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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2011-01447-01

Fecha
21 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodriguez Navas
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2011-01447-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMASE la sentencia dictada el 20 de junio de 2014 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que negó las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada la presente sentencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 76001-23-31-000-2011-01447-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas

21 de noviembre de 2022

Expediente: 78001-23-31-000-2011-01447-01 (52895)
Demandantes: Faudy Valencia Angulo y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Radicado número: 76001-23-31-000-2011-01447-01 (52895)
Demandantes: Faudy Valencia Angulo y otros
Demandada: Nación — Fiscalía General de la Nación — Rama
Judicial
Referencia: Acción de reparación directa

Tema: Responsabilidad del Estado por daños causados por la administración de justicia
Subtema 1: Privación injusta de la libertad. Ley 906 de 2004
Subtema 2: Antijuridicidad del daño no acreditada

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante en contra de la sentencia dictada el 20 de junio de 2014 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Faudy Valencia Angulo, en condición de servidor público del Departamento
Administrativo de Seguridad —DAS-, fue vinculado al proceso penal iniciado con
ocasión de la investigación adelantada por las presuntas conductas irregulares
realizadas por funcionarios encargados de la expedición del certificado judicial. El
Juez Penal con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento
consistente en detención preventiva en lugar de residencia, luego de que la Fiscalía
formuló imputación en su contra por los delitos de concusión, falsedad ideológica
en documento público y falsedad material en documento público. En la epata de
acusación la Fiscalía solicitó la preclusión de la investigación, debido a que no
contaba con elementos de prueba suficientes para desvirtuar la presunción de
inocencia del procesado.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

Faudy Valencia Angulo, Rosana Angulo, José Persides Valencia Viveros, Sandra
Milena Hurtado Prado, Samuel Felipe Valencia Hurtado, Laureano Valencia Angulo,
Edith Valencia Angulo, José Maciste Valencia Angulo, Dagoberto Valencia Angulo
y Emiro Valencia Angulo, por medio de apoderado, presentaron demanda en
ejercicio de la acción de reparación directa en contra de la Nación —Fiscalía General
de la Nación— Rama Judicial—Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el
epartamento Administrativo de Seguridad —DAS-, para que se les declare
administrativamente responsables por el daño derivado de la privación de la libertad
domiciliaria sufrida por Faudy Valencia Angulo, así como de la presentación ante
los medios de comunicación "como un delincuente y un funcionario corrupto".

La parte actora fundamentó sus pretensiones en que, con ocasión de la
investigación adelantada por la oficina anticorrupción del Departamento

Expediente: 76001-23-31-000-2011-01447-01 (52895)
Demandantes: Faudy Valencia Angulo y otros

Administrativo de Seguridad —DAS-, que tenía como, fin descubrir una red de
funcionarios que vendían las citas o turnos para que la ciudadanía tramitara el
certificado judicial, Faudy Valencia Angulo, funcionario de dicha entidad, fue
vinculado al proceso penal acusado de irregularidades por borrar y adulterar
anotaciones de antecedentes judiciales, en su condición de servidor encargado del
manejo del Sistema de Información SIFDAS.

2.2. El trámite procesal relevante de primera instancia

Admitida la demanda presentada el 29 de septiembre de 20111, notificado el auto
admisorio2 y corridos los traslados de ley, la Nación-Fiscalía General de la Nación-
contestó la demanda en el sentido de solicitar negar las pretensiones, con el
argumento de que su actuación estuvo ajustada a los preceptos constitucionales
que señalan sus obligaciones3. Por su parte, la Nación-Rama Judicial- presentó
escrito de contestación de la demanda en el que se opuso a las pretensiones por
cuanto consideró que la medida de aseguramiento fue 'decretada con base en los
elementos materiales probatorios exhibidos por la Fiscalía, evidencia física e
información legalmente obtenida, que para esa etapa del proceso permitía inferir
que el imputado podía ser autor de las conductas punibles4.

Vencida la etapa probatoria, se corrió traslado a las partes para que alegaran de
conclusión5. Así lo hicieron la parte actora y las entidades demandadas6.

2.3. La sentencia recurrida

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de sentencia dictada el 20
de junio de 2014, negó las pretensiones de la demanda bajo la consideración de
que la detención preventiva que le fue impuesta a Faudy Valencia Angulo no fue
injusta, pues fue decretada de conformidad con la ley y con fundamento en las
pruebas que si bien no ofrecían certeza plena sobre la responsabilidad del
imputado, sí hacía imperiosa su vinculación al proceso, debido a que vislumbraban
su posible participación en las conductas delictivas que se investigaban. Además,
estableció que ni el Departamento Administrativo de Seguridad, en sus labores de
policía judicial, ni la Fiscalía General de la Nación, como ente acusador, tenían
incidencia sobre la decisión de imposición de medida'de aseguramiento, la cual
recae solamente en los jueces de la República. Finalmente, señaló que la
imposición de la medida restrictiva de la libertad era procedente, pues además de
cumplir con los requisitos legales para el efecto, existían los elementos materiales
probatorios que permitían inferir razonablemente la posible participación de
Valencia Angulo en las conductas delictivas investigadas. Así mismo, hizo énfasis
en el análisis de necesidad que llevó al juez penal a 'concluir que las prácticas
delictivas investigadas denotaban un peligro para la Comunidad por tratarse de
delitos contra la administración pública y, en todo 'caso, concedió detención
domiciliaria en garantía de los derechos de los procesados.

1 Auto admisorio de la demanda, 6 de octubre de 2011, f. 141, C. 1.
2 Diligencias de notificación, f. 145 a 147, C. 1.
3 Escrito de contestación de la demanda, Fiscalía General de la Nación, f. 148, c. 1.
4 Escrito de contestación de la demanda, Rama Judicial, f. 156, c. 1.
5 Auto de traslado, 2 de agosto de 2013, f. 196, c. 1.
6 Alegatos en primera instancia, f. 197, 208, 303, c. 1.

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Expediente: 76001-23-31-000-2011-01447-01 (52895)
Demandantes: Faudy Valencia Angulo y otros

2.4. El recurso de apelación

La parte demandante interpuso recurso de apelación7 en contra de la decisión de
primera instancia, con la pretensión de que se revoque y, en su lugar, se acceda
a las súplicas de la demanda. Argumentó que en el acta de preclusión quedó claro
que el material probatorio con el que contaba la Fiscalía no era suficiente para
formular imputación, lo que demuestra la falla en el servicio en la que incurrieron
las entidades demandadas al adelantar la investigación e imponer una medida
restrictiva de la libertad sin fundamento. Manifestó su inconformidad con la
afirmación que realizó el a quo frente a la procedencia de la medida privativa de
la libertad, puesto que "las anotaciones o procedimientos que fueron hechas por
el señor Valencia Angulo en el sistema DAS no aparecen hechas de manera
dolosa", sino que obedecían a la obsolescencia de los equipos que se utilizaban
en la entidad, lo cual fue reportado a sus superiores, pero fue interpretado por los
investigadores como asociado a una conducta delictiva. Señaló que el a quo
desconoció la sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013 del Consejo de
Estado al anteponer una norma estatutaria, como es el artículo 68 de la Ley 270
de 1996, a una norma de carácter constitucional como es el artículo 90. Por último,
el recurrente mencionó que el tribunal omitió la valoración de todas las pruebas
que señalan la falla del servicio alegada y, además, manifestó su extrañeza frente
a la decisión que no atendió las providencias que por los mismos hechos fueron
proferidas por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 31 de marzo de
2014 con radicado 2011-01195-00 y el 28 de abril de 2014, con radicado 2011-
01340-00, que se accedieron a las pretensiones.

2.5. El trámite relevante de segunda instancia

Esta Corporación, por medio de auto 16 de diciembre de 20148 admitió el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandante. En providencia posterior, corrió
traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio
Público para que rindiera concepto de fondo8. La Nación, Fiscalía General de la
Nación aseveró que para proferir acusación no se requiere contar con plena prueba
de responsabilidad penal y, que en el presente caso, no se configuraron los
elementos de la responsabilidad18. La parte demandante, en sus alegaciones
conclusivas, reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación y en la
demandan. La Nación-Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio.

Ill. PROBLEMA JURÍDICO

En atención a los argumentos de inconformidad señalados en el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante, constitutivos del marco de
juzgamiento de la segunda instancia, la Sala resolverá los siguientes problemas
jurídicos:

¿La medida de aseguramiento de detención domiciliaria impuesta a Faudy Valencia
Angulo, en el trámite de la investigación penal iniciada por la comisión de delitos
contra la administración pública, imputado en su condición de funcionario del DAS,
seccional Cali, constituye un daño antijurídico por contrariar los principios de
legalidad, proporcionalidad, razonabilidad y necesidad?

7 Recurso de apelación, f. 345, c. ppal.
8 Auto admisodo del recurso de apelación, f. 490, c. ppal.
Auto de traslado para alegar de conclusión, f. 493, C. ppal.
10 Alegatos de conclusión de la Nación—Fiscalía General de la Nación, f. 508 a 514, c. ppal.
11 Alegatos de conclusión parte actora, f. 515 a 524, c. ppal.

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Demandantes: Faudy Valencia Angulo y otros

En el evento de que la respuesta al anterior problema jurídico sea afirmativa, la
Subsección establecerá: ¿El daño antijurídico derivado de la imposición de la
medida de detención domiciliaria en contra Faudy Valenpia Angulo resulta imputable
al Departamento Administrativo de Seguridad —DAS-, a la Nación, Rama Judicial,
y/o a la Fiscalía General de la Nación por su acción u omisión?

Finalmente, en caso de que se configuren los dos presupuestos necesarios para
que surja la responsabilidad estatal, se estudiará la prugba atinente a los perjuicios,
de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación.

IV. HECHOS PROBADOS RELEVANTES PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS
PROBLEMAS JURÍDICOS ENUNCIADOS

El material de prueba aportado al expediente da cuenta de los siguientes hechos:

4.1. El 23 de junio de 2007, el Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de
control de garantías de Cali realizó audiencias de legalización de captura,
formulación de la imputación y solicitud de medida de aseguramiento para 17
funcionarios de la seccional del Valle del Cauca del Departamento Administrativo
de Seguridad —DAS-, que fueron detenidos en virtud de la orden de captura
proferida por el Juzgado Trece Penal Municipal de Cali con funciones de control de
garantías, el 20 de mayo de 200712. Faudy Valencia Angulo fue capturado el 22 de
junio de 2007, según consta en el acta de derechos del capturado obrante a folio
20 del cuaderno 1. Sin embargo, en la referida audiencia de legalización el juez de
control de garantías declaró la ilegalidad del procedimiento concediéndole la
libertad inmediata por no presentarse la orden de captura emitida en su contra,
debido a que se le traspapeló al funcionario de la Fiscalía.

4.2. En audiencia del 26 de julio de 2007, la Fiscalía General de la Nación formuló
imputación en contra de Valencia Angulo, quien se encontraba presente en la
audiencia", por los delitos de concusión, falsedad ideológica en documento público
y falsedad material en documento público", en la modalidad concursal. El juez de
control de garantías le impuso medida de aseguramiento consistente en detención
preventiva en el lugar de residencia, que consideró procedente de acuerdo con lo
previsto en el artículo 308 de la Ley 906 de 2004. A continuación, la transcripción
de los apartes más relevantes de la audiencia de imposición de medida de
aseguramiento:

Conforme a lo presentado por la Fiscalía en esta audiencia, tenemos que,
en razón a hechos irregulares que se estaban presentando en el
Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-, ,seccional Valle, en esta
capital se comenzó a hacer un trabajo de investigación cuyo resultado
arrojó el presunto compromiso de los imputados, con la comisión de los
siguientes delitos: concierto para delinquir, concusión, falsedad ideológica
en documento público, prevaricato por acción, prevaricato por omisión,
revelación de secreto, abuso de función pública, cohecho por da u ofrecer,
falsedad personal y falsedad material en documento público. Como prueba
de tal compromiso tenemos que la Fiscalía cuenta con un sinnúmero de
llamadas telefónicas vía celular, que fueron interceptadas y de donde se
sustrae la información necesaria y las evidencias que han servido en esta
audiencia para que la fiscalía comprometa su situación jurídica (5:55) (...).

12 Acta de audiencia de legalización de captura, 23 de junio de 2007, f. 16 e19, C. 1.
13 Folio 21 del c. 1.
14 Acta de audiencia de formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento, 26 de julio de
2007, f. 21, c. 1.

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Demandantes: Faudy Valencia Angulo y otros

Esta instancia requiere de elementos a través de los cuales se pueda inferir
razonablemente la participación consciente de los imputados en el ilícito y,
no de pruebas de responsabilidad, requisito que a consideración del
despacho se cumple, aunque los planteamientos de los abogados apuntan
a la inexistencia de pruebas de responsabilidad de sus representados
(6:49) (...) sin desvirtuar la inferencia razonable a la que en este evento se
puede llegar con las pruebas aportadas o elementos aportados por la
Fiscalía. (...) (7:42) Juega un papel trascendental y determinante no solo
los tipos penales endilgados, sino las circunstancias y el modus operandi
en el que se desarrolló el hecho narrado por la Fiscalía, aunado a la
determinación o el bien jurídico afectado hay que tener en cuenta que esta
clase de situaciones, cuandoquiera que se atenta contra la administración
pública exige de la justicia un tratamiento apropiado oportuno ejemplas
necesario y ponderado pero sobre todo justo, y como se ha podido advertir,
lo justo, en el caso de estas personas, además de necesario, es la
imposición de una medida de aseguramiento consistente en privación de la
libertad, por reunirse los presupuestos del artículo 308 de CPP.

La inferencia razonable (8:23) de la autoría o participación de los imputados
en el presunto hecho que se presente como punible, este requisito
conforme a los actos-urgentes o actuaciones preliminares agotados por los
investigadores que auxilian la tarea de la Fiscalía permiten inferir en el
comportamiento y la voluntad de los imputados la participación de unos
hechos que a la postre afectan no solo la honorabilidad constitucional de
una entidad del Estado, sino a la comunidad, por cuanto las actividades que
se dice en esta audiencia desarrollaban estas personas generan un
impacto social negativo a establecer, por ejemplo, un valor agregado a un
trámite judicial, como la expedición del pasado judicial, la actualización de
antecedentes judiciales, entre otras cosas. Luego entonces esta audiencia
no puede desconocer la inferencia razonable, porque para ello tenemos
que todos los imputados (..) eran miembros activos del DAS y como tal,
tenían acceso a la información judicial o a la base de datos que almacenaba
la entidad. Esto sumado a las ya referidas interceptaciones, constituye el
elemento material probatorio a través del cual, el juez de control de
garantías accede a la inferencia razonable que exige el artículo 308 antes
mencionado (...).

Resulta necesaria la medida en el caso de los aquí imputados para evitar
la obstrucción a la justicia (10:50) (...). Debemos decir que no estamos
hablando de ciudadanos del común, sino de personas que en algún
momento de su vida resolvieron aceptar ser parte de una institución seria y
respetable y aceptando velar no solo por su guarda sino que en la sociedad
la misma fuese vista con orgullo y respeto desempeñando con honestidad
su rol de funcionarios públicos, sin embargo conforme lo expuesto por la
fiscalía, al parecer estas personas no ha seguido a cabalidad este cometido
y valiéndose de sus actividades laborales al interior del DAS el despacho
encuentra que se trata de personas lo suficientemente gallardas y capaces
de alterar el orden jurídico social existente y desviar le deber ser de las
cosas, dado que las conductas aquí endilgadas representan un tipo penal
preponderante que bien hace la legislación en sancionar con pena de
prisión. Todo para indicar que las actividades irregulares a que se ha hecho
referencia por parte de la Fiscalía tienen un entrelace con • los aquí
imputados donde todos persiguen un objetivo personal contrario a la ley,
trabajando al parecer mancomunadamente para ello, luego entonces
considera el despacho que los imputados deben permanecer en vigilancia

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Expediente: 78001-23-31-000-2011-01447-01 (52895)
Demandantes: Faudy Valencia Angulo y otros

constante. (13:06) Es que no es lo mismo hablar de una persona que
decide, por la razón que sea incurrir en una acción penalmente reprochable
a estar de cara a un sinnúmero de personas con calidad de servidores
públicos y acceso a un banco de datos reservado para el resto de la
comunidad, que de manera libre y voluntaria deciden sumarse para obtener
los provechos económicos presuntamente enunciados por la Fiscalía.

Así pues, la conclusión a la que llega este servidor' es la existencia real de
mérito para imponer en contra de los imputados medida de aseguramiento
consistente en detención preventiva (15:40).

4.3. El 12 de octubre de 2007, el Juzgado 13 Penal del Circuito con funciones de
conocimiento ofició al centro de servicios para solicitar la, asignación de la actuación
adelantada contra Faudy Valencia Angulo y requirió a .1a Fiscalía para unificar el
escrito de acusación15.

4.4. El 14 de diciembre de 2007, Faudy Valencia Angulo recuperó la libertad, una
vez el Juzgado Catorce Penal del Circuito de : Cali con funciones de
conocimiento revocó la decisión del 20 de noviembre dé 2007 debido a que habían
trascurrido 90 días sin haber dado inicio a las audiencias de juicio oral, según los
dispuesto en el numeral 5 del artículo 317 del CPP". En el acta quedó constancia
de que Faudy Valencia Angulo "compareció por encontrarse en detención
domiciliaria".

4.5. El 22 de febrero de 2008, el Juez 13 Penal del Circuito con funciones de
conocimiento de Cali celebró audiencia de formulación de acusación en contra de
los 18 imputados, entre ellos, Faudy Valencia Angulo, a quien acusó del delito de
falsedad material en documento público17. La Fiscalía,sustentó la imputación de
cargos realizada en contra de Valencia Angulo en que, de acuerdo a las órdenes
enviadas a la Policía Judicial emitidas por la Fiscalía 100 Unidad de Delitos contra
la Administración Pública para la búsqueda selectiva en las bases de datos del
Sistema de información del Departamento Administrativo' de Seguridad SIFDAS, se
encontró que varios funcionarios, entre ellos Faudy Valencia Angulo, se dedicaron
a modificar los registros de personas que tenían anotaciones en sus antecedentes
judiciales con el propósito de ocultar información que se encontraba registrada en
el sistema de información para lograr la expedición del certificado judicial, salir o
ingresar al país sin problema o solamente borrar las anotaciones para que estas
personas figuraran como si nunca hubieran tenido. antecedentes. Según la
información encontrada los funcionarios "presuntamente colaboran a internos de la
Cárcel de Villa Hermosa de la ciudad de Cali para que puedan conseguir su libertad
de manera irregular'. Encontró que los registros habían lido modificados por Faudy
Valencia Angulo, como funcionario encargado del SIFDAS, pues aparecen las
consultas y modificaciones realizadas desde la dirección IP de su computador, para
luego expedir el certificado judicial de personas que, al revisar sus anotaciones,
tenían antecedentes judiciales".

4.6. El 2 de septiembre de 2009, el Juzgado Trece Penal del Circuito de Cali, a
petición de la Fiscalía, decretó la preclusión de la investigación y, en consecuencia,
declaró la extinción la acción penal y revocó la medida cautelar impuesta en contra
de los procesados. La anterior decisión quedó en firme el mismo día de la audiencia,

16 Acta de audiencia, 12 de octubre de 2007, f. 22 a 24, C. 1.
16 Acta de audiencia, 14 de diciembre de 2007, f. 185, c. 3. Boleta de libertad del 14 de diciembre de 2007, f.
187, c 3.
17 Acta de audiencia de formulación de acusación, f. 88, c. 4,
18 Ver escrito de acusación, f. 33 a 38, c. 1.

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Expediente: 76001-23-31-000-2011-01447-01 (52895)
Demandantes: Faudy Valencia Angulo y otros

por cuanto no se interpusieron recursos19. La solicitud de preclusión elevada por la
Fiscalía tuvo como fundamento la falta de elementos materiales de prueba que
permitan desvirtuar la presunción de inocencia de los procesados2°.

4.7. El 04 de agosto de 2011, el jefe de la oficina de control disciplinario del DAS
ordenó el archivo definitivo de la actuación disciplinaria adelantada en contra de
Faudy Valencia Angulo y otros 16 funcionarios del DAS21. En cuanto a las
irregularidades en el manejo del Sistema de Información SIFDAS, en las que estuvo
involucrado el procesado, el funcionario indicó que al remitirse al informe de policía
judicial es posible detectar la presencia de situaciones anormales en el manejo de
la base de datos, sin embargo, según las versiones del Director Seccional del DAS
Valle del Cauca y otros funcionarios involucrados en los hechos, "la clave de acceso
al sistema del DAS denominado SIFDAS, estaba siendo manipulado en forma
descontrolada" (...) "apreciando un grado de desorganización en la mencionada
actividad, por las situaciones administrativas de los funcionarios, en procura de
cubrir los periodos de vacaciones o traslados (...) aspecto que pudo coadyuvar al
incremento en las consultas y modificaciones del sistema (..)". Por tanto, el ente
administrativo confirmó la existencia de dudas frente a las modificaciones hechas al
sistema.

V. CONSIDERACIONES

La Sala procede a resolver el asunto habida consideración de la competencia que le
asiste para ello, dado que la Ley 270 de 1996, al prever la responsabilidad del Estado
en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia y privación injusta de la libertad estableció que estos
asuntos serían competencia de los Tribunales Administrativos en primera instancia
y del Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración a la cuantía22.

A su vez, el ejercicio oportuno de la acción se encuentra acreditado23, porque: i)
la medida de aseguramiento de detención domiciliaria impuesta en contra de Faudy
Valencia Angulo culminó con la decisión de preclusión dictada por el Juzgado Trece
Penal del Circuito de Cali, en audiencia celebrada el 2 de septiembre de 2009, ii) la
parte demandante solicitó audiencia de conciliación prejudicial el 15 de junio de
201124, que resultó fallida por falta de ánimo conciliatorio, tal como consta en la
certificación del procurador fechada el 24 de agosto de 2011 y, iii) la demanda fue
presentada el 29 de septiembre de 201125.

En relación con la legitimación para la causa por activa, está acreditado en el
expediente que Faudy Valencia Angulo fue la persona que soportó la medida de
detención preventiva que derivó el daño que pretende le sea reparado, por lo que

19 Acta de audiencia, 2 de septiembre de 2009, f. 84 a 88, c. 1
20 Escrito de solicitud de preclusión, f. 74 y 75, c. 1.
21 Auto de terminación de procedimiento o archivo, f. 98 a 101, c. 1.
22 El artículo 73 de la Ley 270 de 1996, vigente para la fecha de presentación de la demanda, fue derogado de
manera expresa por el articulo 309 del CPACA, este último declarado exequible por la Corte Constitucional en
sentencia C- 818 de 1° de noviembre de 2011. A partir de la vigencia del CPACA, la competencia en los asuntos
referidos en la Ley 270 de 1996, se rige conforme a lo previsto en el numeral 6 del artículo 152 de ese código.
23 Conforme a la jurisprudencia de esta Corporación en los eventos en los que se pretende la indemnización de
los perjuicios derivados de la privación injusta de la libertad, el término de caducidad de dos años previsto en el
artículo 136-8 del Código Contencioso Administrativo inicia a partir del día siguiente a la fecha de ejecutoria de
la decisión penal absolutoria, de la que cesó el procedimiento o de la que declaró la preclusion de la
investigación penal, pues solo a partir de ese momento el sindicado puede inferir la existencia de un daño
antijurídico. (Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de unificación de 15 de agosto de 2018 y 18 de
julio de 2019, expedientes 46947 y 44572, respectivamente. En igual sentido, Sección Tercera, auto de 19 de
julio de 2010, expediente 37410).
24 Constancia de la audiencia de conciliación prejudicial, f. 4, c. 1.
25 Escrito de demanda, f. 133, c. 1.

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Expediente: 76001-23-31-000-2011-01447-01 (52895)
Demandantes: Faudy Valencia Angulo y otros

se encuentra legitimado. En cuanto a los demandantes Rosana Angulo, José
Persides Valencia Viveros, Sandra Milena Hurtado Prado, Samuel Felipe Valencia
Hurtado, Laureano Valencia Angulo, Edith Valencia Angulo, José Maciste Valencia
Angulo, Dagoberto Valencia Angulo y José Emiro Valencia Angulo, las relaciones de
parentesco como padres, hijo, esposa y hermanos del afectado con la privación están
debidamente acreditadas con los respectivos registros civiles de nacimiento y
matrimonio26.

Sobre la legitimación en la causa por pasiva, la Sala observa que el daño que se
invoca en la demanda proviene de actuaciones que corresponden al Departamento
Administrativo de Seguridad —DAS-, como órgano encargado de adelantar la
investigación conjunta; la Fiscalía General de la Nación, como órgano encargado
de formular imputación y solicitar la medida de aseguramiento y, a la Rama Judicial,
encargada de adelantar el proceso penal contra el demandante. De manera que la
Nación, como persona jurídica representada por :el Director Ejecutivo de
Administración Judicial o su delegado, y por el Fiscal General de la Nación, este
último también como sucesor procesal del Departamento Administrativo de
Seguridad —DAS-, se encuentra legitimada en este asunto.

5.1. Antijuridicidad del daño
La cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado prevista en el artículo
90 de la Constitución Política, establece que el Estado tiene la obligación de
responder "patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables,
causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas".

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que la declaración de
responsabilidad referida requiere la demostración de los siguientes elementos: (i) el
daño antijurídicon y (ii) la imputabilidad al Estado, que¿se centra en constatar si el
daño antijurídico es atribuible a la acción u omisión de la parte demandada o si, por
el contrario, el mérito de las pruebas recaudadas dan cuenta de que el elemento
determinador en la lesión causada reside en la condlicta de la víctima o de un
tercero". Esta imputabilidad se desenvuelve en dos fases, una en el plano fáctico,
que se verifica en función del principio de causalidad, y otra en el plano jurídico, que
se verifica en función de la carga obligacional del órgano demandado29.

Con relación al primer elemento, la jurisprudencia de la Sala ha considerado que el
daño debe ser cierto, personal y antijurídico, es decir, i) que exista lesión a un bien
jurídico tutelado; ii) que tenga consecuencias ciertas en el patrimonio económico o
moral del titular; y iii) que quien padece el daño no tenga el deber jurídico de

28 Registro civil de nacimiento de Faudy Valencia Angulo que da cuenta que sus padres son Rosana Angulo y
José Persídes Valencia Viveros, indicativo serial 760707, f. 5, registro civil de matrimonio de Faudy Valencia
Angulo y Sandra Milena Hurtado Prado, f. 7; registro civil de nacimiento de Samuel Felipe Valencia Hurtado,
indicativo serial 39160966, f. 8; registro civil de nacimiento de Laureano Valencia Angulo (sin indicativo serial),
f. 11; registro civil de nacimiento de Edith Valencia Angulo (sin indicativo serial) f. 12; registro civil de nacimiento
de José Maciste Valencia Angulo, indicativo serial 741217, f. 13; registro civil de nacimiento de Dagoberto
Valencia Angulo, indicativo serial 780223, f. 14; registro civil de nacimiento de José Emiro Valencia Angulo,
indicativo serial 79112804469, f. 15, c. 1.
27 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 29 de octubre de 2018, exp. 46932.
28 La doctrina, tanto como la jurisprudencia, consideran de diferentes maneras el lugar que corresponde a la
culpa de la víctima ode un tercero en la estructura de la responsabilidad. Algún sector estima que su prueba es
causa de la quiebra del nexo de causalidad; otro, que obra como un factor impediente de la imputación del daño
a la demandada. Sin embargo, una elemental consecuencia con la definición que ya ha quedado sentada, del
daño antijurídico, permite inferir válidamente que, si el daño que la propia víctima o un tercero determina por su
obrar gravemente negligente, imprudente o inexperto, es, por antonomasia, un daño que sólo ella debe soportar,
tal daño no puede reputarse antijurídico.
28 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 8 de abril de 2014, exp. 29195.

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Expediente: 76001-23-31-000-2011-01447-01 (52895)
Demandantes: Faudy Valencia Angulo y otros

soportarlo3°.

En los eventos en que el bien jurídico tutelado de la libertad es restringido, en virtud
de la facultad de investigación de los delitos, a través de la imposición de la medida
de detención preventiva y excepcional, el daño que genera tal restricción será
indemnizable solo cuando se configure una privación injusta de la libertad, tal como
lo prevé el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 -Estatutaria de Administración de
Justicia- bajo la consideración que el término injusticia hace referencia a una
actuación "abiertamente arbitraria", "desproporcionada y violatoria de los
procedimientos legales"31.

En cuanto a los presupuestos elementales de legalidad de la medida restrictiva de
la libertad excepcional y preventiva, el artículo 28 de la Constitución Política
establece que la detención esté precedida de una orden expedida por autoridad
judicial competente, por motivos previamente definidos y con las formalidades •
previstas en la ley.

Ahora, en lo relativo a los demás elementos, la Corte Constitucional precisó que su
determinación implica necesariamente "definir si la providencia a través de la cual
se restringió la libertad a una persona mientras era investigada y/o juzgada fue
proporcionada y razonada, previa la verificación de su conformidad a derecho"32.
Bajo ese marco constitucional, resulta insoslayable que quien califica de injusta la
medida restrictiva de la libertad asuma la carga de probar que la actuación fue
"abiertamente arbitraria", "desproporcionada" y desconocedora de los principios de
razonabilidad y necesidad que se imponen en virtud de que el sacrificio de la libertad
debe ser excepcional. La apreciación de los medios de prueba realizada con ese
propósito, exige "valoraciones que superan el simple juicio de causalidad y ello por fl
cuanto una interpretación adecuada del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, impone fl
considerar, independientemente del título de atribución que se elija, si la decisión
adoptada por el funcionario judicial penal se enmarca en los presupuestos de
razonabilidad, proporcionalidad y legalidad"33.

De acuerdo con lo anterior, la imputación de responsabilidad al Estado bajo el título
de privación injusta de la libertad no procede con la sola acreditación de unafl
decisión preclusiva o absolutoria de responsabilidad penal, dado que, conforme a lo
dispuesto en la sentencia de constitucionalidad citada, es necesario que en cada
caso particular se analicen los presupuestos de procedencia de la medida de
aseguramiento al momento de su imposición, para determinar si se ajustó o no a los
principios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad que la rigen, análisis que
en lo que concierne al principio de razonabilidad, está directamente relacionado con

30 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 28 de abril de 2010 y de 25 de abril de 2012, expediente
21861.
31 Corte Constitucional, sentencia C- 037 de 5 de febrero de 1997. Declaró exequible el artículo 68 de la
Ley
270 de 1996, bajo la condición que "el término 'injustamente' se refiere a una actuación abiertamente
desproporcionada y violatotia de los procedimientos legales, de forma tal que se tome evidente que la privación
de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria".
32 Corte Constitucional, sentencia SU-072 de 5 de julio de 2018. "En el caso de la privación injusta de la
libertad
la code, ciñéndose exclusivamente al texto normativo y teniendo en cuenta las dos premisas señaladas, esto
es, que el artículo 90 de la Constitución no define un titulo de imputación y que, en todo caso, la falla en el
servicio es el título de imputación preferente, concluyó en la sentencia C-037 de 1996 que el significado de la
expresión "injusta" necesariamente implica definir si la providencia a través de la cual se restringió la libertad a
una persona mientras era investigada y/o juzgada fue proporcionada y razonada, previa la verificación de su
conformidad a derecho (...) 103, Ahora bien, el entendimiento de los calificativos contenidos en dicha norma
exige tener en cuenta que las diferentes normas que han regulado los supuestos en los cuales procede la
detención preventiva tienen ínsito el juicio de razonabilidad y proporcionalidad; por ejemplo, en el Decreto Ley
2700 de 1991 se consagraba como presupuesto para imponer medida de aseguramiento que contra el sindicado
resultare por lo menos un indicio grave de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas en
elproceso.".
33 Corte Constitucional, Sentencia SU-072 de 2018.

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Expediente: 76001-23-31-000-2011-01447-01 (52895)
Demandantes: Faudy Valencia Angulo y otros

el estándar probatorio previsto en cada etapa del proceso penal (principio de
progresividad penal) 34.

Bajo el marco constitucional y legal referido, la Sala procede a establecer si la
medida privativa de la libertad impuesta en contra de Faudy Valencia Angulo
constituyó una detención razonable, proporcional y necesaria.

En el caso bajo estudio, las pruebas allegadas revelan que a Faudy Valencia Angulo
le fue impuesta medida de aseguramiento de detención domiciliaria en audiencia de
26 de julio de 2007, que se mantuvo hasta el 14 de diciembre de 2007, cuando el
Juzgado Catorce Penal del Circuito de Cali con funciones de conocimiento, le
concedió la libertad inmediata35. Así, se encuentra acreditado que el demandante
soportó una medida restrictiva del bien jurídico fundamental de la libertad
personal y física, excepcional y preventiva, que gener6 padecimiento a él y a sus
seres queridos36. Ahora, en cuanto a la presentación del demandante ante los
medios de comunicación como "un funcionario delincuente y corrupto", la Sala
precisa que, tal como fue postulado ese supuesto de afectación, se trataría de un
perjuicio derivado de la privación de la libertad y no de un daño independiente. En
efecto, el origen del daño alegado en la demanda es la vinculación de Faudy
Valencia Angulo a una investigación penal que culminó con preclusion de la
investigación, por lo que el análisis del caso estará circunscrito al escenario de
responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad, de la
que eventualmente se podrían derivar perjuicios de índole inmaterial relacionados
con la afectación a bienes constitucionalmente amparados en caso de encontrarse
demostrados y, antes que esto, en caso de que el daño, consistente en la medida
restrictiva, se revele antijurídico.

Respecto de la restricción a la libertad, la Ley 906 de 2004 señala en su artículo
295, que ésta tiene carácter excepcional y las disposiciones legales que la autorizan
deben ser interpretadas restrictivamente, pues su procedencia tendrá que ajustarse
a los criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad frente al contenido de
la Constitución. En cuanto a la finalidad de la restricción a la libertad de las personas,
el artículo 296 dispone que esta solo podrá ser afectada "cuando sea necesaria para
evitar la obstrucción de la justicia, o para asegurar la comparecencia del imputado
al proceso, la protección de la comunidad y de las víctimas, o para el cumplimiento
de la pena".

Ahora bien, los requisitos establecidos por la mencionada normativa en su artículo
308,37 para decretar una medida de aseguramiento, hacen alusión a la existencia

31 Corte Suprema de Justicia, Sala Especial de Primera Instancia, sentencia de 29 de abril de 2021, expediente
00320 (AEP-00045). "Vale la pena en primer lugar destacar que la estructura del proceso penal tiene dos
vertientes, una formal y otra conceptual: en la primera están todos los actos sucesivos y con carácterpreclusivo que
lo componen de cara a una secuencia lógico-jurídica, en tanto que la segunda apunta a la definición progresiva y
vinculante de su objeto, que no es otro que el de establecer la verdad de los hechos investigados. Porlo anterior, la
queja que cifra el defensor en que el delito por el cual ha sido convocado ajuicio (...) no es el mismo por el cual se
le definió la situación jurídica, está enmarcada en la estructura conceptual del debido proceso caracterizado por el
principio de progresividad, ya que cada fase va exigiendo un mayor grado de conocimiento del objeto de
investigación, matizado así de la posibilidad, luego la probabilidad, hasta llegar a la certeza".
35 Acta de la audiencia en que se concedió la libertad inmediata de los imputados, en la que consta que
compareció por encontrarse en detención domiciliaria, f. 185, c. 3.
35 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, exp. 36149.
37 Ley 906 de 2004, artículo 308.
Requisitos. El juez de control de garantías, a petición del Fiscal General de la Nación o de su delegado,
decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física
recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente, se pueda inferir razonablemente que el
imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumpla
alguno de los siguientes requisitos:
1. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido
ejercicio de la justicia.

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Demandantes: Faudy Valencia Angulo y otros

de una inferencia razonable basada en los elementos materiales probatorios que
permita afirmar que el imputado puede ser autor de las conductas delictivas •
investigadas, siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos: i) que
la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado
obstruya el debido ejercicio de la justicia, ii) que el imputado constituya un peligro
para la seguridad de la sociedad o de la víctima; iii) que resulte probable que el
imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia.

Bajo ese marco normativo, la Sala encuentra que el juez penal con función de
control de garantías infirió razonablemente que el imputado podía ser autor o
participe de las conductas delictivas objeto de investigación, porque los medios
de prueba recaudados hasta ese momento daban cuenta de irregularidades
constitutivas de conductas punibles contra la administración pública. Entre los'
elementos probatorios que soportaron la decisión, se mencionó el resultado de la
investigación relativa a la verificación del funcionamiento del Sistema de
Información del Departamento Administrativo de Seguridad SIFDAS, en los
computadores de los servidores que tenían a su cargo funciones relacionadas con
el registro y expedición de certificados de antecedentes judiciales, entre ellos, Faudy.
Valencia Angulo, en el que se encontraron irregularidades y cambio en los datos•
correspondientes a varias personas que contaban con requerimientos judiciales y
su certificado había sido expedido sin tales anotaciones.

En el escrito de acusación38, la Fiscalía hizo referencia a las órdenes emitidas por
la Fiscalía 100 de la Unidad de Fiscalía Delitos contra la Administración Pública para•
la búsqueda selectiva en las bases de datos cuyo resultado, entregado por la Policía
Judicial en medio magnético, reveló las irregularidades cometidas al interior de la
entidad, específicamente, los registros de la actividad de los funcionarios Luis
Edilson Camargo Rubio, Faudy Valencia Angulo, Renate Andrea Prado Otero,
Carlos Arbey Zuluaga Ocampo y Wilmar Reyes Moreno, "quienes se dedicaron a
modificar los registros de personas que tenían anotaciones y/o antecedentes
judiciales, con el propósito de ocultar información que se encontraba registrada en
el Sistema de Información del DAS, a fin de que estas personas pudieran realizar
varias actividades tales como: sacar el pasado judicial, salir e ingresar del país, o
simplemente borraban las anotaciones y antecedentes para que estas personas
figuraran como sin nunca hubieran tenido nada (...fe9.

Asimismo, la Fiscalía señaló que el Departamento Administrativo de Seguridad, a
través de su oficina de identificación, envió un oficio en el que relacionó los registros
encontrados durante la auditoría al Sistema de Información SIFDAS de cuyo análisis
se estableció que Faudy Valencia Angulo modificó varios datos con el propósito de
ocultar anotaciones y antecedentes, así:

"El día 05 de julio de 2006, a las 11:24 AM, consulta el siguiente
registro; QUINCENO VALENCIA ALVARO C.C. 18.597.578,
dejándolo de la siguiente manera; QUICE VALENC ÁLVA C.C.
597578. Modificación hecha desde la dirección IP 10.39.100 ).

El día 5 de julio de 2006, a las 11:36 AM, se le expide el certificado
judicial al señor QUICENO VALENCIA ÁLVARO C.C. 18.597.578,
como fórmula 1, par apersonas que nunca han tenido anotaciones ni
antecedentes judiciales, expedido por el mismo funcionario (...).

2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima.
3. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia.".
38 Escrito de acusación, f. 33, c. 1.
39 Ibid.

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Expediente: 76001-23-31-000-2011-01447-01 (52895)
Demandantes: Faudy Valencia Angulo y otros

(Aquí se incurre en el delito de falsedad ideológica en documento
público. Art. 286 del C. Penal).

> revisando los antecedentes y anotaciones judiciales de estas
personas, se encontró la siguiente información:

• La Fiscalía Secciona! 34 Unidad Secciona! de Fiscalías de Salamina
(Caldas), mediante telegrama 111 de febrero 8 de 1993, solicita
antecedentes de estas personas, dentro delproceso 158, por el delito
de homicidio tentado.
• El Juzgado Penal del Circuito de Salamina (Caldas), mediante oficio
522 de fecha 06-07-2006, dicta extinción de la condena, dentro del
proceso 3228, por el delito de tentativa de homicidio, siendo
condenado el 18 de febrero de 1998 a 8 años de prisión por el mismo
juez (. "40.

También se relacionaron los datos correspondientes a Gisleno Nieva Zamora,
Guillermo Paredes Moreno y Fidel García Silva, cuyes antecedentes judiciales
fueron modificados por Faudy Valencia Angulo, en ejercicio de sus funciones en el
área de expedición de certificados judiciales, información que se evidenció durante
la búsqueda en la base de datos que reveló las alteraciones realizadas en el sistema
para que personas que contaban con antecedentes judiciales pudieran obtener un
certificado judicial sin anotaciones.

En punto a la eficacia probatoria de la misión de trabajo elaborada por la oficina de
anticorrupción del DAS, es del caso precisar que esta se enmarcó en la gestión
administrativa que le imponía al organismo de seguridad adelantar averiguaciones
sobre conductas corruptas puestas en conocimiento por una queja ciudadana, labor
que se diferencia de los informes de policía rendidos en ejercicio de funciones de
policía judicial°, que "si bien muchas veces revelan situaciones objetivas que han
verificado sus agentes, en otras, son producto de indagaciones con terneros,
muchas veces indeterminados, que estructuran conjeturas o apreciaciones que
materialmente no son idóneos para fundar una pruebam2. Así mismo, ante las
resultas de esas averiguaciones, procedía su traslado pi ente investigador para lo
pertinente.

Así, las conductas por las que Faudy Valencia Angulo fue vinculado al proceso,
fueron soportadas en el resultado de la inspección a la base de datos de la
institución que, confrontado con las funciones a su cargo como servidor del DAS,
permitieron inferir en forma razonable que Valencia Angulo resultó razonable43

40 Escrito de acusación, f. 34, C. 1.
41 Ley 906 de 2004. "Artículo 200. órganos. Corresponde a la Fiscalía General de la Nación realizar la indagación

e investigación de los hechos que revistan características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio
de denuncia, querella, petición especial o por cualquier otro medio idóneo. II En desarrollo de la función prevista
en el inciso anterior a la Fiscalía General de la Nación, por conducto del fiscal director de la investigación, le
corresponde la dirección, coordinación, control jurídico y verificación técnico-científica de las actividades que
desarrolle la policía judicial, en los términos previstos en este código. II Por policía judicial se entiende la función
que cumplen las entidades del Estado para apoyar la investigación penal y, en el ejercicio de las mismas,
dependen funcionalmente del Fiscal General de la Nación y sus delegadoS".
42 Corte Constitucional, sentencia C-1315 de 26 de septiembre de 2000, que declara estarse a lo resuelto en
sentencia c-392 de 6 de abril del mismo año, que decidió sobre la constitucionalidad de los artículos
demandados de la Ley 504 de 1999. En igual sentido, sentencia C-793 de 29 de junio de 2000.
43 La Subsección C de la Sección Tercera del consejo de estado, en la sentencia del 29 de noviembre de 2019
(exp. 48452) definió que la razonabilidad, por su parte, se verifica con la constatación del cumplimiento del
estándar probatorio que impone el legislador, en relación con la aparienciide responsabilidad, para la adopción
de la medida (artículos 308 de la Ley 906 de 2004). Esto porque la decisión de imponer la medida de
aseguramiento debe estar basada en la valoración de las pruebas obrantes en el proceso, que permitan
establecer fehacientemente la participación del investigado en los hechos que se le imputan. La medida no
puede adoptarse con base en conjeturas y suposiciones.

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Expediente: 76001-23-31-000-2011-01447-01 (52895)
Demandantes: Faudy Valencia Angulo y otros

podía ser coautor de los delitos que se le imputaron, en la medida en que contó con
los elementos materiales probatorios suficientes. Por tanto, aunque la parte actora
considere, tal como lo señaló en su recurso de apelación, que las anotaciones
hechas por Valencia Angulo en el Sistema de Información del DAS obedecían a
errores atribuidos a la obsolescencia de los equipos de cómputo que manejaba en
la entidad, para la investigación, estas constituyeron inconsistencias lo
suficientemente graves y evidentes como para brindar una inferencia razonable
sobre su posible autoría en los ilícitos que le fueron imputados.

La medida de aseguramiento también se muestra proporcional, en razón a que el
tiempo en que estuvo detenido el demandante (cuatro meses y dieciocho días), no
puede considerarse como una sanción equivalente a la pena de prisión prevista
para hechos punibles contra la administración pública y los delitos imputados"
prevén penas de prisión superiores a cuatro (4) años, mínimo exigido por el artículo
313 de la Ley 906 de 2004, para que proceda la imposición de la medida de
detención preventiva".

En relación con el presupuesto de necesidad de la medida de aseguramiento, el
artículo 308 de la Ley 906 de 2004 establece que la detención preventiva procede
siempre que se imponga necesaria para evitar que el imputado: i) obstruya el
ejercicio de la justicia, ii) cuando constituya un peligro para la comunidad o para la
víctima y, iii) cuando resulte probable que no comparecerá al proceso. Frente al
segundo de los supuestos, el artículo 310 del Código Procesal Penal, vigente al
momento de imponer la detención domiciliaria en contra del demandante (23 de
junio de 2007) , establecía que para estimar si la libertad del imputado suponía un
peligro para la comunidad, además de la gravedad del hecho y la pena imponible,
debían atenderse algunas de las siguientes circunstancias: i) la continuación de la
actividad delictiva, ii) el número de delitos imputados y su naturaleza, iii) estar
acusado o sujeto a medida de aseguramiento o disfrutando de un mecanismo
sustitutivo de la pena por delito doloso o preterintencional y/o, iv) la existencia de
sentencias condenatorias. Aunado a lo anterior, en el caso bajo estudio en el que la
medida de aseguramiento consistió en detención domiciliaria, resulta relevante
considerar que, conforme al artículo 314 de la norma en comento, el juez podía
estimar suficiente la reclusión en el lugar de residencia en atención a la vida
personal, laboral, familiar o social del imputado, siempre que encontrara acreditados
los requisitos generales de procedibilidad de la medida restrictiva de libertad, esto
es, que los elementos probatorios permitieran inferir razonablemente que el
imputado podía ser autor o partícipe de la conducta delictiva y que resultara
necesaria por alguno de los eventos descritos en precedencia.

44 Código Penal, artículo 404, modificado por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004. Concusión. "El servidor
público que abusando de su cargo o de sus funciones constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo
servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos, o los solicite, incurrirá en prisión de noventa y
seis (96) a ciento ochenta (180) meses, [...] .
Artículo 286: "El servidor público que en ejercicio de sus funciones, al extender documento público que pueda
servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de sesenta y
cuatro (64) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones
públicas de ochenta (80) a ciento ochenta (180) meses".
Artículo 287: "Falsedad material en documento público. El que falsifique documento público que pueda servir
de prueba, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses.
Si la conducta fuere realizada por un servidor público en ejercicio de sus funciones, la pena será de sesenta y
cuatro (64) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones
públicas de ochenta (80) a ciento ochenta (180) meses".
45 Ley 906 de 2004. Art. 313. "Satisfechos los requisitos señalados en el artículo 308, procederá la
detención
preventiva en establecimiento carcelario, en los siguientes casos: II 1. En los delitos de competencia de los
jueces penales de circuito especializados. II 2. En os delitos investigables de oficio, cuando el mínimo de la
pena prevista por la ley sea o exceda de cuatro (4) años".

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Expediente: 78001-23-31-000-2011-01447-01 (52895)
Demandantes: Faudy Valencia Angulo y otros

En el caso bajo estudio se encuentra que la estimación sobre la necesidad de la
detención domiciliaria del imputado radicó no solo en (a gravedad de los hechos
punibles revelados durante la investigación, que se evidenció en que el funcionario
investigado presuntamente estaría valiéndose de sus actividades laborales al
interior del DAS para alterar de manera libre y voluntaria el orden jurídico al modificar
información de la base de datos de antecedentes y requerimientos judiciales, sino
también en razón a que constituía un peligro para la comunidad, en atención al
número de conducta punibles que se le imputaron y a su naturaleza, dado que todos
(concusión, falsedad ideológica en documento público y falsedad material en
documento público) comprometieron la administración pública.

Así las cosas, la medida de aseguramiento de detención domiciliaria de la que fue
objeto Faudy Valencia Angulo atendió los presupuestos de legalidad,
proporcionalidad, razonabilidad y necesidad, por ende, ja restricción fue impuesta
conforme a un título sustentado en las normas constitucionales y legales que
justifican y legitiman la limitación del derecho a la libertad de manera excepcional y
preventiva".

Ahora bien, en cuanto al señalamiento realizado el demandante referente a la
presión que hubiera ejercido el Departamento Administrativo de Seguridad —DAS-
sobre la Fiscalía General de la Nación para investigar las conductas de los
funcionarios, no existe ninguna evidencia probatoria que permita realizar dicha
afirmación, situación que, además, no está enunciada en la demanda como causa
del daño. Si bien la investigación fue adelantada en conjunto entre dichas entidades
y fue objeto de publicaciones periodísticas, el análisis aquí realizado se suscribe a
los requisitos legales cumplidos por el juez de control de garantías en su potestad
de imponer medida de aseguramiento restrictiva de la libertad como bien jurídico
tutelado en el presente caso.

Por último, la Sala precisa las sentencias proferidas por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca el 31 de marzo de 2014 con radicado 2011-01195-00 y el 28
de abril de 2014, con radicado 2011-01340-00, mencionadas por la parte
demandante en su recurso de apelación, por tratarse de casos que guardan
identidad fáctica y jurídica con el que aquí se analiza, no constituyen ni antecedente
ni precedente para resolver esta controversia47, en la medida en que no fueron
dictadas por esta Corporación como órgano de cierre de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo". Máxime, porque se trata de providencia expedidas

46 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 29 de octubre de 2018, expediente 46932.
47 Conviene recordar que en cada proceso el funcionario judicial debe establecer la norma aplicable a una
controversia para brindar una solución a aquella, pero ese ejercicio, puede dar lugar a comprensiones diferentes
respecto del contenido de una misma prescripción jurídica y derivar de ella efectos distintos. En respuesta a
dicha circunstancia el sistema jurídico ha edificado la figura jurídica conocida como el precedente, que, en
términos de la Corte Constitucional, ha sido definida como "aquel antecedente del conjunto de sentencias
previas al caso que se habrá de resolver que, por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico
constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar
sentencia". Sentencias T-762 de 2011 y SU-068 de 2018. Lo que se busca con el precedente es garantizar que
la independencia interpretativa de los jueces es un principio relevante pero que "se encuentra vinculado por el
respeto del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley y por otras presCripciones constitucionales que fijan
criterios para la interpretación del derecho". Esa Corporación ha entendido que el precedente debe ser anterior
a la decisión donde se pretende su aplicación y que debe existir una semejanza de problemas jurídicos,
cuestiones constitucionales, hechos del caso, normas juzgadas o puntos de derecho. En ausencia de uno de
estos elementos, no puede predicarse la aplicación de un precedente. Desconocer el precedente puede
constituir un defecto en la providencia, si la autoridad judicial no ofrece un mínimo razonable de argumentación
que permita una decisión diferente. (sentencias SU-567 de 2015 y S0-072 de 2018 de la Corte Constitucional).
48 La jurisprudencia constitucional ha distinguido, adicionalmente, entre la figura del precedente horizontal, que
es aquél que debe observarse por el mismo juez o corporación que lo generó o por otro (a) de igual jerarquía
funcional, y la figura del precedente vertical, que es el que proviene de un funcionario o corporación de superior
jerarquía, particularmente de aquellas que en cada uno de los distintos ámbitos de la jurisdicción se
desempeñan como órganos límite. En el escenario de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa, el
precedente judicial vertical se configura cuando existen sentencias de unificeción o decisiones reiteradas en el

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Expediente: 76001-23-31-000-201141447-01 (52895)
Demandantes: Faudy Valencia Angulo y otros

antes de la sentencia de unificación que fijó los parámetros de interpretación
constitucional del artículo ley artículo 68 de la Ley 270 de 199649.

Así, la medida de aseguramiento de detención preventiva que le fue impuesta al
demandante fue legalmente adoptada y observó los principios de necesidad y
razonabilidad, lo que significa que, aunque constituyó un daño material, y un
menoscabo a la libertad física de aquel, no admite, a la luz de las pruebas traídas a
este contencioso, prédica de antijuridicidad. Ausente de prueba, como se halla el
daño antijurídico que los actores pretendían les fuera reparado, no hay lugar a
avanzar al juicio de imputación, por lo que la sentencia apelada será confirmada.

VI. CONDENA EN COSTAS

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se encuentra en el caso
concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el
artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMASE la sentencia dictada el 20 de junio de 2014 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que negó las pretensiones de la
demanda.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada la presente sentencia, DEVUÉLVASE el expediente al
Tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, Notifíquese, Cúmplase

NICOLÁS YEP
Presidente
Aclaración de voto

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS GUILLERMO SÁNCHEZ UQUE
Magistrado Jan'
Aclaración de voto. Cfr. Rad.
36.146-15 #1 y Rad 50.668-20

mismo sentido proferidas por el Consejo de Estado. Estas providencias tendrán que ser acogidas por la
autoridad que resuelva posteriormente sobre el mismo tema para evitar la afectación de la seguridad jurídica,
la confianza legitima, el derecho a la igualdad y los esfuerzos realizados por el tribunal de cierre para unificar la
jurisprudencia. Ver Sentencias T-762 de 2011 y SU-068 de 2018.
49 Corte Constitucional, sentencia SU-072 de 2018.

15

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