Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2011-01345-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de reparación directa
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2011-01345-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 76001-23-31-000-2011-01345-01
Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez
27 de agosto de 2021
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / NORMATIVIDAD DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL / NORMATIVIDAD DEL ERROR JURISDICCIONAL / PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL / PRESUPUESTOS DEL ERROR JURISDICCIONAL / REGULACIÓN NORMATIVA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL / REQUISITOS DEL ERROR JURISDICCIONAL / REQUISITOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL / LEY ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
[E]l error jurisdiccional como título jurídico de imputación de responsabilidad del Estado, regulado en la Ley 270 de 1996 , plantea un vínculo inescindible con el derecho de acceso a la administración de justicia y de tutela judicial efectiva, en tanto su configuración implica la vulneración o lesión de dichos derechos a través del ejercicio abiertamente irregular, arbitrario o erróneo de la actividad jurisdiccional; de ahí que el juicio de responsabilidad realizado bajo este título de atribución, requiere verificar si la acción u omisión de la autoridad investida de tal facultad menoscabó el ejercicio de los mencionados derechos. La jurisprudencia constitucional ha definido el acceso a la administración de justicia , como un derecho fundamental que no se decanta en el ejercicio del derecho de acción, sino que conlleva la garantía del derecho a la tutela judicial efectiva, el cual, comprende: i) la posibilidad de los ciudadanos de acudir y plantear un problema ante las autoridades judiciales, ii) el derecho a obtener una resolución de fondo de la litis para que se haga un estudio profundo de las pretensiones, el cual se verá reflejado en la obtención de una sentencia motivada, razonable, congruente y fundada en derecho y, iii) el derecho a la ejecución de la sentencia que se profiera, pues exige que el fallo proferido se cumpla y el actor sea reparado en su derecho y compensado, si hubiere lugar a ello, por el daño sufrido.
FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996
NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia de 28 de mayo de 2012; Exp. 2011 01174; C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren y sentencias de la Corte Constitucional T 553 de 1995, T 406 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T 268 de 1996, M.P.: Antonio Barrera Carbonell y T 1051 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
PRINCIPIO DE COSA JUZGADA / EFECTOS DE LA SENTENCIA / FUNDAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / FUNCIONES DEL JUEZ / DEBERES DEL JUEZ / PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL / PRESUPUESTOS DEL ERROR JURISDICCIONAL / REGULACIÓN NORMATIVA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL / REQUISITOS DEL ERROR JURISDICCIONAL / REQUISITOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL
[L]os yerros cometidos por una autoridad jurisdiccional o de particulares investidos transitoriamente de la función de impartir justicia, materializados a través de decisiones que resultan contrarias a derecho por carecer de una justificación coherente, razonable y jurídicamente atendible que las provea de aceptabilidad, suponen una vulneración directa al derecho de acceso a la administración de justicia, pues, lesionan su núcleo esencial (…) el error jurisdiccional, como fuente de responsabilidad estatal, a la luz del cardinal enunciado contenido en el artículo 90 de la Constitución Política, es aquél cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, que en su carácter de tal y en el curso de un proceso, profiere una providencia contraria a la ley (…) el error de hecho o de derecho debe incidir en la decisión jurisdiccional en firme, para que se configure una lesión de los derechos ya comentados, que la víctima no tenga el deber de soportar; lesión que, en todo caso, debe ser personal y cierta. Lo anterior, implica, además, que la tarea del juez de la responsabilidad, no deba traducirse en la reproducción de la labor del juez de instancia, pues su labor debe limitarse a la verificación de la existencia de los yerros que se endilgan a la luz de la motivación jurídica y probatoria del fallo que cuestiona, so pena de transgredir el principio de la cosa juzgada.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 90
NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia del 14 de agosto de 2008; Exp. 16594; C.P. Mauricio Fajardo Gómez, de 12 de octubre de 2017; Exp. 35337; C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, del 11 de mayo de 2011; Exp. 22322, del 2 de mayo de 2007; Exp. 15576; C.P. Mauricio Fajardo Gómez y de la Corte Constitucional, sentencia T 004 del 16 de enero de 1995 y C 037 de 5 de febrero de 1996.
PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL / PRESUPUESTOS DEL ERROR JURISDICCIONAL / REGULACIÓN NORMATIVA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL / REQUISITOS DEL ERROR JURISDICCIONAL / REQUISITOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL / ACREDITACIÓN DEL DAÑO / IMPUTACIÓN DEL DAÑO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / CAUSA EXTRAÑA / CARGA DE LA PRUEBA / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD SUBJETIVA
[E]l régimen de responsabilidad aplicable a los casos de error jurisdiccional es de carácter subjetivo, lo cual, impone a la parte demandante demostrar el yerro; y, con este, acreditar el daño y su imputación al Estado, ante lo cual la parte demandada, para eximir su responsabilidad, podrá demostrar la inexistencia del error jurisdiccional o la presencia de una causa extraña que rompa la imputación del daño que se le pretende atestar. En este orden de ideas, la demostración de la existencia de un error judicial, se supedita, entre otros, al cumplimiento de las siguientes exigencias específicas: i) el agotamiento de los medios procesales de revisión judicial; ii) la firmeza de la providencia contentiva del error, de manera que no pueda revertirse por las vías judiciales ordinarias y iii) la manifestación del yerro, su naturaleza y la afectación que causa, sin que sea necesario invocarlo directamente, sino que el juez de instancia pueda interpretarlo de una valoración integral de la demanda, siempre y cuando aparezca explicado de manera clara, precisa y esté debidamente argumentado.
NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia de la Corte Constitucional, C 1052 de 2001; M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CARGA DE LA PRUEBA / PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL / PRESUPUESTOS DEL ERROR JURISDICCIONAL / REQUISITOS DEL ERROR JURISDICCIONAL / REQUISITOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL
La reparación directa por error judicial impone la carga a la parte demandante de exponer de manera clara, precisa y debidamente argumentada la disconformidad de la providencia contentiva del yerro con el marco normativo que regula el tema de la decisión, incluida la valoración probatoria que corresponda realizar, sin que con aquello llegue a ser necesario que el yerro sea invocado directamente, sino que el juez de instancia pueda interpretar, a partir de una valoración integral de la demanda, si la providencia atacada es contraria a la ley y por tanto, lesiona los derechos de acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva del interesado. (…) las cargas de claridad, precisión y debida argumentación que le permiten a la parte actora demostrar que existe una imputación de tipo jurídico a la demandada (…) la carga de suficiencia de la parte actora se despliega frente a los dos supuestos de configuración de la responsabilidad por error judicial, estos son, el error de derecho y el de hecho, de ahí que, v.gr. cuando se trate del primero deberá establecer, por lo menos, un señalamiento de las normas que se considera transgredidas y una explicación sucinta de la manera en que ellas fueron infringidas; y, por su parte, en el error de hecho deberá entenderse cuáles fueron las pruebas sobre las que recayó el yerro en la actividad probatoria y por qué con ello se transgredió la ley.
NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia de la Corte Constitucional, C 1052 de 2001; M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL / ERROR DE LA SENTENCIA / ERROR EN LA APLICACIÓN DE LA LEY / APLICACIÓN INDEBIDA DE LA LEY / COMPETENCIA DEL JUEZ DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DEBERES DEL JUEZ / CONCEPTO DE LA APLICACIÓN INDEBIDA DE LA LEY / SUSTENTACIÓN DE LA APLICACIÓN INDEBIDA DE LA LEY
[E]l error de derecho se estructura cuando el juez desborda los principios de autonomía e independencia en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, incurriendo en i) una infracción directa, por abstención y/u omisión del operador judicial en la aplicación de una norma que era aplicable y necesaria para la resolución del caso concreto, ii) una interpretación errónea, producida por dar un alcance, contenido y/o sentido que no le corresponde a una norma idónea para resolver el asunto y con ello se afecta la decisión adoptada; y/o iii) una aplicación indebida de la ley, mediante el empleo de preceptos que no corresponden a la situación fáctica objeto de litis o porque se le otorga una consecuencia jurídica no contemplada para hacerle producir efectos distintos a los contemplados por la ley. Todo lo cual tiene la incidencia suficiente para mutar la decisión tomada por el operador judicial y puede estructurarse bajo las premisas de “no aplicó, interpretó mal y aplicó mal la ley material”. (…) la infracción, la interpretación errónea o la aplicación indebida de la ley, debe ser manifiesta, esto es, que no haga necesaria la elaboración de complejos y soportados juicios de valor acerca de las posibles interpretaciones admisibles o del sentido que la doctrina y la jurisprudencia han dado a una norma de derecho, pues de lo que se trata es de verificar con la simple lectura de la providencia, uno de los vicios antes anotados. No se trata, por lo mismo, siquiera de valorar la justeza de la decisión, pues en este campo la acción del juez de la responsabilidad está vedada.
NOTA DE RELATORÍA: Sentencia de 8 de mayo de 2020; Exp. 51674; C.P. María Adriana Marín.
ERROR DE LA SENTENCIA / ERROR DE HECHO / ERROR FÁCTICO DE LA SENTENCIA / CONTENIDO DE LA SENTENCIA / MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA / PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL / DERECHO DE DEFENSA / DEBIDO PROCESO / PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA / VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO POR PARTE DEL JUEZ / DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
[E]l error de hecho se configura ante deficiencias manifiestas en la consideración de los hechos y los soportes de los mismos, con impacto directo en la decisión que se adopta, por i) una defectuosa apreciación probatoria bien porque, se ignoraron los medios de prueba y/o no se estudiaron en conjunto y de conformidad con las reglas de la sana crítica, o bien porque se tuvo por probado un hecho que no lo estaba o se tuvo por no demostrado uno que lo estaba; y ii) la omisión de decreto y/o práctica de pruebas útiles, conducentes y pertinentes que podrían haber incidido en la decisión. Empero, tal error no se refiere a cualquier desacierto contenido en una providencia judicial, pues este debe surgir de una determinación carente de fundamento objetivo , que vulnere los derechos de defensa y debido proceso del interesado, y en general, el derecho de acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva, por ser contraria al ordenamiento jurídico, sin que las diferencias en la interpretación sean pasibles de reclamo, pues, el error jurisdiccional debe ser analizado dentro de los parámetros de la autonomía funcional del juez, a quien, por mandato constitucional se le otorga libertad para interpretar los hechos que se someten a su consideración y, asimismo, aplicar las normas constitucionales o legales que juzgue apropiadas para la resolución del respectivo conflicto jurídico (Art. 228 C.P.), salvo que dicha interpretación resulte contraria al ordenamiento jurídico de forma clara y evidente. En todo caso, como lo ha precisado la Subsección, el derecho a acceder a la administración de justicia, no da lugar a exigir una respuesta unívoca e inequívoca del fallador.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 228
NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia de 26 de agosto de 2019; Exp. 45897; C.P.: Jaime Enrique Rodríguez Navas, de 8 de mayo de 2020; exp. 51674; C.P. María Adriana Marín, del 26 de noviembre de 2018; Exp. 39969 y del 12 de diciembre de 2019; Exp. 45602; C.P. María Adriana Marín.
FUNCIONES DEL JUEZ DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DEBERES DEL JUEZ / CONTENIDO DE LA SENTENCIA / MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA / PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL / DAÑO OCASIONADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO
[P]ara romper con la presunción de legalidad, y más que esta, de legitimidad que ampara a las decisiones judiciales, es imperioso que el juez administrativo se cerciore que, de existir un yerro en la decisión, este sea trascendente, es decir, que tenga la vocación de modificar el sentido de esta, y suficiente, esto es, que destruya todos los fundamentos o la ratio decidendi del pronunciamiento , pues, de lo contrario, la providencia todavía se mantendría incólume, configurándose una carencia demostrativa de la imputación jurídica de la demandada, lo que conduciría a un fallo denegatorio de pretensiones. Así, el interesado debe circunscribir su actividad discursiva y probatoria a desvirtuar la presunción de legalidad y acierto que abriga la providencia judicial, no de manera inopinada, sino con sujeción a los requisitos previamente establecidos, cuya finalidad no es otra que trazar los linderos de la litis para efectos de que sea decidida por el juez contencioso administrativo, sin entrar a suplantar la esfera de juicio del juez natural, puesto que, se aclara, la causa y objeto de la reparación directa por error jurisdiccional es distinta al proceso en el cual se profirió la decisión contentiva del error. (…) el error judicial no constituye una vía alternativa o nueva vía para darle trámite a una tercera instancia de cualquier conflicto ordinario, pues el propósito claro de este tipo de responsabilidad es reparar el daño antijurídico que hubiera causado el Estado en ejercicio de una de las funciones que le son inherentes, como es la de administrar justicia.
NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia del 12 de diciembre de 2019; Exp. 45602; C.P. María Adriana Marín y de 8 de mayo de 2020; Exp. 51674; C.P. María Adriana Marín.
FALTA DE CONFIGURACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL / INCUMPLIMIENTO DEL DEBER PROBATORIO / FALTA DE LA PRUEBA / EXCEPCIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD / REQUISITOS DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES DE ORIGEN COMÚN / MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA / EFECTOS DE LA SENTENCIA / COSA JUZGADA / COMPETENCIA DEL JUEZ DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
[L]a parte actora se limitó a manifestar que el juez debió aplicar retroactivamente una sentencia de inconstitucionalidad que no estableció dichos efectos, sin presentar argumentos específicos respecto de las razones por las cuales las providencias eran contrarias a derecho y correspondía al juez declarar la excepción de inconstitucionalidad. Aunado a lo anterior, resulta claro que ese supuesto yerro, corresponde al mismo argumento esgrimido al interponer el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia en la jurisdicción laboral ordinaria, observándose que la parte actora insiste en la certeza de su alegato de instancia, esta vez, endilgando un error jurisdiccional a las providencias judiciales que fueron desfavorables a sus intereses, de manera que, resulte necesario reiterar que, el proceso judicial que se tramita ante el juez de lo contencioso administrativo no tiene –ni puede tener– la vocación de constituirse en una instancia adicional a la tramitada dentro del cauce procesal en el cual se aduce la configuración del error jurisdiccional, pues el juicio al que conduce el ejercicio de la acción de reparación directa tiene como presupuesto la intangibilidad de la cosa juzgada que reviste a la providencia judicial a la cual se le endilga la producción del daño antijurídico. (…) tampoco se observa que el supuesto yerro cumpla con los requisitos de trascendencia y suficiencia pues, la declaración de inexequibilidad del requisito que exigía acreditar la vida marital del cónyuge o compañero permanente con el causante desde el momento en que éste cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión y hasta su muerte, no tenía la vocación de modificar el sentido del fallo o destruir los fundamentos de la decisión.
NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia del 17 de noviembre de 2011; Exp. 22982; C.P. Hernan Andrade Rincón, del 6 de junio de 2012; Exp. 24690; C.P. Hernan Andrade Rincón, del 27 de junio de 2013; Exp. 28189; C.P. Hernan Andrade Rincón, del 29 de enero de 2014; Exp. 28215; C.P. Hernan Andrade Rincón, del 12 de febrero de 2014; Exp. 28428; C.P. Hernan Andrade Rincón, del 28 de agosto de 2014; Exp. 29540; C.P. Hernan Andrade Rincón, del 1 de octubre de 2014; Exp. 27862; C.P. Hernan Andrade Rincón y de 10 de julio de 2020; Exp. 56763; C.P.: Nicolás Yepes Corrales
REGULACIÓN NORMATIVA DE LA CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCESO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DE LA TEMERIDAD PROCESAL / TRÁMITE DEL PROCESO JUDICIAL
Como no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
FUENTE FORMAL: LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 76001-23-31-000-2011-01345-01(51068)
Actor: MARÍA CONSUELO MONSALVE BECERRA
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Asunto: Sentencia
Temas: DAÑOS CAUSADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – ERROR JUDICIAL – PRESUPUESTOS DE PROCEDIBILIDAD DEL ERROR – CARGAS DE CLARIDAD, PRECISIÓN Y ARGUMENTACIÓN – No se configuró.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia que negó las pretensiones de la demanda.
Según la demanda, la Rama Judicial incurrió en un supuesto error jurisdiccional en las sentencias proferidas por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Palmira (Valle) y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali – Sala Laboral de Descongestión, mediante las cuales se negó el reconocimiento de la pensión de sobreviviente a la señora María Consuelo Monsalve Becerra, por cuanto, a juicio de la demandante, desconocieron un precedente constitucional.
SENTENCIA IMPUGNADA
1.1. Corresponde a la sentencia del 30 de julio de 2013, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda.
1.2. El anterior proveído decidió la demanda presentada el 6 de septiembre de 2011, por la señora María Consuelo Monsalve Becerra, en contra de la Nación – Rama Judicial, cuyas pretensiones, hechos principales y fundamentos de derecho son, los siguientes:
Pretensiones
1.2.1. La parte actora pretende la declaración de responsabilidad de la demandada y la consecuencial condena al pago de la totalidad de los daños y perjuicios que afirma le fueron irrogados con ocasión del rechazo de sus pretensiones al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes.
Por lo anterior, estimó la solicitud indemnizatoria en: i) doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes, por concepto de perjuicios morales; ii) setenta y dos millones ciento siete mil ochocientos treinta y nueve pesos ($72.107.839) por concepto de lucro cesante; y iii) ciento cincuenta y nueve millones setenta y tres mil doscientos pesos ($159.073.200) por concepto de lucro cesante futuro.
Hechos
1.2.2. Como supuesto fáctico de las pretensiones, la demandante señaló que, el 20 de diciembre de 1991, el Instituto de Seguros Sociales – Seccional Valle del Cauca- reconoció la pensión de vejez al señor Argemiro Navia Lenis, quien falleció el 15 de julio de 1997, tras haber convivido con la señora María Consuelo Monsalve Becerra desde 1994.
Afirmó que, el Instituto de Seguros Sociales (ISS) mediante las Resoluciones Nos. 5832 de 17 de noviembre de 1998 y 7415 de 7 de noviembre de 1999, confirmadas mediante Resolución No. 900332 de 20 de octubre de 2000, le negó la pensión de sobreviviente por incumplimiento del requisito previsto en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 que exigía al cónyuge o compañera permanente supérstite acreditar que hizo vida marital con el causante desde que éste cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez o invalidez y hasta su muerte.
1.2.3. Señaló que, inconforme con la decisión anterior, presentó demanda ordinaria laboral contra el ISS para obtener el reconocimiento pensional, pretensión que le fue negada el 18 de octubre de 2006 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Palmira, confirmada el 25 de junio de 2009 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, por considerar que, si bien la sentencia C-1176 de 2001 declaró inexequible el requisito con el cual le fue negada la pensión de superviviente a la señora Monsalve Becerra, aquel fallo no tenía efectos retroactivos y no era oponible a su caso.
Al respecto sostuvo que tal como lo indicó la Corte Constitucional en la sentencia C-1176 de 2001, la consideración de haber iniciado vida común con el causante antes de que éste adquiriera el derecho a la pensión de vejez o invalidez, no era un requisito que consultara la verdadera esencia de la pensión de sobrevivientes y, en consecuencia, el fallador debió reconocer dicha prestación pensional a su favor.
1.2.4. Concluyó que el desconocimiento del precedente jurisprudencial le causó perjuicios materiales e inmateriales que deben indemnizarse por parte de la demandada.
La defensa
1.3. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca admitió la demanda en auto del 18 de enero de 2013, siendo debidamente notificada a la demandada, cuyos planteamientos y argumentos de defensa fueron, los siguientes:
1.3.1. La Nación – Rama Judicial se opuso a las pretensiones de la demanda, por considerar que no incurrió en error jurisdiccional o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, toda vez que, la providencia acusada no es contraria a la ley y la actuación judicial se ciñó a las normas sustantivas y procesales vigentes.
Alegatos
1.4. Mediante auto del 18 de abril de 2013, el a quo corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera concepto.
1.4.1. La Nación – Rama Judicial se ratificó en los argumentos esgrimidos en la contestación de la demanda.
1.4.2. La parte actora consideró que la Rama Judicial incurrió en una vía de hecho al negar la pensión de sobrevivientes por incumplimiento de un requisito que fue declarado inexequible, por cuanto, en su criterio, se debió aplicar la excepción de inconstitucionalidad y acceder al reconocimiento.
1.4.3. En esa oportunidad procesal, el Ministerio Público guardó silencio.
La decisión
1.5. Al definir el caso, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda. En primer lugar, encontró acreditados los requisitos de procedibilidad del título de imputación de error jurisdiccional previstos en el artículo 67 de la Ley 270 de 1996, en tanto la sentencia contentiva del error judicial se encuentra en firme y debidamente ejecutoriada.
Respecto al error jurisdiccional, consideró que la sentencia de 25 de julio de 2009 (sic) se encontraba ajustada a derecho, toda vez que, los requisitos que debía acreditar María Consuelo Monsalve Becerra, en calidad de compañera supérstite, para acceder a la pensión de sobrevivientes eran los establecidos en el artículo 47 de la Ley 100 de 1996, que exigían, entre otros, la existencia de vida marital desde el momento en que el fallecido tuvo derecho a la pensión, requisito que no fue acreditado por la señora Monsalve Becerra.
Así mismo, señaló que, si bien mediante la sentencia C-1176 de 2001, la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del anterior requisito, lo cierto era que sus efectos eran ultractivos a partir del 8 de noviembre de 2001 y, por tanto, considerando que el señor Argemiro Navia Lenis falleció el 15 de julio de 1997, aquella disposición no le era aplicable.
EL RECURSO INTERPUESTO
2.1. Sustentación del recurso de apelación
2.1.1. Inconforme con la decisión anterior, la parte actora interpuso recurso de apelación, en el cual solicitó revocar la sentencia proferida por el a quo, por considerar que el Juzgado Segundo Laboral de Palmira y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali debieron apartarse, en aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, de la expresión declarada inexequible mediante la sentencia C-1176 de 2001, relativa al requisito del cónyuge o compañero permanente supérstite de acreditar su vida marital con el causante “por lo menos desde el momento en que éste cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez o invalidez”, con fundamento en el cual le fue negada a la señora María Consuelo Monsalve la pensión de sobrevivientes.
Lo anterior, en consideración a que el control de constitucionalidad es mixto y permite a los operadores judiciales apartarse de la aplicación de una norma cuando ésta es contraria a la Constitución, de manera que, no debieron alegar que los efectos de la sentencia C-1176 de 2001 eran irretroactivos, sino reconocer que el mencionado requisito era contrario a derecho e inaplicarlo.
2.2. En proveído del 11 de junio de 2014, esta Corporación admitió el recurso de apelación interpuesto, y el 1º de octubre siguiente corrió traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto en los términos del artículo 212 del C.C.A..
2.2.1. El Ministerio Público solicitó que se confirmara la sentencia apelada, por considerar que la decisión a la cual se le atribuye el yerro se encontraba ajustada a derecho, en tanto la demandante no acreditó su convivencia con el causante desde el momento en el que le fue reconocida la pensión de vejez (Art. 47, L. 100 de 1993).
2.2.2. En esta oportunidad procesal, las partes guardaron silencio.
III. C O N S I D E R A C I O N E S
No existiendo razones o motivos que conduzcan a la Sala a declarar una nulidad o a volver sobre la definición de su competencia, se procede a resolver el recurso de apelación ya indicado.
3.1. Problema jurídico
3.1.1. Bajo el ámbito restricto del recurso interpuesto, el aspecto central que será materia de análisis y determinación, se circunscribe a verificar si la Nación - Rama Judicial es responsable por el daño reclamado por la demandante, derivado del supuesto error jurisdiccional en que incurrieron las instancias judiciales mencionadas, que condujeron a la denegatoria del reconocimiento y pago de la pensión de superviviente en su condición de compañera permanente del causante Argemiro Navia Lenis.
3.2. Motivación de la sentencia
3.2.1. En el expediente obra el siguiente material probatorio con el que esta Subsección encuentra probados los hechos relevantes que a continuación se enlistan:
• En el marco del proceso ordinario laboral instaurado por la señora María Consuelo Monsalve Becerra contra el Instituto de Seguros Sociales – Seccional Valle del Cauca con el objeto de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente en su condición de compañera permanente del causante Argemiro Navia Lenis, el 18 de octubre de 2006, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Palmira (Valle) profirió sentencia de primera instancia, mediante la cual, negó las pretensiones y condenó en costas a la parte demandante.
Como fundamento de su decisión, señaló que la señora María Consuelo Monsalve Becerra no tenía derecho a acceder a la pensión de superviviente, toda vez que, según lo previsto en el literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, se requería que hubiera hecho vida marital desde que el causante cumplió con los requisitos para tener derecho a la pensión de vejez o invalidez, esto es, desde el 1º de julio de 1984, y hasta el momento de su muerte, el 15 de junio de 1997, circunstancia que no demostró, dado que su convivencia inició en el año 1994.
• Inconforme con la anterior decisión, la señora María Consuelo Monsalve Becerra interpuso recurso de apelación, por considerar que el requisito con base en el cual le fue negada la pensión de superviviente fue declarado inexequible mediante la sentencia C-1176 de 2001.
• En audiencia pública de 25 de junio de 2009, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali – Sala Laboral de Descongestión resolvió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante, confirmando la providencia de primera instancia.
Como fundamento de la decisión, precisó que la normatividad aplicable a los eventos de pensión de sobrevivientes es la vigente al momento del fallecimiento del afiliado o pensionado, de ahí que, en consideración a que el causante falleció en julio de 1997, el requisito previsto en el literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 estaba vigente, toda vez que la sentencia C-1176 fue proferida en noviembre de 2001, sin efectos retroactivos (art. 45, L. 270 de 1996).
Adicionalmente, señaló que la señora Monsalve Becerra adquirió su calidad de beneficiaria hasta el 9 de abril de 1997, por lo que, sólo acreditó 3 meses de los 3 años establecidos por la jurisprudencia para obtener el reconocimiento de la pensión.
3.2.2. De la responsabilidad patrimonial del Estado por Error Judicial
Como punto de partida para decidir el recurso que se encuentra a consideración de la Sala, se precisa que el error jurisdiccional como título jurídico de imputación de responsabilidad del Estado, regulado en la Ley 270 de 1996, plantea un vínculo inescindible con el derecho de acceso a la administración de justicia y de tutela judicial efectiva, en tanto su configuración implica la vulneración o lesión de dichos derechos a través del ejercicio abiertamente irregular, arbitrario o erróneo de la actividad jurisdiccional; de ahí que el juicio de responsabilidad realizado bajo este título de atribución, requiere verificar si la acción u omisión de la autoridad investida de tal facultad menoscabó el ejercicio de los mencionados derechos.
La jurisprudencia constitucional ha definido el acceso a la administración de justicia, como un derecho fundamental que no se decanta en el ejercicio del derecho de acción, sino que conlleva la garantía del derecho a la tutela judicial efectiva, el cual, comprende: i) la posibilidad de los ciudadanos de acudir y plantear un problema ante las autoridades judiciales, ii) el derecho a obtener una resolución de fondo de la litis para que se haga un estudio profundo de las pretensiones, el cual se verá reflejado en la obtención de una sentencia motivada, razonable, congruente y fundada en derecho y, iii) el derecho a la ejecución de la sentencia que se profiera, pues exige que el fallo proferido se cumpla y el actor sea reparado en su derecho y compensado, si hubiere lugar a ello, por el daño sufrido.
Así mismo, tal derecho, además de comprender la plenitud de las garantías procesales, constituye un “mandato constitucional dirigido a todos los órganos del Estado para que en el seno de sus actuaciones protejan de manera efectiva los derechos de los individuos, lo que a su turno deriva en la posibilidad del titular del derecho de exigirlo ante los tribunales”.
Sobre esta base, los yerros cometidos por una autoridad jurisdiccional o de particulares investidos transitoriamente de la función de impartir justicia, materializados a través de decisiones que resultan contrarias a derecho por carecer de una justificación coherente, razonable y jurídicamente atendible que las provea de aceptabilidad, suponen una vulneración directa al derecho de acceso a la administración de justicia, pues, lesionan su núcleo esencial, esto es, “la certidumbre de que, ante los estrados judiciales, serán surtidos los procesos a la luz del orden jurídico aplicable, con la objetividad y la suficiencia probatoria que aseguren un real y ponderado conocimiento del fallador acerca de los hechos materia de su decisión”.
Como corolario de lo anterior, y en concordancia con lo establecido por el legislador en el artículo 66 de la Ley 270 de 1996, el error jurisdiccional, como fuente de responsabilidad estatal, a la luz del cardinal enunciado contenido en el artículo 90 de la Constitución Política, es aquél cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, que en su carácter de tal y en el curso de un proceso, profiere una providencia contraria a la ley, esto último, “bien porque surja de una inadecuada valoración de las pruebas (error de hecho), de la falta de aplicación de la norma que corresponde al caso concreto o de la indebida aplicación de esta (error de derecho)”.
Bajo tales premisas, la jurisprudencia ha sido enfática en considerar que el error de hecho o de derecho debe incidir en la decisión jurisdiccional en firme, para que se configure una lesión de los derechos ya comentados, que la víctima no tenga el deber de soportar; lesión que, en todo caso, debe ser personal y cierta.
Lo anterior, implica, además, que la tarea del juez de la responsabilidad, no deba traducirse en la reproducción de la labor del juez de instancia, pues su labor debe limitarse a la verificación de la existencia de los yerros que se endilgan a la luz de la motivación jurídica y probatoria del fallo que cuestiona, so pena de transgredir el principio de la cosa juzgada.
Además de lo anterior, debe indicarse que el régimen de responsabilidad aplicable a los casos de error jurisdiccional es de carácter subjetivo, lo cual, impone a la parte demandante demostrar el yerro; y, con este, acreditar el daño y su imputación al Estado, ante lo cual la parte demandada, para eximir su responsabilidad, podrá demostrar la inexistencia del error jurisdiccional o la presencia de una causa extraña que rompa la imputación del daño que se le pretende atestar.
En este orden de ideas, la demostración de la existencia de un error judicial, se supedita, entre otros, al cumplimiento de las siguientes exigencias específicas: i) el agotamiento de los medios procesales de revisión judicial; ii) la firmeza de la providencia contentiva del error, de manera que no pueda revertirse por las vías judiciales ordinarias y iii) la manifestación del yerro, su naturaleza y la afectación que causa, sin que sea necesario invocarlo directamente, sino que el juez de instancia pueda interpretarlo de una valoración integral de la demanda, siempre y cuando aparezca explicado de manera clara, precisa y esté debidamente argumentado.
3.2.3. Carga de suficiencia frente a los errores de hecho y de derecho invocados como título de imputación de un error judicial
La reparación directa por error judicial impone la carga a la parte demandante de exponer de manera clara, precisa y debidamente argumentada la disconformidad de la providencia contentiva del yerro con el marco normativo que regula el tema de la decisión, incluida la valoración probatoria que corresponda realizar, sin que con aquello llegue a ser necesario que el yerro sea invocado directamente, sino que el juez de instancia pueda interpretar, a partir de una valoración integral de la demanda, si la providencia atacada es contraria a la ley y por tanto, lesiona los derechos de acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva del interesado.
Sobre el particular, esta Subsección ha indicado que las cargas de claridad, precisión y debida argumentación que le permiten a la parte actora demostrar que existe una imputación de tipo jurídico a la demandada, comprenden los siguientes aspectos:
“La claridad se refiere a la carga que se le impone al interesado de hacer comprensivas las acusaciones que estima fueron las que produjeron el error judicial, es decir, que el objeto y concepto de violación esté determinado o sea determinable.
“La precisión implica que se deben identificar las razones basilares de la decisión y refutarlas, ya que de no ser un argumento nodal de la decisión que se estima causó un daño, la reparación directa sería denegatoria, pues la providencia todavía se mantendría incólume y no habría causado, entonces, un daño antijurídico.
“La argumentación tiene que ver con los aspectos mínimos de suficiencia en las consideraciones que invoca el interesado como razonables para atar la claridad y la precisión, para efectos de que opere el error jurisdiccional”.
Así las cosas, la carga de suficiencia de la parte actora se despliega frente a los dos supuestos de configuración de la responsabilidad por error judicial, estos son, el error de derecho y el de hecho, de ahí que, v.gr. cuando se trate del primero deberá establecer, por lo menos, un señalamiento de las normas que se considera transgredidas y una explicación sucinta de la manera en que ellas fueron infringidas; y, por su parte, en el error de hecho deberá entenderse cuáles fueron las pruebas sobre las que recayó el yerro en la actividad probatoria y por qué con ello se transgredió la ley.
Bajo ese entendido, conviene precisar que el error de derecho se estructura cuando el juez desborda los principios de autonomía e independencia en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, incurriendo en i) una infracción directa, por abstención y/u omisión del operador judicial en la aplicación de una norma que era aplicable y necesaria para la resolución del caso concreto, ii) una interpretación errónea, producida por dar un alcance, contenido y/o sentido que no le corresponde a una norma idónea para resolver el asunto y con ello se afecta la decisión adoptada; y/o iii) una aplicación indebida de la ley, mediante el empleo de preceptos que no corresponden a la situación fáctica objeto de litis o porque se le otorga una consecuencia jurídica no contemplada para hacerle producir efectos distintos a los contemplados por la ley. Todo lo cual tiene la incidencia suficiente para mutar la decisión tomada por el operador judicial y puede estructurarse bajo las premisas de “no aplicó, interpretó mal y aplicó mal la ley material”.
Además, precisa la Sala en esta oportunidad que, la infracción, la interpretación errónea o la aplicación indebida de la ley, debe ser manifiesta, esto es, que no haga necesaria la elaboración de complejos y soportados juicios de valor acerca de las posibles interpretaciones admisibles o del sentido que la doctrina y la jurisprudencia han dado a una norma de derecho, pues de lo que se trata es de verificar con la simple lectura de la providencia, uno de los vicios antes anotados. No se trata, por lo mismo, siquiera de valorar la justeza de la decisión, pues en este campo la acción del juez de la responsabilidad está vedada.
Por su parte, el error de hecho se configura ante deficiencias manifiestas en la consideración de los hechos y los soportes de los mismos, con impacto directo en la decisión que se adopta, por i) una defectuosa apreciación probatoria bien porque, se ignoraron los medios de prueba y/o no se estudiaron en conjunto y de conformidad con las reglas de la sana crítica, o bien porque se tuvo por probado un hecho que no lo estaba o se tuvo por no demostrado uno que lo estaba; y ii) la omisión de decreto y/o práctica de pruebas útiles, conducentes y pertinentes que podrían haber incidido en la decisión.
Empero, tal error no se refiere a cualquier desacierto contenido en una providencia judicial, pues este debe surgir de una determinación carente de fundamento objetivo, que vulnere los derechos de defensa y debido proceso del interesado, y en general, el derecho de acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva, por ser contraria al ordenamiento jurídico, sin que las diferencias en la interpretación sean pasibles de reclamo, pues, el error jurisdiccional debe ser analizado dentro de los parámetros de la autonomía funcional del juez, a quien, por mandato constitucional se le otorga libertad para interpretar los hechos que se someten a su consideración y, asimismo, aplicar las normas constitucionales o legales que juzgue apropiadas para la resolución del respectivo conflicto jurídico (Art. 228 C.P.), salvo que dicha interpretación resulte contraria al ordenamiento jurídico de forma clara y evidente. En todo caso, como lo ha precisado la Subsección, el derecho a acceder a la administración de justicia, no da lugar a exigir una respuesta unívoca e inequívoca del fallador.
En esa misma dirección, esta Subsección ha considerado que para romper con la presunción de legalidad, y más que esta, de legitimidad que ampara a las decisiones judiciales, es imperioso que el juez administrativo se cerciore que, de existir un yerro en la decisión, este sea trascendente, es decir, que tenga la vocación de modificar el sentido de esta, y suficiente, esto es, que destruya todos los fundamentos o la ratio decidendi del pronunciamiento, pues, de lo contrario, la providencia todavía se mantendría incólume, configurándose una carencia demostrativa de la imputación jurídica de la demandada, lo que conduciría a un fallo denegatorio de pretensiones.
Así, el interesado debe circunscribir su actividad discursiva y probatoria a desvirtuar la presunción de legalidad y acierto que abriga la providencia judicial, no de manera inopinada, sino con sujeción a los requisitos previamente establecidos, cuya finalidad no es otra que trazar los linderos de la litis para efectos de que sea decidida por el juez contencioso administrativo, sin entrar a suplantar la esfera de juicio del juez natural, puesto que, se aclara, la causa y objeto de la reparación directa por error jurisdiccional es distinta al proceso en el cual se profirió la decisión contentiva del error.
Por lo mismo, es dable recordar, que el error judicial no constituye una vía alternativa o nueva vía para darle trámite a una tercera instancia de cualquier conflicto ordinario, pues el propósito claro de este tipo de responsabilidad es reparar el daño antijurídico que hubiera causado el Estado en ejercicio de una de las funciones que le son inherentes, como es la de administrar justicia.
Una vez precisado lo anterior, se observa que, encontrándose acreditados los presupuestos de procedencia del título de imputación por error jurisdiccional establecidos en el artículo 67 de la Ley 270 de 1996; en el sub examine, la parte actora concreta el supuesto error judicial contenido en las sentencias de 18 de octubre de 2006 y 25 de junio de 2009, proferidas por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Palmira y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali – Sala Laboral de Descongestión, respectivamente, en el supuesto desconocimiento de la sentencia C-1176 de 2001 que declaró la inexequibilidad de la expresión “por lo menos desde el momento en que éste cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez o invalidez y”, contenida en el literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, relativa al momento desde el cual debía acreditarse el inicio de la vida marital con el causante, requisito necesario para adquirir la condición de beneficiario de la pensión de superviviente.
Considera la Sala que, conforme a lo probado en este proceso, a pesar de que a partir de los argumentos esgrimidos en la demanda se puede inferir que la parte actora le endilga a la Rama Judicial haber incurrido en error de derecho por infracción directa de la ley, al abstenerse de aplicar el literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, comprendiendo la declaratoria de inexequibilidad proferida mediante la sentencia C-1176 de 2001, lo cierto es que, dichas afirmaciones carecen de fundamento, por las siguientes razones:
En primer lugar, es importante indicar que la parte actora se limita a afirmar su disconformidad con la interpretación realizada por el juez natural, reiterando los argumentos esgrimidos durante el proceso ordinario laboral, y no a debatir las razones de la sentencia con el alcance ya indicado, lo cual, de entrada, supone una carencia argumentativa y demostrativa de la imputación jurídica realizada a la pasiva.
De esta manera, se observa que la parte actora se limitó a manifestar que el juez debió aplicar retroactivamente una sentencia de inconstitucionalidad que no estableció dichos efectos, sin presentar argumentos específicos respecto de las razones por las cuales las providencias eran contrarias a derecho y correspondía al juez declarar la excepción de inconstitucionalidad.
Aunado a lo anterior, resulta claro que ese supuesto yerro, corresponde al mismo argumento esgrimido al interponer el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia en la jurisdicción laboral ordinaria, observándose que la parte actora insiste en la certeza de su alegato de instancia, esta vez, endilgando un error jurisdiccional a las providencias judiciales que fueron desfavorables a sus intereses, de manera que, resulte necesario reiterar que, el proceso judicial que se tramita ante el juez de lo contencioso administrativo no tiene –ni puede tener– la vocación de constituirse en una instancia adicional a la tramitada dentro del cauce procesal en el cual se aduce la configuración del error jurisdiccional, pues el juicio al que conduce el ejercicio de la acción de reparación directa tiene como presupuesto la intangibilidad de la cosa juzgada que reviste a la providencia judicial a la cual se le endilga la producción del daño antijurídico.
Además, conviene recalcar que el título de imputación por error jurisdiccional debe ser analizado dentro de los parámetros de la autonomía e independencia que tiene el juez para interpretar los hechos que se someten a su consideración, y aplicar las normas constitucionales o legales que juzgue apropiadas para la resolución del respectivo conflicto jurídico, de ahí que, corresponda a la parte actora demostrar que la interpretación del fallador resulta contraria al ordenamiento jurídico de forma clara y evidente, lo cual, no ocurrió en el presente asunto.
Para ahondar en razones, tampoco se observa que el supuesto yerro cumpla con los requisitos de trascendencia y suficiencia pues, la declaración de inexequibilidad del requisito que exigía acreditar la vida marital del cónyuge o compañero permanente con el causante desde el momento en que éste cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión y hasta su muerte, no tenía la vocación de modificar el sentido del fallo o destruir los fundamentos de la decisión, dado que, según la sentencia 25 de junio de 2009, no existía prueba de que la señora Monsalve Becerra hubiera convivido con el causante desde 1994, pues, solo acreditó su vida marital desde el 9 de abril de 1997, esto es, 3 meses antes del fallecimiento del señor Navia Lenis - tiempo insuficiente para obtener la prestación pensional - y, por tanto, no demostró los requisitos para adquirir la calidad de beneficiaria de la pensión de sobreviviente.
Así las cosas, no entra por las mismas razones la Sala a efectuar consideración alguna acerca de los supuestos errores que tampoco se evidencian, pues, en las condiciones anotadas, tal premisa es contraria a la seguridad que las relaciones jurídicas y sociales imprime a la cosa juzgada a las sentencias de los jueces.
Así, considerando que la parte actora no cumplió con la carga de suficiencia que exige el título de imputación de error jurisdiccional frente a la demostración y argumentación de los yerros que se predican de una determinada providencia y, por tanto, no demostró que la sentencia analizada fuera contraria a derecho, es claro para la Sala que en el presente caso no se menoscabó el ejercicio de los derechos de acceso a la administración de justicia y de tutela judicial efectiva de la demandante, por lo que, en consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.
3.4. Condena en costas
Como no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR, por las razones expuestas, la sentencia del 30 de julio de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Folios 162 a 178 del cuaderno principal
Folios 53 a 69 del cuaderno 1. Folio 54 del cuaderno 1. Folios 136 y 137 del cuaderno 1. Folios 142 a 145 del cuaderno 1. Folio 155 del cuaderno 1. Folio 156 del cuaderno 1. Folios 157 a 160 del cuaderno 1. De acuerdo con la providencia obrante a folios 26 a 33 del cuaderno 1, la sentencia de segunda instancia fue proferida el 25 de junio de 2009. Folios 162 a 178 del cuaderno principal. Folios 179 a 184 del cuaderno principal. Folio 192 del cuaderno principal. Folio 194 del cuaderno principal. Folios 196 a 201 del cuaderno principal. Folios 73 a 85 del cuaderno 1. Si bien no obra la actuación en el expediente, la información se extrae de los antecedentes de la sentencia de 25 de junio de 2009 obrante a folios 89 a 96 del cuaderno 1. Folios 89 a 96 del cuaderno 1. Publicada en el Diario Oficial 42.745 de 15 de marzo de 1.996. Conviene precisar que el acceso a la administración de justicia implica el ejercicio del derecho de acción, es decir, la posibilidad de que cualquier persona solicite a los jueces competentes la protección o el restablecimiento de los derechos que consagran la Constitución y la ley. Y el ejercicio del derecho de contradicción, pues el individuo debe contar con el acceso a la jurisdicción cuando se ha formulado una pretensión en su contra [Rojas Gómez, Miguel Enrique. Lecciones de derecho procesal, Tomo I, Teoría del proceso. Tercera edición, Bogotá D.C, enero de 2013]. De esta forma, el derecho de acceso a la administración de justicia es un presupuesto indispensable para la materialización de los demás derechos fundamentales pues no es posible el cumplimiento de las garantías sustanciales y de las formas procesales establecidas por el legislador sin que se garantice adecuadamente dicho acceso. Por consiguiente, se erige como uno de los pilares que sostiene el modelo de Estado Social y Democrático de Derecho, toda vez que abre las puertas para que los individuos ventilen sus controversias ante las autoridades judiciales y de esta forma se protejan y hagan efectivos sus derechos. [Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 28 de mayo de 2012, Rad. 2011-01174, C.P.: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren]
Por su parte, si bien el derecho a la tutela judicial efectiva no se encuentra codificado en el derecho positivo colombiano, a diferencia de lo que ocurre en el ordenamiento alemán, italiano y español; lo cierto es que ha sido reconocido jurisprudencialmente, a partir de la influencia de las normas convencionales – artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Civiles y Políticos - como un derecho fundamental que comprende el derecho de acceso a la administración de justicia, algunas garantías propias del debido proceso y la obligación correlativa de las autoridades judiciales de promover e impulsar todas las condiciones que sean necesarias para que el acceso de los particulares a sea real y efectivo. Luego, este derecho involucra la necesidad de que los jueces deriven en sus providencias la dimensión pro actione. Para la doctrina colombiana, este derecho dispone la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad y sin obstáculos o barreras desproporcionadas, a un juez o tribunal independiente e imparcial, frente al cual se pueda ejercer plena defensa de los derechos o intereses propios con el fin de obtener, dentro de un plazo razonable, la debida protección del Estado. Catalogándolo como un derecho de naturaleza prestacional, pues exige ciertas obligaciones del aparato estatal con miras a su realización. En este sentido, será el legislador quien defina los cauces que permitirán su ejercicio.[ Araujo, R (2011). Acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. Propuesta para fortalecer la justicia administrativa. Visión de derecho comparado, Estud. Socio-Juríd vol.13 no.1 Bogotá Jan./June 2011]
“Artículo 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia.
La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado”. Al respecto, se pueden consultar las sentencias T-553 de 1995; T-406 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-268 de 1996. M.P.: Antonio Barrera Carbonell; y T-1051 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; y Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 28 de mayo de 2012, Rad. 2011-01174, C.P.: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Araujo, R (2011). Acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. Propuesta para fortalecer la justicia administrativa. Visión de derecho comparado, Estud. Socio-Juríd vol.13 no.1 Bogotá Jan./June 2011
Corte Constitucional, sentencia T-004 del 16 de enero de 1995, reiterada en: sentencia C-037 de 5 de febrero de 1996. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de agosto de 2008, exp. 16594, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. En el mismo sentido, sentencia de 12 de octubre de 2017, exp. 35337, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
“c) El error jurisdiccional debe producir un daño personal y cierto que tenga la naturaleza de antijurídico, esto es, que el titular no tenga la obligación jurídica de soportar. Con ello, entonces, se excluyen las decisiones que se mueven en la esfera de lo cuestionable o las sentencias que contienen interpretaciones válidas de los hechos o derechos. || d) La equivocación del juez o magistrado debe incidir en la decisión judicial en firme, pues como bien lo sostiene la doctrina española: “el error comentado (judicial) incide exclusivamente en la potestad jurisdiccional que se materializa en la sentencia o resolución-auténtica declaración de voluntad del órgano que ostenta aquélla-, siempre ha de consistir en aplicar la norma que a cada supuesto corresponde, el error ha de radicar en un equivocado enjuiciamiento o no aplicación a aquél de la solución únicamente querida por el legislador”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de mayo de 2011, exp. 22.322. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, exp. 15.576. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Para la Corte Constitucional, en sede de acción de constitucionalidad, los yerros constitucionales deben acreditar ser “claros, ciertos, específicos y suficientes”, lo cual resulta más riguroso que en sede de reparación directa, a pesar de ser una “acción constitucional”. Corte Constitucional, sentencia C-1052 de 2001, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa. Para la Corte Constitucional, en sede de acción de constitucionalidad, los yerros constitucionales deben acreditar ser “claros, ciertos, específicos y suficientes”, lo cual resulta más riguroso que en sede de reparación directa, a pesar de ser una “acción constitucional”. Corte Constitucional, sentencia C-1052 de 2001, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 10 de septiembre de 2020, exp. 55004; sentencia de 8 de mayo de 2020. exp. 51.674; y sentencia de 5 de marzo de 2021, exp. 49.666. C.P.: María Adriana Marín. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 8 de mayo de 2020, exp. 51.674. C.P.: María Adriana Marín
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 26 de agosto de 2019, exp. 45.897, C.P.: Jaime Enrique Rodríguez Navas. Reiterado en: Sentencia de 8 de mayo de 2020, exp. 51.674. C.P.: María Adriana Marín. Este error -inexcusable- tiene un alcance objetivo que no conduce a que se deba probar la conducta del operador judicial, sino del error in judicando presente en la providencia con el alcance indicado. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 26 de noviembre de 2018, exp. 39.969. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 12 de diciembre de 2019, expediente 45.602. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 8 de mayo de 2020, exp. 51.674. C.P.: María Adriana Marín.
“Artículo 67. Presupuestos del error jurisdiccional.
El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos:
“1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial.
“2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme”. Este criterio ha sido expuesto, entre otras, en las siguientes providencias de la Sección Tercera: Sentencia del 17 de noviembre de 2011, exp. 22.982; sentencia del 6 de junio de 2012, exp. 24.690; sentencia del 27 de junio de 2013, exp. 28.189; sentencia del 29 de enero de 2014, exp. 28.215; sentencia del 12 de febrero de 2014, exp. 28.428; sentencia del 28 de agosto de 2014, exp. 29.540; sentencia del 1° de octubre de 2014, exp. 27.862, y sentencia de 10 de julio de 2020. exp. 56763). C.P.: Nicolás Yepes Corrales, entre otras. Ley 100 de 1993. “Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:
“a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite.
“En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante por lo menos desde el momento en que éste cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez o invalidez, y hasta su muerte, y haya convivido con el fallecido no menos de dos (2) años continuos con anterioridad a su muerte, salvo que haya procreado uno o más hijos con el pensionado fallecido; (…)”.
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