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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-31-000-2011-01094-01

Fecha
9 de febrero de 2023
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-31-000-2011-01094-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1°. Revócase la sentencia de 5 de septiembre de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, que accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda instaurada por la señora María Zoraida Vásquez Betancourt contra la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social – ESE Antonio Nariño (liquidada) y la Fiduciaria La Previsora SA; en su lugar, niéganse tales súplicas, conforme a lo consignado en la parte motiva. 2º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-31-000-2011-01094-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

9 de febrero de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., nueve (9) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Acción : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 76001-23-31-000-2011-01094-01 (1395-2021)
Demandante : María Zoraida Vásquez Betancourt
Demandada : Nación - Ministerio de Salud y Protección Social - Empresa
Social del Estado (ESE) Antonio Nariño (liquidada) y
Fiduciaria La Previsora SA
Tema : Contrato realidad

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la Nación –
Ministerio de Salud y Protección Social, en condición de demandada, contra la
sentencia de 5 de septiembre de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo
del Quindío1, mediante la cual accedió parcialmente a las súplicas de la
demanda dentro del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 La acción (ff. 130 a 147 del cuaderno principal). La señora María Zoraida
Vásquez Betancourt, mediante apoderada, ocurre ante la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo a incoar acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, conforme al artículo 85 del Código Contencioso Administrativo
(CCA), contra la Nación - Ministerio de Salud y Protección Social - Empresa
Social del Estado (ESE) Antonio Nariño (liquidada) y la Fiduciaria La Previsora
SA, para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.

1.2 Pretensiones. Se declare «[…] la NULIDAD del [a]cto [f]icto o [p]resunto
producto del [s]ilencio [a]dministrativo [n]egativo que se presentó frente a la
petición radicada […] el día 14 de diciembre de 2009».

A título de restablecimiento del derecho, «[…] se ordene el reconocimiento y
pago de todas las prestaciones sociales convencionales, […] desde que el 27
de junio de 2003 hasta el 25 de agosto de 2008 […]», tales como: (i) cesantías
y sus intereses, (ii) primas de servicios, navidad, técnica, de localización, de
vacaciones y adicionales convencionales de servicios, (iii) vacaciones
compensadas en dinero o a título de indemnización, tanto legales como

1
En cumplimiento de la medida de descongestión adoptada por el Consejo Superior de la Judicatura con el Acuerdo
PCSJA19-11294 de 4 de junio de 2019 se redistribuyeron los «[…] procesos del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca al Tribunal Administrativo del Quindío».

Expediente 76001-23-31-000-2011-01094-01 (1395-2021)
Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
María Zoraida Vásquez Betancourt contra la Nación – Ministerio
de Salud y Protección Social y otra

convencionales y (iv) auxilios de transporte y alimentación. Asimismo, se
ordene el pago de horas extras, sanciones moratorias por la no consignación de
las cesantías (Ley 50 de 1990, artículo 99) y por la falta de pago de la totalidad
de las prestaciones sociales e indemnizaciones (Decreto 797 de 1949, artículo
1º.), los aportes al sistema general de seguridad social en salud y pensión
sufragados por ella y los que «[…] se le descontaban […] por parte de las
[c]ooperativas a las que estuvo vinculada […]», y la indemnización por despido
injusto. Todo lo anterior con la respectiva indexación y costas procesales.

1.3 Fundamentos fácticos. Relata la actora que «[…] se vinculó al
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, como [a]uxiliar de [e]nfermería en
el [m]unicipio de Cali, en [l]a Clínica Rafael Uribe Uribe, iniciando sus labores
el 19 de diciembre de 1996 a través de la suscripción de un contrato de
prestación de servicios, el cual fue prolongado en el tiempo de manera
interrumpida y bajo el cual […] prestaba sus servicios al I.S.S. sostenida al
cumplimiento de las [ó]rdenes de los directivos de esa entidad y de los
reglamentos de la misma […]» (sic).

Que «[…] convencida […] [de] que su inicial vinculación con el I.S.S., a través
de contrato de prestación de servicios era de manera irregular, demand[ó] a
dicha entidad ante la jurisdicción ordinaria laboral, solicitando la declaratoria
de la existencia de un contrato de trabajo y como consecuencia de ello, obtener
el pago de las prestaciones sociales legales y convencionales» (sic), lo que
obtuvo mediante «[…] [s]entencias No. 005 del 09 de diciembre de 2008 por
parte del Juzgado Décimo Laboral Adjunto del Circuito de Cali y confirmada
en su integridad mediante […] [la] No. 043 por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cali, en las cuales se da el vínculo laboral, pero se manifiesta
probada la excepción de prescripción».

Afirma que por disposición del Decreto 1750 de 2003, los servidores del otrora
Instituto de Seguros Sociales, cualquiera que fuera la denominación de su
contrato, se incorporaron a la planta de cargos de las diferentes empresas
sociales del Estado sin solución de continuidad, correspondiéndole vincularse
con la ESE Antonio Nariño, en la que siguió con la ejecución de las labores de
auxiliar de enfermería, desde el 27 de junio de 2003 hasta el 25 de agosto de
2008.

Que «[…] para el 30 de [n]oviembre de 2003, se le manifestó […] que si
deseaba continuar prestando sus servicios en esa entidad, debía afiliarse a la
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PRESTADORES DE
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María Zoraida Vásquez Betancourt contra la Nación – Ministerio
de Salud y Protección Social y otra

SERVICIOS PROFESIONALES P.S.P., la cual a partir de ese momento se
encargaría de contratar con ella, para que continuara prestando sus servicios
en el mismo cargo que venía desempeñando» (sic), lo que cumplió «[…] desde
el 01 de diciembre de 2003, mediante la suscripción de un convenio d trabajo
asociado, cuya finalidad única y exclusiva era la de continuar prestando sus
servicios como [a]uxiliar de [e]nfermería de [u]rgencias en [l]a E.S.E.
ANTONIO NARIÑO CLÍNICA RAFAEL URIBE URIBE, vínculo que se dio
por terminado sin justa causa imputable al empleador, el 25 de agosto de 2008»
(sic); no obstante, «[…] de la revisión de los supuestos convenios de trabajo
asociado, se advierte que estos no reúnen las condiciones de afiliación a una
cooperativa […]» de esa naturaleza, a pesar de ello «[…] continu[ó] prestando
sus servicios en la Clínica Rafael Uribe Uribe en el [c]argo de AUXILIAR DE
ENFERMERÍA […] recibiendo una retribución que se denominaba
compensación, pero sin percibir prestaciones sociales legales por dichos
servicios y mucho menos convencionales» (sic).

Dice que «[…] cumplía una jornada ordinaria de ocho horas diarias, más las
labores en tiempo extra que se fijaban casi a diario […] que llegaban hasta
doce (12) horas diarias». Asimismo, «[…] desde que inició las labores en dicho
establecimiento […] cumpli[ó] con los reglamentos establecidos por éste,
obedeciendo las órdenes impartidas por los directivos de la clínica sobre la
forma de prestar el servicio, tales como la atención de pacientes, manejo de
medicamentos, procedimientos administrativos e inclusive acerca del uniforme
que debía portar en el trabajo».

Que «[…] cuando [ella] […] pas[ó] a laborar a la E.S.E. ANTONIO NARIÑO
EN LIQUIDACIÓN, como trabajadora oficial, era beneficiaria de la última
convención colectiva suscrita entre el seguro social [sic] y los diferentes
sindicatos de trabajadores a los que estaban afiliados sus servidores, y como
según lo dispuesto en las sentencias C-314 de 2004, C-349 de 2004 y T-166 de
2006, dicha convención persiste aún en su vigencia, tiene derecho […] a que
se le retribuyan las prestaciones allí contenidas» (sic).

Expresa que «[…] ha prestado sus servicios personales en beneficio de [l]a
E.S.E. ANTONIO NARIÑO EN LIQUIDACIÓN, desde el 27 de [j]unio de
2003 hasta el 25 de agosto de 2008, en las mismas condiciones de una empleada
pública por más de cinco años, cumpliendo los reglamentos, el horario de
trabajo impuesto y las órdenes impartidas, contando con disposición para
cumplir esas órdenes, su condición de servidora o trabajadora demanda que
sea protegida en unas condiciones mínimas de derechos, como lo es el pago de
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las prestaciones sociales legales y convencionales y horas extras que ha
laborado» (sic).

Que el 14 de diciembre de 2009 solicitó «[…] el reconocimiento de una relación
de orden laboral y el pago de todas las prestaciones sociales correspondientes
[…] l[o] cual aún no ha sido resuelt[o] configurándose el silencio
administrativo negativo».

1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por el acto administrativo acusado los artículos 13, 19, 53 y 228 de la
Constitución Política; 1 a 4 de la Ley 79 de 1988; 32 de la Ley 80 de 1993; 17
de la Ley 1233 de 2008; 6, 7, 22, 23 y 26 del Decreto ley 254 de 2000; 17 y 18
del Decreto 1750 de 2003; 16 del Decreto 4588 de 2006; y 5 y 6 del Decreto
3870 de 2008. De igual modo, el Decreto 468 de 1990.

Asevera que la entidad accionada desconoce la reiterada jurisprudencia de la
Corte Constitucional2, del Consejo de Estado3 y de la Corte Suprema de
Justicia4, y con ello la primacía de la realidad sobre las formas, pues desdibujó
la verdadera relación contractual al pactar por medio de contratos de prestación
de servicios, la ejecución permanente de las mismas funciones que
desempeñaba un empleado de planta.

1.5 Contestaciones de la demanda.

1.5.1 Nación – Ministerio de Salud y Protección Social - Empresa Social del
Estado (ESE) Antonio Nariño (liquidada) [ff. 197 a 205 del cuaderno
principal). Por intermedio de apoderada, se opuso a la prosperidad de las
súplicas del libelo introductorio; respecto de los hechos afirmó que no le
constan, por lo que deben probarse; y formuló las excepciones denominadas
caducidad de la acción, inexistencia del derecho reclamado, inexistencia del
contrato realidad y cobro de lo no debido.

Arguye que «[…] la demandante prestó sus servicios a la ESE AN como
cooperada a la organización CTA P.S.P. de manera autónoma pues las
cooperativas son organizaciones voluntarias abiertas a todas aquellas
personas dispuestas a utilizar sus servicios y a aceptar las responsabilidades
que conlleva [esa] condición […], razón por la cual no puede pretender […]
lucrarse doblemente con la declaratoria de una relación laboral […]».

2
Sentencias C-314 y C-349 de 2004.
3
Providencia de 15 de junio de 2006, C. P. Jesús María Lemos Bustamante.
4
Sentencia de 6 de diciembre de 2006, expediente 25713, M. P. Gustavo José Gnecco Mendoza.
4

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Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
María Zoraida Vásquez Betancourt contra la Nación – Ministerio
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1.5.2. Fiduciaria La Previsora SA (f. 214 del cuaderno principal). La directora
de procesos judiciales y administrativos de esta entidad indicó que el auto
admisorio que le fuera notificado en su momento «[…] fue remitid[o] a la
[d]irección [j]urídica del Ministerio de Salud y Protección Social, en
consideración a las obligaciones contenidas en el [c]ontrato de [f]iducia
[m]ercantil No. 013 de 2010 […]» y, por ende, «[…] carece de legitimación en
la causa por pasiva y por activa para representar judicialmente los intereses
de la extinta Empresa Social del Estado, ya que […] [dicha cartera] revocó esta
obligación bajo la titularidad del PAR» (sic).

1.6 La providencia apelada (ff. 254 a 277 del cuaderno principal). El Tribunal
Administrativo del Quindío, en sentencia de 5 de septiembre de 2019, accedió
parcialmente a las súplicas de la demanda (sin condena en costas), al considerar
que «[…] de forma directa se infieren dos de los elementos de la relación
laboral como lo son la prestación personal del servicio a favor de la entidad
demandada a través de un intermediario y la remuneración y se entiende
implícita del solo hecho de prestar el servicio de forma personal para las
labores desarrolladas y certificada en los documentos […]» (sic). Frente al
elemento de la subordinación y dependencia, «[…] no hay duda [de] que la
demandante prestó sus servicios de forma personal para la E.S.E. ANTONIO
NARIÑO en la CLÍNICA RAFAEL URIBE URIBE, siendo la declarante
coincidente, que las actividades desempeñadas por […] [aquella] en
cumplimiento de los contratos que eran las de labores de [e]nfermería,
exigiéndosele para el ejercicio de su labor el cumplimiento de turnos asignados
por la misma entidad, con disponibilidad de planta física y elementos básicos y
fundamentales suministrados por la entidad demandada» (sic).

Que «[…] el servicio de ENFERMERÍA es de aquellos con los que la E.S.E.
demandada debe contar de forma permanente pues están ligadas a su objeto
social, debido haberlo contratado a través del personal de planta y no a través
del contrato de prestación de servicios, por lo que de la presencia de una
actividad permanente se puede inferir que la misma de forma necesaria es
subordinada, máxime que la permanencia en el cargo se demuestra en el caso
concreto, lo cual se traduce en la existencia de una continuada subordinación
respecto de la entidad demandada» (sic).

En lo atañedero al fenómeno jurídico-procesal de la prescripción, precisa que
«[…] dado que el vínculo [que] se declara [va] […] hasta el 17 de julio de 2008
[sic] y la actora reclamó de forma directa a la administración el 14 de
diciembre […] de 2009 y presentó la demanda el 21 de julio de 2011, no existe
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Expediente 76001-23-31-000-2011-01094-01 (1395-2021)
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prescripción alguna que declarar, pues reclam[ó] dentro de los términos ya
estudiados».

En consecuencia, declaró «[…] la nulidad del acto ficto que materializó la no
respuesta a la reclamación elevada por la demandante el 14 de diciembre de
2009 a través del cual le negó […] el reconocimiento de una relación laboral
[…]». A título de restablecimiento del derecho, dispuso:

[…]
TERCERO: CONDÉNESE al PAR E.S.E. ANTONIO NARIÑO y
de manera subsidiaria a la NACIÓN – MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCIÓN SOCIAL, al reconocimiento, liquidación y pago, a
título de reparación del daño, de todas las prestaciones sociales,
vacaciones, cesantías y demás emolumentos legales dejados de
percibir por la demandante […] entre el 1 de diciembre de 2003 y el
17 de julio de 2008 […].

CUARTO: CONDÉNESE al PAR E.S.E. ANTONIO NARIÑO y
de manera subsidiaria a la NACIÓN – MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCIÓN SOCIAL, a reconocer a la demandante […] a título
de reparación del daño, los porcentajes de cotización
correspondientes al empleador a [p]ensión y [s]alud que debió
trasladar a los [f]ondos correspondientes, al igual que la totalidad de
la cotización a la [c]aja de [c]ompensación, causados dentro de los
períodos de contratación irregular discriminados en el numeral
anterior, pago que deberá realizarse a través de las entidades de
seguridad social a las que se encuentre afiliada la actora.
[…] (sic para toda la cita).

1.7 El recurso de apelación (ff. 281 a 290 del cuaderno principal). La Nación
• Ministerio de Salud y Protección Social, por conducto de apoderada, interpuso
recurso de apelación, al estimar que la petición formulada por la actora fue
atendida por el entonces liquidador de la ESE Antonio Nariño, mediante
Resolución RCA 34 de 29 de enero de 2010, notificada por edicto, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 27 del Decreto 2211 de 2004, según se desprende
del acta 292-11 de 8 de junio de 2011 del comité jurídico y de conciliación
presentada en el trámite de conciliación prejudicial ante la procuraduría judicial
18 administrativa de Santiago de Cali (Valle del Cauca); por ende, como «[…]
la desfijación del edicto […] se hizo el 12 de [f]ebrero de 2010, la demandante
contaba con cuatro (4) meses para ejercer la acción, es decir, tenía como plazo
hasta el 13 de [j]unio [siguiente] […] y no lo hizo […] [por lo que] para el 9 de
mayo de 2011 fecha en que radicó ante el Ministerio Público la [s]olicitud de
[c]onciliación [p]rejudicial, ya la caducidad de la acción había operado
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ampliamente y con mayor razón frente a la presentación de esta demanda que
se realizó el 22 de [j]ulio de 2011».

Que «[…] no es posible acceder al reconocimiento de las prestaciones
cobijadas con el principio de la primacía de la realidad tal como lo hizo el juez
de primera instancia sin ningún análisis y soporte probatorio, porque no debe
olvidarse que la verificación y consecuencias de una pretensión nacida de un
contrato realidad, deben ser evaluadas en concreto para cada caso […]»; por
tanto, la accionante «[…] tiene la carga de probar […] los supuestos de su
demanda y el juez de instancia no puede relevarla tal como se hizo en el fallo
apelado, porque tratándose de este tipo de procesos cada situación debe
analizarse de manera particular y cada uno de los elementos del trípode de la
relación laboral deben quedar fehacientemente acreditados, cosa que no
sucedió […]».

Asevera que «[…] si en gracia de discusión existiera una condena, la misma
deberá ser morigerada para que en el evento en que haya faltantes en las
cotizaciones a la seguridad mes a mes entre el 01 de [d]iciembre de 2003 [y el]
[…] 17 de julio de 2008 a nombre de la [actora] […] el PAR ESE ANTONIO
NARIÑO administrado por la FIDUPREVISORA S.A., deberá cotizar el
porcentaje que le correspondía a la ESE ANTONIO NARIÑO como empleadora
y en todo caso, la demandante deberá acreditar el pago de las cotizaciones que
le correspondía realizar durante la vinculación contractual y en el evento de
no haberse realizado o existiere diferencia sobre los aportes, debe pagar o
completar el porcentaje a su cargo» (sic).

Que «[…] si bien a la fecha […] el Ministerio de Salud y Protección Social ha
asumido la “defensa” de los procesos judiciales que se adelantan o que se
inicien en contra de la [e]xtinta Empresa Social del Estado Antonio Nariño; el
Patrimonio Autónomo de Remanentes y/o la Fiduprevisora S.A., como
administradora y vocera de dicho patrimonio, corresponde al P.A.R. E.S.E.
ANTONIO NARIÑO, atendiendo la finalidad de los recursos para el cual fue
constituido dicho fideicomiso, responder por eventuales condenas en su contra.
Es decir, los pasivos que deriven de las obligaciones atribuidas a la entidad
liquidada, se cubrirán exclusivamente con cargo a los bienes existentes de la
liquidación, los cuales conforman hoy en día el Patrimonio Autónomo de
Remanentes», por lo que «[…] no debe ser condenado a asumir el cumplimiento
de la condena, pues no existe disposición en el ordenamiento jurídico que
imponga al ministerio la solidaridad frente a dichas obligaciones […]».

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Por último, en su criterio, el Tribunal de instancia debió pronunciarse de manera
oficiosa respecto del fenómeno jurídico-procesal de la prescripción extintiva de
los derechos reclamados.

II. TRÁMITE PROCESAL.

El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 8 de abril de 2021
(ff. 297 y 298 del cuaderno principal) y admitido por esta Corporación a través
de auto de 24 de mayo de 2022 (f. 303 ibidem), en el que se dispuso la
notificación personal al agente del Ministerio Público y a las otras partes por
estado, en cumplimiento del artículo 212 del CCA.

2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, con providencia de 23 de agosto de 2022 (f. 305 del cuaderno
principal), para que aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara, de
conformidad con lo establecido en el artículo 212 del CCA, oportunidad
aprovechada por las primeras para reiterar sus argumentos de demanda y
defensa5.

III. CONSIDERACIONES.

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 129 del CCA a esta
Corporación le corresponde conocer del presente litigio, en segunda instancia.

3.2 Problemas jurídicos. De acuerdo con el recurso de apelación, corresponde
en esta oportunidad a la Sala determinar (i) si el acto administrativo ficto o
presunto acusado es susceptible de control judicial; (ii) en caso de serlo, si a la
demandante le asiste razón jurídica para reclamar de la accionada el
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales no devengadas durante el
tiempo que permaneció vinculada como auxiliar de enfermería de la ESE
Antonio Nariño, en aplicación del principio de «primacía de la realidad sobre
formalidades»; o, por el contrario, al no haberse presentado la figura de la
intermediación laboral, el desempeño de la accionante cumplió las
correspondientes normas asociativas y de cooperativismo. (iii) En caso de
encontrarse configurada la relación laboral, deberá establecerse si operó el
fenómeno jurídico procesal de la prescripción extintiva del derecho y cuál es el
ente estatal a cargo del pago de la condena judicial.

5
Memoriales adjuntados a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada Samai.
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3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado
en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo
a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso
concreto.

3.3.1 Asuntos de contrato realidad. En principio, cabe precisar que respecto
de los contratos estatales de prestación de servicios, la Ley 80 de 1993, en su
artículo 32 (numeral 3), dispone:

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las
entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la
administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo
podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades
no puedan realizarse con personal de planta o requieran
conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos general relación laboral ni
prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente
indispensable.

Posteriormente, este artículo fue modificado por los Decretos 165 de 1997, 2209
de 1998 y 2170 de 2002, que precisaron «solo se realizarán para fines
específicos o no hubiere personal de planta suficiente para prestar el servicio
a contratar».

Es decir, que el contrato de prestación de servicios es aquel por el cual se vincula
excepcionalmente a una persona natural con el propósito de suplir actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para
desarrollar labores especializadas que no pueden asumir el personal de planta y
que no admite el elemento de subordinación por parte del contratista, toda vez
que debe actuar como sujeto autónomo e independiente bajo los términos del
contrato y de la ley contractual.

Por su parte, la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad de las
expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o» y «en ningún caso
[…] general relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en el
precitado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en sentencia C-154
de 19976, precisó las diferencias entre el contrato de prestación de servicios y
el de carácter laboral, así:

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M. P. Hernando Herrera Vergara.
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Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes
al de prestación de servicios independientes. En efecto, para que
aquél se configure se requiere la existencia de la prestación personal
del servicio, la continuada subordinación laboral y la remuneración
como contraprestación del mismo. En cambio, en el contrato de
prestación de servicios, la actividad independiente desarrollada,
puede provenir de una persona jurídica con la que no existe el
elemento de la subordinación laboral o dependencia consistente en la
potestad de impartir órdenes en la ejecución de la labor contratada.

Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -
contrato de prestación de servicios y contrato de trabajo- se obtiene
que sus elementos son bien diferentes, de manera que cada uno de
ellos reviste singularidades propias y disímiles, que se hacen
inconfundibles tanto para los fines perseguidos como por la
naturaleza y objeto de los mismos.

En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que
determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación
de servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que quien
celebra un contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma
acusada, no puede tener frente a la administración sino la calidad de
contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales; a
contrario sensu, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo
subordinado o dependiente consistente en la actitud por parte de la
administración contratante de impartir órdenes a quien presta el
servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada, así como
la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio, se
tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones
sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de
prestación de servicios independiente.

Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación
o dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los
términos del contrato, ni pretender el pago de un salario como
contraprestación de los servicios derivados del contrato de trabajo,
sino, más bien, de honorarios profesionales a causa de la actividad
del mandato respectivo.

Ahora bien, el artículo 2 del Decreto 2400 de 1968 7, «[p]or el cual se
modifican las normas que regulan la administración del personal civil […]»,
dispone:

7
Modificado por el Decreto 3074 del mismo año.
10

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de Salud y Protección Social y otra

Se entiende por empleo el conjunto de funciones señaladas por la
Constitución, la ley, el reglamento o asignadas por autoridad
competente que deben ser atendidas por una persona natural.

Empleado o funcionario es la persona nombrada para ejercer un
empleo y que ha tomado posesión del mismo.

Los empleados civiles de la Rama Ejecutiva integran el servicio civil
de la República.

Quienes presten al Estado Servicios ocasionales como los peritos
obligatorios, como los jurados de conciencia o de votación;
temporales, como los técnicos y obreros contratados por el tiempo
de ejecución de un trabajo o una obra son meros auxiliares de la
Administración Pública y no se consideran comprendidos en el
servicio civil, por no pertenecer a sus cuadros permanentes.

Para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los
empleos correspondientes, y en ningún caso, podrán celebrarse
contratos de prestación de servicios para el desempeño de tales
funciones.

La parte subrayada de la precitada disposición fue declarada exequible por la
Corte Constitucional, en sentencia C-614 de 2009, al señalar la permanencia,
entre otros criterios, como un elemento más que indica la existencia de una
relación laboral. Frente al tema, expuso:

La Corte encuentra que la prohibición a la administración pública de
celebrar contratos de prestación de servicios para el ejercicio de
funciones de carácter permanente se ajusta a la Constitución, porque
constituye una medida de protección a la relación laboral, ya que no
sólo impide que se oculten verdaderas relaciones laborales, sino
también que se desnaturalice la contratación estatal, pues el contrato
de prestación de servicios es una modalidad de trabajo con el Estado
de tipo excepcional, concebido como un instrumento para atender
funciones ocasionales, que no hacen parte del giro ordinario de las
labores encomendadas a la entidad, o siendo parte de ellas no pueden
ejecutarse con empleados de planta o se requieran conocimientos
especializados. De igual manera, despliega los principios
constitucionales de la función pública en las relaciones contractuales
con el Estado, en tanto reitera que el ejercicio de funciones
permanentes en la administración pública debe realizarse con el
personal de planta, que corresponde a las personas que ingresaron a
la administración mediante el concurso de méritos.

11

Expediente 76001-23-31-000-2011-01094-01 (1395-2021)
Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
María Zoraida Vásquez Betancourt contra la Nación – Ministerio
de Salud y Protección Social y otra

De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura
cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral,
esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada
subordinación, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a
favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en
el artículo 53 de la Constitución Política, con el que se propende por la garantía
de los derechos mínimos de las personas preceptuados en normas respecto de
la materia.

En otras palabras, el denominado «contrato realidad» aplica cuando se
constata en juicio la continua prestación de servicios personales remunerados,
propios de la actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en
sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo
sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las
necesidades de coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos,
para configurar dependencia y subordinación propia de las relaciones
laborales8.

De igual manera, en reciente decisión la subsección B de esta sección segunda 9
recordó que (i) la subordinación o dependencia es la situación en la que se
exige del servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento,
en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, y se le imponen reglamentos,
la cual debe mantenerse durante el vínculo; (ii) le corresponde a la parte actora
demostrar la permanencia, es decir, que la labor sea inherente a la entidad, y
la equidad o similitud, que es el parámetro de comparación con los demás
empleados de planta, requisitos necesarios establecidos por la jurisprudencia,
para desentrañar de la apariencia del contrato de prestación de servicios una
verdadera relación laboral; y (iii) por el hecho de que se declare la existencia
de la relación laboral y puedan reconocerse derechos económicos laborales a
quien fue vinculado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios
que ocultó una verdadera relación laboral, no se le puede otorgar la calidad de
empleado público, dado que para ello es indispensable que se den los
presupuestos de nombramiento o elección y su correspondiente posesión,
elementos de juicio que enmarcan el análisis del tema y que se tendrán en
cuenta para decidir el asunto sub examine.

8
En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, en sentencia de 27
de enero de 2011, expediente: 5001-23-31-000-1998-03542-01 (0202-10).
9
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia de 4 de febrero de 2016, expediente: 81001-23-33-
000-2012-00020-01 (0316-2014).
12

Expediente 76001-23-31-000-2011-01094-01 (1395-2021)
Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
María Zoraida Vásquez Betancourt contra la Nación – Ministerio
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3.3.2 Cooperativas de trabajo asociado. La Ley 79 de 1988, «[p]or la cual se
actualiza la legislación cooperativa», en su artículo 80, preceptúa que las
cooperativas de trabajo asociado son aquellas que vinculan el trabajo personal
de sus socios para la producción de bienes, ejecución de obras o la prestación
de servicios, puesto que son organizaciones sin ánimo de lucro pertenecientes
al sector solidario de la economía; su objeto social es el de generar y mantener
trabajo para los asociados de manera autogestionaria, con autonomía,
autodeterminación y autogobierno. En sus estatutos, según el artículo 5 del
Decreto 4588 de 2006, «[p]or el cual se reglamenta la organización y
funcionamiento de las cooperativas y pre cooperativas de trabajo asociado»,
se debe precisar la actividad socioeconómica que desarrollarán, encaminada al
cumplimiento de su naturaleza, en cuanto a la generación de un trabajo, en los
términos que determinan los organismos nacionales e internacionales sobre la
materia.

Este mismo Decreto, en sus artículos 16 y 17, establece la prohibición, por una
parte, de que el asociado que sea enviado por la cooperativa o precooperativa
de trabajo asociado a prestar servicios a una persona natural o jurídica, por lo
que se considerará trabajador dependiente de la que se beneficie con su trabajo;
y, por la otra, que no podrán actuar como empresas de intermediación laboral
ni disponer del trabajo de los asociados para suministrar mano de obra temporal
a un usuario o a terceros beneficiarios, o remitirlos como trabajadores en misión
con el fin de que atiendan labores de estos, o permitir que respecto de los
asociados se generen relaciones de subordinación o dependencia con los
contratantes, y en tal caso, sus directivos serán solidariamente responsables por
las obligaciones económicas que se causen a favor del trabajador asociado.

En este sentido, se pronunció esta Corporación, en sentencia de 27 de abril de
201610, así:

En la práctica, el trabajo asociado en algunos casos se ha utilizado
como instrumento para escapar a la legislación laboral y así eludir las
obligaciones para con los trabajadores dependientes o subordinados.
Por ello, el Legislador consagro la prohibición de que las
Cooperativas de Trabajo Asociado actúen como empresas de
intermediación laboral, dispongan del trabajo de los asociados para
suministrar mano de obra temporal a usuarios o terceros
beneficiarios, remitan a los asociados como trabajadores en misión
con la finalidad de que atiendan labores propias de un usuario o

10
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección A, fallo de 27 de abril de
2016, expediente 66001-23-31-000-2012-00241-01 (2525-14).
13

Expediente 76001-23-31-000-2011-01094-01 (1395-2021)
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María Zoraida Vásquez Betancourt contra la Nación – Ministerio
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tercero beneficiario del servicio, o permitan que respecto de los
asociados se generen relaciones de subordinación o dependencia con
terceros contratantes; y como consecuencia, estableció que el
asociado que acuda a estas prácticas se considerara trabajador
dependiente de la persona natural o jurídica que se beneficie con su
trabajo. De tal manera que el tercero contratante, la Cooperativa y sus
directivos serán solidariamente responsables por las obligaciones
económicas generadas a favor del trabajador asociado11. Sin perjuicio
de que queden incursas en causal de disolución y liquidación y que
les sea cancelada la personería jurídica12.

Por su parte, la Corte Constitucional, en fallo T-442 de 13 de julio 201713,
reiteró:

[…] si durante la ejecución del contrato de trabajo asociado, la
cooperativa de trabajo asociado infringe la prohibición consistente en
que estas organizaciones solidarias no pueden actuar como empresas
de intermediación laboral, ni disponer del trabajo de sus asociados
para suministrar mano de obra a terceros beneficiarios, o admitir que
respecto de sus asociados se susciten relaciones de subordinación, se
debe dar aplicación la legislación laboral, y no la legislación civil o
comercial porque bajo estas hipótesis confluyen elementos esenciales
que dan lugar a la existencia de un contrato de trabajo simulado por
el contrato cooperativo14.

Así las cosas, se concluye que se defrauda la finalidad con la que se creó este
tipo de asociaciones cuando, a través del funcionamiento de una cooperativa de
trabajo asociado, se encubre el desarrollo de relaciones de labor dependiente, es
decir, cuando el cooperado presta sus servicios con el propósito de atender
funciones propias de un tercero beneficiario bajo los tres elementos del contrato
de trabajo, cuales son: (i) prestación de un trabajo o una labor en forma personal,
(ii) subordinación y (iii) contraprestación por la función desarrollada.

3.4 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las
peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que
gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al
11
Artículos 16 y 17 del Decreto 4588 de 2006, que reglamentan la organización y funcionamiento de las
cooperativas y pre cooperativas de trabajo asociado.
12
«Artículo 7° de la Ley 1233 de 2008. Ley por medio de la cual se precisan los elementos estructurales de las
contribuciones a la seguridad social, se crean las contribuciones especiales a cargo de las Cooperativas y Pre
cooperativas de Trabajo Asociado, con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, al Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar, ICBF, y a las Cajas de Compensación Familiar, se fortalece el control concurrente y se
dictan otras disposiciones».
13
M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
14
Ver, entre otras, las sentencias: T-286 de 2003, T-445 de 2006, T-504 y 962 de 2008, T-484 de 2013 y T-531 de
2015.
14

Expediente 76001-23-31-000-2011-01094-01 (1395-2021)
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plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se
destaca:

a) Convención colectiva de trabajo celebrada entre el extinguido Instituto de
Seguros Sociales y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Seguridad
Social 2001-2004 (ff. 53 a 129 del cuaderno principal).

b) Certificación de 17 de julio de 2008 (f. 21 del cuaderno principal), expedida
por el director de recursos humanos de la cooperativa de trabajo asociado
Prestadores de Servicios Profesionales, según la cual la accionante «[…]
PRESTA(O) SUS ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTOGESTIONARIO COMO
ENFERMERA PROFESIONAL EN LA ESE ANTONIO NARIÑO CLÍNICA
RAFAEL URIBE URIBE CON CONVENIO DE TRABAJO ASOCIADO A
TÉMRINO INDEFINIDO DESDE: EL PRIMERO (1) DE DICIEMBRE DE
2003, CON UNA COMPENSACIÓN MENSUAL DE: DOS MILLONES
SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
($2.075.634) M/CTE.» (sic).

c) Sentencia de 9 de diciembre de 2008, proferida el Juzgado Décimo Laboral
del Circuito de Santiago de Cali (Valle del Cauca), a través de la cual declaró
que entre la actora y el entonces Instituto de Seguros Sociales (ISS) existió una
relación laboral desde el 19 de diciembre de 1996 hasta el 30 de junio de 2003,
dada la prestación de servicios de aquella como auxiliar de enfermería de la
Clínica Rafael Uribe Uribe (ff. 3 a 14 del cuaderno principal), confirmada con
providencia de 12 de mayo de 2009, dictada por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de esa ciudad (ff. 15 a 20 ibidem).

d) El 14 de diciembre de 2009 la demandante reclamó del gerente de la
extinguida ESE Antonio Nariño (para ese momento en liquidación) el
reconocimiento de una relación laboral, debido a su desempeño como auxiliar
de enfermería (ff. 24 a 29 del cuaderno principal), frente a lo que la entidad
guardó silencio y comporta el acto administrativo ficto acusado.

e) Oficio 201911100252421 de 1º. de marzo de 2019, suscrito por el
coordinador de grupos entidades liquidadas del Ministerio de Salud y
Protección Social, con el que se indica, respecto de la accionante, que «[…] una
vez revisadas las bases de datos y los índices de los fondos documentales,
entregados en su momento por el liquidador de la E.S.E. ANTONIO NARIÑO
en Liquidación, a la sociedad que lo administra, Alpopular S.A., […] [ella] no
tuvo vinculación laboral ni contractual con la liquidada entidad […]» (sic).
15

Expediente 76001-23-31-000-2011-01094-01 (1395-2021)
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f) En el trámite de este proceso judicial se recaudó el testimonio de la señora
Neisa Omaira Quintero Blandón, que relató circunstancias referentes a la
prestación de servicios de la actora como auxiliar de enfermería de la referida
institución de salud (ff. 234 a 236 del cuaderno principal).

De las pruebas relacionadas en el acápite anterior, se tiene que la demandante
prestó, de manera personal e interrumpida, sus servicios como auxiliar de
enfermería en la ESE Antonio Nariño. Sobre la fecha de esa labor, en la
demanda expuso que inició el 27 de junio de 2003, pero no hay prueba de ello,
solo que estuvo vinculada a la cooperativa de trabajo asociado Prestadores de
Servicios Profesionales (PSP) desde el 1º. de junio de ese año (sin que en la
certificación emitida por esta se especifique la fecha en que finalizó). También
se encuentra acreditado que el 14 de diciembre de 2009 la accionante solicitó
del gerente de esa extinguida institución de salud el reconocimiento de la
existencia de una relación laboral, lo que no fue atendido de fondo y se
constituyó el acto ficto acusado.

Lo primero que ha de advertirse es que, de conformidad con el artículo 167 del
Código General del Proceso (CGP), aplicable por la remisión expresa del 267
del CCA, «incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen», motivo por el que quien alega
la existencia de un contrato realidad debe desplegar todas las actuaciones para
llevar al juez a dicho convencimiento y, para tal propósito, aportar todos los
elementos probatorios a que haya lugar, los que serán valorados de acuerdo con
la reglas de la sana crítica.

En ese sentido, cabe destacar que, adelantado el trámite en primera instancia,
por medio de la sentencia apelada, el a quo accedió de manera parcial a las
súplicas del libelo introductorio, decisión frente a la que la Nación – Ministerio
de Salud y Protección Social presentó alzada, sustentada en cinco
planteamientos, a saber: (i) el acto ficto no existió, pues la petición fue
respondida a través de Resolución RCA 34 de 29 de enero de 2010, por ende,
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho está caducada; (ii) no están
configurados los elementos de la relación laboral; (iii) no es dable pagarle a la
actora, a título de reparación del daño, el porcentaje de cotización al sistema de
seguridad social en salud y pensiones; (iv) dicha cartera no es solidaria con las
obligaciones de la ESE Antonio Nariño y (v) el Tribunal de instancia debió
declarar de oficio probada la excepción de prescripción extintiva del derecho.

Para desatar el primero de tales reproches, la Sala observa que la demandada no
16

Expediente 76001-23-31-000-2011-01094-01 (1395-2021)
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allegó prueba de la existencia de la Resolución RCA 34 de 2010, con la que
presuntamente se atendió la solicitud de la accionante, sino que se limitó a
exponer que está contenida en el acta 292-11 de 8 de junio de 2011 del comité
jurídico y de conciliación presentada en el trámite de conciliación prejudicial
ante la procuraduría judicial 18 administrativa de Santiago de Cali (Valle del
Cauca). Al respecto, se tiene que en efecto la mencionada acta hace referencia
a ese acto administrativo, pero lo cierto es que esta Corporación no conoce su
contenido y si en realidad atendió la reclamación de la actora; mucho menos se
tiene certeza en lo atañedero al modo como fue notificada esa decisión, lo que
comporta un aspecto en el que las partes discrepan (recuérdese que la
demandante indica que debió ser personal y la accionada defiende que haya sido
por edicto).

Así las cosas, no es dable realizar un análisis frente a este planteamiento del
recurso de apelación, en la medida en que el organismo demandado no aportó
los elementos que conduzcan a esta subsección al convencimiento de que la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada se encuentra
caducada y que el acto administrativo ficto en realidad no existió, pues fue
atendido en forma expresa por la Administración.

Por otro lado, en lo atinente a los elementos configurativos de una relación
laboral, se destaca que en el libelo introductorio la actora dijo que «[…] a partir
del 27 de junio de 2003 […] continu[ó] laborando […]» en la ESE Antonio
Nariño; sin embargo, se insiste, conforme a las pruebas allegadas, hay certeza
de una vinculación desde una fecha cercana, toda vez que la cooperativa de
trabajo asociado Prestadores de Servicios Profesionales certificó que inició
labores desde el 1º. de diciembre de 2003, sin que se conozca el día de su
finalización, según certificación emitida por esta cooperativa.

Sumado a lo anterior, sin perjuicio del recuento fáctico de la demanda, no se
arrimó al proceso documento del que se desprenda algún tipo de relación legal
y reglamentaria o contractual, de la accionante con la liquidada ESE Antonio
Nariño, de lo que pueda concluirse la continuidad en la prestación de los
servicios.

Sobre la configuración del contrato realidad, resulta oportuno precisar que debe
acreditarse la existencia de los tres elementos de la relación laboral: (i) la
prestación personal del servicio, (ii) la remuneración por el trabajo cumplido y
(iii) la subordinación y dependencia.

17

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En lo concerniente al primer elemento, se evidencia que la actora estuvo
vinculada a la cooperativa de trabajo asociado Prestadores de Servicios
Profesionales «DESDE EL PRIMERO (1) DE DICIEMBRE DE 2003» y por lo
menos hasta el 17 de julio de 2008, fecha en que se emitió la certificación
allegada como prueba.

Por tanto, no se cuenta con otro tipo de documentos, tales como los contratos
asociativos, los contratos de prestación de servicios entre la institución de salud
y la cooperativa e incluso comprobantes de pago de nómina, entre otros, de los
que pueda desprenderse con claridad el trabajo de la demandante en el período
alegado en el libelo introductorio (23 de junio de 2003 a 25 de agosto de 2008),
las obligaciones a su cargo y los términos y condiciones con base en los que
prestaba el servicio. También resulta relevante insistir en que en el escrito de
demanda ella afirmó que había ingresado a laborar a la ESE, por medio de
órdenes de prestación de servicios, desde el 27 de junio de 2003, pero ello no
se probó.

En esa medida, conforme a las formalidades de los artículos 39 y 41 de la Ley
80 de 199315, no se aportó documento alguno que acredite un vínculo
contractual entre la accionante y la extinguida ESE Antonio Nariño; tampoco
soportes de pago, recibos de consignación, circulares, comunicados, oficios o
cualquier otro elemento del que pudiera derivarse ese vínculo.

Sumado a lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación 16,
los contratos estatales deben constar por escrito, lo que comporta una
solemnidad que no puede desconocerse y, en caso de no hacerse, el negocio
simplemente no existiría. Además, no debe olvidarse que, en virtud del Decreto
3135 de 1968 (artículo 5), «[l]as personas que presten sus servicios en los
ministerios, departamentos administrativos, superintendencias y
15
De acuerdo con tales formalidades, los contratos estatales deben constar por escrito. Las normas en mención son
las siguientes:
«Artículo 39. De la forma del contrato estatal. Los contratos que celebren las entidades estatales constarán por
escrito y no requerirán ser elevados a escritura pública, con excepción de aquellos que impliquen mutación del
dominio o imposición de gravámenes y servidumbres sobre bienes inmuebles y, en general, aquellos que conforme
a las normas legales vigentes deban cumplir con dicha formalidad.
Las entidades estatales establecerán las medidas que demande la preservación, inmutabilidad y seguridad de los
originales de los contratos estatales.
[…]
Artículo 41. Del perfeccionamiento del contrato. Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo
sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito […]».
16
Al respecto, puede verse, entre otras, la sentencia de 3 de octubre de 2012, expediente 23001-23-31-000-1998-
08976-01 (26140), C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, en la que se dijo: «[…] los contratos estatales deben
constar por escrito, pues así lo disponen los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993, al señalar que es esta la forma
que deben adoptar tales actos jurídicos para existir jurídicamente y quedar perfeccionados, es decir, para que sean
válidos desde la perspectiva estrictamente formal (requisito ad solemnitatem o ad substanciam actus). Esta
exigencia es una de las llamadas formalidades plenas de los contratos del Estado».
18

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establecimientos públicos son empleados públicos; sin embargo, los
trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas son
trabajadores oficiales».

Entonces, no se halla comprobada vinculación directa con la extinguida ESE y,
por ende, no hay lugar a realizar análisis alguno sobre ese particular ante la falta
de material probatorio. No obstante, el período trabajado con intervención de la
cooperativa de trabajo asociado Prestadores de Servicios Profesionales (desde
el 1º. de diciembre de 2003 hasta el 17 de julio de 2008) será objeto de examen
por parte de esta Corporación para establecer si en él se observó las normas
referentes al cooperativismo o si, por el contrario, se configuró un vínculo
laboral con la mencionada ESE.

En ese entendido, esta Sala reitera que, según lo dispuesto en el artículo 5 del
Decreto 4588 de 2006, compilado en el 2.2.8.1.5 del Decreto 1072 de 201517,
el objeto social de las cooperativas de trabajo asociado es «el de generar y
mantener trabajo para los asociados de manera autogestionaria, con
autonomía, autodeterminación y autogobierne. En sus estatutos se deberá
precisar la actividad socioeconómica que desarrollarán, encaminada al
cumplimiento de su naturaleza, en cuanto a la generación de un trabajo, en los
términos que determinan los organismos nacionales e internacionales, sobre la
materia». Sin perjuicio de ello, las normas que regulan la materia y la
jurisprudencia que la han desarrollado han sido enfáticas en las prohibiciones
de (i) enviar a un asociado a que preste servicios a una persona natural o jurídica
en labores propias de esta, por lo que se considerará trabajador dependiente de
la que se beneficie con su trabajo, y (ii) fungir como empresas de intermediación
laboral o disponer del trabajo de sus asociados para suministrar mano de obra
temporal, enviarlos como trabajadores en misión o permitir que se generen
relaciones de subordinación y dependencia con los contratantes.

Frente a las anteriores prohibiciones no existe certeza si fueron desatendidas por
la cooperativa a la que se encontraba vinculada la actora, en la medida en que
solo se cuenta con la referida certificación y la declaración de la señora Neisa
Omaira Quintero Blandón, pruebas que no son suficientes para llevar al
convencimiento respecto de la configuración de los elementos de la relación
laboral, pues no basta que el asociado preste servicios a una persona natural o
jurídica, sino que debe probarse que se desconoció la regulación referente al
cooperativismo. En tal sentido, si bien el testimonio fue específico en describir

17
«Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo».
19

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el modo como la demandante trabajaba como auxiliar de enfermería, no es
consistente en otorgar la relevancia indispensable para obviar la necesidad de
otros elementos de prueba.

A pesar de lo anotado, en cuanto a la configuración del elemento de la
prestación personal del servicio, se sabe que la accionante prestó sus servicios
como auxiliar de enfermería en la ESE Antonio Nariño, con ocasión de su
vinculación a la cooperativa de trabajo asociado Prestadores de Servicios
Profesionales, pero al no conocer con certeza el lapso en que se desarrolló la
labor, no se tiene por satisfecho, máxime cuando se desconocen las condiciones
de tiempo, modo y lugar como se prestaron esos servicios, habida cuenta de
que, según se expuso en la relación de pruebas que precede, no existen
documentos idóneos con información precisa sobre el convenio asociativo.

En lo referente a la remuneración por el trabajo cumplido, tampoco obra
información acerca de que la demandante haya recibido una retribución por sus
servicios, mientras fue trabajadora asociada de la mencionada cooperativa de
trabajo asociado.

Acerca de la subordinación, como último elemento de la relación laboral,
resulta procedente examinar la naturaleza de las funciones desempeñadas por la
actora y su verdadero alcance, con el fin de establecer si existió o no.

Debe precisarse que la ESE Antonio Nariño comportaba una institución cuyo
objetivo era prestar servicios de salud dentro del sistema general de seguridad
social en salud, motivo por el que si bien las funciones de enfermería
desempeñadas por el demandante estarían directamente relacionadas con su
misión, en este caso específico, dado el carente material probatorio, no puede
tenerse por cierto que ese simple hecho configura este elemento18, cuanto más
si no se conoce la fecha de inicio de la prestación del servicio durante el tiempo
vinculada como trabajadora asociada, sino que inició el 1º. de diciembre de
2003.

18
A una conclusión en el mismo sentido llegó esta Sala en sentencia de 2 de septiembre de 2021, expediente 68001-
23-33-000-2017-00626-01 (5168-2019), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, al discurrir: «[…] no todos los contratos
de prestación de servicios que suscriba una institución de salud cuyo propósito sea justamente la asistencia médica,
se enmarcarán en un contrato realidad con la mera aseveración de que está relacionado de manera directa con el
objeto y misión de la entidad. Es así que, para llegar a una decisión favorable a los intereses del demandante en
un caso de «contrato realidad», este debe observar lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso
(CGP), aplicable por la remisión expresa del 306 del CPACA, […] motivo por el que quien alega la existencia de
dicho vínculo laboral debe desplegar las actuaciones necesarias para llevar al juez a ese convencimiento y, para
tal propósito, aportar todos los elementos probatorios a que haya lugar, los que serán valorados de acuerdo con
las reglas de la sana crítica».
20

Expediente 76001-23-31-000-2011-01094-01 (1395-2021)
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En tal sentido, revisada la declaración rendida por la señora Neisa Omaira
Quintero Blandón, única prueba obrante en el proceso (además de la
certificación de PSP), a pesar de que hizo afirmaciones referentes al
cumplimiento de horario y el sometimiento a las reglas de funcionamiento de la
extinguida ESE Antonio Nariño, no establece con claridad las condiciones de
vinculación de la actora.

De igual manera, como se ha dicho a lo largo de estas consideraciones, el escaso
material probatorio no permite confrontar las aseveraciones de la testigo para
llevar a esta Corporación al convencimiento sobre la configuración del
elemento de la subordinación y dependencia propio de una relación laboral.

A partir de ese entendimiento, no hay modo de acreditar que existía una sujeción
de la accionante hacía la otrora ESE, como empleadora, toda vez que no se
cuenta con información sobre imposición de medidas u órdenes de esta, ni
planillas de turno, comunicaciones de las que se evidencie la disposición del
trabajo del empleado u otras circunstancias similares con la misma
consecuencia y, en esa medida, no se desvirtuó que la finalidad con la que se
creó dicho tipo de asociaciones haya sido defraudada, para dar paso a la
configuración de una relación laboral entre la ESE y la actora.

En dichas condiciones, la demandante no le suministró a esta Sala los elementos
de juicio necesarios para arribar al convencimiento de que su vinculación a la
ESE con la intervención de la mencionada cooperativa de trabajo traía consigo
una relación laboral disfrazada, como lo alegó en el libelo introductorio, por
cuanto no incorporó al proceso los medios probatorios con los que demuestre la
configuración del elemento de la subordinación y dependencia indispensable en
la relación laboral reclamada.

Por consiguiente, no se encuentra probada una relación laboral que conlleve la
nulidad del acto administrativo acusado, contrario a lo sostenido por el a quo
que otorgó a las pruebas una valoración más allá de su real contenido y alcance,
pues con ellas sustituyó el deber de la actora de cumplir la previsión del artículo
167 del CGP.

En atención a que prosperó este planteamiento de la alzada, en virtud del
principio de economía y celeridad procesal, esta Sala se sustrae de pronunciarse
sobre los restantes reproches, pues ellos partían del supuesto de una relación
laboral.

21

Expediente 76001-23-31-000-2011-01094-01 (1395-2021)
Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
María Zoraida Vásquez Betancourt contra la Nación – Ministerio
de Salud y Protección Social y otra

Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los
elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo
con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, se
revocará la sentencia de primera instancia, que accedió parcialmente a las
súplicas de la demanda, para en su lugar, negarlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1°. Revócase la sentencia de 5 de septiembre de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo del Quindío, que accedió de manera parcial a las pretensiones
de la demanda instaurada por la señora María Zoraida Vásquez Betancourt
contra la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social – ESE Antonio
Nariño (liquidada) y la Fiduciaria La Previsora SA; en su lugar, niéganse tales
súplicas, conforme a lo consignado en la parte motiva.

2º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en Sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Ausente con excusa Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ (E) CÉSAR PALOMINO CORTÉS

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