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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2011-00663-01

Fecha
4 de marzo de 2022
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2011-00663-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. REVOCAR, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia, la sentencia del 12 de abril de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. SEGUNDO. NEGAR las pretensiones de la demanda. TERCERO. Sin condena en costas CUARTO. Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para su cumplimiento. 32 Radicación número: 76001-23-31-000-2011-00663-01 (50.472) Actor: FLOR ESMILIA ROBAYO DE CUADROS Y OTROS Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL Y OTROS Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el enlace: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 76001-23-31-000-2011-00663-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

4 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., cuatro (4) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Radicación número: 76001-23-31-000-2011-00663-01 (50.472)

Actor: FLOR ESMILIA ROBAYO DE CUADROS Y OTRO

Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL Y
OTROS

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR OMISIÓN DEL DEBER
ESTATAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN / DAÑO - muerte de un docente de la
Institución Educativa Primitivo Crespo de Riofrío, Valle del Cauca / COMPETENCIA DEL
JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA – se ciñe a los cargos formulados contra el fallo del a quo
por el apelante único / FALLA DEL SERVICIO ATRIBUIDA A LA POLICÍA NACIONAL – no
se probó, pues, en relación con la primera denuncia, las pruebas permiten concluir que ésta
cumplió con las medidas adecuadas y pertinentes para brindarle protección a la víctima, de
acuerdo con el delito y el nivel del riesgo calificado y, frente a la segunda amenaza, no se
aportó prueba de que aquel hubiera solicitado protección.

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la Nación-Ministerio de
Defensa-Policía Nacional contra la sentencia del 12 de abril de 2013, proferida por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 24 de marzo de 2009, el señor Ramiro Cuadros Robayo, quien era educador en
la Institución Educativa Primitivo Crespo de Riofrío, Valle del Cauca, fue asesinado
por un grupo de sicarios en el municipio de Tuluá, mientras salía de su residencia.
Se imputó responsabilidad a las entidades demandadas, porque, según se dijo, la
víctima denunció las amenazas que recibió en su contra y formuló quejas y
peticiones, en las que pidió protección para salvaguardar su vida y sobrellevar su
situación laboral, pero se hizo caso omiso al respecto, lo que generó el daño
alegado.

Radicación número: 76001-23-31-000-2011-00663-01 (50.472)
Actor: FLOR ESMILIA ROBAYO DE CUADROS Y OTROS
Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 10 de mayo de 2011 (fl. 221 del c.1), los señores Flor Esmilia Robayo de Cuadros;
Ricardo Cuadros Álvarez; Maricel Cuadros Álvarez; Delia Rocío Cuadros Robayo;
Flor María Cuadros Robayo; Hernán Cuadros Robayo; y Liliana González Galeano,
quien actúa únicamente en representación de su menor hijo Kevin Alexis Cuadrados
González, por conducto de apoderado judicial (fls. 1 – 4 del c.1), presentaron
demanda de reparación directa contra la Nación-Ministerio de Defensa-Policía
Nacional y el departamento del Valle del Cauca, con el fin de que se les
indemnizaran los perjuicios ocasionados por la muerte del señor Ramiro Cuadros
Robayo, el 24 de marzo de 2009, “docente de una institución educativa que, a pesar
de que estaba amenazado, no se le prestó la debida protección ni se tomaron las
medidas necesarias para proteger su vida”.

En concreto, la parte actora solicitó que se hicieran las siguientes declaraciones y
condenas (fls. 204 – 206 del c.1):

Primera: declarar administrativa, extracontractualmente y patrimonialmente al
Departamento del Valle del Cauca y a la Nación – Ministerio de Defensa -Policía
Nacional responsables de los perjuicios ocasionados a los demandantes (…),
estando dichas entidades obligadas a reconocer y pagarles por concepto de
indemnización, todos los perjuicios materiales y los psicológicos, morales y de
vida de relación, por la muerte violenta del señor Ramiro Cuadros Robayo, el
día 24 de marzo de 2009, quien fue docente de la institución Primitivo Crespo y
estaba amenazado y no se le prestó la debida protección ni se tomaron las
medidas necesarias con tal fin, por lo que en su deceso se le ocasionó un daño
antijurídico a sus familiares.

Segunda: que como consecuencia de lo anterior, se condene al Departamento
del Valle del Cauca y a la Nación -Ministerio de Defensa -Policía Nacional a
reparar los daños, pagando los perjuicios de orden material, actuales y futuros
por lucro cesante, los cuales se estiman en la suma equivalente a 635 smlmv y
se liquidarán a favor de los demandantes (…), el lucro cesante por las sumas
dejadas de percibir de acuerdo con la esperanza de vida (…) y si no hubiera
sufrido la muerte estaría aportando el 50% para el sostenimiento de su familia.

Tercera: que, como consecuencia de lo anterior, se condene al Departamento
del Valle del Cauca y a la Nación – Ministerio de Defensa -Policía Nacional al
pago de los perjuicios morales objetivados y subjetivados a cada uno de los
demandantes así:

Flor Esmilia Robayo de Cuadros (madre de la víctima) 100 smlmv
Ricardo Cuadros Álvarez (hijo de la víctima) 100 smlmv
Maricel Cuadros Álvarez (hija de la víctima) 100 smlmv
Kevin Alexis Cuadrados González (hijo de la víctima) 100 smlmv
Delia Rocío Cuadros Robayo (hermana de la víctima) 50 smlmv
Flor María Cuadros Robayo (hermana de la víctima) 50 smlmv
Hernán Cuadros Robayo (hermano de la víctima) 50 smlmv.

Cuarta: que se condene a la Departamento del Valle del Cauca y a la Nación –
Ministerio de Defensa -Policía Nacional a pagar a los demandantes (…) por
concepto de daño a la vida de la relación 50 smlmv a cada uno.

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Radicación número: 76001-23-31-000-2011-00663-01 (50.472)
Actor: FLOR ESMILIA ROBAYO DE CUADROS Y OTROS
Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Como fundamento fáctico de la demanda, en síntesis, se narró que, el señor Ramiro
Cuadros Robayo era sindicalista y docente en propiedad de la planta de personal
del departamento del Valle del Cauca, tenía el grado 13 en el escalafón de carrera
especial y, el 21 de noviembre de 1994, fue nombrado en la Institución Educativa
Primitivo Crespo, sede Pedro María Marmolejo, en el municipio de Riofrío.

El 11 de septiembre de 2008, mientras prestaba sus servicios como educador,
recibió “un panfleto de aviso de alerta”, el cual también se distribuyó en varios sitios
de la zona. En esa oportunidad, se le conminó a salir del lugar, pues, en caso
contrario, “afrontaría consecuencias peores”, motivo por el cual aquel formuló una
denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y, a su vez, comunicó su situación a
la Procuraduría de Buga, a la Secretaría de Educación Departamental, al
Departamento de Policía de Tuluá y a la Estación de Policía de Riofrío.

Mientras se adelantaban las investigaciones respectivas, el subsecretario de
Administración de Recursos de la Secretaría de Educación Departamental, informó
a la coordinadora del Grupo de Apoyo de Gestión Educativa de Tuluá que el señor
Cuadros Robayo prestaría sus servicios en esa entidad.

Pasados 8 días, el señor Ramiro Cuadros Robayo se empezó a presentar a diario
en la institución educativa mencionada, siguiendo las medidas de autoprotección
indicadas por la Policía Nacional; sin embargo, las directivas de la Institución
Educativa Primitivo Crespo, lugar en el que había laborado aproximadamente 14
años, “decidieron entregar por vacancia la plaza del grado 5B”, el cual éste dirigía,
sin tener en cuenta que no se había “resuelto nada”.

Ante la negativa de retrotraer la decisión y “estando en riesgo la continuidad de su
labor”, el señor Cuadros Robayo, desde el 14 de octubre de 2008, se vio obligado
a regresar a su antiguo lugar de trabajo para defender sus derechos laborales; pero,
elevó varias peticiones a su empleador, así como acciones judiciales, entre otras,
una acción de tutela, mediante la que se indicó que debía esperar el estudio de
seguridad de la Policía Nacional, “previo a definir su condición laboral”.

El 2 de febrero de 2009, el departamento del Valle del Cauca envió comunicación
al señor Ramiro Cuadros Robayo, mediante la cual le informó que debía continuar
con sus actividades en la Institución Educativa Primitivo Crespo, con la advertencia
de mantener las recomendaciones básicas de autoprotección del manual entregado
por la Seccional de Inteligencia del Valle del Cauca.

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Radicación número: 76001-23-31-000-2011-00663-01 (50.472)
Actor: FLOR ESMILIA ROBAYO DE CUADROS Y OTROS
Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

20 días después, el docente fue nuevamente amenazado, está vez por intermedio
de un sujeto que le manifestó que “por orden de la gente de la alta montaña de
Trujillo”, debía abandonar el municipio, hecho del cual fue testigo el coordinador del
centro educativo, quien al día siguiente le manifestó a la directora el desacuerdo de
la determinación de autorizar al educador para continuar prestando sus servicios en
ese lugar, toda vez que eso “ponía en riesgo la vida de toda la comunidad
educativa”, por consiguiente, aquella pidió al departamento que, de manera
inmediata, diera solución a la problemática.

El 24 de marzo de 2009, cuando se disponía a conducir a su lugar de trabajo, fue
asesinado el señor Cuadros Robayo, fuera de su residencia ubicada en Tuluá por
un grupo de sicarios.

A juicio de la parte actora, a pesar de que el profesor denunció las amenazas y
formuló quejas y peticiones ante las autoridades competentes, en las que pidió
protección para salvaguardar su vida y ayuda para solventar su condición laboral,
“se hizo caso omiso”, lo que generó su muerte y, con ello, múltiples afecciones de
carácter extrapatrimonial y material a sus familiares.

2. Trámite en primera instancia

2.1. Mediante auto del 29 de junio de 2011, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca admitió la demanda de la referencia y ordenó su notificación a los
demandados y al Ministerio Público (fls. 224 – 225 del c.1), actuación que surtió en
debida forma (fls. 227 – 229 del c.1); no obstante, el departamento del Valle del
Cauca guardó silencio.

2.2. La Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional se opuso a las pretensiones
de la demanda. Explicó que la delincuencia común fue la que originó el daño
alegado y, en todo caso, el hecho no había sido esclarecido por las autoridades
judiciales.

Sostuvo que no incurrió en omisión, en la medida en que al señor Ramiro Cuadros
Robayo se le brindaron las medidas de protección policivas, según el protocolo de
solicitud e investigaciones adelantadas por funcionarios de policía judicial.

Mencionó que, si su vida realmente se encontraba en inminente peligro, le
correspondía mantener un contacto más cercano con la entidad estatal y “seguir
las instrucciones referentes a las medidas de autoprotección”, lo cual no ocurrió.

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Radicación número: 76001-23-31-000-2011-00663-01 (50.472)
Actor: FLOR ESMILIA ROBAYO DE CUADROS Y OTROS
Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Finalmente, propuso como excepciones: (i) el hecho exclusivo y determinante de un
tercero, toda vez que los que ejecutaron el delito fueron delincuentes “ajenos al
servicio policial”; (ii) hecho de un tercero “por parte de la Secretaría de Educación
Departamental del Valle del Cauca”, teniendo en cuenta que debió estar más atenta
a las reiteradas súplicas de la víctima, quien pidió con insistencia su reubicación
laboral para evitar el hecho imputado, y (iii) culpa exclusiva de la víctima, porque
debió tener más contacto con la Policía Nacional y, en ese sentido, requerir
protección motivada, “ya que el requerimiento de la Fiscalía no era suficiente” (fls.
238 – 241 del c.1).

2.3. A través de proveído del 30 de enero de 2012, el tribunal de primera instancia
abrió el proceso a pruebas (fls. 244 – 245 del c.1) y, un año después, dio traslado a
las partes y al Ministerio Público para que presentaran alegatos de conclusión y
concepto, respectivamente (fl. 294 del c.1).

2.4. La parte demandante solicitó que se condenara a las entidades demandadas,
puesto que, en su criterio, la muerte del señor Ramiro Cuadros Robayo ocurrió por
una evidente falla del servicio de las entidades demandadas, dado que tenían
conocimiento de las amenazas de las que era víctima el profesor y el riesgo que
representaban, pero “no se efectuó el traslado ni se le protegió su derecho a la vida”
(fls. 295 – 297 del c.1).

2.5. La Policía Nacional insistió en la declaratoria de las causales de exoneración
de responsabilidad expuestas en la contestación de la demanda, debido a que
rompen el vínculo causal entre el daño deprecado y el hecho que lo originó.

Agregó que el deber de protección es de medio y no de resultado y que, en este
caso, la Policía Nacional, además de impartir charlas a la víctima en las que le brindó
todos los protocolos de seguridad, los cuales debían ser cumplidos mientras se
averiguaban los móviles de las amenazas y sus posibles autores, fue clara en
señalarle que debía informar su llegada a Riofrío, a fin de prestarle “la colaboración
requerida en la institución educativa donde laboraba”, así como cuando se
trasladara al municipio de Tuluá, una vez terminada su jornada laboral (fls. 299 –
311 del c.1).

2.6. El departamento del Valle del Cauca y el Ministerio Público no intervinieron en
esta etapa procesal.

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Radicación número: 76001-23-31-000-2011-00663-01 (50.472)
Actor: FLOR ESMILIA ROBAYO DE CUADROS Y OTROS
Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

3. Sentencia de primera instancia

Por medio de sentencia del 12 de abril de 2013, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en los siguientes
términos (fls. 321 – 345 del c.2):

1. Declárase a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
administrativa y patrimonialmente responsable por la muerte de Ramiro
Cuadros Robayo, ocurrida el 24 de marzo de 2009, en el municipio de Tuluá
(V), en las circunstancias negadas en la demanda.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, condénase a la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional a pagar a los demandantes las
siguientes sumas de dinero:

a. Perjuicios morales

A los señores Flor Esmilia Robayo de Cuadros, Ricardo Cuadros Álvarez,
Maricel Cuadros Álvarez y Kevin Alexis Cuadrados González, madre e hijos
de la víctima respectivamente, una suma equivalente a 100 salarios mínimos
legales mensuales vigentes, para cada uno de ellos.

Para los señores Delia Rocío Cuadros Robayo, Flor María Cuadros Robayo y
Hernán Cuadros Robayo, en calidad de hermanos de la víctima, se reconocerá
la suma de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno
de ellos.

b. Perjuicio material

A favor de la señora Flor Esmilia Robayo de Cuadros, en su condición de
madre del docente fallecido Ramiro Cuadros Robayo, la suma de (…)
$97’105.585.

Para Kevin Alexis Cuadros Robayo, hijo de Ramiro Cuadros Robayo, la suma
de (…) $102’275.482.

(…) 6. Niéganse las demás pretensiones de la demanda.

Como fundamento de su decisión, el tribunal de primera instancia concluyó que, si
bien la muerte de la víctima no fue causada directamente por alguna autoridad
oficial, lo cierto era que le asistía responsabilidad a la Policía Nacional, porque aun
teniendo conocimiento de que el señor Ramiro Cuadros Robayo se encontraba
amenazado de muerte, “fueron muy pocas las gestiones que realizó en procura de
proteger su vida”.

Explicó que, aunque el Estado tiene el deber constitucional de proteger la vida de
los ciudadanos, esa obligación cobra mayor fuerza cuando ciertas personas, por su
condición política, ideológica, económica, religiosa, laboral etc., como en el sub lite,
ven expuesta su integridad personal y, en ese sentido, demandan una protección
de seguridad más atenta y diligente ante la inminencia de las amenazas. Al
respecto, dijo:

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Radicación número: 76001-23-31-000-2011-00663-01 (50.472)
Actor: FLOR ESMILIA ROBAYO DE CUADROS Y OTROS
Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

(…) nótese como es la misma Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía de
Tuluá, quien apenas tuvo conocimiento de las amenazas, le solicitó al
comandante de Policía de Tuluá, brindar especial protección a Ramiro Cuadros
Robayo y a su grupo familiar, quien fue víctima del delito de constreñimiento
ilegal, sin embargo, su gestión no pasó más allá de una especie de asesoría,
cuando la institución bien podía poner al servicio los medios adecuados para la
efectiva defensa y protección de su vida.

(…) la actuación de ese organismo se limitó a una reunión celebrada entre el
comandante de Riofrío y el educador, donde se le hicieron unas
recomendaciones de autoprotección; una reunión entre dos patrulleros de la
policía y el docente para reiterar las medidas de autoprotección; un comunicado
dirigido a la personera del municipio, donde se le informa que algunos nombres
que aparecían en pasquín eran ficticios y que solicitaron a la Alcaldía convocar
un consejo de seguridad para tratar esos temas y una respuesta antes de la
muerte de la víctima en la que el comandante le informa que la investigación
continuaba y que por razones de inteligencia no podía darle más información
(…).

Por consiguiente, concluyó que la entidad pudo evitar el resultado lesivo con la
implementación de unas medidas oportunas y eficaces; sin embargo, omitió
proceder de conformidad.

En lo relativo a la responsabilidad del departamento del Valle del Cauca, estimó que
no tenía asignadas funciones especiales y concretas frente a la seguridad y
protección de los asociados, de ahí que no había lugar a emitir un juicio de reproche
en su contra.

Con sustento en lo anterior, el a quo condenó a la mencionada entidad a pagar
perjuicios morales a cada uno de los demandantes en el monto transcrito, “por la
inferencia lógica de la aflicción que generó la pérdida de su ser querido”. Lo pedido
por daño a la vida de relación fue despachado desfavorablemente, por cuanto no
se acreditó.

De otra parte, indemnizó el perjuicio material, en la modalidad de lucro cesante
consolidado y futuro a favor de la madre e hijo menor de edad del señor Ramiro
Cuadros Robayo, toda vez que, a su parecer, se demostró que éste tenía a su cargo
la manutención de aquellos.

4. Recurso de apelación

La Policía Nacional apeló la decisión y solicitó que se revocara la sentencia de
primera instancia.

Después de hacer referencia a la jurisprudencia de esta Corporación sobre la
responsabilidad del Estado por omisión del deber de protección, destacó que no
incurrió en dicha imputación, de conformidad con todos los elementos de juicio

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Radicación número: 76001-23-31-000-2011-00663-01 (50.472)
Actor: FLOR ESMILIA ROBAYO DE CUADROS Y OTROS
Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

aportados a la controversia, habida cuenta de que estaba probado que, en
cumplimiento de la orden de la Fiscalía General de la Nación, se reunió con la
persona amenazada y le dio las recomendaciones correspondientes para minimizar
el impacto de las intimidaciones, las cuales fueron reiteradas con posterioridad.

Especificó que a la víctima se le precisó que debía informar al Comando de Policía
de Riofrío su llegada y salida al municipio para prestarle la “colaboración en la
institución educativa y en el traslado a Tuluá” y no se probó que el servicio no se
hubiera prestado, o se hubiera prestado de forma tardía o defectuosa.

Adujo que, según el Decreto 1740 de 2010, el señor Ramiro Cuadros Robayo no se
encontraba dentro del grupo de personas respecto de la cual estaba obligada a
prestar seguridad, de ahí que no tenía razón de ser que demandara una protección
permanente durante las 24 horas del día y, por ende, tal sujeto debía atender las
medidas indicadas y “su deceso escapa de la órbita de competencia de la entidad”.

Por último, arguyó que no fue la culpable de las amenazas y posterior muerte de la
víctima directa del daño, dado que dicho acto criminal fue perpetrado por un tercero,
mas no “por un querer individual de alguno de sus miembros o del capricho de los
mandos institucionales” (fls. 346 – 359 del c.2).

5. El trámite de segunda instancia

5.1. El recurso de apelación presentado por la Policía Nacional fue concedido el 29
de enero de 2014 (fl. 397 del c.2) y admitido el 2 de mayo de esa anualidad (fls. 401
– 402 del c.2). Posteriormente, a través de providencia del 6 de junio siguiente, se
corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para
que rindiera su concepto (fl. 404 del c.2), última autoridad que no intervino.

5.2. La parte accionante insistió en la declaratoria de responsabilidad por falla del
servicio, en el sentido en que, “a pesar de que la muerte fue causada por individuos
sin vínculo con el Estado, la administración debe reparar ese daño cuando se
demuestra que existía una obligación de protección especial frente a la víctima y
está se omite, tal como sucedió”. Sobre el particular, complementó (fls. 405 – 407
del c.2):

(…) los argumentos de la entidad no deben ser de recibo en esta instancia, por
cuanto nunca se adoptaron las medidas adecuadas para proteger la vida del
(sic) Ramiro Cuadros Robayo, aunque éste ya había denunciado públicamente
y por escrito ante las diferentes instituciones estatales las amenazas recibidas,
no se trató de un riesgo ordinario, ya que la especial condición de la víctima
como líder sindical, ameritaba una protección especial, que documentalmente

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Radicación número: 76001-23-31-000-2011-00663-01 (50.472)
Actor: FLOR ESMILIA ROBAYO DE CUADROS Y OTROS
Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

le fue solicitada por parte de la Fiscalía a la Policía Nacional y está incumplió
flagrantemente su obligación, la cual era garantizarle la protección adecuada
para salvaguardar su vida (…).

5.3. La Policía Nacional aclaró que utilizó todos los medios con los que disponía
para otorgarle protección al educador y recordó que la obligación de que trata el
artículo 2 de la Carta Política es de medio, por tanto, para efectos de estudiar la
responsabilidad extracontractual resultaba procedente “analizar con juicio” las
pruebas aportadas, a efectos de establecer si “en realidad cumplió su finalidad, al
igual que el grado de la amenazada y su inminente peligro”. Asimismo, pidió una
vez más la declaratoria del hecho determinante y exclusivo de un tercero (fls. 408 –
412 del c.2).

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Corporación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad
con los artículos 129 y 132 numeral 6 del Decreto 01 de 1984, modificados por la
Ley 446 de 1998, por tratarse de un proceso de doble instancia debido a la cuantía,
toda vez que la sumatoria de las pretensiones1 es de $822’146.000 a la fecha de la
presentación de la demanda2.

2. Legitimación en la causa

Al proceso concurrieron los señores Flor Esmilia Robayo de Cuadros; Ricardo
Cuadros Álvarez; Maricel Cuadros Álvarez, y el menor Kevin Alexis Cuadrados
González, quienes acreditaron ser, en su orden, madre e hijos del afectado directo,
según consta en los registros civiles obrantes a folios 14, 18, 20 y 22 del c.1, de los
que se infiere que se encuentran legitimados en la causa por activa.

También comparecieron los señores Delia Rocío, Flor María y Hernán Cuadros
Robayo, los que acreditaron ser hermanos del señor Ramiro Cuadros Robayo (fls.
19, 21, 23 del c.1).

Ahora bien, en relación con legitimación en la causa por pasiva de la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional se configura con base en la imputación

1
De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 1395 de 2010. El salario mínimo para 2011 era de $535.600,
por lo que 635 SMLMV correspondía a la suma de $822’146.000.
2
De acuerdo con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, la competencia se fija al momento de
presentación de la demanda (10 de mayo de 2011).

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Radicación número: 76001-23-31-000-2011-00663-01 (50.472)
Actor: FLOR ESMILIA ROBAYO DE CUADROS Y OTROS
Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

que en su contra se formuló en la demanda hoy analizada; no obstante, se aclara
que está por determinarse el sentido de la sentencia, de ahí que al adelantar el
estudio de fondo se establecerá si el daño antijurídico alegado por la parte actora le
resulta o no imputable a la entidad demandada.

En cuanto al departamento del Valle del Cauca, se precisa que en el fallo de primera
instancia se sostuvo que no le asistía responsabilidad y, en esa medida, el daño no
le era atribuible, aspecto que no fue objeto de discusión por las partes, por tanto, la
Sala se abstendrá de emitir pronunciamiento sobre este punto.

3. Oportunidad de la acción

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo3,
modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, la acción de reparación directa
deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al
acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente
o temporal de inmueble por causa de trabajos públicos.

El artículo 21 de la Ley 640 de 2001 establece que el término de caducidad se
suspende con la presentación de la solicitud de conciliación, hasta que (i) se logre
el acuerdo conciliatorio (ii) se registre el acta en los casos que la ley establezca tal
exigencia (iii) se expida, entre otras, la constancia de que el asunto no es conciliable
o (iv) hasta que transcurra un término de 3 meses, contados desde la presentación
de la solicitud, siempre que el asunto sea conciliable.

En el presente asunto, la responsabilidad que se alega en la demanda deviene de
los daños que alega haber sufrido la parte actora como consecuencia de la muerte
del señor Ramiro Cuadros Robayo, la cual ocurrió el 24 de marzo de 2009.

Así las cosas, se tiene que, en principio, el término para acudir ante esta jurisdicción
corrió entre el 25 de marzo de 2009 y el 25 de marzo de 2011; sin embargo, en el
expediente obra constancia expedida por la Procuraduría 19 II Judicial para Asuntos
Administrativos del Valle del Cauca, en la que se evidencia que la parte actora
presentó solicitud de conciliación extrajudicial el 9 de marzo de 2011, es decir, 17
días antes de que caducara la acción (fl. 5 del c.1).

El aludido cómputo se reanudó con la expedición del acta que declaró fallida la
conciliación, el 26 de abril de 2011, de modo que, a partir del día siguiente a esa

3
Normativa aplicable al presente caso, según lo señalado en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011.

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Radicación número: 76001-23-31-000-2011-00663-01 (50.472)
Actor: FLOR ESMILIA ROBAYO DE CUADROS Y OTROS
Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

fecha, se retomó el conteo de los 17 días que restaban cuando se suspendió el
término, el cual se extendió hasta el 13 de mayo de 2011. Ahora, dado que la
demanda se interpuso el 10 de ese mismo mes y año (fl. 221 del c.1), resulta
evidente que se hizo oportunamente.

4. Alcance de la apelación

El a quo accedió parcialmente a las pretensiones formuladas por la parte actora,
por considerar, en concreto, que la Policía Nacional omitió el deber de implementar
medidas de protección oportunas y eficaces, lo que condujo a que se produjera la
muerte del señor Ramiro Cuadros Robayo.

Ahora bien, la competencia para pronunciarse en este asunto no es plena, sino que
está sujeta a los argumentos de inconformidad invocados por la alzada, motivo por
el cual esta Subsección debe pronunciarse únicamente respecto de los puntos que
el apelante cuestionó en su recurso de apelación.

En el recurso de apelación, la entidad estatal refirió (i) que sí le brindó a la víctima
las medidas de protección frente a las amenazas que había recibido; (ii) que le
indicó al afectado el deber de informar su llegada y salida del municipio de Riofrío,
a fin de prestarle seguridad, pero los demandantes no probaron que el servicio no
se hubiera prestado o se hubiera prestado de manera tardía o defectuosa; (iii) que
aquel no se encontraba dentro del grupo de personas respecto de la cual por
disposición legal estaba obligada a prestarle seguridad y (vi) que el hecho imputado
devino del actuar determinante y exclusivo de un tercero.

En ese orden de ideas, la Sala prescindirá del análisis sobre la existencia del daño,
puesto que el juez de primera instancia lo tuvo por acreditado y no fue objeto de
discrepancia y se enfocará, entonces, en determinar si hay lugar a declarar la
responsabilidad de la Nación- Ministerio de Defensa- Policía Nacional o si se
configura una causal eximente de responsabilidad y, de ser procedente, si debe
modificar, revocar o confirmar la condena impuesta.

5. Validez de las pruebas que obran en el proceso

5.1. Se valorarán las copias simples aportadas por las partes, de acuerdo con la
jurisprudencia unificada de esta Sección4, en aplicación del principio constitucional

4
Consejo de Estado, Sala Plena Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, expediente
25.022, M.P. Enrique Gil Botero. La Corte Constitucional, en idéntico sentido, reconoció valor
probatorio a las copias simples en sentencia de unificación SU-774 del 16 de octubre de 2014, M.P.
Mauricio González Cuervo.

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Actor: FLOR ESMILIA ROBAYO DE CUADROS Y OTROS
Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

de buena fe, toda vez que no fueron tachadas de falsas por la entidad demandada
y, porque frente a ellas se surtió y garantizó el principio de contradicción.

5.2. En primera instancia se recibieron los testimonios de un familiar y algunos
amigos de la víctima directa, quienes, además de dar cuenta de las condiciones
personales, familiares y sociales de los demandantes, hicieron referencia a las
circunstancias en las que ocurrieron los hechos objeto de controversia, razón por la
cual se efectuará una valoración estricta respecto de dichas declaraciones.

Cabe decir que, si bien el artículo 217 del Código de Procedimiento Civil establece
que son sospechosas para declarar las personas que en concepto del juez se
encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón
de parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes o
sus apoderados, antecedentes personales u otras causas, lo cierto es que esta
Corporación ha señalado que los testimonios que resulten sospechosos no pueden
despacharse de plano, sino que deben valorarse de manera más rigurosa, de cara
a las demás pruebas obrantes en el expediente y a las circunstancias de cada caso,
todo ello basado en la sana crítica5.

5.3. Sobre la valoración de la información publicada en medios de comunicación.
En el expediente reposan diferentes recortes de prensa, en los cuales se relata,
básicamente, la primera amenaza que recibió el docente y su homicidio, así como
en artículos publicados en páginas web.

Al respecto, conviene anotar que la información publicada en diarios o similares no
pueden ser consideradas como medio de convicción testimonial, porque carecen de
los requisitos esenciales que identifican este medio probatorio (artículo 228 del
Código de Procedimiento Civil), por lo cual, en principio, deben ser apreciadas como
prueba documental de la existencia de la información y no de la veracidad de su
contenido. Como consecuencia de ello, los ejemplares acompañados al expediente
sólo acreditan que allí apareció una noticia, pero no la autenticidad y veracidad de
esta6.

En ese orden de ideas, la Sala tendrá en cuenta la información consignada en los
recortes de prensa para que obre dentro de la valoración racional, ponderada y

5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tercera, Subsección A,
sentencia del 14 de julio de 2016, M.P. Hernán Andrade Rincón, expediente 36932.
6
Al respecto consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 25 de
enero de 2001, expediente 11413 y del 1° de marzo del 2006, expediente 13764, M.P. Alier E.
Hernández Henríquez, entre muchas otras.

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Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

conjunta del acervo probatorio7. Además, se les reconocerá valor de convicción a
las mismas, cuando se esté en presencia de (i) hechos notorios y/o públicos y (ii)
transcriban declaraciones o comunicaciones de servidores públicos, de conformidad
con la tesis unificada de la Corporación8.

6. Imputación

La Sala procederá a efectuar el correspondiente juicio de imputación, para
determinar si el daño causado a la parte demandante (muerte del señor Ramiro
Cuadros Robayo), le resulta atribuible o no a la Policía Nacional, y cuál es el
fundamento jurídico de dicha determinación o si operó alguna causal eximente de
responsabilidad.

En este punto, es necesario precisar que, de las pruebas allegadas al plenario,
relacionadas con el hecho dañoso, se destacan lo siguiente:

En el año 1990, el señor Ramiro Cuadros Robayo fue nombrado como docente en
propiedad e incorporado a la planta de personal del departamento del Valle del
Cauca, por lo que trabajó en diferentes instituciones educativas del departamento.
Cuatro años después, se vinculó de manera permanente en la Institución Educativa
Primitivo Crespo de Riofrío, sede Pedro María Marmolejo, y logró el grado 13 en el
escalafón de carrera especial (fl. 26 – 38 del c.1).

El 11 de septiembre de 2008, el señor Cuadros Robayo presentó una denuncia
penal ante la Fiscalía General de la Nación por el punible de constreñimiento ilegal,
diligencia en la que, básicamente, describió que se encontraba dictando una clase
de educación física en el centro educativo en el que prestaba sus servicios cuando
una madre de familia de uno de sus alumnos se le acercó y le hizo entrega “de un
sobre marcado con su nombre que ella se había encontrado en el piso”, para lo cual
procedió a abrirlo en presencia de ella y de otra persona, quienes observaron “el
panfleto amenazante”, situación que lo dejó muy angustiado, pues no tenía
enemigos (fls. 34 – 36 del c.1). Para tal efecto, se aportó un documento apócrifo

7
Sentencia del 22 de junio de 2011, expediente 19980, sentencia del 25 de julio de 2011, expediente
19434, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 14 de julio de 2015,
expediente 11001031500020140010500 (PI), M.P. Alberto Yepes Barreiro. “En efecto, según el
criterio de ese órgano de justicia, cuando en dichos medios se recojan hechos públicos o notorios,
declaraciones o manifestaciones públicas de funcionarios del Estado, estos deben ser valorados,
razón por la que su inserción en el respectivo medio de comunicación es una prueba del hecho y no
simplemente de su registro”. Decisión reiterada por la Subsección, entre otros, en la sentencia del 5
de marzo de 2021, expediente 51.034, M.P. María Adriana Marín.

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Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

denominado “aviso de alerta”, dentro del cual aparece mencionado el nombre del
docente y se lee (fl. 33 del c.1):

Deben desocupar el municipio, esto por no ser personas gratas y que están
corrompiendo a la juventud. Ramiro Cuadros, profesor de la escuela, estuvo
preso por violador y hoy muy campante tiene niños a su cargo, las niñas las
toca y las manosea, a los niños los maltrata. Tiene que desocupar de inmediato,
pilas (…) el grupo de limpieza de la región está apoyando con la erradicación
de estos corruptos. Se les informa que es una oportunidad de vida que se les
da. Si no cumplen con esta advertencia las consecuencias serán peores,
acuérdense que ustedes tienen familia.

Ese mismo día, la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía de Tuluá ofició al
Comando de Policía de Riofrío y Tuluá para que brindaran especial protección al
señor Ramiro Cuadros Robayo, debido a las amenazas que había recibido, orden
que fue recibida por esas autoridades (fl. 37 del c.1).

Al día siguiente, el educador puso en conocimiento de la coordinadora del Grupo de
Apoyo a la Gestión Educativa Municipal No. 4 de Tuluá, Valle, los hechos
presentados y, a su vez, le solicitó orientación sobre el paso a seguir, es decir, si
debía continuar asistiendo a la Institución Educativa Primitivo Crespo de Riofrío o,
en su defecto, que se le indicara el proceso para mantener su empleo (fl. 38 del c.1),
para lo cual se le informó que adelantara las gestiones penales correspondientes y
que debía notificar la situación a la Secretaría de Educación Departamental y al
Comité de Desplazados y Amenazados del Sindicato de Trabajadores de la
Educación del Valle del Cauca (fl. 39 del c.1).

Por su parte, el 15 y 16 de septiembre de 2008, el Comando de Policía de Riofrío y
la Unidad Investigativa de Policía de Tuluá, respectivamente, se reunieron con el
afectado, a fin de brindarle las siguientes medidas de autoprotección (fls. 40 – 41 y
52 – 53 del c.1):

● Evite salir en horas de la noche y mucho menos entrevistarse con gente extraña
en lugares solitarios y desconocidos, recuerde que la oscuridad es aprovechada
por la delincuencia: haga sus diligencias en el día.
● Antes de salir de su lugar de residencia o de trabajo observe a sus alrededores y
si percibe alguna persona sospechosa llámenos de inmediato a los teléfonos
abajo relacionados aportándonos las características de las personas o vehículos
sospechosos.
● Nunca salga solo procure andar acompañado de alguien de confianza.
● Evite emprender viajes en las horas de la noche, se recomienda dormir bien y si
el viaje es largo empréndalo en la madrugada, de día es más fácil sortear
cualquier advertencia.
● Muchas veces los delincuentes fingen choques para bajar de su vehículo a la
persona seleccionada para el plagio. Esto sucede frecuentemente con vehículos
que llevan de dos a tres pasajeros jóvenes que son delincuentes, si esto ocurre,
trate de llegar con el automotor a un lugar seguro.
● Asegúrese que su familia adopte estrictas medidas de seguridad, ellos también
son vulnerables a los posibles ataques de la delincuencia
● Nunca diga a nadie anticipadamente, hacia dónde se dirige.

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Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

● No contestar directamente el teléfono, solicitar a un interlocutor y que dejen el
mensaje.
● No dejar abierta la puerta de acceso a su residencia, ni permanecer en la sala o
habitaciones visibles desde la calle.
● Cuando sea requerido, no salga directamente, espere a que otra persona lo haga
sin abrir la puerta de su casa, recurriendo a la ventana.
● Cuando se encuentre en la calle, sea cauteloso, no permita que personas
extrañas se le acerquen, mire hacia sus lados para observar si está siendo
vigilado o es objeto de seguimiento.
● No haga comentarios sobre los motivos de sus amenazas, sea reservado.
● Por ningún motivo permita el acceso de personas extrañas a su vivienda, exija la
identificación de los organismos de seguridad.
● Tenga en cuenta la protección interior y exterior de su vivienda, los sitios más
vulnerables son los sistemas de iluminación y de alarmas, el control de acceso, el
garaje, puertas y ventanas, sótano, escaleras de emergencias, evite árboles,
matas o arbustos que obstaculicen la visión de la entrada a su casa, tras ellos
pueden esconderse personas extrañas con el fin de sorprenderlo.
● El servicio doméstico es uno de los más vulnerables para la seguridad del hogar,
aleccione a esta persona acerca de las medidas de seguridad frente al manejo de
la información familiar y la posibilidad de ser abordada por extraños.
● Haga saber de manera inmediata a las autoridades cualquier información que
obtenga al respecto. Mantenga contacto directo y permanente con su padrino
policial.

El docente envió copia de la denuncia a la Procuraduría Provincial de Buga, a la
Secretaría de Educación Departamental y al Comité de Desplazados y Amenazados
del Sindicato de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca, oportunidad en
la que reiteró lo ya expuesto y agregó que dicho “pasquín o boleto de amenaza” se
había distribuido por todo el municipio, por manera que solicitaba se adelantaran las
investigaciones a que hubiera lugar, así como “la reubicación y pago de salarios” (fl.
42 – 44 del c.1).

El 17 de septiembre de 2008, la Subsecretaria de Administración de Recursos de la
Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca le indicó al educador
que mientras se resolvía su situación administrativa debía prestar sus servicios en
el Gagem No. 4 de Tuluá, Valle (fls. 47 del c.1).

Ante la petición de información hecha por la Personería Municipal de Riofrío sobre
las actividades que estaba adelantando la Estación de Policía, respecto del control
de las amenazas por medio de panfletos distribuidos, el 18 de septiembre de 2008,
el Tercer Distrito de Policía de Tuluá contestó (i) que había dispuesto agentes para
que hicieran labores de vecindarios con el propósito de identificar personas
dedicadas a “actividades ilícitas, judicializarlas y capturarlas, previniendo atentados
y homicidios”; (ii) que incrementó los controles y requisas hacía los corregimientos
y veredas del municipio; (iii) que realizó una reunión con el docente para darle a
conocer las medidas de autoprotección y (iv) que solicitó al alcalde que convocara
a un consejo de seguridad (fl. 50 del c.1).

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Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Dos días después, el periódico “La Expresión del Pueblo de Tuluá” hizo referencia
al panfleto distribuido en Riofrío y, en especial, a las intimidaciones contra el señor
Ramiro Cuadros Robayo (fl. 54 del c.1).

El 7 de octubre de 2008, el docente pidió al Comando de Policía de Riofrío que le
informara los resultados de las labores desplegadas para determinar la autenticidad
del panfleto y las condiciones de seguridad para poder presentarse en su antiguo
lugar de trabajo, dado que debía defender su plaza en vista de que la rectora
presentó su puesto como vacante ante la Secretaría de Educación Departamental.
Esto expresó (fl. 55 del c.1):

(…) radicadas las denuncias respectivas y tipificado el delito como
constreñimiento ilegal por personas desconocidas, hubo de darse las
respectivas medidas de autoseguridad orientadas por la Policía Nacional sedes
Tuluá y Riofrío, acompañamiento de la Policía de Riofrío hasta que por medida
de seguridad mi entidad nominadora me ubicó en Tuluá.

No obstante, la rectora de Institución Educativa [Primitivo Crespo de Riofrío]
Lidia Margoth Muñoz, en extralimitación de funciones y con animadversión del
facilismo ha puesto mi plaza a cargo como sobrante ante la Secretaría de
Educación Departamental, por el hecho de que estoy provisionalmente ausente,
lo que afecta mi estabilidad, debido proceso, derecho al trabajo, y en
consecuencia de afectarme mi derecho a la vida, ya que me obliga a
presentarme de nuevo e inmediatamente a la sede educativa en busca de la
defensa de mis derechos laborales y constitucionales (se destaca).

En oficio del 14 de octubre de 2008, el Departamento de Policía del Valle emitió
constancia de que los resultados de las labores de inteligencia no podían publicarse,
por cuanto eso expondría la vida de quienes hacían parte de las mismas, según lo
previsto por la Corte Constitucional en las sentencias T-444 y T-252 de 1992, en
concordancia con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 57 de 1985 y la Ley 599
de 2000.

En relación con sus condiciones de seguridad, se le exhortó para que continuara
cumpliendo con las medidas de autoprotección e informara oportunamente al
Comando de Policía de Riofrío cuando llegara al municipio, con el fin de
acompañarlo a su lugar de trabajo, así como cuando se trasladara a su residencia
en Tuluá o, de no encontrarse en las instalaciones del centro educativo, reportara
su ubicación de forma discreta (fls. 60 – 61 del c.1).

El señor Ramiro Cuadro Robayo también radicó sendas solicitudes a la Secretaría
de Educación Departamental y al Comité de Desplazados y Amenazados del
Sindicato de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca, a través de la cuales
puso en conocimiento nuevamente su situación de inseguridad y manifestó la
necesidad de regresar a su plaza original, toda vez que la rectora de la institución a

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la que pertenecía presentó a consideración del departamento su asignación como
sobrante. Aquí expresó (fl. 58 del c.1):

(…) para mayor claridad les he radicado oportunamente las denuncias (…) no
obstante, pese a que tengo autorización del Dr. Héctor Fabio Robles para
presentarse al GAGEM No. 4 Tuluá, tendré que nuevamente presentarme en
mi institución y sede educativa y se ve en riesgo mi vida, dado que la rectora
sin esperar el trámite de las investigaciones y el debido proceso ha puesto a
consideración mi plaza como sobrante, lo cual hago responsable a la misma
rectora de los riesgos y sucesos que atentan contra mi integridad y vida (se
destaca).

De otra parte, solicitó a la rectora de la Institución Educativa Primitivo Crespo de
Riofrío que retirara la propuesta realizada a la Secretaría de Educación frente a su
plaza, previo al desarrollo de las investigaciones adelantadas (fls. 57 del c.1).

El 9 de octubre de 2008, el docente presentó un escrito dirigido a todas las
autoridades hasta aquí mencionadas, que tituló “comunicación de presentación
obligada a mi sitio de trabajo Institución Educativa Primitivo Crespo, pese a
denuncia por constreñimiento ilegal por personas desconocidas”, escrito del que se
extrae lo siguiente (fls. 58 – 59 del c.1):

(…) se ha puesto mi cargo como sobrante ante la Secretaría de Educación
Departamental, por el hecho de que estoy provisionalmente ausente, lo que
afecta mi estabilidad laboral, dignidad, debido proceso derecho al trabajo e
incertidumbre a un traslado. Me obliga a contrariar algunas disposiciones
legales de seguridad que podrían poner en riesgo el derecho a la vida, ya que
me obligan a presentarme de nuevo inmediatamente (próxima semana) a la
sede educativa en busca de la defensa de igualdad en derechos laborales hasta
donde sea posible y poner mi vida en manos de Dios. Trataré hasta donde sea
posible aplicar algunas normas de autoprotección, pero dejo constancia del
riesgo que me provoca una mala decisión de una administración en cabeza de
la rectora en mención (se destaca).

El 14 de octubre de 2008, tanto la rectora de la Institución Educativa Primitivo
Crespo de Riofrío como la subsecretaría de Administración de Recursos de la
Secretaría de Educación Departamental, contestaron, respectivamente, (i) que la
orden dada desde el 17 de septiembre de ese año era que el educador siguiera
prestando sus servicios en el Gagem No. 4 Tuluá, sin que se le diera carga
académica y que otra docente asumiría sus funciones mientras se definía su
situación, y (ii) que por la denuncia reportada fue trasladado a Tuluá, situación que
debía permanecer así hasta que se realizara el estudio de seguridad y el Comité
Especial de Desplazados y Amenazados definiera su situación y que, en todo caso,
la rectora se vio obligada a entregar la plaza, porque no se podía mantener un pago
de un docente en un lugar en donde no se requería, pues ello podría generar una
detrimento patrimonial, de manera que debía seguir la instrucción dada (fls. 62 – 63
del c.1)

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Un día después, el coordinador de sedes informó a la rectora de la Institución
Primitivo Crespo que, por orden de la Secretaría Departamental de Educación, el
licenciado no debía continuar en la sede Pedro María Marmolejo, “porque no hay
carga académica para él y ya tiene orden de presentarse al GAGEM 04 de Tuluá”
(fl. 64 del c.1) y, el 18 de septiembre de 2008, la rectora le comunicó al señor Ramiro
Cuadros Robayo que, si bien dos días antes se había presentado a trabajar a esa
sede, lo cierto era que la autoridad competente ya le había ordenado la prestación
de sus servicios en otro lugar y, por tanto, debía acatar la orden hasta que no se le
comunicara lo contrario (fl. 67 del c.1).

Asimismo, la coordinadora del Gagem No. 4 Tuluá informó a la Secretaría de
Educación Departamental que desde el 14 de octubre de 2008 el educador no se
presentaba en dicho centro educativo y que, de acuerdo con lo dicho por la rectora
de la Institución Primitivo Crespo, aquel se había reintegrado de nuevo, “lo que
causaba traumatismos, ya que su plaza fue liberada cuando se hizo la revisión de
cargos el 30 de octubre” (fl. 74 del c.1).

El 21 de octubre de 2008, el señor Ramiro Cuadros Robayo remitió un oficio a la
rectora de la Institución Primitivo Crespo, por medio del cual expresa su descontento
con las decisiones adoptadas, puesto que, en primer lugar, nunca expresó su
voluntad de trasladarse a otra institución; en segundo lugar, consideraba que el
panfleto era “ficticio y puede que proviniera de la misma institución” y, en tercer
lugar, no tenía temor de las amenazas, porque no existían pruebas serías al
respecto; sin embargo, le aclaró que si debía abandonar su lugar de trabajo, “lo
fundamentara con la normatividad correspondiente y los respectivos actos
administrativos” (fls. 77 – 79 del c.1).

En esa misma fecha, la rectora de la Institución Primitivo Crespo recibió una
comunicación por parte del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del
Valle del Cauca, en el cual se consignó (fl. 62 del c.1):

(…) vemos con preocupación el manejo dado por ud en el caso del docente (…)
quien estando en situación de amenaza, se dispone de su plaza y se presenta
a la secretaría de educación como una opción en el evento de prescindir de un
docente, dada la relación técnica maestro/estudiante, sin llevarse a cabo el
debido proceso, ya que las investigaciones respectivas aún no arrojan
resultados, poniendo en riesgo la estabilidad laboral, por el contrario, el
compañero en mención debe presentarse al GAGEM No. 4, tal como se
dispuso, sin tener que preocuparse porque lo van a sacar. Consideramos
urgente que se adopten estrategias para recuperar dos plazas que estamos a
punto de perder.

El 31 de octubre de 2008, el departamento del Valle del Cauca determinó que hasta
que no se allegara un estudio de seguridad por parte del Departamento de Policía

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del Valle y se estudiara el caso por el Comité Especial de Docentes Desplazados y
Amenazados, el docente debía presentarse en el Gagem No. 4 de Tuluá (fl. 27 del
c.3).

Los padres de familia y miembros de la Institución Primitivo Crespo firmaron un
documento, en el cual sostuvieron que estaban “muy contentos con el regreso del
profesor que arriesgaba su vida defendiendo su nombramiento” y rechazaban la
persecución en su contra por parte de la rectora (fld. 64 – 71 y 96 del c.1); sin
embargo, el 27 de octubre de 2008, la rectora informó a la Secretaría de Educación
Departamental y a la víctima, en su orden, lo que pasa a exponerse (fl. 97 – 98 del
c.1):

● (…) he comunicado al licenciado Ramiro Cuadros Robayo su orden de
presentarse al GAGEM No. 4 de Tuluá, dada su situación de amenazado,
asimismo la liberación de una plaza docente de la institución y la necesidad
de garantizar su integridad física y de su vida. A pesar de los reiterados oficios,
el licenciado se sigue presentado a la institución educativa, tomando sin
autorización los muebles, enseres del salón de clase y a los estudiantes que
inicialmente manejaba. Dada la situación de amenaza vigente, puesto que no
se ha informado del no peligro para la vida del docente y por ende de los
estudiantes y docentes de la sede, solicito definir la situación del docente,
puesto que él me responsabiliza de su situación.

● Respecto a que retire la propuesta hecha ante la Secretaría de Educación
referente a la plaza -docente, esto no es posible, por cuanto no es iniciativa
personal, sino una confrontación de relación técnica que la Oficina de
Administración de Recursos de la Secretaría de Educación Departamental les
hizo a todos los rectores de los municipios no certificados (anexo oficio …).
No es mi competencia esperar el desarrollo de la investigación y debido
proceso, el cual debe solicitar al nominador. Considero que en ningún
momento he violado sus derechos, puesto que no es mi responsabilidad velar
por su seguridad ante una amenaza contra su vida ni dejarlo sin trabajo (se
destaca).

En tal fecha, el docente envió un nuevo comunicado al subsecretario de
Administración de Recursos de la Secretaría de Educación Departamental, en el
que puso de presente, entre otras cosas, que a partir del 14 de octubre de 2008 fue
obligado a regresar a Riofrío, dada la determinación “tomada por la rectora que fue
avalada” por esa dependencia y que, a pesar de ello, no se había “presentado
anormalidad alguna” que afectara su seguridad, tanto así que pensaba que era una
“acción ficticia” que provenía del esposo de la rectora (fls. 100 – 101 del c.1) y, como
consecuencia, interpuso una denuncia penal en su contra por “injuria, calumnia y
vulneración a la honra” (fl. 102 del c.1).

El 4 de noviembre de 2008, la rectora de la Institución Primitivo Crespo informó al
presidente de la junta directiva del SUTEV que, en cumplimiento del oficio del 17 de
septiembre de ese año, el docente debía prestar sus servicios en el Gagem No. 4

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Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

de Tuluá y, debido a las reglas técnicas fijadas por el departamento, se vio obligada
a entregar la plaza del mismo (fl. 120 del c.1).

La Secretaría de Educación del Valle del Cauca le advirtió al señor Ramiro Cuadros
Robayo que por el “no acatamiento de la orden de presentarse a laborar en Tuluá
hasta tanto se dé el resultado del estudio de seguridad para definir su situación”, se
remitieron copias a la Oficina de Control Interno Disciplinario para que calificara su
conducta (fl. 136 del c.1).

El 21 de noviembre de 2008, el Departamento de Policía del Valle del Cauca envió
a la Secretaría de Educación Departamental el estudió del caso del señor Ramiro
Cuadros Robayo, el cual arrojó (fls. 46 – 47 del c.3):

El 19 de noviembre de 2008, personal adscrito a la seccional de inteligencia del
valle, realizó el estudio técnico de nivel de riesgo al señor Ramiro Cuadros
Robayo, con el fin de conocer su grado de vulnerabilidad y amenaza,
obteniendo como resultado un nivel de riesgo ordinario.

Mediante acta de 19 de noviembre de 2008, se le hizo entrega de la cartilla de
recomendaciones de autoprotección para que adopte las medidas de seguridad
necesarias, que le permitan minimizar los riesgos en el desarrollo de sus
actividades laborales y personales.

El comité técnico de nivel de riesgo y grado de amenaza del departamento de
policía del valle ordenó un dispositivo de seguridad de revistas policiales
permanentes en cada turno de vigilancia a la oficina del señor Ramiro Cuadros
Robayo, ubicada en la Institución Educativa Pedro María Marmolejo del
municipio de Riofrío, dejando constancia de esta actividad en los libros que se
llevan en esta unidad policial, esto con el propósito de contener las pretensiones
de los grupos delincuenciales.

Se sugirió al señor Ramiro Cuadros Robayo mantener una comunicación
permanente con el comandante de la estación de policía de Riofrío, para
conocer a tiempo las novedades que se presenten y así tomar las medidas de
seguridad correspondientes para el caso, le fue suministrado un listado de
números telefónicos con el fin de prestar apoyo oportuno ante cualquier
eventualidad (se destaca).

El 27 de noviembre de 2008, el docente formuló acción de tutela contra la rectora
de la Institución Primitivo Crespo, el gobernador, el secretario y el subsecretario de
Recursos de Secretaría de Educación del Valle del Cauca, mediante la cual,
además de narrar toda su situación laboral y los derechos fundamentales que, a su
juicio, fueron vulnerados por dichas autoridades, recalcó que la Policía Nacional “de
manera directa prestó acompañamiento motorizado en dos oportunidades y visita
de inteligencia de la Sijin de Palmira” y que se sentía “más seguro porque el panfleto
era un montaje”. Ahora en lo que tiene que ver con su derecho fundamental a la
vida, resaltó (fls. 137 – 154 del c.2):

Con las actitudes facilistas de entregar mi plaza y obvio traslado, conllevó a que
tuviera que abandonar algunas de las recomendaciones para salvaguardar mi

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Actor: FLOR ESMILIA ROBAYO DE CUADROS Y OTROS
Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

vida, mientras sucedían las investigaciones de rigor por las autoridades
competentes y por ello regreso a mi lugar de trabajo, no obstante, las amenazas
del ficticio panfleto, pero con mucha prevención personal y familiar (…).

Valga señalar que en la acción de tutela no se indicaron hechos u omisiones
atribuibles a la Policía Nacional, relacionados con la situación de inseguridad que
vivía el señor Cuadros Robayo.

En fallo del 16 de diciembre de 2008, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Buga
negó la solicitud de amparo, bajo el siguiente razonamiento (fls. 161 – 165 del c.1):

(…) en la labor tan seria que se plantea en esta diligencias llama la atención la
actitud del señor Cuadros Robayo cuando inicialmente presenta su caso como
una amenaza tan seria y tan de inminente peligro que solicita protección
especial y por ello es trasladado a la ciudad de Tuluá de manera provisional, es
decir, fue a propia instancia suya que el Estado asumió su protección, para
luego, mutuo propio, cuando ya se entera de la clausura de ese curso, se atreve
a calificar como no cierta la amenaza y opta por disponer la conformación del
grupo, cuando le ordenan quedarse en Tuluá.

(…) riñe contra todo el proceder del docente, pero la tutela no es el mecanismo
adecuado para proteger el derecho a la seguridad personal que solicitó. Es claro
que su controversia es sobre la decisión administrativa de cancelar el curso
tiene su propia vía de debate, sino la vía contencioso administrativa (…) el señor
Cuadros Robayo denunció e inició un trámite tendiente a proteger su integridad
y conceder el estatus de amenazado, de ser el caso, reubicarlo sin desmejorar
su situación laboral, incluyendo domicilio, salarios y prestaciones. Es así que
esos trámites y resultados conllevan a un proceso administrativo, que para nada
consulta lo que en esencia implica el debido proceso y el hecho de que ello no
se haya conculcado, de manera alguna viola este principio.

(…) La Secretaría de Educación Departamental lo ha ubicado en el GAGEM de
Tuluá, sitio en el que por demás tiene su domicilio, con los mismos ingresos y
prestaciones sociales. Es evidente que, a pesar de haberse suscitado la entrega
de la plaza docente por parte de la rectora, no lo ubica para ser protegido en
tutela, pues si en el curso emerge una controversia laboral, está habrá de
dirimirse en la jurisdicción administrativa laboral y no por tutela como se
pretende, porque no hay vulneración de derecho alguno, ni siquiera amenaza
porque el derecho al trabajo, a la igualdad, a la vida, a disfrutar de su familia
están incólumes en cabeza del demandante, ello emerge cuando él mismo lo
acepta (…).

De esta manera se concluye que ningún derecho fundamental se le está
violando al denunciante, por el contrario, la permanencia del docente fuera de
la sede ha tenido una finalidad superior cual es la protección a su vida e
integridad, tras hecho avisado por el mismo y no le es dado al juez constitucional
abrogar la potestad administrativa de decisión sobre la nominación, supresión,
traslado de docentes, en cabeza de la entidad que es la nominadora, quedando
el demandante para ventilarla en la jurisdicción (se destaca).

El 2 de febrero de 2009, el subsecretario de Administración de Recursos de la
Secretaría de Educación Departamental le comunicó al docente que debía
presentarse a laborar en la Institución Educativa Primitivo Crespo de Riofrío,
“cumpliendo el manual de recomendaciones básicas de autoprotección entregado
por la Seccional de Inteligencia Valle” (fl. 171 del c.1).

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Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

En providencia del 23 de febrero de 2009, la Sala Penal del Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Buga confirmó la decisión de primera instancia, bajo argumentos
similares (fls. 173 – 179 del c.1).

Pasados tres días, el coordinador de la Institución Educativa Primitivo Crespo de
Riofrío expresó su preocupación por la autorización del departamento del Valle del
Cauca para que el docente continuara prestando su labor en ese lugar, puesto que,
a su parecer, toda la comunidad académica corría peligro. Asimismo, dejó
constancia de que un día antes un sujeto desconocido ingresó al aula del grupo de
docentes y “llamó al licenciado y le advirtió que pidiera traslado que era un mensaje
que le enviaban” (fl. 180 del c.1). Por consiguiente, la rectora pidió al subsecretario
de Administración de Recursos de la Secretaría de Educación Departamental que
“hiciera lo pertinente” (fl. 181 del c.1); sin embargo, la víctima sostuvo que “si les
preocupaba tanto la vida no debían desconocer el debido proceso” (fl. 183 – 184 del
c.1).

El 24 de marzo de 2009, la coordinadora del Gagem No. 4 Tuluá informó a la
Secretaría de Educación Departamental que el señor Ramiro Cuadros Robayo
había sido asesinado en el municipio de Tuluá (fl. 185 del c.1), noticia que confirmó
el Sindicato de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca (fls. 186 – 187 del
c.1) y la Institución Educativa Primitivo Crespo (fl. 188 del c.1), así como se registró
en unos documentos de internet anexados con la demanda (fls. 192 – 200 del c.1).

Finalmente, se cuenta con las declaraciones de amigos y familiares de la víctima,
de las que se expone lo más relevante sobre la actividad de la Policía Nacional:

Luz Esperanza Gutiérrez Navarrete, Sostuvo que vio el panfleto que recibió el señor
amiga del afectado (fls. 254 – 256 del Cuadros Robayo y afirmó que aquel se dirigió “a la
c.1). Estación de Policía de Riofrío y Tuluá y pidió
protección a la Secretaría de Educación
Departamental y ninguna le prestó atención”.
Juan Manuel Castañeda López, Adujo que la Policía Nacional le brindó medidas de
compadre del afectado (fls. 258 – 262 autoprotección y él las acató y que le constaba que
del c.1). “varias veces se acercó al comando de Riofrío a
decirles el itinerario y las novedades, yo lo
acompañé a las reuniones y todo”.
Teresa de Jesús Valencia Fresneda, Refirió que el señor Cuadros Robayo “pidió mucha
esposa del afectado (fls. 273 – 275 ayuda y no le pusieron cuidado, lo que hicieron fue
del c.1) hacerle recomendaciones para cambio de rutas y
horarios, cuando lo matarón estaba solo en la casa,
sin acompañamiento”.

Ahora bien, previo a determinar si la Policía Nacional incurrió o no en una falla del
servicio por omisión del deber de protección frente a la víctima directa del daño, se
repite, que la Sala no evaluará la conducta asumida por el departamento del Valle
del Cauca, entidad que fue la empleadora del señor Ramiro Cuadros Robayo, dado

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Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

que el juez de primera instancia señaló que no había lugar a efectuar un juicio de
reproche en su contra y esa decisión que no fue recurrida por los demás sujetos
procesales.

Aclarado lo anterior, se recuerda que, a juicio del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, la muerte del educador le resulta imputable a la Policía Nacional, a título
de falla del servicio, habida cuenta de que omitió brindarle protección y seguridad,
como era su deber, dadas las amenazas que había recibido. En otros términos, a
su parecer, si hubiera adoptado medidas más oportunas y eficaces, el daño
probablemente no hubiera ocurrido.

En su recurso de apelación, la Policía Nacional explicó que no podía verse
comprometida su responsabilidad, teniendo en cuenta (i) que sí le brindó a la
víctima las medidas de protección frente a las amenazas que había recibido; (ii)
que le indicó al afectado el deber de informar su llegada y salida del municipio de
Riofrío, a fin de prestarle seguridad, pero los demandantes no probaron que el
servicio no se hubiera prestado o se hubiera prestado de manera tardía o deficiente;
(iii) que aquel no se encontraba dentro del grupo de personas respecto de la cual
por disposición legal estaba obligada a prestarle seguridad y (vi) que el hecho
imputado devino del actuar determinante y exclusivo de un tercero.

En lo relativo a la falla del servicio, cabe decir que ha sido el título jurídico de
imputación por excelencia para deducir la obligación indemnizatoria del Estado, por
incumplimiento de una obligación a su cargo.

El artículo 2 de la Carta Política señala que las autoridades de la República están
instituidas para proteger a todos los asociados, en su vida, honra, bienes, creencias
y demás derechos y libertades, mandato que debe entenderse dentro de lo que
normalmente se le puede exigir a la Administración en el cumplimiento de sus
obligaciones o dentro de lo que razonablemente se espera que hubiese sido su
actuación o intervención, de acuerdo con las circunstancias, tales como disposición
del personal, medios a su alcance, capacidad de maniobra, entre otros, para atender
eficazmente la prestación del servicio que en un momento dado se requiriera.

Ese deber, general y abstracto, en principio, se particulariza cuando alguna persona
invoca la protección de las autoridades competentes, por hallarse en especiales
circunstancias de riesgo o cuando, aún sin mediar solicitud previa, la notoriedad

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Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

pública del inminente peligro que corre el particular hace forzosa la intervención del
Estado9.

En efecto, la jurisprudencia reiterada de esta Corporación ha sostenido que la
Administración responderá por la omisión en el cumplimiento del deber de brindar
seguridad y protección a las personas, al menos en dos eventos: “(i) cuando se
solicita protección especial con indicación de las condiciones de riesgo en las cuales
se encuentra la persona y (ii) cuando sin que medie solicitud de protección alguna,
de todas maneras resulta evidente que la persona la necesitaba en consideración a
que existían pruebas o indicios conocidos que permitieran asegurar que la persona
se encontraba amenazada o expuesta a sufrir graves riesgos contra su vida, en
razón de sus funciones”10.

En uno y otro caso, la omisión de las autoridades competentes, consistente en no
brindar la protección necesaria para salvaguardar la vida e integridad de las
personas, hace responsable a la Administración de los daños que se ocasionen a
estas11. Sobre el particular, esta Subsección ha sostenido:

[L]a posición actual jurisprudencial sostiene que no es necesario el
requerimiento formal de la víctima para exigir de las autoridades la tutela a
su derecho de protección, sí ha sido un elemento constante en dichos
precedentes, el necesario conocimiento que tengan las autoridades de las
amenazas o de la situación de riesgo en que se encuentra la víctima, pues
es lógico, que tal conocimiento es el que posibilita y hace exigible la
actuación y protección de las autoridades.

(…) Así pues, si bien la regla general es que quien ve amenazado o
vulnerado su derecho debe demandar la protección de las autoridades
respectivas, quienes entonces estarán en la obligación de adoptar las
medidas que correspondan con el nivel de riesgo en que se encuentra la
víctima; no obstante, las autoridades que por algún medio obtienen
conocimiento o infieren una situación de riesgo inminente, están en la
obligación de ejecutar el deber positivo de protección y seguridad a que
tienen derecho los habitantes del territorio.

(…) De manera, que siempre que las autoridades tengan conocimiento de
una situación de riesgo o peligro, o de amenazas en contra de un
administrado, ya sea porque este ostente una condición especial o no, las
autoridades están en el deber de evaluar el nivel de riesgo y desplegar la
actuación que proporcionalmente corresponda, so pena de incurrir en una

9
Ver al respecto, entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de julio 19 de 1997,
expediente 11.875, M.P. Daniel Suárez; octubre 30 de 1997, expediente 10.958, M.P. Ricardo Hoyos;
14 de febrero de 2002, expediente 13.253 y marzo 10 de 2005, expediente 14.395, M.P. Ramiro
Saavedra Becerra, así como Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección A, sentencia del 9 de abril de 2021, expediente 47.918, M.P. María Adriana
Marín.
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia
del 13 de mayo de 2014, expediente 23.128, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de
diciembre de 2007, expediente 16.894, M.P. Enrique Gil Botero: “2.5. En ese contexto, es claro que
la administración pública incumplió el deber de protección y cuidado que se generó una vez el señor
Herrera García comunicó el peligro que corría como resultado de las múltiples intimidaciones que se
presentaban en su contra, principalmente, vía telefónica, motivo por el cual, se puede señalar que
aquella asumió posición de garante frente a la integridad del ciudadano”.

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Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

falla del servicio, afirmando la posibilidad de que la misma se consolide no
sólo por el incumplimiento u omisión de las autoridades, sino que también,
habrá lugar a ella cuando no se observen los deberes positivos a los que
debió sujetarse en su actuar, sin importar que el daño haya provenido de un
tercero o que la víctima no haya requerido formalmente la protección de la
administración, a menos que se demuestre que el hecho del tercero fue de
tal entidad que desbordó el proceder adecuado, diligente y oportuno de la
administración, carga que en todo caso se radica en cabeza de la
demandada12(…)13.

En ese sentido, cuando la Administración cuenta con un mínimo de conocimiento
acerca de una situación de vulnerabilidad en la que se encuentre determinada
persona14, el deber genérico de protección y seguridad se concreta y exige una
conducta activa de su parte que, de omitirse, permite que se declare su
responsabilidad por el daño derivado de la materialización del peligro.

Lo anterior se evidencia en los eventos en los que se reclama del Estado la
reparación de daños producidos por la actividad de terceros. En tales oportunidades
ha precisado esta Corporación15 que, para que surja el deber de indemnización a
cargo de la entidad accionada, se requiere que el hecho del tercero haya sido
previsible y resistible para la Administración16.

Descendiendo al caso en concreto, la Subsección observa que en el escrito inicial
se alegó que el ente demandando omitió el deber de protección del señor Ramiro
Cuadros Robayo frente a las amenazas que recibió en el municipio de Riofrío, pues
“no (…) le prestó la debida protección ni (…) tomó las medidas necesarias” para
salvaguardar su vida. En este punto, se debe enfatizar que aquel recibió dos
amenazas y, por ende, le corresponde a la Sala analizar el comportamiento de la
Policía Nacional alrededor de dichos eventos.

En primer lugar, se advierte que, el 11 de septiembre de 2008, la víctima presentó
una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, toda vez que recibió un

12
Original de la cita: “En el mismo sentido ver sentencia del Consejo de Estado, S.C.A., Sección
Tercera, sentencias de 22 de enero de 2014, exp. 27644”.
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 7 de octubre de 2015, expediente 35.544, M.P. Hernán Andrade Rincón, decisión
reiterada recientemente en providencia del 5 de marzo de 2021, expediente 51.034, M.P. María
Adriana Marín.
14
Bien porque aquella lo puso de presente y solicitó protección o, porque dicha situación era en tal
grado ostensible, que demandaba el despliegue oficioso de actividades tendientes a conjurar o
resistir el peligro que sobre ella se cernía.
15
Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
sentencias de: febrero 3 de 2000, expediente 14.787, M.P. Alier Hernández; agosto 16 de 2000,
expediente 13.131, M.P. Ricardo Hoyos; mayo 2 de 2002, expediente 13.251; marzo 18 de 2004,
expediente 13.318, M.P. María Elena Giraldo; marzo 10 de 2005, expediente 14.395; abril 28 de
2005, expediente 17.300 y septiembre 20 de 2007, expediente 15.699, las tres últimas con ponencia
del magistrado Ramiro Saavedra Becerra.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de
marzo de 2008, 16.234, M.P. Ramiro Saavedra Becerra. Reiterada el 25 de febrero y 1° de abril de
2009, expedientes 18.106 y 16.836, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

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pasquín anónimo, en el que se le indicó que debía abandonar el municipio, porque
“no era una persona grata y estuvo preso por violador de menores”, de manera que
esa entidad le solicitó a la Policía Nacional que le brindara especial protección.

Ante dicho requerimiento, el Comando de la Policía de Riofrío y de Tuluá se
reunieron con el afectado y le brindaron las medidas de autoprotección pertinentes.
Posteriormente, el docente fue traslado a Tuluá para que prestara sus servicios,
mientras se resolvía su situación laboral.

Como se informó, la Policía Nacional dispuso de agentes para que hicieran labores
de vecindarios con el propósito de identificar personas dedicadas a actividades
ilícitas y prevenir posibles atentados e incrementó los controles y requisas hacia los
corregimientos y veredas del municipio.

De otra parte, la propia víctima afirmó en varias de las peticiones allegadas con la
demanda que recibió acompañamiento de la Policía, pero se vio en la obligación de
regresar a Riofrío desde el 14 de octubre de 2008, a fin de defender sus derechos
laborales, en la medida en que la plaza que ocupaba en la Institución Educativa
Primitivo Crespo fue dejada vacante, decisión que fue puesta en conocimiento de la
entidad, la cual, ante su decisión personal, lo conminó a que continuara cumpliendo
con las medidas de autoprotección e informara oportunamente su llegada y salida
del municipio para darle el debido apoyo a su lugar de trabajo y a su residencia.

La Sala no puede pasar por alto que el señor Ramiro Cuadros Robayo manifestó
que desatendió algunas de las medidas dadas y que consideraba que el panfleto
era ficticio, al punto de que sostuvo que no sentía temor alguno, puesto que no
existían pruebas contundentes al respecto y, por el contrario, pensaba que todo
provenía de un montaje provocado al interior del mismo centro educativo.

Con lo reseñado queda probado que, contrario a lo dicho por el juez de primera
instancia, la entidad sí atendió la orden de la Fiscalía, tanto así que le brindó al
señor Ramiro Cuadros Robayo no solo asesoría frente a su autoprotección, sino
que en algunas ocasiones éste recibió acompañamiento personal de la Policía
Nacional y la visita del Grupo de Inteligencia de la Sijin, tal como lo narró
textualmente en la acción de tutela que presentó y lo corroboró el testigo Juan
Manuel Castañeda López.

En todo caso, se echa de menos una prueba documental que dé cuenta o, al menos
permita inferir que, a pesar de la decisión de la víctima de retornar a Riofrío, sin que
se le hubiera definido su situación laboral y sin que las investigaciones judiciales

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hubieran arrojado resultados concretos frente a la amenaza, la Policía Nacional se
hubiera abstenido de darle protección.

Los testimonios de las señoras Luz Esperanza Gutiérrez Navarrete y Teresa de
Jesús Valencia Fresneda son tan generales e imprecisos en lo que respecta a
circunstancias de tiempo, modo y lugar que no permiten tener por acreditado que el
señor Cuadros Robayo le solicitó, específicamente, a la entidad algún tipo de
protección y mucho menos que obtuvo respuesta negativa.

Ahora, el departamento del Valle del Cauca requirió a la Policía Nacional para que
rindiera un estudio técnico del nivel de riesgo del afectado, el cual, según se dijo,
junto con el análisis del Comité Especial de Docentes Desplazados y Amenazados,
le ayudarían a definir el lugar de trabajo del educador.

El 19 de noviembre de 2008 se atendió dicha petición y, como consecuencia, se
indicó que el señor Ramiro Cuadros Robayo fue calificado en un riesgo ordinario y
que, además, se le hizo entrega de la cartilla de recomendaciones de autoprotección
que le permitirían minimizar los riesgos en el desarrollo de sus actividades laborales
y personales.

En esa oportunidad, se dejó constancia de que el Comité Técnico de Nivel de
Riesgo y Grado de Amenaza del Departamento de Policía del Valle ordenó un
dispositivo de seguridad de revistas policiales permanentes en cada turno de
vigilancia a la oficina del señor Cuadros Robayo, le sugirió mantener una
comunicación permanente para conocer a tiempo las novedades que se
presentaran y le suministró un listado de números telefónicos donde podía pedir
apoyo.

En este punto, es menester señalar que, para la época de los hechos, se encontraba
vigente el Decreto 2816 de 2006, “por el cual se diseña y reglamenta el Programa
de Protección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia y se
adoptan otras disposiciones”, cuyo objetivo era salvaguardar la vida, integridad,
libertad y seguridad de la población en situación de riesgo entre ellos, los activistas
de organizaciones sociales, cívicas y comunales (artículos 1 y 2).

El mismo decreto definía la amenaza como “el anuncio o indicio de acciones
inminentes que puedan llegar a causar daño a la vida, integridad, libertad o
seguridad, de una persona natural” (artículo 6, numeral 2).

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A su vez, el artículo 9 del referido decreto recomendaba las diferentes medidas
preventivas y de protección, entre ellas: (i) “cursos de autoseguridad y
autoprotección”; b) “rondas o patrullajes efectuados por la Policía Nacional” para
brindar la seguridad del entorno de las residencias o sedes de las organizaciones a
las cuales pertenece el solicitante y; c) “el instructivo de medidas preventivas",
consistente en el conjunto de recomendaciones otorgadas a la víctima para darle a
conocer las formas indicadas de prevenir atentados y los procedimientos a realizar
para disminuir los factores de riesgo.

Finalmente, el artículo 10 del Decreto 2816 de 2006 estableció los criterios para la
evaluación de la solicitud de protección17. De igual forma, la Corte Constitucional18
se refirió a las herramientas para identificar los niveles de riesgo de una persona,
así:

4.4 En relación con la problemática, recientemente la jurisprudencia de esta
Corte ha señalado herramientas conceptuales para identificar el nivel de riesgo
al que se encuentra expuesto el sujeto y según ello tomar las medidas que
resulten necesarias, de acuerdo con la siguiente clasificación.

4.4.1 Nivel de riesgo mínimo. En este nivel se encuentran todas las personas,
por el solo hecho de nacer. El riesgo al que se enfrenta es a la muerte y a las
enfermedades.

4.4.2 Nivel de riesgo ordinario. Se trata de todos aquellos riesgos causados por
el hecho de vivir en sociedad. La amenaza no es causada por factores
individuales, como en el nivel anterior, sino que se produce por factores
externos, tales como la acción del Estado y la convivencia con otras personas.
La población que se encuentra en este nivel de riesgo no puede solicitar
medidas especiales de protección, por cuanto el Estado, dentro de su finalidad,
debe establecer medidas ordinarias y generales encaminadas a proteger a los
asociados en relación con este tipo de riesgo. Los derechos fundamentales que
puedan verse amenazados se protegen de la manera indicada.

4.4.3 Nivel de riesgo extraordinario. Cuando la persona se encuentra en este
nivel de riesgo, es necesario que el Estado adopte medidas especiales y
particulares para evitar que se vulneren los derechos fundamentales

17
1. Origen de la amenaza y relación causal. La amenaza debe estar originada en la violencia
armada organizada y, en razón, o como consecuencia del ejercicio directo de las funciones, cargo o
actividad del solicitante. 2. Calidad. El peticionario debe pertenecer a una de las categorías descritas
en el artículo 2º de este decreto. 3. Circunstancias del riesgo. El riesgo al que está sometido el
peticionario del Programa de Protección debe cumplir con las siguientes características:
a) Debe ser específico e individualizable, es decir, no debe tratarse de un riesgo genérico;
b) Debe ser concreto, es decir, estar basado en acciones o hechos particulares y manifiestos, y no
en suposiciones abstractas;
c) Debe ser presente, esto es, no remoto ni eventual;
d) Debe ser importante, es decir, que amenace con lesionar bienes o intereses jurídicos valiosos
para el sujeto, por lo cual no puede tratarse de un riesgo menor;
e) Debe ser un riesgo serio, de materialización probable por las circunstancias del caso, por lo cual
no puede ser improbable;
f) Debe tratarse de un riesgo claro y discernible, no de una contingencia o peligro difuso;
g) Debe ser un riesgo excepcional, en la medida en que no debe ser soportado por la generalidad
de los individuos;
h) Debe ser desproporcionado, frente a los beneficios que deriva la persona de la situación por la
cual se genera el riesgo.
4. Zona de Riesgo. La situación de riesgo deberá presentarse en el territorio nacional y la zona de
riesgo debe ser identificada y delimitada en cada caso concreto.
18
Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, sentencia T-796 del 8 de octubre de 2004, M.P.
Jaime Araujo Rentería.

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amenazados. El riesgo extraordinario, según la Jurisprudencia de la Corte
Constitucional, debe presentar las siguientes características:

(i) debe ser específico e individualizable, es decir, no debe tratarse de un riesgo genérico.
(ii) debe ser concreto, es decir, estar basado en acciones o hechos particulares y
manifiestos, y no en suposiciones abstractas.
(iii) debe ser presente, esto es, no remoto ni eventual.
(iv) debe ser importante, es decir, que amenace con lesionar bienes o intereses jurídicos
valiosos para el sujeto, por lo cual no puede tratarse de un riesgo menor.
(v) debe ser un riesgo serio, de materialización probable por las circunstancias del caso,
por lo cual no puede ser improbable.
(vi) debe tratarse de un riesgo claro y discernible, no de una contingencia o peligro difuso.
(vii) debe ser un riesgo excepcional, en la medida en que no es uno que deba ser
soportado por la generalidad de los individuos.
(viii) debe ser desproporcionado, frente a los beneficios que deriva la persona de la
situación por la cual se genera el riesgo.

Cuando confluyen las características anteriores, la persona se encuentra frente
a un riesgo extraordinario, que no tiene el deber jurídico de soportar, por lo cual
puede invocar una protección especial por parte del Estado. Las medidas deben
estar encaminadas a garantizar los derechos fundamentales amenazados en
este evento, la vida y la integridad personal.

4.4.4 Nivel de riesgo extremo. Este es el nivel de riesgo más alto. En esta
categoría también se ponen en peligro derechos fundamentales como la vida y
la integridad personal. Para que el individuo pueda obtener una protección
especial por parte del Estado en este nivel, el riesgo debe reunir las
características indicadas en relación con el nivel anterior y, además, debe ser
grave e inminente. Es grave aquel riesgo que amenaza un bien jurídico de
mucha entidad o importancia. La inminencia se predica de aquello que o está
para suceder prontamente. Así, el riesgo extremo es aquel del que se puede
decir que en cualquier instante puede dejar de ser una amenaza y
materializarse en una vulneración de los derechos a la vida o a la integridad
personal, que son evidentemente primordiales para el ser humano (se destaca).

Como se dijo, conforme con los parámetros antes descritos, la Policía Nacional
evaluó el nivel de riesgo del señor Ramiro Cuadros Robayo y concluyó que era de
carácter ordinario, pero aquel no refutó esa determinación ni puso en conocimiento
alguna anomalía o circunstancia que permitiera reevaluar su nivel de riesgo, para
así modificar las medidas de prevención ya recomendadas.

De ahí que las medidas de prevención sugeridas y efectuadas por la Policía
Nacional resultaban pertinentes para el nivel de riesgo de la víctima y el delito
denunciado; además, para la Sala es evidente que la parte demandante no
demostró que el señor Ramiro Cuadros Robayo cumpliera con los criterios previstos
en la ley y la jurisprudencia para que le asignaran medidas de protección especiales
o adicionales; por el contrario, la misma víctima precisó que la amenaza no era
seria.

Asimismo, tampoco se acreditó el incumplimiento de las órdenes dadas por el
Comité Técnico de Nivel de Riesgo y Grado de Amenaza del Departamento de
Policía del Valle sobre la víctima.

Resulta importante destacar que, si bien en la demanda se adujo que por la
condición de sindicalista que tenía la víctima se le debía prestar una protección

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Radicación número: 76001-23-31-000-2011-00663-01 (50.472)
Actor: FLOR ESMILIA ROBAYO DE CUADROS Y OTROS
Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

especial, lo cierto es que en el pasquín que recibió no se hizo alusión a que ese
fuera el fundamento de la amenaza y él tampoco esgrimió esa condición para exigir
una protección especial.

Así las cosas, las gestiones realizadas por la demandada fueron acordes con el
nivel de riesgo de la víctima y su situación, puesto que, de acuerdo con ello, se le
brindó asesoría en medidas de prevención contempladas en la ley.

En lo atinente a la solicitud de amparo que presentó el actor el 27 de noviembre de
2008, se advierte que la Policía Nacional no fue demandada y en el acápite de
hechos y pretensiones tampoco se logra extraer algún tipo de vulneración de
derechos fundamentales relativo a la labor de la entidad, contrario sensu, comentó
que se sentía seguro y que desatendió algunas de las recomendaciones de
protección dadas, mientras se adelantaban las investigaciones de rigor.

Lo que sí se logra observar en dicho escrito es que su inconformidad en ese
momento giró exclusivamente en torno a las decisiones administrativas que había
adoptado su empleador, las cuales, en todo caso, en criterio de los jueces
constitucionales, no permitían acceder al amparo deprecado.

Los jueces de la causa mostraron su descontento con la conducta que asumió el
actor, toda vez que no era coherente que, de una parte, hubiera pedido protección
al Estado y, de otro lado, a mutuo propio, cuando se enteró de la clausura del curso
que dirigía, optó por regresar al municipio en el que se originó la amenaza, es decir,
restándole importancia a su vida e integridad.

A pesar de que el señor Cuadros Robayo obtuvo respuesta negativa a sus
pretensiones, se destaca que, el 2 de febrero de 2009, el departamento del Valle
del Cauca le dio la razón y, en ese sentido, le comunicó que debía presentarse a
laborar en la Institución Educativa Primitivo Crespo de Riofrío, cumpliendo el manual
de recomendaciones básicas de autoprotección que se le había entregado por parte
de la Policía Nacional, determinación en la que esa entidad no intervino.

En segundo lugar, el 25 de febrero de 2009, estando en tal centro educativo, el
docente recibió una nueva amenaza por parte de un sujeto que llegó al centro
educativo, quien le advirtió “que pidiera traslado, que era un mensaje que le
enviaban”, situación ante la cual la rectora y el coordinador de la institución
solicitaron a su empleador el traslado del educador; empero, aquel insistió en que
no podía ignorarse que ya se le había ordenado permanecer en ese sitio.

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Radicación número: 76001-23-31-000-2011-00663-01 (50.472)
Actor: FLOR ESMILIA ROBAYO DE CUADROS Y OTROS
Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

El 24 de marzo de 2009, en Tuluá, el señor Ramiro Cuadros Robayo fue asesinado
cuando salía de su residencia, al parecer por un grupo de sicarios.

De conformidad con lo anterior, la Sala no encuentra acreditado que la Policía
Nacional tuviera conocimiento de la segunda amenaza que recibió el señor Ramiro
Cuadros Robayo, a pesar de que entre ésta y su muerte transcurrió
aproximadamente un mes.

Asimismo, brilla por su ausencia un elemento de juicio que le hubiera permitido a la
Subsección colegir que la víctima solicitó acompañamiento y que no se le prestó o
se le dio de manera tardía, de ahí que no se le pueda imputar responsabilidad por
un hecho respecto del cual no estaba al tanto, es decir, se trató de un
acontecimiento imprevisible e irresistible para la entidad.

La Subsección subraya que, aunque se allegó un recorte de prensa en el que se dio
a conocer la amenaza que recibió el educador, ello se generó únicamente cuando
recibió el pasquín, frente a lo cual, como se señaló, la Policía adelantó las gestiones
adecuadas para manejar esa situación; por consiguiente, no se le podía exigir el
cumplimiento del deber de protección de un hecho del que la víctima omitió
notificarle previamente, esto es, la segunda amenaza, y tampoco se puede sostener
que era de público conocimiento, puesto que ese documento, al igual que los
archivos de las páginas web aportados, solo daban cuenta de la primera amenaza
y del homicidio.

Se agrega que tampoco se acreditó que el señor Ramiro Cuadros Robayo hubiera
presentado una denuncia formal frente a la segunda amenaza, como era su deber,
o que algunas de las personas con las que trabajaba hubieran expuesto dicha
irregularidad ante la entidad, de ahí que para la Sala es evidente que el actor manejó
esa situación en un ambiente privado y no en unas condiciones que fueran
susceptibles de ser conocidas por el ente demandado.

Las anteriores circunstancias, es decir, no poner en conocimiento de la Policía
Nacional la última amenaza ni solicitar acompañamiento, permiten deducir que el
señor Cuadros Robayo, según su nivel de riesgo, se sentía protegido y, por ello,
prescindió de solicitarle a la Policía Nacional una protección diferente, pues de
haberlo hecho, habría permitido que la entidad, ante el nuevo nivel de riesgo,
desplegara las medidas pertinentes.

Así pues, la conducta confiada del señor Ramiro Cuadros Robayo contrarió los
estándares mínimos de autoprotección, pues no avisó de la amenaza personal que

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Radicación número: 76001-23-31-000-2011-00663-01 (50.472)
Actor: FLOR ESMILIA ROBAYO DE CUADROS Y OTROS
Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

recibió y continuó con sus actividades laborales en Riofrío, lo que se aleja de las
precauciones mínimas que una persona en esas mismas condiciones debe tener.

En suma, se concluye que la demandada hizo lo que estaba a su alcance, por
cuanto, frente a la primera denuncia que presentó el señor Ramiro Cuadros Robayo
realizó las gestiones correspondientes a sus competencias, sin que ello implicara
garantizar que no se concretarían hechos dañosos, pues su obligación era de medio
y no de resultado, más aún cuando se probó la inobservancia de las medidas por
parte de la víctima y, ante la segunda amenaza, no le era exigible alguna actuación,
bajo el entendido de que aquel guardó silencio y esa situación no fue notoria, lo
único que se conoció es que fue asesinado por un grupo de sicarios cuando salía
de su residencia, pero no se pudo verificar si ese hecho estuvo relacionado con las
amenazas, dado que no se trajo copia de las diligencias penales.

En ese estado de cosas, la Sala no cuenta con los elementos de prueba suficientes
para establecer la falla del servicio imputada a la Policía Nacional, en relación con
el homicidio del señor Ramiro Cuadros Robayo, por tal razón, revocará la decisión
de primera instancia y, en su lugar, negará las súplicas de la demanda.

7. Condena en costas

Toda vez que no se evidencia temeridad ni mala fe de las partes, la Sala se
abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo normado en el artículo 171
del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446
de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. REVOCAR, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa
de la presente providencia, la sentencia del 12 de abril de 2013, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

SEGUNDO. NEGAR las pretensiones de la demanda.

TERCERO. Sin condena en costas

CUARTO. Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen para su cumplimiento.

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Radicación número: 76001-23-31-000-2011-00663-01 (50.472)
Actor: FLOR ESMILIA ROBAYO DE CUADROS Y OTROS
Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

firmado electrónicamente firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

firmado electrónicamente
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

VF

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