Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-31-000-2011-01205-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-31-000-2011-01205-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-31-000-2011-01205-01
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
23 de junio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintidós (2022)
Acción : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 76001-23-31-000-2011-01205-01 (1630-2018)
Demandante : Diego Nicolás Imbachi Añasco
Demandada : Nación - Ministerio de Salud y Protección Social y
Fiduciaria La Previsora SA, como sucesores procesales de
la Empresa Social del Estado (ESE) Antonio Nariño1
Tema : Contrato realidad
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el accionante
contra la sentencia de 9 de noviembre de 2017 proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual negó las súplicas de la
demanda dentro del proceso del epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 La acción (ff. 116 a 131 del cuaderno principal). El señor Diego Nicolás
Imbachi Añasco, mediante apoderada, ocurre ante la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo a incoar acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, conforme al artículo 85 del Código Contencioso Administrativo
(CCA), contra la entonces Empresa Social del Estado (ESE) Antonio Nariño
(sucedida procesalmente por la Nación - Ministerio de Salud y Protección
Social y la Fiduciaria La Previsora SA), para que se acojan las pretensiones que
en el apartado siguiente se precisan.
1.2 Pretensiones. Se declare «[…] la NULIDAD del acto ficto o presunto
resultante del silencio administrativo negativo que se present[ó] frente a la
petición realizada […] el 24 de febrero de 2011[2]» (sic).
A título de restablecimiento del derecho, «[…] se disponga, el reconocimiento
y pago de las prestaciones sociales convencionales, desde que […] se vinculó
con la E.S.E. ANTONIO NARIÑO EN LIQUIDACIÓN, esto es [el] 27 de junio
de 2003, hasta el 15 de noviembre de 2008 […]» (sic), tales como cesantías y
1
Por medio de auto de 30 de noviembre de 2021 (f. 263 del cuaderno principal), se aceptó como sucesores
procesales de la Empresa Social del Estado Antonio Nariño a la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social
y a la Fiduciaria La Previsora SA, dado que el procedimiento liquidatorio de aquella culminó el 30 de septiembre
de 2011.
2
Según lo acreditado, la petición se formuló el 4 de febrero de 2011 y no el 24 siguiente, como se indica en las
súplicas del libelo introductorio.
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sus intereses, vacaciones compensadas en dinero o a modo de indemnización,
tanto legales como convencionales; primas de servicios legales de mitad y fin
de año, navidad, «adicionales convencionales de servicios», técnica,
localización y vacaciones; y auxilios de transporte y alimentación. Asimismo,
se ordene el pago de horas extras, sanción moratoria por la no consignación de
las cesantías, salario de septiembre y 4 días de remuneración de octubre de 2008
y los aportes al sistema general de seguridad social en salud y pensión. Lo
anterior, con la respectiva indexación y las costas a que haya lugar.
1.3 Fundamentos fácticos. Relata el actor que «[…] se vinculó al INSTITUTO
DE SEGUROS SOCIALES SECCIONAL VALLE DEL CAUCA, como [a]uxiliar
de [e]nfermería en el [m]unicipio de Cali, en la Clínica Rafael Uribe Uribe,
iniciando sus labores el 1 de marzo de 1997 a través de la suscripción de un
contrato de prestación de servicios, el cual fue prolongado en el tiempo hasta
el 27 de [j]unio de 2003 y bajo el cual […] prestaba sus servicios al I.S.S.,
sostenido al cumplimiento de las [ó]rdenes de los directivos de esa entidad y de
los reglamentos de la misma […]» (sic).
Que en virtud «[…] del [D]ecreto 1750 […] de 2003, los servidores del I.S.S.,
cualquiera que fuera la denominación de su contrato, se incorporaron a la
planta de cargos de las diferentes empresas sociales sin soluciones de
continuidad, correspondiéndole […] vincularse con la E.S.E. ANTONIO
NARIÑO, en la que siguió ejecutando las labores de AUXILIAR DE
ENFERMERÍA, desde el 27 de junio de 2003 hasta el 15 de [n]oviembre de
2008» (sic).
Afirma que «[…] para el 30 de noviembre de 2003, la E.S.E. ANTONIO
NARIÑO EN LIQUIDACIÓN, le manifestó […] que si deseaba continuar
prestando sus servicios en esa entidad debía afiliarse a la [c]ooperativa de
[p]restación de servicios, ya que esta era la nueva forma en la que podía
emplearse para laborar en esta entidad, es decir, a través de la modalidad de
convenios asociativos de trabajo» (sic), por lo que «[…] estuvo vinculado en
las cooperativas denominadas Prestadores de Servicios Personales P.S.P. y
Solidez C.T.A., desde el 01 de [d]iciembre de 2003 y hasta el 15 de [n]oviembre
de 2008, bajo la suscripción de [c]onvenios asociativos de trabajo» (sic).
Que «[…] cuando [él] […] pas[ó] a laborar a la E.S.E. ANTONIO NARIÑO EN
LIQUIDACIÓN, era beneficiari[o] de la última convención colectiva suscrita
entre el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y los diferentes sindicatos de
trabajadores a los que estaban afiliados sus servidores, y como según lo
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dispuesto en la[s] sentencia[s] C-314 de 2004, C-349 de 2004 y T-166 de 2006,
dicha convención persiste aún en su vigencia, tiene derecho […] a que se le
retribuyan las prestaciones allí contenidas» (sic).
Dice que el 4 de febrero de 2011 solicitó «[…] el reconocimiento de una
relación de orden laboral y el pago de todas las prestaciones sociales
correspondientes, lo cual fue resuelto de manera escueta mediante oficio de
trámite No. D.618 RTA R-516 PAGO ACREENCIAS DIEGO NICOLÁS
IMBACHI AÑASCO de fecha 24 de febrero de 2011» (sic), sin que realmente
se resolviera de fondo su petición, por lo que se constituyó el acto ficto acusado.
1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por el acto administrativo acusado los artículos 13, 29, 53 y 228 de la
Constitución Política; 1 a 4 de la Ley 79 de 1988; 32 de la Ley 80 de 1993; 17
de la Ley 1233 de 2008; 6, 7, 22, 23 y 26 del Decreto ley 254 de 2000; 17 y 18
del Decreto 1750 de 2003; 16 del Decreto 4588 de 2006; y 5 y 6 del Decreto
3870 de 2008. Asimismo, el Decreto 468 de 1990.
Asevera que la demandada desconoce la reiterada jurisprudencia de la Corte
Constitucional3, del Consejo de Estado4 y de la Corte Suprema de Justicia5, y
con ello la primacía de la realidad sobre las formas, pues desdibujó la verdadera
relación contractual al pactar, por medio de contratos de prestación de servicios,
la ejecución permanente de las mismas funciones que desempeñaba un
empleado de planta.
Que «[…] muy a pesar de que en principio […] haya estado en esta entidad
como contratista es decir, desde el 27 de junio de 2003 […] hasta el 30 de
noviembre [siguiente] […] y posteriormente desde el 01 de diciembre de 2003
se haya tornado supuestamente en asociado de diferentes COOPERATIVAS,
creadas por la misma E.S.E., lo cierto es que ambas modalidades contractuales
no fueron más que una charada de falacias, para encubrir la verdadera
relación de trabajo existente con la E.S.E. ANTONIO NARIÑO EN
LIQUIDACIÓN, la que surge de manera palmaria por el simple hecho de que
ostentó el cargo de auxiliar de enfermería […] por espacio de más de 5 años»
(sic).
1.5 Contestación de la demanda. A pesar de haber sido notificada en debida
3
Sentencias C-314 y C-349 de 2004.
4
Providencia de 15 de junio de 2006, C. P. Jesús María Lemos Bustamante.
5
Sentencia de 6 de diciembre de 2006, expediente 25713, M. P. Gustavo José Gnecco Mendoza.
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forma, la accionada guardó silencio en esta oportunidad procesal.
1.6 La providencia apelada (ff. 337 a 349 vuelto). El Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, en sentencia de 9 de noviembre de 2017, negó las súplicas
de la demanda (sin condena en costas), al considerar que «[…] se pretende
demostrar la existencia de una relación laboral entre el actor y la entidad
demandada para el período correspondiente a 27 de junio de 2003 hasta el 15
de noviembre de 2008, por lo que se advierte que […] [él] suscribió contrato
cooperativo con la Cooperativa Solidez el 16 de noviembre de 2008 (después
de la liquidación de la ESE Antonio Nariño6), motivo por el cual la
documentación reseñada con anterioridad, no se valorará por no aportar nada
al objeto de la [l]itis, que se reitera se encuentra circunscrito a determinar si
entre el demandante y la ESE Antonio Nariño (antes de su supresión y
liquidación) existió una relación de trabajo subordinado».
Que en lo atañedero a las declaraciones recaudadas, dado que presentaron
demanda contra la accionada con similares pretensiones, «[…] debe la Sala ser
más rigurosa en […] [su] valoración […]». Por ende, «[…] revisado el
expediente se advierte que no se encuentra ninguna prueba documental que
especifique horarios de prestación del servicio o planillas de turnos (elemento
que permitiría acreditar la periodicidad, continuidad y permanencia del
demandante en el desarrollo de la labor), las funciones que desempeñaba, así
como tampoco que el mism[o] estuviera obligado a cumplir con las directrices
impuestas directamente por un superior o que ejecutara las actividades propias
del giro ordinario de la entidad y ejercidas por los funcionarios de planta».
En consecuencia, «[…] resulta imposible confrontar lo manifestado en las
declaraciones con otros medios de prueba, pues el proceso carece de elementos
de convicción que permitan a la Sala tener certeza respecto de la configuración
de los tres elementos integradores del contrato realidad, principalmente, la
continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del
empleador».
1.7 El recurso de apelación (ff. 183 a 193 del cuaderno principal). El
accionante, por conducto de apoderada, interpuso recurso de apelación, al
estimar que «[…] resulta incomprensible y lamentable los fundamentos de la
negativa expuesta por el magistrado en su decisión, toda vez que tachar como
sospechosos los testimonios rendidos, solo por ellos tener la misma situación
6
«DECRETO 3870 DE 3 DE OCTUBRE DE 2008 - [o]ctubre 3 de 2008. “Por el cual se suprime la Empresa
Social del Estado Antonio Nariño y se ordena su liquidación”» (sic).
4
Expediente 76001-23-31-000-2011-01205-01 (1630-2018)
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laboral de indefensión y haber acudido a la [j]usticia [o]rdinaria resulta un
tanto infortunado el argumento. Es preciso manifestar que las personas idóneas
para dar testimonio de los hechos narrados en la presente acción, son los
mismos compañeros de trabajo de[l] […] demandante, son ellos quienes
vivieron la desigualdad, la realidad de la situación laboral […]».
Que «[e]n este tipo de procesos en los cuales se busca demostrar al [j]uez la
existencia de una relación laboral, muchas veces resulta imposible recepcionar
las pruebas testimoniales, muchas veces debido a que la fecha de las
[a]udiencias se extienden en el tiempo y los testigos cambian de domicilio o
ubicación, sin embargo, en este proceso se lograron recopilar dichos
testimonios y sus declaraciones fueron contundentes claras y dieron al fallador
luces para la toma de una decisión final favorable, la existencia de una relación
laboral es irrefutable […]» (sic).
Aduce que «[…] resulta altisonante con la realidad procesal acreditada aquí
que se haya absuelto a la parte pasiva cuando estaba más que acreditado el
mal uso que le dio a la vinculación a través de C.T.A., dado que los elementos
que conforman la relación laboral están más que evidenciados, al igual que la
forma proterva y falaz en que la E.S.E. ANTONIO NARIÑO (LIQUIDADA) [lo]
vinculó […]» (sic).
II. TRÁMITE PROCESAL.
El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 9 de febrero de
2018 (f. 196 del cuaderno principal) y admitido por esta Corporación a través
de auto de 30 de noviembre de 2021 (f. 263 ibidem), en el que se dispuso la
notificación personal al agente del Ministerio Público y a las otras partes por
estado, en cumplimiento del artículo 212 del CCA.
2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, con providencia de 24 de marzo de 2022 (f. 265 del cuaderno
principal), para que aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara, de
conformidad con lo establecido en el artículo 212 del CCA, oportunidad
aprovechada por las primeras para reiterar sus argumentos de demanda,
apelación y defensa7.
7
Memoriales adjuntados a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
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III. CONSIDERACIONES.
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 129 del CCA a esta
Corporación le corresponde conocer del presente litigio, en segunda instancia.
3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación, corresponde
en esta oportunidad a la Sala determinar si al demandante le asiste razón jurídica
para reclamar de la accionada el reconocimiento y pago de las prestaciones
sociales no devengadas durante el tiempo que permaneció vinculado como
auxiliar de enfermería de la ESE Antonio Nariño, en aplicación del principio de
«primacía de la realidad sobre formalidades»; o, por el contrario, no se probó
la existencia de los elementos propios de una relación laboral, como lo concluyó
el a quo.
3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado
en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo
a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso
concreto.
3.3.1 Asuntos de contrato realidad. En principio, cabe precisar que respecto
de los contratos estatales de prestación de servicios, la Ley 80 de 1993, en su
artículo 32 (numeral 3), dispone:
Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración
o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse
con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse
con personal de planta o requieran conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos general relación laboral ni prestaciones
sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.
Posteriormente, este artículo fue modificado por los Decretos 165 de 1997, 2209
de 1998 y 2170 de 2002, que precisaron «solo se realizarán para fines
específicos o no hubiere personal de planta suficiente para prestar el servicio
a contratar».
Es decir, que el contrato de prestación de servicios es aquel por el cual se vincula
excepcionalmente a una persona natural con el propósito de suplir actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para
desarrollar labores especializadas que no pueden asumir el personal de planta y
que no admite el elemento de subordinación por parte del contratista, toda vez
6
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que debe actuar como sujeto autónomo e independiente bajo los términos del
contrato y de la ley contractual.
Por su parte, la Corte Constitucional, al estudiar la constitucionalidad de las
expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o» y «en ningún caso
[…] general relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en el
precitado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en sentencia C-154
de 19978, precisó las diferencias entre el contrato de prestación de servicios y
el de carácter laboral, así:
Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes
al de prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél
se configure se requiere la existencia de la prestación personal del
servicio, la continuada subordinación laboral y la remuneración como
contraprestación del mismo. En cambio, en el contrato de prestación de
servicios, la actividad independiente desarrollada, puede provenir de
una persona jurídica con la que no existe el elemento de la subordinación
laboral o dependencia consistente en la potestad de impartir órdenes en
la ejecución de la labor contratada.
Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato
de prestación de servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus
elementos son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste
singularidades propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto
para los fines perseguidos como por la naturaleza y objeto de los
mismos.
En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que
determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de
servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra
un contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada,
no puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista
independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario sensu,
en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o
dependiente consistente en la actitud por parte de la administración
contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto
a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de
trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo
con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la
denominación de un contrato de prestación de servicios independiente.
Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o
dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los
términos del contrato, ni pretender el pago de un salario como
8
M. P. Hernando Herrera Vergara.
7
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contraprestación de los servicios derivados del contrato de trabajo,
sino, más bien, de honorarios profesionales a causa de la actividad del
mandato respectivo.
Ahora bien, el artículo 2 del Decreto 2400 de 1968 9, «[p]or el cual se
modifican las normas que regulan la administración del personal civil […]»,
dispone:
Se entiende por empleo el conjunto de funciones señaladas por la
Constitución, la ley, el reglamento o asignadas por autoridad
competente que deben ser atendidas por una persona natural.
Empleado o funcionario es la persona nombrada para ejercer un
empleo y que ha tomado posesión del mismo.
Los empleados civiles de la Rama Ejecutiva integran el servicio civil
de la República.
Quienes presten al Estado Servicios ocasionales como los peritos
obligatorios, como los jurados de conciencia o de votación;
temporales, como los técnicos y obreros contratados por el tiempo de
ejecución de un trabajo o una obra son meros auxiliares de la
Administración Pública y no se consideran comprendidos en el
servicio civil, por no pertenecer a sus cuadros permanentes.
Para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los
empleos correspondientes, y en ningún caso, podrán celebrarse
contratos de prestación de servicios para el desempeño de tales
funciones.
La parte subrayada de la precitada disposición fue declarada exequible por la
Corte Constitucional, en sentencia C-614 de 2009, al señalar la permanencia,
entre otros criterios, como un elemento más que indica la existencia de una
relación laboral. Frente al tema, expuso:
La Corte encuentra que la prohibición a la administración pública de
celebrar contratos de prestación de servicios para el ejercicio de
funciones de carácter permanente se ajusta a la Constitución, porque
constituye una medida de protección a la relación laboral, ya que no
sólo impide que se oculten verdaderas relaciones laborales, sino
también que se desnaturalice la contratación estatal, pues el contrato
de prestación de servicios es una modalidad de trabajo con el Estado
de tipo excepcional, concebido como un instrumento para atender
funciones ocasionales, que no hacen parte del giro ordinario de las
9
Modificado por el Decreto 3074 del mismo año.
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labores encomendadas a la entidad, o siendo parte de ellas no pueden
ejecutarse con empleados de planta o se requieran conocimientos
especializados. De igual manera, despliega los principios
constitucionales de la función pública en las relaciones contractuales
con el Estado, en tanto reitera que el ejercicio de funciones
permanentes en la administración pública debe realizarse con el
personal de planta, que corresponde a las personas que ingresaron a la
administración mediante el concurso de méritos.
De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura
cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral,
esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada
subordinación, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a
favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en
el artículo 53 de la Constitución Política, con el que se propende por la garantía
de los derechos mínimos de las personas preceptuados en normas respecto de
la materia.
En otras palabras, el denominado «contrato realidad» aplica cuando se
constata en juicio la continua prestación de servicios personales remunerados,
propios de la actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en
sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo
sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las
necesidades de coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos,
para configurar dependencia y subordinación propia de las relaciones
laborales10.
De igual manera, en reciente decisión la subsección B de esta sección
segunda11 recordó que (i) la subordinación o dependencia es la situación en la
que se exige del servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier
momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, y se le imponen
reglamentos, la cual debe mantenerse durante el vínculo; (ii) le corresponde a
la parte actora demostrar la permanencia, es decir, que la labor sea inherente a
la entidad, y la equidad o similitud, que es el parámetro de comparación con
los demás empleados de planta, requisitos necesarios establecidos por la
jurisprudencia, para desentrañar de la apariencia del contrato de prestación de
servicios una verdadera relación laboral; y (iii) por el hecho de que se declare
10
En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, en sentencia de
27 de enero de 2011, expediente: 5001-23-31-000-1998-03542-01 (202-10).
11
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia de 4 de febrero de 2016, expediente: 81001-23-33-
000-2012-00020-01 (316-2014).
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la existencia de la relación laboral y puedan reconocerse derechos económicos
laborales a quien fue vinculado bajo la modalidad de contrato de prestación de
servicios que ocultó una verdadera relación laboral, no se le puede otorgar la
calidad de empleado público, dado que para ello es indispensable que se den
los presupuestos de nombramiento o elección y su correspondiente posesión,
elementos de juicio que enmarcan el análisis del tema y que se tendrán en
cuenta para decidir el asunto sub examine.
3.3.2 Cooperativas de trabajo asociado. La Ley 79 de 1988, «[p]or la cual se
actualiza la legislación cooperativa», en su artículo 80, preceptúa que las
cooperativas de trabajo asociado son aquellas que vinculan el trabajo personal
de sus socios para la producción de bienes, ejecución de obras o la prestación
de servicios, puesto que son organizaciones sin ánimo de lucro pertenecientes
al sector solidario de la economía; su objeto social es el de generar y mantener
trabajo para los asociados de manera autogestionaria, con autonomía,
autodeterminación y autogobierno. En sus estatutos, según el artículo 5 del
Decreto 4588 de 2006, «[p]or el cual se reglamenta la organización y
funcionamiento de las cooperativas y pre cooperativas de trabajo asociado»,
se debe precisar la actividad socioeconómica que desarrollarán, encaminada al
cumplimiento de su naturaleza, en cuanto a la generación de un trabajo, en los
términos que determinan los organismos nacionales e internacionales sobre la
materia.
Este mismo Decreto, en sus artículos 16 y 17, establece la prohibición, por una
parte, de que el asociado que sea enviado por la cooperativa o precooperativa
de trabajo asociado a prestar servicios a una persona natural o jurídica, por lo
que se considerará trabajador dependiente de la que se beneficie con su trabajo;
y, por la otra, que no podrán actuar como empresas de intermediación laboral
ni disponer del trabajo de los asociados para suministrar mano de obra temporal
a un usuario o a terceros beneficiarios, o remitirlos como trabajadores en misión
con el fin de que atiendan labores de estos, o permitir que respecto de los
asociados se generen relaciones de subordinación o dependencia con los
contratantes, y en tal caso, sus directivos serán solidariamente responsables por
las obligaciones económicas que se causen a favor del trabajador asociado.
En este sentido, se pronunció esta Corporación, en sentencia de 27 de abril de
201612, así:
12
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección A, fallo de 27 de abril de
2016, expediente 66001-23-31-000-2012-00241-01 (2525-14).
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Expediente 76001-23-31-000-2011-01205-01 (1630-2018)
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En la práctica, el trabajo asociado en algunos casos se ha utilizado como
instrumento para escapar a la legislación laboral y así eludir las
obligaciones para con los trabajadores dependientes o subordinados. Por
ello, el Legislador consagro la prohibición de que las Cooperativas de
Trabajo Asociado actúen como empresas de intermediación laboral,
dispongan del trabajo de los asociados para suministrar mano de obra
temporal a usuarios o terceros beneficiarios, remitan a los asociados
como trabajadores en misión con la finalidad de que atiendan labores
propias de un usuario o tercero beneficiario del servicio, o permitan que
respecto de los asociados se generen relaciones de subordinación o
dependencia con terceros contratantes; y como consecuencia, estableció
que el asociado que acuda a estas prácticas se considerara trabajador
dependiente de la persona natural o jurídica que se beneficie con su
trabajo. De tal manera que el tercero contratante, la Cooperativa y sus
directivos serán solidariamente responsables por las obligaciones
económicas generadas a favor del trabajador asociado13. Sin perjuicio
de que queden incursas en causal de disolución y liquidación y que les
sea cancelada la personería jurídica14.
Por su parte, la Corte Constitucional, en fallo T-442 de 13 de julio 201715,
reiteró:
[…] si durante la ejecución del contrato de trabajo asociado, la
cooperativa de trabajo asociado infringe la prohibición consistente en
que estas organizaciones solidarias no pueden actuar como empresas de
intermediación laboral, ni disponer del trabajo de sus asociados para
suministrar mano de obra a terceros beneficiarios, o admitir que respecto
de sus asociados se susciten relaciones de subordinación, se debe dar
aplicación la legislación laboral, y no la legislación civil o comercial
porque bajo estas hipótesis confluyen elementos esenciales que dan
lugar a la existencia de un contrato de trabajo simulado por el contrato
cooperativo16.
Así las cosas, se concluye que se defrauda la finalidad con la que se creó este
tipo de asociaciones cuando, a través del funcionamiento de una cooperativa de
trabajo asociado, se encubre el desarrollo de relaciones de labor dependiente, es
decir, cuando el cooperado presta sus servicios con el propósito de atender
13
Artículos 16 y 17 del Decreto 4588 de 2006, que reglamentan la organización y funcionamiento de las
cooperativas y pre cooperativas de trabajo asociado.
14
«Artículo 7° de la Ley 1233 de 2008. Ley por medio de la cual se precisan los elementos estructurales de las
contribuciones a la seguridad social, se crean las contribuciones especiales a cargo de las Cooperativas y Pre
cooperativas de Trabajo Asociado, con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, al Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar, ICBF, y a las Cajas de Compensación Familiar, se fortalece el control concurrente y se
dictan otras disposiciones».
15
M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
16
Ver, entre otras, las sentencias: T-286 de 2003, T-445 de 2006, T-504 y 962 de 2008, T-484 de 2013 y T-531 de
2015.
11
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funciones propias de un tercero beneficiario bajo los tres elementos del contrato
de trabajo, los cuales son: (i) prestación de un trabajo o una labor en forma
personal, (ii) subordinación y (iii) contraprestación por la función desarrollada.
3.4 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las
peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que
gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al
plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se
destaca:
a) Oficio de 9 de abril de 2012 (f. 3 del cuaderno de pruebas), suscrito por el
representante legal de la cooperativa de trabajo asociado Prestadores de
Servicios Profesionales (PSP), en la que se informa que el actor «[…] no fue
emplead[o] por la Cooperativa, por lo tanto no se puede anexar [h]istoria
[l]aboral, ni los demás documentos requeridos. La relación con [él] […] era en
calidad de asociado hasta el día 15 de [n]oviembre de 2008 […]».
b) Certificación de 23 de abril de 2012 (f. 68 del cuaderno de pruebas), expedida
por el representante legal de la cooperativa de trabajo asociado Solidez, según
la cual el accionante «[…] estuvo vinculado a la Cooperativa mediante
convenio como asociado trabajador, desde el 16 de [n]oviembre de 2008 hasta
el 30 de [n]oviembre de 2008 en el Centro de Trabajo Unión Temporal
Comfenalco Valle – Unilibre y del 01 de [j]unio de 2011 hasta el 30 de [j]ulio
de 2011 en el Centro de Trabajo Clínica Colombia. Desempeñando actividades
de AUXILIAR DE ENFERMERÍA. Durante estos períodos la Cooperativa no
tuvo contratos de [p]restación de [s]ervicios con la Empresa Social del Estado
Antonio Nariño en liquidación» (sic).
c) «Convenios asociativos de trabajo» suscritos entre el demandante y la
cooperativa de trabajo asociado Solidez el 1º. de junio de 2011 y el otro sin
fecha (ff. 65 y 66 del cuaderno de pruebas). Sobre este documento se advierte
que su parte inicial únicamente está el nombre de aquel sin más datos respecto
de los intervinientes y aparecen al final las firmas del actor y de la gerente de la
cooperativa. No obstante, el resto del documento tiene espacios en blanco sin
diligenciar, en especial el de la compensación ordinaria mensual que recibiría
el asociado.
d) El 4 de febrero de 2011 el accionante reclamó del gerente de la extinguida
ESE Antonio Nariño (para ese momento en liquidación) el reconocimiento de
una relación laboral, debido a su desempeño como auxiliar de enfermería (ff.
12
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17 a 21 del cuaderno principal).
e) A través de oficio D-618 RTA R-533 PAGO ACREENCIAS de 24 de febrero
de 2011, la coordinadora técnica de la entonces ESE Antonio Nariño en
Liquidación, en presunta respuesta a la petición del demandante, junto con otros
reclamantes, indicó cuál era el procedimiento de liquidación que se surtía en
dicha entidad, sin que se haya hecho alusión a su caso específico, con lo que en
el libelo introductorio se arguye que no hubo respuesta de fondo y acusó de
nulidad el acto ficto generado por el silencio del ente estatal17 (ff. 24 a 26 del
cuaderno principal).
f) Relación mensual de tiempo trabajado y valores devengados expedida por la
cooperativa de trabajo asociado Solidez, que da cuenta de que el actor ejerció
el cargo de auxiliar de enfermería y discrimina como períodos trabajados: del
16 al 30 de noviembre de 2009 y desde el 1º. de junio hasta el 31 de julio de
2011 (f. 55 del cuaderno de pruebas). Este documento está acompañado por las
planillas de pago al sistema integral de seguridad social durante esos interregnos
(ff. 56 a 64 ibidem).
g) Auto de pruebas de 8 de febrero de 2012 (ff. 140 y 141 del cuaderno
principal), dictado dentro de este proceso, en el que se decretaron los medios
probatorios documentales y pericial pedidos por el accionante; sin embargo, con
memorial de 23 de mayo de 2013 (f. 147 ibidem), su apoderada informó: «[…]
DESISTO de las pruebas solicitadas en la demanda principal dentro del
[a]cápite MEDIOS DE PRUEBA – OFICIOS. Lo anterior teniendo en cuenta
que la suscrita alleg[ó] con la demanda todos los documentos necesarios para
decidir este asunto y en vista [de] que el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES
ha hecho caso omiso a los requerimientos hechos por el despacho, se hace
necesario el desistimiento de estas pruebas para no hacer más dilatorio el
proceso» (sic). En atención a lo anterior, el 26 de agosto siguiente se corrió
traslado a las partes para alegar de conclusión (f. 146 ibidem).
h) En el trámite de este proceso judicial se recaudaron los testimonios de los
señores Neisa Omaira Quintero y Hernando López Ramírez, que relataron
circunstancias referentes a la prestación de servicios del demandante como
auxiliar de enfermería de la referida institución de salud (ff. 4 a 6 y 22 a 24 del
cuaderno de pruebas).
17
Al respecto, se destaca que en la primera instancia se admitió que esta sería la decisión demandada, situación que
no ha variado en el curso del proceso, ni fue discutido por la accionada, por lo que frente a ella se hará el examen
de legalidad.
13
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De las pruebas relacionadas en el acápite anterior, se tiene que el actor prestó,
de manera personal e interrumpida, sus servicios como auxiliar de enfermería
en la ESE Antonio Nariño. Sobre la fecha de esa labor, en la demanda expuso
que inició el 27 de junio de 2003, pero no hay prueba de ello, solo que estuvo
vinculado a la cooperativa de trabajo asociado Prestadores de Servicios
Profesionales hasta el 15 de noviembre de 2008 (sin que en la certificación
emitida por esta se especifique la fecha en que empezó) y con Solidez CTA
desde el 16 siguiente hasta el 30 de noviembre de 2008 y del 1º. de junio al 31
de julio de 2011, pero esta última advierte que en esos períodos no suscribió
contrato de prestación de servicios con la mencionada ESE. También se
encuentra acreditado que el 4 de febrero de 2011 el accionante solicitó del
gerente de esa extinguida institución de salud el reconocimiento de la existencia
de una relación laboral, lo que no fue atendido de fondo y se constituyó el acto
ficto acusado.
Lo primero que ha de advertirse es que, contrario a lo alegado en el recurso de
apelación, de conformidad con el artículo 167 del Código General del Proceso
(CGP), aplicable por la remisión expresa del 267 del CCA, «incumbe a las
partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que ellas persiguen», motivo por el que quien alega la existencia de un
contrato realidad debe desplegar todas las actuaciones para llevar al juez a dicho
convencimiento y, para tal propósito, aportar todos los elementos probatorios a
que haya lugar, los que serán valorados de acuerdo con la reglas de la sana
crítica.
En ese sentido, cabe destacar que en el libelo introductorio el actor indicó que
«[…] siguió ejecutando las labores de AUXILIAR DE ENFERMERÍA desde el
27 de junio de 2003 hasta el 15 de [n]oviembre de 2008» (sic); sin embargo, se
insiste, conforme a las pruebas allegadas, hay certeza de una vinculación a la
cooperativa de trabajo asociado Prestadores de Servicios Profesionales hasta el
15 de noviembre de 2008, sin que se conozca la fecha de su inicio, según
certificación emitida por esta cooperativa (f. 4 del cuaderno de pruebas); y del
16 al 30 siguientes y desde el 1º. de junio al 31 de julio de 2011 con la
cooperativa de trabajo asociado Solidez CTA, a pesar de que esta señaló en su
certificación (f. 68 ibidem) que no tuvo relación contractual con la ESE
liquidada.
Sumado a lo anterior, sin perjuicio del recuento fáctico de la demanda, no se
allegó al proceso documento del que se desprenda algún tipo de relación legal
y reglamentaria o contractual, del accionante con la liquidada ESE Antonio
14
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Nariño, de lo que pueda concluirse la continuidad en la prestación de los
servicios.
Sobre la configuración del contrato realidad, resulta oportuno precisar que debe
acreditarse la existencia de los tres elementos de la relación laboral: (i) la
prestación personal del servicio, (ii) la remuneración por el trabajo cumplido y
(iii) la subordinación y dependencia.
En lo atañedero al primer elemento, se evidencia que el demandante estuvo
vinculado a cooperativas de trabajo asociado durante tres períodos: (i) hasta el
15 de noviembre de 2008 (sin que se conozca la fecha de inicio), (ii) del 16 al
30 de noviembre de 2008 y (iii) de 1º. de junio a 31 de julio de 2011; empero,
los dos últimos interregnos se descartan para el análisis que debe realizar esta
Corporación, puesto que, por un lado, en el libelo introductorio se reclama la
existencia de la relación laboral del 27 de junio de 2003 al 15 de noviembre de
2008 y, por otro, la cooperativa Solidez CTA certificó la vinculación del actor,
como asociado, pero con la advertencia que no existió en esos lapsos contrato
de prestación de servicios con la extinguida ESE Antonio Nariño.
Así las cosas, no se cuenta con otro tipo de documentos, tales como los contratos
asociativos, los contratos de prestación de servicios entre la institución de salud
y la cooperativa e incluso comprobantes de pago de nómina, entre otros, de los
que pueda desprenderse, con claridad, el trabajo del demandante en el período
alegado en la demanda (23 de junio de 2003 a 15 de noviembre de 2008), las
obligaciones a su cargo y los términos y condiciones en que se prestaba el
servicio. También resulta relevante insistir en que en el escrito de demanda el
actor afirmó que había ingresado a laborar a la ESE, por medio de órdenes de
prestación de servicios, desde el 27 de junio de 2003, pero ello no se probó.
En esa medida, conforme a las formalidades de los artículos 39 y 41 de la Ley
80 de 199318, no se allegó documento alguno que acredite un vínculo
contractual entre el accionante y la extinguida ESE Antonio Nariño. Tampoco
18
De acuerdo con tales formalidades, los contratos estatales deben constar por escrito. Las normas en mención son
las siguientes:
«Artículo 39. De la forma del contrato estatal. Los contratos que celebren las entidades estatales constarán por
escrito y no requerirán ser elevados a escritura pública, con excepción de aquellos que impliquen mutación del
dominio o imposición de gravámenes y servidumbres sobre bienes inmuebles y, en general, aquellos que conforme
a las normas legales vigentes deban cumplir con dicha formalidad.
Las entidades estatales establecerán las medidas que demande la preservación, inmutabilidad y seguridad de los
originales de los contratos estatales.
[…]
Artículo 41. Del perfeccionamiento del contrato. Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo
sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito […]».
15
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aportó soportes de pago, recibos de consignación, circulares, comunicados,
oficios o cualquier otro elemento del que pudiera derivarse esa vinculación.
Sumado a lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación 19,
los contratos estatales deben constar por escrito, lo que comporta una
solemnidad que no puede desconocerse y, en caso de no hacerse, el negocio
simplemente no existiría. Además, no debe olvidarse que, en virtud del Decreto
3135 de 1968 (artículo 5), «[l]as personas que presten sus servicios en los
ministerios, departamentos administrativos, superintendencias y
establecimientos públicos son empleados públicos; sin embargo, los
trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas son
trabajadores oficiales».
Entonces, no se halla comprobada vinculación directa con la extinguida ESE y,
por ende, no hay lugar a realizar análisis alguno sobre ese particular ante la falta
de material probatorio. No obstante, el período trabajado con intervención de la
cooperativa de trabajo asociado Prestadores de Servicios Profesionales (hasta el
15 de noviembre de 2008) será objeto de análisis por parte de esta Corporación
para establecer si en él se observó las normas referentes al cooperativismo o si,
por el contrario, se configuró un vínculo laboral con la mencionada ESE, como
se insiste en la alzada.
En ese entendido, esta Sala reitera que, según lo dispuesto en el artículo 5 del
Decreto 4588 de 2006, compilado en el 2.2.8.1.5 del Decreto 1072 de 201520,
el objeto social de las cooperativas de trabajo asociado es «el de generar y
mantener trabajo para los asociados de manera autogestionaria, con
autonomía, autodeterminación y autogobierne. En sus estatutos se deberá
precisar la actividad socioeconómica que desarrollarán, encaminada al
cumplimiento de su naturaleza, en cuanto a la generación de un trabajo, en los
términos que determinan los organismos nacionales e internacionales, sobre la
materia». Sin perjuicio de ello, las normas que regulan la materia y la
jurisprudencia que la han desarrollado han sido enfáticas en las prohibiciones
de (i) enviar a un asociado a que preste servicios a una persona natural o jurídica
en labores propias de esta, por lo que se considerará trabajador dependiente de
la que se beneficie con su trabajo, y (ii) fungir como empresas de intermediación
19
Al respecto, puede verse, entre otras, la sentencia de 3 de octubre de 2012, expediente 23001-23-31-000-1998-
08976-01 (26140), C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, en la que se dijo: «[…] los contratos estatales deben
constar por escrito, pues así lo disponen los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993, al señalar que es esta la forma
que deben adoptar tales actos jurídicos para existir jurídicamente y quedar perfeccionados, es decir, para que sean
válidos desde la perspectiva estrictamente formal (requisito ad solemnitatem o ad substanciam actus). Esta
exigencia es una de las llamadas formalidades plenas de los contratos del Estado».
20
«Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo».
16
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laboral o disponer del trabajo de sus asociados para suministrar mano de obra
temporal, enviarlos como trabajadores en misión o permitir que se generen
relaciones de subordinación y dependencia con los contratantes.
Frente a las anteriores prohibiciones no existe certeza si fueron desatendidas por
la cooperativa a la que se encontraba vinculado el actor, en la medida en que
solo se cuenta con las referidas certificaciones y las declaraciones de los señores
Neisa Omaira Quintero y Hernando López Ramírez, pruebas que no son
suficientes para llevar al convencimiento respecto de la configuración de los
elementos de la relación laboral, pues no basta que el asociado preste servicios
a una persona natural o jurídica, sino que debe probarse que se desconoció la
regulación referente al cooperativismo. En tal sentido, si bien los testimonios
fueron específicos en describir el modo como el demandante trabajaba como
auxiliar de enfermería, no son consistentes en otorgar la relevancia
indispensable para obviar la necesidad de otros elementos de prueba.
A pesar de lo anotado, en cuanto a la configuración del elemento de la
prestación personal del servicio, se sabe que el accionante prestó sus servicios
como auxiliar de enfermería en la ESE Antonio Nariño, con ocasión de su
vinculación a la cooperativa de trabajo asociado Prestadores de Servicios
Profesionales (recuérdese que el período laborado con la cooperativa Solidez se
excluyó de este análisis porque está por fuera de las pretensiones de la
demanda), pero al no conocer su fecha de inicio o si se presentó alguna
interrupción, no se tiene por satisfecho, máxime cuando se desconocen las
condiciones de tiempo, modo y lugar como se prestaron esos servicios, habida
cuenta de que, según se expuso en la relación de pruebas que precede, se
allegaron al proceso dos documentos titulados «convenio de trabajo asociado»
con la cooperativa de trabajo asociado PSP, que carecen de información precisa
sobre las partes intervinientes y la compensación ordinaria mensual que suelen
recibir los asociados, pues solo aparecen las firmas del accionante y de la
gerente de dicha cooperativa, sin que se indique el lugar de la prestación de
servicios ni que las tareas específicas eran de auxiliar de enfermería, por lo que
se concluye que se trata de un formulario general que bien pudo ser suscrito por
cualquier otra persona.
En lo referente a la remuneración por el trabajo cumplido, tampoco obra
información acerca de que el demandante haya recibido una retribución por sus
servicios, mientras fue trabajador asociado de la mencionada cooperativa de
trabajo asociado.
17
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Acerca de la subordinación, como último elemento de la relación laboral,
resulta procedente examinar la naturaleza de las funciones desempeñadas por el
accionante y su verdadero alcance, con el fin de establecer si existió o no.
Debe precisarse que la ESE Antonio Nariño comportaba una institución cuyo
objetivo era prestar servicios de salud dentro del sistema general de seguridad
social en salud, motivo por el que si bien las funciones de enfermería
desempeñadas por el demandante estarían directamente relacionadas con su
misión, en este caso específico, dado el carente material probatorio, no puede
tenerse por cierto que ese simple hecho configura este elemento21, cuanto más
si no se conoce la fecha de inicio de la prestación del servicio durante el lapso
vinculado como trabajador asociado, sino que culminó el 15 de noviembre de
2008.
En tal sentido, revisadas las declaraciones rendidas por los señores Neisa
Omaira Quintero y Hernando López Ramírez, únicas pruebas obrantes en el
proceso (además de la certificación de PSP), a pesar de que coinciden en
afirmaciones referentes al cumplimiento de horario y el sometimiento a las
reglas de funcionamiento de la extinguida ESE Antonio Nariño (incluso con la
identificación de quien fuera la supuesta jefe inmediata del actor, la señora
María Elena Castro), lo cierto es que incurren en imprecisiones frente a aspectos
como las condiciones de vinculación del actor (algunas veces se refieren a
contrato laboral y otras de prestación de servicios), lo que llama la atención de
la Sala, en especial, porque ellos expresan que se encuentran en similar situación
que él, al punto que también demandaron ante esta jurisdicción con el mismo
propósito de la acción que se decide en esta providencia, por lo que esas
inconsistencias le restan credibilidad a esos testimonios.
De igual manera, como se ha dicho a lo largo de estas consideraciones, el escaso
material probatorio no permite confrontar las aseveraciones de los declarantes
para llevar a esta Corporación al convencimiento sobre la configuración del
elemento de subordinación y dependencia propio de una relación laboral. Por
consiguiente, no resulta admisible el planteamiento del demandante
21
A una conclusión en el mismo sentido llegó esta Sala en sentencia de 2 de septiembre de 2021, expediente 68001-
23-33-000-2017-00626-01 (5168-2019), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, al discurrir: «[…] no todos los contratos
de prestación de servicios que suscriba una institución de salud cuyo propósito sea justamente la asistencia médica,
se enmarcarán en un contrato realidad con la mera aseveración de que está relacionado de manera directa con el
objeto y misión de la entidad. Es así que, para llegar a una decisión favorable a los intereses del demandante en
un caso de «contrato realidad», este debe observar lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso
(CGP), aplicable por la remisión expresa del 306 del CPACA, […] motivo por el que quien alega la existencia de
dicho vínculo laboral debe desplegar las actuaciones necesarias para llevar al juez a ese convencimiento y, para
tal propósito, aportar todos los elementos probatorios a que haya lugar, los que serán valorados de acuerdo con
las reglas de la sana crítica».
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Expediente 76001-23-31-000-2011-01205-01 (1630-2018)
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concerniente a que era imposible la obtención de otros medios de prueba, como
planillas de turnos o comunicaciones expedidas por la ESE y que los
testimonios serían suficientes para una sentencia favorable. Sobre el particular,
se destaca que el actor contaba con instrumentos al interior de este proceso con
los cuales podía obtener esas pruebas, de los que no hizo uso, pues se recuerda
que desistió de los medios probatorios decretados, con lo que obvió el
cumplimiento del artículo 167 del CGP.
A partir de ese entendimiento, no hay modo de acreditar que existía una sujeción
del accionante hacía la otrora ESE, como empleadora, toda vez que no se cuenta
con información sobre imposición de medidas u órdenes de esta, ni planillas de
turno, comunicaciones de las que se evidencie la disposición del trabajo del
empleado u otras circunstancias similares con la misma consecuencia y, en esa
medida, no se desvirtuó que la finalidad con la que se creó dicho tipo de
asociaciones haya sido defraudada, para dar paso a la configuración de una
relación laboral entre la ESE y el actor.
En dichas condiciones, el demandante no le suministró a esta Sala los elementos
de juicio necesarios para arribar al convencimiento de que su vinculación a la
ESE con la intervención de diferentes cooperativas de trabajo traía consigo una
relación laboral disfrazada, como lo alegó en el libelo introductorio y en la
alzada, por cuanto no incorporó al proceso los medios probatorios con los que
demuestre la configuración del elemento de la subordinación y dependencia
indispensable en la relación laboral reclamada, por lo que la decisión adoptada
por el a quo estuvo ajustada a derecho.
Con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados
en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones
sobre el particular, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, que negó
las súplicas de la demanda, toda vez que no se desvirtuó la presunción de legalidad
del acto acusado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1°. Confírmase la sentencia de 9 de noviembre de 2017 proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda
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instaurada por el señor Diego Nicolás Imbachi Añasco contra la entonces
Empresa Social del Estado (ESE) Antonio Nariño (sucedida procesalmente por
la Nación - Ministerio de Salud y Protección Social y la Fiduciaria La Previsora
SA), conforme a lo indicado en la parte motiva.
2°. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
20
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