Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-31-000-2011-00859-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 76001-23-31-000-2011-00859-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-31-000-2011-00859-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-31-000-2011-00859-01
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
23 de junio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintidós (2022)
Acción : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 76001-23-31-000-2011-00859-01 (1656-2018)
Demandante : Saúl Hernando Salcedo García
Demandada : Nación - Ministerio de Salud y Protección Social y
Fiduciaria La Previsora SA, como sucesores procesales de
la Empresa Social del Estado (ESE) Antonio Nariño1
Tema : Contrato realidad
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el actor contra
la sentencia de 19 de octubre de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, mediante la cual negó las súplicas de la demanda dentro
del proceso del epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 La acción (ff. 109 a 126 y 129 a 131). El señor Saúl Hernando Salcedo
García, mediante apoderada, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar acción de nulidad y restablecimiento del derecho,
conforme al artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (CCA), contra
la entonces Empresa Social del Estado (ESE) Antonio Nariño (sucedida
procesalmente por la Nación - Ministerio de Salud y Protección Social y la
Fiduciaria La Previsora SA), para que se acojan las pretensiones que en el
apartado siguiente se precisan.
1.2 Pretensiones. Se declare «[…] la NULIDAD [del] oficio No. D-212 RTA
R-9526 […] de […] 18 de enero de 2011 […] mediante el cual se rechazó la
petición del 13 de diciembre de 2010 en el sentido de que se reconociera la
configuración de una relación laboral […]» (sic).
A título de restablecimiento del derecho, «[…] se disponga, el reconocimiento
y pago de las prestaciones sociales convencionales, desde que […] se vinculó
con la E.S.E. ANTONIO NARIÑO EN LIQUIDACIÓN, esto es [el] 26 de junio
de 2003, hasta la fecha […]» (sic), tales como cesantías y sus intereses,
vacaciones compensadas en dinero o a modo de indemnización, tanto legales
1
Por medio de auto de 30 de noviembre de 2021 (f. 376), se aceptó como sucesores procesales de la Empresa Social
del Estado Antonio Nariño a la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social y a la Fiduciaria La Previsora SA,
dado que el procedimiento liquidatorio de aquella culminó el 30 de septiembre de 2011.
Expediente 76001-23-31-000-2011-00859-01 (1656-2018)
Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Saúl Hernando Salcedo García contra la Nación –
Ministerio de Salud y Protección Social
como convencionales; primas de servicios legales de mitad y fin de año,
navidad, «adicionales convencionales de servicios», técnica, localización y
vacaciones; y auxilios de transporte y alimentación. Asimismo, se ordene el
pago de horas extras, sanción moratoria por la no consignación de las cesantías,
salario de septiembre y 4 días de remuneración de octubre de 2008 y los aportes
al sistema general de seguridad social en salud y pensión. Lo anterior, con la
respectiva indexación y las costas a que haya lugar.
1.3 Fundamentos fácticos. Relata el actor que «[…] se vinculó al INSTITUTO
DE SEGUROS SOCIALES SECCIONAL VALLE DEL CAUCA, como
[a]uxiliar de [e]nfermería en el [m]unicipio de Cali, iniciando sus labores el 20
de mayo de 2002 a través de la suscripción de un contrato de prestación de
servicios, el cual fue prolongado en el tiempo de manera interrumpida y bajo
el cual […] prestaba sus servicios al I.S.S., sometido al cumplimiento de las
[ó]rdenes de los directivos de esa entidad y de los reglamentos de la misma
[…]» (sic).
Que en virtud «[…] del [D]ecreto 1750 […] de 2003, […] todas aquellas
personas vinculadas a los servicios de salud del I.S.S. serían incorporad[a]s de
forma automática a las Empresas Sociales del Estado, pasando […] a prestar
sus servicios a favor de la E.S.E. ANTONIO NARIÑO […] en la cual se le
siguieron imponiendo [ó]rdenes y reglamentos para cumplir desnaturalizando
el contrato inicialmente suscrito, a través de la misma modalidad contractual»
(sic).
Afirma que «[…] para el día [n]oviembre 30 de 2003, se le manifestó por parte
de las directivas de la E.S.E. ANTONIO NARIÑO EN LIQUIDACIÓN que si
deseaba continuar prestando sus servicios en esa entidad debía afiliarse a la
cooperativa de “SERVICIOS INTEGRADOS CONSENTIR CTA”, la cual
partir de ese momento se encargaría de contratar con ellos […]» (sic), por lo
que «[…] ha prestado sus servicios personales […] desde el 27 de junio de
2003 hasta la fecha ([a]ctualmente con la Cooperativa COOMEF C.T.A.) en
las mismas condiciones de un empleado público por más de 8 años, cumpliendo
los reglamentos, el horario de trabajo impuesto y las órdenes impartidas […]»
(sic).
Que «[…] cuando [él] […] pas[ó] a laborar a la E.S.E. ANTONIO NARIÑO
EN LIQUIDACIÓN, como trabajador oficial, era beneficiari[o] de la última
convención colectiva suscrita entre el seguro social [sic] y los diferentes
sindicatos de trabajadores a los que estaban afiliados sus servidores, y como
2
Expediente 76001-23-31-000-2011-00859-01 (1656-2018)
Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Saúl Hernando Salcedo García contra la Nación –
Ministerio de Salud y Protección Social
según lo dispuesto en la[s] sentencia[s] C-314 de 2004, C-349 de 2004 y T-166
de 2006, dicha convención persiste aún en su vigencia, tiene derecho […] a que
se le retribuyan las prestaciones allí contenidas» (sic).
Dice que el 13 de diciembre de 2010 solicitó «[…] el reconocimiento de una
relación de orden laboral y el pago de todas las prestaciones sociales
correspondientes, lo cual fue resuelto de manera escueta mediante oficio No.
D-212 RTA R-9526 INFORMACIÓN PAGO ACREENCIAS SAÚL
HERNANDO SALCEDO de fecha 18 de enero de 2011» (sic).
1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por el acto administrativo acusado los artículos 13, 19, 53 y 228 de la
Constitución Política; 1 a 4 de la Ley 79 de 1988; 32 de la Ley 80 de 1993; 17
de la Ley 1233 de 2008; 6, 7, 22, 23 y 26 del Decreto ley 254 de 2000; 17 y 18
del Decreto 1750 de 2003; 16 del Decreto 4588 de 2006; y 5 y 6 del Decreto
3870 de 2008. Asimismo, el Decreto 468 de 1990.
Asevera que la demandada desconoce la reiterada jurisprudencia de la Corte
Constitucional2, del Consejo de Estado3 y de la Corte Suprema de Justicia4, y
con ello la primacía de la realidad sobre las formas, pues desdibujó la verdadera
relación contractual al pactar, por medio de contratos de prestación de servicios,
la ejecución permanente de las mismas funciones que desempeñaba un
empleado de planta.
Que «[…] al pasar a la cooperativa CONSENTIR C.T.A., luego a SOLIDEZ
y por último a COOMEF en las cuales siguió desarrollando las mismas
funciones de [a]uxiliar de [e]nfermería y cumpliendo las órdenes y horarios
impuestos por la E.S.E. ANTONIO NARIÑO EN LIQUIDACIÓN, es
indudable que dicha relación no dejó de ser laboral» (sic).
1.5 Contestación de la demanda. A pesar de haber sido notificada en debida
forma, la accionada guardó silencio en esta oportunidad procesal.
1.6 La providencia apelada (ff. 337 a 349 vuelto). El Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, en sentencia de 19 de octubre de 2017, negó las súplicas
de la demanda (sin condena en costas), al considerar que «[d]e acuerdo con la
prueba documental […] [el actor] ejercía labores como [a]uxiliar de
[e]nfermería, actividad que hace parte del curso normal de las funciones que
2
Sentencias C-314 y C-349 de 2004.
3
Providencia de 15 de junio de 2006, C. P. Jesús María Lemos Bustamante.
4
Sentencia de 6 de diciembre de 2006, expediente 25713, M. P. Gustavo José Gnecco Mendoza.
3
Expediente 76001-23-31-000-2011-00859-01 (1656-2018)
Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Saúl Hernando Salcedo García contra la Nación –
Ministerio de Salud y Protección Social
se encontraban en cabeza de la ESE Antonio Nariño, pero no es menos cierto
que las [c]ooperativas de [t]rabajo [a]sociado estaban habilitadas legalmente
[…] para llevar a cabo la prestación de servicios al sector salud». De igual
modo, «[f]rente a la certificación expedida por la Cooperativa CONSENTIR
CTA. Debe decirse que es una certificación, donde lo único que consta es que
[…] prestó servicios a la ESE […] actuando como trabajador cooperado, sin
que de esta prueba pueda inferirse la permanencia […] en el servicio, ni la
subordinación […] a directrices impuestas por la entidad» (sic). Por tanto,
«[…] no obra dentro del plenario prueba documental alguna que especifique
horarios de prestación del servicio o planillas de turnos, elemento[s] que
permitiría acreditar la periodicidad, continuidad y permanencia […] en el
desarrollo de la labor».
Que en lo atañedero a las declaraciones recaudadas, resulta «[…] imposible
para el caso concreto confrontar[las] […] con otros medios de prueba, pues,
[…] el proceso carece de elementos de convicción que permitan […] tener
certeza respecto de la configuración de los tres elementos integradores del
contrato realidad».
1.7 El recurso de apelación (ff. 351 a 361). El accionante, por conducto de
apoderada, interpuso recurso de apelación, al estimar que con el silencio de la
parte pasiva en el término para contestar la demanda «[…] los hechos […] no
fueron refutados y por ende aquellos que son susceptibles de confesión se
deberán tener como ciertos […]». Asimismo, «[…] si bien es cierto que no
existen en el plenario cuadro[s] de turnos o documentos que prueben la
periodicidad, continuidad y permanencia […] en el desarrollo de la labor, las
certificaciones aportadas dan cuenta de la permanencia […] en la prestación
del servicio y se afianzan con los testimonios rendidos […]».
Que «[n]o se puede apreciar autonomía e independencia en la prestación del
servicio de salud […] [de su] parte […] ni tampoco la temporalidad propia de
los contratos de prestación de servicios, siendo que los elementos de la relación
laboral fueron palpables, y por lo tanto, no podría llegarse a una conclusión
diferente a que la E.S.E. ANTONIO NARIÑO utilizó de forma errada la figura
del contrato de prestación de servicios y la vinculación por medio de una
cooperativa, al ocultar la verdadera naturaleza de la labor desarrollada […],
configurándose entonces el contrato realidad que desemboca en el
reconocimiento y pago de las obligaciones legales que se generaron tales como
son las prestaciones sociales, aportes parafiscales, seguridad social, etc» (sic).
4
Expediente 76001-23-31-000-2011-00859-01 (1656-2018)
Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Saúl Hernando Salcedo García contra la Nación –
Ministerio de Salud y Protección Social
II. TRÁMITE PROCESAL.
El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 24 de enero de
2018 (f. 365) y admitido por esta Corporación a través de auto de 30 de
noviembre de 2021 (f. 376), en el que se dispuso la notificación personal al
agente del Ministerio Público y a las otras partes por estado, en cumplimiento
del artículo 212 del CCA.
2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, con providencia de 18 de febrero de 2022 (f. 378), para que aquellas
alegaran de conclusión y este conceptuara, de conformidad con lo establecido
en el artículo 212 del CCA, oportunidad aprovechada por las primeras para
reiterar sus argumentos de demanda, apelación y defensa5.
III. CONSIDERACIONES.
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 129 del CCA a esta
Corporación le corresponde conocer del presente litigio, en segunda instancia.
3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación, corresponde
en esta oportunidad a la Sala determinar si al demandante le asiste razón jurídica
para reclamar de la accionada el reconocimiento y pago de las prestaciones
sociales no devengadas durante el tiempo que permaneció vinculado como
auxiliar de enfermería de la ESE Antonio Nariño, en aplicación del principio de
«primacía de la realidad sobre formalidades»; o, por el contrario, no se probó
la existencia de los elementos propios de una relación laboral, como lo concluyó
el a quo.
3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado
en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo
a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso
concreto.
3.3.1 Asuntos de contrato realidad. En principio, cabe precisar que respecto
de los contratos estatales de prestación de servicios, la Ley 80 de 1993, en su
artículo 32 (numeral 3), dispone:
Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración
5
Memoriales adjuntados a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
5
Expediente 76001-23-31-000-2011-00859-01 (1656-2018)
Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Saúl Hernando Salcedo García contra la Nación –
Ministerio de Salud y Protección Social
o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse
con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse
con personal de planta o requieran conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos general relación laboral ni prestaciones
sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.
Posteriormente, este artículo fue modificado por los Decretos 165 de 1997, 2209
de 1998 y 2170 de 2002, que precisaron «solo se realizarán para fines
específicos o no hubiere personal de planta suficiente para prestar el servicio
a contratar».
Es decir, que el contrato de prestación de servicios es aquel por el cual se vincula
excepcionalmente a una persona natural con el propósito de suplir actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para
desarrollar labores especializadas que no pueden asumir el personal de planta y
que no admite el elemento de subordinación por parte del contratista, toda vez
que debe actuar como sujeto autónomo e independiente bajo los términos del
contrato y de la ley contractual.
Por su parte, la Corte Constitucional, al estudiar la constitucionalidad de las
expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o» y «en ningún caso
[…] general relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en el
precitado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en sentencia C-154
de 19976, precisó las diferencias entre el contrato de prestación de servicios y
el de carácter laboral, así:
Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes
al de prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél
se configure se requiere la existencia de la prestación personal del
servicio, la continuada subordinación laboral y la remuneración como
contraprestación del mismo. En cambio, en el contrato de prestación de
servicios, la actividad independiente desarrollada, puede provenir de
una persona jurídica con la que no existe el elemento de la subordinación
laboral o dependencia consistente en la potestad de impartir órdenes en
la ejecución de la labor contratada.
Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato
de prestación de servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus
elementos son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste
singularidades propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto
para los fines perseguidos como por la naturaleza y objeto de los
6
M. P. Hernando Herrera Vergara.
6
Expediente 76001-23-31-000-2011-00859-01 (1656-2018)
Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Saúl Hernando Salcedo García contra la Nación –
Ministerio de Salud y Protección Social
mismos.
En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que
determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de
servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra
un contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada,
no puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista
independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario sensu,
en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o
dependiente consistente en la actitud por parte de la administración
contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto
a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de
trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo
con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la
denominación de un contrato de prestación de servicios independiente.
Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o
dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los
términos del contrato, ni pretender el pago de un salario como
contraprestación de los servicios derivados del contrato de trabajo,
sino, más bien, de honorarios profesionales a causa de la actividad del
mandato respectivo.
Ahora bien, el artículo 2 del Decreto 2400 de 1968 7, «[p]or el cual se
modifican las normas que regulan la administración del personal civil […]»,
dispone:
Se entiende por empleo el conjunto de funciones señaladas por la
Constitución, la ley, el reglamento o asignadas por autoridad
competente que deben ser atendidas por una persona natural.
Empleado o funcionario es la persona nombrada para ejercer un
empleo y que ha tomado posesión del mismo.
Los empleados civiles de la Rama Ejecutiva integran el servicio civil
de la República.
Quienes presten al Estado Servicios ocasionales como los peritos
obligatorios, como los jurados de conciencia o de votación;
temporales, como los técnicos y obreros contratados por el tiempo de
ejecución de un trabajo o una obra son meros auxiliares de la
Administración Pública y no se consideran comprendidos en el
servicio civil, por no pertenecer a sus cuadros permanentes.
Para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los
7
Modificado por el Decreto 3074 del mismo año.
7
Expediente 76001-23-31-000-2011-00859-01 (1656-2018)
Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Saúl Hernando Salcedo García contra la Nación –
Ministerio de Salud y Protección Social
empleos correspondientes, y en ningún caso, podrán celebrarse
contratos de prestación de servicios para el desempeño de tales
funciones.
La parte subrayada de la precitada disposición fue declarada exequible por la
Corte Constitucional, en sentencia C-614 de 2009, al señalar la permanencia,
entre otros criterios, como un elemento más que indica la existencia de una
relación laboral. Frente al tema, expuso:
La Corte encuentra que la prohibición a la administración pública de
celebrar contratos de prestación de servicios para el ejercicio de
funciones de carácter permanente se ajusta a la Constitución, porque
constituye una medida de protección a la relación laboral, ya que no
sólo impide que se oculten verdaderas relaciones laborales, sino
también que se desnaturalice la contratación estatal, pues el contrato
de prestación de servicios es una modalidad de trabajo con el Estado
de tipo excepcional, concebido como un instrumento para atender
funciones ocasionales, que no hacen parte del giro ordinario de las
labores encomendadas a la entidad, o siendo parte de ellas no pueden
ejecutarse con empleados de planta o se requieran conocimientos
especializados. De igual manera, despliega los principios
constitucionales de la función pública en las relaciones contractuales
con el Estado, en tanto reitera que el ejercicio de funciones
permanentes en la administración pública debe realizarse con el
personal de planta, que corresponde a las personas que ingresaron a la
administración mediante el concurso de méritos.
De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura
cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral,
esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada
subordinación, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a
favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en
el artículo 53 de la Constitución Política, con el que se propende por la garantía
de los derechos mínimos de las personas preceptuados en normas respecto de
la materia.
En otras palabras, el denominado «contrato realidad» aplica cuando se
constata en juicio la continua prestación de servicios personales remunerados,
propios de la actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en
sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo
sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las
necesidades de coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos,
8
Expediente 76001-23-31-000-2011-00859-01 (1656-2018)
Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Saúl Hernando Salcedo García contra la Nación –
Ministerio de Salud y Protección Social
para configurar dependencia y subordinación propia de las relaciones
laborales8.
De igual manera, en reciente decisión la subsección B de esta sección segunda 9
recordó que (i) la subordinación o dependencia es la situación en la que se
exige del servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento,
en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, y se le imponen reglamentos,
la cual debe mantenerse durante el vínculo; (ii) le corresponde a la parte actora
demostrar la permanencia, es decir, que la labor sea inherente a la entidad, y
la equidad o similitud, que es el parámetro de comparación con los demás
empleados de planta, requisitos necesarios establecidos por la jurisprudencia,
para desentrañar de la apariencia del contrato de prestación de servicios una
verdadera relación laboral; y (iii) por el hecho de que se declare la existencia
de la relación laboral y puedan reconocerse derechos económicos laborales a
quien fue vinculado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios
que ocultó una verdadera relación laboral, no se le puede otorgar la calidad de
empleado público, dado que para ello es indispensable que se den los
presupuestos de nombramiento o elección y su correspondiente posesión,
elementos de juicio que enmarcan el análisis del tema y que se tendrán en
cuenta para decidir el asunto sub examine.
3.3.2 Cooperativas de trabajo asociado. La Ley 79 de 1988, «[p]or la cual se
actualiza la legislación cooperativa», en su artículo 80, preceptúa que las
cooperativas de trabajo asociado son aquellas que vinculan el trabajo personal
de sus socios para la producción de bienes, ejecución de obras o la prestación
de servicios, puesto que son organizaciones sin ánimo de lucro pertenecientes
al sector solidario de la economía; su objeto social es el de generar y mantener
trabajo para los asociados de manera autogestionaria, con autonomía,
autodeterminación y autogobierno. En sus estatutos, según el artículo 5 del
Decreto 4588 de 2006, «[p]or el cual se reglamenta la organización y
funcionamiento de las cooperativas y pre cooperativas de trabajo asociado»,
se debe precisar la actividad socioeconómica que desarrollarán, encaminada al
cumplimiento de su naturaleza, en cuanto a la generación de un trabajo, en los
términos que determinan los organismos nacionales e internacionales sobre la
materia.
8
En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, en sentencia de 27
de enero de 2011, expediente: 5001-23-31-000-1998-03542-01 (202-10).
9
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia de 4 de febrero de 2016, expediente: 81001-23-33-
000-2012-00020-01 (316-2014).
9
Expediente 76001-23-31-000-2011-00859-01 (1656-2018)
Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Saúl Hernando Salcedo García contra la Nación –
Ministerio de Salud y Protección Social
Este mismo Decreto, en sus artículos 16 y 17, establece la prohibición, por una
parte, de que el asociado que sea enviado por la cooperativa o precooperativa
de trabajo asociado a prestar servicios a una persona natural o jurídica, por lo
que se considerará trabajador dependiente de la que se beneficie con su trabajo;
y, por la otra, que no podrán actuar como empresas de intermediación laboral
ni disponer del trabajo de los asociados para suministrar mano de obra temporal
a un usuario o a terceros beneficiarios, o remitirlos como trabajadores en misión
con el fin de que atiendan labores de estos, o permitir que respecto de los
asociados se generen relaciones de subordinación o dependencia con los
contratantes, y en tal caso, sus directivos serán solidariamente responsables por
las obligaciones económicas que se causen a favor del trabajador asociado.
En este sentido, se pronunció esta Corporación, en sentencia de 27 de abril de
201610, así:
En la práctica, el trabajo asociado en algunos casos se ha utilizado como
instrumento para escapar a la legislación laboral y así eludir las
obligaciones para con los trabajadores dependientes o subordinados. Por
ello, el Legislador consagro la prohibición de que las Cooperativas de
Trabajo Asociado actúen como empresas de intermediación laboral,
dispongan del trabajo de los asociados para suministrar mano de obra
temporal a usuarios o terceros beneficiarios, remitan a los asociados
como trabajadores en misión con la finalidad de que atiendan labores
propias de un usuario o tercero beneficiario del servicio, o permitan que
respecto de los asociados se generen relaciones de subordinación o
dependencia con terceros contratantes; y como consecuencia, estableció
que el asociado que acuda a estas prácticas se considerara trabajador
dependiente de la persona natural o jurídica que se beneficie con su
trabajo. De tal manera que el tercero contratante, la Cooperativa y sus
directivos serán solidariamente responsables por las obligaciones
económicas generadas a favor del trabajador asociado11. Sin perjuicio
de que queden incursas en causal de disolución y liquidación y que les
sea cancelada la personería jurídica12.
Por su parte, la Corte Constitucional, en fallo T-442 de 13 de julio 201713,
reiteró:
10
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección A, fallo de 27 de abril de
2016, expediente 66001-23-31-000-2012-00241-01 (2525-14).
11
Artículos 16 y 17 del Decreto 4588 de 2006, que reglamentan la organización y funcionamiento de las
cooperativas y pre cooperativas de trabajo asociado.
12
«Artículo 7° de la Ley 1233 de 2008. Ley por medio de la cual se precisan los elementos estructurales de las
contribuciones a la seguridad social, se crean las contribuciones especiales a cargo de las Cooperativas y Pre
cooperativas de Trabajo Asociado, con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, al Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar, ICBF, y a las Cajas de Compensación Familiar, se fortalece el control concurrente y se
dictan otras disposiciones».
13
M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
10
Expediente 76001-23-31-000-2011-00859-01 (1656-2018)
Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Saúl Hernando Salcedo García contra la Nación –
Ministerio de Salud y Protección Social
[…] si durante la ejecución del contrato de trabajo asociado, la
cooperativa de trabajo asociado infringe la prohibición consistente en
que estas organizaciones solidarias no pueden actuar como empresas de
intermediación laboral, ni disponer del trabajo de sus asociados para
suministrar mano de obra a terceros beneficiarios, o admitir que respecto
de sus asociados se susciten relaciones de subordinación, se debe dar
aplicación la legislación laboral, y no la legislación civil o comercial
porque bajo estas hipótesis confluyen elementos esenciales que dan
lugar a la existencia de un contrato de trabajo simulado por el contrato
cooperativo14.
Así las cosas, se concluye que se defrauda la finalidad con la que se creó este
tipo de asociaciones cuando, a través del funcionamiento de una cooperativa de
trabajo asociado, se encubre el desarrollo de relaciones de labor dependiente, es
decir, cuando el cooperado presta sus servicios con el propósito de atender
funciones propias de un tercero beneficiario bajo los tres elementos del contrato
de trabajo, cuales son: (i) prestación de un trabajo o una labor en forma personal,
(ii) subordinación y (iii) contraprestación por la función desarrollada.
3.4 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las
peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que
gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al
plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se
destaca:
a) Certificación de 29 de junio de 2009 (f. 4), expedida por el representante legal
de la cooperativa de trabajo asociado Solidez, según la cual el accionante «[…]
est[á] vinculado a la Cooperativa mediante [c]onvenio como trabajador
asociado, desde el 16 de [n]oviembre de 2008 y tiene asignado un puesto de
trabajo en la IPS Caprecom Clínica Rafael Uribe Uribe Unión Temporal
Comfenalco Valle – Unilibre desempeñando actividades de AUXILIAR DE
ENFERMERÍA […]» (sic).
b) «Convenio asociativo de trabajo» suscrito, presuntamente, entre el actor y la
cooperativa de trabajo asociado Solidez el 16 de noviembre de 2008 (ff. 288 y
288 vuelto). Sobre este documento se advierte que su parte inicial carece de
datos respecto de los intervinientes y solo aparecen al final las firmas de quien
se presume es el actor (pues el número de cédula de ciudadanía coincide con el
del poder otorgado para este proceso) y de la gerente de la cooperativa. No
obstante, el resto del documento tiene espacios en blanco sin diligenciar, en
14
Ver, entre otras, las sentencias: T-286 de 2003, T-445 de 2006, T-504 y 962 de 2008, T-484 de 2013 y T-531 de
2015.
11
Expediente 76001-23-31-000-2011-00859-01 (1656-2018)
Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Saúl Hernando Salcedo García contra la Nación –
Ministerio de Salud y Protección Social
especial el de la compensación ordinaria mensual que recibiría el asociado.
c) Certificación de 21 de julio de 2009 (f. 3), firmada por el gerente de la
cooperativa de servicios integrados Consentir CTA, en la que informa que el
demandante «[p]rest[ó] sus servicios en esta Cooperativa, con un convenio de
trabajo asociado a término indefinido, ocho (8) horas diarias en ejecución del
contrato de servicios celebrado entre la Cooperativa y la ESE ANTONIO
NARIÑO (Clínica Rafael Uribe Uribe), desde el 01 de [d]iciembre de 2003
hasta el 15 de [n]oviembre de 2008, desempeñando el cargo de AUXILIAR DE
ENFERMERÍA, tiempo durante el cual cumplió con sus actividades a
cabalidad» (sic).
d) El 13 de diciembre de 2010 el accionante reclamó del gerente de la extinguida
ESE Antonio Nariño (para ese momento en liquidación) el reconocimiento de
una relación laboral, debido a su desempeño como auxiliar de enfermería (ff. 9
a 13).
e) A través de oficio C-212 RTA R-9526 de 18 de enero de 2011, la secretaria
general de la entonces ESE Antonio Nariño en Liquidación, en respuesta a la
petición del actor, indicó cuál era el procedimiento de liquidación que se surtía
en dicha entidad, con lo que se entendió como negada la reclamación del
accionante15 (ff. 14 a 17).
f) Certificación de 31 de enero de 2011 (f. 5), suscrita por la gerente de la
cooperativa de médicos y enfermeras Coomef CTA, conforme a la cual el
demandante «[…] PRESTA SERVICIOS EN LA COOPERATIVA COMO
TRABAJADOR ASOCIADO DESDE EL 01 DE MAYO DE 2010 […] SE
DESEMPEÑA EN EL PROCESO COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA; EN
EL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN INFECTOLOGÍA, SEGÚN
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS ÁREAS
ASISTENCIALES SUSCRITO CON LA CORPORACIÓN COMFENALCO
VALLE – UNILIBRE […]» (sic).
g) Relación mensual de tiempo trabajado y valores devengados expedida por la
cooperativa de trabajo asociado Solidez, que da cuenta de que el accionante
ejerció el cargo de auxiliar de enfermería y discrimina como períodos
trabajados: del 16 de noviembre al 30 de junio de 2009 y desde el 4 de febrero
15
Al respecto, se destaca que en el libelo introductorio el accionante expone que en caso de no admitirse ese acto
administrativo como pasible de control ante esta jurisdicción, se tenga como acusado el acto ficto generado por la
falta de respuesta de fondo. En el fallo apelado, el a quo precisó que el mencionado oficio sí era susceptible de
control de legalidad, determinación que no fue discutida en la alzada y que esta Sala comparte.
12
Expediente 76001-23-31-000-2011-00859-01 (1656-2018)
Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Saúl Hernando Salcedo García contra la Nación –
Ministerio de Salud y Protección Social
hasta el 30 de abril de 2010 (f. 275). Este documento está acompañado por las
planillas de pago al sistema integral de seguridad social durante esos interregnos
(ff. 276 a 287), los que, además, están respaldados en la constancia de 24 de
abril de 2012 (f. 289) de la representante legal de ese organismo.
h) Auto de pruebas de 30 de enero de 2012 (ff. 157 y 158), dictado dentro de
este proceso, en el que se decretaron los medios probatorios documentales y
pericial pedidos por el actor; sin embargo, con memorial de 2 de mayo de 2013
(f. 301), su apoderada informó: «[…] renuncio a la prueba de [o]ficios
solicitada en el acápite de pruebas de la demanda, numeral[es] 1, 2 [y] 4, toda
vez que ni la ESE ANTONIO NARIÑO (LIQUIDADA), ni la ALIANZA
FIDUCIARIA S.A. PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE LA
ESE ANTONIO NARIÑO LIQUIDADA, ni el INSTITUTO DE SEGUROS
SOCIALES tienen en su poder la [h]oja de vida de[l] […] accionante y no tengo
conocimiento de las direcciones de las cooperativas de CONSENTIR CTA y
COOMEF las que se les puede enviar los oficios» (sic), desistimiento que fue
aceptado con providencia de 19 de julio siguiente (f. 303).
i) Oficio de 5 de junio de 2012 (f. 295), firmado por la asistente administrativa
de la cooperativa de médicos y enfermeras Coomef CTA, en el que informa que
«[…] a la fecha no existe contrato suscrito con la E.S.E. Antonio Nariño,
respecto al proceso del señor SAÚL HERNANDO SALCEDO GARCÍA» (sic).
j) En el trámite de este proceso judicial se recaudaron los testimonios de las
señoras Gloria Amparo Mina y Dora Margoth Balanta, que relataron
circunstancias referentes a la prestación de servicios del demandante como
auxiliar de enfermería de la referida institución de salud (ff. 177 a 182 y 219 a
225).
De las pruebas relacionadas en el acápite anterior, se tiene que el accionante
prestó de manera personal e interrumpida sus servicios como auxiliar de
enfermería en la Clínica Rafael Uribe Uribe de la ESE Antonio Nariño desde el
1º. diciembre de 2003 hasta el 30 de junio de 2009 y del 4 de febrero de 2010
al 31 de enero de 201116, vinculado como trabajador asociado de las
cooperativas de trabajo Consentir CTA, Solidez y Coomef CTA. También se
encuentra acreditado que el 13 de diciembre de 2010 solicitó del gerente de esa
extinguida institución de salud el reconocimiento de la existencia de una
relación laboral, lo que fue negado con el acto acusado.
16
Fecha de expedición de la certificación por parte de la cooperativa Coomef CTA (f. 5).
13
Expediente 76001-23-31-000-2011-00859-01 (1656-2018)
Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Saúl Hernando Salcedo García contra la Nación –
Ministerio de Salud y Protección Social
Lo primero que ha de advertirse es que, contrario a lo alegado en el recurso de
apelación, de conformidad con el artículo 167 del Código General del Proceso
(CGP), aplicable por la remisión expresa del 306 del CPACA, «incumbe a las
partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que ellas persiguen», motivo por el que quien alega la existencia de un
contrato realidad debe desplegar todas las actuaciones para llevar al juez a dicho
convencimiento y, para tal propósito, aportar todos los elementos probatorios a
que haya lugar, los que serán valorados de acuerdo con la reglas de la sana
crítica.
En ese sentido, cabe destacar que en la demanda el actor indicó que «[…] ha
prestado sus servicios personales […] desde el 27 de junio de 2003 hasta la
fecha ([a]ctualmente con la Cooperativa COOMEF C.T.A.) […]» (sic); sin
embargo, conforme a las pruebas allegadas, hay certeza de esa vinculación hasta
el 31 de enero de 2011, según certificación emitida por esa cooperativa (f. 5),
dado que con oficio de 5 de junio de 2012 (f. 295), esta informó que «[…] a la
fecha […]» no había vínculo con aquel, por lo que no se tiene certidumbre de
una posterior desvinculación, por lo que se tendrá como culminación de esa
relación de cooperativismo el 31 de enero de 2011.
Sobre la configuración del contrato realidad, resulta oportuno precisar que debe
acreditarse la existencia de los tres elementos de la relación laboral: (i) la
prestación personal del servicio, (ii) la remuneración por el trabajo cumplido y
(iii) la subordinación y dependencia.
En lo atañedero al primer elemento, se evidencia que el accionante estuvo
vinculado a cooperativas de trabajo asociado durante dos períodos: (i) del 1º. de
diciembre de 2003 al 30 de junio de 2009 y (ii) entre el 4 de febrero de 2010 y
el 31 de enero de 2011, lo que se deriva de las certificaciones allegadas, pues
no se cuenta con otro tipo de documentos, tales como los contratos asociativos,
los contratos de prestación de servicios entre la institución de salud y la
cooperativa e incluso comprobantes de pago de nómina, entre otros, de los que
pueda desprenderse, con claridad, interregnos adicionales, las obligaciones a su
cargo y los términos y condiciones en que se prestaba el servicio. También
resulta relevante advertir que en el libelo introductorio, el actor afirmó que había
ingresado a laborar a la ESE, por medio de órdenes de prestación de servicios,
desde el 26 de junio de 2003, empero, ello no se probó.
En esa medida, conforme a las formalidades de los artículos 39 y 41 de la Ley
14
Expediente 76001-23-31-000-2011-00859-01 (1656-2018)
Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Saúl Hernando Salcedo García contra la Nación –
Ministerio de Salud y Protección Social
80 de 199317, no se allegó documento alguno que acredite un vínculo
contractual entre el accionante y la extinguida ESE Antonio Nariño. Tampoco
aportó soportes de pago, recibos de consignación, circulares, comunicados,
oficios o cualquier otro elemento del que pudiera derivarse esa vinculación.
Sumado a lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación18,
los contratos estatales deben constar por escrito, lo que se trata de una
solemnidad que no puede desconocerse y, en caso de no hacerse, el negocio
simplemente no existiría. Además, no debe olvidarse que, en virtud del Decreto
3135 de 1968 (artículo 5), «[l]as personas que presten sus servicios en los
ministerios, departamentos administrativos, superintendencias y
establecimientos públicos son empleados públicos; sin embargo, los
trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas son
trabajadores oficiales».
Entonces, no se halla acreditada vinculación directa con la extinguida ESE y,
por ende, no hay lugar a realizar análisis alguno sobre ese particular ante la falta
de material probatorio. No obstante, los períodos trabajados con intervención
de las cooperativas serán objeto de análisis por parte de esta Corporación para
establecer si en ellos se observaron las normas referentes al cooperativismo o
si, por el contrario, se configuró un vínculo laboral con la mencionada ESE,
como se insiste en la alzada.
En ese entendido, esta Sala reitera que, según lo dispuesto en el artículo 5 del
Decreto 4588 de 2006, compilado en el 2.2.8.1.5 del Decreto 1072 de 201519,
el objeto social de las cooperativas de trabajo asociado es «el de generar y
mantener trabajo para los asociados de manera autogestionaria, con
autonomía, autodeterminación y autogobierne. En sus estatutos se deberá
17
De acuerdo con tales formalidades, los contratos estatales deben constar por escrito. Las normas en mención son
las siguientes:
«Artículo 39. De la forma del contrato estatal. Los contratos que celebren las entidades estatales constarán por
escrito y no requerirán ser elevados a escritura pública, con excepción de aquellos que impliquen mutación del
dominio o imposición de gravámenes y servidumbres sobre bienes inmuebles y, en general, aquellos que conforme
a las normas legales vigentes deban cumplir con dicha formalidad.
Las entidades estatales establecerán las medidas que demande la preservación, inmutabilidad y seguridad de los
originales de los contratos estatales.
[…]
Artículo 41. Del perfeccionamiento del contrato. Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo
sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito […]».
18
Al respecto, puede verse, entre otras, la sentencia de 3 de octubre de 2012, expediente 23001-23-31-000-1998-
08976-01 (26140), C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, en la que se dijo: «[…] los contratos estatales deben
constar por escrito, pues así lo disponen los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993, al señalar que es esta la forma
que deben adoptar tales actos jurídicos para existir jurídicamente y quedar perfeccionados, es decir, para que sean
válidos desde la perspectiva estrictamente formal (requisito ad solemnitatem o ad substanciam actus). Esta
exigencia es una de las llamadas formalidades plenas de los contratos del Estado».
19
«Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo».
15
Expediente 76001-23-31-000-2011-00859-01 (1656-2018)
Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Saúl Hernando Salcedo García contra la Nación –
Ministerio de Salud y Protección Social
precisar la actividad socioeconómica que desarrollarán, encaminada al
cumplimiento de su naturaleza, en cuanto a la generación de un trabajo, en los
términos que determinan los organismos nacionales e internacionales, sobre la
materia». Sin perjuicio de ello, las normas que regulan la materia y la
jurisprudencia que la han desarrollado han sido enfáticas en las prohibiciones
de (i) enviar a un asociado a que preste servicios a una persona natural o jurídica
en labores propias de esta, por lo que se considerará trabajador dependiente de
la que se beneficie con su trabajo, y (ii) fungir como empresas de intermediación
laboral o disponer del trabajo de sus asociados para suministrar mano de obra
temporal, enviarlos como trabajadores en misión o permitir que se generen
relaciones de subordinación y dependencia con los contratantes.
Frente a las anteriores prohibiciones no existe certeza si fueron desatendidas por
las cooperativas a las que se encontraba vinculado el actor, en la medida en que
solo se cuenta con las referidas certificaciones y las declaraciones de las señoras
Gloria Amparo Mina y Dora Margoth Balanta, pruebas que no son suficientes
para llevar al convencimiento frente la configuración de los elementos de la
relación laboral, pues debe advertirse que no basta con que el asociado preste
servicios a una persona natural o jurídica, sino que debe probarse que se
desconoció la regulación referente al cooperativismo. En tal sentido, si bien los
testimonios fueron específicos en describir el modo como el demandante
trabajaba como auxiliar de enfermería, no son consistentes en otorgar la
relevancia indispensable para obviar la necesidad de otros elementos de prueba,
máxime cuando son imprecisos entre ellos en afirmaciones como que el actor
suscribió contratos de trabajo con la ESE y momentos después se dice que era
con las cooperativas20, contradicciones que le restan credibilidad.
A pesar de lo anotado, en cuanto a la configuración del elemento de la
prestación personal del servicio, se sabe que el accionante laboró como
auxiliar de enfermería en la Clínica Rafael Uribe Uribe de la ESE Antonio
Nariño, con ocasión de su vinculación a las cooperativas de trabajo asociado
Consentir CTA, Solidez y Coomef CTA, con lo que se tiene por satisfecho.
Empero, según las certificaciones expedidas por estas, esas labores se dieron en
dos períodos: (i) del 1º. de diciembre de 2003 al 30 de junio de 2009, en los que
estuvo vinculado a Consentir CTA y Solidez y (ii) desde el 4 de febrero de 2010
hasta el 31 de enero de 2011, con Solidez y Coomef CTA. Sin embargo, se
20
Al respecto puede verse, por ejemplo, los folios 180, 181 y 223, en afirmaciones como: «[…] PREGUNTADO:
Manifieste al Despacho si el señor SAÚL HERNANDO SALCEDO suscribió algún tipo de contrato laboral con la
Cooperativa CONSENTIR CTA. CONTESTÓ: Con la Cooperativa no pero sí con la ESE ANTONIO NARIÑO […]»
(sic).
16
Expediente 76001-23-31-000-2011-00859-01 (1656-2018)
Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Saúl Hernando Salcedo García contra la Nación –
Ministerio de Salud y Protección Social
desconocen las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se prestaron esos
servicios, habida cuenta de que, según se expuso en la relación de pruebas que
precede, se allegó al proceso un documento titulado «convenio de trabajo
asociado» con la cooperativa de trabajo asociado Solidez, pero él carece de
información sobre las partes intervinientes y la compensación ordinaria mensual
que suelen recibir los asociados, pues solo cuenta con la firma del accionante y
la gerente de dicha cooperativa, sin que se indique el lugar de la prestación de
servicios ni que las labores específicas eran de auxiliar de enfermería, por lo
que se concluye que se trata de un formulario general que bien pudo ser suscrito
por cualquier otra persona. Asimismo, no existe otro documento similar
atañedero a las otras cooperativas de trabajo y, por ende, como se advirtió, la
prestación del servicio se deduce de las mencionadas certificaciones.
En lo referente a la remuneración por el trabajo cumplido, escuetamente se
cuenta con información acerca de que el demandante recibía una retribución por
sus servicios, como se desprende, también, de las certificaciones allegadas, sin
que pueda hacerse alguna mención adicional, se insiste, por el escaso material
probatorio.
Frente a (iii) la subordinación, como último elemento de la relación laboral,
resulta procedente examinar la naturaleza de las funciones desempeñadas por el
accionante y su verdadero alcance, con el fin de establecer si existió o no.
Debe precisarse que la ESE Antonio Nariño fue una institución con el objetivo
de prestar servicios de salud dentro del sistema general de seguridad social en
salud, motivo por el que si bien las funciones de enfermería desempeñadas por
el demandante están directamente relacionadas con su misión, en este caso
específico, dado el carente material probatorio, no puede tenerse por cierto que
ese simple hecho configura este elemento21, cuanto más si la prestación del
servicio fue interrumpida por un más de 7 meses (el primer período culminó el
30 de junio de 2009 y el segundo inició el 4 de febrero de 2010) y se desarrolló
con vinculación a diferentes cooperativas de trabajo asociado, frente a las que,
como se ha dicho, no se tiene mayor información, puesto que las certificaciones
21
A una conclusión en el mismo sentido llegó esta Sala en sentencia de 2 de septiembre de 2021, expediente 68001-
23-33-000-2017-00626-01 (5168-2019), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, al discurrir: «[…] no todos los contratos
de prestación de servicios que suscriba una institución de salud cuyo propósito sea justamente la asistencia médica,
se enmarcarán en un contrato realidad con la mera aseveración de que está relacionado de manera directa con el
objeto y misión de la entidad. Es así que, para llegar a una decisión favorable a los intereses del demandante en
un caso de «contrato realidad», este debe observar lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso
(CGP), aplicable por la remisión expresa del 306 del CPACA, […] motivo por el que quien alega la existencia de
dicho vínculo laboral debe desplegar las actuaciones necesarias para llevar al juez a ese convencimiento y, para
tal propósito, aportar todos los elementos probatorios a que haya lugar, los que serán valorados de acuerdo con
las reglas de la sana crítica».
17
Expediente 76001-23-31-000-2011-00859-01 (1656-2018)
Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Saúl Hernando Salcedo García contra la Nación –
Ministerio de Salud y Protección Social
únicamente dan cuenta de la relación entre el demandante y cada cooperativa,
el lugar de trabajo y, en algunos casos, la remuneración recibida.
En tal sentido, revisadas las declaraciones rendidas por las señoras Gloria
Amparo Mina y Dora Margoth Balanta, únicas pruebas obrantes en el proceso
(además de las referidas certificaciones), a pesar de que coinciden en
afirmaciones referentes al cumplimiento de horario y el sometimiento a las
reglas de funcionamiento de la extinguida ESE Antonio Nariño (incluso con la
identificación de quien fuera la supuesta jefe inmediata del actor, la señora
Gloria Bonilla), lo cierto es que incurren en contradicciones frente a aspectos
como las condiciones de vinculación del actor, lo que llama la atención de la
Sala, en especial, porque ellas indican que se encuentran en similar situación
que él, al punto que también demandaron ante esta jurisdicción con el mismo
propósito de la acción que se decide en esta providencia, motivo por el que esas
inconsistencias le restan credibilidad a los testimonios.
Sumado a lo anterior, como se ha dicho a lo largo de estas consideraciones, el
escaso material probatorio no permite confrontar las aseveraciones de las
declarantes para llevar a esta Corporación al convencimiento sobre la
configuración del elemento de subordinación y dependencia propio de una
relación laboral. Por consiguiente, no resulta admisible el planteamiento del
demandante referente a que era imposible la obtención de otros medios de
prueba, como planillas de turnos o comunicaciones expedidas por la ESE,
porque se trataba, a su juicio, de documentos que no iban a ser suministrados
para fines probatorios. Sobre el particular, se destaca que el actor contaba con
instrumentos al interior de este proceso con los cuales podía obtener esas
pruebas, de los que no hizo uso, pues se recuerda que desistió de los medios
probatorios decretados, con lo que obvió el cumplimiento del artículo 167 del
CGP.
A partir de ese entendimiento, no hay modo de acreditar que existía una sujeción
del accionante hacía la otrora ESE, como empleadora, toda vez que no se cuenta
con información sobre imposición de medidas u órdenes de esta, ni planillas de
turno, comunicaciones de las que se evidencie la disposición del trabajo del
empleado u otras circunstancias similares con la misma consecuencia y, en esa
medida, no se desvirtuó que la finalidad con la que se creó dicho tipo de
asociaciones haya sido defraudada, para dar paso a la configuración de una
relación laboral entre la ESE y el actor.
En dichas condiciones, el demandante no le suministró a esta Sala los elementos
18
Expediente 76001-23-31-000-2011-00859-01 (1656-2018)
Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Saúl Hernando Salcedo García contra la Nación –
Ministerio de Salud y Protección Social
de juicio necesarios para arribar al convencimiento de que su vinculación a la
ESE con la intervención de diferentes cooperativas de trabajo traía consigo una
relación laboral disfrazada, como lo alegó en el libelo introductorio y en la
alzada, por cuanto no incorporó al proceso los medios probatorios con los que
demuestre la configuración del elemento de la subordinación y dependencia
indispensable en la relación laboral reclamada, por lo que la decisión adoptada
por el a quo estuvo ajustada a derecho.
Con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados
en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones
sobre el particular, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, que negó
las súplicas de la demanda, toda vez que no se desvirtuó la presunción de legalidad
del acto acusado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1°. Confírmase la sentencia de 19 de octubre de 2017 proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda
instaurada por el señor Saúl Hernando Salcedo García contra la entonces
Empresa Social del Estado (ESE) Antonio Nariño (sucedida procesalmente por
la Nación - Ministerio de Salud y Protección Social y la Fiduciaria La Previsora
SA), conforme a lo indicado en la parte motiva.
2°. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
19
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.