Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2011-01435-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 76001-23-31-000-2011-01435-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2011-01435-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 76001-23-31-000-2011-01435-01
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
23 de noviembre de 2022
Radicado: 76001-23-31-000-2011-01435-01 (53807)
Demandantes: Óscar Eduardo Álvarez Vélez y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de reparación directa
Radicación: 76001-23-31-000-2011-01435-01 (53807)
Demandantes: Óscar Eduardo Álvarez Vélez y otros
Demandado: Fiscalía General de la Nación
Tema: Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por
prescripción de la acción penal. Se confirma la decisión de negar
las pretensiones de la demanda porque la parte actora no demostró
que la decisión de declarar la prescripción de la acción penal le
hubiese generado una pérdida de oportunidad.
SENTENCIA
Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede
la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia proferida el 29 de julio de 2014 por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, en la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
La Sala es competente para conocer de este proceso en segunda instancia por
tratarse de un recurso de apelación interpuesto en vigencia de la Ley 270 de 1996
contra una sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo,
dentro de un proceso de reparación directa por hechos de la administración de
justicia.
El recurso de apelación fue admitido el 14 de mayo de 20151. Mediante auto del
23 de julio de 2015 se negó por extemporánea la solicitud de pruebas presentada
por la parte recurrente2. Se corrió traslado para alegar de conclusión el 13 de
agosto de 2015. Las partes presentaron alegatos de conclusión. El Ministerio
Público no rindió concepto.
La parte demandante no presentó solicitud de conciliación prejudicial y la Fiscalía
no propuso excepción alguna al respecto, ni recurrió el auto que admitió la
demanda. En consecuencia, cualquier irregularidad que se pudo generar por la
falta de agotamiento de este requisito de procedibilidad quedó saneada.
1 Fl. 931, c. ppal.
2 Fl. 937, c.ppal
1
Radicado: 76001-23-31-000-2011-01435-01 (53807)
Demandantes: Óscar Eduardo Álvarez Vélez y otros
I. ANTECEDENTES
A. Posición de la parte demandante
1.- La demanda que dio origen al proceso fue interpuesta el 26 de septiembre de
2011 por Yury Paola Soto Vélez (víctima directa) y sus familiares. Se dirigió
contra la Fiscalía General de la Nación para obtener la reparación del daño
causado por la providencia que declaró la prescripción de la acción penal y, en
consecuencia, extinguió el proceso adelantado contra la señora Gloria Angelly
Marín Martínez por lesiones personales, lo que impidió que los demandantes
pudieran obtener la indemnización de los perjuicios civiles dentro del proceso
penal.
2.- A partir de lo afirmado en la demanda y de las piezas del proceso penal
allegadas, se extrae que:
2.1.- El 28 de noviembre de 2004 la demandante Yury Paola Soto Vélez sufrió
una fractura en la tibia derecha por la colisión ocurrida entre la moto en la que
ella se transportaba, que era conducida por Jhon Fredy Restrepo, y el automóvil
que conducía Gloria Anllely Marín Martínez3.
2.2.- El 13 de diciembre de 2004 se llevó a cabo una conciliación entre los
propietarios de los vehículos involucrados en el accidente, con el objeto de
indemnizar los perjuicios causados. A raíz de la conciliación, Gildardo Antonio
Restrepo Mejía, propietario de la moto, recibió la suma de un millón cien mil pesos
($1.100.000) por los daños ocasionados al vehículo. En la conciliación quedaron
excluidos los perjuicios que sufrió la demandante Yury Paola Soto Vélez a raíz
del accidente.
2.3. Debido a la denuncia presentada por la demandante Yury Paola Soto Vélez
y el informe de planilla del accidente que se presentó el 11 de febrero de 2005,
el 14 de febrero de 2005 la Fiscalía Séptima Local de Cartago abrió una
investigación penal contra Gloria Anllely Marín Martínez por el delito de lesiones
personales culposas.
2.4.- El 8 de septiembre de 2005 la demandante Yury Paola Soto Vélez formuló
demanda de parte civil contra Gloria Anllely Marín Martínez, conductora del
automóvil en el momento de accidente, y solicitó la vinculación como tercera
civilmente responsable a la propietaria del automóvil, Lucelly Amparo Marín
Martínez4.
3 Los vehículos involucrados en el accidente eran conducidos por personas diferentes a sus propietarios. El
propietario de la moto era Gildardo Antonio Restrepo Mejía y la propietaria del automóvil era Lucelly Amparo
Marín.
4 Fls. 530-537, c.3.
2
Radicado: 76001-23-31-000-2011-01435-01 (53807)
Demandantes: Óscar Eduardo Álvarez Vélez y otros
2.5.- El 10 de noviembre de 2005 la Fiscalía admitió la demanda de parte civil
presentada por la demandante Soto Vélez, incluida la solicitud de vinculación de
la tercera civilmente responsable5.
2.6.- El 27 de abril de 2007 la Fiscalía aceptó el llamamiento en garantía que la
tercera civilmente responsable formuló contra la Compañía de Seguros Agrícola
de Seguros, pues al momento del accidente el automóvil estaba amparado por
una póliza de responsabilidad civil extracontractual6.
2.7.- El cierre de la investigación ocurrió mediante resolución del 13 de febrero
de 2008.
2.8.- Mediante resolución del 27 de junio de 2008 la Fiscalía Doce Local de
Cartago: (i) precluyó la investigación a favor de Gloria Anllely Marín Martínez y
(ii) ordenó compulsar copias de lo actuado para que se investigara la actuación
del conductor de la motocicleta, Jhon Fredy Restrepo, porque si bien la
conductora del automóvil no realizó el pare, el motociclista estaba manejando en
estado de embriaguez7.
2.9.- El 16 de enero de 2009 la Fiscalía Quinta delegada ante el Tribunal Superior
de Distrito Judicial de Guadalajara de Buga revocó la anterior decisión y, en su
lugar, acusó formalmente a la sindicada Gloria Anllely Marín Martínez8.
2.10.- El 9 de septiembre de 2009, estando el proceso en etapa de juicio y en
conocimiento del Juzgado Cuarto Penal Municipal de Depuración de Cartago,
durante la audiencia preparatoria se decretó la nulidad de lo actuado a partir de
la resolución de cierre de la investigación del 13 de febrero de 2008 porque esta
última decisión no le fue notificada a la llamada en garantía, la Compañía Agrícola
de Seguros9.
2.11.- El 3 de noviembre de 2009 la Fiscalía profirió nuevamente resolución de
acusación contra Gloría Anllely Marín Martínez, decisión que fue apelada por esta
y por la llamada en garantía, Compañía Agrícola de Seguros.
2.12.- El 7 de julio de 2010 la Fiscalía Quinta delegada ante el Tribunal Superior
de Distrito Judicial de Guadalajara de Buga revocó la decisión anterior y, en su
lugar, declaró la prescripción de la acción penal a favor de Gloria Anllely Marín
Martínez10.
3.- Según la parte actora, la providencia que declaró la prescripción de la acción
penal le causó un daño antijurídico. Sostiene que la Fiscalía incurrió en
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por la mora judicial
5 Fls.543-545, c.3.
6 Fl. 520,c.3.
7 Fls. 110- 114, c.1.
8 Fls. 165-173, c.2.
9 Fls. 223-227, c.2.
10 Fls. 282-289, c.2.
3
Radicado: 76001-23-31-000-2011-01435-01 (53807)
Demandantes: Óscar Eduardo Álvarez Vélez y otros
que dio lugar a la prescripción de la acción penal a favor de Gloría Anllely Marín
Martínez. Señaló que el ente acusador tuvo seis años para proferir acusación y
no lo hizo, por <<favorecer a una funcionaria de la Rama Judicial, es decir, a la
propietaria del rodante responsable del accidente, dejando ver la parcialidad de
los funcionarios>>.
B. Posición de la parte demandada
4.- La Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones de la demanda.
Sostuvo que: (i) el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia no
estaba probado porque la parte actora no acreditó la demora injustificada en el
trámite por parte de la entidad; (ii) no incurrió en una falla del servicio porque las
actuaciones a su cargo se surtieron oportunamente y estuvieron ajustadas a ley
y a la Constitución y (iii) el mero incumplimiento de los términos dentro de un
proceso no constituye per se una mora injustificada. Adicionalmente, presentó la
excepción de la culpa exclusiva de la víctima porque el apoderado de la parte
civil omitió interponer los recursos de ley para continuar con la reclamación de
los perjuicios.
C. Sentencia recurrida
5.- El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia de primera
instancia el 29 de julio de 2014, en la que negó las pretensiones de la demanda
porque el daño reclamado, consistente en una pérdida de oportunidad, no tenía
el carácter de cierto. Lo anterior, debido que: (i) el resultado del proceso penal
era incierto, debido a que la prescripción de la acción penal ocurrió cuando se
estaba resolviendo el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de
acusación y (ii) ante la imposibilidad de lograr la indemnización por parte de la
sindicada Gloria Anllely Marín Martínez o terceros civilmente responsables, los
demandantes tuvieron la posibilidad de acudir a la jurisdicción civil para perseguir
dicha indemnización y no lo hicieron.
D. Recurso de apelación
6.- La parte demandante solicita que se revoque integralmente el fallo de primera
instancia y, en su lugar, se concedan las pretensiones de la demanda. Su
inconformidad se basa en los siguientes argumentos:
6.1.- Se demostró la existencia de un defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia porque la actuación negligente de la Fiscalía General
de la Nación conllevó a que se declarara la prescripción de la acción penal.
6.2.- Las pruebas aportadas con la demanda permiten deducir la responsabilidad
penal de la sindicada, pues ella no obedeció la señal de pare y esto fue lo que
ocasionó el accidente. Por tal razón, no es posible predicar que el daño era
incierto.
4
Radicado: 76001-23-31-000-2011-01435-01 (53807)
Demandantes: Óscar Eduardo Álvarez Vélez y otros
6.3.- Era inoperante acudir a la jurisdicción civil con la finalidad de obtener la
indemnización de los perjuicios ocasionados por la responsabilidad
extracontractual de la sindicada, debido a que ello implicaba pasar por alto el
principio de economía procesal.
6.4.- Existe responsabilidad por parte de la Fiscalía porque incumplió sus
funciones al dejar pasar tanto tiempo entre cada una de las etapas del proceso
penal y al no proponer fórmulas de arreglo para que en la conciliación que hubo
entre los propietarios de los vehículos involucrados en el accidente no solo
conciliaran por los daños de la moto, sino también por los demás perjuicios.
II. CONSIDERACIONES
E. Presupuestos procesales
7.- La Sala procede a estudiar de fondo el asunto porque la acción se presentó
dentro de los dos años previstos en el artículo 136 del Código Contencioso
Administrativo: (i) la providencia que precluyó la investigación penal por la
prescripción se profirió el 7 de julio de 2010 y quedó ejecutoriada en esa misma
fecha11 y (ii) la demanda se presentó el 26 de septiembre de 2011.
F. Decisión
8.- La Sala confirmará la decisión de negar las pretensiones de la demanda
porque la parte demandante no acreditó que la prescripción de la acción penal
decretada por la Fiscalía Quinta delegada ante el Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Buga le hubiese causado la pérdida de la oportunidad de haber
obtenido la indemnización de los perjuicios solicitada dentro del proceso penal.
9.- Es claro que los deudores de la obligación de reparar el daño proveniente del
delito son los autores del delito o quienes tienen la condición de terceros
civilmente responsables y que el Estado no es garante de tal obligación. Por lo
tanto, a la parte actora le incumbe exponer y acreditar las afirmaciones que
permitan concluir que la prescripción de la acción penal le impidió recibir una
indemnización que habría podido obtener si ella no se hubiese declarado; le
corresponde demostrar que tal declaración le frustró definitivamente una
expectativa cierta o con grandes probabilidades de certeza de obtener la
reparación.
10.- La pérdida de oportunidad que debe demostrar el demandante debe reunir
los requisitos que la jurisprudencia ha señalado para que ésta sea indemnizable,
esto es, que sea cierta, que sea definitiva y que sea seria en el sentido de
evidenciar que, en efecto, la víctima obtendría una indemnización12.
11 De conformidad con la constancia de ejecutoria expedida por la Fiscalía Quinta delegada ante el Tribunal
Superior de Guadalajara de Buga. Fl. 583, c.3.
12 La jurisprudencia ha señalado como requisitos de la pérdida de oportunidad (i) la certeza de la oportunidad
que se pierde; (ii) la imposibilidad definitiva de obtener el provecho o de evitar el detrimento; y (iii) la víctima
debe encontrarse en una situación potencialmente apta para pretender la obtención del resultado esperado,
5
Radicado: 76001-23-31-000-2011-01435-01 (53807)
Demandantes: Óscar Eduardo Álvarez Vélez y otros
11.- En el presente caso no está demostrada la certeza de la oportunidad porque:
11.1.- La parte demandante tenía la carga de acreditar que, de no haber ocurrido
la prescripción de la acción penal, existía una alta probabilidad de que la
imputada Gloría Anllely Marín Martínez hubiera sido condenada en el proceso
penal. Sin embargo, la parte actora no cumplió esa carga argumentativa porque:
(i) se acreditó que la prescripción de la acción penal se declaró en la etapa de
instrucción, es decir en una etapa preliminar del proceso penal y (ii) en el trámite
del proceso penal se demostró que el conductor de la moto en la que se
transportaba la demandante Yury Paola Soto Vélez estaba en estado de
embriaguez.
11.2.- Los demandantes tampoco acreditaron que, en el evento de haberse
declarado la responsabilidad penal de la procesada, habrían tenido la posibilidad
efectiva de ser resarcidos los perjuicios alegados, pues la parte civil no solicitó
medidas cautelares para tal fin y, tampoco allegó pruebas de la solvencia
económica por parte de la sindicada o de la tercera civilmente responsable, que
hiciere necesario impetrar tales medidas.
12.- La parte actora tampoco demostró la pérdida definitiva de la oportunidad
porque la declaratoria de la prescripción de la acción penal no impedía que los
demandantes pudieran obtener la indemnización del daño ante la jurisdicción
civil. Por el contrario, los demandantes podían acudir a la jurisdicción ordinaria
civil para solicitar la respectiva indemnización de perjuicios por parte de la
propietaria, de la tercera civilmente responsable o en su defecto, de la compañía
Agrícola de Seguros, quien fue llamada en garantía por la propietaria del
automóvil.
13.- En efecto:
13.1.- La prescripción de la acción penal no le impedía a la demandante iniciar
un proceso ordinario de responsabilidad civil contra el tercero civilmente
responsable, conforme con lo dispuesto en el artículo 98 del Código Penal 13. En
este caso, los demandantes pudieron haber demandado ante la jurisdicción
ordinaria a la propietaria del vehículo y a la aseguradora, en calidad de terceros
civilmente responsables, caso en el cual la acción se debía sujetar al término
ordinario de prescripción previsto en el artículo 2536 del Código Civil14.
es decir que debe analizarse si el afectado se encontraba en condiciones fácticas y jurídicas idóneas para
alcanzar el provecho por el cual propugnaba. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia
de 5 de abril de 2017, exp. 25706, C.P. Ramiro Pazos Guerrero, reiterada en sentencia del 3 de abril de
2020, exp. 21554 del mismo ponente.
13 Artículo 98 de la Ley 599 de 2000: <<La acción civil proveniente de la conducta punible, cuando se ejercita
dentro del proceso penal, prescribe, en relación con los penalmente responsables, en tiempo igual al de la
prescripción de la respectiva acción penal. En los demás casos, se aplicarán las normas pertinentes de la
legislación civil.>>
14 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 30 de junio de 2016, Radicado N.º 11001-
02-04-000-2016-00743-01, M.P. Ariel Salazar Ramírez: <<Y es que no puede confundirse el significado de
lo que el ordenamiento adjetivo penal considera como “terceros civilmente responsables”, con el de los
terceros responsables dentro del proceso civil, puesto que el término “terceros responsables” para cada uno
de esos ordenamientos tiene un significado y alcance distintos.
6
Radicado: 76001-23-31-000-2011-01435-01 (53807)
Demandantes: Óscar Eduardo Álvarez Vélez y otros
13.2.- Los hechos que dieron origen a los daños reclamados por la parte actora
ocurrieron el 28 de noviembre de 2004. Para ese momento, la prescripción de la
acción civil en cabeza de la demandante contra el tercero civilmente responsable
era de diez (10) años, de conformidad con la Ley 791 de 2002 que modificó el
artículo 2536 del Código Civil y redujo el término de la prescripción ordinaria a
diez (10) años15.
13.3.- Así las cosas, la demandante Yury Paola Soto Vélez pudo acudir ante la
justicia civil para obtener el resarcimiento de los perjuicios sufridos, por lo menos
hasta el 28 de noviembre de 2014, tiempo después de la declaratoria de la
prescripción de la acción penal.
14.- En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar
de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con
lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado
por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia proferida el 29 de julio de 2014 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas en esta
providencia.
En efecto, para el ordenamiento penal, la noción “tercero civilmente responsable” hace alusión a la persona
que a pesar de no haber cometido la conducta punible está llamada, según la ley sustancial, a responder
con su patrimonio por los perjuicios irrogados con la realización del delito (art. 96 de la Ley 600 de 2000).
En cambio, la expresión “tercero responsable conforme a las disposiciones de este capítulo”, contenida en
el artículo 2.358 del Código Civil, se refiere al tipo de responsabilidad indirecta o proveniente del hecho de
un tercero, a diferencia de la que tiene una naturaleza directa o emana del hecho propio.
De suerte que para la doctrina civil el acto generado por quien frente a ley penal es considerado “un tercero”,
puede estar enmarcado en la responsabilidad directa o por el hecho propio, como en el caso de las personas
jurídicas que ejecutan su voluntad a través de sus agentes. De acuerdo con estas premisas, si un tercero
incurre en responsabilidad civil directa, la tesis evidentemente favorece a la víctima de los perjuicios
puesto que la prescripción que reglamenta esta acción es de diez años, y no la trienal a la que refiere
el artículo 2.358 ejusdem. Tal es la claridad del ordenamiento penal en el mencionado artículo 98 de su
legislación sustantiva, que en copiosa jurisprudencia, el máximo tribunal de esa jurisdicción, ha reiterado
que la pérdida de la potestad punitiva para investigar y juzgar al penalmente responsable, impide entrar a
definir aspectos propios de la justicia civil.>>
15 Artículo 2536 del Código Civil, modificado por el artículo 8 de la Ley 791 de 2002: <<La acción ejecutiva
se prescribe por cinco (5) años. Y la ordinaria por diez (10).
La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de cinco (5) años, y convertida en ordinaria durará
solamente otros cinco (5).
Una vez interrumpida o renunciada una prescripción, comenzará a contarse nuevamente el respectivo
término>>.
7
Radicado: 76001-23-31-000-2011-01435-01 (53807)
Demandantes: Óscar Eduardo Álvarez Vélez y otros
SEGUNDO: SIN CONDENA en costas.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el
expediente a su tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Con aclaración de voto
8
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.