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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-31-000-2011-00055-01

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-31-000-2011-00055-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 25 de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante la cual declaró probada de oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda. Segundo. A través de la Secretaría de la Sección Segunda de esta Corporación, remitir a la oficina de reparto de los juzgados administrativos del circuito de Buga (Valle del Cauca), una copia del presente proceso para que, previa satisfacción de los requisitos legales, se inicie el proceso ejecutivo en el que se decida sobre el pago de la sentencia del 12 de junio de 2009 dictada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 76001-23-31-000-2002-00724- 00. Tercero No condenar en costas en esta instancia. Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Con aclaración de voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. MLBC 16

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-31-000-2011-00055-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

25 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-31-000-2011-00055-01 (6746-2024)
Demandante: José Arbey Alzate Rodríguez
Demandado: Municipio de Riofrío (Valle del Cauca)

Temas: Acto administrativo de ejecución

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra de la sentencia proferida el 25 de septiembre de 2024 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca mediante la cual declaró probada de oficio la
excepción de ineptitud sustantiva de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. José Arbey Alzate Rodríguez presentó demanda1 en ejercicio de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código
Contencioso Administrativo2, en orden a que se declarara la nulidad parcial del Acta
391 del 1 de diciembre de 2009, por medio de la cual tomó posesión del empleo
creado a través del Decreto 160.040.11.091 del 23 de noviembre de 2009 y
proferida por el municipio de Riofrío3, en lo que respecta al «sueldo o salario
señalado o asignado al cargo al que fue reintegrado».

1 La demanda fue radicada el 21 de enero de 2011, según se extrae del acta de reparto en el folio

278 del documento 1 de la demanda digitalizada en Samai.
2 En adelante CCA. Vigente para el momento de radicación de la demanda.
3 En cumplimiento de la sentencia

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001-23-31-000-2011-00055-01 (6746-2024)
Demandante: José Arbey Alzate Rodríguez

2. Además, pidió que se declarara la nulidad total de las resoluciones
160.043.22.949 del 25 de junio y 160.160.043.22.1855 del 7 de octubre de 2010,
proferidas por la parte demandada, por medio de las cuales se dio cumplimiento a
lo ordenado en la sentencia del 12 de junio de 2009 emitida por el Juzgado Segundo
Administrativo de Buga (Valle del Cauca) que ordenó, entre otras, el reintegro del
demandante a un empleo de carrera administrativa.

3. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó, de manera principal: i) el reconocimiento desde el 1 de diciembre de 20094
de: a) los salarios y prestaciones sociales que realmente le correspondían, de
acuerdo con la actualización anual sobre el salario que devengaba para el 30 de
junio de 20015 que era de $583.712 más $80.000 que le eran pagados
mensualmente a título de bonificación; b) las vacaciones y su «indemnización»
equivalente a 15 días hábiles anuales; c) el reintegro de lo que pagó por concepto
de seguridad social como independiente; d) la suma de $25.243.880 que le fue
descontada de la liquidación, por concepto de lo pagado a la empresa Trabajo
Asociado CTA «a la que estuvo vinculado […] durante el tiempo que estuvo retirado
del servicio»; ii) el pago de los perjuicios materiales y morales en cuantía de 200
salarios mínimos legales mensuales vigentes; iii) la indexación del valor de la
condena; iv) el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 176,
177 y 178 del Código Contencioso Administrativo; y v) la condena en costas a la
parte demandada6.

1.1.2. Fundamentos fácticos

4. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes7:

4.1. José Arbey Alzate Rodríguez fue nombrado como motorista de la planta de
personal del municipio de Riofrío (Valle del Cauca) a través de la Resolución 13 del
4 de febrero de 1991 y fue inscrito en carrera administrativa en ese empleo por
medio de la Resolución 36 del 20 de diciembre de 1993.

4.2. Por virtud del Decreto 64 del 8 de junio de 2001 el municipio suprimió el cargo
«operario calificado» de una «retroexcavadora o volqueta» que desempeñaba para
ese momento, en el que devengaba una asignación mensual de $503.712 más
$80.000 por concepto de bonificación.

4 Fecha del reintegro.
5 Fecha en la que fue retirado al servicio.
6 La parte demandante propuso pretensiones subsidiarias, pero se advierte que ya se encuentran

contenidas en las pretensiones principales.
7 Folios 247 al 272 del expediente digitalizado.

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Demandante: José Arbey Alzate Rodríguez

4.3. Con ocasión de lo anterior promovió una demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho identificada con el radicado 76001-23-31-000-2002-00724-00 en la que
el Juzgado Segundo Administrativo de Buga profirió sentencia del 12 de junio de
2009 que accedió a las pretensiones de la demanda, y a título de restablecimiento
del derecho ordenó reintegrarlo, sin solución de continuidad, a un cargo igual o
superior al que desempeñaba para el 30 de junio de 2001 y al pago de salarios y
prestaciones sociales causadas desde ese momento hasta la fecha en que ocurriera
la reincorporación laboral. El municipio de Riofrío presentó recurso de apelación
contra esa decisión, pero fue declarado desierto.

4.4. El 14 de octubre de 2009 el municipio profirió el Decreto 160.040.11.0768 en el
que, en «supuesto» cumplimiento de la sentencia, lo reintegró al servicio público a
través de un contrato a término indefinido, en calidad de trabajador oficial y con una
remuneración de $996.826. Ante el descontento por la decisión, el 11 de noviembre
de ese año presentó ante el municipio una solicitud de revocatoria directa en la que
explicó por qué dichas condiciones no se acompasaban con lo ordenado por el
Juzgado Segundo Administrativo de Buga.

4.5. El 23 de noviembre de 2009, el municipio profirió el Decreto 160.040.11.091 «por
medio del cual se [dio] cumplimiento a lo ordenado en la sentencia 089 del 12 de
junio de 2009, se [creó] un cargo y se [reintegró] un funcionario de carrera
administrativa». En el anterior acto se creó el cargo denominado «motorista, código
480 grado 01» de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos y
derogó expresamente el Decreto 160.040.11.076 del 14 de octubre de 2009 9.

4.6. Tomó posesión del empleo el 1 de diciembre de 2009 según acta 391 en la que
además se fijó el salario en $996.826, monto que no fue indicado en el acto de
creación de ese cargo.

4.7. El 19 de mayo de 2010 le solicitó a la entidad territorial dar total cumplimiento a
lo ordenado en la sentencia comentada, particularmente en lo relativo al salario por
considerar que el establecido en el acta de posesión del 1 de diciembre de 2009 era
más bajo de lo que correspondía si se actualizara anualmente el salario que
devengó en el año 2001. Esta solicitud no fue resuelta.

4.8. El 25 de junio de 2010 el municipio expidió la Resolución 160.043.22.949 en la

8 «Por medio del cual se crea un cargo al interior de la planta de personal del municipio de Riofrío y

se le asignan las funciones, competencias y contribuciones con fundamento en las normas vigentes.»
9 De la lectura de ese acto aportado al expediente se advierte que la revocatoria no fue expresa,

pues no se realizó ninguna consideración en relación con el Decreto 160.040.11.076 del 14 de
octubre de 2009.

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Demandante: José Arbey Alzate Rodríguez

que liquidó las prestaciones sociales causadas desde el año 2001, cuya revocatoria
directa solicitó también el 11 de agosto de ese año por considerar que no había
cumplido a cabalidad con lo ordenado por la administración de justicia.

4.9. La anterior petición fue resuelta por medio de la Resolución
160.160.043.22.1855 del 7 de octubre de 2010 en la que, a pesar de no acceder a
la revocatoria, adicionó el acto discutido en el sentido de corregir la liquidación de
los intereses comerciales.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

5. Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 5, 6, 13, 29, 83 y 128 de la Constitución
Política; 84, 85, 135, 136, 137, 138, 139 y 142 del CCA 10; 19 de la Ley 4ª de 1992;
41 numeral 17 de la Ley 200 de 1995; 13 de la Ley 1285 de 2009; 50, 51 y 52 de la
Ley 1395 de 2010; las leyes 446 de 1998, 640 de 2001; y los decretos 1042 y 1052
de 1978.

6. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente11:

6.1. Los actos administrativos acusados desconocieron los efectos jurídicos
derivados de la sentencia judicial que ordenó su reintegro laboral a la entidad sin
solución de continuidad porque, aunque el municipio dio cumplimiento formal a la
orden de reintegro, le asignó una remuneración inferior a la que debía percibir.

6.2. La orden impartida en la sentencia del 12 de junio de 2009 implicaba restablecer
plenamente su situación laboral, como si nunca hubiese ocurrido el retiro del
servicio, lo que obligaba a concederle no solo el reintegro al cargo, sino también
todos los incrementos salariales y prestacionales causados durante el tiempo de
desvinculación, aplicando los reajustes decretados anualmente para los servidores
que ocupaban el mismo empleo.

6.3. La administración incurrió en error al fijar el salario base para liquidar los valores
ordenados en la sentencia, pues tomó como referencia una asignación básica
inferior a la realmente devengada al momento del retiro y excluyó injustificadamente
una bonificación mensual que constituía parte habitual de su remuneración y que
tenía naturaleza salarial.

6.4. La liquidación de las vacaciones y de la indemnización por vacaciones fue
incorrecta, por cuanto la entidad las calculó sobre 15 días calendario y no sobre el

10 Vigente para el momento de radicación de la demanda.
11 Folios 250 al 273 del expediente digitalizado.

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equivalente remunerado de 15 días hábiles. Del mismo modo, la indexación de las
sumas adeudadas tampoco se efectuó correctamente, pese a que la sentencia
estableció expresamente la fórmula aplicable.

6.5. Es irregular el descuento efectuado por la entidad respecto de las sumas
percibidas a través de cooperativas de trabajo asociado, pues dichos pagos no
constituían salario ni provenían de una relación laboral con el municipio, sino de
vínculos asociativos independientes, razón por la cual no podían ser descontados
del valor reconocido judicialmente. Los citados descuentos se fundamentaron,
injustificadamente, en el artículo 128 de la Constitución Política sin tomar en
consideración que las sumas reconocidas con ocasión de la sentencia judicial tenían
carácter indemnizatorio y no salarial.

6.6. Los actos administrativos acusados le causaron perjuicios materiales, pues el
menor valor pagado afectó de manera directa su patrimonio y le impidió disponer
oportunamente de las sumas a las que tenía derecho. También le ocasionó
perjuicios morales derivados de la incertidumbre, angustia y afectación emocional
sufridas ante el incumplimiento parcial de la sentencia judicial.

1.2. Contestación de la demanda

7. El municipio de Riofrío se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda por las razones que se expresan a continuación12:

7.1. Los actos administrativos demandados son legales y fueron expedidos en
estricto cumplimiento de una sentencia judicial, de modo que se limitaron a atender
las órdenes contenidas en el fallo.

7.2. No hubo error en la determinación del salario base utilizado para la liquidación,
toda vez que se tomó como referencia el salario realmente devengado por el
extrabajador al momento de su desvinculación. Para ello se estableció como base
la suma de $578.912, valor obtenido a partir del salario certificado y de la proporción
correspondiente de la bonificación percibida, de acuerdo con los documentos
obrantes en el expediente administrativo.

7.3. No se probó una desmejora salarial ni la afectación del derecho a la igualdad
porque el salario asignado al momento del reintegro fue superior al valor indexado
del salario histórico del trabajador, razón por la que no se le puede conceder una
remuneración diferente de la prevista para el cargo en la planta de personal, pues
ello también alteraría la estructura salarial de la entidad y desconocería el principio

12 Folios 311 al 319.

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Demandante: José Arbey Alzate Rodríguez

de igualdad respecto de los demás servidores.

7.4. La administración se limitó a ejecutar la orden judicial en los términos en que fue
proferida, por lo que resulta evidente que la parte actora pretende ampliar los
efectos económicos del fallo mediante interpretaciones propias que no fueron
ordenadas por el juez de conocimiento.

7.5. Sí había lugar a descontar los valores percibidos por el beneficiario durante el
tiempo en que prestó servicios al municipio a través de entidades asociativas de
trabajo en aplicación de la jurisprudencia y de las reglas que impiden el
reconocimiento simultáneo de sumas provenientes del erario que han sido
desarrolladas por el Consejo de Estado13.

8. Propuso como excepción la de haberse ejercido «una acción diferente a la
contemplada para el caso en mención», al considerar que lo procedente era un
proceso ejecutivo. Además, propuso la falta de derecho para demandar.

1.3. La sentencia apelada

9. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia proferida el 25 de
septiembre de 202414, declaró probada la excepción de ineptitud sustantiva de la
demanda. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos:

9.1. Los actos administrativos demandados constituyeron actos de mera ejecución
expedidos para dar cumplimiento a una sentencia judicial ejecutoriada, sin que de
su contenido se derivara la creación, modificación o extinción de una situación
jurídica nueva. Aunque la parte actora formuló múltiples reproches frente a la
liquidación realizada por el municipio, la controversia planteada se circunscribió a
una inconformidad económica sobre la forma en que se cumplió la condena judicial.

9.2. Mediante sentencia del 12 de junio de 2009 se declaró la nulidad del acto que
retiró al demandante del servicio y, como restablecimiento del derecho, se ordenó
su reintegro a un cargo igual o superior, sin solución de continuidad, junto con el
pago de salarios, prestaciones y demás emolumentos dejados de percibir, previas
las deducciones legales. En estricto cumplimiento de esa orden, el municipio creó
el cargo de motorista, reintegró al actor y posteriormente expidió el acto
administrativo mediante el cual liquidó las acreencias ordenadas, por lo que dio
cumplimiento material al fallo en los precisos términos dispuestos por la autoridad
judicial.

13 Solo indicó la siguiente información: «2048 del 2008».
14Documento 26 del expediente digitalizado.

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9.3. La inconformidad del demandante se dirigió contra la base salarial utilizada para
efectuar la liquidación, la inclusión parcial de la bonificación mensual, la liquidación
de prestaciones e intereses y los descuentos realizados por otros valores
devengados; sin embargo, esos cuestionamientos recaían exclusivamente sobre
operaciones aritméticas y criterios de liquidación adoptados al ejecutar la sentencia.

9.4. Si bien de manera excepcional la jurisprudencia ha admitido el control judicial de
actos de ejecución cuando estos exceden la orden judicial y crean una situación
jurídica distinta, en el presente caso no se acreditó esa circunstancia excepcional.

1.4. El recurso de apelación

10. José Arbey Alzate Rodríguez presentó recurso de apelación con base en los
siguientes argumentos15:

10.1. Al expedir la resolución de cumplimiento de la sentencia el municipio de Riofrío
excedió lo ordenado judicialmente al descontar $25.243.880 por pagos realizados a
través de cooperativas de trabajo asociado. Ese descuento constituyó una decisión
administrativa nueva, autónoma y lesiva que modificó el alcance del fallo y lo afectó
patrimonialmente.

10.2. Elmunicipio justificó el descuento en el artículo 128 de la Constitución,
asumiendo erróneamente que el actor recibió doble asignación del tesoro público.
Sin embargo, durante el tiempo en que prestó sus servicios a través de cooperativas
no tuvo la calidad de servidor público ni recibió salario estatal, sino compensaciones
derivadas de vínculos cooperativos.

10.3. Las sumas reconocidas por la sentencia que ordenó el reintegro buscan reparar
el perjuicio causado por el retiro ilegal, de modo que los pagos efectuados por las
cooperativas durante el tiempo de desvinculación obedecen a una causa jurídica
distinta y no pueden compensarse ni descontarse de la condena judicial.

5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

11. La parte demandante insistió en los argumentos expuestos en el recurso de
apelación sobre la falsa motivación y el abuso de poder en el que a su juicio incurrió
el municipio demandado al proferir una decisión que excedió lo dispuesto por el juez
en la sentencia del 12 de junio de 200916.

15 Documento 27 del expediente digitalizado
16 Documento 11 del expediente de la segunda instancia en Samai.

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12. Por su parte, el municipio de Riofrío reiteró su postura sobre la indebida
escogencia del medio de control y solicitó que se confirmara la sentencia de primera
instancia17.

1.6. El Ministerio Público

13. El Ministerio Público no emitió concepto en esta oportunidad18.

2. Consideraciones
2.1. Problema jurídico

14. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia19, se circunscribe a establecer
¿si los actos cuestionados son susceptibles de control judicial? En caso afirmativo,
se establecerá ¿si con su expedición, el municipio de Riofrío (Valle del Cauca),
desacató lo ordenado por el Juzgado Segundo Administrativo de Buga en la
sentencia del 12 de junio de 2009, dictada dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 76001-23-31-000-2002-00724-00?

2.2. Marco normativo. Actos administrativos susceptibles de control judicial

15. El acto administrativo es toda declaración unilateral de la voluntad de la
administración pública o de un particular, efectuada en ejercicio de la función
administrativa otorgada por la Constitución o la ley, capaz de producir efectos
jurídicos directos o definitivos, es decir el mecanismo por el cual la administración
crea, modifica o extingue una situación jurídica determinada.

17 Documento 10 del expediente de la segunda instancia en Samai.
18 Constancia en el índice 15 de Samai.
19 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.

El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».

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Demandante: José Arbey Alzate Rodríguez

16. Respecto de la anterior definición, esta Corporación ha destacado las siguientes
características20:

i) Es una declaración unilateral;
ii) Se profiere en ejercicio de la función administrativa;
iii) Produce efectos jurídicos.

17. Las múltiples manifestaciones de la actividad de la administración pública han
hecho que la jurisdicción y la doctrina delimiten conceptualmente el acto
administrativo con el fin de determinar la susceptibilidad de su control de legalidad
por vía judicial. En ese orden, hay tres tipos de actos a saber: el primero,
denominado acto preparatorio o de trámite, por medio del cual, si bien la
administración no resuelve el fondo de la controversia, si da impulso a la actuación
administrativa a fin de llevarla hasta su culminación21; el segundo, corresponde a
los actos definitivos, es decir aquel que resuelve o decide directa o indirectamente
el fondo de un asunto; y el tercero, que ha sido previsto como acto de ejecución, a
través del cual la administración se limita a dar cumplimiento a una orden judicial o
administrativa.

18. Ahora bien, el criterio moderno señala que cuando los oficios contienen
declaraciones de voluntad, de ciencia o cognición proferida en ejercicio de la función
administrativa que produce efectos jurídicos directos y definitivos sobre
determinados asuntos, son verdaderos actos administrativos y por ende
susceptibles de control de legalidad por vía judicial. De ahí que, se haya sostenido
que no puede el juez inhibirse para efectuar un pronunciamiento de fondo, cuando
a través de estos la administración exterioriza directamente su voluntad sobre la
reclamación puesta a su consideración22.

19. Lo anterior, comoquiera que lo importante, para que tenga la connotación de acto
administrativo susceptible de control judicial es que contenga una decisión producto
de la función administrativa y que produzca efectos jurídicos, sin que interese su

20 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 31 de marzo de 2005, radicado 11001-03-24-

000-1999-02477-01, M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
21 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 13 de noviembre de 1997, expediente 3762,

M.P. Libardo Rodríguez Rodríguez.
22 Sobre el particular ver: Consejo de estado, Sección Cuarta, sentencia del 30 de marzo de 2006,

expediente 25000-23-27-000-2005-01131-01 (15784), M.P. Consuelo Sarria Olcos. Consejo de
Estado, Sección Segunda, providencia del 18 de febrero de 2010, expediente 25000-23-25-000-
2001-10589-01 (1712-2008), M.P. Gustavo Gómez Aranguren; Consejo de Estado, Sección
Segunda, providencia 4 de noviembre de 2010, expediente 25000-23-25-000-2003-01124-02 (1712-
2008), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; Consejo de Estado, Sección Segunda, providencia 4
de noviembre de 2010, expediente 15001-23-31-000-2002-01595-02 (1717-2009), M.P. Víctor
Hernando Alvarado Ardila; Corte Constitucional, sentencias T-446 de 2013, T-153 de 2015, T-464
de 2015 y T-228 de 2016.

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denominación ni clasificación.

20. En consecuencia en aquellos casos en los que el acto cree, modifique o extinga
una situación jurídica diferente, se está frente a un verdadero acto administrativo, el
cual puede ser objeto de control de legalidad por vía judicial, toda vez que excedió
parcial o totalmente lo dispuesto en la providencia o acto administrativo que lo
originó.

21. Ahora bien, respecto del acto de ejecución esta Corporación, de manera
reiterada23 ha determinado que no son enjuiciables ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, por cuanto, cualquiera fuere la forma en que se
manifieste, dicho acto no crea, modifica o extingue situación jurídica alguna.

22. Para esta Sala es claro que los actos de ejecución son aquellos a través de los
cuales la administración ejecuta las órdenes impartidas por una autoridad judicial o
administrativa, razón por la cual no son controlables judicialmente, ya que no
contienen la expresión de la voluntad de la administración, sino que, por el contrario,
se limitan a materializar esas decisiones.

2.3. Caso concreto

2.3.1. Hechos probados

23. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

23.1. José Arbey Alzate Rodríguez promovió demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho en contra del municipio de Riofrío (Valle del Cauca) en el que solicitó la
declaratoria de nulidad del Decreto 64 del 8 de junio de 2001 y de las resoluciones
144 del 11 de julio y 230 del 21 de agosto de 2001, por medio de los cuales se le
retiró del servicio y se le negó el reintegro solicitado en sede administrativa; además,
solicitó el pago de los salarios y las prestaciones sociales dejadas de devengar24.

23 Sobre el particular ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de agosto de 1991,

expediente CE-SEC3-EXP1191-N5934, M.P. Julio césar Uribe Acosta; Consejo de Estado, Sección
Primera, sentencia del 4 de septiembre de 1997, expediente 4598, M.P. Ernesto Rafael Ariza Muñoz;
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 27 de septiembre de 2007, expediente 25000-
23-25-000-1999-03741-01 (7392-05), M.P. Alejandro Ordoñez Maldonado; Consejo de Estado,
Sección Segunda, sentencia del 5 de junio de 2014, expediente 11001-03-25-000-2011-00015-00
(0044-11), M.P. Bertha lucía Ramírez de Páez.
Consejo de Estado, Sección Segunda, providencia 4 de noviembre de 2010, expediente 25000-23-
25-000-2003-01124-02 (1712-2008), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; Consejo de Estado,
Sección Segunda, providencia 4 de noviembre de 2010, expediente 15001-23-31-000-2002-01595-
02 (1717-2009), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; Corte Constitucional, sentencias T-446 de
2013, T-153 de 2015, T-464 de 2015 y T-228 de 2016
24 Según se extrae de la sentencia citada. Folio 13 del cuaderno 1 de la demanda.

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Radicado: 76001-23-31-000-2011-00055-01 (6746-2024)
Demandante: José Arbey Alzate Rodríguez

23.2. El proceso se identificó con el radicado 76001-23-31-000-2002-0724-00 y fue
decidido por el Juzgado Segundo Administrativo de Buga a través de sentencia de
primera instancia del 12 de junio de 200925, en la que se declaró la nulidad de los
actos cuestionados y, a título de restablecimiento del derecho, ordenó lo siguiente:

«[…]
TERCERO: a título de restablecimiento del derecho, ordénese al Municipio de Riofrío –
Valle, reintegrar al señor JOSÉ ARBEY ALZATE RODRÍGUEZ, sin solución de
continuidad para todos los efectos legales, a un cargo igual o de superior categoría del
que venía desempeñado cuando fue desvinculado, es decir desde el 30 de junio de 2001.

CUARTO: Así mismo el Municipio de Riofrío – Valle, deberá reconocer y pagar al señor
JOSÉ ARBEY ALZATE RODRÍGUEZ los sueldos, prestaciones sociales, emolumentos
y demás haberes causados y dejados de percibir desde la fecha en que fue retirado de
su cargo hasta cuando se produzca su reintegro, previas las deducciones de ley a que
hubiere lugar.

QUINTO: Las sumas que se paguen en favor del señor JOSÉ ARBEY ALZATE
RODRÍGUEZ, se actualizarán en la forma señalada en la parte motiva de esta
providencia […]

SEXTO: Niéguense las demás pretensiones de la demanda».

23.3. A través del Decreto 160.040.11-076 del 14 de octubre de 2009, en
cumplimiento de la sentencia del 12 de junio de 2009, el municipio de Riofrío creó
el cargo asistencial de «operario (de maquinaria pesada)», código 487, grado 01, y
vinculó al demandante en ese empleo a través de un «contrato de trabajo a término
indefinido», le asignó la categoría de «trabajador oficial» y fijó una remuneración
mensual de $996.82626.

23.4. El anterior acto fue notificado al demandante el 23 de octubre de 2009, en cuya
diligencia dejó por sentado su inconformidad con la decisión adoptada porque al
momento del retiro del servicio ocurrida en el año 2001 él era empleado de carrera
administrativa y no trabajador oficial27. A la notificación se adjuntó el contrato
individual de trabajador oficial a término indefinido, que no fue firmado por el actor28.

23.5. El 11 de noviembre de 2009 solicitó la revocatoria directa del Decreto
160.040.11-076 del 14 de octubre de ese año, a partir del argumento según el cual
el reintegro debía corresponder a un empleo de carrera administrativa y no de un

25 El municipio de Riofrío interpuso recurso de apelación conta la sentencia de primera instancia,

pero fue declarado desierto a través de auto del 10 de agosto de 2009 en los folios 59 y 60 del
cuaderno 1 de la demanda.
26 Folios 65 al 70 del cuaderno 1 de la demanda.
27 Folio 71 del cuaderno 1 de la demanda.
28 Folios 72 al 77 del cuaderno 1 de la demanda.

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Radicado: 76001-23-31-000-2011-00055-01 (6746-2024)
Demandante: José Arbey Alzate Rodríguez

contrato a término indefinido29.

23.6. El
23 de noviembre de 2009, el municipio de Riofrío expidió el Decreto
160.040.11-091 «por medio del cual se [dio] cumplimiento a lo ordenado en la
sentencia 089 del 23 de junio de 2009, se [creó] un cargo y se [reintegró] un
funcionario de carrera administrativa»30. En el citado acto se nombró a José Arbey
Alzate Rodríguez en el empleo de motorista, código 480, grado 01, de la Secretaría
de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos31. El demandante tomó posesión del
empleo el 1 de diciembre de 200932.

23.7. El25 de junio de 2010, la autoridad demandada profirió la Resolución
160.043.22-949 por medio de la cual reconoció los salarios, vacaciones,
indemnización de vacaciones, primas de servicios, vacaciones, navidad,
bonificación especial de recreación, cesantías, aportes a pensión y salud e intereses
comerciales y moratorios. Del valor liquidado se descontó lo percibido por el
demandante entre los años 2004 a 2007 a título de salarios mientras laboró en la
Cooperativa de Trabajo Asociado, debido a que dichos rubros fueron pagados por
servicios prestados al municipio33. En el citado decreto se señaló que solo
procederían correcciones de carácter aritmético.

23.8. El 11 de agosto de 2010 presentó una solicitud de revocatoria directa de la
Resolución 160.043.22-949 del 25 de junio de 2010 por considerar que no cumplía
a cabalidad con lo ordenado en la sentencia del 12 de junio de 2009, particularmente
por estimar incorrecta la base salarial a partir de la cual se llevó a cabo la
liquidación34.

23.9. El municipio de Riofrío negó la anterior solicitud por medio de la Resolución
160.160.043.22-1855 del 7 de octubre de 2010, pero adicionó el acto cuestionado
en el sentido de corregir el cálculo realizado sobre los intereses moratorios y
comerciales35.

23.10. Al expediente se aportaron copias de los contratos de prestación de servicios
suscritos entre el municipio de Riofrío y la Cooperativa de Trabajo Asociado,
Coomercoop, y una liquidación de compensaciones pagadas por esa empresa a,

29 Folios 78 al 86 del cuaderno 1 de la demanda.
30 En este acto administrativo no se realizaron consideraciones sobre lo decidido a través del Decreto

160.040.11-076 del 14 de octubre de 2009 ni se dispuso se revocatoria o modificación.
31 Folios 88 al 91 del cuaderno 1 de la demanda.
32 Folio 93 del cuaderno 1 de la demanda.
33 Folios 99 al 114 del cuaderno 1 de la demanda.
34 Folios 118 al 145 del cuaderno 1 de la demanda.
35 Folios 174 al 184 del cuaderno 1 de la demanda.

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Radicado: 76001-23-31-000-2011-00055-01 (6746-2024)
Demandante: José Arbey Alzate Rodríguez

entre otros, José Arbey Alzate, correspondiente al mes de noviembre de 200536.

2.4. Análisis sustancial

24. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró probada la excepción de
ineptitud de la demanda al considerar que los actos demandados eran de ejecución,
toda vez que dieron cumplimiento a la sentencia del 12 de junio de 2009 dictada
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 76001-23-31-000-
2002-00724-00, de modo que no eran susceptibles de control judicial.

25. El demandante apeló la anterior decisión y argumentó que la orden de descontar
los dineros devengados por los servicios prestados en la Cooperativa de Trabajo
Asociado era una decisión nueva que no fue dictada por el Juzgado Segundo
Administrativo de Buga, razón por la que, respecto de ese punto particular sí debía
ejercerse el control judicial pretendido.

26. De acuerdo con lo anterior, la Sala considera necesario precisar que, aunque en
el trámite de la primera instancia el demandante formuló diversos cuestionamientos
relacionados con la liquidación de las acreencias reconocidas en cumplimiento del
fallo de reintegro, en el recurso de apelación limitó su inconformidad a controvertir
el descuento realizado por el municipio respecto de las sumas percibidas mientras
prestó servicios a través de una cooperativa de trabajo asociado.

27. En consecuencia, el análisis de esta instancia se circunscribirá exclusivamente a
dicho aspecto, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento sobre aspectos no
abordados por el apelante único.

28. Pues bien, de acuerdo con las pruebas aportadas al proceso se advierte que a
través de la sentencia del 12 de junio de 2009 se ordenó el reintegro del demandante
y el reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de
percibir desde la fecha de su desvinculación hasta el momento en que se produjera
el reintegro. Asimismo, en el ordinal cuarto de la parte resolutiva se dispuso
expresamente que dicho reconocimiento debía efectuarse «previas las deducciones
de ley a que hubiere lugar», previsión que delimitó el alcance de la orden judicial y
las actuaciones que debía adelantar la administración para su cumplimiento.

29. En ese sentido, la Sala no comparte el argumento expuesto por el apelante según
el cual el descuento cuestionado constituyó una decisión nueva, autónoma y ajena
al contenido de la sentencia. Lo anterior, por cuanto la providencia objeto de
ejecución no se limitó a ordenar el pago de las sumas dejadas de percibir, sino que

36 Folios 170 al 173 del cuaderno 1 de la demanda.

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Radicado: 76001-23-31-000-2011-00055-01 (6746-2024)
Demandante: José Arbey Alzate Rodríguez

expresamente autorizó la realización de las deducciones legales que resultaran
procedentes. Por consiguiente, la determinación de los valores que debían
descontarse para efectos de liquidar la condena hacía parte del procedimiento
necesario para materializar el fallo judicial.

30. Ahora bien, no puede obviarse que la finalidad del demandante consistía en
obtener el pago de un derecho que ya fue reconocido en otro proceso judicial, de
modo que el mecanismo procesal idóneo habría sido el proceso ejecutivo.
No obstante, tampoco puede desconocerse que el trámite impartido fue el de
nulidad y restablecimiento del derecho que actualmente se encuentra en sede de
segunda instancia.

31. Con todo, la Sala considera que la mencionada situación debe estudiarse a la luz
de los principios que gobiernan la administración de justicia, tales
como la justicia material, el acceso efectivo a la administración de justicia
y el debido proceso. Así, como lo reclamado se relaciona con derechos de
naturaleza laboral las pretensiones adquieren especial relevancia por su conexidad
con los principios de favorabilidad y primacía de la realidad sobre las formalidades
que imponen en el operador judicial el deber de privilegiar los derechos sustanciales
sobre los rigores procedimentales que impidan su ejercicio.

32. En esa medida, aun cuando la vía judicial ejercida no era la adecuada, no resulta
acorde con dichos postulados que José Arbey Alzate Rodríguez no pueda procurar
la satisfacción de las obligaciones que reclama ante esta jurisdicción. En
consecuencia, con el propósito de garantizar la efectividad de los derechos del
demandante, se ordenará remitir copia de la demanda y de las demás piezas
procesales a la oficina de reparto de los juzgados administrativos del circuito de
Buga (Valle del Cauca) para que se inicie el trámite del proceso ejecutivo
correspondiente.

33. Lo anterior, con la precisión de que el juez a quien corresponda conocer del
eventual proceso ejecutivo deberá tener en cuenta como fecha de presentación de
la demanda el 21 de enero de 2011, data en la cual se radicó el presente medio de
control, al momento de evaluar la ocurrencia de los fenómenos de caducidad y
prescripción. Asimismo, le corresponderá efectuar el análisis sobre la existencia y
exigibilidad del título ejecutivo, así como disponer las adecuaciones formales de la
demanda o requerir la información adicional que resulte necesaria para la correcta
tramitación del proceso, de manera que se garantice al demandante el acceso
efectivo a la administración de justicia y la posibilidad real de obtener el pago
correcto de los derechos que le fueron reconocidos.

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Radicado: 76001-23-31-000-2011-00055-01 (6746-2024)
Demandante: José Arbey Alzate Rodríguez

2.5. Costas

34. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 171 del CCA que dispuso:

«Artículo 171. Condena en costas. En todos los procesos, con excepción de las acciones
públicas, el juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar
en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de
Procedimiento Civil».

35. El enunciado de la norma no presupone la causación de costas per se contra la
parte que pierda el litigio, sino que esta decisión tendrá en consideración la conducta
asumida por las partes.

36. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma37.

37. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

38. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de imponerlas en esta instancia.

3. Conclusión

39. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que este no es el medio
judicial idóneo para obtener el reconocimiento y pago de una sentencia judicial. Sin
embargo, se ordenará la remisión de una copia del presente proceso a los juzgados
administrativos del circuito de Buga (Valle del Cauca) para que, previa satisfacción
de los requisitos legales se inicie y tramite el debido proceso ejecutivo que garantice
el acceso a la administración de justicia del demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre

37En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Radicado: 76001-23-31-000-2011-00055-01 (6746-2024)
Demandante: José Arbey Alzate Rodríguez

de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 25 de septiembre de 2024 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante la cual declaró probada de
oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda.

Segundo. A través de la Secretaría de la Sección Segunda de esta
Corporación, remitir a la oficina de reparto de los juzgados administrativos del
circuito de Buga (Valle del Cauca), una copia del presente proceso para que, previa
satisfacción de los requisitos legales, se inicie el proceso ejecutivo en el que se
decida sobre el pago de la sentencia del 12 de junio de 2009 dictada dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 76001-23-31-000-2002-00724-
00.

Tercero No condenar en costas en esta instancia.

Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
MLBC

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