Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2011-01428-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2011-01428-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 76001-23-31-000-2011-01428-01
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
16 de noviembre de 2023
Radicado: 76001-23-31-000-2011-01428-01 (59042)
Demandante: Luis Arturo Burbano Fajardo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., dieciséis (16) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de reparación directa
Radicación: 76001-23-31-000-2011-01428-01 (59042)
Demandante: Luis Arturo Burbano Fajardo
Demandada: Nación - Rama Judicial
Tema: Daños causados por un liquidador en un proceso concordatario
de persona natural. Se confirma la decisión de negar las
pretensiones porque: (i) la responsabilidad por este tipo de daños
está regulada en la ley y no puede imputársele al Estado en los
términos del artículo 90 de la Constitución Política; (ii) en relación
con el remate del inmueble se configuró la culpa exclusiva de la
víctima porque el demandante no objetó el avalúo y (iii) no se
acreditaron los demás perjuicios.
SENTENCIA
Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala
resuelve el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia proferida el 22 de octubre de 2015 por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca - Sala de Descongestión, que negó las pretensiones de la
demanda.
La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un recurso
de apelación interpuesto en vigencia de la Ley 270 de 1996 contra una sentencia
proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, dentro de un proceso
de reparación directa por hechos de la administración de justicia.
El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 27 de abril de 20171. Se
corrió traslado para alegar de conclusión el 25 de mayo de 20172; las partes
guardaron silencio y el Ministerio Público no rindió concepto.
I. ANTECEDENTES
A. Posición de la parte demandante
1.- La demanda que dio origen al proceso fue presentada el 26 de septiembre de
2011 por Luis Arturo Burbano Fajardo (en adelante, el demandante). Se dirigió
1 Fl. 1023, c. ppal.
2 Fl. 1025, c.ppal.
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Radicado: 76001-23-31-000-2011-01428-01 (59042)
Demandante: Luis Arturo Burbano Fajardo
contra la Rama Judicial para obtener la reparación del daño causado por las
<<fallas>> en las que incurrió el liquidador en el trámite del proceso de liquidación
obligatoria de persona natural iniciado contra el demandante, las cuales lo
privaron de sus bienes y le ocasionaron pérdidas económicas.
2.- En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:
<< Primera: Que se declare la responsabilidad patrimonial de la Nación - Rama
Judicial por todos los perjuicios ocasionados a Luis Arturo Burbano Fajardo, como
consecuencia del defectuoso funcionamiento de la administración, por las
irregularidades surtidas dentro de un trámite concordatario de persona natural que
se adelantó ante el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Santiago de Cali.
Segunda: Que como consecuencia obligada de la anterior declaración, se condene
a la entidad demandada a pagar las siguientes sumas de dinero:
1. Perjuicios materiales.
Se hará bajo las siguientes modalidades:
1.1.- Lucro cesante: Corresponde en este evento, en primer lugar al valor del
inmueble, única propiedad del reclamante del que fuera privado a raíz de las
irregularidades de la auxiliar de la justicia, liquidador Felipe Caicedo Orozco y, se
estima aproximadamente en la suma de noventa millones de pesos ($90.000.000)
o lo que resultare probado.
Se suma a ello el saldo a favor del hoy demandante Burbano Fajardo, e impagado,
acorde con la liquidación efectuada por la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Santiago de Cali, fijada en la suma de treinta millones cincuenta y siete
mil setecientos ochenta y un pesos ($30.057.781), o lo que resultare probado.
Por lo tanto, se reconocerá por este ítem la suma de ciento veinte millones cincuenta
y siete mil setecientos ochenta y un pesos ($120.057.781) a lo cual se le aplicará la
siguiente fórmula para obtener la actualización. (…)
1.2.- Daño emergente: En este ítem deberá tenerse en cuenta los gastos generados
a raíz de las actuaciones procesales del señor Luis Arturo Burbano Fajardo en
contra del liquidador Felipe Caicedo Orozco.
Este estipendio equivale a la suma de dos millones de pesos ($2.000.000), o lo que
resultare probado.
2. Perjuicios Morales
Conforme a pretérito pronunciamiento del H. Consejo de Estado, la valoración del
perjuicio moral se tendrá en salarios mínimos legales mensuales, atendiendo a los
principios de reparación integral y equidad que señala el artículo 16 de la Ley 446 de
1998 y por lo cual se tasará en el equivalente a cien (100) salarios mínimos
mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria del fallo definitivo, o lo que
resultare probado.
3. Daño a la vida de relación o alteración de las condiciones de la existencia
(…) Así pues, encontramos que la actuación judicial deficiente y regular no solo
generó una alteración anímica, sino además se le cuarto de sus actividades
cotidianas y después del suceso, además, se evidenciaron traumatismos que se
reflejaron en sus relaciones interpersonales, como así se comprobará.
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Demandante: Luis Arturo Burbano Fajardo
La tasación del presente perjuicio se estima en el equivalente a cien (100) salarios
mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria del fallo definitivo
o lo que resultare probado. (…)>>.
3.- Las pretensiones se basaron en las siguientes afirmaciones:
3.1.- El 9 de febrero de 2002 el demandante solicitó ante el Juzgado Sexto Civil
del Circuito de Cali la apertura de un trámite concordatario de persona natural no
comerciante, para lo cual presentó como activo una casa habitacional ubicada en
el barrio La Pradera, en Jamundí – Valle del Cauca3 (en adelante, el inmueble).
3.2.- El trámite concordatario fue declarado fallido. En consecuencia, el 18 de
abril de 2006 el juzgado dispuso la apertura del trámite de liquidación obligatoria
de los bienes que conformaban el patrimonio del demandante. Para ello, designó
al auxiliar de la justicia Felipe Caicedo Orozco como liquidador, quien tomó
posesión del cargo el 7 de julio de 2006 y el 12 de febrero de 2007 allegó una
póliza de seguros tomada con la compañía Liberty S.A. con el fin de garantizar el
correcto manejo de los bienes del demandante4.
3.3.- El liquidador Felipe Caicedo Orozco incurrió en las siguientes <<fallas>>
durante el proceso de liquidación obligatoria:
<<a. No fue diligente el manejo del único activo de propiedad del accionante y
con el cual debía cancelarse las obligaciones que se encontraban a cargo del
demandante, ya que tal como se puede evidenciar este inmueble durante todo el
trámite de la liquidación obligatoria no produjo rendimiento, esto por cuanto según
el liquidador permaneció desocupado, sin embargo, el señor Burbano Fajardo
tuvo conocimiento que ello no fue así, pues según su argumento, no pudo realizar
gestión alguna tendiente a que dicho inmueble fuera producto de arrendamientos
o similares, que sin duda alguna hubiese bastado para sufragar los acreedores
de Burbano Fajardo, que en su momento estaban estimados en un total de
diecisiete millones quinientos mil pesos ($17.500.000), producto de dos
obligaciones de mutuo comercial, una de ellas con respaldo hipotecario.
b. Permitió manejos indebidos de esté bien por parte de los Srs. Ramón José
Duque Ramírez y Emma Tulia Duque de Duque, ya que según se desprende de
las propias cuentas que presentó el liquidador, fueron estas personas, ajenas al
asunto: quienes incurrieron en gastos de saneamiento y mantenimiento del
inmuebles (sic), muchos de estos catalogados como suntuosos y que fueron
objeto de desconocimiento por parte del funcionario de primera instancia. En
últimas motivó que se le tuviera que restituir a Luis Arturo Burbano una suma de
dinero, como puede verificarse en la foliatura del proceso civil.
c. Desconoció las intenciones de Luis Burbano en el sentido de cancelar las
obligaciones pendientes a su cargo, las cuales le fueron puestas en conocimiento
por parte del operador del señor Burbano, así como el despacho mismo, en
contrario en completo desconocimiento de dicha intención continuó con el trámite
procesal sin siquiera detenerse a escuchar la forma como podía en ese momento
sufragar las obligaciones.
3 Las acreencias del demandante eran producto de dos obligaciones de mutuo comercial y, una de ellas con
respaldo hipotecario.
4 El 15 de marzo de 2007 esa póliza fue ampliada al 10% del valor de los activos y fue calificada suficiente
mediante auto del 26 de marzo de 2007.
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Demandante: Luis Arturo Burbano Fajardo
d. No fue diligente en el trabajo de avalúo y venta del único activo de propiedad
de Burbano Fajardo, de tal suerte que ante un avalúo que se encontraba por
debajo del valor comercial del inmueble presentó una completa inactividad
incumpliendo su deber de velar porque el único bien del convocante, el que
serviría para cancelar las obligaciones a su cargo, fuera vendido en el precio real
del mismo y no en uno ínfimo como a la postre ocurrió.
e. Al presentar las cuentas finales en el proceso de liquidación, las mismas fueron
inexactas, no correspondían a la realidad procesal de tal suerte que se presentó
la respectiva objeción al informe final de cuentas; ante lo cual el Juzgado Sexto
Civil del Circuito de esta ciudad en decisión interlocutoria 1593 del tres (3) de
agosto del año dos mil nueve (2009) aceptó parcialmente dicha posesión y
concluyó por reconocer un saldo a favor del deudor de seis millones quinientos
sesenta y ocho mil noventa pesos ($6.568.090.00) pesos. (…)>>
3.4.- El 30 de marzo de 2009 el liquidador presentó ante el juzgado el informe
final y los comprobantes de contabilidad de los activos y pasivos de la masa de
la liquidación. Según el informe, no existían saldos a favor del demandante. Por
tal razón, el demandante lo objetó por inexactitud y por error grave de cuentas.
3.5.- El 3 de agosto de 2009 el juzgado resolvió la objeción e improbó el informe
final de cuentas presentado por el liquidador. En su lugar, estableció un saldo a
favor del demandante de $6.568.090. Esa decisión fue recurrida por el liquidador.
3.6.- El 11 de agosto de 2010 el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali
nuevamente modificó las cuentas finales y tuvo como saldo a favor del
demandante la suma de $30.057.7815.
3.7.- El 7 de marzo de 2011 el demandante presentó queja disciplinaria contra
el liquidador y también lo denunció por el delito de peculado culposo ante la
Fiscalía 48 delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Cali.
3.8.- El demandante afirmó que a la fecha de presentación de la demanda el
liquidador no había realizado gestión alguna tendiente a cancelar el saldo a su
favor.
4.- Según el demandante el daño es imputable a la Rama Judicial porque <<todas
las conductas demostradas dentro del trámite procesal instituyen un defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, porque a través del propio Juez
Sexto Civil del Circuito de Santiago de Cali y el auxiliar de justicia -Liquidador-
incurrieron en acciones y omisiones que impidieron cumplir con el objetivo del
proceso concordatario, y era que con el activo del señor Burbano Fajardo,
valiéndose de los frutos que éste hubiera podido producir cancelara las
obligaciones sostenida con los acreedores participe en el respectivo trámite. Por
el contrario, la falta de vigilancia del despacho, sumado a las irregularidades del
liquidador terminaron no sólo privando al demandante de sus bienes sino al punto
de causarle pérdidas>>.
5 Fls. 619-650, c.2.
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Radicado: 76001-23-31-000-2011-01428-01 (59042)
Demandante: Luis Arturo Burbano Fajardo
5.- El demandante reclama la indemnización de los siguientes perjuicios: (i)
$90.000.000 por concepto del valor por el cual el liquidador debía vender el
inmueble; (ii) el saldo de $30.057.781 adeudado al demandante, de conformidad
con el informe final de la liquidación; (iii) $2.000.000 por concepto de los gastos
en los que incurrió el demandante con ocasión de las actuaciones procesales
realizadas en la liquidación y (iv) los perjuicios morales y el daño a la vida de
relación porque a raíz de las irregularidades ocurridas en la liquidación el
demandante sufrió una alteración anímica porque no pudo realizar sus
actividades cotidianas y sufrió traumatismos.
B. Posición de la parte demandada
6.- La Rama Judicial se opuso a las pretensiones de la demanda. Como
argumentos de defensa expuso que no existió una falla del servicio porque su
actuar estuvo acorde con la Constitución y la ley. Agregó que las actuaciones del
liquidador estaban respaldadas con una póliza de valor equivalente al 10% de
los activos del demandante. En consecuencia, solicitó vincular a la Aseguradora
Liberty Seguros como litisconsorte necesario6. Adicionalmente, advirtió que se
desconocía la suerte de los procesos penal y disciplinario que el demandante
presentó contra el liquidador. Como excepciones presentó la <<inane
demandada>> y la inexistencia de perjuicios porque no existió daño antijuridico
alguno que diera lugar a su reconocimiento.
7.- El auxiliar de la justicia y liquidador, Felipe Caicedo Orozco, quien fue
vinculado al proceso en calidad de tercero interviniente7, se opuso a las
pretensiones porque: (i) el secuestre del inmueble declaró que este nunca había
sido arrendado; (ii) el demandante no objetó las mejoras realizadas al inmueble
para poderlo vender; no aportó prueba de la existencia del contrato de
arrendamiento y tampoco presentó propuestas concretas sobre el pago de sus
acreencias; (iii) el proceso concordatario aún no había finalizado, pues se
encontraba en trámite un incidente de nulidad porque dicho trámite se debió
llevar bajo la Ley 1116 de 2006 y no bajo la Ley 222 de 1995.
C. Sentencia recurrida
8.- En sentencia del 22 de octubre de 2015 el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca - Sala de Descongestión negó las pretensiones porque consideró que
no se probó la existencia de un daño con base en los siguientes motivos:
8.1.- En relación con las rentas que el inmueble de propiedad del demandante
debió producir durante el trámite de la liquidación, el tribunal señaló que:
6 Mediante auto del 18 de diciembre de 2013, el tribunal negó la vinculación de la aseguradora. Fls. 926-
927, c.1.
7 Mediante auto de 18 de diciembre de 2013, el tribunal vinculó a Felipe Caicedo Orozco como tercero
interviniente. Fls. 928-930, c.1.
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Radicado: 76001-23-31-000-2011-01428-01 (59042)
Demandante: Luis Arturo Burbano Fajardo
a.- El inmueble había sido secuestrado el 9 de marzo de 2001 con ocasión de un
proceso hipotecario iniciado contra el ahora demandante. En ese momento se
informó que el inmueble era habitado por su esposa.
b.- De conformidad con el informe rendido el 27 de abril de 2009 por el secuestre,
el inmueble no podía ser arrendado debido a que se encontraba en mal estado.
Por lo tanto, no podía producir rentas para que estas pudieran ser usadas en el
trámite de la liquidación para cancelar las deudas del demandante Luis Arturo
Burbano Fajardo.
8.2.- En relación con el valor por el cual fue rematado el inmueble, el tribunal
señaló que el liquidador presentó el avalúo del inmueble y el demandante no
formuló reproche alguno. Es decir, el demandante tuvo la oportunidad de ejercer
su derecho de defensa respecto del valor en el que el liquidador vendió el bien y
no lo ejerció.
8.3.- En relación con los demás incumplimientos de las funciones del liquidador
imputados en la demanda, el tribunal destacó que:
a.- No se probó la existencia de un daño porque en la rendición final de cuentas
aprobada por el tribunal se estableció un saldo de $30.057.781 a favor del
demandante. Por lo tanto, a pesar de que existió una diferencia entre las cuentas
que rindió el liquidador y las aceptadas por el tribunal, lo cierto era que el
patrimonio del demandante no disminuyó. Por el contrario, este aumentó ya que
después del pago de las deudas el juzgado ordenó reintegrar los dineros que
surgieron de la venta del inmueble.
b.- Como lo advirtió el Juzgado Sexto Civil del Circuito en el auto del 23 de abril
de 2009, si el demandante consideraba que su patrimonio estaba siendo afectado
por las actividades del liquidador, podía hacer valer sus derechos ante la
jurisdicción ordinaria, formular oportunamente las respectivas objeciones y hacer
efectiva la caución, en los términos de los artículos 165 y 167 de la Ley 222 de
1995.
D. Recurso de apelación
9.- El demandante solicita revocar la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, acceder a las pretensiones. Sus reparos son los siguientes:
9.1.- En el proceso se acreditó la existencia del daño consistente en:
a.- El demandante aún no ha recibido el pago de $30.057.781 establecido a su
favor en el saldo final de cuentas de la liquidación aprobado por el Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Cali.
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Radicado: 76001-23-31-000-2011-01428-01 (59042)
Demandante: Luis Arturo Burbano Fajardo
b.- De acuerdo con el dictamen pericial rendido en el proceso, si el inmueble del
demandante se hubiera arrendado desde el 2002 hasta el 2011, habría producido
$119.364.800.
c.- El inmueble del demandante fue rematado por un valor inferior a su valor real.
9.2.- Insiste en que el daño fue causado por las irregularidades en las que
incurrieron el secuestre del inmueble, el liquidador y el juzgado que tramitó la
liquidación. En particular, destacó que:
a.- El secuestre no arrendó el inmueble, lo que impidió que produjera frutos para
pagar las deudas del demandante en el marco del proceso liquidatorio. En
relación con este aspecto, destacó que el tribunal no podía tener como probado
el deterioro del inmueble a partir del informe rendido por el secuestre, para lo cual
se requerían <<pruebas directas [de] la condición improductiva del bien>>.
Agregó que si el inmueble estaba deteriorado, el secuestre debía realizar las
reparaciones necesarias para volverlo productivo.
b.- El liquidador y el juez avalaron los comportamientos omisivos del secuestre
porque omitieron requerirlo oportunamente para que rindiera informes sobre su
actividad.
c.- Adicionalmente, el liquidador incurrió en yerros en la elaboración del informe
final de cuentas y subastó el inmueble por un valor inferior a su valor real.
II. CONSIDERACIONES
E. Asuntos procesales
10.- De acuerdo con el artículo 136 del CCA, el término de caducidad de la acción
de reparación directa es de dos años contados a partir del día siguiente del
acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa. La Sala se
pronunciará de fondo porque están reunidos los presupuestos procesales para
fallar y la demanda fue presentada oportunamente: (i) la providencia dictada por
el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali que improbó el informe final de
cuentas rendido por el liquidador, y lo modificó, quedó ejecutoriada el 19 de
agosto de 20108; (ii) la solicitud de conciliación se presentó el 3 de junio de
2011 y los términos se suspendieron hasta el 7 de septiembre de 20119, cuando
la audiencia de conciliación se declaró fallida, y (iii) la demanda fue interpuesta
oportunamente, el 26 de septiembre de 2011.
F. Decisión
11.- La Sala confirmará la decisión de rechazar las pretensiones de la demanda
porque: (i) comparte la consideración del tribunal conforme con la cual los daños
8 Notificada por estados el 13 de agosto de 2010 visible a Fl, 215, c. 3.
9 Fl. 807. c.1.
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Demandante: Luis Arturo Burbano Fajardo
imputados al Estado debían reclamarse directamente del liquidador en los
términos del artículo 167 de la Ley 222 de 1995; (ii) en relación con el remate del
inmueble, se configuró la culpa exclusiva de la víctima porque el demandante no
objetó el avalúo y (iii) no se acreditaron los demás perjuicios.
12.- En los términos del artículo 90 de la CP, el Estado responde por los daños
antijurídicos que le sean imputables causados por la acción u omisión de sus
agentes.
13.- La responsabilidad patrimonial del Estado y sus funcionarios judiciales está
regulada en los artículos 65 y siguientes de la Ley 270 de 1996 (estatutaria de la
administración de justicia) la cual en su artículo 74 dispone:
<<las disposiciones del presente capítulo se aplicarán a todos los agentes del
Estado pertenecientes a la Rama Judicial así como también a los particulares
que excepcional o transitoriamente ejerzan o participen del ejercicio de la función
jurisdiccional de acuerdo con lo que sobre el particular dispone la presente Ley
Estatutaria. En consecuencia, en los preceptos que anteceden los términos
«funcionario o empleado judicial» comprende a todas las personas señaladas en
el inciso anterior>>.
14.- A partir de la disposición anterior, la jurisprudencia del Consejo de Estado
ha estimado que el Estado también debe responder por los daños causados por
el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia definido en el
artículo 69 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, y por las
actuaciones u omisiones de los auxiliares de la justicia.
15.- Tanto en vigencia de la Ley 222 de 1995 10 como de la Ley 1116 de 200611,
los liquidadores tienen la obligación de constituir garantías para responder por
los perjuicios causados por el incumplimiento de sus funciones. A partir de esta
obligación, se infiere que es el liquidador quien debe responder ante el deudor
por los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de sus funciones.
16.- Los daños reclamados en la demanda se refieren a actuaciones y omisiones
del liquidador designado en el proceso, razón por la cual su reparación debía ser
reclamada al liquidador.
17.- La antijuridicidad del daño a la que hace referencia el artículo 90 de la CP
impone demostrar que el daño reclamado por el demandante carece de
justificación en el ordenamiento jurídico; en este caso es claro que si bien la ley
ofrece a los particulares un procedimiento judicial dirigido a realizar el pago de
sus deudas con los acreedores mediante un acuerdo concordatario o mediante
la liquidación de su patrimonio, también es cierto que en ella se establece
claramente que la responsabilidad por las irregularidades de liquidador recae
directamente sobre él.
10 Ver artículo 165.
11 Ver artículo 32 del Decreto Reglamentario 526 de 2009.
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Radicado: 76001-23-31-000-2011-01428-01 (59042)
Demandante: Luis Arturo Burbano Fajardo
18.- Adicionalmente, la Sala destaca que:
18.1.- El demandante no objetó el avalúo del inmueble ni presentó oposición
alguna contra la providencia que lo aprobó; tampoco demostró que el avalúo
comercial del inmueble fuera superior al presentado por el liquidador. En
consecuencia, frente a este daño se configuró la culpa exclusiva de la víctima.
18.2.- El demandante no acreditó los demás perjuicios porque:
a.- Por daño emergente solicitó el pagó de dos millones de pesos $2.000.000 por
concepto de los gastos en los que incurrió con ocasión de las actuaciones
procesales realizadas en la liquidación. Sin embargo, no señaló a qué tipo de
gastos se refería, si se trataba de los honorarios de un abogado o si el concepto
era diferente. En todo caso, si se refería los gastos de honorarios de abogado,
se observa que el demandante no aportó la factura o el documento equivalente
para acreditarlos, de conformidad con los parámetros señalados en la sentencia
de unificación del 18 de julio de 201912. Por lo tanto, se negará la reparación de
este perjuicio.
b.- Finalmente, el demandante no probó los perjuicios morales y el daño a la vida
de relación, pues no aportó prueba alguna que acreditara una alteración anímica
o cese de sus actividades cotidianas a causa del proceso concordatario.
G. Costas
19.- En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar
de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con
lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado
por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia del 22 de octubre de 2015 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca - Sala de Descongestión.
SEGUNDO: SIN CONDENA en costas.
12 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de unificación del 18 de julio de 2019, proceso Nº. 2009-
00133-01 (44572).
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Radicado: 76001-23-31-000-2011-01428-01 (59042)
Demandante: Luis Arturo Burbano Fajardo
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el
expediente a su tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con salvamento parcial de voto
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Con aclaración de voto
10
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