración del convenio del 10 de
septiembre de 2008, en los términos del artículo 188 del Código de Procedimiento
Civil85 y, como no se procedió en ese sentido, no hay forma de establecer la
supuesta vulneración advertida.

85 “Artículo 188. Normas jurídicas de alcance no nacional y leyes extranjeras. [Modificado por el

numeral 92 del artículo 1 del Decreto 2282 de 1989]. El texto de normas jurídicas que no tengan
alcance nacional y el de las leyes extranjeras, se aducirá al proceso en copia auténtica de oficio o a
solicitud de parte. // La copia total o parcial de la ley extranjera deberá expedirse por la autoridad
competente del respectivo país, autenticada en la forma prevista en artículo 259. También podrá ser
expedida por el Cónsul de ese país en Colombia, cuya firma autenticará el Ministerio de Relaciones
Exteriores. // Cuando se trate de ley extranjera no escrita, ésta podrá probarse con el testimonio de
dos o más abogados del país de origen”.

43

Radicado: 760012331000201001881-02 (72729)
Demandante: Asociación Civil Club Deportivo El Limonar

A partir de las consideraciones precedentes, la Sala concluye que el convenio del
10 de septiembre de 2008 no incurrió en un objeto ilícito por haberse suscrito sin
acudir a la Ley 80 de 1993 y/o a las reglas de juego para la contratación allí
previstas.

6.2.2. Segundo, la Sala tampoco encuentra irregularidad alguna que devenga en la
nulidad absoluta del convenio del 10 de septiembre de 2008 por haberse pactado la
entrega del predio El Limonar a Comfenalco sin una remuneración a cargo, pues,
como se explicó anteriormente, la naturaleza de esos acuerdos de voluntades no es
sinalagmática, pues no hay contraprestaciones mutuas por reconocer, sino que está
basada en la combinación de intereses comunes para la realización de objetivos
coincidentes, lo que, aterrizado al caso concreto, revela que el Instituto de Seguros
Sociales se restringió a aportar la tenencia transitoria del predio El Limonar para
ofrecer servicios de recreación y deporte a cargo de Comfenalco, sin que aquel
tuviera una remuneración, y con el objetivo de promover el bienestar conjunto de
los usuarios del inmueble, escenario que encuadra totalmente en los elementos de
los acuerdos convencionales.

Sobre ello, no se puede perder de vista que con el convenio del 10 de septiembre
de 2008 el Instituto de Seguros Sociales no transfirió ningún derecho de dominio
sobre los bienes que conformaban el predio El Limonar, sino que se limitó a
mantener su uso para los usuarios que ya lo utilizaban, con cargo a Comfenalco e
incluso asumiendo el segundo las mejoras del bien (hecho probado 6.1.9.), lo que
de ninguna manera perjudicó el patrimonio público, sino que, por el contrario, lo
mantuvo incólume, de suerte que no hubiera ningún detrimento patrimonial del
Estado.

Tampoco se evidencia una “falta de capacidad” del Instituto de Seguros Sociales
para suscribir el referido convenio frente al predio El Limonar, ya que está acreditado
que era propietario de ese inmueble (hecho probado No. 6.1.1.), escenario que lleva
a que estuviera plenamente habilitado para disponer de aquel en el marco de las
limitantes del ordenamiento jurídico, como en efecto lo hizo al perseguir que
Comfenalco entrara a administrarlo por 3 años.

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Demandante: Asociación Civil Club Deportivo El Limonar

En ese orden de ideas, la Sala tampoco encuentra que el convenio del 10 de
septiembre de 2008 hubiera incurrido en un objeto ilícito por no traer consigo una
remuneración a cambio en favor del Estado.

6.2.3. Tercero, la Sala no evidencia que el Instituto de Seguros Sociales hubiera
incurrido en un desconocimiento del ordenamiento jurídico y de los derechos del
Club Deportivo El Limonar por el hecho de que, en virtud del convenio del 10 de
septiembre de 2008, se otorgara la tenencia transitoria del predio El Limonar a
Comfenalco, por cuanto en el presente asunto la parte apelante no demostró contar
con el dominio o derecho de tenencia del referido inmueble, habida cuenta que la
pretensión de existencia del comodato se formuló extemporáneamente y, entre
otros, tampoco se acreditó que hubiera otro negocio jurídico entre las partes que
habilitara debidamente al extremo activo de la contienda a administrar el bien.

Ciertamente, está acreditado y no fue controvertido por las partes que el Instituto de
Seguros Sociales era propietaria del predio El Limonar para la fecha del convenio,
lo que, naturalmente, lo investía para disponer de aquel y, sin perjuicio de que operó
la caducidad de la pretensión de existencia del comodato, se probó que el Club El
Limonar tuvo en su poder el predio homónimo (hechos probados 6.1.1. y 6.1.5.), no
existe evidencia de la fecha inicial en que comenzó a ejercer la tenencia del
inmueble, ni del -eventual- título que fundamentó tal proceder, circunstancia que
permite descartar la existencia de un derecho en su favor que hubiera sido
transgredido al trasladar el club a Comfenalco.

A la sazón, los elementos probatorios aportados al expediente tampoco evidencian
la existencia de negocio alguno distinto al supuesto comodato que concediera un
derecho de tenencia al Club El Limonar para la fecha en que el predio homónimo
fue entregado a Comfenalco como consecuencia de la suscripción del convenio del
10 de septiembre de 2008, de suerte que la Subsección no encuentra que la parte
apelante tuviera un derecho que le hubiera sido desconocido por esa razón. Incluso,
es oportuno destacar que no existió una oposición frente a la diligencia de entrega
física de la infraestructura -mueble e inmueble- del predio para el momento en que
ello se llevó a cabo (hecho probado 6.1.8.).

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Demandante: Asociación Civil Club Deportivo El Limonar

Así las cosas, es claro que, si el Club El Limonar pretendía que se declarara en
sede judicial la nulidad absoluta del convenio del 10 de septiembre de 2008 por
haber transgredido un supuesto derecho frente a tal predio, aquel debía acreditarse,
lo que no sucedió, aspecto frente al cual cabe destacar que, en virtud del artículo
17786 del CPC, corresponde a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, lo que no sucedió en el sub-
examine, según lo estudiado.

En ese orden de ideas, el Instituto de Seguros Sociales estaba plenamente
facultado para disponer del predio El Limonar, de su propiedad, aportándolo
provisionalmente en cuanto a su tenencia para lograr un objetivo común, atinente a
la recreación y deporte en la ciudad de Cali, motivo por el cual no se encuentra que
hubiera desconocido algún derecho con tal proceder con el convenio del 10 de
septiembre de 2008 y, como consecuencia, el tercer subcargo de apelación no
prospera.

6.2.4. Cuarto, en criterio de la Sala, el convenio del 10 de septiembre de 2008,
mediante el cual se entregó provisionalmente la tenencia del bien El Limonar para
su administración y mejora, se atuvo a los objetivos de la entidad pública
demandada y, además, al Plan Nacional de Desarrollo para el período en que fue
dictado, de manera que no incurrió en una circunstancia de nulidad absoluta por
ello.

Como punto de partida del estudio del subcargo, debe indicarse que si bien los
criterios sobre los planes de desarrollo concebidos en el artículo 355 de la
Constitución no resultan aplicables a los convenios de asociación, según se expuso
precedentemente, la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido, de manera
general, que el principio de planeación, materializado como política pública
mediante los planes de desarrollo, permea toda la contratación del Estado, en la
medida en que fija los objetivos generales de todos los entes del aparato estatal

86 “Artículo 177. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas

que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. // Los hechos notorios y las afirmaciones o
negaciones indefinidas no requieren prueba”.

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Demandante: Asociación Civil Club Deportivo El Limonar

durante cada cuatrienio y, por tanto, tiene incidencias en la etapa de formación del
contrato o convenio, pues aquellos deben atenerse a los mandatos allí contenidos,
que constituyen un primer punto de partida de lo que posteriormente serán los
estudios previos en materia contractual87.

Aclarado lo anterior, corresponde verificar si las entidades demandadas se atuvieron
o no a los objetivos del Instituto de Seguros Sociales y al Plan Nacional de
Desarrollo vigente para cuando se suscribió el convenio del 10 de septiembre de
2008, en tanto deber derivado del principio de planeación general.

Sobre ello, cabe destacar que la Ley 1151 de 2007, en virtud de la cual se aprobó
el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 -aplicable al presente asunto, pues el
convenio se suscribió dentro de ese período-, estableció dentro de los objetivos
generales del Estado la recreación y actividad física como “instrumentos que
contribuyen al desarrollo de la paz”88, mandato que permeó los objetivos de todas
las entidades del Estado, entre ellas el Instituto de Seguros Sociales, quien además
contaba con el predio El Limonar desde el año 1970 con el fin de ofrecer servicios
de recreación y deporte a sus empleados y a la comunidad de la ciudad de Cali
(hecho probado 6.1.1.).

Es así como, descendiendo al caso en concreto, si bien el Instituto de Seguros
Sociales era una entidad prestadora de servicios de salud, en realidad nada impedía
que, en el marco de sus objetivos misionales y considerando la infraestructura con
la que contaba, ofreciera a través del predio El Limonar servicios de recreación,
máxime si era uno de los deberes del Estado durante 2006 y 2010, de modo que no

87 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 28 de octubre de 2024.
Radicado 52001-23-33-000-2018-00555-01 (67567).
88 “Artículo 1°. Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. […] g) Una política que tenga en cuenta

las dimensiones especiales del desarrollo en aspectos tales como el período de gestación de las
madres de Colombia, la protección de la primera infancia, la equidad de género; la protección y el
estímulo de la juventud; la formulación de programas específicos en relación con los grupos étnicos
y las relaciones interculturales; la implementación de estrategias de desarrollo regional que
fortalezcan la descentralización; la ampliación y consolidación del conocimiento y la innovación
tecnológica para contribuir a la transformación productiva y social del país; el incremento de los
entornos propicios y mecanismos para fomentar la cultura, el deporte, la recreación y la
actividad física como instrumentos que contribuyen para el desarrollo de la paz; el diseño de
políticas específicas para armonizar el desarrollo económico con la dinámica demográfica; la
promoción de la economía solidaria; y el respaldo, de modo decidido, a la integración económica
latinoamericana, sudamericana y andina”. (Se subraya).

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Radicado: 760012331000201001881-02 (72729)
Demandante: Asociación Civil Club Deportivo El Limonar

se encuentra que, como lo sostiene la apelante, el convenio del 10 de septiembre
de 2008, que versó sobre la administración del inmueble en comento para la
prestación de las referidas actividades, hubiera desconocido los objetivos de la
entidad pública demandada.

Expresado en otros términos, el convenio de asociación del 10 de septiembre de
2008 se atuvo a los objetivos generales del Estado fijados por el Plan Nacional de
Desarrollo 2006-2010 en materia de recreación y deporte, por lo que no desconoció
el principio de planeación, sino que, por el contrario, respondió a tal mandato. A ello
se sigue que el Instituto de Seguros Sociales tenía por función la prestación de
servicios de salud, que en su dimensión preventiva también guarda una relación
inescindible con la actividad deportiva que, en términos de la jurisprudencia
constitucional, es un derecho que persigue mantener un buen estado físico y, por
consiguiente, deviene en un menor impacto en el sistema sanitario89.

En ese orden de ideas, resulta palmario concluir que con la suscripción del convenio
del 10 de septiembre de 2008 el Instituto de Seguros Sociales no desconoció sus
objetivos como entidad, sino que, al contrario, buscó aunar esfuerzos colectivos
para la prestación efectiva de los servicios de recreación y deporte que, en cualquier
caso, ya se venían prestando en el inmueble El Limonar, garantizando así la
continuidad de dicha actividad y la renovación de la infraestructura. Como
consecuencia, no se advierte ninguna circunstancia de nulidad absoluta por tal
razón.

En conclusión, en criterio de esta Subsección, el convenio del 10 de septiembre de
2008 no adoleció de ninguna irregularidad que derive en su nulidad absoluta, por lo
que dicho cargo no tiene vocación alguna de prosperar y, por consiguiente, se
desestima en su totalidad.

Por lo demás, dada la improsperidad de las pretensiones de la parte apelante, la
Sala se abstendrá de estudiar la procedencia de restituciones mutuas.

89 Corte Constitucional. Sentencia T-179 del 14 de mayo de 2025.

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Radicado: 760012331000201001881-02 (72729)
Demandante: Asociación Civil Club Deportivo El Limonar

6.2.5. Finalmente, la Sala pone de presente que, aunque en el marco del trámite de
primera instancia se decretaron como pruebas varios testimonios90 y un dictamen
pericial91, no se hizo referencia de aquellos en los hechos probados porque se
refieren a aspectos atinentes a la indemnización a que la parte actora habría tenido
derecho, circunstancia que no corresponde evaluar en esta decisión, amén de la
configuración de la caducidad que se declarará frente a la pretensión de existencia
del contrato de comodato, y dada la negativa de la nulidad absoluta del convenio
del 10 de septiembre de 2008.

A partir de todo lo analizado, la Sala modificará la sentencia del 26 de noviembre de
2024, mediante la cual el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina declaró la caducidad de la pretensión de nulidad del convenio del 10
de septiembre de 2008 y negó la pretensión de existencia de un comodato, para
pasar a declarar de oficio la caducidad respeto de la segunda pretensión y negar
las restantes, según lo expuesto en la presente decisión.

7. Costas

No hay lugar a la imposición de costas en esta instancia, debido a que no se
evidencia una actuación temeraria de alguna de las partes, condición exigida por el
artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que esta proceda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 26 de noviembre de 2024, proferida el
Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la cual
quedará así:

90 Obrantes en los folios 1.551 a 1.554 del cuaderno 5 y 20 a 26 y 32 a 37, 39 a 42 y 60 a 80 del

cuaderno de pruebas No. 1.
91 Obrante en el cuaderno de pruebas No. 2.

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Radicado: 760012331000201001881-02 (72729)
Demandante: Asociación Civil Club Deportivo El Limonar

“PRIMERO: DECLARAR de oficio la CADUCIDAD de la acción de
controversias contractuales respecto de la pretensión de existencia del
supuesto comodato suscrito entre el Instituto de Seguros Sociales y la
Asociación Civil Club Deportivo El Limonar.

SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda

TERCERO: No hay lugar a condena en costas”.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría REMITIR el expediente al
Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrada

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
VF

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