Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-31-000-2011-00938-02
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-31-000-2011-00938-02
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 76001-23-31-000-2011-00938-02
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
20 de marzo de 2025
Radicación: 76001-23-31-000-2011-00938-02
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad
Radicación: 76001-23-31-000-2011-00938-02
Demandante: Alianza Fiduciaria SA, en calidad de vocera y
representante legal del Fideicomiso Caña Miel
Demandado: Municipio de Palmira
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
en contra de la sentencia de 22 de octubre de 2015, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
I. Antecedentes
I.1. La demanda
La sociedad Alianza Fiduciaria SA, en calidad de vocera y representante
legal del Patrimonio autónomo denominado Fideicomiso Cañamiel, en
ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 84 del Código
Contencioso Administrativo (en adelante CCA), promovió demanda en
contra del Municipio de Palmira; como pretensiones indicó las siguientes:
«1. DECLARAR que es nula la Resolución No. 2510-02-01-27 de mayo de 5
de 2010 dictada por el Secretario de Planeación Municipal de Palmira que
culminó con el proceso administrativo iniciado el 28 de octubre de 2008 y
que declaró a la sociedad Illimanis Building Constructor SA – IBICO SA,
responsable de la infracción urbanística por haber edificado sobre un lote de
propiedad del Fideicomiso Caña Miel una vivienda sin licencia de
construcción y dispuso sancionarla con multa e igualmente dispuso la
demolición total de la obra.
2. DECLARAR que es nula la Resolución No. 1149.19.1.38 de 16 de julio de
2010 dictada por el Secretario de Planeación Municipal de Palmira que
dispuso no reponer la resolución No. 2510-02-01-27 de mayo de 2010 y
concedió el recurso de apelación ante el Alcalde del Municipio de Palmira.
3. DECLARAR que es nula la Resolución No. 397 de 8 de octubre de 2010
dictada por el Alcalde de Palmira que resuelve el recurso de apelación
interpuesto contra dos resoluciones anteriores y procede a confirmar en
todas sus partes pero adicionalmente amplía la decisión de primera instancia
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en el sentido de ordenar que se ceda el área correspondiente a la vía ubicada
y disponer la cancelación de la matrícula inmobiliaria.
4. OFICIAR a la Procuraduría Delegada del Departamento del Valle del Cauca
acompañándola con copia de la sentencia para que dé cabal cumplimiento a
lo ordenado por el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo y vele
por el pronto pago de la condena a favor de la demandante.
5. CONDENAR en costas y agencias en derecho al Municipio de Palmira».
I.1.1. Los hechos
Indicó que, por Escritura pública nro. 8792 de 29 de diciembre de 1998 de
la Notaría Décima de Cali, se constituyó el Patrimonio Autónomo
Fideicomiso Caña Miel (en adelante el Fideicomiso) por parte de la sociedad
Arango Ocampo e Hijos S. en C.S. y se le transfirió la propiedad del
inmueble con matrícula inmobiliaria nro. 378-106687 a la sociedad Alianza
Fiduciaria SA; mediante Escrituras públicas nro. 1552 de 6 de abril de 2005
y 2498 de 7 de junio de 2005 de la Notaría Tercera de Cali, registradas en
el folio de matrícula mencionado, se dispuso que el Fideicomiso era
propietario del derecho de dominio y posesión del «lote de terreno con un
área de 71,50 metros cuadrados no. 15 B en el Conjunto Caña Miel Club
Residencial del Municipio de Palmira, identificado con matrícula inmobiliaria
No. 370-106687».
Adujo que, en desarrollo del contrato de fiducia mercantil, la sociedad
Illimanis Building Constructor SA – IBICO SA (en adelante IBICO) procedió
a obtener las licencias, permisos y autorizaciones por parte del Municipio
de Palmira.
Sostuvo que el Fideicomiso, en calidad de propietario del lote, «con IBICO
procedieron a dar en venta y enajenación perpetua a los señores MAGALY
VELASCO MARTÍNEZ y DIEGO MARÍA DELGADO MILLÁN, quienes se
llamaron en dicha escritura LOS COMPRADORES, la propiedad o dominio y
la posesión real y material que tenían y ejercían sobre el lote de terreno
descrito en el hecho tercero por escritura pública nro. 749 de marzo 31 de
2009 de la Notaría Primera de Palmira».
Señaló que IBICO, obrando de una fe, consideró que dentro de la licencia
de construcción figuraba también la de la calle 46 nro. 20-24 con matrícula
nro. 378-106687, por lo que construyó la vivienda; sin embargo, ese lote
no contaba con licencia de construcción.
Puntualizó que el proyecto Caña Miel ya había cedido las vías que exigía el
municipio; sin embargo, el departamento de diseño de IBICO consideró
que se podía dar mayor amplitud a unas zonas del barrio si unos lotes de
propiedad privada se convertían en pasos peatonales; posteriormente
reconsideró el punto y se volvió a elaborar el proyecto excluyendo los
pasos peatonales.
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Explicó que, por un error, los planos que se enviaron al municipio para
aprobación fueron los que tenían la idea de los pasos peatonales sobre los
lotes de terreno de propiedad privada.
Afirmó que se obtuvo la licencia de construcción y ninguno de los
funcionarios de IBICO advirtió ese hecho «porque ellos tenían los planos
finales en donde en el predio 378-106687 se construiría una casa. // Tanto
es así que se obtuvo el permiso de ventas y permiso para dar en hipoteca
el predio y confiado en ello se procedió a dar en venta el inmueble a un
tercero». En vista de lo anterior, se inició una investigación administrativa
por parte de Planeación municipal «en donde se incurrió en varios errores
de procedimiento violando derechos fundamentales».
Planteó que, pese a que el Fideicomiso era propietario de los derechos de
dominio y posesión del lote con matrícula nro. 378-106687, la
administración no notificó a Alianza Fiduciaria SA de la iniciación del
proceso ni del auto de pruebas ni de las decisiones de primera y segunda
instancia.
Indicó que, en principio, podría pensarse que las decisiones no afectan el
derecho de dominio sobre el lote; sin embargo, el acto administrativo del
alcalde del Municipio de Palmira dispuso lo siguiente:
«PRIMERO.- … igualmente se amplía la decisión de primera instancia en el
sentido de que se ceda el área correspondiente a la vía ubicada en la calle
46 No. 20-23 al Municipio de Palmira acatando lo indicado por el Curador
Urbano en la respectiva licencia y certificación aportada al proceso de ser
necesario se procederá a la cancelación de matrícula inmobiliaria a través
de acto administrativo».
Sostuvo que, sin haber sido citado ni vencido en juicio, el alcalde del
Municipio de Palmira procedió a ordenar que un bien privado debe ser
cedido al municipio como vía pública y además ordena cancelar la matrícula
del predio.
Afirmó que el Fideicomiso y la sociedad IBICO acordaron con los
compradores de la vivienda la resolución del contrato y restituirle el dinero
del precio debidamente actualizado con los intereses.
Adujo que IBICO se notificó oportunamente de la Resolución de mayo de
2010 e interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación, sin
que sus argumentos fueron aceptados por la administración en alguna
instancia.
Reiteró que el Fideicomiso, cuyo vocero es la sociedad Alianza Fiduciaria
SA, nunca fue notificado del acto administrativo y mucho menos se le citó
al proceso; por lo tanto, no pudo ejercer el derecho a interponer los
recursos legales, y que, cuando se adoptó la decisión de segunda instancia,
no podía interponerse recurso alguno.
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I.1.2. Normas violadas y concepto de violación
Explicó como primer cargo que los actos demandados violaron el artículo
83 del CCA que consagraba el principio de buena fe, en tanto el municipio
no lo aplicó, ni el de confianza legítima; sostuvo que, si se hubieran
aplicado, la administración hubiese concluido que IBICO y el Fideicomiso
obraron de buena fe, y con fundamento en unos actos administrativos
anteriores, habrían tenido el convencimiento que podían enajenar el bien
inmueble y que tenían permiso para construir y no ameritaba la sanción
impuesta.
Argumentó que, para el caso concreto, la administración no reconoció
dentro de la actuación a la sociedad IBICO y al Fideicomiso, que en 2
oportunidades autorizaron actuaciones sobre el bien, primero, la venta del
lote, y posteriormente, que se gravara con una hipoteca.
Afirmó que los actos administrativos expedidos por el municipio dieron
confianza a IBICO para ejecutar la obra y al Fideicomiso para ofrecerlo en
venta (Resolución nro. 055 de 26 de julio de 2005, por medio de la cual se
le concede a IBICO permiso para constituir gravamen hipotecario sobre
104 lotes y «aparece visible a folio 221 en el quinto numeral el predio calle
46 No. 20-23 con matrícula inmobiliaria 378-106687»; y el permiso de
enajenación expedido por el coordinador de procesos administrativos
civiles y de policía de la Alcaldía municipal de Palmira1).
Reiteró que la administración debió advertir el error; sin embargo, al no
hacerlo, creó una falsa conciencia de estar obrando correctamente y
amparado en la licencia de construcción. Reiteró que, al dar vía libre a que
se gravara el predio y darles permiso a las ventas, permitió que el
constructor y el Fideicomiso actuaran con ese convencimiento, por lo que
no podía posteriormente sancionarlos. Sostuvo que el municipio no podía
desconocer sus actos y proceder a sancionar a las sociedades porque se
actuó en el mundo jurídico con ese convencimiento.
Señaló que, como prueba de que obró de buena fe, en el mismo momento
que la administración advirtió el error y cuando el inmueble ya estaba
prometido en venta desde marzo de 2008 y en la fase final de la
construcción, ofreció acudir al mecanismo extraordinario de la licencia de
reconocimiento y pagar las sanciones a que hubiese lugar.
Argumentó que la actuación de buena fe de IBICO no podía dar origen a
una sanción y hasta la expropiación de un bien privado, como acontecía
con el caso concreto, al tratar de convertir un bien privado en una vía
pública, cuando no era así; a su juicio, se demostró que esta zona se
1
«Ha radicado en este despacho los documentos exigidos por el artículo 120 de la ley 388 de 18 de julio de
1997, que modifica el artículo 57 de la ley 9 de enero 11 de 1989, para quienes adelantan planes de vivienda,
radicación esta que se sustituye o reemplaza el permiso de enajenación ordenado por el artículo 2 numeral 2
del decreto ley 078 de 1987 y que legaliza la enajenación que se haga de ciento cuatro (1049 viviendas ubicadas
en el proyecto de vivienda denominado urbanización Cañamiel Club Residencial ubicado entre las carreras 20 y
21 y entre las calles 44 y 46 de la nomenclatura actual de este Municipio cuyas matriculas inmobiliarias se
detallan así».
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incluyó como vía peatonal, pero se trataba de un lote de terreno que debía
ser una vivienda, como estaba contemplado en el planteamiento inicial
aprobado por la Curaduría Urbana y el Municipio de Palmira. Afirmó que la
obra que se realizó no violó norma del Plan de Ordenamiento Territorial.
Adujo que la administración municipal no podía apartarse de la comunidad;
en ese sentido, obraba comunicación suscrita por los vecinos del sector,
en donde pedían que se aceptara la cesión de un lote de terreno por parte
de IBICO, adicional, como zona verde, adecuándolo como parque, y la
adecuación actual de la sala de ventas para que funcionara como salón de
eventos de la comunidad.
Puso de relieve que la construcción de la casa, antes de perjudicar al
barrio, lo beneficiaba, porque, si se hacía un paso peatonal, se volvería un
foco de criminales.
Insistió en que hubo un error al plantear ese espacio como vía peatonal
porque en la Resolución nro. 08 de 9 de julio de 2004 se indicó que sobre
este lote se construirían vías peatonales; las vías peatonales debían estar
señaladas en el POT del municipio y un constructor no podía en un proyecto
inventarse vías que no habían sido contempladas por la administración
municipal; la vía peatonal no es aceptada por las comunidades porque, a
su juicio, genera graves problemas de seguridad.
Como segundo cargo, manifestó que la administración violó el artículo 29
de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 3º, 28 y 34
del CCA, que establecen los principios del debido proceso y el derecho de
defensa.
Explicó que el municipio no aplicó las normas invocadas, cuando era su
deber tenerlas en cuenta durante el trámite administrativo. Sostuvo que,
si lo hubiese hecho, habría convocado al trámite al Fideicomiso, propietario
del inmueble, «y que se lo había transferido a los terceros que, si fueron
citados. Igualmente le hubiese comunicado a IBICO que tenía derecho a
solicitar pruebas y cual era esa oportunidad. Igualmente, que, al momento
de decretar la inspección judicial, debió citar a IBICO para que asistiera a
la diligencia y no lo hizo así.
Expresó que la administración municipal tenía conocimiento, porque en el
expediente obraba el certificado de tradición de la matrícula inmobiliaria
nro. 378-106687 y la Escritura nro. 749 de 2009, «que el bien fue
transferido por Alianza Fiduciaria SA como vocero y administrador del
Fideicomiso Cañamiel».
Sostuvo que, acertadamente, en calidad de vendedor y propietario del lote
de terreno, se vinculó a los señores Magaly Velasco Martínez y Diego María
Delgado Millán y a IBICO, «también debió citar y hacer comparecer a
Alianza Fiduciaria SA como vocera y administradora del Fideicomiso
Cañamiel en su calidad de propietaria del lote de terreno».
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Manifestó que, mediante oficio de 24 de junio de 2009, dirigido a Alianza
Fiduciaria SA, se le expresó que había una investigación en curso; sin
embargo, nunca se le notificó el auto de apertura. Reiteró que la decisión
que se adoptó afectaba el derecho de propiedad del Fideicomiso en tanto
la administración estaba cuestionando el carácter de propiedad privada del
lote «y no podía adoptar decisión alguna sin la presencia de su propiedad».
Asimismo, sostuvo no se les notificó que contaban con 10 días para solicitar
pruebas, como lo señalaba el numeral 24 de los hechos del acto
administrativo demandado.
Como tercer cargo planteó que se desconocieron los artículos 2º y 3º de
la Ley 810 de 2003, que modificaron la Ley 388 de 1997; lo anterior,
porque en un mismo acto administrativo se impuso la multa por construir
sin licencia de construcción y, adicionalmente, se ordenó la demolición,
cuando la ley establecía que se debía conceder un plazo de 60 días para
legalizar la construcción, y si no se hiciere en ese plazo, entonces se
procedía a la demolición.
Aunado a lo anterior, argumentó que la multa impuesta incluía un
agravante al ser incrementada en un 50%, cuando la ley no consagraba
agravantes para incrementar la sanción y esta forma de liquidar la multa
debía estar previamente regulada por la ley; para el caso concreto, adujo
que se admitía la multa más la suspensión de servicios públicos
domiciliarios, pero no la del numeral tercero ni la del quinto, porque la ley
no las contempló.
Expuso que la administración debió ser clara en indicar que la obra que se
realizó no se podía adecuar a las normas urbanísticas para que procediera
su demolición, lo que no ocurrió.
Como cuarto cargo acusó que la actuación administrativa desplegada por
el Alcalde vulneró los artículos 31 y 58 de la Constitución Política, 451 a
459 del Código de Procedimiento Civil y 9º, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 22
a 32 y 37 de la Ley 9 de 1989, en tanto, al momento de resolver la segunda
instancia, desconoció el principio de la reformatio in pejus, al hacer más
gravosa la situación del apelante y, adicionalmente, ordenar la
expropiación de un bien privado y cancelar la matrícula inmobiliaria cuando
no era de su competencia sino de las autoridades judiciales. Lo anterior si
se tiene en cuenta que en la primera instancia nada se expresó sobre la
cancelación de la matrícula inmobiliaria y por lo tanto mal podía el
funcionario de segunda instancia incrementar la sanción, ampliando a la
cancelación de la matrícula.
En otras palabras, indicó que, en la primera instancia, no se estaba
cuestionando el derecho de dominio, y por tanto IBICO no estaba
argumentando su titularidad.
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Adujo en relación con la violación del derecho de propiedad que, sin
formula de juicio y apropiándose de un bien, el alcalde procedió a disponer
que se cancelara la matrícula inmobiliaria. Reiteró que, desde 1996, se
habían cedido todas las vías públicas al municipio; igualmente que el bien
donde se construyó la vivienda era un bien privado y que el municipio
cobraba impuestos sobre este.
Por último, en el acápite denominado determinación razonada de la
cuantía, señaló que «la cuantía se determinará por el valor de la multa
impuesta que ascendió a la suma de veintitrés millones ochenta y dos mil
trescientos pesos».
I.2. La contestación de la demanda
La parte demandada presentó escrito de contestación de la demanda; sin
embargo, mediante auto de 8 de octubre de 20142, la magistrada
sustanciadora de la primera instancia determinó no tenerla en cuenta toda
vez que el profesional del derecho no acreditó el poder conferido por la
entidad territorial para la representación de sus intereses.
I.3. Los alegatos de conclusión
La parte demandante presentó escrito de alegatos, reiterando los
argumentos expuestos en la contestación; la entidad territorial guardó
silencio.
II. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia de 22
de octubre de 2015, se declaró inhibido para conocer del presente asunto
por encontrar probada la excepción de caducidad de la acción.
Inició por explicar que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
establecido que, por regla general, la acción de simple nulidad era el
instrumento idóneo para revisar la legalidad de los actos administrativos
de carácter general, y excepcionalmente, teniendo en cuenta la teoría de
motivos y finalidades, también resultaba procedente frente a los actos de
contenido particular, caso en el cual el juzgador únicamente podía
examinar la legalidad del acto.
Señaló que la procedencia de la acción de nulidad no quedaba abierta a los
actos particulares, sino que se limita a casos específicos, a saber: i) que
se trate de actos particulares que por su contenido y trascendencia
impliquen el resquebrajamiento del orden jurídico y el desmejoramiento
del patrimonio económico, social y cultural de la Nación; y ii) que el acto
administrativo particular represente un interés superior y significativo para
2
Folio 194 a 195 del cuaderno del Tribunal.
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la comunidad en general, porque amenaza el orden público, social o
económico del Estado.
Explicó que debía tenerse en cuenta que la declaratoria de nulidad del acto
particular podía acarrear únicamente el restablecimiento del orden jurídico
abstracto, más no el restablecimiento de derechos de particulares, puesto
que de presentarse esto último, la acción de simple nulidad no procede.
Dicho en otras palabras, cuando el restablecimiento de derechos subjetivos
deviene automáticamente de la declaratoria de nulidad del acto, la acción
procedente no es la de simple nulidad, sino la de nulidad y restablecimiento
del derecho.
Descendiendo al caso concreto, indicó que los actos administrativos de
carácter particular demandados no alcanzaban a reunir los requisitos para
enmarcarlos en las excepciones que había señalado la jurisprudencia para
su estudio bajo la acción de nulidad, pues su contenido y efectos no
implican el resquebrajamiento del orden jurídico con alcance al
desmejoramiento del patrimonio económico, social y cultural de la Nación,
conllevando amenaza para la comunidad general por alteración del orden
público, social o económico del Estado.
Sostuvo que el acceso a la pretensión de nulidad implicaría la definición de
una situación jurídica particular, consistente en la declaratoria de la
ilegalidad de los actos administrativos que impusieron una sanción
urbanística, «circunstancia que se torna improcedente en el escenario
procesal planteado pues la parte accionante persigue un interés
igualmente individualizado consistente en la defensa de su derecho de
propiedad».
Precisado lo anterior, afirmó que, por tratarse de un acto de carácter
particular, cualquier persona que se sintiera lesionada en su derecho
podría presentar una demanda, conforme al artículo 85 del CCA, sin ser el
destinatario directo de la decisión, como ocurría en el presente caso.
Señaló que, si se procediera al estudio de la presente demanda como una
acción de nulidad y restablecimiento del derecho, se evidenciaba que el
plenario no reunía los requisitos necesarios para que resultara viable dicho
trámite, en especial, porque, al momento de la presentación de la
demanda (18 de marzo de 2011), ya habría operado el fenómeno de
caducidad de la acción, teniendo en cuenta que la decisión de la
administración quedó en firme el 8 de octubre de 2010.
En consecuencia, resolvió lo siguiente:
«PRIMERO: DECLARARSE INHIBIDA esta Sala para conocer el presente
asunto mediante la cual declaró probada la excepción de caducidad de la
acción.
SEGUNDO: INHIBSE (sic) la Sala de conocer el fondo del asunto, al
encontrarse probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda».
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III. El recurso de apelación
La parte demandante presentó recurso de apelación3 solicitando la
revocatoria de la sentencia, con fundamento en los siguientes argumentos:
Manifestó que la sentencia olvidaba que el Fideicomiso nunca fue notificado
del proceso administrativo y, por tanto, los términos para la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho no se le podían contar sino a partir
del momento en que tuvo conocimiento del hecho, y «es claro que si
presenta la demanda el 18 de marzo de 2011 debe aceptarse que es en
ese momento que conoce la actuación. No antes porque nunca fue
notificado del proceso». Señaló que no podía haber caducidad de la acción
frente a un tercero que nunca fue citado al proceso y se enteró de una
decisión que menoscababa su patrimonio.
Explicó que la decisión del alcalde de ordenar apropiarse de un bien
inmueble de propiedad privada atentaba contra el derecho de propiedad
que tenía especial protección constitucional; para el efecto transcribió
apartes de la sentencia T-1321 de 2005. Asimismo, que la decisión de
cancelar los títulos de propiedad era un atentado a la división de poderes,
competencia de un juez.
Trámite en segunda instancia
Por auto de 26 de septiembre de 2017 se admitió el recurso de apelación
y se corrió traslado para que las partes presentaran alegatos de conclusión
y el Ministerio Público rindiera concepto, de estimarlo pertinente. Las
partes y el Ministerio Público guardaron silencio.
IV. Consideraciones de la Sala
IV.1. Competencia
De conformidad con el artículo 129 del CCA y el artículo 13 del Acuerdo 80
de 2019, modificado por el artículo 1º del Acuerdo 434 de 2024, expedido
por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de
Estado es competente para conocer del presente asunto, en segunda
instancia.
IV.2. Delimitación del recurso
De acuerdo con lo expuesto en la providencia recurrida y en atención a los
fundamentos del recurso de apelación, la Sala advierte que la parte
recurrente difiere en cuanto a que no se podía declarar la caducidad de la
acción frente a la demandante, porque nunca fue citada al proceso que
3
Folio 237 a 241 del cuaderno del Tribunal.
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culminó con los actos administrativos demandados; en ese sentido, afirma
el recurrente que «es claro que si presenta la demanda el 18 de marzo de
2011 debe aceptarse que es en ese momento que conoce la actuación. No
antes porque nunca fue notificado del proceso».
Para abordar el argumento de inconformidad planteado, la Sala encuentra
necesario poner de relieve que, en el presente asunto, se demanda la
Resolución nro. 2510-02-01-27 de 5 de mayo de 2010, a través de la cual
se declaró a la sociedad IBICO como responsable de la infracción
urbanística consistente en haber adelantado la construcción hasta su
finalización de una edificación en el inmueble identificado con matrícula
inmobiliaria nro. 378-106687, sin contar con la licencia de construcción
respectiva y, en consecuencia, se le sancionó con una multa de
$23.082.300 pesos y se le ordenó la demolición total de la edificación.
Asimismo, que, contra la anterior decisión, la sociedad IBICO presentó
recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, indicando, entre otros
argumentos, que se debía citar a la sociedad Alianza Fiduciaria, en su
calidad de propietaria del lote; frente a este argumento, al desatar los
recursos, la autoridad consideró lo siguiente:
«Como este hecho se ha invocado con el fin de que se declare la nulidad de
lo actuado durante el proceso, es importante advertir que esta Secretaría
está facultada para declarar la nulidad de lo actuado en caso de que se
percate de la presencia de una violación a los tipos procedimentales a los
derechos fundamentales de las partes sometidas a la actuación, para lo cual
se procede a verificar si dentro del presente proceso existe como lo
manifiesta el recurrente una violación al debido proceso al no haberse
vinculado como presunta infractora a Alianza Fiduciaria SA, para resolver
este punto se considera que el titular de la licencia de urbanización de todo
el proyecto fue la sociedad ILLIMANIS BUILDING CONSTRUCTOR SA IBICO.
Para descartar la procedencia de dicho cuestionamiento, basta con observar
que las conductas descritas por los artículos 1 y 2 de la Ley 810 de 2003
están dirigidas a sancionar a la persona natural o jurídica que haya realizado
la actuación urbanística irregular, sin interesar si su autor es o no el titular
de los derechos de propiedad, posesión o tenencia.
De conformidad con la anterior definición legal, es posible que sea objeto
del proceso sancionatorio no solo el titular del dominio sino cualquier otra
persona encargada de realizar la actuación urbanística reprochable.
Igualmente se encuentra probado en el expediente que la casa ubicada en
la calle 46 No. 20-23 fue construida por la sociedad ILLIMANIS BUILDING
CONSTRUCTOR SA IBICO, sin contar con la licencia de construcción para tal
efecto y por lo tanto a la luz de lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley 388
de 1997 modificado por el artículo 1 de la Ley 810 de 2003, dicha
constructora es la única responsable por la infracción a la norma urbana no
existiendo fundamento legal para trasladar dicha responsabilidad a Alianza
Fiduciaria SA como se pretende en la sustentación del recurso lo cual nos
lleva a concluir que tampoco era procedente su vinculación al proceso.
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Respecto de ILLIMANIS BUILDING CONSTRUCTOR SA IBICO no le queda
duda a esta Secretaría que rindió una declaración admitiendo ser la
propietaria del inmueble y responsable de las obras ejecutadas. Esta
manifestación ha sido ratificada en sus memoriales obrantes a folios 42, 43,
49, 50, 60 y 61, como se ha dicho, estas pruebas gozan de validez y deberán
ser tenidas en cuenta como prueba de su responsabilidad en la ejecución de
las obras.
En el anterior orden de ideas, y probado como lo fue dentro del proceso
administrativo adelantado, que la construcción del inmueble objeto de la
sanción fue realizada únicamente por la constructora IBICO, no se requería
la vinculación en calidad de infractor de ninguna otra persona jurídica o
natural»4.
De acuerdo con lo anterior, es palmario que, en los actos demandados, se
determinó que la sociedad IBICO infringió normas urbanísticas al construir
sobre un predio que previamente había vendido en conjunto con la
sociedad demandante, esta última en calidad de vocera y representante
del Fideicomiso, a los señores Velasco Martínez y Delgado Millán, conforme
consta en la anotación nro. 11 del folio de matrícula inmobiliaria nro. 378-
106687 y la escritura pública nro. 749 de 31 de marzo de 2009; esto, en
el marco de un proyecto denominado Urbanización Caña Miel Club
Residencial, sin la respectiva licencia; por lo que la entidad territorial
procedió a sancionar a la infractora y ordenar la consecuente demolición,
con vinculación de los propietarios registrados del inmueble.
En virtud de la situación antes descrita, el 8 de noviembre de 2010, las
sociedades Alianza Fiduciaria e IBICO y los señores Velasco Martínez y
Delgado Millán suscribieron un contrato de transacción en el que
reconocieron que, «TERCERO.- Por un error de buena fe de la
VENDEDORA IBICO, se edificó la vivienda sin licencia de
construcción con el convencimiento de que este lote de terreno
estaba comprendido entre la licencia de construcción de todo el
proyecto. Una vez detectado el problema y durante todo el 2009 se
dedicó a solicitar a la Administración que diera aplicación a las
normas legales para que diera una LICENCIA DE
RECONOCIMIENTO y la CONSTRUCTORA cancelaba las multas que
hubo por un error de buena fe y con fundamento en documentos que
había expedido la misma administración municipal. // CUARTO.- A pesar
de toda la argumentación jurídica la administración municipal ha
ordenado la demolición de la vivienda y a pesar que se adelanta
acciones legales (acción de tutela, acción administrativa de nulidad
y restablecimiento del derecho) es decisión de la vendedora IBICO
salir al saneamiento con los compradores y brindarles una solución
que implique: a) la resolución del contrato de compraventa celebrado entre
las partes b) la devolución de los dineros debidamente actualizados c) la
exoneración de responsabilidad a los vendedores». (Negrillas de la
Sala).
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Resolución nro. 1149.19.1.38 de 16 de julio de 2010, visible a folio 17 del cuaderno nro. 1 del Tribunal.
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Hecho el anterior recuento y examinado el argumento de la parte
recurrente, encuentra la Sala que este no es de recibo, pues si bien erró
el Tribunal al tener como extremo inicial para el cómputo de la caducidad
la fecha en que quedaron en firme las decisiones cuestionadas (8 de
octubre de 2010), lo cierto es que tampoco se puede computar desde la
presentación de la demanda, como lo pretende la recurrente, como se pasa
a explicar.
Para el caso concreto, la fecha que debe tenerse en cuenta para determinar
si la presentación de la demanda fue oportuna, teniendo en cuenta la
notificación por conducta concluyente, es la fecha para la cual se advierte
que la parte demandante, Alianza Fiduciaria, ya conocía que la
administración municipal había adoptado las decisiones cuestionadas, esto
es, las multas y la orden de demolición que recaía sobre el inmueble de los
señores Velasco Martínez y Delgado Millán; es decir, la fecha en que se
celebró el contrato de transacción por la sociedad demandante (8 de
noviembre de 2010), en el que expresamente procuró la adopción de
medidas frente a la orden de demolición de la casa que habían adquirido
los señores Velasco Martínez y Delgado Millán, consecuencia de haberla
construido sin la licencia que autorizara al constructor para el
levantamiento de la edificación; asimismo en el que se estipuló su
exoneración de responsabilidad.
En ese orden, para la Sala es claro que para la fecha en que se presentó
la demanda (18 de marzo de 2011) ya habían transcurrido más de los 4
meses previstos en el numeral 2° del artículo 136 del CCA.
En vista de lo anterior encuentra la Sala que, el Tribunal acertó al
declararse inhibido para pronunciarse sobre el fondo del asunto, por lo que
se confirmará la decisión, pero por las razones aquí expuestas.
Costas
En consideración a que no se evidenció temeridad, abuso, ni mala fe en la
actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenarlas en
costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del CCA.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 22 de octubre de 2015, proferida
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones
expuestas en esta providencia.
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SEGUNDO: SIN CONDENA EN COSTAS, por las razones expuestas.
TERCERO: En firme esta providencia, REMITIR el expediente al Tribunal
de origen.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
GARZON Consejero de Estado
Consejera de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CIFUENTES Consejero de Estado
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia,
se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con la ley.
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