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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-31-000-2011-00155-01

Fecha
11 de agosto de 2022
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-31-000-2011-00155-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 29 de agosto de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Descongestión, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 76001-23-31-000-2011-00155-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

11 de agosto de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., once (11) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Número único de radicación: 76001233100020110015501
Demandante: C.I. KELLY S.A. CIKSA
Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN
Tema: Infracción cambiaria por indebida canalización de divisas no derivadas de
una operación de exportación

SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida, en primera instancia, el 29 de agosto de 2013 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Descongestión.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a
continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. C.I. KELLY S.A. CIKSA, en adelante la parte demandante1, presentó
demanda2 contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN, en adelante la parte
demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho

1
Por intermedio de apoderado judicial.
2
Folios 61 a 86 del cuaderno principal.

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2

Número único de radicación: 76001233100020110015501
Demandante: C.I. KELLY S.A. CIKSA

prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984 3, en adelante,
Código Contencioso Administrativo, para que se declare la nulidad de las
Resoluciones núm. 1882416010041 de 26 de abril de 20104 y 0026 de 9 de
septiembre de 20105, expedidos por el Jefe de la División de Gestión Jurídica de la
Dirección Seccional de Aduanas de Cali.

La pretensión

2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones6:

“[…] 1. Que se declare nula la Resolución No 0041 de Abril 26 de 2010, notificada
el 29 de abril de 2010.

2. Que se declare nula la Resolución No 0026 de Septiembre 29 de 2010, notificada
el 2 de octubre de 2010.

3. Que a título de restablecimiento del derecho se declare que la Sociedad C.I
KELLY S.A identificada con NIT805.024.756-3, no adeuda como Sanción por
indebida canalización de divisas a través del mercado Cambiario la suma de
$263.573.134 (Doscientos Sesenta y tres millones Quinientos Setenta y Tres mil
Ciento Treinta y Cuatro Pesos M/cte.) suma pretendida mediante la Resolución No
0041 de Abril 26 de 2010 […]”.

Presupuestos fácticos

3. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para
fundamentar sus pretensiones:

4. El 26 de abril de 2010, la parte demandada expidió la Resolución núm.
1882416010041 de 26 de abril de 20107 mediante la cual se impuso una sanción
por canalizar a través del mercado cambiario como exportaciones de bienes, con
las Declaraciones de Cambio núm. 319 de 15 de junio de 2005 y 05 de 24 de junio
del mismo año, un monto no derivado de dichas operaciones obligatoriamente
canalizables, es decir, recibió unas divisas sin lograr demostrar que las mismas
tenían por objeto unas exportaciones, no cumplió el compromiso de exportar, no
demostró la devolución de las mismas ni la modificación del plan endeudamiento.

3
“[…] Por el cual se Reforma el Código Contencioso Administrativo […]”.
4
“[…] Por medio de la cual se impone una sanción por canalización indebida […]”.
5
“[…] Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición […]”.
6
Folio 62 del cuaderno principal.
7
“[…] Por medio de la cual se impone una sanción por canalización indebida […]”.

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5. La parte demandante interpuso recurso de reposición el 31 de mayo de
2010 en el que solicitó se revocará el acto administrativo, por cuanto la decisión
carece de motivación.

6. El Jefe de la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de
Aduanas de Cali por medio de la Resolución núm. 0026 de 9 de septiembre de
20108, resolvió el recurso interpuesto, en el sentido de revocar parcialmente el acto
sancionatorio para aceptar la prueba aportada (certificación de 14 de abril de 2009,
suscrita por el señor Juan Pablo Guerrero) y confirmar en lo demás lo resuelto en
la Resolución núm. 2656 de 13 de agosto de 20079.

Normas violadas

7. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:

 Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia.
 Artículo 4 del Decreto núm. 1092 de 21 de junio de 199610
 Artículo 3 literal h) del Decreto núm. 1074 de 26 de junio de 199911.
 Artículos 1, 7 y 15 de la Circular Reglamentaria Externa DCIN 83 de 16 de
diciembre de 2004, expedida por la Junta Directiva del Banco de la
República12.

Concepto de Violación

8. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de
la violación, así:

Primer cargo: Prescripción

9. Este motivo de censura lo fundamentó en los siguientes términos:

8
“[…] Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición […]”.
9
“[…] Por medio de la cual se impone una sanción urbanística […]”.
10
“[…] Por el cual se establece el Régimen Sancionatorio y el Procedimiento Administrativo Cambiario
a seguir por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN […]”.
11
“[…] Por el cual se establece el Régimen Sancionatorio aplicable a las infracciones
cambiarias en las materias de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, DIAN […]”
12
“[…] Asunto 10; Procedimientos aplicables a las operaciones de cambio […]”.

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Demandante: C.I. KELLY S.A. CIKSA

10. Adujo que: “[…] a la fecha de notificación del Acto de Formulación de
Cargos, expedido el 25 de febrero de 2009 y notificado el 2 de marzo de 2009, ya
había operado la prescripción. La prescripción se cuenta desde la fecha en que
ocurrieron los hechos constitutivos de la infracción, debiéndose notificar el pliego
de cargos dentro de los tres (3) años siguientes a su ocurrencia o "a partir de la
ocurrencia del último hecho constitutivo de la infracción." Tratándose de
infracciones continuadas. En el caso en estudio, el supuesto hecho irregular
constitutivo de la infracción, por el que se acusa a la Comercializadora
Internacional Kelly S.A es: "haber canalizado indebidamente a través del mercado
cambiario", requiriéndose precisar cuándo se dio este, para lo cual se debe tener
absoluta precisión en cuanto al alcance de lo que se tipifica como infracción, es
decir, en qué se concreta el hecho de canalizar como en este evento se convierte
en indebida. En primer lugar "canalizar", verbo rector de la obligación que se
endilga, conlleva una actuación que se ejecuta y agota en un momento exacto,
cual es el de la presentación de la declaración de cambios por reintegro de divisas,
que ingresaron en este caso, como anticipo girado para una futura exportación. No
puede afirmarse sin caer en error, que la canalización de un reintegro especifico es
una acción o hecho continuado, reiteramos que es una sola acción que se concreta
en la presentación de la declaración de cambio, lo que implica que a determinada
fecha se canalizó o no canalizó […]”.

11. Argumentó que: “[…] Dicha actuación se da en dos fechas diferentes, con la
presentación de declaraciones de cambio No. 319 el 15 de junio de 2005 y No. 005
del 23 de junio de 2005, debiendo exportar según lo dispuesto en al artículo 16 de
la Resolución 08 de 2000, a más tardar el 15 de octubre de 2005 y el 23 de octubre
del mismo año respectivamente, operación que no se hizo en esas fechas por lo
que si la sanción que se pretende endilgar es la tipificada en el artículo 1 literal h)
del Decreto 1074 2006 que se configura como: "canalizar a través del mercado
cambiario como importaciones o exportaciones de bienes, o como financiación de
éstas aquéllas, montos que no se deriven de las mencionadas operaciones
obligatoriamente canalizables"; se deben contar los tres años dentro de los que
debía notificarse el Acto de Formulación de Cargos, a partir de las fechas en que
supuestamente se dio este hecho irregular. Estas fechas son: el 15 de junio de

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2005, en el caso de la Declaración de Cambio para Exportación de Bienes No. 319
y para la No. 005 el 23 de junio de 2005 […]”.

12. Señaló que: “[…] Ahora bien, tratándose de un anticipo y existiendo un plazo
señalado para exportar (cuatro meses después de presentada la declaración) cabe
también la interpretación de contar este momento, a partir del 15 de octubre de
2005 y el 23 de octubre respectivamente del 2005, fechas estas en que se debió
exportar teniendo en cuenta que se trata de reintegro de divisas anticipadas, lo que
hace a su vez que en un momento dado se pueda entender este evento como una
infracción continuada, pero no imprescriptible […]”.

13. Precisó que: “[…] En otras palabras de pretender configurar la infracción no
en el momento de la canalización o el señalado por ley de los cuatro meses
siguientes sino en algún momento indefinido en el tiempo, es burlarse de la figura y
por lo tanto violar el derecho de defensa, con la interpretación dada por la
Administración es pretender que no exista posibilidad para el Estado de perder la
competencia para aplicar la sanción, lo que transgrede a todas luces el artículo 29
de la Constitución Política además de la normatividad cambiaria aquí analiza […]”.

14. Expuso que la notificación de la formulación de cargos se hizo por fuera del
término legal: “[…] cuando la ley habla de años, se deben entender años
calendario, los tres años que tenía la DIAN para proferir pliego de cargos, se
vencieron el 15 de junio de 2008 y al 23 de junio de 2008 en relación con la
segunda declaración presentada, si se acoge la interpretación de que en este
momento se configura el hecho indebido. Pero de entenderse que la irregularidad
se da a partir del momento en que debiendo exportar y este hecho no se dio, las
fechas a partir de las cuales se debe comenzar a contar la prescripción son las del
15 de octubre y 23 octubre de 2005, respectivamente. La Formulación de Cargos
No. 1-88-238-423-301-0075 de 25 de febrero de 2009, se notificó el 2 de marzo de
2009, es decir pasado de cuatro meses después de haber acaecido el fenómeno
de la prescripción de que trata el artículo 3 del Decreto 1092 arriba transcrito […]”.

Segundo cargo: Vulneración del principio de legalidad

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15. Manifestó que: “[…] La DIAN violó el principio de legalidad, al imponer una
sanción que debe aplicarse a hechos que encajen en los contemplados por la
norma como irregulares al momento de tipificarse la sanción, y no ha hechos que
como el que nos ocupa, ni siquiera había sido contemplado como irregular por la
entidad rectora en materia cambiaria, sino por el contrario están amparados tal y
como se expone a continuación en normas vigentes aplicables al caso concreto.
No puede el funcionario administrativo como lo hace en la Formulación de Cargos
No 1-88-238-423-301-0075 del 25 de febrero de 2009, dar alcance al tipo
sancionatorio (artículo 10 del decreto 1704 de 1996) para pretender cobijar con
este conductas no reguladas en dicho tipo y así a motu propio, volverlas irregulares
con la finalidad de imponer la sanción descrita en la norma para otros conductas
[…]”.

16. Adujo que: “[…] Con la sanción impuesta a C.I.KELLY S.A., es claro que no
se encuentra cumplido lo preceptuado sobre tipicidad, entendida esta como la
aplicación del principio "nullum crimen sine preavia lege" que implica que la
conducta ejercida debe encajar en forma concreta, precisa y correcta, con la
hipótesis que sobre estos contempla la norma sancionatoria, al no adecuarse los
hechos efectivamente ocurridos con la hipótesis normativa contemplada en el
artículo 1° del decreto 1074 de 1999 “[…]”.

Tercer cargo: Caso fortuito

17. Señaló que: “[…] En cumplimiento de lo dispuesto en DCIN el numeral 4
inciso 3º, la Comercializadora C.I. KELLY S.A. por las razones expuestas en la
respuesta dada desde que se contestó el primer Requerimiento de Información, no
ha podido a la fecha exportar de acuerdo a su compromiso, ya que la situación
financiera se deriva de un hecho que para ella se constituye en un caso fortuito
insuperable, como es el embargo sobre su establecimiento de comercio,
proveniente de la medida tomada por una Entidad Nacional, lo que le ha impedido
financiarse a través de crédito y cumplir la obligación adquirida con el cliente del
exterior en los términos inicialmente acordados, puesto que el embargo sobre su
establecimiento de comercio hace que la Sociedad quede sustancialmente limitada
en su actuar comercial; en operaciones tales como contraer prestamos, no
pudiendo adquirir mercancías o materias primas o bienes terminados para ser

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exportados, como tampoco contratar con agentes de aduana, sociedades de
intermediación aduanera, transportes internacionales etc. […]”

18. Indicó que: “[…] En ejercicio de la posibilidad dada en DCIN 83 numeral
4.3.1.inciso 4 y dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir de la
canalización de las divisas, esto es, el 14 de octubre de 2005 y 24 de octubre del
mismo año, la Sociedad C.I. KELLYS.A reportó como endeudamiento externo los
anticipos de USD 31.300 dólares y USD 25.320 dólares, respectivamente, tal como
consta en los Formularios de Información No 6, de Endeudamiento Externo
otorgado a Residentes. En Cumplimiento de lo dispuesto en DCIN el numeral 4.3.1
inciso tercero, actualizó la prórroga del anticipo por USD 31.300, el 27 de abril de
2006, 30 de enero de 2007 y 27 de julio de 2007, igualmente lo hizo con relación al
anticipo por USD25.320, el 24 de octubre de 2005, el 25 de mayo de 2006, el 28 de
diciembre de 2006 y el 30 de mayo de 2007. La Sociedad incluso prorrogó el
registro en deuda externa por USD 31.300 y por los USD 25.320 hasta diciembre
de 2010 […]”.

19. Concluyó que: “[…] la Empresa no ha exportado en los últimos periodos
debido a la ocurrencia de hechos económicos que la han afectado y que han
imposibilitado cumplir con la obligación de exportar hasta la fecha, C.I. Kelly S.A.,
es una empresa constituida para comercializar exportando y ha desarrollado su
objeto en forma sería, realizando operaciones que implican tratos comerciales con
varios proveedores y clientes estos últimos ubicados en el exterior, como prueba
de esto en el expediente obran documentos tales como el Registro Nacional de
Exportadores, pedidos, facturas de compra de mercancía destinada a la
exportación, certificados al proveedor, recibos de caja, comprobantes de egreso,
declaraciones de exportación, referencias comerciales […]”.

Contestación de la demanda

20. La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES – DIAN13, no contestó la demanda14.

Alegatos de conclusión
13
Por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 494 del cuaderno principal.
14
Se dejó constancia de lo anterior en providencia de 15 de febrero de 2012 por medio de la cual abrió
a pruebas del proceso. Folio 96 del cuaderno principal.

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Demandante: C.I. KELLY S.A. CIKSA

21. El Despacho sustanciador15, vencido el término probatorio y mediante el
auto proferido el 15 de marzo de 201216, resolvió correr traslado común a las
partes por el término de diez (10) días para que alegaran de conclusión y le
informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término
para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el
mencionado artículo.

22. La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda
durante el término del traslado.

23. La parte demandada señaló que: “[…] De conformidad con el análisis que se
hiciera a cada uno de los Actos administrativos impugnados, reitero a su señoría
tenga en cuenta la rigurosa adhesión con que los funcionarios competentes aplican
la normatividad CAMBIARIA correspondiente. En materia Cambiaria, la
responsabilidad es OBJETIVA, tal como lo prescribe el artículo 30 del Decreto
1092 de 1996, lo cual excluye toda consideración subjetiva o apreciativa del
infractor, de tal manera que la sanción se aplica por el solo hecho de configurarse
en la norma cambiaria como infracción a tal régimen, en consideración a que este
Régimen básicamente se despliega como protección del Orden Público
Económico, pues es el Derecho Cambiario el regulador de una serie de
operaciones económicas sujetas a las reglas de mercado en permanente proceso
de cambio y transformación que buscan mantener el equilibrio de la balanza
cambiaria […]”.

24. Adujo que: “[…] Atendiendo lo anterior y después del análisis detallado de
las actuaciones del obligado cambiario se determinó en el proceso de sede
Administrativa, que la Sociedad Investigada recibió unas divisas sin lograr
demostrar que las mismas tenían por objeto la realización de unas exportaciones,
situación que infringió lo previsto en el Régimen de Cambios, al canalizar a través
del mercado como exportaciones de bienes un monto no derivado de la señalada
operación que era obligatoriamente canalizable […]”.

25. Manifestó que: “[…] el hecho constitutivo de la infracción no corresponde a
la simple presentación de la declaración de cambio, si no, que ésta se produzca

15
El auto fue proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, doctor Franklin Pérez Camargo.
16
Cfr. folio 98 del cuaderno principal.

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por un monto no derivado de una operación obligatoriamente canalizable, es decir,
una operación de exportación. Lo anterior, se traduce en que el usuario cambiario
o exportador, contaba con cuatro (04) meses contados a partir de la fecha del
reintegro de las divisas para efectuar la exportación, endeudamiento sin embargo
al informar el externo para las declaraciones de importación investigadas con
planes de amortización extendió claramente el hecho constitutivo de la infracción
cuando consecutivamente el interesado presentó ante el Intermediario del mercado
cambiario prorroga a las dos canalizaciones, reportando planes de amortización
que fueron prorrogados señalando para cada una de las declaraciones de cambio
un plazo máximo de cumplimiento […]”.

26. Indicó que: “[…] cumplido el plazo de la prórroga para exportar sin que se
advierta el cumplimiento de la obligación, ni modificación alguna al plan de
endeudamiento externo, ni la devolución de las divisas al comprador del exterior, la
canalización que se produjo con las declaraciones de cambio investigadas en el
infolio, cobran el carácter de indebido, hecho que debidamente analizado configura
la infracción cambiaria impuesta y objeto de la presente investigación. Por lo cual la
fecha cierta según el presente análisis corresponden a las fechas de modificación
al plan de endeudamiento externo que se observan en las ultimas prorrogas es
decir diciembre de 2007 y febrero de 2008, lo que permite establecer con certeza
que el Acto de Formulación de Cargos No.0075 de Febrero 25 de 2009 notificado
el 03 de marzo de 2009 se produjo dentro de la oportunidad legal, por lo que se
señala que no ha operado la figura de la prescripción alegada por el Accionante
[…]”.

27. Precisó con respecto al argumento esgrimido sobre la ausencia de tipicidad:
“[…] que no está de acuerdo con lo manifestado por el peticionario, toda vez que
efectivamente la conducta desplegada por el actor está legalmente tipificado en la
normatividad cambiaria, observamos el acápite de Operaciones indebidamente
canalizadas si a través del mercado cambiario contenidas en el literal h) este
señala por canalizar a través del mercado cambiario como importaciones o
exportaciones de bienes, o como financiación de estas o aquellas montos deriven
de las mencionadas operaciones obligatoriamente canalizables, la multa será de
doscientos por ciento (200%) del valor canalizado […] la infracción no corresponde
al simple hecho de canalizar divisas, sino que este verbo rector debe ser aplicado
en conjunto de sus ingredientes normativos, los cuales corresponden al hecho de

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tornarse dicha canalización indebida, tal cual como fue expuesta anteriormente. De
ahí que, el hecho generador de la infracción se tipifica claramente dando aplicación
al contenido normativo antes descrito […]”.

28. Concluyó que: “[…] no puede esgrimirse falta de tipicidad, cuando está
claramente probada la comisión de la infracción y la adecuada fundamentación
legal que la contiene. De manera tal que el competente, puede concluir señalando,
que la tipicidad corresponde a la abstracción concreta que ha trazado el legislador
descartando los detalles innecesarios para la definición del hecho que se cataloga
en la ley como sancionable. Así las cosas, se encuentra demostrado, que la
División de Gestión de Liquidación Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas
de Cali, procedió de conformidad con las normas cambiarias, pues no se halla
dentro del expediente prueba alguna sobre la debida canalización de las divisas
dejadas de canalizar, como tampoco prueba alguna de haber adelantado el tramite
pertinente ante el Banco de la República para que se cumpliera con la obligación
contraída […]”.

Concepto del Ministerio Público

29. El Procurador Delegado no emitió concepto.

Sentencia proferida, en primera instancia

30. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Descongestión
mediante sentencia proferida el 29 de agosto de 201317, resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO. ORDENAR para que la Secretaría proceda a inscribir el presente
proveído en el programa siglo XXI […]”

Consideraciones del Tribunal

31. Adujo que: “[…] la DIAN cuenta con 3 años contados a partir de la fecha en
que ocurrieron los hechos constitutivos de infracción para notificar el acto de
formulación de cargos. En el presente caso, la presunta infracción en la que
incurrió la entidad aquí demandante es la consagrada en el Literal H, Artículo 1 del
17
Cfr. Folio 164 del cuaderno núm. 1 del expediente.

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Decreto 1074 de 1996, […] La infracción a la que hace alusión la norma
anteriormente transcrita se configura cuando se realiza una canalización a través
del mercado cambiario, montos que no se deriven de las operaciones
obligatoriamente canalizables. Es decir, la fecha en la que se cometa dicha
infracción es la que se debe tener en cuenta para contabilizar el término de
prescripción de la acción sancionatoria cambiaria […]”.

32. Manifestó que: “[…] Para establecer en el presente caso cuándo se
configuró la presunta infracción, es menester previamente realizar un recuento de
la normatividad aplicable a casos como el que nos atañe en materia cambiaria: Los
Artículos 1, 7, 15, 16 y 27 de la Resolución Externa No. 08 de 2000 de la Junta
Directiva del Banco de la República […] la Circular Reglamentaria DCIN No 83 del
16 de diciembre del Banco de la Republica, en lo referente a la canalización
cuando media pago anticipado para futuras exportaciones y la modificación de las
canalizaciones […] conforme a la normatividad anteriormente enunciada, se tiene
que el exportador cuando realiza la canalización de divisas anticipadas, cuenta con
4 meses contados a partir de la fecha de reintegro de las divisas para efectuar la
exportación. Sin embargo, conforme al numeral 4.3.1. de la Circular Reglamentaria
Externa DCIN 83 del 2004, el exportador antes del vencimiento del término
anteriormente aludido, puede informar endeudamiento externo y así pedir la
prórroga de las canalizaciones presentando los respectivos planes de amortización
[…]”.

33. Señaló que: “[…] El exportador está en la obligación de exportar la
mercancía por la que se generó esa canalización anticipada de divisas, so pena de
incurrir en la infracción consagrada en el Literal H, Artículo 1 del Decreto 1074 de
1996. No puede entenderse que la aludida infracción cambiaria se configura
cuando cumplido el tiempo de la prórroga para exportar, se advierte el
incumplimiento de la obligación del exportador sin que tampoco éste haya
solicitado la modificación del plan de endeudamiento externo o la devolución de las
divisas al comprador en el exterior; pues dicha omisión permite evidenciar que se
canalizó a través del mercado cambiario como exportaciones de bienes un monto
no derivado de dichas operaciones obligatoriamente canalizables, más no
configura el hecho que genera la contravención. La infracción se concreta en el
mismo momento en que el exportador realiza las respectivas declaraciones, pues

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es en ese preciso instante que efectúa una canalización indebida de divisas. Sin
embargo, en el presente caso debe tenerse en cuenta que CI KELLY S.A.,
haciendo uso de lo dispuesto en el numeral 4.3.1. de la Circular Reglamentaria
Externa DCIN 83 del 2004, informó el endeudamiento externo y en varias
ocasiones pidió la prórroga de las canalizaciones. […]”.

34. Precisó que: “[…] En principio se tiene que la presunta infracción en la que
incurrió CI KELLY 5.A. se configuró al momento de presentación de las
declaraciones de cambio No. 319 del 16 de junio de 2005 y No. 5 del 24 de junio
de 2005. Empero, toda vez que el ente demandante realizó varias solicitudes de
prórroga de la canalización, al estar en presencia de hechos continuados, la fecha
en que se cometió la infracción se traslada al día en que el exportador realizó la
última solicitud de prórroga. En el presente caso, frente a la declaración de cambio
No. 319 del 16 de junio de 2005 la última solicitud de prórroga fue presentada el 30
de julio de 2007 y frente a la declaración de cambio No. 5 del 24 de junio de 2005
la última solicitud de prórroga fue allegada el 30 de mayo de 2007. Conforme a lo
anterior y teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo 4 del Decreto 1902 de
1996, se tiene que la facultad sancionatoria de la DIAN prescribía el 30 de julio de
2010, frente a la declaración de cambio No. 319 del 16 de junio de 2005 y el 30 de
mayo de 2010, frente a la declaración de cambio No. 5 del 24 de junio de 2005.
Toda vez que la DIAN emitió acto de Formulación de Cargos No. 1-88-238-423-
301-075 de febrero 25 de 2009 notificada el 3 de marzo de 2009, es claro que para
dicho entonces no había operado el fenómeno de la prescripción de la acción
sancionatoria en materia cambiaria de que trata la precitada norma […]”.

35. Consideró que la conducta se encuentra tipificada: “[…] Para establecer si la
sanción impuesta por la DIAN se encuentra ajustada a derecho, es menester
nuevamente traer a colación la norma que contiene la infracción en la que
presuntamente incurrió le entidad CI KELLY S.A. a saber: ARTÍCULO 1o. «Decreto
derogado por el artículo 43 del Decreto 2245 de 2011> El artículo 3o. del Decreto-
ley 1092 de 1996. […] Es decir, la infracción se concreta por canalizar a través de
los mercados cambiarios montos que no se deriven de operaciones
obligatoriamente canalizables, ya sea importaciones o exportaciones de bienes. De
manera que para desacreditar la aludida infracción, debe probar el declarante que
si existió una negociación de comercio con un cliente en el exterior y la existencia

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de la mercancía con destino a su exportación. En el sub examine el demandante
no logró acreditar que efectivamente canalizó a través del mercado cambiario
como exportaciones de bienes con las Declaraciones de Cambio No. 319 del 15 de
junio de 2005 y No. 05 del 24 de junio de 2005, un monto derivado de dichas
operaciones, pues a lo largo de la demanda se dedicó a realizar una serie de
aseveraciones acerca de la existencia de un cliente en el exterior y de que si no ha
exportado en los últimos periodos es debido a la ocurrencia de hechos económicos
que han imposibilitado cumplir con dicha obligación, sin que dichas afirmaciones
estén sustentadas con medio de prueba alguno en este proceso. Así las cosas,
habrán de negarse las pretensiones de la demanda, pues […] no logró acreditar
que no incurrió en la infracción tipificada en el Literal H del Artículo 1 del Decreto
1074 de 1996 […]”.

Recurso de apelación
36. La parte demandante interpuso, dentro del término legal, recurso de
apelación18 contra la sentencia proferida, en primera instancia, y lo sustentó con
base en los siguientes argumentos:

37. Indicó que el pliego de cargos no se notificó oportunamente: “[…] Los actos
demandados se encuentran expedidos y notificados por fuera del término señalado
por la ley para que puedan producir efectos, por cuanto el artículo 4° del Decreto
1092 de 1996 establece que se debe proferir dentro de los tres años contados a
partir de la ocurrencia de los hechos susceptibles de generar sanción. Teniendo en
cuenta que el Acto de Formulación de Cargos fue notificado el 3 de marzo de 2009,
es claro que quedó por fuera de tiempo frente a las declaraciones de cambio Nos
319 del 15 de junio de 2005 y 05 del 24 de junio de 2005. Los tres años respecto
de ellos llegaban hasta el 15 de junio de 2008 y hasta el 24 de junio de 2008,
respectivamente. Dispone el mencionado artículo 4° Decreto 1902 de 1996 […]”

38. Sostuvo que: “[…] la DIAN aduce que el momento en el que suceden los
hechos es la última prórroga de los endeudamientos externos y por eso sostiene
que los pliegos de cargos se encuentran expedidos y notificados dentro del término
señalado por la Ley pero es claro que estas prórrogas no habrían tenido objeto de
no haberse presentado los compromisos de exportación. En derecho lo accesorio
corre la suerte de lo principal, y el hecho que generó el endeudamiento externo fue
18
Cfr. Folios 228 a 234 del cuaderno núm. 1 del expediente.

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la canalización de divisas por futuras exportaciones por ende este es el momento
desde el cual se deben contar los tres años para la expedición de los actos
administrativos demandados. No está de más anotar que no existe un plazo
máximo legal para realizar las exportaciones y por eso pueden hacerse prórrogas
hasta el momento en que se lleven a cabo, y si esto es así y se acogiera la
posición de la DIAN, entonces seria imprescriptible la acción sancionatoria. Así las
cosas no es conducente que las prórrogas de los endeudamientos externos
presentadas se consideren hechos continuados para efectos de establecer los
plazos para el envío del Pliego de Cargos, pues como se infiere de los actos
administrativos demandados la sanción que impone la Administración es por
"canalizar a través del mercado cambiario como importaciones o exportaciones de
bienes, o como financiación de éstas o aquellas, montos que no se deriven de las
mencionadas operaciones obligatoriamente canalizables", lo que claramente
demuestra, repítase aquí, que el hecho constitutivo de infracción es la canalización
de divisas siendo esta acción la que originó el registro del endeudamiento externo
y la consecuente solicitud de prórrogas […]”.

39. Manifestó que: “[…] la Sentencia aquí apelada establece lo siguiente: "La
infracción se concreta en el mismo momento en que el exportador realiza las
respectivas declaraciones, pues es en ese preciso instante que efectúa una
canalización indebida de divisas". De lo anterior se entendería que el Tribunal
acogería las pretensiones de la demanda por estar probada la prescripción, pero
es de anotar que la Sentencia también acoge la tesis de la DIAN cuando expone
que su posición respecto del momento a partir del cual debe contabilizarse el
termino de prescripción de la acción sancionatoria en materia cambiaria es la del
artículo 4 del Decreto 1902 de 1996, y transcribe el aparte del artículo que
establece "En las infracciones continuadas el anterior termino se contara a partir de
la ocurrencia del último hecho constitutivo de la infracción”. Entra entonces a
decidir de fondo el tema de prescripción de la acción sancionatoria el Tribunal con
posiciones encontradas […]”.

40. Precisó sobre el tema del caso fortuito que: “[…] C.I. KELLY S.A. en
liquidación canalizó los respectivos valores como anticipos para futuras
exportaciones y por ende no es viable el argumento que esgrime la Administración
cuando asevera que los montos recibidos no correspondían a exportación de

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bienes, pues las prórrogas de endeudamiento externo que se realizaron a partir de
la fecha de la canalización de las divisas y hasta el día 9 de enero de 2009,
prueban que mi poderdante tenía total intención de realizar las exportaciones. No
haber realizado las exportaciones hasta ese momento obedeció a un revés
económico de la Sociedad la cual se vio agravada con la cancelación de
inscripción en el registro de sociedades de comercialización internacional, sanción
impuesta mediante Resolución 015 de 3 de febrero de 2009 de la DIAN, tal y como
se evidencia en el registro de Cámara de Comercio de Cali que aporto como
prueba; situación que no permitió cumplir con el envío de las mercancías al exterior
[…]”.

41. Expuso que: “[…] no está dado a la Administración de Impuestos y Aduanas
Nacionales rechazar ni desconocer que existieron hechos constitutivos de caso
fortuito, y por ende tampoco puede afirmar que C.I. KELLY S.A. en liquidación
incurrió en infracción, toda vez que la Sociedad actuó de conformidad con la
normatividad cambiaria establecida en la Circular Reglamentaria Externa DCIN 83
de 2008 "En las situaciones que impidan o hayan impedido jurídicamente a los
deudores el cumplimiento de la obligación de pago de operaciones de
endeudamiento externo (fuerza mayor, caso fortuito, inexistencia o inexibilidad) no
será exigible la canalización del mismo a través del mercado cambiario […]".

42. Adujo que: “[…] la sentencia que aquí se apela cuenta con salvamento de
voto proferido por la honorable Magistrada doctora Luz Elena Sierra Valencia,
quien se aparta del sentido del fallo al encontrar que la decisión se toma sin el
debido conocimiento de los antecedentes administrativos. No puede revisarse la
legalidad de una actuación enjuiciada sin tener a la mano la totalidad de los
documentos que conforman el expediente administrativo. Una decisión judicial que
no cuenta con bases de referencia suficientes que hayan permitido un estudio de
fondo sobre las circunstancias que motivaron los actos administrativos, y los
hechos que los controvierten, no proporciona seguridad jurídica a quien acude a la
administración de justicia. Es éste el caso de mi poderdante […]".

43. Señaló que: “[…] La DIAN impuso sanción a C.l. KELLY S.A. en liquidación
por indebida canalización de divisas a través del mercado cambiario según lo
establecido en el artículo 1 del Decreto 1074 de 1999 el cual establece: "Artículo
1°. El artículo 3° del Decreto-ley 1092 de 1996 quedará así: "Artículo °. […] El

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estudio que hace la entidad demandada y que se expone en las Resoluciones No.
0041 del 26 de abril de 2010 y No. 0026 del 29 de septiembre de 2010 lo realiza
basado en una premisa falsa como lo es la falta de modificación en el plazo de
amortización (fecha límite de realización de la exportación) del informe de deuda
externa. Haciendo caso omiso de las prórrogas realizadas en enero de 2009 y que
se encuentran debidamente probadas en los Formularios No. 6 de información de
endeudamiento externo otorgados a residentes mediante los cuales se prorroga
hasta diciembre de 2010 y los cuales se aportan, la DIAN concluye que la
Sociedad recibió divisas sin lograr demostrar que las mismas tenían por objeto la
realización de unas exportaciones. Podemos entonces concluir que la sanción
impuesta a C.I KELLY S.A. en liquidación se deriva de una conducta que no
existió, evidenciando una clara violación del principio de legalidad por ausencia de
adecuación típica […]”.

Actuaciones en segunda instancia

44. El Despacho sustanciador, mediante auto de 18 de noviembre de 201419,
admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia proferida el 29 de agosto de 2013 por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, Sala de Descongestión.

Alegatos de conclusión en segunda instancia

45. Ejecutoriado el auto admisorio del recurso de apelación, el Despacho
sustanciador, mediante auto proferido el 29 de agosto de 2017, corrió traslado20 a
las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público
para que emitiera el concepto.

46. La parte demandante reiteró las consideraciones expuestas en la
demanda.

47. La parte demandada argumentó que: “[…] de acuerdo con los artículos 1º,
2°, 4°, 7° y 10 de la Resolución Externa 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco
de la República, los residentes en el país y los residentes en el exterior que

19
Cfr. Folio 247 del cuaderno núm. 1 del expediente.
20
Cfr. Folio 301 ibidem

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efectúen en Colombia operaciones de cambio entre las que se encuentra la
exportación de bienes, deberán presentar la Declaración de Cambio y canalizar a
través del mercado cambiario los pagos para cancelar el valor de sus
exportaciones, cuyo monto no puede ser superior o inferior a la obligación
contraída con el exterior, así como también informar a intermediario bancario los
datos relativos a la declaración de exportación, para legalizar el anticipo efectuado
mediante las declaraciones de cambio presentadas […]”.

48. Adujo que: “[…] el argumento que pretende traer en esta instancia respeto
del caso fortuito, este no se encuentra demostrado en el plenario. Ahora bien
respecto a la extemporaneidad del pliego de cargos, […] al informar el
endeudamiento externo para las declaraciones de importación investigadas con
planes de amortización extendió claramente el hecho constitutivo de la infracción
cuando consecutivamente el interesado presentó ante el Intermediario del mercado
cambiado prorroga a las dos canalizaciones, reportando planes de amortización
que fueron prorrogados señalando para cada una de las declaraciones de cambio
un plazo máximo de cumplimiento. Por ello cumplido el plazo de la prórroga para
exportar sin que se advierta el cumplimiento de la obligación, ni modificación
alguna al plan de endeudamiento externo, ni la devolución de las divisas al
comprador del exterior, la canalización que se produjo con las declaraciones de
cambio investigadas, cobran el carácter de indebido, hecho que debidamente
analizado configura la infracción cambiaria impuesta y objeto de la presente
investigación […]”.

49. Manifestó que: “[…] Con relación a la ausencia de tipicidad, la conducta
desplegada por el actor está legalmente tipificada en la normatividad cambiaría, ya
que en el acápite de Operaciones indebidamente canalizadas a través del mercado
cambiarlo contenida en el literal h), […] De tal forma que, la infracción no
corresponde al simple hecho de canalizar divisas, sino que el verbo rector debe ser
aplicado en conjunto de sus ingredientes normativos, los cuales corresponden al
hecho de tornarse dicha canalización indebida, tal cual como fue expuesta
anteriormente. De ahí que, el hecho generador de la infracción se tipifica, y no es
posible hablar de falsa o falta de motivación, como quiera que los actos
administrativos demandados, se encuentran ajustados a derecho y en virtud de
normas aplicables en su momento […]”.

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Concepto del Ministerio Público

50. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES

51. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes:
i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) los
problemas jurídicos; iii) marco normativo sobre el régimen sancionatorio cambiario;
y, iv) el caso concreto.

Competencia de la Sala

52. Vistos el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo21, sobre la
competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia, aplicable en los
términos del artículo 30822 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201123, sobre el
régimen de transición y vigencia; y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de
marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección
Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto,
en segunda instancia.

53. Visto el artículo 328 del Código General del Proceso24, norma aplicable al
presente caso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1 el Acuerdo núm. PSAA15-

21
“[…] Artículo 129. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos
y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja
cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se
conceda el extraordinario de revisión. […]”.
22
[…] ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará a regir el
dos (2) de julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como
a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la
vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior
[…]”
23
“Por el cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”
24
“[…] ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar
de oficio, en los casos previstos por la ley. […] El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del
apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella […]”.

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10392 de 1 de octubre de 201525, expedido por la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura, la Sala procederá a examinar las argumentaciones
expuestas por la parte demandante en el recurso de apelación, interpuesto contra
la sentencia proferida el 29 de agosto de 2013 por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, Sala de Descongestión y se limitará a conocer de los puntos o
cuestiones a los cuales se contrae dicho recurso, puesto que los mismos, en el
caso de apelante único, definen el marco de la decisión que habrá de adoptarse en
la segunda instancia.

54. La Sala no observa en el presente proceso la configuración de causal de
nulidad alguna que invalide lo actuado, por lo que se procede a decidir el caso sub
lite.

Actos administrativos acusados

55. Los actos administrativos acusados26 son los siguientes:

56. La Resolución núm. núm. 1882416010041 de 26 de abril de 201027,
expedida por el Jefe de la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de
Aduanas de Cali, en su parte resolutiva señaló:

“[…]

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- Imponer a la Sociedad C.l. KELLY S.A. Identificada con el
NIT. 805.024.756-3, una sanción cambiaria consistente en una multa por la suma de
DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES
MIL CIENTO TREINTA CUATRO PESOS M/CTE ($263.573.134), por violación a lo
dispuesto en los Artículos 1° y 7° de la Resolución Externa No. 08 del 2000 de la
Junta Directiva del Banco de la República, reglamentada por la Circular
Reglamentaria Externa DCIN 83 del 16 de diciembre del 2004 del Banco de la
República, por canalizar a través del mercado cambiario, con las Declaraciones de
Cambio Nos.319 de junio 15 del 2005 y 05 del 24 de junio del 2005, montos no
derivados de exportaciones de bienes, conforme a lo expuesto en la parte
considerativa de la presente Resolución

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR por correo certificado el presente acto
administrativo al Representante Legal de la Sociedad C.l. KELLY S.A., Identificada

25
“[…] ARTÍCULO 1º.- Entrada en vigencia del Código General del Proceso. El Código General del Proceso
entrará en vigencia en todos los distritos judiciales del país el día 1º de enero del año 2016, íntegramente
[…]”.
26
Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada
uno de los cargos.
27
“[…] Por medio de la cual se impone una sanción por canalización indebida […]”.

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20

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con el NIT. 805.024.756-3, a la CARRERA 100 No. 11-90 CENTRO COMERCIAL
HOLGUINES TRADE CENTER de la Ciudad de CALI - VALLE, de conformidad con
lo establecido en los Artículos 14 y 15 del Decreto 1092 de 1996.

Si por cualquier razón esta Resolución es devuelta por el Correo, será notificada
mediante AVISO que se publicará en un periódico de amplia circulación, tal como lo
dispone el Artículo 17 del Decreto antes mencionado.

Se informa a la interesada que contra la presente Resolución procede únicamente el
RECURSO DE REPOSICIÓN, el cual deberá presentarse ante la División de Gestión
Jurídica de la Dirección Seccional de Aduanas de Cali, ubicada en la Carrera 3 No.
10 - 60, Piso 8° Edificio DIAN Cali-Valle, dentro del mes siguiente a su notificación,
tal y como lo dispone el artículo 25 del Decreto 1092 de 1996.

ARTÍCULO TERCERO.- Una vez en firme y ejecutoriada esta Resolución, se deberá
enviar copia del Acto Administrativo que decide de fondo a las siguientes
dependencias:

-A la División de Gestión de Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos de
Cali para lo de su competencia, si no se hubiere acreditado el pago de la sanción
impuesta por parte del infractor.

-A la División de Gestión de Recaudación de la Dirección Seccional de Impuestos de
Cali para lo de su competencia.

De otra parte, después de incorporar este acto administrativo al expediente, se
remitirá el mismo para su archivo físico y custodia al G.I.T. de Documentación de la
División de Gestión Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de
Aduanas de Cali, en donde podrá ser consultado cuando así se requiera […]”.

57. La Resolución núm. 0026 de 9 de septiembre de 201028, expedida por el
Jefe de la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Aduanas de
Cali en la que se dispuso:

“[…]
CONSIDERACIONES DEL DESPACHO;

Es preciso señalar que a la Dirección de Aduanas, le corresponde entre otras
funciones el control y vigilancia sobre el cumplimiento del Régimen Cambiario en
materia de importación y exportación de bienes y servicios, gastos asociados a las
mismas, financiación en moneda extranjera de importaciones y exportaciones, y
subfacturación y sobrefacturación de estas operaciones y las demás que no sean
competencia de otra entidad. Comprende esta competencia, entonces la
investigación administrativa, la determinación de la infracción y su sanción, las
cuales serán ejercidas en todo el Territorio Nacional a través de las diferentes
Administraciones de acuerdo con el marco de competencia que la norma establece.

La competencia para las funciones en materia de control y vigilancia al Régimen de
Cambios será ejercida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales o por la
Dirección Seccional de Aduanas Nacionales en donde se haya proferido la
28
“[…] Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición […]”.

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Resolución de Decomiso, la Liquidación Oficial o la que imponga la sanción cuando
no sea posible aprehender la mercancía.

De acuerdo con los artículos 1°, 2°, 4°, 7° y 10 de la Resolución Externa 8 de 2000
de la Junta Directiva del Banco de la República, los residentes en el país y los
residentes en el exterior que efectúen en Colombia operaciones de cambio entre las
que se encuentra la exportación de bienes, deberán presentar la Declaración de
Cambio y canalizar a través del mercado cambiario los pagos para cancelar el valor
de sus exportaciones, cuyo monto no puede ser superior o inferior a la obligación
contraída con el exterior, así como también informar al intermediario bancario los
datos relativos a la declaración de exportación, para legalizar el anticipo efectuado
mediante las declaraciones de cambio presentadas.

El artículo 1° de la Resolución Externa 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de
la República, establece:

“Los residentes en el país y los residentes en el exterior que efectúen en Colombia
una operación de cambio, deberán presentar una declaración de cambio en los
términos de la presente resolución. La declaración de cambio por operaciones
realizadas a través de los intermediarios del mercado cambiario deberá presentarse
en esas entidades. Cuando se trate de operaciones realizadas a través del
mecanismo de compensación previsto en esta resolución, se presentará
directamente en el Banco de la República”.

La declaración de cambio deberá presentarse y suscribirse personalmente por quien
realiza la operación de su representante, apoderados generales o mandatarios
especiales aunque no sean abogados. La declaración de cambio se presentará en
formularios debidamente diligenciados, donde se consignara la información sobre el
monto, características y demás condiciones de la operación, en los términos que
determine el Banco de la República.

Igualmente el numeral 4 de la Circular reglamentaria Externa DCIN 83 de 2004
señala:

“4 EXPORTACION DE BIENES.

...Los exportadores de bienes deberán diligenciar la declaración de cambio por
exportaciones de bienes (formulario No.2) en el momento de reintegrar las divisas,
bien sea mediante su venta a los intermediarios del mercado cambiario o su
consignación en las cuentas corrientes de compensación, utilizando el numeral
cambiario que corresponda, de acuerdo con las instrucciones establecidas para el
diligenciamiento de la misma.

En la Declaración de cambio, los exportadores dejarán constancia de los datos
relativos a la (s) declaración (es) de exportación definitiva (s), cuando estén
disponibles en la fecha del reintegro de las divisas, así como de los valores
efectivamente reintegrados, de los gastos en que se haya incurrido y de las
deducciones acordadas, si las hubiera. Tal información no será procesada ni remitida
al Banco de la República, pero deberá conservarse para cuando sea requerida por
las autoridades de control y vigilancia. De no estar disponibles en esa fecha, una vez

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se cuente con ellos, los exportadores deberán informar los datos al intermediario del
mercado cambiario a través del cual se realizó la operación dentro de los quince días
hábiles siguientes a la fecha en que se obtengan la declaración de exportación
definitiva y conservar copia de los mismos en sus archivos...”

En el escrito de recurso la parte interesada argumenta prescripción de la acción
sancionatoria, es decir, que se de aplicación a lo establecido por el artículo 4 del
Decreto 1902 de 1993.

Señalando que se requiere precisar cuándo se dio el hecho constitutivo de la
infracción el cual corresponde a la acción de haber canalizado indebidamente por el
mercado cambiario unas divisas. El peticionario establece que el verbo rector de la
infracción es "canalizar" y que este conlleva una actuación que se ejecuta y agota en
un momento exacto, cual es el de la presentación de la declaración de cambio por
reintegro de divisas, que ingresan como anticipo girado para la factura de
exportación relacionada en dicha declaración.

Argumentó que este despacho encuentra coherente pero sin profundidad, pues
como bien lo explicó la División de Gestión de Liquidación Aduanera de esta
Dirección Seccional el verbo rector "canalizar" no puede analizarse al margen de los
demás ingredientes normativos contenidos en la descripción de la infracción prevista
en el literal h), por que tales ingredientes normativos son los que a la postre marcan
la ilicitud o el carácter de indebida a la canalización, pues el estado pretende
sancionar los hechos que son indebidos o ilícitos y no la realización de actividades o
comportamientos como tal, vistos de manera independiente y aislada.

Por lo anteriormente expuesto, es preciso que la Dirección Seccional de Aduanas de
Cali, determine con precisión el momento en que el hecho constitutivo de la
infracción cobra su calificación de indebido, pues el simple hecho de canalizar o
reintegrar divisas no se puede tornar de ilegal, toda vez que este obrar es un tema
regulado por el régimen de cambios, razón por la cual es preciso tener en cuenta
que el reintegro de las divisas corresponde a una actividad inherente al desarrollo
normal de las operaciones de comercio exterior. Es así como este despacho en total
acuerdo con lo esgrimido en la Resolución impugnada confirma claramente que el
hecho constitutivo de la infracción no corresponde a la simple presentación de la
declaración de cambio si no que esta se produzca por un monto no derivado de una
operación obligatoriamente canalizable, es decir, una operación de exportación.

Lo anterior, se traduce en que el usuario cambiario o exportador, contaba con cuatro
(04) meses contados a partir de la fecha del reintegro de las divisas para efectuar la
exportación, sin embargo al informar el endeudamiento externo para las
declaraciones de importación investigadas con planes de amortización extendió
claramente el hecho constitutivo de la infracción cuando consecutivamente el
interesado presentó ante el Intermediario del mercado cambiario prorroga a las dos
canalizaciones, reportando planes de amortización que fueron prorrogados
señalando para cada una de las declaraciones de cambio un plazo máximo de
cumplimiento.

Es así como se concluye, que cumplido el plazo de la prórroga para exportar sin que
se advierta el cumplimiento de la obligación, ni modificación alguna al plan de

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endeudamiento externo, ni la devolución de las divisas al comprador del exterior, la
canalización que se produjo con las declaraciones de cambio investigadas en el
infolio., cobran el carácter de indebido, hecho que debidamente analizado configura
la infracción cambiaria impuesta y objeto de la presente investigación.

Por lo cual la fecha cierta según el presente análisis corresponden a las fechas de
modificación al plan de endeudamiento externo que se observan en las ultimas
prorrogas es decir diciembre de 2007 y febrero de 2008, lo que permite establecer
con certeza que el Acto de Formulación de Cargos No. 0075 de Febrero 25 de 2009
notificado el 03 de marzo de 2009 se produjo dentro de la oportunidad legal, por lo
que se señala que no ha operado la figura de la prescripción alegada por el
interesado.

Ahora con respecto al argumento esgrimido sobre la ausencia de tipicidad, este
despacho establece que no está de acuerdo con lo manifestado por el peticionario,
toda vez que efectivamente la conducta desplegada por el actor está legalmente
tipificada en la normatividad cambiaria, si observamos el acápite de Operaciones
indebidamente canalizadas a través del mercado cambiario contenida en el literal h)
este señala:

“por canalizar a través del mercado cambiario como importaciones o exportaciones
de bienes, o como financiación de estas o aquellas montos que no se deriven de las
mencionadas operaciones obligatoriamente canalizables, la multa será de doscientos
por ciento (200%) del valor canalizado;

Como bien, se expresó al controvertir por parte de este despacho la presunta figura
de la prescripción, la infracción no corresponde al simple hecho de canalizar divisas,
sino que este verbo rector debe ser aplicado en conjunto de sus ingredientes
normativos, los cuales corresponden al hecho de tornarse dicha canalización
indebida, tal cual como fue expuesta anteriormente. De ahí que, el hecho generador
de la infracción se tipifica claramente dando aplicación al contenido normativo antes
descrito.

Por lo tanto, no puede esgrimirse falta de tipicidad, cuando está claramente probada
la comisión de la infracción y la adecuada fundamentación legal que la contiene. De
manera tal que este despacho puede concluir señalando que la tipicidad
corresponde a la abstracción concreta que ha trazado el legislador descartando los
detalles innecesarios para la definición del hecho que se cataloga en la ley como
sancionable.

Así las cosas, este despacho encuentra que la División de Gestión de Liquidación
Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas de Cali, procedió de conformidad
con las normas cambiarias, pues no se halla dentro del expediente prueba alguna
sobre la debida canalización de las divisas dejadas de canalizar, como tampoco
prueba alguna de haber adelantado el trámite pertinente ante el Banco de la
República para qué se cumpliera con la obligación contraída. De ahí que se
determina por parte de este despacho confirmar en todas sus partes la Resolución
No. 0041 de Abril 26 de 2010.

En mérito de lo expuesto, el Jefe de la División de Gestión Jurídica de la Dirección

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Seccional de Aduanas de Santiago de Cali,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución No. 0041 de
Abril 26 de 2010 proferida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección
Seccional de Aduanas Nacionales de Cali, a nombre de la Sociedad C.l. KELLY S.A.
identificada fiscalmente con NIT No.805.024.756-3, por presunta infracción a los
artículos 1° y 7° de la Resolución externa 08 de 2000 de la Junta Directiva del Banco
de la República, por canalización indebida de divisas infracción contemplada en el
literal h) del Decreto 1074 de 1999 por valor de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES
MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES
MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE ($263.573.134.00), por las
razones ampliamente expuestas en el presente proveído.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR por CORREO mensajería especializada con
prueba de entrega, el contenido y decisión del presente acto administrativo, al
Representante Legal de la Sociedad C.I.KELLY S.A. identificada fiscalmente con NIT
No.805.024.756-3, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 567 del Decreto
2685 de 1999, a la CARRERA 100 No. 11-90 Centro Comercial HOLGUINES
TRADE CENTER TORRE VALLE DEL LILI de la Ciudad de CALI-VALLE. Contra el
presente acto administrativo no procede ningún recurso y agota vía gubernativa.

ARTICULO TERCERO: Remitir por parte de la División Administrativa y Financiera
GIT Documentación de esta Seccional de Aduanas, fotocopias del presente acto
administrativo a las siguientes dependencias;

-A la División de Gestión de Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos y
Aduanas Nacionales de Cali, para lo de su conocimiento y competencia.

-A la División de Gestión de Recaudación de la Dirección Seccional de Impuestos y
Aduanas Nacionales de Cali, para lo de su conocimiento y competencia.

ARTICULO CUARTO: Una vez en firme y ejecutoriado el presente acto
administrativo, se incorporará al Expediente No. PAE2007 2008 086, remitiéndose
éste al G.I.T. de Documentación de la División de Gestión Financiera y
Administrativa de la Dirección Seccional de Aduanas de Cali, para que se proceda a
su archivo y custodia correspondiente […]”.

Problemas jurídicos

58. Corresponde a la Sala, con fundamento en el contenido de la decisión del a
quo y el recurso de apelación, determinar: i) si prescribió la acción sancionatoria en
materia cambiaria al transcurrir más de los tres años previstos en el artículo 4 del
Decreto núm. 1092 de 1996 para notificar el pliego de cargos; ii) si se configuró un

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caso fortuito que no permitió a la parte demandante realizar las exportaciones y, iii)
si se infringió el principio de legalidad por ausencia de adecuación típica.

59. En consecuencia, se determinará si hay lugar a revocar o a confirmar la
sentencia proferida, en primera instancia.

Marco normativo sobre régimen sancionatorio cambiario – Tipicidad y
prescripción

60. Visto el artículo 4 de la Ley 9ª de 17 de enero de 1991 29, vigente para la
época de los hechos, sobre las operaciones sujetas al régimen cambiario; en
concordancia con el artículo 1.° del Decreto núm. 1735 de 2 de septiembre de
199330, constituyen operaciones de cambio sujetas al régimen cambiario, las
siguientes:

“[…] Artículo 4º. Operaciones sujetas al régimen cambiario. El Gobierno Nacional
determinará las distintas operaciones de cambio que estarán sujetas a lo previsto en
esta Ley, con base en las siguientes categorías:

a) Los actos, contratos y operaciones de adquisición, tenencia o disposición de
bienes o derechos en el extranjero realizados por residentes, y los actos, contratos y
operaciones de adquisición, tenencia o disposición de bienes o derechos en
Colombia por parte de no residentes.

b) Los actos, contratos y operaciones en virtud de los cuales un residente resulte o
pueda resultar acreedor o deudor de un no residente y los actos de disposición sobre
los derechos u obligaciones derivados de aquéllos.

c) La tenencia, adquisición o disposición de activos en divisas por parte de
residentes o, cuando se trate de no residentes, la tenencia, adquisición o disposición
de activos en moneda legal colombiana.

d) Las entradas o salidas del país de divisas o moneda legal colombiana y de títulos
representativos de las mismas. e) Los actos en virtud de los cuales se produzca la
extinción de obligaciones entre residentes y no residentes […]”.

“[…] Artículo 1. Operaciones de cambio. Defínese como operaciones de cambio
todas las comprendidas dentro de las categorías señaladas en el artículo 4 de la Ley
9a. de 1991, y específicamente las siguientes:

1. Importaciones y exportaciones de bienes y servicios;

2. Inversiones de capitales del exterior en el país;

3. Inversiones colombianas en el exterior;

29
“Por la cual se dictan normas generales a las que deberá sujetarse el Gobierno Nacional
para regular los cambios internacionales y se adoptan medidas complementarias”.
30
“Por el cual se dictan normas en materia de cambios internacionales”.

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4. Operaciones de endeudamiento externo celebradas por residentes en el país;

5. Todas aquellas que impliquen o puedan implicar pagos o transferencias de
moneda extranjera entre residentes y no residentes en el país;
6. Todas las operaciones que efectúen residentes en el país con residentes en el
exterior que impliquen la utilización de divisas, tales como depósitos y demás
operaciones de carácter financiero en moneda extranjera;

7. Las entradas o salidas del país de moneda legal colombiana y de títulos
representativos de la misma, y la compra en el exterior de moneda extranjera con
moneda legal colombiana o títulos representativos de la misma;

8. Las operaciones en divisas o títulos representativos de las mismas que realicen el
Banco de la República, los intermediarios del mercado cambiario y los demás
agentes autorizados, con otros residentes en el país […]” (Destacado fuera de texto).

61. Visto el artículo 4 del Decreto ejusdem, sobre la negociación de divisas, se
estableció que solamente las operaciones de cambio que allí se enumeraban
debían ser canalizadas a través del mercado cambiario; entre ellas, la
importación y exportación de bienes y las operaciones de endeudamiento
celebradas por residentes en el país, así:

“[…] Artículo 4. Negociación de divisas. Únicamente las operaciones de cambio
que a continuación se indican, deberán canalizarse a través del mercado
cambiario:

1. Importaciones y exportaciones de bienes31;

2. Operaciones de endeudamiento celebradas por residentes en el país, así
como los costos financieros inherentes a las mismas;

3. Inversiones de capital del exterior en el país, así como los rendimientos asociados
a las mismas;

4. Inversiones de capital colombiano en el exterior, así como los rendimientos
asociados a las mismas;

5. Inversiones financieras en títulos emitidos o en activos radicados en el exterior así
como los rendimientos asociados a las mismas, salvo cuando las inversiones se
efectúen con divisas provenientes de operaciones que no deban canalizarse a través
del mercado cambiario;

6. Avales y garantías en moneda extranjera;

7. Operaciones de derivados y operaciones peso-divisas […]” (Destacado fuera de
texto).

31
La normativa no impone la obligación de canalizar divisas relacionadas con la adquisición
de servicios.

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62. Del contenido de las normas citadas supra, la Sala puede determinar lo
siguiente: i) las operaciones de cambio sujetas a canalización a través del mercado
cambiario están señaladas en la ley; ii) se considera operación de cambio
únicamente las que se realizan entre una persona natural o jurídica que resida o
tenga su domicilio en el territorio nacional y una persona natural o jurídica con
residencia o domicilio fuera de Colombia; y iii) las negociaciones relacionadas con
la prestación de servicios no se deben canalizar a través del mercado cambiario,
mientras que la importación y exportación de bienes y las operaciones de
endeudamiento, así como los costos financieros inherentes a las mismas, sí están
sujetas a canalización.

63. En Colombia, para la época de los hechos bajo examen, el régimen de
importaciones estaba reglamentado en el Decreto núm. 2685 32 de 28 de diciembre
de 1999 33 , sobre la legislación aduanera; mientras que lo relacionado con el
régimen cambiario se encontraba regulado: i) en el Decreto núm. 1735 de 1993; ii)
la Resolución Externa núm. 8 de 5 de mayo de 2000; y iii) la Circular
Reglamentaria núm. DCIN 83 de 16 de diciembre de 2004, sobre los
procedimientos aplicables a las operaciones de cambio; ambas del Banco de la
República.

64. En lo que interesa al proceso, visto el artículo 1 de la Resolución Externa
núm. 8 de 2000, se define la declaración de cambio como “[…] la información de
los datos mínimos de las operaciones de cambio canalizadas por conducto del
mercado cambiario, suministrada por los residentes y no residentes que realizan
las operaciones de cambio y transmitida al Banco de la República por los
intermediarios del mercado cambiario y los titulares de cuentas de compensación
[…]”.

65. Visto el artículo 2 ibídem, los usuarios del mercado cambiario tienen
prohibido: i) canalizar sumas superiores o inferiores a las que efectivamente
recibieron: y, ii) hacer giros por montos diferentes a las obligaciones que se hayan
contraído en el exterior; sin embargo, la norma permite canalizar sumas diferentes

32
Derogado por el artículo 774 del Decreto núm. 1165 de 2 de julio de 2019, “por el cual se dictan
disposiciones relativas al Régimen de Aduanas en desarrollo de la Ley 1609 de 2013”: “[…] Artículo 774.
Derogatorias. A partir de la entrada en vigencia del presente decreto, quedan derogadas las siguientes
disposiciones: el Decreto 2685 de 1999; el Decreto 390 de 2016 con excepción del primer inciso del artículo
675; los Títulos II y III del Decreto 2147 de 2016; el Decreto 349 de 2018 […]” (Destacado de la Sala).
33
“Por el cual se modifica la Legislación Aduanera”.

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al valor de la operación que sea de obligatoria canalización, siempre que la
diferencia se dé por una causa justificada. La norma indica:

“[…] Artículo 2. Diferencias. No podrán canalizarse a través del mercado
cambiario sumas superiores o inferiores a las efectivamente recibidas, ni
efectuarse giros por montos diferentes a las obligaciones con el exterior.
Podrán canalizarse a través del mercado cambiario sumas diferentes al valor de
las operaciones de cambio obligatoriamente canalizables, siempre y cuando
estas diferencias se presenten por causas justificadas […]” (Destacado fuera de
texto).

66. Visto que el artículo 6 de la Resolución Externa núm. 8 de 2000, dispone
que el mercado cambiario “[…] está constituido por la totalidad de las divisas
que deben canalizarse obligatoriamente por conducto de los intermediarios
autorizados para el efecto o a través del mecanismo de compensación previsto en
esta resolución […]”; y que el artículo 7 de la misma resolución relaciona en los
numerales 1.° y 2.° la exportación e importación de bienes; y las operaciones de
endeudamiento externo celebradas por residentes en el país, así como los costos
financieros inherentes a las mismas, como operaciones de cambio que se deben
canalizar obligatoriamente a través del mercado cambiario. La norma establece:

“[…] Artículo 7. Operaciones. Las siguientes operaciones de cambio deberán
canalizarse obligatoriamente a través del mercado cambiario:

1. Importación y exportación de bienes.

2. Operaciones de endeudamiento externo celebradas por residentes en el país, así
como los costos financieros inherentes a las mismas.

3. Inversiones de capital del exterior en el país, así como los rendimientos asociados
a las mismas.

4. Inversiones de capital colombiano en el exterior, así como los rendimientos
asociados a las mismas.

5. Inversiones financieras en títulos emitidos y en activos radicados en el exterior, así
como los rendimientos asociados a las mismas, salvo cuando las inversiones se
efectúen con divisas provenientes de operaciones que no deban canalizarse a través
del mercado cambiario.

6. Avales y garantías en moneda extranjera.

7. Operaciones de derivados […]” (Destacado fuera de texto).

67. Considerando que el artículo 9 de la Resolución Externa núm. 8 de 2000,
sobre el pago de obligaciones contraídas en operaciones realizadas en el mercado
cambiario, establece que: “[…] Las divisas para el pago de obligaciones
provenientes de operaciones de cambio del mercado cambiario deben canalizarse

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por conducto de los intermediarios autorizados para el efecto o a través del
mecanismo de compensación previsto en esta resolución […]”; y que el artículo
10.° ibídem sobre la canalización, determina que “[…] Los residentes deberán
canalizar a través del mercado cambiario los pagos para cancelar el valor de sus
importaciones. Las importaciones podrán estar financiadas por los intermediarios
del mercado cambiario, el proveedor de la mercancía y otros no residentes […]”
(Destacado fuera de texto).

68. En armonía con lo anterior, el numeral 4 de la Circular Reglamentaria
Externa núm. DCIN 083 de 2004, sobre las exportaciones de bienes, regula que:

“[…] Los exportadores de bienes deberán diligenciar la declaración de cambio por
exportaciones de bienes (Formulario No. 2) en el momento de reintegrar las divisas,
bien sea mediante su venta a los intermediarios del mercado cambiario o su
consignación en las cuentas corrientes de compensación, utilizando el numeral
cambiario que corresponda, de acuerdo con las instrucciones establecidas para el
diligenciamiento de la misma.

En la declaración de cambio, los exportadores dejarán constancia de los datos
relativos a la (s) declaración (es) de exportación definitiva (s), cuando estén
disponibles en la fecha del reintegro de las divisas, así como de los valores
efectivamente reintegrados, de los gastos en que se haya incurrido y de las
deducciones acordadas, si las hubiera. Tal información no será procesada ni remitida
al Banco de la República, pero deberá conservarse para cuando sea requerida por
las autoridades de control y vigilancia. De no estar disponibles en esa fecha, una vez
se cuente con ellos, los exportadores deberán informar los datos al intermediario del
mercado cambiario a través del cual se realizó la operación dentro de los quince (15)
días hábiles siguientes a la fecha en que obtengan la declaración de exportación
definitiva y conservar copia de los mismos en sus archivos. Cuando la operación se
canalice a través de cuentas de compensación, tales documentos deberán
conservarse anexos a la declaración de cambio para cuando los requieran las
autoridades de control y vigilancia […]”

69. De acuerdo con lo expuesto, se puede determinar lo siguiente:

i) Las infracciones al régimen aduanero están determinadas en una normativa
autónoma y difieren de las previstas para el régimen cambiario; sin embargo,
puede acontecer que la violación de las primeras, implique la vulneración de las
segundas, circunstancia que le permite a la DIAN adelantar actuaciones
administrativas de manera independiente contra el infractor e imponerle las
sanciones que prevea cada uno de los regímenes citados supra; sin que por tal
circunstancia pueda entenderse transgredido el principio a la non bis in idem

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ii) El régimen cambiario colombiano prohíbe a los exportadores realizar pagos por
sumas inferiores a las obligaciones que hayan contraído en el exterior; así, cuando
se exporten bienes y para para ese fin se haya celebrado una operación de
endeudamiento externo por un residente en el país, es un deber del exportador
canalizar las divisas a través del mercado cambiario, lo contrario implica una
violación del régimen cambiario.

iii) La ley permite que la financiación o crédito para la exportación de bienes pueda
ser otorgada directamente por el proveedor en el extranjero, sin embargo, estas
operaciones deben ser informadas al Banco de la República por intermedio de los
intermediarios cambiarios34.

70. Visto el artículo 3 del Decreto núm. 1092 de 21 de junio de 1996 35 ,
modificado por el artículo 1 del Decreto núm. 1074 de 26 de junio de 1999 36 ,
sobre las sanciones, constituyen infracciones al régimen cambiario, las siguientes:

“[…] ARTÍCULO 1. El artículo 3o. del Decreto-ley 1092 de 1996 quedará así:

"Artículo 3o. Sanción. Las personas naturales o jurídicas y entidades que infrinjan el
Régimen Cambiario en operaciones cuya vigilancia y control sea de competencia de
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, serán sancionadas con la
imposición de multa que se liquidará de la siguiente forma:

"Declaración de cambio.

"a) Por no presentar la declaración de cambio, o el documento que haga sus veces,
se impondrá una multa del uno por ciento (1%) del valor de cada operación no
declarada, sin exceder de cien (100) salarios mínimos legales mensuales por cada
operación no declarada;

"b) Por no exhibir cuando la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales lo exija o
no conservar la declaración de cambio, o el documento que haga sus veces, o los
documentos que acrediten el monto, origen y destino de las divisas y demás
condiciones de la operación, se impondrá una multa de cinco (5) salarios mínimos
legales mensuales;

"c) Por presentar extemporáneamente la declaración de cambio, o el documento que
haga sus veces, se impondrá una multa de dos (2) salarios mínimos legales
mensuales por mes o fracción de mes de retardo, sin exceder de diez (10) salarios
mínimos legales mensuales;

34
Circular Externa núm. DCIN 083 de 2004: “[…] 5.1.2. Información de endeudamiento
externo otorgado a residentes. El endeudamiento externo otorgado a residentes y los
créditos regulados en el artículo 45 de la R.E 8/00 J.D, deberán informarse al BR a través
de los IMC […]” (Destacado de la Sala)
35
“Por el cual se establece el Régimen Sancionatorio y el Procedimiento Administrativo
Cambiario a seguir por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN”.
36
“por el cual se establece el Régimen Sancionatorio aplicable a las infracciones cambiarias
en las materias de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN”.

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"d) Por presentar la declaración de cambio, o el documento que haga sus veces, con
datos falsos, equivocados, incompletos o desfigurados, se impondrá una multa de
cinco (5) salarios mínimos legales mensuales por cada operación.

No habrá infracción cambiaria cuando se trate de errores cuya aclaración o
actualización en la declaración de cambio sea permitida por el Régimen Cambiario.

"Operaciones canalizables a través del mercado cambiario.

"e) Por no canalizar a través del mercado cambiario el valor de las operaciones
obligatoriamente canalizadas definidas en el Régimen Cambiario y cuya vigilancia y
control sea de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, se
impondrá una multa del doscientos por ciento (200%) del monto dejado de canalizar;

"f) Por canalizar a través del mercado cambiario un valor inferior al consignado en los
documentos de aduana se impondrá una multa del doscientos por ciento (200%) de
la diferencia entre el valor canalizado y el consignado en los documentos de aduana.

No habrá infracción cambiaria en el evento de canalizarse valores inferiores a los
consignados en la declaración aduanera de importación o de exportación si el
investigado prueba que el valor de la obligación es el efectivamente canalizado.

"g) Por no canalizar a través del mercado cambiario el valor real de la operación
efectivamente realizada, se impondrá una multa del doscientos por ciento (200%) de
la diferencia entre el valor canalizado y el valor real de la operación establecido por
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

"Operaciones indebidamente canalizadas a través del mercado cambiario.

"h) Por canalizar a través del mercado cambiario como importaciones o
exportaciones de bienes, o como financiación de éstas o aquéllas, montos que
no se deriven de las mencionadas operaciones obligatoriamente canalizables,
la multa será del doscientos por ciento (200%) del valor canalizado;

"i) Por canalizar a través del mercado cambiario un valor superior al consignado en
los documentos de aduana, se impondrá una multa del doscientos por ciento (200%)
de la diferencia entre el valor canalizado y el consignado en los documentos de
aduana;

"j) Por canalizar a través del mercado cambiario el valor consignado en los
documentos de aduana cuando este valor sea superior al valor real de la operación,
se impondrá una multa del doscientos por ciento (200%) de la diferencia entre el
valor canalizado y el valor real de la operación establecido por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales […]”. (Destacado fuera de texto).

71. Como se observa en la norma transcrita, una de las infracciones cambiarias
que da lugar a la imposición de sanción se refiera consiste en canalizar a través del
mercado cambiario como importaciones o exportaciones de bienes, o como
financiación de éstas o aquéllas, montos que no se deriven de las mencionadas
operaciones obligatoriamente canalizables, casos en que la multa será del
doscientos por ciento (200%) del valor canalizado.

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72. Dicho lo anterior, cobra especial relevancia el artículo 4 de la Resolución
Externa núm. 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República, sobre
sanciones, en cuanto señala: “[…] Quien incumpla cualquier obligación establecida
en el régimen cambiario, se hará acreedor a las sanciones previstas en las normas
legales pertinentes, sin perjuicio de las sanciones tributarias, aduaneras y penales
aplicables […]; es decir, únicamente serán objeto de sanción aquellas conductas o
hechos constitutivos de la infracción cambiaria.

Prescripción de la acción sancionatoria

73. Visto el artículo 4 del Decreto núm. 1092 de 1996, sobre la prescripción de
la acción sancionatoria, señala lo siguiente: i) para que la U.A.E. DIAN pueda
imponer una sanción cambiaria, debe formular previamente pliego de cargos en
contra del presunto infractor; ii) el pliego de cargos se debe notificar dentro de los 3
años siguientes a la fecha en que ocurrió el hecho o hechos constitutivos de la
infracción; y, iii) dentro del año siguiente a la fecha en que haya vencido la
oportunidad para dar respuesta al pliego de cargos debe expedir y notificar la
resolución sancionatoria.

“[…] Artículo 4. Prescripción de la acción sancionatoria. La imposición de
sanciones cambiarias requiere la formulación previa de un pliego de cargos a
los presuntos infractores, el cual deberá notificarse dentro de los tres (3) años
siguientes a la fecha en que ocurrieron los hechos constitutivos de infracción.

En las infracciones continuadas el anterior término se contará a partir de la
ocurrencia del último hecho constitutivo de la infracción.

Dentro del año siguiente al vencimiento del término de respuesta al pliego de
cargos, deberá expedirse y notificarse la resolución sancionatoria, previa la
práctica de las pruebas a que hubiere lugar.

La prescripción podrá decretarse de oficio a solicitud del investigado […]” (Destacado
fuera de texto).

74. Atendiendo la norma transcrita es posible determinar que la acción
sancionatoria cambiaria prescribe en dos momentos procesales distintos: i) cuando
transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente a la fecha en que
ocurrieron los hechos constitutivos de la infracción, la U.A.E. DIAN no ha notificado
al infractor el pliego de cargos; y, ii) cuando transcurrido un año, contado desde el
día siguiente a la oportunidad para dar respuesta al pliego de cargos, la U.A.E.
DIAN no ha notificado la resolución sancionatoria.

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Acervo y análisis probatorio

75. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio para, posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.

76. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas solicitadas,
decretadas y recaudadas, en primera instancia, de conformidad con las reglas de
la sana crítica y en los términos del artículo 176 de la Ley 1564, aplicando para ello
las reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere
para efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los
problemas jurídicos planteados en el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante.

77. La Sala procede a pronunciarse sobre los argumentos expuestos por la
parte demandada en el recurso de apelación, de acuerdo con el problema jurídico
indicado supra.

Análisis del caso concreto

78. La Sala, por razones de metodología, analizará los argumentos del recurso
de apelación interpuesto por la parte demandante, como se indica a continuación:
i) prescripción de la acción sancionatoria cambiaria; ii) caso fortuito y; iii) ausencia
de adecuación típica.

79. En el presente asunto se encuentran acreditados los siguientes hechos:

80. El 15 de junio de 2005, la parte demandante presentó ante el Banco de
Occidente el formulario núm. 2 (Declaración de cambio por exportación de bienes)
con el fin de perfeccionar el reintegro anticipado de divisas por USD 31.300 37. Obra
soporte de la transferencia de fondos realizada por el Ocean Bank de Miami

37
Folio 20 del Tomo I del cuaderno de antecedentes administrativos.

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(cliente ordenante C.I. INTERVISUAL S.A.) al Banco de Occidente (cliente
beneficiario C.I KELLY S.A.)38.

81. El 14 de octubre de 2005, la parte demandante presentó ante el Banco de
Occidente el formulario núm. 6 de Información de Endeudamiento Externo
otorgado a residentes con el fin de registrar el anticipo de exportación por USD
31.300, efectuado el 15 de Junio de 200539. En el formulario núm. 6 obra como
prestamista o acreedor la empresa Intervisual, código del préstamo 8, número de
préstamo 0202350780, el documento de transporte es del 15 de junio de 2005 y el
plan de amortizaciones con fecha 2006-04.

82. En esa oportunidad también se radicó el formulario núm. 6 de
endeudamiento externo otorgado a residentes, con el mismo número de préstamo,
la parte demandante figura como deudor y como prestamista (otros residentes en
el exterior) y en el código propósito del préstamo figura el código 8 (anticipo de
exportaciones-bienes de utilización inmediata) por el valor de USD 31.300, la
fecha del documento de transporte es el 2005-06-15 y el plan de amortización
fechado 2006-0440.

83. El 27 de abril de 2006, la parte demandante radicó ante el Banco de
Occidente el formulario núm. 6 de Información de Endeudamiento Externo
otorgado a residentes con el fin de registrar prórroga del anticipo de exportación
por USD 31.300, efectuado el 15 de Junio de 200541. En el formulario núm. 6 no
obra diligenciada la información del prestamista o acreedor, corresponde a la
operación núm. 2 (modificación), número de préstamo 02023507800 y el plan de
amortizaciones con fecha 2007-01.

84. En esa oportunidad también se radicó el formulario núm. 6 de
endeudamiento externo otorgado a residentes, con el mismo número de préstamo
y el plan de amortización fechado 2007-0142.

85. El 30 de enero de 2007, la parte demandante radicó ante el Banco de
Occidente el formulario núm. 6 de Información de Endeudamiento Externo
otorgado a residentes con el fin de registrar prórroga del anticipo de exportación
38
Folios 21 del Tomo I del cuaderno de antecedentes administrativos.
39
Folio 22 del Tomo I del cuaderno de antecedentes administrativos.
40
Folio 24 del Tomo I del cuaderno de antecedentes administrativos.
41
Folio 26 del Tomo I del cuaderno de antecedentes administrativos.
42
Folio 24 del Tomo I del cuaderno de antecedentes administrativos.

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por USD 31.300, efectuado el 15 de Junio de 2005 43. En el formulario núm. 6 no
obra diligenciada la información del prestamista o acreedor, corresponde a la
operación núm. 2 (modificación), número de préstamo 02023507800 y el plan de
amortizaciones con fecha 2007-07.

86. El 27 de julio de 2007, la parte demandante radicó ante el Banco de
Occidente el formulario núm. 6 de Información de Endeudamiento Externo
otorgado a residentes con el fin de registrar prórroga del anticipo de exportación
por USD 31.300, efectuado el 15 de Junio de 200544. En el formulario núm. 6 no
obra diligenciada la información del prestamista o acreedor, corresponde a la
operación núm. 2 (modificación), número de préstamo 02023507800 y el plan de
amortizaciones con fecha 2008-02.

87. Respecto a la operación por USD$25.320 se encuentra acreditado lo
siguiente:

88. El 23 de junio de 2005 se realizó una transferencia de fondos (USD
$25.320), en la que actuó como cliente ordenante la parte demandante, entidad
ordenante Banco Colpatria (Cayman) y cliente beneficiario C.I Kelly S.A.45

89. El 24 de julio de 2005, la parte demandante radicó en el Banco de Occidente
una solicitud con el fin de perfeccionar el reintegro anticipado de divisas por USD
$25.320 para lo cual adjuntó el formulario núm.2 (Declaración de Cambio por
Exportación de Bienes), la declaración corresponde a la núm. 005, el exportador es
C.I. KELLY S.A, la declaración de exportación definitiva es la 1050 (casilla 18.
Numeral 1050), el valor reintegrado es de US. 25.320, condiciones de pago 100% y
las condiciones de despacho son de 90 a 120 aproximadamente.

90. El 24 de octubre de 2005, la parte demandante radicó ante el Banco de
Occidente el formulario núm. 6 de Información de Endeudamiento Externo
otorgado a residentes con el fin de registrar el anticipo de exportación por USD
25.320, efectuado el 24 de Junio de 200546. En el formulario núm. 6 obra como
prestamista Intervisual en USA, código propósito el préstamo núm. 8, fecha del
documento de transporte 2005-06-24, plan de amortización de fecha 2006-05 y

43
Folio 26 del Tomo I del cuaderno de antecedentes administrativos.
44
Folio 32 del Tomo I del cuaderno de antecedentes administrativos.
45
Folio 28 del Tomo I del cuaderno de antecedentes administrativos.
46
Folio 39 del Tomo I del cuaderno de antecedentes administrativos.

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código del préstamo 02023507874. En el formulario figura como deudor la parte
demandante, como acreedor otros residentes en el exterior (USA), figura como
propósito del préstamo el código 8 (anticipo de exportación de bienes de utilización
inmediata) y fecha del documento de transporte 2005-06-24. La fecha del plan de
amortización corresponde al 2006-5.

91. El 26 de mayo de 2006, la parte demandante radicó ante el Banco de
Occidente el formulario núm. 6 de Información de Endeudamiento Externo
otorgado a residentes con el fin de registrar prórroga del anticipo de exportación
por USD 25.320, efectuado el 24 de Junio de 200547. En el formulario núm. 6 no
obra diligenciada la información del prestamista o acreedor, corresponde a la
operación núm. 2 (modificación), número de préstamo 02023507874 y el plan de
amortizaciones con fecha 2006-12.

92. El 28 de diciembre de 2006, la parte demandante radicó ante el Banco de
Occidente el formulario núm. 6 de Información de Endeudamiento Externo
otorgado a residentes con el fin de registrar prórroga por el anticipo de exportación
por USD 25.320, efectuado el 24 de Junio de 200548. En el formulario señalado no
figura el nombre de la empresa prestamista, ni el código propósito el préstamo, sin
fecha del documento de transporte, plan de amortización de fecha 2007-05 y
código del préstamo 02023507874; tipo de operación núm. 2 (modificación).

93. El 30 de mayo de 2007, la parte demandante radicó ante el Banco de
Occidente el formulario núm. 6 de Información de Endeudamiento Externo
otorgado a residentes con el fin de registrar prórroga por el anticipo de exportación
por USD 25.320, efectuado el 24 de Junio de 200549. En el formulario señalado no
obra diligenciada la información del prestamista o acreedor, corresponde a la
operación núm. 2 (modificación), número de préstamo 02023507874 y el plan de
amortizaciones con fecha 2007-12.

94. El 9 de enero de 2009, la parte demandante presentó ante el Banco de
Occidente el formulario núm. 6 de Información de Endeudamiento Externo
otorgado a residentes con el fin de registrar prórrogas por los anticipos de
exportación por USD 31.300, efectuado el 15 de Junio de 2005 50. En la Casilla IX

47
Folio 43 del Tomo I del cuaderno de antecedentes administrativos.
48
Folio 46 del Tomo I del cuaderno de antecedentes administrativos.
49
Folio 49 del Tomo I del cuaderno de antecedentes administrativos.
50
Folio 18 del Tomo I del cuaderno de antecedentes administrativos.

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del plan de amortización se registra la fecha del 2010-12 y por valor de la moneda
contratada USD 31.300. El otro formulario de prórroga es por el valor de USD
25.320, efectuado el 24 de junio de 2005. En la Casilla IX del plan de amortización
se registra la fecha del 2010-12. En los formularios la identificación del declarante
firma la señora Ana Milena Lemos identificada con el núm. de cédula 21.069.915
en representación de la parte demandante51.

95. En los Certificados de Existencia y Representación Legal de 25 de enero de
2011 y de 7 de marzo de 2014, consta que se embargó el establecimiento de
Comercio C.I. KELLY S.A. por un proceso de extinción de dominio y lavado de
activos, mediante oficio núm. 4279 de 16 de abril de 2007, expedido por la Fiscalía
Especializada de Bogotá, inscrita el 17 de abril del mismo año 52.

96. Los soportes contables que obran en el expediente no prueban
operaciones de exportación para los años 2005, 2006 y 2007. En el expediente no
obra la declaración de exportación, documento de transporte o factura comercial
relacionados con este tipo de operaciones ni con las declaraciones de cambio núm.
319 de 15 de junio de 2005 y 05 del 24 de junio de 2005.

97. Mediante Resolución núm. 1882416161000015 de 3 de febrero de 2009, el
Jefe de la División de Gestión Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de
Cali canceló la inscripción en el Registro de Sociedades de Comercialización
Internacional a la sociedad C.I. KELLY S.A. por no haber desarrollado durante dos
años consecutivos su objeto social principal y no haber presentado el informe anual
de compras y exportaciones durante dos años consecutivos vigencias 2004-2005,
ni tampoco cumplir con las obligaciones en el año 2006, tipificándose las causales
previstas en los numerales 5 y 6 del artículo 8 del Decreto núm. 1740 de 1994 53.
En el acto se indica que la parte demandante no realizó exportaciones durante los
años 2004-2005.

98. El 20 de febrero de 2009, la Subdirección Seccional de Cali, GIT de Control
Cambiario expidió auto de apertura núm. 086101 contra la parte demandante por
indebida canalización de exportaciones54.

51
Folios 51 a 52 del cuaderno núm. 1 del expediente.
52
Cfr Folio 5 del cuaderno núm.1 del expediente.
53
Folio 34 del cuaderno 3 de antecedentes administrativos.
54
Folios 1 del cuaderno de antecedentes administrativos.

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99. La contabilidad que obra en el expediente no permite corroborar que las
divisas recibidas por anticipos fueron registradas como cuentas por pagar o que se
efectuó la devolución de las mismas. Todos los documentos aluden a hechos,
operaciones, transacciones o negocios efectuados por la firma interesada entre los
años 2003, 2004 y febrero del 2005, con clientes nacionales, en tanto la actividad
de exportación cuya canalización se cuestiona se produjo en junio del año 2005.
No existe soporte alguno de pedidos o documentos cruzados con clientes del
exterior ni con la sociedad C.I Intervisual S.A. que efectuó el anticipo de que trata
la declaración núm. 319 de junio 15 de 2015.

100. El 25 de febrero de 2009, la Jefa del Grupo Interno de Trabajo Control
Cambiario de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de
Aduanas de Cali expidió el acto de formulación de cargos núm. 1-88-238-423-
3010075 contra la parte demandante55.

101. El 3 de marzo de 2009 fue recibido por la parte demandante la notificación
del acto de formulación de pliego de cargos como se evidencia en el certificado
1006675660 expedido por Servientrega S.A56.

102. El 14 de abril de 2009, la empresa BLACKSHIRT CORP señaló que
recibieron la cesión de acreencias de las sociedades CONFETTI EMBORDERY IN.
Y ENGLISH & INGRAM, CORP con la Empresa C.I KELLY S.A. de Cali – Colombia
por valor de 56,620 dólares y el suministro de camisetas tipo polo desde Colombia.

103. El objeto social de la parte demandante como sociedad de comercio
internacional era la realización de operaciones comercio exterior (Exportaciones)
según el Registro de Exportaciones de Bienes y Servicios y el Certificado de
Cámara y Comercio57.

104. De las pruebas que obran en el expediente, esta Sala concluye que: i) no
existe prueba de la realización de las exportaciones con cargo a las declaraciones
de cambio núm. 319 del 16 de junio de 2005 y 5 del 24 de junio de 2005; ii) no obra
prueba alguna que demuestre el cumplimiento de la obligación de devolver las
divisas recibidas por anticipo de futuras exportaciones, dada la no realización de

55
Folios 16 del cuaderno de antecedentes administrativos.
56
Folio 116 del cuaderno de antecedentes administrativos.
57
Folio 45 del cuaderno de antecedentes administrativos, tomo III.

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las misma y, iii) la parte demandante recibió unas divisas sin lograr demostrar que
las mismas tenían por objeto la realización de unas exportaciones.

Prescripción de la acción sancionatoria cambiaria

105. La parte demandante señaló en el recurso de apelación que el pliego de
cargos fue notificado de forma extemporánea al no haberse realizado dentro los
tres años siguientes contados a partir de la ocurrencia de los hechos sancionados
conforme al artículo 4 del Decreto núm. 1092 de 1996.

106. Adujo que frente a las declaraciones de cambio núm. 319 de 15 de junio de
2005 y 05 del 24 de junio de 2005 los tres años de que habla la norma
transcurrieron hasta el 15 de junio de 2008 y hasta el 24 de junio de 2008,
respectivamente, y el acto de formulación de cargos fue notificado el 3 de marzo de
2009, es decir, por fuera del tiempo previsto en la norma.

107. Con el fin de determinar si tuvo ocurrencia la prescripción de la acción
sancionatoria por infracción cambiaria según las condiciones previstas en el
artículo 4 del Decreto núm. 1092 de 1996, por el cual se establece el régimen
sancionatorio y el procedimiento administrativo cambiario a seguir por la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, se considera lo siguiente:

108. Atendiendo el artículo 4 del Decreto núm. 1092 de 1996, el pliego de cargos
a los presuntos infractores deberá notificarse dentro de los tres (3) años siguientes
a la fecha en que ocurrieron los hechos constitutivos de infracción y para el caso
de las infracciones continuadas el anterior término se contará a partir de la
ocurrencia del último hecho constitutivo de la infracción.

109. Vistos los artículos 14 y 15 del Decreto núm. 12 del Decreto ibidem, el pliego
de cargos debe notificarse por correo o personalmente:

“[…] ARTICULO 14. FORMAS DE NOTIFICACION. Las citaciones, los actos de
formulación de cargos, los actos de pruebas y los que resuelvan el recurso de
reposición contra estos últimos, las resoluciones de terminación de la actuación
administrativa cambiaría expedidas con posterioridad al pliego de cargos y las
resoluciones que impongan sanciones deben notificarse por correo o personalmente.

La resolución que decida el recurso de reposición que procede contra la resolución
sancionatoria se notificará personalmente o por Edicto, si el recurrente no

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compareciera dentro del término de los diez (10) días siguientes, contados a partir de
la fecha e introducción al correo del aviso de citación.

ARTICULO 15. NOTIFICACION POR CORREO. La notificación por correo se
practicará mediante envío de una copia del acto correspondiente a la dirección
determinada, conforme a los artículos 12 y 13 de este Decreto, y se entenderá
surtida en la fecha de introducción al correo.” (La frase tachada fue declarada
inexequible en sentencia C-317 de 8 de abril de 2003) […]”.

110. De este modo, el aludido artículo 4 establece dos términos de prescripción,
uno inicial de 3 años que se interrumpe con la notificación del pliego de cargos, y
otro subsidiario de un año, que empieza a correr a partir del vencimiento del
término para responder al pliego de cargos y se interrumpe con la notificación de la
resolución sancionatoria.

111. El artículo 4 se debe entender en su tenor literal y por ende lo que se ha de
tener en cuenta son las fechas en que ocurrieron los hechos o cesó la conducta
sancionable y la fecha en que se haya surtido efectivamente la notificación del
pliego de cargos o de la resolución que ponga fin a la respectiva actuación
administrativa, según el caso.

112. En el caso sub examine, la parte demandada adujo que no tuvo ocurrencia
ese fenómeno jurídico, debido a que el hecho constitutivo de la infracción no
corresponde a la simple presentación de la declaración de cambio si no que esta
se produzca por un monto no derivado de una operación de exportación
obligatoriamente canalizable. Es así como concluyó, que cumplido el plazo de la
prórroga para exportar sin que se advierta el cumplimiento de la obligación, ni
modificación alguna al plan de endeudamiento externo, ni la devolución de las
divisas al comprador del exterior, la canalización que se produjo con las
declaraciones de cambio investigadas cobran el carácter de indebido, hecho que
configura la infracción cambiaria impuesta y objeto de la presente investigación. En
consecuencia, la fecha cierta según la parte demandada corresponde a las fechas
de modificación al plan de endeudamiento externo que se observan en las últimas
prórrogas de diciembre de 2007 y febrero de 2008, lo que permite establecer con
certeza que el acto de formulación de cargos núm. 0075 de 25 de febrero de 2009,
notificado el 03 de marzo de 2009, se produjo dentro de la oportunidad legal, por lo
que no ha operado la prescripción alegada.

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113. Sobre el particular, atendiendo el artículo 7 de la de la Resolución Externa
núm. 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República visto supra, las
operaciones de cambio de importación y exportación y las operaciones de
endeudamiento externo celebradas por residente del país, deberán canalizarse
obligatoriamente a través del mercado cambiario. Para el efecto, se presentará la
declaración de cambio en formularios debidamente diligenciados, donde se
consignará la información sobre el monto, características y demás condiciones de
la operación, en los términos que determine el Banco de la República.

114. Así, los residentes en el país y los residentes en el exterior que efectúen en
Colombia operaciones de cambio entre las que se encuentra la exportación de
bienes, deberán presentar la declaración de cambio y canalizar a través del
mercado cambiario los pagos para cancelar el valor de sus exportaciones, cuyo
monto no puede ser superior o inferior a la obligación contraída con el exterior, así
como también informar al intermediario bancario los datos relativos a la declaración
de exportación, para legalizar el anticipo efectuado mediante las declaraciones de
cambio presentadas conforme a los artículos 1 a 10 de la Resolución Externa núm.
8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República.

115. A su turno, el numeral 4.° de la Circular reglamentaria Externa DCIN 83 de
16 de diciembre de 2004 vista supra, dispone que los exportadores de bienes
deberán diligenciar la declaración de cambio por dicho concepto (formulario núm.
2) en el momento de reintegrar las divisas, bien sea mediante su venta a los
intermediarios del mercado cambiario o su consignación en las cuentas corrientes
de compensación, utilizando el numeral cambiario que corresponda, de acuerdo
con las instrucciones establecidas para el diligenciamiento de la misma.

116. En la declaración de cambio, los exportadores dejarán constancia de los
datos relativos a las declaraciones de exportación definitivas, cuando estén
disponibles en la fecha del reintegro de las divisas, así como de los valores
efectivamente reintegrados, de los gastos en que se haya incurrido y de las
deducciones acordadas, si las hubiera. Tal información no será procesada ni
remitida al Banco de la República, pero deberá conservarse para cuando sea
requerida por las autoridades de control y vigilancia. De no estar disponibles en
esa fecha, una vez se cuente con ellos, los exportadores deberán informar los

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datos al intermediario del mercado cambiario a través del cual se realizó la
operación dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que se
obtengan la declaración de exportación definitiva y conservar copia de los mismos
en sus archivos.

117. Ahora bien, el numeral 4.3.1. de la de la Circular reglamentaria Externa
DCIN núm. 83 de 16 de diciembre de 2004, señala que las divisas recibidas por los
exportadores sobre futuras exportaciones de bienes, no pueden generar para el
exportador obligación diferente a la entrega de la mercancía. La correspondiente
exportación deberá efectuarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la
canalización de las divisas en el mercado cambiario. La declaración de cambio que
se presente y suscriba en el momento de reintegrar las divisas, deberá contener
las condiciones de pago y de despacho de la mercancía.

118. Si el plazo para efectuar la exportación es superior al señalado en el párrafo
anterior, el anticipo constituye una operación de endeudamiento externo. Dicha
operación debe ser informada al Banco de la República en los términos señalados
en el punto 5.1 de esta circular, por conducto de un intermediario del mercado
cambiario. El informe deberá presentarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes
a la fecha de la canalización de las divisas al mercado cambiario, diligenciando
para el efecto el Formulario No. 6 “Información de endeudamiento externo otorgado
a residentes.

119. De otra parte, aquellos exportadores que por causas excepcionales ajenas a
su voluntad no hayan podido realizar la correspondiente exportación dentro de los
cuatro (4) meses siguientes a la fecha del reintegro de las divisas, o sólo la hayan
efectuado parcialmente, deberán solicitar al Departamento de Cambios
Internacionales del Banco de la República, autorización para adquirir divisas en el
mercado cambiario por el equivalente a la suma reintegrada como pago anticipado,
o por el remanente una vez descontado el valor efectivamente exportado, con el fin
de devolverlas al exterior. La solicitud deberá indicar el motivo de la devolución, la
actividad del exportador, la clase de mercancía a exportar, el volumen de
exportaciones en dólares de los doce meses anteriores a la solicitud y las
proyecciones para los doce meses siguientes. Así mismo, se deberá acompañar
copia de la declaración de cambio por exportaciones de bienes (Formulario No. 2)
que se diligenció al momento del reintegro de las divisas. No se requerirá

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autorización del Banco de la República cuando se trate de sumas que no
sobrepasen el quince por ciento (15%) del valor reintegrado o cuando el depósito
se encuentre en cero por ciento (0%).

120. Para la Sala conforme a la normatividad anteriormente enunciada, se tiene
que el exportador cuando realiza la canalización de divisas anticipadas, cuenta con
4 meses contados a partir de la fecha de reintegro de las divisas para efectuar la
exportación. Sin embargo, conforme al numeral 4.3.1. de la Circular Reglamentaria
Externa DCIN 83 del 2004, el exportador antes del vencimiento del término
anteriormente aludido, puede informar endeudamiento externo y así pedir la
prórroga de las canalizaciones presentando los respectivos planes de
amortización.

121. Atendiendo el literal h) del artículo 3 del Decreto núm. 1092 de 21 de junio
de 199658, constituye infracción al régimen cambiario por indebida canalización,
canalizar a través del mercado cambiario como importaciones o exportaciones de
bienes, o como financiación de éstas o aquéllas, montos que no se deriven de las
mencionadas operaciones obligatoriamente canalizables cuya multa será del
doscientos por ciento (200%) del valor canalizado.

122. Al respecto, la Sala advierte que el hecho constitutivo de la infracción el cual
corresponde a la acción de haber canalizado indebidamente por el mercado
cambiario unas divisas por lo que corresponde determinar cuándo sucedió.

123. Para la Sala el verbo rector canalizar debe analizarse conjuntamente con la
descripción de la infracción prevista en el literal h), por cuanto tales presupuestos
normativos son los que definen el carácter de indebido de la canalización y en
consecuencia, la autoridad administrativa lo que sanciona son estos hechos
indebidos o ilícitos.

124. En este sentido, el hecho constitutivo de la infracción no corresponde a la
simple presentación de la declaración de cambio si no que esta se produzca por un
monto no derivado de una operación obligatoriamente canalizable, es decir, una
operación de exportación.

58
“Por el cual se establece el Régimen Sancionatorio y el Procedimiento Administrativo
Cambiario a seguir por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN”.

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125. En ese orden, el usuario cambiario o exportador, contaba con cuatro meses
contados a partir de la fecha del reintegro de las divisas para efectuar la
exportación, sin embargo al informar el endeudamiento externo para las
declaraciones de importación investigadas con planes de amortización extendió
claramente el hecho constitutivo de la infracción (prórroga a las dos
canalizaciones), reportando planes de amortización que fueron prorrogados
señalando para cada una de las declaraciones de cambio un plazo máximo de
cumplimiento, así:

126. De la información consignada en el cuadro anterior que resume las pruebas
recaudadas se colige que para el anticipo por valor de USD$ 31.300, el plazo para
realizar la exportación o efectuar la devolución de las divisas giradas por anticipado
era hasta febrero de 2008. Además, para el anticipo por valor de USD$ 25.320, el
plazo para realizar la exportación o efectuar la devolución de las divisas era hasta
diciembre de 2007.

127. Las partes discuten las implicaciones jurídicas de los mismos en cuanto
hace a la oportunidad que tiene la administración para imponer la sanción en
comento, por consiguiente, el problema se contrae a cómo delimitar el término de
prescripción discutido por las partes; problema que fue despejado por la Sala en
sentencia donde se examinó un cargo similar al del sub lite, así:

“[…] De otra parte, el incumplimiento de una obligación sometida a plazo sólo se
configura una vez finalizado el día en que vence el término, es decir, cuando el plazo
se haya extinguido sin que aquélla se hubiere satisfecho, por lo tanto, es al día

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siguiente cuando puede darse como causado el incumplimiento. Mientras el término
esté corriendo, esto es, mientras no se extinga, no hay incumplimiento.

En consecuencia, tratándose del término que tiene la Administración para investigar
y sancionar, si es del caso, el hecho constitutivo del incumplimiento de una
obligación, aquél no puede empezar a correr sino únicamente cuando concluya el
plazo para el obligado. […].”59

128. De este modo, cumplido el plazo de la prórroga para exportar sin que se
advierta el cumplimiento de la obligación, ni modificación alguna al plan de
endeudamiento externo, ni la devolución de las divisas al comprador del exterior, la
canalización que se produjo con las declaraciones de cambio investigadas cobran
el carácter de indebido, hecho que configura la infracción cambiaria impuesta
objeto de la presente investigación.

129. En el caso sub examine, la fecha cierta del hecho constitutivo de la
infracción corresponde a las fechas de vencimiento de la modificación al plan de
endeudamiento externo que se observan en las últimas prórrogas, es decir
diciembre de 2007 y febrero de 2008, de modo que el acto de formulación de
cargos núm. 0075 de 25 de febrero de 2009, notificado el 03 de marzo de 2009, se
produjo dentro de la oportunidad legal (tres años a partir de los hechos), por lo que
no ha operado la figura de la prescripción. En efecto, los hechos constitutivos de
infracción cambiaria se configuraron al finalizar diciembre de 2007 y febrero de
2008 y es desde esta fecha que se contabilizan los 3 años que tiene la
Administración para expedir y notificar el acto de formulación de cargos.

130. Por las razones expuestas, el cargo de nulidad alegado por la parte
demandante no prospera.

De la configuración del caso fortuito

131. La parte demandante manifestó en el recurso de apelación que canalizó los
respectivos valores como anticipos para futuras exportaciones y las prórrogas de
endeudamiento externo que se realizaron a partir de la fecha de la canalización de
las divisas prueban que mi poderdante tenía total intención de realizar las
exportaciones.

59
Sentencia de 21 de septiembre de 2001, expediente núm. 6804, consejero ponente doctor
Manuel Santiago Urueta Ayola.

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132. Adujo que no haber realizado las exportaciones obedeció a un revés
económico de la sociedad la cual se vio agravada con la cancelación de inscripción
en el registro de sociedades de comercialización internacional, sanción impuesta
mediante Resolución núm. 015 de 3 de febrero de 2009, expedida por la parte
demandada, según se evidencia en el registro de Cámara de Comercio de Cali,
situación que no permitió cumplir con el envío de las mercancías al exterior.

133. Expuso que la parte demandada no puede rechazar ni desconocer que
existieron hechos constitutivos de caso fortuito, toda vez que la sociedad actuó de
conformidad con la normatividad cambiaria establecida en la Circular
Reglamentaria Externa DCIN 83 de 2008 "[…] En las situaciones que impidan o
hayan impedido jurídicamente a los deudores el cumplimiento de la obligación de
pago de operaciones de endeudamiento externo (fuerza mayor, caso fortuito,
inexistencia o inexibilidad) no será exigible la canalización del mismo a través del
mercado cambiario […]”.

134. Al respecto, la Sala advierte que la Circular Reglamentaria DCIN 83 del 6 de
febrero de 2008, expedida por la Junta Directiva del Banco de la República, no
hacía referencia al caso fortuito para el momento en que se adelantó la actuación
administrativa que dio origen a los actos acusados expedidos en el año 2010. La
norma señalada en el recurso de apelación sobre el caso fortuito, corresponde al
numeral 5.1.7. de la Circular Reglamentaria DCIN 83 del 24 de febrero de 2011, la
cual señala:

“[…] 5.1.7. Cancelación del endeudamiento externo otorgado a residentes.

Las obligaciones originadas en operaciones de endeudamiento externo se
extinguen mediante la canalización del pago en divisas a través del mercado
cambiario, lo cual se demuestra con el diligenciamiento de las declaraciones de
cambio que los obligados deben presentar ante el IMC que canalice la operación
o ante el BR cuando se efectúe el pago directamente en el exterior por parte del
titular de una cuenta de compensación.
[…]
En las situaciones que impidan o hayan impedido jurídicamente a los
deudores el cumplimiento de la obligación de pago de operaciones de
endeudamiento externo (fuerza mayor, caso fortuito, inexistencia o
inexigibilidad, entre otras), no será exigible la canalización del mismo a
través del mercado cambiario. Estas situaciones deben ser demostradas
ante la autoridad de control y vigilancia del régimen cambiario.

La compensación de obligaciones no es admisible en estas operaciones
[…]”. (Negrillas y subrayas ajenas al texto original)

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135. De este modo, para la Sala no es cierto que la Circular Reglamentaria DCIN
83 del 6 de febrero de 2008 establezca situaciones que impidan o hayan impedido
jurídicamente a los deudores el cumplimiento de la obligación de pago de
operaciones de endeudamiento externo por caso fortuito y que no será exigible la
canalización del mismo a través del mercado cambiario cuando se presente, lo que
torna improcedente el argumento en este aspecto. No obstante lo anterior, por
tratarse de un eximente de responsabilidad propuesto en el recurso de apelación la
Sala se pronunciara de fondo sobre el caso fortuito.

136. En el caso sub examine, la Sala encuentra acreditado que mediante
Resolución núm. 1882416161000015 de 3 de febrero de 2009, el Jefe de la
División de Gestión Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de Cali
canceló la inscripción en el Registro de Sociedades de Comercialización
Internacional a la sociedad C.I. KELLY S.A. por no haber desarrollado durante dos
años consecutivos su objeto social principal y no haber presentado el informe anual
de compras y exportaciones durante dos años consecutivos vigencias 2004-2005,
ni tampoco cumplir con las obligaciones en el año 2006, tipificándose las causales
previstas en los numerales 5 y 6 del artículo 8 del Decreto núm. 1740 de 1994 60.
En el acto textualmente se señaló que no realizó exportaciones durante los años
2004-2005.

137. La Sala considera que dicho acto administrativo se presume legal, por
cuanto no se advierte que se haya desvirtuado su legalidad en un proceso de
nulidad y restablecimiento (no existe constancia en el expediente), de modo que lo
que se extrae de dicho acto administrativo es que durante los años 2004, 2005 y
2006 no desarrolló de forma consecutiva su objeto principal (exportaciones) y no
presentó el informe anual de compras y exportaciones, período de tiempo que
coincide con las operaciones de junio del año 2005, analizadas en este proceso.
En otras palabras, no existan elementos que permitan inferir que la decisión de la
administración no se encuentra motivada para proceder con la cancelación de la
inscripción en el registro, aspecto que es propio de otro proceso judicial en la que
se decida la legalidad de esa decisión de la administración.

138. Además, contrario a lo señalado por la parte demandante, la Sala advierte
que no existen pruebas que permitan determinar la total intención de realizar las

60
Folio 34 del cuaderno 3 de antecedentes administrativos.

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exportaciones, debido a que los registros contables y documentales allegados al
proceso corresponden a ventas nacionales de camisetas y para periodos
anteriores a junio del año 2005, cuando se realizaron las operaciones
cuestionadas, como tampoco existen soportes contractuales que indiquen el
acuerdo de voluntades para realizar exportaciones.

139. En el expediente no se encuentra demostrado el revés económico alegado
por la parte demandante y que este se viera agravado con la cancelación de la
inscripción en el registro (situación que no permitió cumplir con el envío de las
mercancías al exterior), por cuanto no obra prueba de dichos aspectos.

140. Por otra parte, el artículo 64 del Código Civil establece que “[…] Se llama
fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un
naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad
ejercidos por un funcionario público, etc. […]”.

141. De conformidad con la norma transcrita, las características esenciales del
caso fortuito y la fuerza mayor son la imprevisibilidad y la irresistibilidad del hecho.

142. Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia ha realizado el estudio de
estas instituciones jurídicas y, en sentencia de 27 de febrero de 2007 (M.P. Arturo
Solarte Rodríguez) dicha Corporación consideró lo siguiente:

“[…] la fuerza mayor o caso fortuito, por definición legal, es ‘el imprevisto a que no
es posible resistir […] lo que significa que el hecho constitutivo de tal debe ser, por
un lado, ajeno a todo presagio, por lo menos en condiciones de normalidad, y del
otro, imposible de evitar, de modo que el sujeto que lo soporta queda determinado
por sus efectos […]

No se trata entonces, per se, de cualquier hecho, por sorpresivo o dificultoso que
resulte, sino de uno que inexorablemente reúna los mencionados rasgos legales, los
cuales, por supuesto, deben ser evaluados en cada caso en particular -in concreto-,
pues en estas materias conviene proceder con relativo y cierto empirismo, de modo
que la imprevisibilidad e irresistibilidad, in casu, ulteriormente se juzguen con
miramiento en las circunstancias específicas en que se presentó el hecho a calificar,
no así necesariamente a partir de un frío catálogo de eventos que, ex ante, pudiera
ser elaborado en abstracto por el legislador o por los jueces […]”61.

143. No obstante lo anterior, el Consejo de Estado ha distinguido el caso fortuito
de la fuerza mayor, en atención a la interioridad o exterioridad de la actividad.

61
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de 27 de febrero de 2007, Rad.:
73319310300220010001301, Actora: CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE BETANIA S.A. E.S.P., M.P. Arturo Solarte
Rodríguez.

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144. En este sentido, la jurisprudencia de ésta Corporación ha considerado que:
i) el caso fortuito es un suceso interno, que ocurre dentro del campo de actividad
del que causa el daño, mientras que la fuerza mayor es un acaecimiento externo,
ajeno a esa actividad; ii) hay caso fortuito cuando la causa del daño es
desconocida; iii) la esencia del caso fortuito está en la imprevisibilidad, mientras
que la de la fuerza mayor en la irresistibilidad y iv) el caso fortuito está relacionado
con acontecimientos provenientes del hombre, mientras que la fuerza mayor con
hechos producidos por la naturaleza.

145. La Sección Tercera de esta Corporación ha hecho especial énfasis en la
distinción entre caso fortuito y fuerza mayor, basada en el origen de la causa, al
manifestar que “[…] mientras se demuestre por la parte actora que en el ejercicio
de una actividad de las calificadas de riesgo o peligrosas, se le causó un daño que
proviene del ejercicio de aquellas, el caso fortuito no podrá excluir o atenuar la
responsabilidad de la persona pública, ya que se parte de que el evento ocurrido
tiene un origen interno al servicio, la actuación o la obra pública. No ocurre lo
mismo cuando la causal eximente que se alega es la fuerza mayor, cuyo origen es
extraño, externo a la actividad de la administración, el cual sí constituye eximente
de responsabilidad […]”62.

146. En suma, se advierte que el caso fortuito y la fuerza mayor son causales
eximentes de responsabilidad. Sin embargo, ellas se diferencian, en la medida en
que el caso fortuito es un hecho imprevisible, irresistible e interno y la fuerza mayor
es un hecho imprevisible, irresistible y externo63.

147. Sobre la noción de irresistibilidad e imprevisibilidad, esta Corporación ha
indicado lo siguiente:

“[…] Irresistible: esto es que ocurrido el hecho el ofensor se encuentra en tal
situación que no puede actuar sino del modo que lo ha hecho.

Imprevisible: cuando el suceso escapa a las previsiones normales, esto es, que ante
la conducta prudente adoptada por quien lo alega, era imposible pronosticarlo o
predecirlo […]”64.

62
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera; sentencia de 29 de agosto
de 2007; C.P. Ruth Stella Correa Palacio; número único de radicación 15001233100019940469101[…]”.
63
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 2 de agosto
de 2017; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020080006900 […]”.
64
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera; sentencia de 26 de febrero
de 2004; C.P. Germán Rodríguez Villamizar; número único de radicación 13.833 […]”.

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148. En relación con el alcance de la fuerza mayor y sus características, la
Sección Tercera ha establecido:

“[…] Para efectos de la distinción, y de acuerdo con la doctrina se entiende que la
fuerza mayor debe ser:

“1) Exterior: esto es que ‘está dotado de una fuerza destructora abstracta, cuya
realización no es determinada, ni aún indirectamente por la actividad del ofensor’.

“2) Irresistible: esto es que ocurrido el hecho el ofensor se encuentra en tal
situación que no puede actuar sino del modo que lo ha hecho’

“3) imprevisible: cuando el suceso escapa a las previsiones normales, esto es, que
ante la conducta prudente adoptada por quien lo alega, era imposible pronosticarlo o
predecirlo.

“A su vez, el caso fortuito debe ser interior, no porque nazca del fueron interno de la
persona, sino porque proviene de la propia estructura de la actividad riesgosa, puede
ser desconocido y permanecer oculto, En tales condiciones, según la doctrina se
confunde con el riesgo profesional y por tanto no constituye una causa de exención
de responsabilidad.” –Negrilla original-

En relación con la imprevisibilidad, se observa que en el asunto sub examine no se
configura como quiera que el suceso que produjo el daño, en este caso, la lluvia, no
fue insospechado o inesperado para el demandado, en tanto que, se insiste, está
demostrado que el trabajador de la obra pública conocía la alta probabilidad de lluvia
y por tal razón, colocó tablas y tierra para evitar que los escombros sucumbieran al
agua, circunstancia esta que echa por la borda lo alegado por el ente municipal en el
sentido de que la lluvia tuviera la característica de sorpresiva.

De otro lado, respecto a la irresistibilidad, se observa que en este caso si bien la
entidad señaló que se adoptaron las medidas de seguridad apropiadas con el fin de
evitar la causación del daño, para la Sala esta aseveración no es cierta, en atención
a que las tablas y la tierra que supuestamente servirían para impedir que la lluvia
arrastrara los escombros, no son medios suficientes ni adecuados para conseguir
este objetivo, teniendo en cuenta las características del lugar y del terreno “[…]”65.

149. En el sub lite y de la revisión del plenario, la Sala encuentra que la parte
demandante tan solo aportó las pruebas decretadas y practicadas en la actuación
administrativa, es decir, sin que haya allegado elemento demostrativo adicional
para respaldar las pretensiones de su demanda en este aspecto.

150. Para la Sala este material probatorio no es prueba suficiente de la
imprevisibilidad y la irresistibilidad de la cancelación de la inscripción en el Registro
de Sociedades de Comercialización Internacional a la sociedad C.I. KELLY S.A.
por no haber desarrollado durante dos años consecutivos su objeto social principal

65
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera; sentencia de 23 de mayo
de 2012; C.P. Enrique Gil Botero; número único de radicación 21.269 […]”.

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y no haber presentado el informe anual de compras y exportaciones durante dos
años consecutivos vigencias 2004-2005, dado que de haber cumplido sus
obligaciones respectivas como comercializador internacional no se habría visto
abocado a este tipo de sanciones, hecho que era perfectamente previsible.

151. Asimismo, la Sala advierte que en los Certificados de Existencia y
Representación Legal de 25 de enero de 2011 y de 7 de marzo de 2014, consta
que se embargó el establecimiento de Comercio C.I. KELLY S.A. por un proceso
de extinción de dominio y lavado de activos, mediante oficio núm. 4279 de 16 de
abril de 2007, expedido por la Fiscalía Especializada de Bogotá, inscrita el 17 de
abril del mismo año66. En consecuencia, el embargo de su establecimiento de
comercio en una investigación penal por este tipo de delitos, por lo que no puede
excusarse en su propia culpa para tratar de desvirtuar su responsabilidad por la
una infracción cambiaria, o que estos hechos constituyen una situación
imprevisible.

152. Para la Sala las simples afirmaciones de que la empresa tuvo una crisis
económica que se vio agravada por la cancelación de la inscripción en el registro
no constituyen una situación imprevisible e irresistible, dado que las reglas de la
experiencia indican que se pueden ver avocadas a difíciles situaciones financieras
en el mercado y la cancelación de las inscripción en el registro era previsible ante
el incumplimiento de las obligaciones por parte de la comercializadora
internacional, lo que desvirtúa lo alegado en el recurso de apelación por la parte
demandante. La Sala reitera que la difícil situación financiera de la parte
demandante entre los años 2005 y 2008 alegada en el recurso de apelación no se
encuentra acreditada en el proceso.

153. La Sala considera que las pruebas aportadas no son suficientes para
acreditar un caso fortuito, toda vez que era necesario que la empresa actora
demostrara que estos hechos no eran reiterativos ni previsibles, así como que su
actuación no podía ser diferente a la que se presentó.

154. En efecto, era necesario demostrar que los incumplimientos endilgados a la
parte demandante tenían su origen en la situación financiera, en el embargo del

66
Cfr. Folio 5 del cuaderno núm.1 del expediente.

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establecimiento de comercio y la cancelación del registro y, que, para la empresa,
era imposible preverlos y resistirlos.

155. Cabe advertir que no basta con las pruebas aportadas para que de manera
adecuada y razonable se pueda extraer que por ese solo hecho no incurrió en la
infracción cambiaria, de esto modo, la parte demandante no cumplió con su carga
probatoria respecto a la prueba de la configuración de los elementos que
constituyen un caso fortuito y, en consecuencia, no está demostrado que se haya
vulnerado el debido proceso a la parte demandante al haber sido sancionado
cuando supuestamente operó una causa extraña respecto al incumplimiento de sus
obligaciones.

156. Para la Sala se habla de caso fortuito cuando interviene la actividad humana
y el suceso escapa a las previsiones normales que deben ser adoptadas por quien
observa una conducta prudente, pero esto no fue probado en el caso sub examine,
dado que el apoderado judicial de la demandada limitó su actividad a invocar el
caso fortuito como causal de exoneración de la responsabilidad, pero no allegó
ningún elemento probatorio que diera cuenta de que se adoptaron todas las
precauciones necesarias y el hecho superó las previsiones efectuadas 67”. En ese
orden, para que pueda hablarse de caso fortuito se debe acreditar la
imprevisibilidad e irresistibilidad del hecho invocado.

157. En tales condiciones, los hechos alegados resultaban previsibles, por lo que
no se reúnen en este caso los requisitos que exigen la ley y la jurisprudencia que
concurran de manera concomitante para la configuración del caso fortuito. Para la
Sala es claro que la parte demandante pueda evitar su acaecimiento y superar sus
consecuencias de haber cumplidos sus obligaciones legales y actuar conforme a la
ley, de modo que no eran hechos irresistibles, era posible que el hecho se
presentara68 ni tienen la connotación de un acontecimiento extraño, súbito e
inesperado.

67
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera; providencia de 18 de mayo
de 2017; C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; número único de radicación 27001233100020050065501[…]”.
68
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta; sentencia de 3 de junio de
2010; C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez; número único de radicación 16564[…]”.

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158. En tales condiciones, los argumentos esgrimidos por la parte recurrente no
tiene vocación de prosperidad, razón por la cual la sentencia de primera instancia
habrá de ser confirmada en este aspecto.

De la violación del principio de legalidad por ausencia de adecuación típica

159. La parte demandante señaló que el estudio que hace la entidad demandada
lo realiza basado en una premisa falsa como lo es la falta de modificación en el
plazo de amortización (fecha límite de realización de la exportación) del informe de
deuda externa, dado que realizó prórrogas en enero de 2009 y que se encuentran
debidamente probadas en los formularios núm. 6 de información de
endeudamiento externo otorgados a residentes mediante los cuales se prorroga
hasta diciembre de 2010.

160. Adujo que la parte demandada concluyó que la parte demandante recibió
divisas sin lograr demostrar que las mismas tenían por objeto la realización de
unas exportaciones y que la sanción impuesta a C.I KELLY S.A. en liquidación se
deriva de una conducta que no existió, evidenciando una clara violación del
principio de legalidad por ausencia de adecuación típica.

161. La Sala considera que en materia cambiaria las conductas investigadas por
la DIAN, así como las sanciones que impone por incurrir en esas conductas, deben
obedecer al principio de tipicidad; en consecuencia, no se podrán sancionar
conductas no reguladas en la ley, ni dar a la normativa un alcance y consecuencia
jurídica que no establece, so pena de violar el debido proceso e incurrir en causal
de anulación de los actos administrativos.

162. La Corte Constitucional, en la sentencia C-412 de 1.° de julio de 2015 69,
expresó que el principio de tipicidad es la “[…] obligación que tiene el legislador
de definir con claridad y especificidad el acto, hecho u omisión constitutivo
de la conducta reprochada por el ordenamiento […]” (Destacado fuera de
texto).

163. La Corte Constitucional, en la sentencia C-343 de 3 de mayo de 200670, se
pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 1 del Decreto núm. 1074 de 1999,

69
“[…] Corte Constitucional; sentencia C-412 de 1.° de julio de 2015; M.P. Alberto Rojas Ríos […]”.
70
“[…] Corte Constitucional; sentencia C-343 de 3 de mayo de 2006; M.P. Manuel José Cepeda Espinosa […]”.

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modificatorio del artículo 3.° del Decreto núm. 1092 de 1996, sobre las sanciones
cambiarias, transcrito en precedencia, en el sentido de indicar lo siguiente:

“[…] para que se pueda predicar el cumplimiento del contenido del principio de
tipicidad, se habrán de reunir tres elementos, a saber: que la conducta
sancionable esté descrita de manera específica y precisa, bien porque la
misma esté determinada en el mismo cuerpo normativo o sea determinable a
partir de la aplicación de otras normas jurídicas; que exista una sanción cuyo
contenido material esté definido en la ley; que exista correlación entre la
conducta y la sanción […]”

[…] Por tanto, en materia sancionatoria cambiaria en el reglamento se podrán
consagrar las conductas que constituyen infracción cambiaria, pero no podrá
establecerse en él los elementos que configuran el concepto mismo de infracción
cambiaria, puesto que iría más allá del querer del Constituyente, toda vez que dicha
definición le ha sido encomendada al legislador. La reserva de ley en materia de
derecho sancionatorio cambiario existe para la definición de los elementos
básicos de la infracción cambiaria, el procedimiento sancionador, los entes
encargados para imponer las sanciones y la definición misma de éstas últimas
[…]” (Destacado fuera de texto)

164. De este modo, constitucional y legalmente las infracciones cambiarias
obedecen al principio de tipicidad o legalidad, que obliga a que la conducta
investigable y sancionable esté descrita de manera específica y precisa en el
ordenamiento jurídico.

165. Al respecto, la parte demandante en sede judicial allegó dos formularios
núm. 6 de información de endeudamiento externo otorgado a residentes en los que
se establece lo siguiente:

166. El 9 de enero de 2009, la parte demandante presentó ante el Banco de
Occidente el formulario núm. 6 de información de endeudamiento externo otorgado
a residentes con el fin de registrar prórrogas por los anticipos de exportación por
USD 31.300, efectuado el 15 de Junio de 200571. En la Casilla IX del plan de
amortización se registra la fecha del 2010-12 y por valor de la moneda contratada
USD 31.300.

167. El 9 de enero de 2009, la parte radicó ante el Banco de Occidente el
formulario núm. 6 de información de endeudamiento externo otorgado a residentes
con el objeto de registrar prórrogas en la operación por el valor de USD 25.320,
efectuado el 24 de junio de 2005. En la Casilla IX del plan de amortización se
registra la fecha del 2010-12. En los formularios la identificación del declarante

71
Folio 18 del Tomo I del cuaderno de antecedentes administrativos.

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firma la señora Ana Milena Lemos identificada con el núm. de cédula 21.069.915
en representación de la parte demandante72.

168. Sobre el particular, la Sala considera que la conducta desplegada por la
parte demandante está legalmente tipificada en la normatividad cambiaria, en el
acápite de operaciones indebidamente canalizadas a través del mercado cambiario
contenidas en el literal h) del artículo 3 del Decreto núm. 1092 de 21 de junio de
199673, que prevé canalizar a través del mercado cambiario como exportaciones
de bienes, o como financiación de estas o aquellas montos deriven de las
mencionadas operaciones obligatoriamente canalizables cuya a multa será de
doscientos por ciento (200%) del valor canalizado como se ha analizado en
acápites anteriores.

169. En ese sentido, la infracción no corresponde al simple hecho de canalizar
divisas, sino que este verbo rector debe ser aplicado en conjunto de sus
ingredientes normativos, los cuales corresponden al hecho de tornarse dicha
canalización indebida, según fue señalado en el cargo anterior. De ahí que, el
hecho generador de la infracción se tipifica claramente dando aplicación al
contenido normativo antes descrito.

170. Para la Sala está claramente probada la comisión de la infracción y la
adecuada fundamentación legal que la contiene y se encuentra demostrado, que la
División de Gestión de Liquidación Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas
de Cali, procedió de conformidad con las normas cambiarias, dado que no se halla
dentro del expediente prueba alguna sobre la debida canalización de las divisas
dejadas de canalizar, los soportes de que las divisas recibidas eran para realizar
una exportación como tampoco prueba alguna de haber adelantado el tramite
pertinente ante el Banco de la República para que se cumpliera con la obligación
contraída.

171. En ese orden, si bien la parte demandante con la demanda aportó prueba de
que solicitó en enero 9 de 2009 la prórroga de las operaciones con ocasión de un
plan de amortización, lo cierto es que el plan de amortización de ese mismo crédito
finalizó en febrero de 2008 para la Declaración de Cambio núm. 319 de 15 de
junio de 2005, con valor de reintegro de USD $31.300 y culminó en diciembre de
72
Folios 51 a 52 del cuaderno núm. 1 del expediente.
73
“[…] Por el cual se establece el Régimen Sancionatorio y el Procedimiento Administrativo Cambiario a seguir
por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN […]”.

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2007 para la Declaración de Cambio núm. 5 de 24 de junio de 2005, con valor de
reintegro de USD $25.320, según los informes de endeudamiento externos
consignados en el formulario núm. 6. que obra en la actuación administrativa,
momento en el que no se presentó una nueva prórroga como las que había
realizado en cuatro ocasiones la parte demandante para las dos operaciones74.

172. Con ocasión de que no se hizo ninguna prórroga cumplido los plazos
previstos en los informes de endeudamiento externo y ante las irregularidad
evidenciadas, el 20 de febrero de 2009, la Subdirección Seccional de Cali, GIT de
Control Cambiario expidió auto de apertura núm. 086101 contra la parte
demandante por indebida canalización de exportaciones75 y el 25 del mismo mes y
año la Jefa del Grupo Interno de Trabajo Control Cambiario de la División de
Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Aduanas de Cali expidió el
acto de formulación de cargos núm. 1-88-238-423-3010075 en su contra76.

173. En ese sentido, la conducta investigada por indebida canalización de divisas
para el período comprendido entre junio de 2005 y el año 2008 77, efectivamente
existió y la parte demandante no logró demostrar que las mismas tenían por objeto
la realización de unas exportaciones.

174. Al respecto, la Sala concluye que: i) la parte demandante recibió unas
divisas sin lograr demostrar que las mismas tenían por objeto la realización de
unas exportaciones, situación que infringió lo previsto en el régimen de cambios, al
canalizar a través del mercado como exportaciones de bienes un monto no
derivado de la señalada operación que era obligatoriamente canalizable y; ii)
cumplido el plazo de la prórroga para exportar sin que se advierta el cumplimiento
de la obligación, ni modificación alguna al plan de endeudamiento externo, ni la
devolución de las divisas al comprador del exterior, la canalización que se produjo
con las declaraciones de cambio investigadas, cobran el carácter de indebido,
hecho que debidamente analizado configura la infracción cambiaria impuesta y
objeto de la presente investigación.

175. Así las cosas, la Sala encuentra que la conducta desplegada por la parte
demandante, es decir, la indebida canalización a través del mercado cambiario se

74
Ver cuadro del párrafo 129.
75
Folios 1 del cuaderno de antecedentes administrativos.
76
Folios 16 del cuaderno de antecedentes administrativos.
77
Declaraciones de cambio presentadas el 15 y 24 de junio de 2005, plazo prorrogado en cuatro
ocasiones.

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encuentra debidamente tipificada, así como la correspondiente consecuencia; lo
que implica una afectación al ordenamiento jurídico, por cuanto el régimen
cambiario procura la protección del orden público, evitando que el flujo
internacional de divisas, asociado con las operaciones de cambio, repercuta de
manera negativa en nuestra balanza de pagos y afecte los intereses de la
comunidad. De allí que se encuentre ajustado al ordenamiento jurídico la
imposición de la multa a la parte demandante.

176. Por último, la parte demandante señaló en el recurso de apelación que la
decisión del a quo se tomó sin el debido conocimiento de la totalidad de los
antecedentes administrativos, lo que no proporciona seguridad jurídica a quien
acude a la administración de justicia.

177. Sobre el particular, mediante auto de 22 de febrero de 2021 78, el magistrado
sustanciador en segunda instancia solicitó a la parte demandante la totalidad de los
antecedentes administrativos de los actos acusados los cuales fueron allegados el
5 de marzo de 2021, de modo que esta Sala valoró todos los elementos de prueba
para proferir sentencia de segunda instancia garantizando con ello la seguridad
jurídica de la parte demandante.

178. Comoquiera que las anteriores son las cuestiones centrales del recurso de
apelación, la Sala encuentra que la decisión acusada se ajusta a la normativa aquí
analizada, luego la sentencia apelada será confirmada por las razones expuestas,
como en efecto se dispone en la parte resolutiva de esta providencia.

Conclusión de la Sala

179. En suma, la Sala considera que los argumentos expuestos por la parte
demandante en el recurso de apelación no están llamados a prosperar, por cuanto
en el caso sub examine era procedente imponer la sanción. Por lo tanto, la Sala
confirmará la sentencia proferida, en primera instancia.

Condena en costas

180. La Sala considera que no hay lugar a condenar en costas en segunda
instancia en razón a que el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo

78
Folio 373 del cuaderno núm. 1 del expediente.

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establece que, en los juicios que se adelanten ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo esta condena procederá “[…] teniendo en cuenta la conducta
asumida por las partes […]”, es decir, corresponde al juzgador valorar el
comportamiento de las partes, dentro del marco de su arbitrio juris.

181. Bajo ese panorama, a juicio de la Sala, el comportamiento de la parte
demandada no estuvo precedido de la mala fe ni de la intención de entorpecer el
proceso, en atención a que, aunque resultó vencida en juicio, ello no conlleva
automáticamente la condena en costas, comoquiera que la actuación se enmarcó
en los principios y obligaciones que gobiernan la actividad judicial.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley

III. RESUELVE:

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 29 de agosto de 2013 proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Descongestión, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑAGARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado Aclara voto

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OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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