Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2011-00383-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2011-00383-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 76001-23-31-000-2011-00383-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
18 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 76001-23-31-000-2011-00383-01 (54346)
Actor: Sigifredo López Tobón
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros
Referencia: Reparación directa
Asunto: Sentencia
Temas: FALLA EN EL SERVICIO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DEL ESTADO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD – se acreditó
la omisión de la Policía Nacional en el cumplimiento de sus deberes
constitucionales y legales respecto de los miembros de la Asamblea
Departamental del Valle del Cauca - HECHO DEL TERCERO – no se acreditó
dicha causal, dada la configuración de la falla del servicio de la institución
demandada / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS MATERIALES - contrato de
novación de deuda - contrato de subrogación de crédito / PERJUICIOS
INMATERIALES - reiteración jurisprudencial.
Corresponde a la Sala resolver los recursos de apelación interpuestos por las
partes contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, a través de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
Se demanda la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado por la
supuesta omisión en el servicio de seguridad que determinó el secuestro de un
Diputado de la Asamblea del departamento del Valle del Cauca, por parte de
miembros de un grupo subversivo.
SENTENCIA IMPUGNADA
1. Como se ha indicado, corresponde a la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, el 28 de noviembre de 2013, mediante la cual
se decidió la demanda de reparación directa presentada el 17 de marzo de 20111,
por el señor Sigifredo López Tobón contra la Nación – Ministerio de Defensa –
Policía Nacional – Ejército Nacional y el departamento del Valle del Cauca, con el
fin de que se les declare solidaria y patrimonialmente responsables por el secuestro
cometido por miembros de las FARC. Las pretensiones, hechos y fundamentos de
derecho invocados en la demanda fueron, los siguientes:
1 Folio 179 c. 1.
Radicación: 76001-23-31-000-2011-00383-01 (54346)
Actor: Sigifredo López Tobón
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros
Referencia: Reparación directa
Pretensiones
2. Se solicitó condenar a las entidades demandadas a pagar por perjuicios
morales la suma equivalente a cuatrocientos (400) SMLMV; por daños a la vida de
relación ochocientos (800) SMLMV; por “la pérdida de oportunidad” mil millones de
pesos M/cte. ($1.000’000.000); por “la tortura” que padeció y que representó un
sufrimiento distinto al moral ochocientos (800) SMLMV; por perjuicios materiales,
en la modalidad de lucro cesante mil millones de pesos M/cte. ($1.000’000.000) y,
en la modalidad de daño emergente, novecientos cincuenta millones de pesos
M/cte. $950’000.000, correspondiente a las obligaciones que no pudo pagar por su
cautiverio; ciento cuarenta y cinco millones de pesos M/cte. ($145’000.000), por
razón del pago de las cláusulas penales de las compraventas que no pudo cumplir,
así como también pidió el valor que resulte probado del tratamiento psicológico que
requirió con ocasión de su secuestro. Adicionalmente, solicitó el reconocimiento y
pago de una “pensión especial por las secuelas psicológicas” y, finalmente, que se
declare que no existió solución de continuidad durante el tiempo que estuvo
secuestrado, para efectos de jubilación.
Hechos
3. Se expuso que, con ocasión de la grave situación de orden público y seguridad,
el 13 de febrero de 2002, el presidente de la Asamblea Departamental del Valle del
Cauca solicitó a la gobernación incrementar y adoptar estrictas medidas de
seguridad y de policía en las instalaciones de esa Corporación, con el fin de
preservar la integridad y vida de sus miembros, petición que fue reiterada el 21 de
febrero, el 18 de marzo y fue llevada al pleno de las sesiones de la Asamblea
Departamental el 10 de abril de 2002.
4. Pese a lo anterior, el 11 de abril de ese año, un comando guerrillero de las
FARC ingresó a las instalaciones donde sesionaba dicho órgano administrativo y,
bajo la amenaza de un supuesto artefacto explosivo, sustrajo del lugar al señor
Sigifredo López Tobón y a otros once diputados, lo condujo a las zonas montañosas
y lo retuvo contra su voluntad durante siete años, hasta el 5 de febrero de 2009
cuando fue liberado en el marco de una operación humanitaria ejecutada por el
gobierno colombiano y otros organismos internacionales.
5. Afirmó que, durante su cautiverio fue sometido a graves vejámenes, tuvo que
soportar la ejecución de los once diputados, quienes, como él, habían sido
secuestrados y sólo podía enviar pruebas de supervivencia que el grupo subversivo
le permitía con destino a su familia, situación que le causó graves perjuicios.
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Radicación: 76001-23-31-000-2011-00383-01 (54346)
Actor: Sigifredo López Tobón
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros
Referencia: Reparación directa
Fundamentos de Derecho
6. Se indicó que el daño consistente en el secuestro del cual fue víctima el actor
resulta imputable a los entes demandados porque, aun cuando habían sido
advertidos sobre la necesidad de extremar medidas de seguridad para los
miembros de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, no cumplieron ese
deber de protección y seguridad que la Constitución les impone, circunstancia que
configuró una falla en el servicio, la cual permitió la consumación del secuestro y,
por ende, estaban obligados a indemnizar los perjuicios que le fueron causados2.
La defensa
7. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional se opuso a las
pretensiones y, para tal efecto, señaló la ausencia de un vínculo de causalidad entre
el daño y el Estado, pues el secuestro que padeció la víctima fue producto del hecho
exclusivo y delictivo de un tercero. Igualmente, controvirtió los perjuicios
reclamados en la demanda e indicó que los títulos aportados eran irregulares y que
los demás documentales no demostraban las disminuciones económicas
alegadas3.
8. La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional se opuso a las súplicas
de la demanda, para lo cual arguyó el hecho exclusivo del tercero como causal
eximente de responsabilidad estatal; asimismo, señaló que la Constitución y la ley
no le imponen a esa entidad el deber de prestar seguridad a particulares, pues su
función esencial es la defensa de la soberanía nacional, razón por la que alegó su
falta de legitimación en la causa por pasiva4.
9. El departamento del Valle del Cauca no se pronunció.
Alegatos de parte y concepto del Ministerio Público
10. Surtido el trámite probatorio, la parte demandante reiteró que, aunque el
daño fue causado por un tercero, resultaba imputable a los entes demandados, en
consideración a que se configuró una falla del servicio de seguridad y protección
que estaba relacionada directamente con la consumación del hecho delictivo del
secuestro, lo cual hacía procedente la indemnización solicitada5.
2 Folios 156 a 160 c. 1.
3 Folios 203 a 217 c. 1.
4 Folios 236 a 246 c. 1.
5 Folios 372 a 412 c. 1.
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Radicación: 76001-23-31-000-2011-00383-01 (54346)
Actor: Sigifredo López Tobón
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros
Referencia: Reparación directa
11. La Policía6 y el Ejército Nacional7 insistieron en el hecho exclusivo del tercero
como causal eximente de responsabilidad y, como respaldo, citaron varias
sentencias relacionadas con el tema.
12. El Ministerio Público no presentó concepto y el departamento del Valle del
Cauca guardó silencio.
La decisión recurrida
13. Mediante sentencia proferida el 28 de noviembre de 2013, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda en los siguientes términos (se transcribe literalmente):
“PRIMERO: NEGAR las excepciones propuestas por la entidad demandada
Policía Nacional.
SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción propuesta por el Ministerio de
Defensa – Ejército Nacional, denominada ‘falta de legitimación en la causa por
pasiva’.
TERCERO: DECLARAR administrativa, extracontractual y patrimonialmente
responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y al
departamento del Valle del Cauca – Asamblea Departamental, por los daños
ocasionados a la parte demandante, de conformidad con lo expuesto dentro de
esta sentencia.
CUARTO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
y al departamento del Valle del Cauca – Asamblea Departamental, al pago de
la suma de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor del
demandante, por concepto de perjuicios morales.
QUINTO: CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional y
al departamento del Valle del Cauca – Asamblea Departamental, al pago de la
suma de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor del
demandante, por concepto de perjuicios por daño a la vida de relación.
SEXTO: DENIÉGUENSE las demás pretensiones”8.
14. Para arribar a la anterior decisión, el a quo estimó probado el daño
consistente en el secuestro del señor Sigifredo López Tobón el 11 de abril de 2002
en las instalaciones de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, a manos
de miembros de las FARC.
15. Agregó que, de acuerdo con los medios de prueba recaudados, el secuestro
del demandante y el de sus otros once compañeros diputados acaeció
exclusivamente en razón a la calidad que ostentaban y a la importancia de la
6 Folio 324 a 344 c. 1.
7 Folios 353 a 359 c. 1.
8 Folios 414 a 434 c. principal.
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Radicación: 76001-23-31-000-2011-00383-01 (54346)
Actor: Sigifredo López Tobón
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros
Referencia: Reparación directa
institución a la cual pertenecían y, por tal motivo, representaba el padecimiento de
un daño antijurídico de carácter especial que justificaba y hacía necesaria la
declaratoria de responsabilidad del departamento del Valle del Cauca, puesto que
era la persona jurídica que integraba el órgano administrativo colegiado al cual
estaba adscrito el afectado.
16. Añadió que el daño padecido por el señor Sigifredo López Tobón era
igualmente imputable a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, en
consideración a que dicha autoridad tenía como función constitucional la seguridad
de los asociados; sin embargo, para el momento de ocurrencia de los hechos a
pesar de que tenía noticia de la alta probabilidad de atentados contra la vida y
libertad de los servidores públicos de elección popular no adoptó medidas eficaces
de protección, razón por la cual las condiciones de imprevisibilidad del hecho
exclusivo del tercero que se aducían como excepción meritoria no enervaban la
responsabilidad de la Policía Nacional, la cual estaba llamada a responder con
fundamento en el régimen subjetivo de responsabilidad de falla del servicio.
17. Precisó que, a diferencia de la Policía Nacional, el Ejército Nacional sí tiene
como funciones la defensa de la soberanía, la independencia y la integridad del
territorio nacional, deberes respecto de los cuales no se observó omisión alguna en
relación con la concreción del daño padecido por la víctima. A lo cual agregó que,
si bien se había aducido una falla de esa institución, derivada de la falta de
advertencia del secuestro masivo por parte de algunos soldados en un retén por el
cual transitó el vehículo en el que los subversivos trasladaron a los secuestrados,
ninguna prueba se allegó al plenario que respaldara esas afirmaciones, por lo que
no había fundamento de imputación de responsabilidad al órgano militar.
18. En relación con los perjuicios morales, reconoció cien (100) SMLMV a favor
de la víctima, dada la naturaleza de la lesión padecida y los criterios de
indemnización dispuestos por la jurisprudencia del Consejo de Estado.
19. De cara al daño a la vida de relación, negó la indemnización pedida, pues,
según indicó, no se acreditaron hechos que permitiera superar el tope que de
manera reiterada se ha reconocido en cuantía máxima de 100 SMLMV.
20. Frente a los perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, negó
la reparación pedida, en atención a que: (i) no se tenía prueba de que los préstamos
dinerarios que se respaldaban en los títulos valores que se allegaron como prueba,
hubieran tenido como destino la ayuda de la madre de la víctima durante su
cautiverio; (ii) no se probó la existencia de contratos de compraventa, cuyas
cláusulas penales la víctima hubiera tenido que pagar por la falta de cumplimiento
y; (iii) no se acreditó que el señor Sigifredo López Tobón hubiera recibido
tratamiento psicológico, por lo que no resultaba procedente el reconocimiento de
dicho perjuicio.
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Radicación: 76001-23-31-000-2011-00383-01 (54346)
Actor: Sigifredo López Tobón
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros
Referencia: Reparación directa
21. En relación con el lucro cesante, negó el reconocimiento y pago de las
prestaciones supuestamente dejadas de percibir por el término del secuestro,
habida cuenta que se probó que el departamento del Valle del Cauca y la
Universidad Santiago de Cali pagaron los salarios y demás emolumentos
prestacionales hasta el término de la vinculación de diputado y docente que
mantenía la víctima.
22. Negó también el reconocimiento de los perjuicios derivados de “pérdida de
la oportunidad”, los relativos a la reparación por la tortura sufrida y también los
relacionados con el reconocimiento de una pensión especial, para lo cual indicó
que: (i) el éxito de los proyectos políticos y profesionales del señor Sigifredo Tobón
eran una condición futura improbable, por lo que revestía de incerteza el daño
alegado; (ii) debido a la naturaleza “inmaterial” de la tortura, su indemnización se
comprendía subsumida en el daño moral reconocido y; (iii) si bien se adujeron
secuelas psicológicas como sustento de la pensión especial, lo cierto es que tal
circunstancia no resultó probada en el proceso9.
LOS RECURSOS INTERPUESTOS
23. La Policía Nacional indicó que la existencia de la obligación constitucional
de defensa de la vida, honra y bienes de las personas que le corresponde no implica
que dicha autoridad encuentre comprometida su responsabilidad en todos los
daños causados a particulares. A lo cual agregó que, si bien en el caso bajo análisis
existía una grave amenaza contra la seguridad de los servidores públicos de
elección popular por parte de los grupos subversivos, la autoridad policial mantuvo
todos sus recursos institucionales para impedir atentados contra los ciudadanos, lo
cual evidenciaba que no existía mérito para la declaratoria de responsabilidad, pues
el daño provenía exclusivamente del hecho delictivo de un tercero y su ocurrencia
no estuvo favorecida por ninguna falla en el servicio de esa entidad10.
24. Por su parte, la demandante calificó de errado el fundamento jurisprudencial
del que se sirvió el a quo para fundamentar el fallo de instancia e indicó que la
condena debía imponerse sobre los tres órganos estatales demandados, pues, de
un lado, la Policía y el Ejército Nacional incurrieron en una falla del servicio respecto
de su obligación de prestar la protección necesaria para impedir el secuestro del
señor López Tobón y, de otro, el departamento del Valle del Cauca no dispuso de
medidas de protección o seguridad, pese a los varios requerimientos que se
hicieron por la grave situación de orden público, escenario que, en sentir de la
apelante, evidenciaba que el fundamento de la responsabilidad no era la ocurrencia
de un daño especial, sino la configuración de una falla en el servicio.
9 Folios 420 a 433 c. principal.
10 Folios 437 a 445 c. principal.
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Radicación: 76001-23-31-000-2011-00383-01 (54346)
Actor: Sigifredo López Tobón
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros
Referencia: Reparación directa
25. De otro lado, manifestó su inconformidad frente a la indemnización de
perjuicios reconocida y solicitó que se modificara conforme a los siguientes
argumentos: (i) el a quo reconoció cien (100) SMLMV, por concepto de perjuicios
morales, pero no razonó sobre su justificación y tampoco expresó motivos para
negar la suma de cuatrocientos (400) SMLMV que se solicitaron en la demanda,
pese al carácter excepcional y grave del daño padecido y a los criterios
jurisprudenciales del Consejo de Estado y la Corte Interamericana de Derechos
Humanos al respecto; (ii) se negó lo pedido por daño a la vida de relación, sin
tenerse en cuenta la gravedad de la lesión y el dictamen médico psiquiátrico que
evidenciaban el perjuicio alegado; (iii) se negó lo pedido por el daño emergente,
pese a que en el plenario obra un estudio financiero que demuestra dicho perjuicio
en un valor equivalente a $144’771.417; (iv) se negó el daño emergente, pese a
que reposaban en el plenario títulos valores que respaldan las deudas contraídas
por la víctima a para y pagar préstamos asumidos por su esposa y madre y, (v) se
negó el lucro cesante solicitado en la demanda, aun cuando obra en el proceso un
estudio financiero que acredita ese perjuicio en una suma equivalente a
$1.021’129.759, además que, de acuerdo con la hoja de vida del señor Sigifredo
López Tobón, se evidenciaba que iba a mantener unos ingresos análogos al de un
diputado ($14’907.000) por el resto de su vida probable, razón por la cual debía
darse aplicación al principio “iura novit curia” y, fundado en este, reconocerse a su
favor un lucro cesante hasta los 74 años de edad del citado señor11.
Alegatos de conclusión en segunda instancia
26. La parte demandante y la Policía Nacional reiteraron los argumentos
expuestos con sus recursos de apelación12.
27. El Ministerio Público no presentó concepto y el departamento del Valle del
Cauca, así como el Ejército Nacional guardaron silencio.
CONSIDERACIONES
28. Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia,
procede la Sala a resolver los recursos de apelación formulados por las partes.
El objeto del recurso
29. Los recursos de apelación procuran evidenciar falencias en cada uno de los
puntos que fundaron la decisión de instancia; así, aun cuando algunos argumentos
son aludidos por la parte demandante y otros por la Policía Nacional, lo cierto es
que en conjunto representan una controversia respecto de: i) los razonamientos
11 Folios 455 a 469 c. principal.
12 Folios 508 a 530 y 531 a 536 c. principal.
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Radicación: 76001-23-31-000-2011-00383-01 (54346)
Actor: Sigifredo López Tobón
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros
Referencia: Reparación directa
jurídicos del título de imputación adoptado que, en sentir del apelante, debió
corresponder al de falla del servicio y predicarse de todos los entes demandados;
ii) los fundamentos fácticos y jurídicos que sirvieron de base a la declaratoria de
responsabilidad patrimonial de la Policía Nacional; iii) la conclusión probatoria que
desestimó la estructuración del hecho exclusivo de un tercero como causal
eximente de responsabilidad y, iv) la acreditación de la existencia y magnitud de
algunos perjuicios.
30. Así, a pesar de que el Ejército Nacional y el departamento del Valle del
Cauca no controvirtieron la decisión de instancia, la competencia de la Sala y el
objeto que la ocupa es omnicomprensiva frente a los elementos que integran la
responsabilidad patrimonial deprecada en la demanda, por virtud de la amplitud de
los cargos aducidos por los apelantes.
La situación fáctica acreditada
31. Es preciso indicar, de forma preliminar, que la actividad jurisdiccional es, sin
duda, un ejercicio racional que conjuga la valoración de medios con fuerza
demostrativa y el encuadramiento de sus conclusiones en los supuestos fácticos
que consagran las normas, a fin de establecer la necesidad de declaración judicial
de sus efectos; pero la complejidad de dicha actividad exige del juez, como
autoridad habilitada por la Constitución y la ley, aproximar en lo posible su decisión
a la realidad del asunto sometido a consideración y, por tanto, su rol no sólo
comprende el estudio de los vehículos de prueba que ante él se posan, sino también
las aprehensiones subjetivas que se puedan edificar en la conciencia social de cara
a las condiciones fácticas que se tornan evidentes, bien por su relevancia, magnitud
o impacto, lo cual las convierte en asunto de dominio público y en un hecho notorio
que no requiere prueba.
32. En este caso, de acuerdo con el informe “una sociedad secuestrada”,
elaborado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, para las décadas de los 90
y 2000, con ocasión del conflicto armado interno entre el Estado colombiano y los
grupos insurgentes, se presentaba una condición de violencia generalizada contra
la población civil y, en especial, contra los líderes políticos era una circunstancia
públicamente conocida y, en este sentido, el secuestro de representantes de la
política nacional era una actividad ejecutada por los subversivos con suficiente
reincidencia que lo hacían una repudiable condición de dominio público nacional;
basta rememorar que durante ese período, sólo las FARC secuestraron a 502
líderes políticos, realizaron secuestros masivos, como los ocurridos en la toma del
edificio Miraflores o del edificio Manzanillo y privaron de la libertad a sujetos
públicamente conocidos como Fernando Araújo, Jorge Eduardo Géchem, Íngrid
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Radicación: 76001-23-31-000-2011-00383-01 (54346)
Actor: Sigifredo López Tobón
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros
Referencia: Reparación directa
Betancourt, Alan Jara, Guillermo Gaviria, entre muchos otros13, hechos éstos que,
además, han de considerarse como notorios14.
33. Esta realidad alcanzaba la totalidad del territorio nacional y la región del Valle
del Cauca no era ajena a tal circunstancia, pues allí se presentó la toma de la Iglesia
la María de Cali, en 1999, en la cual miembros insurgentes retuvieron a 180
personas que participaban de los actos religiosos y también tuvo lugar, en el 2000,
el “secuestro del Kilómetro 18 de Cali”, en el cual alzados en armas privaron de la
libertad a 70 personas, lo cual evidencia que, para los inicios del nuevo milenio,
tanto la población civil como las instituciones eran conscientes de la amenaza
pública y generalizada del secuestro.
34. La notoriedad de estas condiciones llevó, el 13 de febrero de 2002, a que los
diputados del departamento del Valle del Cauca, por intermedio de su presidente,
solicitaran al jefe de seguridad de la gobernación la adopción de medidas
adicionales de seguridad, en relación con el control del ingreso de personal a las
instalaciones donde funcionaba la Asamblea Departamental del Valle del Cauca,
dice el oficio:
“La situación de orden público en materia de seguridad se ha tornado más
violenta en los últimos tiempos, razón por la que se hace necesario adoptar al
máximo todas las medidas pertinentes para minimizar los riesgos tanto de los
diputados como de las personas que laboran y permanecen dentro del edificio
de la Asamblea (…)
Por las anteriores razones, le solicito impartir órdenes precisas a los porteros y
coordinar con la Policía Nacional, el acceso a la edificación, solicitando a quien
ingresa documento de identidad con el fin de registrar su nombre en un libro
que para tal fin les haré llegar. Así mismo, deben requisar toda maleta, maletín,
bolsos, etc. Respecto de la Policía deben requisar para que, en lo posible, salvo
escoltas de diputados, ninguna persona ingrese con armas a la Asamblea.
13 “La afectación del secuestro a miembros de la administración pública y de los cuerpos legislativos además
dan cuenta de un alto impacto a la democracia. Como ya se vio en el primer capítulo, los funcionarios públicos,
en especial a nivel local, se han visto altamente afectados por la dinámica del secuestro en el marco del conflicto
armado. Es así como Colombia llega a posicionarse como el único país en donde se han secuestrado 938
funcionarios públicos entre concejales, alcaldes, congresistas, diputados y personeros, entre 1970 y 2010, y
varios casos documentados muestran el uso del secuestro como medio para realizar juicios políticos por parte
de los captores”, Centro de Memoria Histórica: “una sociedad secuestrada”, Imprenta Nacional, Bogotá, 2013,
pág. 84.
14 En cuanto tiene que ver con el concepto de “hecho notorio”, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
señalado que “el hecho notorio además de ser cierto es público, y sabido del juez y del común de las personas
que tienen una cultura media. Y según las voces del artículo 177 del C. de P.C. el hecho notorio no requiere
prueba; basta que se conozca que un hecho tiene determinadas dimensiones y repercusiones suficientemente
conocidas por gran parte del común de las personas que tiene una mediana cultura, para que sea notorio”.
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 27 de noviembre de 1995, Exp. 8045, C.P. Diego Younes
Moreno. En idéntica dirección, para el profesor HERNANDO DEVIS ECHANDÍA existe notoriedad de un
determinado hecho y por lo tanto se debe eximir de prueba a aquél hecho “cuando en un medio social donde
existe o tuvo ocurrencia y en el momento de su apreciación por el juez, sea conocido generalmente por las
personas de cultura media en la rama del ser humano a que corresponda, siempre que el juez pueda conocer
esa general o especial divulgación de la certeza del hecho, en forma de que no le deje dudas sobre su existencia
presente o pasada” En HERNANDO DEVIS ECHANDÍA, “Teoría General de la Prueba Judicial”, T. I, Ed. Víctor
de Zabalía, Buenos Aires, 1970, p. 231.
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Radicación: 76001-23-31-000-2011-00383-01 (54346)
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Referencia: Reparación directa
Finalmente, le solicito hacer los trámites pertinentes para que sea reforzada la
presencia de la policía en este edificio”15.
35. Petición esta que fue reiterada el 21 de febrero de 2002, con los mismos
propósitos, dice el oficio:
“El pasado 13 de febrero les envié un oficio donde le solicito impartir órdenes
precisar a los porteros y coordinar con la Policía Nacional el acceso a la
edificación de la Asamblea, solicitando a quien ingresara documento que lo
identifique con el fin de registrarlo en un libro que para tal fin envié.
No obstante lo anterior, con preocupación observo que hasta el momento no
se le está dando cumplimiento a esta solicitud. Por tal razón, una vez más les
solicito instruir a las personas que prestan sus servicios al ingreso del Edificio
para que no omitan esta directriz que propende por salvaguardar la vida y la
integridad física de quienes permanecemos en este recinto, incluidos
obviamente los porteros y agentes de policía”16.
36. Como consecuencia, mediante el oficio del 23 de febrero de 2002, el Capitán
de la Policía del Área Investigativa de Delitos Contra la Vida solicitó al Capitán de
“enlace y seguridad de la asamblea” que se atendiera la petición elevada por el
presidente de esa corporación y, por ende, que se ordenara “reforzar la seguridad
a la edificación de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, con el fin de
minimizar los riesgos de atentados contra las instalaciones y las personas que allí
laboraban”17.
37. Pese a las condiciones aludidas y a las peticiones de refuerzo de medidas
de seguridad, el 11 de abril de 2002, miembros de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia FARC-EP, haciendo uso de uniformes y utensilios
militares falsos y bajo una supuesta amenaza terrorista, ingresaron a las
instalaciones de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca y forzaron al señor
Sigifredo López Tobón y a otros miembros de esa Corporación a ascender a un
vehículo tipo buseta y a trasladarse en él hacia la zona montañosa, momento desde
el cual comenzaría el cautiverio del citado señor y las demás personas raptadas,
como lo evidencia las certificaciones del 1 de marzo de 2004 y del 24 de abril de
2002, expedidas por la Asamblea Departamental del Valle del Cauca18 y la Fiscalía
Especializada en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario19, y el
oficio 117 del 11 de abril de 2002, por el cual se comunica al Comandante del
departamento de Policía del Valle del Cauca la novedad de la situación acaecida
ese día:
15 Folio 136 c. 2.
16 Folio 135 c. 2.
17 Folio 205 c. 2.
18 Folio 193 c. 2.
19 Folio 194 c. 2.
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Radicación: 76001-23-31-000-2011-00383-01 (54346)
Actor: Sigifredo López Tobón
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros
Referencia: Reparación directa
“(…) siendo aproximadamente las 10:35 horas, en hechos sucedidos en la
Asamblea Departamental, cuando veinte delincuentes (subversivos) al parecer
pertenecientes a las FARC, portando prendas privativas de las Fuerzas
Militares (camuflado, botas, boina de color verde megáfono) y armamento de
largo alcance (fúsiles) en igual forma un maletín negro en lona y a la cabeza
del grupo llevaban un canino de raza pastor sin cola. Ingresaron a las
instalaciones de la Asamblea Departamental manifestándole a los uniformados
que se encontraban de servicio (…) que habían recibido una llamada en la
Tercera Brigada sobre la presencia de unos artefactos explosivos en dicho sitio,
procediendo a evacuar a las personas que se encontraban en estas
instalaciones.
Es de aclarar que en esos momentos estaba por iniciarse la plenaria de la
Asamblea Departamental compuesta por veinticinco Diputados de los cuales
fueron seleccionados diecisiete personas y obligados durante la evacuación a
abordar una buseta polarizada de color blanco, sin placas, partiendo con rumbo
desconocido en compañía de los subversivos en mención dejando varios
artefactos explosivos (petardos) en dichas instalaciones, los cuales se
movilizaban en dos camiones tipo Mazda estaca color rojo.
Posteriormente fueron liberadas cinco personas quedando en poder de estos
subversivos (…) SIGIFREDO LÓPEZ (…)
De la presencia de este grupo y del artefacto explosivo fue informado por el
señor (…) al comando Estación Dignataria, procediendo el señor SI (…) guía
canino de Detección de Mina y Explosivos a verificar la situación, quedando al
margen de estos hechos porque le fue impedido el acceso a estas instalaciones
por el mismo personal que integraba el grupo subversivo ya que le fue
manifestado que ellos tenían ya la situación controlada por orden de la Tercera
Brigada”20.
38. El 5 de febrero de 2009, después de un completo aislamiento, el señor
Sigifredo López Tobón recobró su libertad, tal como se evidencia en la Resolución
3606 de 2009, expedida por la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, por
la cual se ordenó su desvinculación de nómina de esa Corporación y como,
además, lo aceptan las partes en litigio, quienes tuvieron por probado tal hecho.
Del régimen de responsabilidad aplicable
39. El artículo 90 de la Constitución Política define la cláusula general de
responsabilidad estatal y determina como eje axial la existencia de un daño
antijurídico, comprendido este como toda aminoración cierta, determinada y
personal de un derecho o interés lícito que una persona no está en el deber de
soportar y, en ese sentido, a la hora de solicitar una indemnización por parte del
Estado, los razonamientos relativos a los títulos de imputación de la responsabilidad
gozan de relevancia argumentativa, pero no son un requisito sin el cual no se pueda
adelantar el enjuiciamiento de la situación sometida a consideración pretoriana, de
ahí que los jueces, como autoridades investidas de jurisdicción y competencia,
20 Folio 210 y 211 c. 2.
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Referencia: Reparación directa
puedan declarar el deber de reparar con fundamento en la estructuración de una
falla en el servicio, la ocurrencia de un daño especial o la concreción de un riesgo
excepcional, conforme con lo que encuentre probado y siempre teniendo en cuenta
el criterio pro homine y de dignidad humana por la que propende el sistema
constitucional colombiano21.
40. Así pues, teniendo en cuenta que uno de los argumentos constitutivos del
objeto de la apelación corresponde a la definición del título de imputación, se
analizará si la falla en el servicio que se aduce en la demanda como fundamento
de responsabilidad es el idóneo para el caso que se analiza, para lo cual se revisará
cuáles son las obligaciones que le asisten al Estado relacionadas con el caso
concreto y si éstas fueron atendidas por las entidades demandadas
satisfactoriamente, con la evaluación de cualquier causa extraña que se hubiera
podido generar.
Obligaciones del Estado: desde las disposiciones del DIDH y el DIH hasta la
Constitución y la ley.
41. De acuerdo con los artículos 2, 11 y 13 de la Constitución, a las autoridades
de la República les corresponde el deber de “proteger a todas las personas
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de
los particulares” y garantizar “el mantenimiento de las condiciones necesarias para
el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes
de Colombia convivan en paz” y, en este sentido, la obligación de evitar cualquier
afectación a la libertad de las personas.
42. De ahí que el Decreto 2203 de 1993, por medio del cual “se desarrollan la
estructura orgánica y las funciones de la policía nacional y se dictan otras
disposiciones”, hubiera encargado a ese órgano estatal del deber de “proteger a
todas las personas residentes en Colombia, garantizando el ejercicio de los
derechos y libertades públicas” y “prevenir la comisión de hechos punibles,
utilizando los medios autorizados por la ley, con el fin de asegurar que los
habitantes de Colombia convivan en paz”.
21 “En lo que refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de
responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino
que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación
que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por
ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a la adopción de diversos ‘títulos de imputación’ como una
manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una
perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato
constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un
determinado y exclusivo título de imputación”, Consejo de Estado, sentencia de unificación del 19 de abril de
2012, exp 21.515.
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43. En materia del Derecho Internacional de Derechos Humanos, el artículo 1.1.
de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos22, establece dos tipos de
obligaciones para los Estados, a saber: i) la obligación de respeto, que exige del
Estado una conducta de abstención, denominada también obligación negativa y,
por otro lado; ii) se impone una obligación de garantía, que exige a los Estados
parte emprender las acciones necesarias tendientes a asegurar que todas las
personas sujetas a su jurisdicción estén en condiciones de ejercerlos y
garantizarlos23.
44. A su turno, la obligación de garantizar envuelve el deber positivo de hacer,
conforme al cual el Estado debe afianzar los derechos estipulados en la Convención
y, en tal sentido podemos distinguir las siguientes formas de cumplimiento de esta
obligación de garantía: i) asegurar el pleno goce y ejercicio de los derechos sin
discriminación alguna; ii) proteger a las personas frente a amenazas de agentes
privados o públicos en el goce de los derechos; iii) adoptar medidas de prevención
general frente a casos de violaciones graves de derechos; iv) reparar a las
víctimas24; y v) cooperar con los órganos internacionales para que estos puedan
desarrollar sus actividades de control25.
45. En este sentido, al Estado le resulta imperativo garantizar de su parte y de
terceros los derechos a la integridad, la libertad y la seguridad personal,
comprendidos en los artículos 5 y 7 convencionales, de modo que nadie sea
sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes ni
sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.
46. Asimismo, de acuerdo con el artículo 3° común a los Protocolos de Ginebra
y el artículo 13 del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949,
relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter
internacional, al Estado le corresponde el deber especial de protección a la
población civil26 contra los peligros procedentes de operaciones militares, para lo
cual debe abstenerse de atentar en su contra y, a su vez, desplegar las conductas
institucionales necesarias que impidan ataques, actos o amenazas de violencia
contra ese sector social, salvo si participan directamente en las hostilidades y
mientras dure tal participación.
22 “Obligación de respetar los derechos: Los Estados Parte en esta Convención se comprometen a respetar los
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta
a su jurisdicción (...)”.
23 Claudio Nash Rojas, Las Reparaciones ante la Corte Interamericana de Derechos, p. 19.
24 CIDH, Caso La Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, sentencia de 31 de enero de 2006, párr. 142.
25 Claudio Nash Rojas, Las Reparaciones ante la Corte Interamericana de Derechos, p. 21.
26 El término civil se refiere a las personas que reúnen las dos siguientes condiciones: (i) no ser miembros de
las fuerzas armadas u organizaciones armadas irregulares enfrentadas y (ii) no tomar parte en las hostilidades,
sea de manera individual como ‘personas civiles’ o ‘individuos civiles’, o de manera colectiva en tanto ‘población
civil’. En tal sentido, quienes no participan directamente en las hostilidades tienen la condición de ‘personas
protegidas’ por el DIH.
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47. Las obligaciones internacionales generales, aunque encuentran su fuente en
escenarios internacionales diferentes, las primeras en el DIDH y las segundas en
el DIH, se tornan complementarias en cuanto a los mínimos de garantía de
derechos que se deben respetar27, de ahí que su exigibilidad se predica de todas
las autoridades estatales, al margen de la determinación funcional de cada una de
ellas, pues las actuaciones que éstas despliegan se comprenden como un hecho
propio del Estado y, por ende, comprometen su responsabilidad de cara a las
obligaciones que éste ha contraído como sujeto de derecho internacional; no
obstante, en consideración a que los sistemas jurídicos nacionales adoptan
distribución de competencias a fin de garantizar en términos de eficacia las
funciones consagradas por la Constitución y por la ley, no hay ningún impedimento
para que en sede judicial los jueces puedan efectuar tal disquisición a fin de
satisfacer exigencias jurídico-procesales propias de los juicios, relativas a los
presupuestos de legitimación de los entes públicos demandados para responder
por los daños que se les enrostran, pues no puede perderse de vista que la finalidad
que subyace a los instrumentos internacionales trasciende los casos concretos y
se fincan en la defensa y promoción sistemática de las garantías mínimas de las
personas por parte de los Estados.
48. Ahora, en relación con la responsabilidad estatal, la jurisprudencia
internacional ha sido consistente en señalar que no toda afronta o violación al
Derecho Internacional de los Derechos Humanos o infracción al Derecho
Internacional Humanitario por parte de terceros compromete a los Estados, ya que
para que tal situación se concrete es preciso tener por demostrado que los
estamentos públicos o las autoridades estatales no actuaron con el estándar de
diligencia que de ellos se esperan, de modo que, aunque se acredite su ajenidad a
la relación causal, material y directa del hecho, pueden estar comprometidos por la
inacción injustificada que torna imputable el daño en su contra; es, bajo la óptica de
la jurisprudencia de esta Corporación, la validación de la tradicional falla en el
servicio, derivada de la desatención de los deberes convencionales,
constitucionales y legales correspondientes.
27 “(…) desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, se tiene que cuando ‘un
conflicto asume las dimensiones de una confrontación armada, la vida de la nación se considera
inmediatamente en peligro, lo que lleva a invocar las cláusulas derogatorias. En tales casos, todas las normas
de derechos humanos cuya derogación está prohibida siguen en pleno vigor. Estas normas están confirmadas
o complementadas por la normativa específica de los conflictos armados no internacionales, que forman parte
de la normativa humanitaria’
Todo lo anterior implica desde la posición de las fuerzas militares del Estado, que su legitimidad y
reconocimiento en la guarda del orden público y la seguridad tiene límites y obligaciones que derivan de este
corpus iuris del derecho internacional humanitario. Obligaciones que se complementan con las disposiciones
de la Convención Americana de Derechos Humanos, particularmente con el art. 1.1 el cual exige al Estado
Colombiano cumplir con el compromiso de respetar los derechos y libertades consagrados en la misma
Convención, garantizando como obligación positiva el libre y pleno ejercicio de los derechos a toda persona
que se encuentre bajo su jurisdicción, sin discriminación alguna por condición social. Dicha obligación positiva
debe consolidarse, al tenor de lo consagrado por el artículo 2º de la mencionada Convención, por el Estado
colombiano, a través de la adopción y aplicación eficaz de medidas legislativas y de cualquier tipo que puedan
ser necesarias para la efectividad de los derechos y libertades”, Consejo de Estado, sentencia del 9 de
septiembre de 2020 exp. 76001333100120080013401.
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49. En relación con la responsabilidad de los Estados por el hecho de
particulares, la Corte IDH ha precisado desde sus primeros casos contenciosos que
el Estado está llamado a responder dependiendo de las circunstancias particulares
de cada caso concreto y atendiendo al grado de previsibilidad y los medios que
tenía para contrarrestarlo, sobre el particular discurrió de la siguiente manera:
“Lo decisivo es dilucidar si una determinada violación a los derechos
humanos reconocidos por la Convención ha tenido lugar con el apoyo o la
tolerancia del poder público o si éste ha actuado de manera que la trasgresión
se haya cumplido en defecto de toda prevención o impunemente. En
definitiva, de lo que se trata es de determinar si la violación a los derechos
humanos resulta de la inobservancia por parte de un Estado de sus deberes
de respetar y de garantizar dichos derechos, que le impone el artículo 1.1 de
la Convención”28.
50. Con fundamento en los anteriores marcos normativos y jurisprudenciales, la
Sala procederá a analizar la configuración de los elementos de la responsabilidad
patrimonial del Estado en el caso concreto.
Del caso concreto
51. Los hechos probados son diáfanos en evidenciar que, para la época de los
hechos, esto es, a inicios de la década de los 2000, en todo el territorio nacional
existía una condición generalizada de riesgo a la integridad, la libertad y la
seguridad de la población civil, específicamente respecto de los servidores del
Estado de elección popular, en consideración a que eran considerados por los
grupos alzados en armas como las FARC, como instrumentos por cuya afectación
podían ejercer presión política y desestabilización institucional.
52. Así, la intensidad y gravedad de estas condiciones de inseguridad provocó
que dejara de ser una situación política de conocimiento nacional, sino que
trascendiera a una condición específica y concreta de cara a los miembros de las
corporaciones públicas departamentales como es el caso de la Asamblea
Departamental del Valle del Cauca. En efecto, y a pesar de que era un hecho
notorio de manejo nacional, el 13 de febrero de 2002, los diputados de ese órgano
territorial solicitaron al jefe de seguridad de la Corporación extremar las medidas de
seguridad en el edificio donde se sesionaba, con la imperativa de garantizar el
ejercicio de sus funciones democráticas, por medio del aseguramiento de los
sujetos políticos de deliberación regional y así también del personal civil de apoyo
en el funcionamiento de la actividad.
53. No hay prueba de que dicha solicitud hubiera sido atendida
satisfactoriamente por parte del departamento del Valle del Cauca o por la Policía
28 CIDH, Caso Velásquez Rodríguez v. Honduras, sentencia de 29 de julio de 1988, párr. 173 y, en similar
sentido, consultar, Caso Masacre de Pueblo Bello, sentencia del 31 de enero de 2006, párr. 123.
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Nacional, muestra de ello es que el 21 de febrero siguiente, el presidente de los
asambleístas radicó una nueva petición por la cual reiteraba la imperiosa necesidad
de reforzamiento de seguridad en las instalaciones de la Asamblea Departamental
del Valle del Cauca y, frente a esta petición, la única acción que se encuentra
acreditada por parte de las entidades citadas a las cuales se les exigió protección,
corresponde a un oficio interno de la Policía Nacional en la cual replicaba la petición
de los diputados y la remitía al Capitán de “enlace y seguridad de la asamblea”.
54. Lo anterior evidencia sin duda que, pese a la existencia de condiciones
generalizadas y públicamente conocidas de riesgo contra los representantes
políticos y de peticiones concretas de seguridad, protección y garantía de los
miembros de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, el Estado, en cabeza
de las entidades advertidas de tales circunstancias no desplegaron ninguna acción
efectiva tendiente a conjurar las condiciones de riesgo gestadas por grupos
subversivos, lo que significa en términos de imputación que no cumplieron con
diligencia las exigencias que les correspondían conforme con el marco normativo
antes referido al cual se encuentra sometido, con lo cual se faltó a la obligación
positiva de responder “a las demandas de protección de manera cierta y efectiva”
cuando tenga conocimiento de amenazas “sobre la existencia y tranquilidad de
individuos o grupos que habitan zonas de confrontación o que desarrollan
actividades de riesgo en los términos del conflicto”29.
55. Además de la ausencia de prueba que indique lo contrario, es preciso
resaltar que las demandadas durante el proceso no argumentaron en contra de lo
que se colige del material probatorio, toda vez que su estrategia defensiva, en el
caso del órgano policial, ya que el ente territorial guardó silencio, estuvo enfocada
a alegar la inexistencia de responsabilidad por la intervención efectiva y eficiente
de un tercero en la ocurrencia del daño alegado, pero en ningún modo los
argumentos defensivos se dirigieron a alegar ni mucho menos a probar la
satisfacción y cumplimiento de los deberes de seguridad y protección estatal que
eran de su competencia.
56. Ahora, la Sala no pasa por alto que, como lo evidencian los medios de
convicción recaudados en este juicio, el secuestro del señor Sigifredo Tobón López
fue perpetrado por miembros de las FARC el 11 de abril de 2002, cuando él y otros
11 diputados se encontraban en las instalaciones de la Asamblea Departamental
del Valle del Cauca dispuestos para la deliberación democrática, sin que en tales
circunstancias hubiera intervenido activamente alguna entidad Estatal, situación
que, en sentir de las entidades demandadas, evidencia que el daño sólo es
imputable a ese tercero, en la medida en que fue producto exclusivamente de su
actuar delictivo, lo cual no es de recibo, como pasa a explicarse.
29 Al respecto, ver sentencias de la Corte Constitucional T 981- 2001, T 1206 -2001. T496-2006.
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De la imputación de responsabilidad y del hecho del tercero
57. La imputación es un juicio racional que consiste en el análisis causal de una
condición generadora y su respectiva consecuencia y la atribución que de ella se
puede efectuar respecto de un sujeto de derecho y, en este sentido, es una revisión
que transita por la observación material y natural del desenvolvimiento causal de
una circunstancia y finaliza en la valoración del resultado como consecuencia
jurídica, por lo que puede afirmarse sin ambages que, aun cuando un sujeto de
derecho no participe materialmente en la generación de una lesión o un
menoscabo, puede resultarle imputable su resultado sin que pueda alegarse el
hecho del tercero, cuando provenga de una desatención a las obligaciones que el
DIDH, el DIH, la Constitución y la ley le asignan.
58. Esta premisa sobre la imputación hace parte de la base sobre la cual se
edifica la falla en el servicio por la inacción de las autoridades estatales y viene a
soportar, además, el hecho de que el Estado pueda encontrar comprometida su
responsabilidad por la conducta de un tercero generadora de daños, en eventos en
los que el riesgo y amenaza de daños es una condición constante, latente y
conocida. En efecto, a pesar de que el hecho dañoso daño haya tenido su génesis
directa, material y causal en la conducta de un tercero, no quiere significar, en
principio, que necesariamente se tenga que configurar una causa extraña que
exonere de responsabilidad a la Administración, toda vez que dicho daño puede
devenir imputable a esta última si su comportamiento fue relevante y determinante
en su desencadenamiento.
59. Así pues, si bien la imputación tiene un sustrato material o causal, lo cierto
es que no se agota allí, puesto que ante su vinculación con ingredientes normativos
es posible que en sede de su configuración se establezca que un daño en el plano
material sea producto de una acción u omisión de un tercero, pero resulte imputable
al demandado siempre que se constate la ocurrencia de cualquiera de los
siguientes eventos: i) que con fundamento en el ordenamiento jurídico se tuviera el
deber de impedir la materialización del daño; ii) que con su actividad se incrementó
el riesgo permitido (creación de un riesgo jurídicamente desaprobado); o, iii) que se
estaba dentro del ámbito de protección de una norma de cuidado30.
60. Ahora, teniendo en cuenta el título de imputación alegado en la demanda y
en el recurso de apelación (falla del servicio), cabe destacar que, en tratándose de
los daños sufridos por las víctimas de hechos violentos cometidos por terceros, esta
Sección del Consejo de Estado ha considerado que los mismos pueden ser
imputables al Estado cuando: i) en la producción del hecho dañoso intervino o tuvo
participación la Administración Pública a través de una acción u omisión
constitutivas de falla del servicio; ii) en los eventos en los cuales el hecho se
30 Cfr. Consejo de Estado, sentencia del 18 de febrero de 2010, exp. 18.274.
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produce con la complicidad de miembros activos del Estado o, iii) cuando la persona
contra quien iba dirigido el acto había solicitado protección a las autoridades y éstas
no se la brindaron o, iv) porque en razón de las especiales circunstancias que se
vivían en el momento, el hecho era previsible y no se realizó actuación alguna
dirigida a su protección31.
61. Respecto de los deberes de seguridad y protección del Estado para con las
personas residentes en el territorio nacional, esta Sección del Consejo de Estado,
de tiempo atrás, ha precisado que el Estado debe responder patrimonialmente a
título de falla del servicio por omisión en el deber de prestar seguridad a las
personas, cuando: i) Se deja a la población a merced de los grupos de delincuencia,
sin brindarles protección alguna, en especial cuando se tiene conocimiento de que
los derechos de esa población vienen siendo desconocidos por grupos organizados
al margen de la ley; ii) se solicita protección especial, con justificación en las
especiales condiciones de riesgo en que se encuentra la persona; iii) no se solicita
expresamente dicha protección pero es evidente que las personas la necesitaban,
en consideración a que existían pruebas o indicios conocidos que permitieran
asegurar que se encontraban amenazadas o expuestas a sufrir graves riesgos
contra su vida, en razón de sus funciones32.
62. En similar sentido, esta Sección del Consejo de Estado ha planteado varios
criterios para valorar la falla del servicio con base en la cual cabe endilgar la
responsabilidad patrimonial al Estado: i) que con anterioridad y posterioridad a la
ocurrencia de los hechos hubiese “conocimiento generalizado” de la situación de
orden público de una zona, que afecte a organizaciones y a personas relacionadas
con éstas; ii) que se tuviere conocimiento de “circunstancias particulares” respecto
de un grupo vulnerable; iii) que exista una situación de “riesgo constante”; iv) que
haya conocimiento del peligro al que se encuentre sometida la víctima debido a la
actividad profesional que ejerza, y; vi) que no se hubiesen desplegado las acciones
necesarias para precaver el daño33.
63. Así las cosas, es claro que, desde la dogmática de la responsabilidad, el
hecho del tercero es una circunstancia que interviene en el análisis de atribución
del daño y enerva la imputación del deber de indemnizar por ausencia de relación
positiva o activa del demandado con la lesión; sin embargo, en consideración a que
el juicio de imputación no se agota en el análisis de las condiciones materiales
generadoras de la situación lesiva y que, como en este caso, se verificó que la
conducta de ese tercero, si bien fue causa material eficiente del daño, estuvo
31 Cfr. sentencias de 8 de noviembre de 2016, exp. 40.341, del 26 de febrero de 2015, Exp. 30.885 y del 26 de
agosto de 2015, Exp. 36.374, entre otras.
32 Ver, entre otras, sentencias del 11 de octubre de 1990, exp. 5737; del 15 de febrero de 1996, exp. 9940; del
19 de junio de 1997, exp. 11.875; del 30 de octubre de 1997, exp. 10.958 y del 5 de marzo de 1998, exp.
10.303. Más recientemente, consultar sentencias de esta Subsección proferidas el 26 de agosto de 2015, exp.
36.374 y el 8 de noviembre de 2016, exp. 40.341.
33 Sentencias del 31 de enero de 2011, exp. 17.842 y del 1° de febrero de 2016, exp. 48.842.
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acompañada de una omisión parte del Estado de las obligaciones de garantía de
seguridad, protección y cuidado que le imponen el DIDH, el DIH, la Constitución y
la Ley y, por tanto, es posible endilgarle responsabilidad, a título de falla del servicio,
sin que la causa extraña alegada tenga la capacidad de enervar esa determinación
patrimonial.
64. Puesto en otros términos, pese a que el secuestro del señor Sigifredo López
Tobón provino del actuar único y exclusivo de los miembros de las FARC, sin que
en el desarrollo causal del daño hubiera intervenido activamente alguna autoridad
estatal, los efectos patrimoniales que se derivan de esa lesión le resultan del todo
imputables al Estado y, en especial a la Policía Nacional y al departamento del Valle
del Cauca, porque conocían la situación de alto riesgo que el citado señor afrontaba
no solo por ser un hecho notorio, sino porque fueron advertidas de forma directa,
específica y diáfana y, ante tal circunstancia, no desplegaron acción alguna
tendiente a suprimir o, por lo menos, reducir la amenaza contra la integridad, la
libertad y la seguridad de aquél como servidor público de elección popular, lo cual
compromete su responsabilidad por desatención a las obligaciones dispuestas por
el DIDH, el DIH, la Constitución y la ley, y en términos de imputación, hace que les
resulta atribuible el daño causado por el tercero, habida cuenta del incumplimiento
de los citados deberes superiores.
65. Así, no es aceptable que para la demandada el daño producido le hubiere
resultado inesperado, sorpresivo e irresistible, en consideración a que -se insiste-,
tuvo conocimiento previo de la especial y específica situación de riesgo, amén de
haberse realizado reuniones de seguridad con tales autoridades días antes previos
al secuestro y es, precisamente ese conocimiento, lo que configura en este caso la
falla del servicio dada la falta de atención suficiente y necesaria de protección que
debió brindar a los diputados de la Asamblea del Valle del Cauca.
66. En ese orden de ideas, resulta claro para la Sala que la omisión en que
incurrió la Policía Nacional en este caso, tanto en la prevención del secuestro de la
víctima directa como en la reacción efectiva y eficaz frente a ese hecho, constituye
una flagrante violación al deber de protección, amén de que la Corte Interamericana
de Derechos Humanos –para el caso latinoamericano- ha considerado que, en
determinados eventos en los que existe el conocimiento público de un riesgo -riesgo
que se puede concretar en la comisión de diferentes ilícitos-, marca un deber
afianzado de protección por parte del Estado, garante positivo de la vida de sus
asociados34. Sobre el particular, la Corte IDH se ha pronunciado en los siguientes
términos:
34CIDH, Caso Myrna Mack Chang v Guatemala, sentencia de 25 de noviembre de 2003, párr. 140; Caso de la
Masacre de Plan de Sánchez v. Guatemala, sentencia de 29 de abril de 2005, párr. 51; Caso Goiburú y Otros
v. Paraguay, sentencia de 22 de septiembre de 2006, párr. 122; Caso la Cantuta v. Perú, sentencia de 29 de
noviembre de 2006, párr. 115; Caso la Masacre de Mapiripán vs. Colombia, sentencia de 15 de septiembre de
2005, párr. 241, entre otras sentencias.
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Referencia: Reparación directa
“(…) Es, pues, claro que, en principio, es imputable al Estado toda violación a los
derechos reconocidos por la Convención cumplida por un acto del poder público
o de personas que actúan prevalidas de los poderes que ostentan por su carácter
oficial. No obstante, no se agotan allí las situaciones en las cuales un Estado está
obligado a prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos
humanos, ni los supuestos en que su responsabilidad puede verse comprometida
por efecto de una lesión a esos derechos. En efecto, un hecho ilícito violatorio de
los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un
Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado
al autor de la transgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del
Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida diligencia para
prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la
Convención”35.
67. Bajo esa perspectiva, al no haber implementado actividades de prevención
y protección eficaces y proporcionales frente a la amenaza latente de un posible
caso de secuestro en ese específico recinto -Asamblea Departamental del Valle del
Cauca-, facilitó la consumación de ese lamentable hecho, razón por la cual el daño
antijurídico deviene imputable a las demandadas, Nación – Ministerio de Defensa
– Policía Nacional y departamento del Valle del Cauca, toda vez que estaban en el
deber (convencional, constitucional y legal) de brindar protección efectiva y,
comoquiera que esa intervención no se produjo, se configuró una omisión, la cual,
fue determinante en el advenimiento del daño, circunstancia que desencadena una
responsabilidad de tipo patrimonial del Estado.
68. En similares términos a los esbozados anteriormente, esta Corporación al
analizar la acción de grupo ejercida por los familiares de los once (11) Diputados
asesinados durante el cautiverio al que fue sometido el señor López Tobón, declaró
la responsabilidad de la Policía Nacional, bajo los siguientes argumentos:
“La Sala resalta que los mandatos convencionales y constitucionales de
protección, en relación con los derechos a la vida, imponen a la autoridad no
asumir una posición neutra ante las amenazas que, bien de oficio o por
denuncia, conoce. No es razonable que esa situación le corresponda asumirla
y resolverla por entero a cada individuo o grupo en su autónomo marco de
organización particular. Precisamente, los arts. 2, 11 y 218 Constitucionales
imponen a las autoridades y en particular a la fuerza pública, entre ellas la
Policía Nacional, el deber de proteger a las personas resguardando su vida por
tratarse de un derecho de carácter fundamental, inviolable e intangible en todo
tiempo y en especial en escenarios de conflicto armado, como el que
presentaba Colombia para el momento de los hechos, en que tales
acontecimientos trascienden a la esfera de protección del derecho internacional
humanitario.
En el sub-lite, es evidente, que existían hechos reales, que conllevaban a
advertir la alteración injustificada y desproporcionada de las condiciones
pacíficas de existencia, que hacían suponer que los derechos a la libertad y la
35 Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez v. Honduras, Sentencia de Fondo de 29 de julio de 1988.
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Radicación: 76001-23-31-000-2011-00383-01 (54346)
Actor: Sigifredo López Tobón
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros
Referencia: Reparación directa
vida de los 11 diputados corrían un serio y verdadero peligro, no solo de verse
limitados, sino destruidos tal como sucedió finalmente. En ese sentido, las
variadas peticiones de seguridad que elevó el Presidente de la Asamblea
Departamental Juan Carlos Narváez a la Policía Nacional, eran una súplica
legítima y en derecho para que dichas autoridades públicas desplegaran todas
las acciones positivas posibles que permitieran contrarrestar las estrategias del
grupo insurgente para menguar y aniquilar sus derechos; no obstante, tal como
se acreditó en el proceso, la respuesta institucional fue insuficiente e
inadecuada para las características de la amenaza.
Resulta muy claro para la Sala, que la falta de realización de acciones positivas
adecuadas por parte de la entidad demandada, presentó, en este caso, una
ostensible muestra de desatención respecto de las amenazas y riesgos que
rodeaban a los diputados, con un descuido tal, que causó ofensa e indignación
al país conocer el video realizado por el mismo grupo insurgente que fue
aportado como prueba al presente proceso, en el cual es posible observar
como los guerrilleros ingresaron a las instalaciones de manera libre, sin ningún
tipo de control en la puerta del recinto, guiaron a los asambleístas a una buseta
blanca que estaba parqueada al frente de las instalaciones de la asamblea y
conduciendo por las calles de la ciudad se los llevaron sin ninguna oposición.
Este desdén frente a las solicitudes de protección contradice abiertamente las
obligaciones que le competen al Estado Colombiano a través de los miembros
de la Fuerza pública, concretamente las contempladas en los arts, 2° y 11
superiores que estipulan que las autoridades de la República están instituidas
para proteger a las personas, resguardando su vida, por tratarse de un derecho
de carácter fundamental e inviolable”36.
69. En consecuencia, aunque el secuestro del señor Sigifredo López Tobón fue
perpetrado por terceros -miembros de las FARC-, el hecho no le es ajeno a la
entidad demandada –Policía Nacional-, sin que constituya una causa extraña que
permita su exoneración de responsabilidad, ya que no se trata de una abstracta
atribución o de un genérico e impreciso deber de protección, sino de un grave
incumplimiento por parte de la Administración Pública respecto de la obligación de
protección y seguridad frente a quien se encontraba en un grave e inminente riesgo.
70. De otra parte, resulta del caso precisar que la responsabilidad por falla en el
servicio de seguridad no puede ser objeto de extensión al Ejército Nacional, ya que,
aun cuando tenía certeza del riesgo que enfrentaban los miembros de las
corporaciones políticas de administración territorial por ser un hecho notorio y de
dominio público, no hay evidencia que indique que hubiera tenido información o
advertencia alguna sobre el atentado del 11 de abril de 2002 contra la libertad del
señor Sigifredo López Tobón y tampoco que hubiera sido prevenido por la referida
víctima ni por parte del grupo de asambleístas del Valle del Cauca, como si ocurrió
respecto de las otras dos entidades demandadas, razón por la cual no hay prueba
de falla en el servicio que dé lugar a una condena en su contra.
36 Consejo de Estado, sentencia del 9 de septiembre de 2020 exp. 76001333100120080013401.
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Radicación: 76001-23-31-000-2011-00383-01 (54346)
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Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros
Referencia: Reparación directa
71. Con fundamento en todo lo anterior, la Sala confirmará la sentencia apelada,
en punto a la declaratoria de responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa
– Policía Nacional y del departamento del Valle del Cauca, por los hechos materia
de este asunto y, en consecuencia, procede a escrutar la decisión de instancia en
relación con los perjuicios reconocidos y las medidas reparatorias adoptadas.
De los perjuicios
Materiales
Daño emergente
72. El daño emergente consiste en aquella mengua del patrimonio económico
de un sujeto de derecho con ocasión de un daño. El Código Civil entiende por daño
emergente “el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la
obligación”, noción que resulta perfectamente extrapolable a otros ámbitos diversos
a lo contractual. En este caso lo que constituye el objeto de la indemnización son
las sumas de dinero que debe asumir el afectado para resarcir o subsanar la
situación desfavorable en que se encuentra con ocasión de dicho suceso.
73. Asimismo, se traduce en la disminución específica, real y cierta del
patrimonio, representada en: i) los gastos que los damnificados tuvieron que hacer
con ocasión del evento dañino37; ii) en el valor de reposición del bien o del interés
destruido o averiado38 o iii) la pérdida del aumento patrimonial originada en el hecho
que ocasionó el daño39, pero en todo caso significa que algo salió del patrimonio de
la víctima por el hecho dañino y debe retomar a él, bien en especie o bien en su
equivalente para que las cosas vuelvan a ser como eran antes de producirse el
daño.
74. En este caso, la parte apelante hace radicar su inconformidad con la decisión
del a quo que negó el reconocimiento y pago de este perjuicio, porque en su sentir
los medios probatorios que se allegaron demostraban las deudas que tuvieron que
contraer la esposa y madre del señor López Tobón, con ocasión de su cautiverio,
por lo que, en su sentir, debía pagarse su indemnización.
75. Al respecto, es preciso aclarar que el daño es indemnizable al ser una
condición cierta, actual y, sin duda, personal; por lo tanto, “debe ser probado por
quien lo sufre, so pena de que no proceda su indemnización”40.
37 Consejo de Estado, sentencia de 24 de octubre de 1985, exp. 3796.
38 Consejo de Estado, sentencia de 27 septiembre 1990, exp. 5835.
39 Consejo de Estado sentencia de 24 octubre 1985, exp. 3796.
40 HENAO, Juan C. “El daño: análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho
colombiano y francés”, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1998.
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Radicación: 76001-23-31-000-2011-00383-01 (54346)
Actor: Sigifredo López Tobón
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros
Referencia: Reparación directa
76. En este caso, tal como lo señala el recurso de apelación y el escrito de la
demanda, las erogaciones económicas que se pretenden cobrar, con ocasión del
secuestro del señor Sigifredo Tobón López, fueron soportadas por la señora Silvia
Patricia Nieto Núñez y la señora Nelly Tobón, como lo corroboran los testimonios
de José Alonso Cruz Pérez41, Álvaro Castro Ramírez42, Fernando Castro
Ramírez43, José Ignacio Guerrero Escobar44, Francisco Felipe Guevara45 y José
Gabriel Ortiz Lemos46 quienes fungieron como sus acreedores y quienes
depusieron sobre las respectivas deudas.
77. En este sentido, sólo a ellas les asiste el derecho de reclamar indemnización,
pues aun cuando el señor Sigifredo López Tobón hubiera decidido “subrogarse” las
deudas que tales señoras contrajeron, para el sostenimiento del hogar y el pago de
extorsiones, la merma patrimonial no deja de ser ajena, como pasa a explicarse.
78. La subrogación es una figura consistente en la traslación de los derechos del
acreedor a un tercero que decide pagar una deuda ajena, conforme con los
artículos 166647 y 166748 del Código Civil, lo cual no corresponde a la situación
planteada en este caso, toda vez que, de acuerdo con lo atestiguado, el señor
Tobón López no efectuó ningún pago a favor de los acreedores de Silvia Patricia
Nieto Núñez y Nelly Tobón. Según los deponentes, lo efectuado por el citado señor
correspondió a una asunción de deuda, conducta que, a la luz del Código Civil
corresponde a una novación perfecta, pues implica la sustitución del extremo
pasivo, en la cual el obligado original es liberado por aceptación expresa del
acreedor y su lugar es ocupado por un tercero que adquiere la condición de nuevo
deudor del respectivo acreedor; así, la primera obligación sufre su extinción y se
crea una nueva respecto del tercero que decide obligarse, de conformidad con los
artículos 168749 y 169050 del Código Civil.
79. En este sentido, el hecho de que la novación sea un acto dispositivo y
voluntario de asunción de una deuda ajena asumida por el señor Tobón López no
desconoce que el débito original fue asumido y soportado patrimonialmente por
Patricia Nieto Núñez y Nelly Tobón y, por tanto, no puede sobreponerse sobre la
41 Folios 1 a 5 c. 1.
42 Folios 9 a 13 c. 1.
43 Folios 14 a 19 c. 1.
44 Folios 27 a 30 c. 1.
45 Folios 31 a 33 c. 1.
46 Folios 59 a 63 c. 1.
47 “La subrogación es la transmisión de los derechos del acreedor a un tercero, que le paga”.
48 “Se subroga un tercero en los derechos del acreedor, o en virtud de la ley o en virtud de una convención del
acreedor”.
49 “La Novación es la sustitución de una nueva obligación a otra anterior, la cual queda por tanto extinguida”.
50 “La novación puede efectuarse de tres modos:
1o.) Sustituyéndose una nueva obligación a otra, sin que intervenga nuevo acreedor o deudor.
2o.) Contrayendo el deudor una nueva obligación respecto de un tercero, y declarándole en consecuencia libre
de la obligación primitiva el primer acreedor.
3o.) Sustituyéndose un nuevo deudor al antiguo, que en consecuencia queda libre.
Esta tercera especie de novación puede efectuarse sin el consentimiento del primer deudor. Cuando se efectúa
con su consentimiento, el segundo deudor se llama delegado del primero”.
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Radicación: 76001-23-31-000-2011-00383-01 (54346)
Actor: Sigifredo López Tobón
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Referencia: Reparación directa
naturaleza personal del perjuicio que originalmente correspondió a estas dos
señoras, de ahí que no le asista legitimación para reclamar su pago.
80. Finalmente, de conformidad con los testimonios de Chiquinquirá Ramírez
Betancourt, Florentino y Juana María Ramírez Betancourt, se tiene por acreditado
que el señor López Tobón fue beneficiario de un préstamo por parte de cada uno
de ellos por valor de ciento cincuenta millones de pesos M/cte. ($150’000.000),
deuda que se encuentra respaldada por los pagarés debidamente allegados al
plenario51, sumas que, según las declaraciones de aquellos, fueron destinadas por
el señor López Tobón para el pago de las deudas que su esposa y madre asumieron
para el sostenimiento del hogar y el pago de extorsiones.
81. La Sala no duda de las declaraciones de los testigos, en consideración a que
no fueron tachadas de falsas y se observa coherencia, claridad y certeza sobre su
contenido, en especial lo relacionado con el destino de los dineros entregados a
títulos de préstamo a favor del señor Sigifredo López Tobón; sin embargo, al igual
que la novación que voluntariamente decidió asumir respecto de las deudas ajenas,
el pago que hubiera hecho de ellas no desconoce el carácter personal del débito y,
en ese sentido, no cuenta con legitimación para reclamar su pago.
82. Con fundamento en lo anterior, la Sala confirmará la decisión que negó el
reconocimiento de perjuicios por este rubro.
Lucro cesante
83. Según el artículo 1614 del Código Civil, el lucro cesante es “la ganancia o
provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la
obligación, o cumpliéndola imperfectamente, o retardado su cumplimiento”. A partir
de allí, queda claro que la indemnización de perjuicios abarca el aumento
patrimonial que fundadamente podía esperar una persona de no ser por haber
tenido lugar, en el caso de la responsabilidad extracontractual, el hecho dañoso,
por lo tanto, este perjuicio se corresponde con la idea de ganancia frustrada52.
84. En este caso, parte de la inconformidad de la parte demandante consiste en
la decisión por la cual el a quo negó el lucro cesante consolidado y futuro, pues, en
su sentir, se dejó de valorar el estudio pericial que fija el primero de los rubros en
una suma de $1.021’129.759 y, además, se desconoció las condiciones
profesionales y de experiencia del señor Tobón López que permitían colegir su
51 Folios 290, 291 y 293, c. 2.
52 “En cuanto al lucro cesante esta Corporación ha sostenido reiteradamente, que se trata de la ganancia
frustrada o el provecho económico que deja de reportarse y que, de no producirse el daño, habría ingresado
ya o en el futuro al patrimonio de la víctima. Pero que como todo perjuicio, para que proceda su indemnización,
debe ser cierto, como quiera que el perjuicio eventual no otorga derecho a reparación alguna. Así las cosas,
este perjuicio, como cualquier otro, si se prueba, debe indemnizarse en lo causado”, Consejo de Estado,
sentencia del 21 de mayo de 2007, exp. 15989.
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Radicación: 76001-23-31-000-2011-00383-01 (54346)
Actor: Sigifredo López Tobón
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Referencia: Reparación directa
permanencia en un cargo con una asignación salarial análoga a la de un diputado
o a una mejor por lo menos hasta sus 74 años, si no hubiera sido secuestrado.
Lucro cesante consolidado
85. Lo primero que observa la Sala es que el lucro cesante a que alude la parte
demandante se hace consistir en los salarios y prestaciones sociales que dejó de
percibir el señor Sigifredo López Tobón, con ocasión de su secuestro.
86. En relación con estos conceptos, reposa en el plenario la certificación de la
Asamblea Departamental del Valle del Cauca. De acuerdo con dicho documento,
pese a que el señor Sigifredo Tobón López no pudo seguir ejecutando sus labores
como diputado, por razón de su secuestro, dicha entidad pagó todos los salarios y
prestaciones sociales hasta el 31 de diciembre de 2003, cuando terminó su período
constitucional, pagos que, según esa Corporación, se efectuaron en cumplimiento
del artículo 15 de la Ley 896 de 2005, según el cual:
“En el caso de servidor público hasta cuando se produzca su libertad, o alguna
de las siguientes circunstancias: Que se compruebe su muerte o se declare la
muerte presunta o el cumplimiento del período constitucional o legal del cargo”.
87. De otro lado, de acuerdo con la constancia expedida por la Dirección de
Gestión Humana de la Universidad de Santiago de Cali, el señor Sigifredo López
Tobón ejerció como docente hasta el segundo semestre de 2001; sin embargo,
dicho documento no informa ni manifiesta que el citado señor hubiera renovado
contractualmente su condición para el período de 2002, por lo tanto, no es posible
afirmar que dejó de percibir salarios de parte del ente universitario con ocasión de
su secuestro, ya que no hay prueba que indique que para tal momento el citado
señor tuviera la calidad de profesor universitario.
88. Además, si en gracia de discusión se considerara que la ausencia de vínculo
laboral para el momento del secuestro se debió al mismo rapto, lo cierto es que el
ente universitario así lo hubiera manifestado y, en todo caso, los salarios y demás
prestaciones que ahora se reclaman debieron ser pagadas por esa institución de
educación superior por el término de la relación laboral, tal como lo efectuó el
departamento del Valle del Cauca, con fundamento en el artículo 15 de la Ley 896
de 2005, citado atrás.
89. Ahora, al revisar el restante material probatorio, se halla el análisis pericial
adelantado por quien aduce ser contadora y auxiliar de la justicia, en el cual se
determinan como valor del perjuicio material, en la modalidad de daño emergente,
un total de $1.021’129.759. Dicho documento no fue tachado de falso ni tampoco
fue objeto de reproche por parte de las entidades demandadas, razón por la cual
hace parte del material probatorio valorable en sede judicial.
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Radicación: 76001-23-31-000-2011-00383-01 (54346)
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Referencia: Reparación directa
90. Sin embargo, no puede olvidar la parte demandante que el análisis de los
medios de convicción que se recaudan en el iter de un proceso, debe efectuarse
conforme con las reglas de la sana crítica y con especial respeto de los principios
de comunidad probatoria y unidad de prueba, lo que quiere decir que las piezas
documentales no deben ser valoradas aisladamente sino en conjunto, ya que deben
apreciarse de cara a los hechos que se pretende acreditar53; así, si bien dicho
dictamen es un análisis económico del perjuicio alegado, lo cierto es que se funda
en la información salarial de los entes con los cuales el señor López Tobón
mantenía relaciones laboral y, por esta simple pero potísima razón, estos
documentos expedidos directamente por el departamento del Valle del Cauca y la
Universidad Santiago de Cali tienen especial relevancia y se erigen como fuente
directa de prueba, forzando a que las conclusiones se decanten por lo que su
contenido demuestra, esto es, la ausencia del perjuicio alegado, circunstancia que
lleva a la Sala a confirmar la decisión adoptada por el quo consistente en negar el
reconocimiento de dicho perjuicio.
Lucro cesante futuro
91. Como quedó demostrado, para el 11 de abril de 2002, el señor Sigifredo
López Tobón ejercía como diputado de la Asamblea Departamental del Valle del
Cauca, condición que siguió ostentando hasta el 31 de diciembre de 2003, cuando
venció su período constitucional, conforme lo indica la Resolución 3606 de 2009,
por la cual esa Corporación dispuso su retiro de nómina54. Así también está
demostrado que previo a ese período constitucional el señor Tobón López ya había
sido diputado de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca durante el período
comprendido entre 1998 y 2000, circunstancias por las cuales la parte demandante
asegura que, si el secuestro no se hubiera presentado, el citado señor hubiera
seguido ocupando cargos como el de esa dignidad con salarios equivalentes o
mejores, de modo que, en su sentir, debe reconocerse a su favor la pérdida de
oportunidad que representó el daño padecido y, en consecuencia, conceder una
indemnización equivalente.
92. Al respecto, es preciso indicar que, para que resulte procedente la
indemnización de un perjuicio que aún no se ha causado, es preciso demostrar la
certeza de su ocurrencia, pues la mera hipótesis o eventualidad de su acaecimiento
53 ECHANDÍA, Hernando: “Teoría General de la Prueba Judicial”, Tomo I, Ed. Temis, Bogotá, 2019, pág. 290:
“Para una correcta apreciación no basta tener en cuenta cada medio aisladamente, ni siquiera darle el sentido
y alcance que realmente corresponda, porque la prueba es el resultado de los múltiples elementos probatorios
reunidos en el proceso, tomados en su conjunto, como una ‘masa de pruebas’, según la expresión de los
juristas ingleses y norteamericanos. Es indispensable analizar las varias pruebas referentes a cada hecho y
luego estudiar globalmente los diversos hechos, es decir, ‘el tejido probatorio que surge de la investigación’,
agrupando las que resulten favorables a una hipótesis y las que por el contrario la desfavorezcan, para luego
analizarlas comparativamente, pesando su valor intrínseco y, si existe tarifa legal, su valor formal, para que la
conclusión sea una verdadera síntesis de la totalidad de los medios probatorios y de los hechos que en ellos
se contienen”.
54 Folios 91 y 92 c. 2.
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Radicación: 76001-23-31-000-2011-00383-01 (54346)
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Referencia: Reparación directa
no es un presupuesto razonable para hacer cargar a un sujeto con el deber de
asumir el pago de su ocurrencia.
93. En este caso, resulta preciso señalar que, de acuerdo con la Constitución,
los cargos de elección popular son temporales y el acceder y mantenerse en ellos
depende de variables propias de un sistema democrático participativo, las cuales
comportan aleatoriedad e impiden contar siquiera con una relativa certidumbre
sobre si una determinada persona será elegida, razón por la cual la certeza de que
el señor Sigifredo López Tobón siguiera ocupando el cargo de diputado o uno
equivalente se reduce a un grado que comporta una mera hipótesis y por tal razón
no es posible conceder a su favor el pago del salario que devengaba como
asambleísta cuando fue secuestrado y, mucho menos, hasta los 74 años como
edad de vida probable.
94. No se pasa por alto que esta Corporación, mediante sentencia del 9 de
septiembre de 2020, resolvió la acción de grupo interpuesta por los familiares de
los once diputados asesinados y reconoció a favor de las víctimas el lucro cesante
futuro correspondiente a la pérdida de oportunidad de sus familiares ultimados; sin
embargo, a diferencia de ese supuesto, en este caso la víctima no perdió la vida y,
en su lugar, se encuentra en condiciones de rehacer su quehacer político y
profesional desde que fue puesto en libertad, por manera que dichas situaciones,
aun cuando tienen una génesis fáctica común, concluyen un desenlace diferente,
lo que hace que la decisión en una y otra no pueda ser la misma.
95. En consecuencia, se impone confirmar la decisión que negó los perjuicios
deprecados por este rubro.
Morales
96. De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, perjuicio moral se le
denomina al dolor, la aflicción y en general los sentimientos de desesperación,
congoja, desasosiego, temor, zozobra, etc., que invaden a la víctima directa o
indirecta de un daño antijurídico, individual o colectivo.
97. El secuestro, entendido este como una privación arbitraria de la libertad, es
una situación constitutiva de una grave violación de dicho derecho y a otros de
diversa índole, como el derecho al trabajo, la educación, la autodeterminación, la
locomoción, la familia, etc., lo anterior, en la medida en que anula la voluntad del
individuo y la autonomía que le asiste para decidir aspectos como su locomoción
física, su desarrollo profesional y laboral, su determinación y desarrollo libre y
espontáneo, la relación con sus congéneres, su desenvolvimiento personal, lo que
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Radicación: 76001-23-31-000-2011-00383-01 (54346)
Actor: Sigifredo López Tobón
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros
Referencia: Reparación directa
lo convierte en un delito pluriofensivo de derechos que finalmente torna nugatoria
la dignidad de la persona en punto a hacer de su humanidad un fin en sí mismo 55.
98. Además, como lo ha estimado esta Corporación “el peligro actual y grave de
vulneración de otros derechos que sufre la persona durante un cautiverio como son
la vida y la integridad personal (en tanto potencial sujeto de tratos crueles,
inhumanos y degradantes) en razón a las contingencias ínsitas que subyacen a esa
práctica violatoria, efectos vulneratorios extensivos a los familiares de las víctimas
debido a las condiciones de zozobra a las que se ven sometidos en cuanto hace a
la suerte y condiciones de quien padece la privación arbitraria de la libertad, razones
estas que se suman para calificar el secuestro de personas como práctica violatoria
de derechos humanos”56.
99. En este caso el a quo reconoció a favor del señor Sigifredo López Tobón un
equivalente a 100 SMLMV, suma que, en sentir de la parte demandante es
insuficiente para resarcir el daño moral padecido, con ocasión de su cautiverio.
100. Al respecto, como lo ha sostenido esta Corporación respecto del quantum al
cual deben ascender estos perjuicios, según la jurisprudencia de la Sala que aquí
se reitera, se encuentra suficientemente establecido que el Juez debe tener como
fundamento el arbitrio judicial y debe valorar, según su prudente juicio, las
circunstancias propias del caso concreto, para efectos de determinar la intensidad
de esa afectación, con el fin de calcular las sumas que se deben reconocer por este
concepto57, sin perjuicio de acudir a criterios que le permitan al juez adoptar
decisiones fundadas en criterios de razonabilidad, como lo es: i) el tiempo del
secuestro; ii) las condiciones en las que dicha retención arbitraria tuvo lugar; iii) la
posición de la víctima y los móviles que determinaron su cautiverio.
101. En este caso, no hay duda de la gravedad de la afectación moral que supuso
el secuestro que sufrió el señor Sigifredo López Tobón, tanto para él y para su
familia, ya que su permanencia en cautiverio alcanzó un lapso de 7 años
aproximadamente, padeció condiciones de cautiverio selvático a manos de
miembros insurgentes, atestiguó la masacre de sus compañeros diputados que
fueron raptados con él, y su secuestro fue determinado por móviles políticos
finalidades de desestabilización institucional por parte de las FARC, situaciones que
evidencian una gran intensidad del daño padecido, todo lo cual justifica reconocer
una suma superior a establecida por el a quo, ya que no se trató de una privación
de la libertad en la que la víctima fuera recluida en un escenario con garantías de
55 “El hombre, en síntesis, tienen dignidad porque es un fin en sí mismo y no puede ser considerado un medio
en relación con fines ajenos a él”. Sentencia C-542 de 1993. Al respecto Kant: “El hombre y en general todo
ser racional existe como un fin en sí mismo, no simplemente como un medio para ser utilizado
discrecionalmente por esta o aquella voluntad”. KANT, Immanuel. La metafísica de las costumbres. Madrid,
Tecnos, 4° ed., 2005.
56 Consejo de Estado, sentencia del 10 de mayo de 2016, exp. 33948.
57 Cfr. Consejo de Estado, sentencia del 28 de agosto de 2014, exp. 36149.
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Radicación: 76001-23-31-000-2011-00383-01 (54346)
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Referencia: Reparación directa
respeto por su dignidad humana y por sus derechos mínimos, como aquellos casos
en los que el Estado retiene injustamente a un ciudadano y frente a los cuales esta
Corporación ha definido como criterio indemnizatorio la suma reconocida por el
Tribunal58, sino que se trató de un secuestro en condiciones violatorias de la
dignidad humana, el cual lleva consigo la vulneración múltiple y constante de varios
derechos y garantías de la víctima.
102. En consecuencia, en atención a la intensidad del daño padecido por el señor
Sigifredo López Tobón, la Sala estima pertinente aumentar el quantum
indemnizatorio y reconocer a su favor una suma equivalente a 200 SMLMV, lo cual
impone modificar en este punto la sentencia apelada.
Daños a la salud
103. Al respecto, es pertinente recordar que esta Sección, siguiendo los
lineamientos planteados en sus sentencias de unificación, estableció una nueva
tipología inmaterial diferente a los denominados perjuicio fisiológico, daño a la vida
de relación y alteración a las condiciones de existencia, para en su lugar reconocer
las categorías de daño a la salud59 (cuando estos provengan de una lesión a la
integridad sicofísica de la persona) y de afectación relevante a bienes o derechos
convencional y constitucionalmente amparados60.
104. En relación con el daño a la salud, en la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 201461, se indicó que su reparación no estaba encaminada al
restablecimiento de la aflicción o del padecimiento que se genera con aquél, sino
que se dirigía a resarcir económicamente “-como quiera que empíricamente es
imposible- una lesión o alteración a la unidad corporal de la persona, esto es, la
afectación del derecho a la salud del individuo”62, así:
“En ese orden de ideas, el concepto de salud comprende diversas esferas de
la persona, razón por la que no sólo está circunscrito a la interna, sino que
comprende aspectos físicos y psíquicos, por lo que su evaluación será mucho
más sencilla puesto que ante lesiones iguales corresponderá una
58 Al respecto ver Consejo de Estado, sentencia del 28 de agosto de 2013, exp. 25022.
59 “se recuerda que, desde las sentencias de la Sala Plena de la Sección Tercera de 14 de septiembre de 2011,
exp. 19031 y 38222 (…) se adoptó el criterio según el cual, cuando se demanda la indemnización de daños
inmateriales provenientes de la lesión a la integridad psicofísica de una persona, ya no es procedente referirse
al perjuicio fisiológico o al daño a la vida de relación o incluso a las alteraciones graves de las condiciones de
existencia, sino que es pertinente hacer referencia a una nueva tipología de perjuicio, denominada daño a la
salud”. Consejo de Estado, sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, exp. 28.832.
60 Consejo de Estado, sentencias de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014 (expedientes 32.988
y 26.251).
61 Consejo de Estado, sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014 (expediente 31.170).
62 “Así las cosas, el daño a la salud posibilita su reparación considerado en sí mismo, sin concentrarse de
manera exclusiva y principal en las manifestaciones externas, relacionales o sociales que desencadene,
circunstancia por la cual este daño, se itera, gana concreción y objetividad en donde las categorías abiertas la
pierden y, por lo tanto, permite garantizar los principios constitucionales de dignidad humana y de igualdad
material”. Consejo de Estado, sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014 (expediente
31.170).
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Radicación: 76001-23-31-000-2011-00383-01 (54346)
Actor: Sigifredo López Tobón
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros
Referencia: Reparación directa
indemnización idéntica. Por lo tanto, no es posible desagregar o subdividir el
daño a la salud o perjuicio fisiológico en diversas expresiones corporales o
relacionales (v.gr. daño estético, daño sexual, daño relacional familiar, daño
relacional social), pues este tipo o clase de perjuicio es posible tasarlo o
evaluarlo, de forma más o menos objetiva, con base en el porcentaje de
invalidez decretado por el médico legista.
“De allí que no sea procedente indemnizar de forma individual cada afectación
corporal o social que se deriva del daño a la salud, como lo hizo el tribunal de
primera instancia, sino que el daño a la salud se repara con base en dos
componentes: i) uno objetivo determinado con base en el porcentaje de
invalidez decretado y ii) uno subjetivo, que permitirá incrementar en una
determinada proporción el primer valor, de conformidad con las consecuencias
particulares y específicas de cada persona lesionada. Así las cosas, el daño a
la salud permite estructurar un criterio de resarcimiento fundamentado en bases
de igualdad y objetividad, de tal forma que se satisfaga la máxima ‘a igual daño,
igual indemnización’63.
“En consecuencia, se adopta el concepto de daño a la salud, como perjuicio
inmaterial diferente al moral que puede ser solicitado y decretado en los casos
en que el daño provenga de una lesión corporal, puesto que el mismo no está
encaminado al restablecimiento de la pérdida patrimonial, ni a la compensación
por la aflicción o el padecimiento que se genera con aquél, sino que está
dirigido a resarcir económicamente –como quiera que empíricamente es
imposible– una lesión o alteración a la unidad corporal de la persona, esto es,
la afectación del derecho a la salud del individuo” (subrayado fuera del texto
original).
105. En este caso, no obra prueba o dictamen pericial que indique el grado de
afectación psicológica que padeció el señor Sigifredo López Tobón; no obstante,
en criterio de esta Sala ello no es óbice para que se tengan en cuenta los efectos
psicológicos indiscutibles y naturales de un cautiverio que se extendió por un
período de casi siete años y, además, que se valoren los conceptos de medicina
especializada que obran en el expediente y las declaraciones que al respecto rindió
el médico psiquiatra que lo realizó.
106. Según la certificación de salud mental del 15 de marzo de 2011, suscrita por
el médico psiquiatra Álvaro José Montoya Villafañe, el señor Sigifredo López Tobón
padece “reacciones ansiosas y depresivas, alteraciones de adaptación que
afectaron su relación de pareja y su relación con los hijos como consecuencia de
haber sido secuestrado”64.
63 Original en cita: “En el histórico fallo 184
de 1986 la Corte Constitucional italiana afirmó que el criterio de
liquidación que debe adoptarse para el resarcimiento del daño biológico ‘debe, de un lado, responder a una
uniformidad pecuniaria de base (el mismo tipo de lesión no puede valorarse de manera diferente para cada
sujeto) y, de otro, debe ser suficientemente elástico y flexible para adecuar la liquidación del caso concreto a
la incidencia efectiva de la lesión sobre las actividades de la vida cotidiana, por medio de las cuales se
manifiesta concretamente la eficiencia sicofísica del sujeto perjudicado’ ROZO Sordini, Paolo ‘El daño
biológico’, Ed. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, pág. 209 y 210”.
64 Folio 376 c. 2.
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Radicación: 76001-23-31-000-2011-00383-01 (54346)
Actor: Sigifredo López Tobón
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros
Referencia: Reparación directa
107. Asimismo, en la versión testimonial que entregó ante el juez de primera
instancia, el citado médico psiquiatra, se le preguntó a qué se refería en el informe
con “reacciones emocionales”, frente a lo cual dijo que incluían respuestas ansiosas
y depresivas. Se le indagó por la aseveración de padecimiento de “reacciones
ansiosas y depresivas”, explicó que se relacionaban con angustia y tristeza
profunda de la víctima. Se le preguntó por las “alteraciones de adaptación que
afectaron su relación de pareja y su relación con los hijos”, frente a lo cual indicó
que tenía reacciones exageradas que dificultaban la convivencia cotidiana,
precisando que, aunque la víctima mantiene control sobre pensamientos,
sentimientos y comportamientos, presenta situaciones importantes de alteración
emocional65.
108. En consecuencia, la Sala confirmará la decisión del a quo que reconoció un
monto equivalente a cien (100) SMLMV a favor del señor Sigifredo López Tobón.
Costas
109. Como no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las
partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto
en el artículo 171 del C.C.A., subrogado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
IV. PARTE RESOLUTIVA
110. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: MODIFICAR el ordinal cuarto de la sentencia proferida el 28 de
noviembre de 2013 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el cual
quedará así:
“CUARTO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
y al departamento del Valle del Cauca – Asamblea Departamental, al pago de
la suma de doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a
favor del demandante, por concepto de perjuicios morales”.
SEGUNDO: CONFIRMAR, en lo demás, el fallo objeto de apelación, por las
razones expuestas en esta providencia.
TERCERO: Sin condena en costas.
65 Folios 24 a 26 c. 1.
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Radicación: 76001-23-31-000-2011-00383-01 (54346)
Actor: Sigifredo López Tobón
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros
Referencia: Reparación directa
CUARTO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del
Consejo de Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar
su integridad y autenticidad en el enlace
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
VF
32
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