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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2011-00890-01

Fecha
20 de mayo de 2022
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2011-00890-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 27 de febrero de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en atención a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo. Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el siguiente enlace: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 76001-23-31-000-2011-00890-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

20 de mayo de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., veinte (20) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Radicación número: 76001-23-31-000-2011-00890-01(54431)

Actor: ROSALBA CHÁVEZ PASTUZAN Y OTROS

Demandado: NACIÓN-RAMA JUDICIAL E INPEC

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: FALLA DEL SERVICIO / RECURSO DE APELACIÓN – Carga de sustentación
material para que pueda habilitarse la competencia de fondo del superior / TEORÍA
GENERAL DE LOS RECURSOS – Es necesario que exista congruencia entre la
sustentación de la impugnación y lo decidido en la providencia objeto de censura, so pena
de que no se pueda analizar la alzada.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia de 27 de febrero de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, mediante la cual se negaron las súplicas de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Se atribuye responsabilidad a las entidades demandadas por el daño que
padecieron los accionantes, a raíz de las lesiones que les produjo la explosión de
una granada lanzada por una persona condenada penalmente, quien, según la
demanda, gozaba del subrogado de prisión domiciliaria para el momento de los
hechos. La imputación se fundamentó en: i) el otorgamiento del beneficio de
detención domiciliaria, pese a que el condenado constituía un peligro para la
sociedad, y ii) la omisión en el deber de custodia y vigilancia sobre el sentenciado
por parte del Inpec.

Radicación número: 76001-23-31-000-2011-00890-01 (54431)
Actor: Rosalba Chávez Pastuzan y otros
Demandado: Nación-Rama Judicial e Inpec
Referencia: Reparación directa

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

El 4 de diciembre de 2009 (fls. 127-147 c. n.° 1), los señores Rosalba Chávez
Pastuzan; Duván Nicolás Arboleda Ceballos; Juan Fernando Arboleda Chávez;
Diana Paola Chalarca, y Óscar Iván Arboleda Chávez, en su nombre y en
representación de su hijo Sebastián Arboleda Chalarca, por intermedio de
apoderado judicial (fls. 1-5 c. n.° 1), interpusieron acción de reparación directa en
contra de la Nación-Rama Judicial y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
-Inpec-.

Para el efecto, se solicitó declarar administrativa y extracontractualmente
responsable a la “Nación-Rama Judicial-Consejo Superior de la Judicatura-
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario Inpec” por las lesiones padecidas por cada uno de los demandantes con
ocasión de la explosión de un artefacto, en hechos ocurridos el 6 de octubre de
2007, en la carrera 10 con calle 19 de la ciudad de Cali. Como consecuencia, se
pidió condenar a las demandadas al pago de los perjuicios materiales, morales, a
la vida en relación y fisiológicos, en las siguientes sumas:

Por concepto de daño emergente, diez (10) salarios mínimos legales mensuales
vigentes a favor de la señora Rosalba Chávez Pastuzan y cinco (5) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, más 1’695.000 a favor del señor Oscar Iván
Arboleda Chávez, o los valores que resulten probados en el proceso, en razón a
las “sumas de dinero erogadas por la afectación desfavorable que recayó sobre el
patrimonio económico de la demandante”.

En la modalidad de lucro cesante, cien (100) salarios mínimos legales mensuales
vigentes a favor de los señores Rosalba Chávez Pastuzan y Oscar Iván Arboleda
Chávez, por los gastos médicos, terapéuticos y demás erogaciones que tendrán
que hacer para lograr la recuperación de las lesiones padecidas y, en el caso del
señor Oscar Iván Arboleda Chávez, además, con ocasión de “los tratamientos
médicos por las secuelas psicológicas que padece su hijo Sebastián Arboleda
Chávez como consecuencia del atentado terrorista ocurrido el día 06 de noviembre
de 2007”.

Por perjuicios morales, cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a
favor de los señores Rosalba Chávez Pastuzan, Duván Nicolás Arboleda Ceballos,
Juan Fernando Arboleda Chávez, Oscar Iván Arboleda Chávez, Diana Paola

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Radicación número: 76001-23-31-000-2011-00890-01 (54431)
Actor: Rosalba Chávez Pastuzan y otros
Demandado: Nación-Rama Judicial e Inpec
Referencia: Reparación directa

Chalarca y Sebastián Arboleda Chalarca, o “en su defecto páguese por este
perjuicio el valor máximo que reconozca la jurisprudencia, con motivo de la
afectación del patrimonio moral de los actores, manifestado en el sufrimiento y el
trauma generado, derivado de la explosión ocurrida el día 06 de octubre de 2007”.

Por concepto de perjuicios a la vida en relación, cien (100) salarios mínimos legales
mensuales vigentes a favor de los señores Rosalba Chávez Pastuzan, Duván
Nicolás Arboleda Ceballos, Juan Fernando Arboleda Chávez, Oscar Iván Arboleda
Chávez, Diana Paola Chalarca y Sebastián Arboleda Chalarca.

Y, por perjuicios fisiológicos, cien (100) salarios mínimos legales mensuales
vigentes a favor de los señores Rosalba Chávez Pastuzan y Oscar Iván Arboleda
Chávez.

Se solicitó actualizar la condena y reconocer intereses, conforme a lo dispuesto en
los artículos 176 a 178 del CCA; así como condenar en costas a las entidades
demandadas.

Como fundamentos fácticos se narró, en síntesis, lo siguiente:

El 6 de octubre de 2007, a las 11:45 a.m., los señores Rosalba Chávez Pastuzan,
Oscar Iván Arboleda Chávez, Diana Paola Chalarca y Juan Fernando Arboleda
Chávez, junto a los menores Sebastián Arboleda Chalarca, Hanner Arboleda Ríos
y Angely Arboleda Ríos se desplazaban a bordo de un vehículo automotor, el cual
estacionó en la carrera 10ª, entre calles 19 y 20 de la ciudad de Cali, para comprar
flores. Del vehículo descendieron Oscar Iván Arboleda Chávez, Juan Fernando
Arboleda Chávez y Hanner Arboleda Ríos.

Aproximadamente cinco minutos después se oyó una fuerte explosión, resultando
heridos la señora Rosalba Chávez Pastuzan, con múltiples fracturas, y el señor
Oscar Iván Arboleda Chávez, a quien le fue diagnosticado “laceraciones en el
cráneo, trauma penetrante en testículo izquierdo, trauma abdominal y trauma
raquimedular”. Debido a la gravedad de las lesiones, los afectados “han tenido que
realizar unos constantes exámenes médicos, operaciones y tratamientos médicos
en aras de tratar de restablecer su salud y paliar el dolor sufrido”.

La explosión fue ocasionada por una granada lanzada contra un local ubicado en
la carrera 10ª con calle 18. El autor material del hecho delictivo fue el señor Jhon
Jairo Daza Castaño, apodado con el alias de “El diablo”, quien para el momento de
los hechos cumplía condena penal impuesta por el Juzgado Tercero Penal del

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Radicación número: 76001-23-31-000-2011-00890-01 (54431)
Actor: Rosalba Chávez Pastuzan y otros
Demandado: Nación-Rama Judicial e Inpec
Referencia: Reparación directa

Circuito Especializado de Cali y le había sido concedido el subrogado de prisión
domiciliaria, por parte del Juzgado Quinto de Ejecución de Penas de Cali.

El Inpec tenía la obligación de vigilar al sentenciado y de hacer efectiva la ejecución
de la pena; sin embargo, omitió ese deber legal por cuanto el privado de la libertad
salía de su residencia y continuó delinquiendo.

El Juzgado de ejecución de penas, por su parte, incurrió en error judicial por falta
de aplicación de la norma, en la medida en que no le era dable otorgar el beneficio
de sustitución de la pena del sitio carcelario, por la prisión domiciliaria, “pues el
sujeto en mención constituye un peligro para la comunidad, dados sus
antecedentes y su conducta al margen de la ley”. No se aplicaron, así, los artículos
308, 310, 314 y 461 del Código de Procedimiento Penal. El señor Daza Castaño
tenía antecedentes por el delito de hurto calificado, lo cual hacía improcedente la
sustitución de la medida privativa.

2. Trámite en primera instancia

2.1. Mediante auto de 9 de diciembre de 2009, el Juzgado Cuarto Administrativo de
Cali admitió la demanda; posteriormente, en proveído de 21 de julio de 2010 declaró
la perención del proceso y lo dio por terminado, decisión contra la cual la parte
actora interpuso recurso de apelación (fls. 150-151, 153 y 157-159 c. n.° 1). El
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en auto de 18 de noviembre de 2010,
revocó el proveído impugnado y ordenó al juez a-quo continuar con el trámite del
asunto (fls. 169-175 c. n.° 1). Las notificaciones del auto admisorio de la demanda
se efectuaron en debida forma (fls. 179-180 c. n.° 1).

2.2. Las entidades demandadas contestaron la demanda, oportunamente.

2.2.1. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -Inpec- se opuso a la
prosperidad de las pretensiones. Manifestó que a esa entidad le corresponde
realizar “el control de visita” de los sindicados y condenados que se encuentran en
detención domiciliaria; sin embargo, esa vigilancia no es permanente, como sí
ocurre al interior de los establecimientos penitenciarios. Hizo alusión a los artículos
38, 314, 316 y 318 del Código de Procedimiento Penal, relativos al beneficio de la
prisión domiciliaria, y concluyó que no se incurrió en falla del servicio, por cuanto
ese Instituto le correspondía “pasar revista periódica” en el domicilio del condenado,
no efectuar vigilancia permanente; además, el interno no solicitó permiso ni avisó
sobre su salida del lugar de reclusión, con lo cual violó la orden judicial que le
imponía permanecer en su residencia; tampoco se tuvo conocimiento de que

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Radicación número: 76001-23-31-000-2011-00890-01 (54431)
Actor: Rosalba Chávez Pastuzan y otros
Demandado: Nación-Rama Judicial e Inpec
Referencia: Reparación directa

“hubiese seguido delinquiendo, ya que quien le concede este tipo de reclusión
diferente al centro carcelario es el juez de ejecución, quien se encuentra a cargo de
que cumpla con su condena”.

Propuso la excepción que denominó “exoneración de responsabilidad por parte de
la entidad demanda”, con sustento en la falta de nexo causal entre “lesiones
personales de particulares y el daño causado, por cuanto las visitas de control que
realizan los funcionarios del Inpec son visitas periódicas y no de carácter
permanente como lo pretende hacer ver la parte actora”. Solicitó, además, declarar
de oficio cualquier excepción que se establezca a favor de la entidad (fls. 187-196
c. n.° 1).

2.2.2. La Nación-Rama Judicial solicitó negar las pretensiones de la demanda, por
considerar que las actuaciones del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cali y el
Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad estuvieron
soportadas en las normas sustantivas y procesales vigentes. Luego de hacer una
exposición sobre la responsabilidad del Estado por el defectuoso funcionamiento
de la administración de justicia y el error judicial, consideró que “los actos
jurisdiccionales fueron actos legales y normales de la administración de justicia y
no arbitrarios, de manera que no hubo falla en el servicio, error judicial, ni vías de
hecho tal como se invoca para justificar las pretensiones de la demanda”.

Agregó que en la demanda no se atacó la legalidad o improcedencia del subrogado
penal de prisión domiciliaria; por el contrario, se adujo que el Inpec omitió el deber
de vigilar al sentenciado. Por esa razón, solicitó declarar probada la excepción de
falta de legitimación en la causa por pasiva de esa entidad y, en caso de imponerse
una condena, pidió ordenar el pago al Inpec, por cuanto tiene autonomía
administrativa y presupuestal (fls. 202-207 c. n.° 1).

2.3. El juzgado de conocimiento, en proveído de 26 de mayo de 2011, declaró su
falta de competencia para conocer del asunto y, consecuentemente, la nulidad de
todo lo actuado y dispuso la remisión del expediente al Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca (fls. 209-210 c. n.° 1).

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió auto el 6 de julio de 2011, en
el que revocó el auto de 26 de mayo de 2011, en lo correspondiente a la declaratoria
de nulidad de lo actuado, avocó el conocimiento del proceso y ordenó continuar con
su trámite (fls. 218-221 c. n.° 1).

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Radicación número: 76001-23-31-000-2011-00890-01 (54431)
Actor: Rosalba Chávez Pastuzan y otros
Demandado: Nación-Rama Judicial e Inpec
Referencia: Reparación directa

2.4. Mediante providencia de 3 de mayo de 2012, se vinculó, como llamada en
garantía del Inpec, a la compañía de seguros La Previsora S.A. y se dispuso la
suspensión del proceso mientras se hacía presente la aseguradora, por un término
no mayor a 90 días (fls. 222-223 c. n.° 1). En proveído de 31 de enero de 2013 se
tuvo por notificada, por conducta concluyente, a la sociedad llamada en garantía
(fls. 250-251 c. n.° 1).

La compañía de seguros manifestó que no le constaban los hechos invocados por
la parte actora. Adicionalmente, en caso de que se hubiera generado un daño,
indicó que éste es atribuible al hecho de un tercero, por la conducta criminal
desplegada por el señor Jhon Jairo Daza Castaño, lo cual rompe el nexo causal
entre el daño y la supuesta falla del servicio. Agregó que las visitas y vigilancia que
hace el Inpec a los privados en prisión domiciliaria no es diaria sino periódica, como
lo establece el artículo 27 de la Ley 1142 de 2007; de otra parte, el juzgado de
ejecución de penas actuó conforme a derecho, y su decisión estuvo motivada y
ajustada a los presupuestos legales dispuestos para la concesión del beneficio de
detención domiciliaria.

Aseguró que no le asiste responsabilidad al Inpec por cuanto cumplió cabalmente
su obligación de vigilar periódicamente la medida de prisión domiciliaria concedida
al señor Daza Castaño; sin embargo, fue esa persona “quien libre y voluntariamente
decidió perpetrar y consumar el delito que causó las lesiones de los hoy
demandantes”, lo que responde a una decisión personal y configura una
responsabilidad individual. Al tenor del artículo 2341 del Código Civil, es al señor
Daza Castaño a quien corresponde indemnizar a los demandantes.

Mencionó que una vez el Inpec advirtió la evasión del sentenciado, dio aviso
inmediato a la Fiscalía General de la Nación y “prueba de ello es que es
nuevamente acusado por el delito de homicidio en el grado de tentativa”.

Finalmente, propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva
del Inpec, hecho de un tercero, y las que denominó “cumplimiento de la obligación
de vigilancia a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec”,
“inexistencia de responsabilidad administrativa de la entidad del Estado por
ausencia de falla del servicio y por ausencia de relación de causalidad”,
“inexistencia de responsabilidad por ausencia de los elementos estructurales”, y
“demanda en exceso del perjuicio padecido”, la última bajo el argumento que no se
aportó prueba de los perjuicios reclamados a título de daño emergente y lucro
cesante, y la pretensión de perjuicios morales excede los límites fijados por la
jurisprudencia.

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Radicación número: 76001-23-31-000-2011-00890-01 (54431)
Actor: Rosalba Chávez Pastuzan y otros
Demandado: Nación-Rama Judicial e Inpec
Referencia: Reparación directa

En cuanto al llamamiento en garantía, propuso las excepciones que nombró
“inexistencia de la obligación de indemnizar por ausencia de responsabilidad civil
extracontractual del asegurado”, “límite de amparo asegurado bajo la póliza No.
1004134”, “obligación del asegurado a soportar una cuota en la pérdida por
concepto de deducible o franquicia”, “riesgos excluidos” y “la innominada” (fls. 225-
241 c. n.° 1).

2.5. Mediante auto de 30 de noviembre de 2012, corregido en providencias de 31
de enero y 5 de abril de 2013, se decretaron las pruebas solicitadas por las partes
y por la llamada en garantía (fls. 245-247, 250-251 y 276-277 c. n.° 1).

2.6. A través de auto de 3 de febrero de 2015 se corrió traslado a las partes para
alegar de conclusión (fl. 343 c. n.° 1).

2.6.1. En esa oportunidad, el Inpec reiteró los argumentos de defensa expuestos
en el escrito de contestación de la demanda; además, presentó una exposición
sobre el régimen de imputación de falla del servicio y concluyó que en el caso bajo
análisis no se acreditó el nexo de causalidad, como elemento de la responsabilidad
(fls. 344-351 c. n.° 1).

2.6.2. La Previsora S.A. manifestó que con el material probatorio aportado al
plenario no se logra constatar la falla del servicio que se atribuye al Inpec; así
mismo, esa entidad únicamente acató la orden impartida por el juez de la ejecución,
de otorgar prisión domiciliaria al sentenciado, pese a sus antecedentes delictivos;
además, la vigilancia que realiza no es permanente pues “sería un imposible para
la administración tener un guarda de seguridad en cada casa de las personas que
gozan de este beneficio en el país”.

En cuanto a la prueba testimonial rendida por la señora Flor Edilma Chalarca
Garzón adujo que ésta demostró que en la explosión resultaron lesionados los
señores Rosalba Chávez y Oscar Iván Arboleda, pero no era idónea para acreditar
si este último “podía trabajar más tiempo” antes de sufrir la lesión. Sobre la prueba
pericial rendida por el psicólogo designado en el proceso, indicó que aunque se
concluyó que los accionantes sufrieron secuelas, esa apreciación “no es del todo
cierta, pues no se tiene conocimiento de los antecedentes psicológicos que
presentaban los demandantes antes de los hechos que originaron la presente
acción”. De otro lado, adujo que no es posible tasar el supuesto perjuicio psicológico
porque no se cuenta con dictamen médico legal y, en cualquier caso, éste no puede
ser endilgado al Inpec.

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Radicación número: 76001-23-31-000-2011-00890-01 (54431)
Actor: Rosalba Chávez Pastuzan y otros
Demandado: Nación-Rama Judicial e Inpec
Referencia: Reparación directa

Mencionó que el resultado dañoso se produjo como consecuencia del hecho
exclusivo y determinante de un tercero, lo cual libera de responsabilidad al Inpec,
dado que la conducta fue ajena, irresistible, imprevisible y exterior a los fines de la
entidad.

Luego de citar los artículos 38 y 314 de la codificación procesal penal, concluyó que
“la decisión que tomó el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas de Cali, al conceder
el beneficio de la prisión domiciliaria fue errado conforme a las diferentes
disposiciones de nuestra legislatura”. Pese a ello, consideró que el Inpec se limitó
a cumplir la orden, porque no era de su competencia examinar si ésta se ajustó a
derecho. Añadió que el incumplimiento de las obligaciones contraídas por el señor
Daza Castaño es una situación ajena al Inpec.

Por último, reiteró la petición de ceñirse a los límites del amparo cubierto, en caso
de proferir condena contra la entidad asegurada (fls. 358-367 c. n.° 1).

2.6.3. La Nación-Rama Judicial adujo que no existe prueba del nexo de causalidad
entre el daño y las actuaciones de la entidad. Precisó que el subrogado de la prisión
domiciliaria se concede luego del análisis sobre los requisitos formales y de
ponderación, establecidos por la ley y la jurisprudencia, a partir de los cuales el juez
otorgó el beneficio, con la aprobación del Ministerio Público, sin que se hubiera
demostrado que la providencia dictada “estuviere por fuera de derecho, en vía de
hecho o contentiva de falla sustancial o procesal atribuida a la rama judicial”.

Añadió que no tiene legitimación en la causa por pasiva porque la vigilancia del
cumplimiento de la pena extramural estaba a cargo del Inpec; así mismo, no
aparecen acreditados los perjuicios alegados por daño a la vida de relación y daño
a salud, y “tampoco se recogen los criterios para la fijación de perjuicios morales
establecidos en la jurisprudencia contencioso administrativa”.

De otra parte, afirmó que no existe nexo de causalidad entre los hechos y las
actuaciones y decisiones de la administración de justicia porque no se presentó
mora u omisión que influyera causalmente en la producción del daño, el cual se
debió al hecho de un tercero, o cuando menos a la falta de vigilancia del Inpec (fls.
368-370 c. n.° 1).

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Radicación número: 76001-23-31-000-2011-00890-01 (54431)
Actor: Rosalba Chávez Pastuzan y otros
Demandado: Nación-Rama Judicial e Inpec
Referencia: Reparación directa

3. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia de primera
instancia, el 27 de febrero de 2015, en la que resolvió lo siguiente:

Primero. Niéguense las pretensiones de la demanda.

Segundo. Reconózcase personería para actuar al doctor José Jairo Rozco
Ocampo, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.380.667 y portador
de la tarjeta profesional No. 200.321 del Consejo Superior de la Judicatura, en
representación del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, en los
términos del mandato a él otorgado.

Tercero. Sin condena en costas.

Cuarto. En firme esta decisión, procédase a su archivo.

Para sustentar la decisión, se indicó que el daño consistente en las lesiones físicas
y psicológicas padecidas por los accionantes aparecía acreditado; no obstante, no
se logró demostrar las fallas del servicio atribuidas a las demandadas.

En cuanto al error jurisdiccional endilgado a la decisión judicial que supuestamente
concedió al señor Daza Castaño el beneficio de prisión domiciliaria, se indicaron
los presupuestos para el análisis de ese tipo de responsabilidad y se sostuvo que
no era posible estudiar el yerro alegado, porque al proceso no se allegó copia de la
providencia atacada. Se indicó, para el efecto:

Pues de acuerdo con el material probatorio obrante en el plenario el beneficio
de detención domiciliaria del señor Jhon Jairo Daza Castaño, fue otorgado por
el Juzgado Sexto Penal Municipal con funciones de control de garantías de
Cali, el día 10 de enero de 2007, beneficio que fuera revocado por el Juzgado
Séptimo Penal Municipal con funciones de conocimiento al momento de
otorgarle la suspensión condicional de la ejecución de la pena en la sentencia
proferida el 2 de febrero de 2007, la cual cobró su ejecutoria en la misma fecha
y determinó la libertad definitiva del procesado.

Por lo anteriormente expuesto habrá de decirse que la parte actora no cumplió
con la carga de la prueba exigida por el artículo 177 del Código de
Procedimiento Civil, situación que correspondía de forma exclusiva a su resorte
procesal, teniendo en cuenta que es justo de dicha providencia, la
supuestamente proferida por el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Cali, de la que se endilga la existencia de un error,
por tanto era su responsabilidad acreditar por lo menos de forma sumaria su
existencia, es decir, debió al menos identificar los siguientes elementos: i) fecha
de las providencias, ii) radicación del expediente en la que se profirió. En
consecuencia y debido a la carencia de los elementos materiales probatorios
habrá de desestimarse las pretensiones de los demandantes en cuanto a la
Rama Judicial se refiere.

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Radicación número: 76001-23-31-000-2011-00890-01 (54431)
Actor: Rosalba Chávez Pastuzan y otros
Demandado: Nación-Rama Judicial e Inpec
Referencia: Reparación directa

En lo que respecta a las omisiones imputadas al Inpec, se hizo alusión a las normas
que regulan el deber de custodia y vigilancia en cabeza de esa entidad -Leyes 65
de 1993, 415 de 1997, 504 de 1999 y Decreto 2636 de 2004- y se estableció que
de acuerdo con lo probado en el proceso, el señor Daza Castaño fue beneficiario
de la medida de detención domiciliaria, entre el 10 de enero y el 2 de febrero de
2007, fecha última en la cual el Juzgado Séptimo Penal Municipal con funciones de
conocimiento de Cali revocó dicha medida y determinó la libertad del procesado,
como consecuencia de la suspensión condicional de la ejecución de la pena por un
período de prueba de dos años. Por lo anterior, se concluyó que “la obligación del
Inpec de vigilar el cumplimiento de la detención domiciliaria culminó el 2 de febrero
de 2007, fecha muy anterior a la de la ocurrencia de la explosión de la granada en
la calle 10 con carrera 20, por tanto, no se observa omisión alguna a las
obligaciones de custodia y vigilancia del Inpec” (fls. 372-396 c. ppal.).

4. El recurso de apelación

Inconforme con la anterior determinación, la parte actora interpuso, de forma
oportuna, recurso de apelación, en el que solicitó revocar la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda (fls. 398-401 c.
ppal.).

El recurso se sustentó así:

Para el caso particular y concreto, está debidamente demostrado con las
pruebas documentales que reposan en el expediente, que al señor Jhon Jairo
Daza Castaño le impusieron medida de aseguramiento y posterior condena, el
cual pagaba su pena en el centro penitenciario de Villahermosa el día 10 de
enero de 2007 por orden del Juzgado Sexto Penal Municipal con funciones de
control de garantías por el delito de hurto calificado y agravado; es por ello que
fue condenado a la pena de 17 meses de prisión como responsable del delito
de hurto en grado de tentativa por los hechos ocurridos el día 05 de enero de
2007.

De igual manera, en el proceso adelantado por la Fiscalía 85 Seccional Unidad
de Vida, el señor Jhon Jairo Daza Castaño tenía investigaciones y por ende fue
condenado por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas o municiones
de uso privativo de las fuerzas armadas en concurso homogéneo sucesivo de
homicidio en grado de tentativa, por lesiones personales y daño en bien ajeno
en la que está demostrado y causado a mis poderdantes que figuran como
víctimas (…).

Es por ello que está demostrado un daño antijurídico, hay relación o nexo
causal con el mismo por la falta de vigilancia y cuidado del Inpec y a su vez de
la administración de justicia en conceder los subrogados o beneficios penales,
los cuales demuestran que el Estado debió reservarse dicha facultad y a su
vez, hubo un descuido en la falta de adopción de las medidas de la custodia y
cuidado de quienes cumplen el beneficio de la prisión domiciliaria, es por ello
que existe responsabilidad extracontractual del Estado, por la omisión de las

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Referencia: Reparación directa

entidades públicas demandadas como causantes de daño antijurídico, por
ende son solidariamente responsables.

Es responsabilidad solidaria de las entidades demandadas, corresponde al
título de la falla del servicio, tanto de la administración de justicia y de la
custodia y cuidado de los presos o reclusos, por incumplimiento en la falta de
los deberes de cuidado y protección de los reclusos, es decir, por la obligación
de proteger y vigilar de manera constante a los internos de acuerdo a lo que
impongan en sus providencias judiciales los jueces de la república bajo el
apremio de la ley, previo estudio de las condiciones para el cumplimiento de la
pena privativa de la libertad, que a todas luces el Estado fue lapso (sic) o
maleable en otorgar los beneficios indicados en la ley.

5. El trámite en segunda instancia

En proveído de 4 de mayo de 2015 se concedió el recurso de apelación presentado
por la parte demandante (fl. 403 c. ppal.), y mediante auto de 16 de julio de 2015,
esta Corporación lo admitió (fls. 408-409 c. ppal.).

Por auto de 13 de agosto de 2015 se corrió traslado a las partes para alegar de
conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto (fl. 411 c. ppal.).

El Ministerio Público solicitó confirmar la providencia apelada (fls. 413-417 c. ppal.).
En el escrito de intervención expuso, textualmente, los argumentos plasmados en
el fallo recurrido y manifestó que los compartía.

Las partes no se pronunciaron en esta oportunidad procesal.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia de primera instancia, proferida el 27 de febrero de 2015, por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.

Ello, en atención a la competencia funcional establecida en el artículo 73 de la Ley
270 de 19961, en consonancia con el auto de 9 de septiembre de 2008, proferido
por la Sala Plena del Consejo de Estado2, en el que se aclaró que el conocimiento
de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional,
privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la administración de

1
Norma aplicable al presente asunto, por cuanto se encontraba vigente al momento en el que se
presentó la demanda.
2
Expediente 34985 (IJ). M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

11

Radicación número: 76001-23-31-000-2011-00890-01 (54431)
Actor: Rosalba Chávez Pastuzan y otros
Demandado: Nación-Rama Judicial e Inpec
Referencia: Reparación directa

justicia, corresponde a los Tribunales Administrativos, en primera instancia, y al
Consejo de Estado, en segunda instancia, sin consideración a la cuantía del
proceso.

2. Ejercicio oportuno de la acción

Al tenor de lo previsto en el artículo 136 del CCA, modificado por el artículo 44 de
la Ley 446 de 1998, la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de
los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión,
operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble por
causa de trabajos públicos.

En el presente asunto, la responsabilidad patrimonial se hace recaer en las fallas
en las que, según la parte demandante, incurrieron la Fiscalía General de la Nación
y la Rama Judicial, la primera por haber omitido su deber de vigilancia y custodia
sobre el privado de la libertad, y la segunda por haber ordenado la medida de
detención domiciliaria.

En la demanda no se especificaron los datos de la providencia que se acusa de
contener error, por haber otorgado el beneficio de detención domiciliaria al señor
Jhon Jairo Daza Castaño. La parte actora en su relato se limitó a mencionar que el
Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Cali condenó penalmente al
sujeto antes mencionado y que la ejecución de la condena le correspondió al
Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, el cual
concedió la medida de privación en el domicilio.

En el acápite de pruebas de la demanda, se solicitó oficiar al Juzgado Tercero Penal
del Circuito Especializado y al Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Cali para que remitieran copia auténtica, con constancia de
ejecutoria, de la “sentencia 021”, por medio de la cual se condenó al señor Jhon
Jairo Daza Castaño. A la última autoridad judicial se pidió, además, el envío de
copia auténtica de la “providencia que le otorgó el beneficio de la prisión
domiciliaria” al condenado. Adicionalmente, se solicitó oficiar al centro de servicios
judiciales de la Fiscalía General de la Nación para que allegara certificación de los
antecedentes o investigaciones adelantadas contra el señor Daza Castaño, y al
Inpec para que aportara copia auténtica de la boleta de encarcelación de esa
persona.

12

Radicación número: 76001-23-31-000-2011-00890-01 (54431)
Actor: Rosalba Chávez Pastuzan y otros
Demandado: Nación-Rama Judicial e Inpec
Referencia: Reparación directa

Mediante auto de 30 de noviembre de 2012 se accedió al decreto de las pruebas
solicitadas por los demandantes. Una vez librados los correspondientes oficios, se
recaudaron las siguientes documentales:

• La Fiscalía General de la Nación informó que, a 19 de abril de 2013, el señor Jhon
Jairo Daza Castaño registraba tres investigaciones penales, en calidad de
indiciado: i) investigación de 9 de enero de 2007, por el delito de hurto calificado,
rad. 760016000193-2007-00281, a cargo de la Fiscalía Local 53 de Patrimonio de
Cali; ii) investigación de 19 de octubre de 2007, por el delito de porte ilegal de armas
de uso privativo de las fuerzas militares, rad. 760016000000-2007-00382, a cargo
de la Fiscalía 7ª Especializada de Cali; y iii) investigación de 11 de diciembre de
2009, por el delito de homicidio, rad. 760016000193-2007-21332, a cargo de la
Fiscalía Seccional 85 de Vida de Cali (fl. 38 c. n.° 2).

• El Inpec aportó boleta de encarcelación no. 016 de 10 de enero de 2007, a través
de la cual se hizo efectiva la orden de medida de aseguramiento de detención
preventiva en lugar de residencia, proferida por el Juzgado 6º Penal Municipal con
funciones de control de garantía de Cali contra el señor Jhon Jairo Daza Castaño,
por el delito de hurto calificado (fl. 69 c. n.° 2). Se adjuntó, además, constancia de
“revista a los internos con detención y prisión domiciliaria”, efectuada en el domicilio
del investigado, por parte del Inpec, los días 11 y 25 de enero de 2007, en las que
no se registró ninguna novedad (fls. 70-71 c. n.° 2).

• Sentencia 021 de 2 de febrero de 2007, proferida por el Juzgado Séptimo Penal
Municipal con funciones de conocimiento de Cali, en el proceso con radicado no.
760016000193-2007-00281-00, mediante la cual se condenó al señor Jhon Jairo
Daza Castaño a la pena principal de 17 de meses de prisión por el delito de hurto
calificado en grado de tentativa y se le inhabilitó por el mismo período para el
ejercicio de derechos y funciones públicas.

En la misma providencia se concedió la suspensión condicional de la ejecución de
la pena por un período de prueba de dos años bajo la suscripción de los
compromisos de ley, en atención a lo dispuesto en el artículo 63 del Código Penal,
por cuanto la pena no excedía de tres años y el procesado no tenía antecedentes
penales. Como consecuencia, se revocó la medida de detención domiciliaria
impuesta al momento de la formulación de la imputación y se ordenó la devolución
de la motocicleta involucrada en el punible a su propietario, así como la destrucción
del elemento de acero con el cual se intentó cometer el delito (fls. 44-52 c. n.° 2).

13

Radicación número: 76001-23-31-000-2011-00890-01 (54431)
Actor: Rosalba Chávez Pastuzan y otros
Demandado: Nación-Rama Judicial e Inpec
Referencia: Reparación directa

• Sentencia de 9 de noviembre de 2007, proferida por el Juzgado Tercero Penal del
Circuito Especializado de Cali, en el proceso con radicación 760016000000-2007-
00382, por medio de la cual se condenó al señor Jhon Jairo Daza Castaño a la
pena de prisión de 45 meses, por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas
y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas, y se le inhabilitó por el mismo
período para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

La condena tuvo por causa los hechos delictivos que se demandan en la presente
acción de reparación directa, es decir, la activación de una granada, el 6 de octubre
de 2007, en la ciudad de Cali (fls. 54-65 c. n.° 2).

Analizadas las pruebas aludidas, se tiene que antes de los hechos por los cuales
se demandó, cursó un proceso penal en contra del señor Jhon Jairo Daza Castaño,
en el cual el Juzgado Séptimo Penal Municipal con funciones de conocimiento de
Cali profirió sentencia condenatoria, el 2 de febrero de 2007, por el delito de hurto
calificado en la modalidad de tentativa y concedió el beneficio de suspensión
condicional de la ejecución de la pena por un período de prueba de dos años, por
cuanto se reunían los presupuestos del artículo 63 del Código Penal.

La investigación penal a la que hizo alusión la parte actora, en la que
supuestamente el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Cali profirió
condena en contra del señor Daza Castaño por el delito de hurto calificado, y cuya
ejecución fue asignada al Juzgado Quinto de Ejecución de Penas de Cali, no
aparece acreditada. Tampoco se demostró que para el momento en el que se
perpetró el hecho dañoso, esto es, el 6 de octubre de 2007, el autor del delito
hubiera estado bajo la medida de detención domiciliaria.

De acuerdo con el informe que allegó al proceso la Fiscalía General de la Nación,
además de la pena antes mencionada, el señor Daza Castaño fue condenado
penalmente por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Cali,
mediante sentencia de 9 de noviembre de 2007, a pena privativa de la libertad, en
el proceso con radicación 760016000000-2007-00382, por el delito de fabricación,
tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas, toda
vez que se le encontró culpable de la detonación de la granada que produjo
perjuicios a los demandantes, en hechos ocurridos el 6 de octubre de 2007. Al
indagar por el proceso en el sistema de consulta “Siglo XXI”, se observa que la
ejecución de la condena quedó a cargo del Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Cali.

14

Radicación número: 76001-23-31-000-2011-00890-01 (54431)
Actor: Rosalba Chávez Pastuzan y otros
Demandado: Nación-Rama Judicial e Inpec
Referencia: Reparación directa

Ante tal escenario, pierde sustento la imputación elevada en contra del Inpec, toda
vez que no se acreditó que el 6 de octubre de 2007, cuando se produjo la explosión
del artefacto que ocasionó el daño que se pretende indemnizar, esa entidad hubiera
tenido bajo su cargo la vigilancia y custodia del señor Jhon Jairo Daza Castaño,
para el cumplimiento de alguna condena impuesta en su contra, en la modalidad
de detención domiciliaria.

Si bien de la lectura de la sentencia de 2 de febrero de 2007 se extrae que al sujeto
en cuestión le fue impuesta medida de detención domiciliaria cuando fue capturado
por los hechos investigados en el proceso penal con radicado no. 760016000193-
2007-00281-00, es claro que dicha medida fue revocada mediante ese fallo
condenatorio y, en su lugar, se concedió la suspensión condicional de la ejecución
de la pena, bajo las condiciones que determinó el juez, consistentes en la
suscripción de “diligencia compromisoria con las obligaciones del art. 65 del C.
Penal, lo que garantizará mediante caución prendaria en el equivalente a tres (3)
días de salario mínimo legal mensual vigente”.

De acuerdo con el artículo 65 del Código Penal, las obligaciones que adquiere el
beneficiado con la suspensión condicional de la ejecución de la pena, son los
siguientes:

1. Informar todo cambio de residencia.
2. Observar buena conducta.
3. Reparar los daños ocasionados con el delito, a menos que se demuestre que
está en imposibilidad económica de hacerlo.
4. Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el
cumplimiento de la sentencia, cuando fuere requerido para ello.
5. No salir del país sin previa autorización del funcionario que vigile la ejecución
de la pena.
Estas obligaciones se garantizarán mediante caución.

Como en el presente asunto no se aprecia obligación alguna del Inpec respecto del
condenado, para el día en el que ocurrieron los hechos que se aducen en la
demanda, no es posible contabilizar el término de caducidad por la atribución de
responsabilidad que invocó la parte actora frente a esa entidad.

Ahora bien, en lo que concierne al error jurisdiccional del que se acusó al “Juzgado
Quinto de Ejecución de Penas de Cali”, por el supuesto otorgamiento del beneficio
de detención domiciliaria a favor del señor Jhon Jairo Daza Castaño, se reitera, no
obra prueba en el plenario de tal hecho. Empero, atendiendo al reproche de los
demandantes sobre el supuesto error consistente en haber permitido al investigado
su permanencia por fuera del centro de reclusión, la Sala, con el ánimo de
garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia de los accionantes,

15

Radicación número: 76001-23-31-000-2011-00890-01 (54431)
Actor: Rosalba Chávez Pastuzan y otros
Demandado: Nación-Rama Judicial e Inpec
Referencia: Reparación directa

entenderá que el yerro jurisdiccional alegado se predica de la sentencia de 2 de
febrero de 2007, por cuanto en esa decisión se revocó la medida de detención
domiciliaria que recaía sobre el señor Daza Castaño y se concedió a su favor la
suspensión condicional de la ejecución de la pena que le fue impuesta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 136 del CCA, habría lugar a contar
el término de caducidad desde la ejecutoria de la providencia que se tilda de ser
errónea; empero, en el caso particular, como el daño se hizo consistir en las
lesiones que sufrieron los accionantes, en hechos ocurridos el 6 de octubre de
2007, esto es, en fecha posterior a la expedición y ejecutoria de la providencia
judicial, habrá que contabilizarse el término de caducidad desde el acontecimiento
de aquel hecho dañoso. El estudio sobre la relación que existe entre la explosión
de la granada que produjo el daño y la decisión judicial cuestionada, en los términos
planteados en la demanda, incumbe al fondo del asunto por lo que no será
abordado en este acápite.

Por consiguiente, si el término de caducidad inició a correr el 7 de octubre de 2007,
vencía el 7 de octubre de 2009.

El 6 de octubre de 2009, la parte actora presentó solicitud de conciliación
prejudicial, con lo cual se suspendió el término de caducidad. El 4 de diciembre de
2009, la Procuraduría 18 Judicial II para Asuntos Administrativos ante el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca expidió constancia sobre el agotamiento del
requisito de procedibilidad (fls. 125-126 c. n.° 1), con lo cual se reanudó el término
de caducidad por el tiempo que faltaba para que venciera antes de la suspensión,
en este caso, dos (2) días.

Como la demanda se radicó el mismo 4 de diciembre de 2009, se concluye que no
operó el fenómeno de la caducidad, en lo que respecta a la responsabilidad que se
le imputó a la Rama Judicial.

3. Legitimación en la causa

Los demandantes se encuentran legitimados para asumir la parte activa de la litis,
en la medida en la que acreditaron su interés para demandar. En el caso de los
señores Rosalba Chávez Pastuzan y Oscar Iván Arboleda Chávez, se probó que
sufrieron lesiones en su integridad física a raíz de la explosión de una granada, la
cual fue detonada en el sector en el que transitaban el 6 de octubre de 2007, en la
ciudad de Cali.

16

Radicación número: 76001-23-31-000-2011-00890-01 (54431)
Actor: Rosalba Chávez Pastuzan y otros
Demandado: Nación-Rama Judicial e Inpec
Referencia: Reparación directa

El demandante Duván Nicolás Arboleda Ceballos acreditó su calidad de cónyuge
de la señora Rosalba Chávez Pastuzan mediante el registro civil de matrimonio que
obra a folio 6 del cuaderno no. 1. Por su parte, el joven Sebastián Arboleda Chalarca
demostró ser hijo del señor Oscar Iván Arboleda Chávez, a través del respectivo
registro civil de nacimiento (fl. 9 c. n.° 2).

En cuanto a los señores Juan Fernando Arboleda Chávez y Diana Paola Chalarca3
obran los testimonios rendidos en el proceso por los señores Flor Edilma Chalarca
Garzón, Héctor Delgadillo Aguirre, Rubén Darío Morales Idarraga y Álvaro Hernán
Hernández Ramírez, quienes señalaron que integran el mismo núcleo familiar, junto
con los señores Rosalba Chávez Pastuzan, Oscar Iván Arboleda Chávez y Duván
Nicolás Arboleda Ceballos, y se vieron afectados a raíz de las lesiones que
padecieron los dos primeros antes mencionados (fls. 91-98 c. n.° 2).

La Rama Judicial se encuentra legitimada en la causa por pasiva, toda vez que en
la demanda se atribuyó la producción del daño antijurídico al error jurisdiccional
evidenciado en la providencia acusada de haber ordenado la revocatoria de la
medida de privación intramural impuesta al señor Jhon Jairo Daza Castaño.

Con base en los argumentos expuestos en el acápite anterior, se evidencia la falta
de legitimación en la causa por pasiva del Inpec, en la medida en la que no se logró
demostrar alguna carga obligacional de esa entidad frente al señor Jhon Jairo Daza
Castaño para el momento de los hechos.

4. De la carga procesal de sustentación material del recurso de apelación

El Decreto 01 de 1984 y su posterior reforma, contenida en el Decreto 2304 de
1989, exigieron, en los procesos que se tramitan en la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativa, la carga para el apelante de sustentar el recurso de
apelación4, a fin de que el superior funcional pueda pronunciarse sobre las razones
que fundamentan el inconformismo del impugnante contra la providencia objeto de
reproche.

3
A folio 8 del cuaderno no. 1 obra declaración extrajuicio de 8 de julio de 2009, mediante la cual los
señores Oscar Iván Arboleda Chávez y Diana Paola Chalarca Garzón, bajo la gravedad de
juramento, manifestaron ante el Notario Sexto de Cali (e) que convivían desde hace más de cuatro
años; no obstante, según ha explicado la jurisprudencia de esta Corporación en reiteradas
ocasiones, dicha declaración, por sí misma, no constituye prueba de la unión marital de hecho, la
cual para aparecer acreditada, requiere estar respaldada en prueba debidamente decretada y
practicada en el proceso.
4
En derecho procesal civil, cuyas normas son aplicables de manera supletoria al procedimiento
contencioso administrativo, conforme al artículo 267 del C.C.A, el deber de sustentar el recurso de
alzada se estableció en el artículo 57 de la Ley 2 de 1984.

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Radicación número: 76001-23-31-000-2011-00890-01 (54431)
Actor: Rosalba Chávez Pastuzan y otros
Demandado: Nación-Rama Judicial e Inpec
Referencia: Reparación directa

Resulta relevante señalar también que la sustentación de los recursos, ordinarios o
extraordinarios, responde a los principios que inspiran la teoría contemporánea de
los medios de impugnación, conforme a los cuales, así como los interesados tienen
el derecho a conocer las razones que justifican las decisiones que se adoptan,
también resulta exigible a estos, cuando pretendan cuestionar esas decisiones,
expresar de manera concreta los motivos de su divergencia.

En relación con la sustentación de los recursos, la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia, ha considerado5:

Si, como ya está dicho, la apelación es una faceta del derecho de impugnar,
expresión ésta derivada de la voz latina "impugnare", que significa "combatir,
contradecir, refutar", tiene que aceptarse que el deber de sustentar este recurso
consiste precisa y claramente en dar o explicar por escrito la razón o motivo
concreto que se ha tenido para interponer el recurso; o sea, para expresar la
idea con criterio tautológico, presentar el escrito por el cual, mediante la
pertinente crítica jurídica, se acusa la providencia recurrida a fin de hacer ver
su contrariedad con el derecho y alcanzar por ende su revocatoria o su
modificación.

(…) cree la Corte que no pueda darse por sustentada una apelación, ni por
ende cumplida la condición que subordina la admisibilidad de este recurso,
cuando el impugnante se limita simplemente a calificar la providencia recurrida
de ilegal, injurídica o irregular; tampoco cuando emplea expresiones abstractas
tales como, “sí hay prueba de los hechos" u otras semejantes, puesto que
aquellos calificativos y estas expresiones, justamente por su vaguedad e
imprecisión no expresan, pero ni siquiera implícitamente, las razones o motivos
de la inconformidad del apelante con las deducciones lógico-jurídicas a que
llegó el Juez en su proveído impugnado.

También la doctrina ha destacado la importancia de la carga de sustentación del
recurso de apelación, consistente en que se exponga, al menos, una razón que
contraríe las conclusiones de la providencia cuestionada para que dicha
impugnación pueda ser considerada como sería, por lo que “decir apelo porque su
providencia es abiertamente ilegal, o su fallo olvidó la aplicación de la normatividad
vigente o desconoció la prueba que obra en el proceso así, en abstracto, no puede
constituir por no ser argumento serio, concreto, base para una adecuada
fundamentación”6.

5
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto de 30 de agosto de 1984, Gaceta Judicial
No. 2415, M.P. Humberto Murcia Ballén. Con orientación similar se ha pronunciado la Sala de
Casación Laboral de dicho cuerpo colegiado. Al respecto, ver: sentencia de 29 de junio de 2006,
radicación No. 26936 y sentencia de 7 de septiembre de 2010, radicación No. 37302, M.P. Eduardo
López Villegas.
6
López Blanco, Hernán Fabio. La sustentación de la apelación en Derecho Procesal Civil. Revista
del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, 1985. P.P. 75-80.

18

Radicación número: 76001-23-31-000-2011-00890-01 (54431)
Actor: Rosalba Chávez Pastuzan y otros
Demandado: Nación-Rama Judicial e Inpec
Referencia: Reparación directa

También hay que resaltar que las distintas Secciones que conforman la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado han prohijado la necesidad de
que el recurso de apelación sea adecuadamente sustentado, so pena de que la
sentencia objeto de impugnación se confirme por ausencia de objeto de la censura.
En tal sentido, la Sección Segunda, Subsección A, en providencia de 1º de agosto
de 20187, sostuvo:

De conformidad con lo expuesto, se advierte que en atención a que la parte
demandada no controvirtió en absoluto la sentencia de primera instancia, esta
Corporación no puede resolver a su favor el recurso, en vista de que los
argumentos de la decisión que emitió el fallador de primera instancia ni siquiera
fueron objeto de confrontación dentro del recurso de apelación interpuesto.

En consecuencia, un escrito de apelación que no contenga argumentos
tendientes a desvirtuar las razones que fundamentan el fallo de primera
instancia, impide un reexamen de los mismos de carácter oficioso por parte de
la segunda instancia, por cuanto, tal como ya se ha dicho, en el sub lite, la
impugnante se refiere en su recurso a unos fundamentos y consideraciones
diferentes de los adoptados por el a quo para proceder a ordenar la indexación
de la primera mesada del demandante.

En este sentido y de acuerdo con la finalidad del recurso de apelación, resulta
necesario no sólo que el recurrente sustente la decisión, sino que lo haga de la
forma adecuada, indicando en concreto los motivos de inconformidad respecto
del fallo del a quo, los cuales determinarán el objeto de análisis del ad quem y
su competencia frente al caso. Lo anterior requiere un grado de congruencia
entre el fallo recurrido y la fundamentación u objeto de la apelación, fuera de lo
cual, se estaría ante una trasgresión al debate jurídico y probatorio que
fundamentó la decisión del juez de primera instancia, así como la finalidad y
objeto mismo de la segunda instancia.

En relación con el tema, la Sección Cuarta consideró8:

Al respecto, la Sección9 se pronunció, reiterando que el legislador10 sometió el
requisito de sustentación del recurso de apelación «a un contenido de
suficiencia que asoció exclusivamente a la concreción de las razones de
inconformidad del apelante respecto de la providencia objeto del recurso».

En ese orden, la Sección ha expresado que «no existe una fórmula sacramental,
basta que el apelante controvierta la sentencia con argumentos que apunten a
desvirtuarla total o parcialmente y sirvan de marco al juez de segunda instancia
para llevar a cabo la función revisora»11.

7
Dictada en el expediente No. 73001-23-31-000-2014-00160-01 (3026-15), C.P. William Hernández
Gómez. Cabe destacar que la Subsección B de dicha Sección también ha expuesto un criterio
similar. Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 4 de
julio de 2019, exp. 25000-23-25-000-2011-00740-01(0649-15), C.P. César Palomino Cortés.
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 30 de
octubre de 2019, exp. 24744, M.P.: Stella Jeannette Carvajal Basto.
9
Auto de 20 de septiembre de 2017, exp. 22532, reiterado en sentencia de 22 de mayo de 2019,
exp. 24200, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
10
Artículo 212 del CCA (Art. 247 del CPACA).
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 29 de
junio de 2017, exp. 20838, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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Radicación número: 76001-23-31-000-2011-00890-01 (54431)
Actor: Rosalba Chávez Pastuzan y otros
Demandado: Nación-Rama Judicial e Inpec
Referencia: Reparación directa

(…)

De acuerdo con lo anterior, la Sala observa que el recurso de apelación
presentado por la parte demandante no controvierte la providencia del 21 de
marzo de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico.

En efecto, en dicho recurso no se discute el fundamento del fallo que declaró
probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa de la
aseguradora (…). Con fundamento en lo expuesto y así como lo advirtió el
Ministerio Público, debido a que la recurrente no adujo motivos de
inconformidad frente a la sentencia de primera instancia, el recurso de apelación
carece de objeto12. En consecuencia, se confirmará la sentencia apelada.

En términos similares, la Sección Primera expuso13:

En esta ocasión la Sala prohíja y reitera los criterios atrás expuestos, en cuanto
a que el presupuesto sine qua non de la sustentación del recurso de apelación
es la referencia clara y concreta que el recurrente haga de los argumentos que
el juez de primera instancia consideró para tomar su decisión, para efectos de
solicitarle al superior jerárquico funcional que decida sobre los puntos o
aspectos que se plantean ante la segunda instancia, tendientes a dejar sin
sustento jurídico aquellos, pues precisamente al juzgador de segundo grado
corresponde hacer dichas confrontaciones, en orden a concluir si la sentencia
merece ser o no confirmada.

Toda vez que la finalidad del recurso de apelación es que el superior estudie la
cuestión decidida en la providencia de primer grado y la revoque o reforme, es
necesario que en dicho recurso se expongan las razones por las cuales no se
comparten las consideraciones del a quo, en orden a que el juzgador confronte
los fundamentos de la sentencia con los argumentos que sustentan la
inconformidad del apelante.

Por consiguiente, cuando el recurso se muestra insuficiente dado que se limita
a reproducir el concepto de violación expuesto en la demanda, tal y como
acontece en este asunto, el Juez no tiene más remedio que confirmar la
decisión.

En ese sentido, la Sala debe reiterar que la apelación se encuentra limitada a los
aspectos indicados por la parte actora en su recurso, en tanto a través de ella se
ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial, por lo
cual corresponde a los recurrentes confrontar los argumentos que el juez de
primera instancia presentó para tomar su decisión con sus propias consideraciones,
para efecto de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre
los puntos o asuntos que se plantean en el recurso interpuesto14. Lo anterior, de
conformidad con lo establecido en la parte inicial del artículo 350 del Código de

12
En el mismo sentido, sentencia del 7 de mayo de 2014, exp. 18755, M.P. Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas.
13
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 23 de enero de 2020, exp. 25000-23-25-000-
2012-90514-01, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 23 de
abril de 2009, exp. 17.160. M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

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Radicación número: 76001-23-31-000-2011-00890-01 (54431)
Actor: Rosalba Chávez Pastuzan y otros
Demandado: Nación-Rama Judicial e Inpec
Referencia: Reparación directa

Procedimiento Civil, que establece: “El recurso de apelación tiene por objeto que el
superior estudie la cuestión decidida en la providencia de primer grado y la revoque
o la reforme (...)”15.

En este orden de ideas, resulta claro que para el juez de segunda instancia, el
marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y
argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere
adoptado en la providencia de primera instancia. En tal sentido, en principio, los
demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente, están llamados a
excluirse del debate en la instancia superior, sin perjuicio de los casos previstos o
autorizados por la Constitución Política o por la ley, toda vez que en el recurso de
apelación operan tanto el principio de congruencia16, como el principio dispositivo17,
razón por la cual la jurisprudencia nacional ha sostenido que “las pretensiones del
recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del
juez que conoce del mismo” 18.

En este caso, la Sala reitera los criterios ya expuestos, como lo ha hecho en
múltiples oportunidades19, y pasa a verificar si en el caso concreto, se cuenta,
realmente, con una sustentación material suficiente de las razones por las cuales
la parte demandante cuestiona la decisión proferida en primera instancia.

En la sentencia recurrida, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca consideró
acreditado el daño consistente en las lesiones físicas y psicológicas que sufrieron

15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de
unificación jurisprudencial del 9 de febrero de 2012, exp. 21.060. M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
16
En relación con la aplicabilidad del principio de congruencia en lo que corresponde a la resolución
del recurso de apelación, providencia de 1 de 2009, dentro del expediente 32.800, con ponencia de
la señora Magistrada Ruth Stella Correa Palacio, en la cual se puntualizó: «De conformidad con el
principio de congruencia, al superior, cuando resuelve el recurso de apelación, sólo le es permitido
emitir un pronunciamiento en relación con los aspectos recurridos de la providencia del inferior,
razón por la cual la potestad del juez en este caso se encuentra limitada a confrontar lo decidido con
lo impugnado en el respectivo recurso y en el evento en que exceda las facultades que posee en
virtud del mismo, se configurará la causal de nulidad prevista en el numeral 2 del artículo 140 del
Código de Procedimiento Civil, relativa a la falta de competencia funcional».
17
Dicho principio ha sido definido por la doctrina como: «La facultad exclusiva del individuo de
reclamar la tutela jurídica del Estado para su derecho, y en la facultad concurrente del individuo con
el órgano jurisdiccional, de aportar elementos formativos del proceso y determinarlo a darle fin». O
como dice el tratadista Eduardo J. Couture, es el principio procesal que asigna a las partes y no a
los órganos de la jurisdicción la iniciativa, el ejercicio y el poder de renunciar a los actos del proceso,
Son características de esta regla las siguientes: «(…). El campo de decisión del juez queda
determinado especial y esencialmente por las pretensiones del demandante debido a que el juez no
puede decidir sobre objeto diverso a lo en ellas contemplado». López Blanco, Hernán Fabio,
Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Parte General, Tomo I, Dupré Editores, Bogotá,
2005, Pág. 106.
18
Al respecto, ver, por ejemplo, sentencia de la Corte Constitucional C-583 de 1997.
19
Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 14 de mayo
del 2014, exp. 31469, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia de 29 de noviembre de 2018, exp. 42451, C.P. Carlos Alberto Zambrano
Barrera; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 31 de enero del 2019,
exp. 52663, C.P. María Adriana Marín y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 6 de febrero del 2020, exp. 49245, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico (E).

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Radicación número: 76001-23-31-000-2011-00890-01 (54431)
Actor: Rosalba Chávez Pastuzan y otros
Demandado: Nación-Rama Judicial e Inpec
Referencia: Reparación directa

los demandantes, con motivo de la detonación de un artefacto explosivo, el 6 de
octubre de 2007; no obstante, se adujo que al proceso no fue allegada la providencia
acusada de haber incurrido en error y, además, se demostró que la medida de
detención domiciliaria impuesta al señor Daza Castaño finalizó mucho tiempo antes
de los hechos, por lo que el Inpec no omitió sus deberes de custodia y vigilancia.

Con base en lo anterior, se negaron las pretensiones de la demanda.

En el memorial contentivo del recurso de apelación interpuesto por la parte actora
contra esa decisión, se expuso que:

i) El señor Jhon Jairo Daza Castaño fue condenado penalmente a 17 meses de
prisión, por el Juzgado Sexto Penal Municipal con funciones de control de garantías.
Además, fue condenado por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas o
municiones de uso privativo de las fuerzas armadas en concurso homogéneo
sucesivo de homicidio en grado de tentativa, por lesiones personales y daño en bien
ajeno.

ii) Está demostrado el nexo causal entre el daño antijurídico, la falta de cuidado y
vigilancia del Inpec sobre quienes cumplen el subrogado de detención domiciliaria,
y la concesión de dicho beneficio por parte de la administración de justicia.

Como se aprecia, el apelante no explicó con suficiencia y claridad en qué consiste
su inconformidad con lo decidido en la providencia impugnada. En el escrito de
impugnación se limitó a reiterar, de manera resumida, los alegatos que presentó en
la demanda, sin hacer una crítica puntual a los argumentos que expuso el tribunal
de primera instancia para negar las pretensiones de la demanda.

Si la intención de la parte actora era debatir las conclusiones plasmadas en la
sentencia de 27 de febrero de 2015 debió ocuparse de individualizar la providencia
que acusó de contener error y demostrar en qué consistió dicho yerro; así mismo,
era su deber exponer por qué, en su criterio, existía una obligación de cuidado y
vigilancia por parte del Inpec frente al autor del hecho delictivo, para el momento de
los hechos, pues fueron esas las razones que impidieron estructurar la falla del
servicio invocada en la demanda.

A partir del material probatorio aportado al plenario se observa que el señor Daza
Castaño fue condenado por el delito de hurto calificado, en la modalidad de
tentativa, mediante sentencia de 2 de febrero de 2007, proferida por el Juzgado
Séptimo Penal Municipal con funciones de conocimiento de Cali, en el proceso con

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Radicación número: 76001-23-31-000-2011-00890-01 (54431)
Actor: Rosalba Chávez Pastuzan y otros
Demandado: Nación-Rama Judicial e Inpec
Referencia: Reparación directa

radicado no. 760016000193-2007-00281-00. Empero, aunque se impuso una pena
de prisión de 17 meses, en esa misma decisión se concedió la suspensión
condicional de la ejecución de la pena por un período de prueba de dos años bajo
la suscripción de los compromisos de ley, toda vez que se cumplían los requisitos
del artículo 63 del Código Penal. Por esa razón, se revocó la medida de detención
domiciliaria que le había sido impuesta al investigado en la formulación de la
imputación.

Se tiene así, que para la fecha en la que se presentó la explosión de la cual se
derivaron perjuicios para los accionantes, esto es, el 6 de octubre de 2007, no existe
prueba de que el señor Daza Castaño se encontrara cumpliendo alguna condena
judicial mediante el subrogado de detención domiciliaria, como insiste el apelante.
Se desconoce, igualmente, cuál es la providencia a la que hace referencia cuando
aduce que la administración de justicia erró al “conceder los subrogados o
beneficios penales”.

Incluso, haciendo un esfuerzo interpretativo y asumiendo que la providencia
censurada corresponde a la sentencia de 2 de febrero de 2007, por cuanto en esa
decisión se concedió a favor del sentenciado la suspensión condicional de la
ejecución de la pena, lo cual permitió que recobrara su libertad, tampoco aparece
sustentado el recurso de apelación, en la medida en la que no se controvirtió
ninguno de los argumentos expuestos en esa providencia penal que pudiera indicar,
al menos sumariamente, la existencia de un yerro de tipo procesal o sustancial.

La carencia de sustentación real, suficiente y adecuada del recurso de apelación,
en tanto su argumentación no está dirigida a desvirtuar la presunción de acierto de
la decisión adoptada por el Tribunal de primera instancia que negó las pretensiones
de la demanda, impide a esta Sala examinar la providencia impugnada, lo que
impone su confirmación.

5. Condena en costas

En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las
partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto
en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo
55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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Radicación número: 76001-23-31-000-2011-00890-01 (54431)
Actor: Rosalba Chávez Pastuzan y otros
Demandado: Nación-Rama Judicial e Inpec
Referencia: Reparación directa

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 27 de febrero de 2015, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en atención a las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen para lo de su cargo.

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante
el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema
permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el siguiente
enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Firmado Electrónicamente

MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

VF

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