Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2011-00219-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Responsabilidad del estado: victima de atentado terrorista realizado por las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia FARC
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2011-00219-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 76001-23-31-000-2011-00219-01
Consejero ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera
10 de mayo de 2017
ACCION DE REPARACION DIRECTA - Condena
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO - Victima de atentado terrorista realizado por las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia FARC / ATENTADO TERRORISTA POR GRUPO AL MARGEN DE LA LEY - Carro bomba en la instalaciones del cuerpo técnico de investigación y la unidad de reacción inmediata de buenaventura
el 24 de marzo de 2010, al parecer miembros de las denominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC- activaron un carro bomba en las instalaciones del Cuerpo Técnico de investigación y la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía de Buenaventura, ii) por causa de la onda explosiva, resultaron lesionados el señor Calvert Jensen Murillo y su hijo Jackford Jwhoolf Jensen Martínez, quienes fueron trasladados al Hospital Departamental de Buenaventura E.S.E. y iii) como consecuencia del mencionado ataque terrorista, el señor Calvert Jensen Murillo padece de hipoacusia neurosensorial y trauma en el tendón del manguito rotador de su hombro izquierdo, lo cual le causó una pérdida de su capacidad laboral del 30,31%, según el dictamen médico laboral realizado por la Junta Regional de Invalidez del Valle del Cauca.
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DAÑOS OCASIONADOS POR GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY O TERCEROS - Régimen aplicable y presupuestos para su configuración
Por regla general los daños ocasionados por terceros o agentes no estatales no comprometen la responsabilidad patrimonial del Estado, en la medida en que, desde un punto de vista fáctico, aquéllos no le resultan imputables, no obstante, la jurisprudencia ha considerado que los daños derivados de ataques terroristas contra entidades estatales, personas o instalaciones representativas del Estado pueden ser imputados a la Administración si ésta ha contribuido causalmente en su producción a través de acciones u omisiones que se relacionan con el incumplimiento de sus funciones. De esta forma, la Corporación ha considerado que el concepto de falla del servicio opera como fundamento del deber de reparar en aquellos casos en los que agentes estatales intervienen en la producción del daño por ineficacia, retardo u omisión en el cumplimiento de las funciones a su cargo, lo cual se ha entendido que ocurre cuando: (i) la falta de cuidado o previsión del Estado facilita la actuación de los delincuentes ; (ii) la víctima, o la persona contra quien iba dirigido el acto, solicita protección a las autoridades y éstas la retardan, omiten o la prestan de forma ineficiente ; (iii) el hecho era previsible, en razón de las especiales condiciones que se vivían en el momento, pero el Estado no realiza ninguna actuación dirigida a evitar o enfrentar eficientemente el ataque ; y (iv) la Administración omite adoptar medidas para evitar o atender adecuadamente una situación de riesgo objetivamente creada por ella. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación, en pronunciamiento de 19 de abril de 2012, con ocasión de un ataque guerrillero dirigido en contra de una estación de Policía, unificó su jurisprudencia y precisó que la utilización de un determinado título de imputación no representaba una especie de camisa de fuerza para el juez sino que el uso de estos fundamentos de imputación “debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado”.
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO - Falla en el servicio de seguridad y protección / FALLA EN EL SERVICIO - No se tomaron las medidas de seguridad adecuadas para evitar el atentado con carro bomba / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO - Omisión al deber de protección. Hecho previsible / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO - Imputable a la Policía Nacional
[E]l ataque terrorista en el que resultó lesionado el señor Calvert Jensen Murillo estuvo dirigido contra personas y entidades representativas del Estado, toda vez que, según el informe del investigador de la Fiscalía -atrás transcrito-, la detonación del carro bomba tenía por objeto lesionar al personal de la Fiscalía y de la fuerza pública que prestaba sus servicios en ese lugar. Asimismo, está acreditado que, en el distrito de Buenaventura, grupos al margen de la ley frecuentemente utilizaban artefactos explosivos para atacar entidades representativas del Estado y a la población civil, pues, inclusive dos meses antes del atentado contra las instalaciones de la Fiscalía (el 14 y 19 de enero de 2010), detonaron algunos de ellos en la Brigada de Infantería de Marina 2 y en el barrio la Pradera, causando la muerte de dos personas y heridas a cuatro más. A pesar de lo anterior, en el expediente no obra prueba alguna de que el día de los hechos que dieron origen al proceso de la referencia, las demandadas tuvieran dispuestas medidas de seguridad efectivas para resguardar la edificación en la que funcionaban el Cuerpo Técnico de Investigación y la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía General de Buenaventura, así como a las personas que se encontraban en ella y en sus alrededores. (…) indefectiblemente se evidencia una falta de cuidado, por parte de las demandadas, en la adopción de las medidas de seguridad sobre el perímetro donde fue instalado y detonado el carro bomba, lo cual, sin duda alguna, constituyó una omisión en su obligación de crear las condiciones necesarias para, al menos, evitar que se perpetrara el atentado terrorista del 24 de marzo de 2010, que causó la muerte de varias personas y heridas a otras, entre ellas, el señor Calvert Jensen Murillo y su hijo Jackford Jwhoolf Jensen Martínez, por lo que se impone declarar la responsabilidad de aquéllas por los perjuicios causados a los demandantes.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
Bogotá, D.C., diez (10) de mayo de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 76001-23-31-000-2011-00219-01(50131)
Actor: JWLDARK CALVERT JENSEN MARTÍNEZ Y OTROS
Demandado: NACIÓN –MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y DISTRITO DE BUENAVENTURA
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
Bogotá, D.C., diez (10) de mayo de dos mil diecisiete (2017)
Radicación: 760012331000201100219-01 (50.131)
Actor: JWLDARK CALVERT JENSEN MARTÍNEZ Y OTROS
DEMANDADO: NACIÓN –MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y DISTRITO DE BUENAVENTURA
ASUNTO: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Atendiendo la prelación frente a estos asuntos dispuesta en el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009 y con apoyo en lo decidido por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sesión del 26 de enero de 2017, se deciden los recursos de apelación interpuestos por las demandadas contra la sentencia de 30 de agosto de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en la cual se decidió (se transcribe tal como obra en el expediente, inclusive los errores):
“PRIMERO: DECLARAR probada de oficio la excepción de falta de legitimación material en la causa por pasiva del DISTRITO DE BUENAVENTURA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
“SEGUNDO: DECLÁRESE responsable administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación – Fiscalía General de la Nación y a la Nación –Ministerio de Defensa –Policía Nacional-, por los perjuicios causados a los demandantes, con ocasión de las lesiones padecidas por el señor Calvert Jensen Murillo como consecuencia del ataque terrorista perpetrado en la ciudad de Buenaventura el 24 de marzo de 2010.
“TERCERO: CONDÉNASE a la Nación – Fiscalía General de la Nación y a la Nación –Ministerio de Defensa –Policía Nacional-, a pagar a los demandantes los siguientes perjuicios:
“a) Por Perjuicios Morales:
“Para el señor Calvert Jensen Murillo la suma equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
“Para la señora María Blanca Nubia Martínez Cardona suma equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
“Para los señores Elvia Murillo viuda de Jensen, Jackfford Jwhoolf Jensen Martínez, Jwldark Calvert Jensen Martínez, Jills Jensen Martínez, Clifford Jensen Murillo y Corbin Jensen Murillo la suma equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, ara cada uno de ellos.
“b) Por Perjuicios Materiales:
“Para el señor Calvert Jensen Murillo la suma de CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEICIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MCTE ($185.471.643.oo) en la modalidad de lucro cesante consolidado y futuro.
“CUARTO: NIÉGUENSE las demás pretensiones de la demanda” (fls. 189 y 190 cdno. ppal).
ANTECEDENTES:
1. El 16 de febrero de 2011, los señores Calvert Jensen Murillo, María Blanca Nubia Martínez Cardona, Jackford Jwhoolf, Jwldark Calvert y Jills Jensen Martínez, Elvia Murillo viuda de Jensen, Clyde, Corbin y Clifford Jensen Murillo interpusieron demanda en contra de la Nación –Ministerio de Defensa- Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el distrito de Buenaventura, con el fin de que se les declarara patrimonialmente responsables por los perjuicios morales y materiales a ellos irrogados, con ocasión de las lesiones causadas al primero de los nombrados el 24 de marzo de 2010, como consecuencia del ataque perpetrado por un grupo al margen de la ley contra las instalaciones del Cuerpo Técnico de Investigación y la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía de Buenaventura (fls. 41 a 67 cdno. 1).
Solicitaron que, como consecuencia de la declaración anterior, se condenara a los demandados a pagarles, i) por concepto de perjuicios morales, 100 salarios mínimos legales mensuales en favor de cada uno de ellos, ii) por perjuicios materiales, las sumas que el señor Calvert Jensen Murillo dejó de recibir, teniendo en cuenta que en el momento de su lesión devengaba un salario de $3’000.000, como capitán de dragas de la Cooperativa de Trabajo y Servicios Múltiples de Colombia y iii) por daño a la vida de relación, 200 salarios mínimos legales mensuales en favor de cada uno de los demandantes. (fls. 543 a 48 cdno. 1).
Como fundamento de sus pretensiones, los actores narraron que, el 24 de marzo de 2010, en instantes en que el señor Calvert Jensen Murillo se dirigía con su hijo Jackford Jwhoolf Jensen Martínez a las instalaciones de la Cruz Roja de Buenaventura, fueron alcanzados por la onda explosiva de un carro bomba activado por un grupo al margen de la ley contra una edificación en la que funcionaban el Cuerpo Técnico de Investigación y la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía de Buenaventura.
Adujeron que, como consecuencia del impacto, el señor Calvert Jensen Murillo sufrió graves heridas y que, en medio de su angustia y dolor, pudo localizar a su hijo mientras los trasladaban al Hospital Departamental de Buenaventura.
Explicaron que, en el momento de su lesión, el señor Calvert Jensen Murillo devengaba un salario de $3’000.000, como Capitán de Dragas en la Cooperativa de Trabajo y Servicios múltiples de Colombia –COOSERVICIOS- y que, según la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, el señor Jensen Murillo padece una pérdida de la capacidad laboral del 30.31%.
Indicaron que el 30 de abril de 2010 el señor Calvert Jensen Murillo fue retirado de su empleo, mediante una comunicación que decía: “en reunión del Consejo de Administración se determinó desvincularlo del puesto que desempeñaba como Capitán de Dragas por su incapacidad laboral”.
Manifestaron que los demandados incurrieron en falla en el servicio por omisión, toda vez que su actuación negligente y omisiva permitió que un grupo al margen de la ley atacara con un carro bomba las dependencias de la Fiscalía de Buenaventura.
Concluyeron que las lesiones que sufrió el señor Calvert Jensen Murillo les causó perjuicios inmateriales y materiales, los cuales deben indemnizarse, en los términos establecidos en el artículo 90 de la Constitución Política (fls. 2 a 4 cdno. 8).
2. La demanda se admitió el 14 de marzo de 2011 y, a pesar de que se notificó en debida forma a los demandados, ninguno de ellos se pronunció sobre ésta dentro del término de fijación en lista, según se observa en el auto de 31 de octubre de 2001 (fls. 100 a 102 cdno. 1).
3. Vencido el período probatorio, el 17 de mayo de 2013 el a quo corrió traslado a las partes, para alegar de conclusión y al Ministerio de Público, para que rindiera concepto (fl. 145 cdno. 1).
La Policía Nacional señaló que no tiene responsabilidad alguna por los daños reclamados por los actores, toda vez que las lesiones que sufrió el señor Calvert Jensen Murillo fueron causadas por el hecho exclusivo de un tercero, sin relación o vínculo con la administración.
Manifestó que el ataque subversivo al municipio de Buenaventura fue indiscriminado, pues estaba dirigido contra la población civil y no contra algún edificio de esa institución y explicó que, si bien de conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a todas las personas residentes en Colombia, no puede exigírsele lo imposible, pues, para evitar todos los actos violentos que ocurren en el país, tendría que ser omnipotente y omnipresente y asignar un policía a cada uno de los ciudadanos, so pena de que resulte comprometida su responsabilidad patrimonial.
Luego de citar jurisprudencia del Consejo de Estado sobre responsabilidad del Estado por actos terroristas, indicó que se configuró la causal eximente de responsabilidad consistente en el hecho de un tercero, pues se demostró que el atentado del 24 de marzo de 2010 fue causado por un grupo al margen de la ley, sin participación alguna de la fuerza pública.
Concluyó que los atentados contra la población son inesperados e imprevisibles para las autoridades públicas y que, por tal razón, no se le podía atribuir responsabilidad alguna por el ataque de un grupo subversivo contra la ciudad de Buenaventura (fls. 146 a 159 cdno. 1).
El distrito de Buenaventura expresó que no se le puede endilgar responsabilidad alguna por los daños ocasionados a los demandantes, pues ellos devienen de la actividad criminal desplegada por los miembros de las denominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC-, lo cual configura la causal eximente de responsabilidad del hecho de un tercero.
Señaló que no se demostraron los elementos estructurales de la responsabilidad del Estado, pues no se acreditó el nexo causal entre su actividad y el ataque perpetrado contra el distrito de Buenaventura.
Finalmente, solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda, pues no se le podía exigir una conducta o actuación diferente y porque los miembros de las FARC son los únicos responsables por los daños causados a los demandantes (fls. 168 y 169 cdo. 1).
La parte demandante, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio Público no intervinieron en esta etapa procesal, según se observa en el informe secretarial que obra a folio 171 del cuaderno 1.
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:
En sentencia de 30 de agosto de 2013, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró patrimonialmente responsables a la Nación –Ministerio de Defensa –Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación, por las lesiones causadas al señor Calvert Jensen Murillo, como consecuencia del ataque subversivo del 24 de marzo de 2010, en la ciudad de Buenaventura y las condenó a pagar los perjuicios morales y materiales descritos al inicio de esta providencia.
Al respecto, el a quo puntualizó (se transcribe tal cual obra en el expediente, incluso los errores):
“Para la Sala es innegable que existe un nexo causal entre el hecho dañino y el daño antijurídico sufrido por los demandantes como quiera que en el sub-lite se encuentra acreditado que el ataque terrorista estuvo dirigido contra un objetivo estatal en particular, la Fiscalía General de la nación ubicada en la (...) del centro del Distrito de Buenaventura, así como contra los miembros de la Policía Nacional que estaban dentro del edificio. Nótese que el carro bomba fue ubicado en las afueras de las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata y del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, lo que a voces de los demandantes ocasionó el daño por el cual reclaman.
“No se trató entonces de un atentado indiscriminado contra la población civil en general, como lo pretende hacer ver la Policía Nacional en sus alegatos, pues sin lugar a dudas el ataque tuvo un objetivo y finalidad específica ‘lesionar al personal de la Fiscalía General de la Nación e igualmente al personal de la Fuerza Pública que presta sus servicios en dicho edificio’, como lo constató el mismo ente investigador.
“Con base en las pruebas indicadas en los puntos anteriores, existe igualmente certeza de que las lesiones padecidas por el señor Calvert Jensen Murillo fueron como consecuencia de la onda explosiva del atentado terrorista del 24 de marzo de 2010, por consiguiente se concluye que el daño demostrado en esta instancia resulta atribuible al Estado, habida cuenta que estaba dirigido contra una unidad estatal, con lo que se materializó el daño especial dando con ello lugar a responsabilidad patrimonial del Estado.
“Ahora bien, establecida como quedó la responsabilidad del Estado, procede la Sala a determinar cuál es la entidad estatal llamada a responder en el caso de autos. Al respecto se encuentra acreditado que el atentado terrorista perpetrado en la ciudad de Buenaventura estuvo dirigido contra las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación, con la finalidad de ‘lesionar al personal de la Fiscalía General de la Nación e igualmente al personal de la Fuerza Pública que presta sus servicios en dicho edificio’, tal como se desprende del informe de Investigador de Campo de Policía Judicial (fls. 63 a 71 cdno. 2.).
“En esa medida, considera la Sala que son ellas las llamadas a responder por el daño causado al señor Calvert Jensen Murillo y por los perjuicios derivados del mismo.
“En cuanto al Distrito de Buenaventura, la Sala considera que no puede imputársele responsabilidad en el caso de autos, de un lado porque no se evidencia una actuación irregular por parte del ente territorial, así como tampoco una omisión de sus deberes, que pueda estructurar una falla del servicio; y de otro lado, porque el atentado terrorista no estuvo dirigido contra sus dependencias. El hecho que el centro administrativo municipal haya sufrido algunos daños materiales, no implica que haya sido objetivo específico del ataque, pues eso sólo obedeció al impacto provocado por la onda explosiva” (fls. 184 y 185 cdno. ppal.).
III. RECURSO DE APELACIÓN
Inconformes con la decisión anterior, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación interpusieron recurso de apelación, en los siguientes términos:
Apelación de la Policía Nacional
Señaló que es un hecho notorio que las Fuerzas Miliares y la Policía Nacional han hecho grandes esfuerzos para preservar y garantizar, la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos, no solo defendiendo las instalaciones gubernamentales, sino también brindando protección continua a los civiles, organizando para tal efecto la revisión de edificios públicos, verificando credenciales de sus visitantes, ordenando el tránsito y, en general, interviniendo en todas las actividades cotidianas de la población civil.
Adujo que, a pesar de lo anterior, ha sido casi imposible evitar las acciones terroristas de los grupos al margen de la ley, quienes de manera sistemática “cohíben” y castigan tanto al Estado como a toda la sociedad, buscando únicamente la satisfacción de sus intereses y la modificación del ordenamiento jurídico para su beneficio.
Indicó que los actos terroristas son arbitrarios, impredecibles e indeterminados y que quienes los cometen no atienden los llamados de la ley y no son sensibles a los daños que causan.
Señaló que se demostró que el ataque subversivo en el que se causaron las lesiones al demandante fue perpetrado por un grupo al margen de la ley y que dicha circunstancia constituye la causal eximente de responsabilidad consistente en el hecho exclusivo de un tercero, la cual rompe el nexo causal entre su actuación y el daño reclamado por los actores.
Luego de citar jurisprudencia del Consejo de Estado, sobre la responsabilidad patrimonial de la Administración por atentados terroristas, concluyó que se demostró que los organismos de seguridad, dentro de la medida de sus posibilidades, estuvieron atentos y brindaron respuesta bélica oportuna para contrarrestar el ataque perpetrado por milicianos de las FARC a la ciudad de Buenaventura.
Concluyó que se debía revocar la sentencia impugnada y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda, toda vez que no se le puede endilgar responsabilidad alguna por las acciones de terceros (fls. 191 a 198 cd. ppal.).
Apelación de la Fiscalía General de la Nación
Manifestó que no es responsable por las lesiones causadas al señor Calvert Jensen Murillo, toda vez que no incurrió en falla del servicio alguna, pues no se demostró que actuó de manera irregular o defectuosa; en cambio, las pruebas que obran en el proceso demuestran que es ajena a los hechos por los que se demanda.
Luego de referirse a sus funciones, establecidas en el artículo 250 de la Constitución Política, señaló que no se demostró el nexo causal entre el daño reclamado por los actores y sus actuaciones.
Adujo que desde el momento de los hechos inició la respectiva investigación penal, con el fin de establecer quienes eran los autores y partícipes del ataque perpetrado contra la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía y el municipio de Buenaventura.
Señaló que, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, para que se declare la responsabilidad patrimonial del Estado se debe acreditar que la falla fue de tal magnitud que, teniendo en cuenta las circunstancias en que debía prestarse el servicio, la conducta de la administración fue “anormalmente deficiente”.
Explicó que no se le puede endilgar falla del servicio alguna por supuestamente no garantizar la seguridad pública del distrito de Buenaventura, como quiera que la función constitucional y legal que tiene a su cargo es completamente distinta a la de brindar seguridad y preservar el orden público.
Esgrimió que se configuró la causal eximente de responsabilidad consistente en el hecho exclusivo de un tercero, toda vez que fueron subversivos, sin relación alguna con la administración, quienes, el 24 de marzo de 2010, perpetraron el ataque contra sus instalaciones y el municipio de Buenaventura.
Concluyó que se debía revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda, toda vez que no se puede responsabilizar al Estado por las actuaciones furtivas y esporádicas de los delincuentes (fls. 207 a 215 cdno. ppal).
V. CONSIDERACIONES:
Cumplidos los trámites propios de la segunda instancia, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación contra la sentencia de 30 de agosto de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
Cuestión preliminar
Previo a decidir el asunto puesto a consideración de la Sala, resulta pertinente señalar que, en este caso, la Nación –Ministerio de Defensa –Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación tienen la calidad de apelante único; por lo tanto, la Sala no podrá hacer más gravosa su situación, únicamente podrá mejorarla en el evento de que encuentre que hay lugar a ello, de conformidad con las pruebas debidamente decretadas y practicadas en el proceso.
1. Competencia.
Esta Corporación es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos, en consideración a que el monto de las pretensiones supera la cuantía mínima exigida en la ley vigente al momento de la interposición del recurso (Ley 1395 de 2010), para que el proceso se considere de doble instancia.
2. El ejercicio oportuno de la acción de reparación directa.
Es menester precisar que, de conformidad con el artículo 136 del C.C.A., la acción de reparación directa caduca al cabo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena, por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.
En el presente asunto, el daño cuya indemnización se reclama ocurrió el 24 de marzo de 2010, de manera que el cómputo de la caducidad de la acción debe iniciarse a partir del día siguiente a esa fecha; así, teniendo en cuenta que la demanda se presentó el 26 de febrero de 2011, puede concluirse que ésta se interpuso dentro del término previsto por la ley.
3. Pruebas
Obran en el plenario las siguientes:
1. Copia auténtica del Formato Único de Noticia Criminal, en el que la Fiscalía de Buenaventura indicó (se transcribe tal como obra en el expediente, incluso los errores):
“SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 09 Y 30 HORAS DE LA MAÑANA DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2010 NOS ENCONTRABAMOS EN LAS INSTALACIONES DEL CTI Y DE REPENTE SE ESCUCHO UNA FUERTE DETONACION EN LA PARTE DE AFUERA DE LAS INSTALACIONES Y VILARON LOS VIDRIOS DE LAS VENTANAS Y AL PASAR LOS MINUTOS SE PUDO ESTABLECER QUE SE TRATABA DE UN CARRO BOMBA QUE COLOCARON ENLA PARTE DE AFUERAS DE LAS INSTALACIONES DE LA URI CON UN SALDO MOMENTANEO DE 5 PERSONAS MUERTAS EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA Y ENTRE ELLOS UN AJENTE DE LA SIJIN QUE PRESTABA SUS SERVICIOS EN LA URI, DESTRUCCION DE VEHICULOS Y ALREDEDOR DE 40 PERSONAS HERIDAS POR LA HONDA EXPANSIVA” (fls. 35 a 40 cdno. 2).
2. Copia auténtica del informe ejecutivo del 25 de marzo de 2010, en el que la Fiscalía General de la Nación consignó (se transcribe tal como obra en el expediente, incluso los errores):
“RESUMEN DEL AVISO: SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 9:30 A.M. EN LA PARTE TRASERA DEL CTI FISCALIA EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES SEGUNDA Y CALLE TERCERA, SE PRODUCE UNA EXPLOSION OCASIONANDO INNUMERABLES DESTROZOS EN LAS INSTALACIONES DEL CTI. PERSONAS HERIDAS Y MUERTAS.
“(…)
“DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: (EN FORMA CRONOLÓGICA, SISTEMÁTICA Y CONCRETA)
“SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 09 Y 30 DEL DIA 24 DE MARZO DE 2010 SE COLOCO UN CARROBOMBA EN LAS AFUERAS DE LA FISCALIA QUE DEJO COMO SALDO UN TOTAL DE 5 MUERTOS Y ALREDEDOR DE 40 HERIDOS EN SU MAYORIA LEVES, SE PUDO CONSTARA QUE EL VEHICULO QUE SE INSTALO EN LAS AFUERAS DE LA CARRERA 4TA CON CALLE 2 FRENTE AL NO 2-16 SE COLOCO UN VEHICULO QUE FUE IDENTIFICADO … Y A LOS POCOS MINUTOS EXPLOTO EL CARRO BOMBA EN EL LUGAR QUEDARON LOS VEHICULOS IDENTIFICADOS CON LAS PLACAS … EN EL LUGAR SE HIZO PRESENTE LA POLICIA JUDICIAL DE ANTIEXPLOSIVOS, COMPAÑEROS DE CRIMINALISTICA DE LA SIJIN QUE COLABORARON CON EL DESARROLLO DE LA DILIGENCIA … SE PROCEDIO A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LAS PERSONAS FALLECIDAS LAS CUALES SE REPORTARON DE LA SIGUIENTE MANERA …” (fls. 41 a 46 cdno. 2) (resalta la Sala).
3. Informe del Investigador de Campo –FPJ- de la Fiscalía de Buenaventura, quien, respecto del atentado del 24 de marzo de 2010, señaló (se transcribe tal cual obra en el expediente, inclusive los errores):
“Esta actividad terrorista ya se ha utilizado con anterioridad por grupos al margen de la ley en la ciudad teniendo como referencia el hecho más reciente en la zona franca en la pared que limita con la Brigada de infantería de marina No 2., el día 14 de enero del presente año, donde fue activado un artefacto explosivo improvisado, así mismo el día 19 de enero fue activado otro artefacto en la entrada principal al barrio la Palera con el mismo tipo de explosivo donde resultaran muertas dos personas y cuatro más heridas.
“Es de anotar que la modalidad de carro bomba en la jurisdicción se han presentado tres casos … y por último el que nos ocupa en este caso específico.
“La detonación de este tipo de artefactos se realiza con el fin de lesionar al PERSONAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION e igualmente al personal FUERZA PUBLICA que presta sus servicios en dicho edificio” (fl. 71 cdno. 2) (resalta la Sala).
4. Copia auténtica del oficio de 24 de marzo de 2010, mediante el cual el Director de la Oficina Coordinadora para la Prevención y Atención de Desastres de Buenaventura certificó (se trascribe tal como obra en el expediente, incluso los errores):
“Que el día 24 de marzo de 2010. Siendo aproximadamente las 9:40 am., se presentó un atentado terrorista (explosión de bomba), en el sector céntrico de la ciudad inmediaciones de la Fiscalía y el Centro Administrativo Distrital, en el cual se produjo, muerte, laceraciones en el cuerpo y pérdida de bienes, los cuales se encuentran discriminados así:
“(…)
“6. CALVERT JENSEN MURILLO HERIDOS
“7. JENSEN MARTINEZ JACKFFOR JWHOOLF HERIDOS” (fl. 282 cdno. 2).
5. Copia auténtica del boletín oficial de 25 de marzo de 2010, mediante el cual el Hospital Departamental de Buenaventura señaló:
“Evento: ATENTADO TERRORISTA INMEDIACIONES FISCALIA Distrito de Buenaventura (sic)
“Teniendo en cuenta los hechos ocurridos el pasado miércoles 24 de marzo de 2010, (sic) y en aras de la claridad de la información nos permitimos presentar la información actualizada a la fecha, luego de realizar las debidas verificaciones:
“TOTAL PERSONAS AFECTADAS: 56
TOTAL MUERTES: 5
TOTAL REMITIDOS A CALI: 3
TOTAL REMITIDOS A CENTROS ASISTENCIALES INTRAURBANOS DEL NIVEL I: 16
“(…)
“HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE BUENAVENTURA ATENDIDOS
“(…)
“19. Calvert Jensen Murillo
“20. Jackfford J. Jensen Martínez” (fls. 264 y 265 cdno. 2).
6. Copia auténtica de la epicrisis de la historia clínica del señor Calvert Jensen Murillo, en la que el Hospital Departamental de Buenaventura E.S.E. consignó:
“Ingreso Fec: 26/03/2010 (sic) 09:16 EGRESO Fec: 26/03/2010 Aten Ingreso URGENCIAS
“2. DIAGNÓSTICOS
“Dx Ingreso H919 HIPOACUSIA NO ESPECIFICADA
“Dx Salida H919 HIPOACUSIA NO ESPECIFICADA
“(…)
“CONDICIONES AL INGRESO
“PORQUE NO ESCUCHO Y TENGO DOLOR EN EL OIDO
PTE DE 54 AÑOS QUIEN FUE AFECTADO EN ATENTADO TERRORISTA MANIFIESTA HIPOACUSIA ACOMPAÑADO DE DOLOR EN HOMBRO IZQUIERDO PTE REFIERE QUE PRESENTO TRAUMA EN HOMBRO IZQUIERDO
“(…)
“EVOLUCIONES
“26/03/2010 12:15:39
“PACIENTE DE 54 AÑOS EN SU SEGUNDO DIA DE INTERNACIÓN CON LOS SIGUIENTES DIAGNOSTICO (sic): HIPOACUSIA NO ESPECIFICADA –TRAUMATISMO SUPERFICIAL NO ESPECIFICADO DEL HOMBRO Y DEL BRAZO llegas (sic) reporte de rx que no evidencia fractura, por lo que se decide dar salida con recomendaciones signos de alarma y cita control traumatología” (fls. 34 y 35 cdno. 1).
7. Copia auténtica del informe médico legal de lesiones no fatales de 7 de mayo de 2010, en el que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses –Seccional Valle del Cauca-, respecto de las secuelas físicas que padece el señor Calvert Jensen Murillo, indicó (se transcribe como obra en el expediente, incluso los errores):
“Refiere que el día 24 de marzo de 2010 a las 07:39 horas. Recibió impacto por onda explosiva. Producto carro bomba. En calidad de peatón en calles aledañas a la alcaldía. Recibió atención médica ambulatoria en el hospital Dptal de Buenaventura. Aporta valoración por el otorrino con Dx: Hipoacusia mixta con predominio Nss Moderado y epicrisis del Hospital Dptal con Dx: Hipoacusia no específica.
“Presenta:
“1_ Manifiesta disminución de la capacidad auditiva bilateral.
“2_ Manifiesta zumbidos (Tinitus) bilateral moderada a gran intensidad persistente asociado con cefalea lentamente progresiva. Pulsatil. Refiere además dolor cervical que le dificulta esporadicamente la movilidad en cuello No rigidez de nuca.
“3_ Dolor (Mialgias) en la movilidad a nivel de musculos locales de hombro y torax posteroSuperior.
“4_ Alteración parcial funcional en la movilidad del hombro izquierdo.
“CONCLUSION: MECANISMO CAUSAL: Explosivos
Incapacidad médico legal. DEFINITIVA. QUINCE (15) DIAS.
“SECUELAS MEDICO LEGALES:
“Perturbación funcional del órgano de la Audición. De carácter a definir
Perturbación funcional del miembro superior izquierdo de carácter a definir” (fl. 31 cdno. 1)
8. Copia auténtica del dictamen médico laboral de 22 de septiembre de 2010, mediante el cual la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, respecto de la pérdida de capacidad laboral del señor Calvert Jensen Murillo, señaló (se transcribe como obra en el expediente, incluso los errores):
“5.2. DIAGNOSTICO MOTIVO DE CALIFICACIÓN
“HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL –SIN OTRA ESPECIFICACIÓN
“TRAUMATISMO DE TENDON DEL MANGUITO ROTADOR DEL HOMBRO
“5.3. EXAMENES O DIAGNOSTICO E INTERCONSULTA PERTINENTES PARA CALIFICAR
“RMN DE HOMBRO IZDO VALORACIONES POR MDS ORL Y ORTOPEDIA ACERCA DE:
“ESTADO ACTUAL, TRATAMIENTOS PENDIENTES, SECUELAS DEFINITIVAS Y PRONOSTICO
“RMN VER RUPTURA MANGUITO ROT IZDO, HIPOACUSIA POSTRAUMA
“ACC CARRO BOMBA EN B/V 24 MARZO 2010
“(…)
“7. PORCENTAJE DE LA PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL
Calificación %
Deficiencia 9,91
Discapacidad 4,30
Minusvalia: 16,00
% Total 30,31” (fls. 19 a 22 cdno. 1) (resalta la Sala).
4. Valoración probatoria y conclusiones
De las pruebas que obran en el proceso se colige que: i) el 24 de marzo de 2010, al parecer miembros de las denominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC- activaron un carro bomba en las instalaciones del Cuerpo Técnico de investigación y la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía de Buenaventura, ii) por causa de la onda explosiva, resultaron lesionados el señor Calvert Jensen Murillo y su hijo Jackford Jwhoolf Jensen Martínez, quienes fueron trasladados al Hospital Departamental de Buenaventura E.S.E. y iii) como consecuencia del mencionado ataque terrorista, el señor Calvert Jensen Murillo padece de hipoacusia neurosensorial y trauma en el tendón del manguito rotador de su hombro izquierdo, lo cual le causó una pérdida de su capacidad laboral del 30,31%, según el dictamen médico laboral realizado por la Junta Regional de Invalidez del Valle del Cauca.
Constatada así la existencia del daño antijurídico, consistente en las lesiones que sufrió el señor Calvert Jensen Murillo, puesto que se trata de un detrimento o afectación que el ordenamiento jurídico no obliga a los demandantes a soportar, la Sala aborda el análisis respectivo, con el fin de determinar si el mismo es imputable a los demandados y, por lo tanto, si éstos se encuentran en el deber jurídico de resarcir los perjuicios que de ello se derivan, pero, previamente, se expondrán unas consideraciones sobre la responsabilidad por los daños derivados de atentados terroristas perpetrados contra entidades estatales, personas o instalaciones representativas del Estado.
Por regla general los daños ocasionados por terceros o agentes no estatales no comprometen la responsabilidad patrimonial del Estado, en la medida en que, desde un punto de vista fáctico, aquéllos no le resultan imputables, no obstante, la jurisprudencia ha considerado que los daños derivados de ataques terroristas contra entidades estatales, personas o instalaciones representativas del Estado pueden ser imputados a la Administración si ésta ha contribuido causalmente en su producción a través de acciones u omisiones que se relacionan con el incumplimiento de sus funciones.
De esta forma, la Corporación ha considerado que el concepto de falla del servicio opera como fundamento del deber de reparar en aquellos casos en los que agentes estatales intervienen en la producción del daño por ineficacia, retardo u omisión en el cumplimiento de las funciones a su cargo, lo cual se ha entendido que ocurre cuando: (i) la falta de cuidado o previsión del Estado facilita la actuación de los delincuentes; (ii) la víctima, o la persona contra quien iba dirigido el acto, solicita protección a las autoridades y éstas la retardan, omiten o la prestan de forma ineficiente; (iii) el hecho era previsible, en razón de las especiales condiciones que se vivían en el momento, pero el Estado no realiza ninguna actuación dirigida a evitar o enfrentar eficientemente el ataque; y (iv) la Administración omite adoptar medidas para evitar o atender adecuadamente una situación de riesgo objetivamente creada por ella.
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación, en pronunciamiento de 19 de abril de 2012, con ocasión de un ataque guerrillero dirigido en contra de una estación de Policía, unificó su jurisprudencia y precisó que la utilización de un determinado título de imputación no representaba una especie de camisa de fuerza para el juez sino que el uso de estos fundamentos de imputación “debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado”.
En esa misma sentencia, la Sala consideró que, al no haberse demostrado la existencia de falla en el servicio, debía darse prevalencia a la aplicación de los principios constitucionales que rigen a la responsabilidad estatal y se declaró la responsabilidad de la Policía Nacional con aplicación de la teoría del daño especial al entenderse que este fundamento de imputación permitía una concreción efectiva de los principios de solidaridad, de equidad y de justicia material.
En el asunto sub lite está demostrado que el ataque terrorista en el que resultó lesionado el señor Calvert Jensen Murillo estuvo dirigido contra personas y entidades representativas del Estado, toda vez que, según el informe del investigador de la Fiscalía -atrás transcrito-, la detonación del carro bomba tenía por objeto lesionar al personal de la Fiscalía y de la fuerza pública que prestaba sus servicios en ese lugar.
Asimismo, está acreditado que, en el distrito de Buenaventura, grupos al margen de la ley frecuentemente utilizaban artefactos explosivos para atacar entidades representativas del Estado y a la población civil, pues, inclusive dos meses antes del atentado contra las instalaciones de la Fiscalía (el 14 y 19 de enero de 2010), detonaron algunos de ellos en la Brigada de Infantería de Marina 2 y en el barrio la Pradera, causando la muerte de dos personas y heridas a cuatro más.
A pesar de lo anterior, en el expediente no obra prueba alguna de que el día de los hechos que dieron origen al proceso de la referencia, las demandadas tuvieran dispuestas medidas de seguridad efectivas para resguardar la edificación en la que funcionaban el Cuerpo Técnico de Investigación y la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía General de Buenaventura, así como a las personas que se encontraban en ella y en sus alrededores.
Por el contrario, los hechos y las circunstancias evidencian que se permitió que un carro con explosivos se aparcara sin inconveniente alguno en la parte trasera de la Fiscalía, pues no fue objeto de control o de revisión de ninguna clase por parte de los miembros del Cuerpo Técnico de Investigación de esa institución o de la Policía Nacional, a pesar de que, dos meses antes, grupos al margen de la ley utilizaron artefactos explosivos para atacar la Brigada de Infantería 2 en la ciudad de Buenaventura.
Así las cosas, es evidente que el atentado contra las instalaciones del Cuerpo Técnico de investigación y la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía no era un evento imprevisible e insospechado para los demandados, pues el ataque previo a una entidad representativa del Estado (Brigada de Infantería 2) y los problemas de orden público que padecía el distrito de Buenaventura demandaban de las autoridades municipales, de los agentes del C.T.I (en este caso) y de la fuerza pública el deber de adoptar todas las medidas de vigilancia y protección necesarias, entre ellas, la de inspeccionar los vehículos que se aparcaran cerca de las entidades públicas, para evitar atentados con carros bomba como el que causó los daños que se reclaman en el presente proceso.
En este orden de ideas, es claro que la ausencia de medidas de seguridad a las que acaba de hacerse referencia facilitó la instalación y detonación del artefacto explosivo con el que se atacó al personal de las demandadas y a las instituciones públicas que funcionaban o prestaban sus servicios en aquella edificación del distrito de Buenaventura, causando la muerte de 5 personas y heridas a por lo menos 40 más, entre ellas, a dos de los acá demandantes.
Lo anterior también permite concluir que la Nación – Policía Nacional – no cumplió lo dispuesto en el capítulo XVII del Reglamento de Vigilancia Urbana y Rural para la Policía Nacional, vigente para esa época, en cuanto a la obligación que tenía de implementar medidas de seguridad para resguardar las edificaciones en donde se ubicaba su personal, tales como la identificación de personas, registro de elementos y la prestación del servicio de seguridad de áreas internas y externas.
En efecto, el mencionado reglamento le imponía a la Policía Nacional la obligación de adoptar esquemas de seguridad para resguardar las instalaciones donde estaba su personal, deber que en el caso concreto adquiría mayor importancia dado que la edificación donde estaban el Cuerpo Técnico de Investigación y la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía albergaba también la oficina de Rentas Departamentales y estaba muy cerca de la administración distrital de Buenaventura, entidad representativa del Estado que, por las condiciones de violencia que se presentaba desde hacía ya muchos años en esa ciudad, era susceptible de ser atacada en desarrollo del conflicto armado.
Por lo anterior, indefectiblemente se evidencia una falta de cuidado, por parte de las demandadas, en la adopción de las medidas de seguridad sobre el perímetro donde fue instalado y detonado el carro bomba, lo cual, sin duda alguna, constituyó una omisión en su obligación de crear las condiciones necesarias para, al menos, evitar que se perpetrara el atentado terrorista del 24 de marzo de 2010, que causó la muerte de varias personas y heridas a otras, entre ellas, el señor Calvert Jensen Murillo y su hijo Jackford Jwhoolf Jensen Martínez, por lo que se impone declarar la responsabilidad de aquéllas por los perjuicios causados a los demandantes.
Así, pues, forzoso resulta concluir que el daño irrogado a los demandantes por las lesiones causadas al señor Calvert Jensen Murillo es jurídicamente imputable a la Nación –Ministerio de Defensa –Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación, razón por la cual la Sala confirmará la sentencia apelada, tanto en lo que se refiere a la declaratorias de responsabilidad de éstas por los hechos narrados en la demanda, como en lo relativo a la condena por concepto de perjuicios morales y materiales.
En este orden de ideas, la Sala mantendrá incólumes los montos reconocidos por el a quo en favor de los demandantes por concepto de perjuicios morales y actualizará los perjuicios materiales.
5. Reliquidación de los perjuicios materiales reconocidos por concepto de lucro cesante en la sentencia de primera instancia.
Lucro cesante
Por este concepto, el a quo reconoció en favor del señor Calvert Jensen Murillo la suma de $185’471.643, valor que será actualizado a la fecha de esta sentencia, con fundamento en la siguiente fórmula:
índice final – abril / 2017 (137,40)
Ra = ($185’471.643) ------------------------------------------------------------ =
índice inicial –agosto/ 2013 (113,89)
Ra = $223’758.045.
6. Condena en costas.
En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la ley 446 de 1998.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia de 30 de agosto de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas en esta providencia, excepto el literal b del ordinal tercero, el cual quedará así:
“b) CONDÉNASE a la Nación –Ministerio de Defensa- y a la Fiscalía General de la Nación a pagar solidariamente, a favor del señor Calvert Jensen Murillo, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, $223’758.045 ”.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil; para tal efecto, el Tribunal de instancia cumplirá los dictados del artículo 362 del C. de P.C.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen, para lo de su cargo.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
HERNÁN ANDRADE RINCÓN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
“Artículo 16. Apruébase como artículo nuevo de la Ley 270 de 1996 el siguiente: Artículo 63A. Del orden y prelación de turnos. Cuando existan razones de seguridad nacional o para prevenir la afectación grave del patrimonio nacional o en el caso de graves violaciones de derechos humanos o de crímenes de lesa humanidad, o de asuntos de especial trascendencia social, Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas, Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado, la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura o la Corte Constitucional, señalarán la clase de procesos que deberían ser tramitados y fallados preferentemente. Dicha actuación también podrá ser solicitada por el Procurador General de la Nación”.
Folios 77 y 78 cuaderno 1.
En la demanda se observa que los actores solicitaron pretensiones de orden material e inmaterial, que sumadas ascienden a la suma de $1.295’590.560, equivalentes a 2.418 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año de presentación de la demanda -2011-, razón por la que se impone concluir que este proceso ciertamente tiene vocación de segunda instancia.
En este sentido, véase la sentencia de 11 de julio de 1996 (exp. 10.822), mediante la cual la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por la muerte del comandante de guardia de la cárcel del municipio de Cañasgordas (Antioquia), durante un ataque armado perpetrado por presuntos guerrilleros, aprovechando las deficientes condiciones de seguridad que presentaba el establecimiento carcelario.
Este fue el título de imputación a partir del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados a las víctimas de la toma del Palacio de Justicia. Al respecto, véanse, entre otras, las sentencias del 16 de febrero de 1995 (exp. 9040), del 27 de junio de 1995 (exp. 9266), del 3 de abril de 1995 (exp. 9459) y del 29 de marzo de 1996 (exp. 10.920).
En sentencia de 12 de noviembre de 1993 (exp. 8233), la Sección Tercera del Consejo de Estado responsabilizó al Estado por los daños causados con la destrucción de un bus de transporte público, por parte de la guerrilla del ELN, en protesta por el alza del servicio de transporte entre los municipios de Bucaramanga y Piedecuesta (Santander). A juicio de la Sala, el daño es imputable a título de falla del servicio, porque, aunque la empresa transportadora no solicitó protección a las autoridades, éstas tenían conocimiento que en esa región “el alza del transporte genera reacciones violentas de parte de subversivos en contra de los vehículos con los cuales se presta ese servicio público”.
Esta fue la postura asumida por la Sección Tercera del Consejo de Estado al resolver la acción de reparación directa originada en la toma guerrillera a la base militar de Las Delicias en el departamento de Putumayo: sentencia de 25 de mayo de 2011(exps. 15.838, 18.075 y 25.212 (acumulados). En este caso la responsabilidad que se imputa al Estado “es por el resultado en atención a que i) no hubo o no se emplearon suficientes instrumentos de prevención (frente a lo que los altos mandos militares reflejan su omisión y desatención); ii) la calidad de la respuesta que se tuvo para defender a los miembros de la fuerza militar (…) fue limitada, tardía, insuficiente y propia de la falta absoluta de planeación y coordinación que exige la estrategia y desarrollo militar (pese a que nuestra fuerza militar tiene instituciones y forma a sus cuadros en escuelas militares de las mejores en el mundo), y; (sic) iii) a que el apoyo o reacción del Estado fue tardío, insuficiente y drásticamente limitado, lo que llevo a dejar sin alternativa alguna a los ciudadanos soldados, que produjo la muerte de uno de ellos y las lesiones de los otros dos. Por lo tanto, se sustenta dicha atribución, en su conjunto, en la falta absoluta de la ‘debida diligencia’ que debía aplicar el Estado en el caso concreto de la toma de la Base Militar de Las Delicias por parte de un grupo armado insurgente”.
Expediente 21.515.
Criterio mayoritario de esta Sección que el ponente de esta decisión no comparte, pero acoge.
Al respecto, es importante señalar que en la lista de personas fallecidas está un agente de la Policía Nacional que prestaba sus servicios en las instalaciones de la Fiscalía y de la oficina de Rentas de Buenaventura.
Resolución 9960 del 13 de noviembre de 1992, proferida por el Ministerio de Defensa, artículos 220 a 224.
Según se observa en el bosquejo topográfico FPJ-16- que obra en el folio 72 del cuaderno 2.
Ibídem.
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