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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2011-01546-01

Fecha
7 de febrero de 2025
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2011-01546-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO. MODIFICAR la sentencia del 4 de octubre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Casanare, cuya parte resolutiva quedará así: SEGUNDO. DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación - Rama judicial por el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia ante la pérdida de los bienes muebles del demandante que fueron objeto de medida cautelar en el proceso ejecutivo singular de mínima cuantía con radicado 2005-00843-00, seguido por el Juzgado Veintitrés Civil Municipal de Cali, de acuerdo con lo aquí expuesto. TERCERO. CONDENAR EN ABSTRACTO a la Nación - Rama Judicial a pagar a favor del señor Tomás Arduino Fajardo Hernández, el perjuicio sufrido por daño emergente que se liquidará mediante incidente, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta providencia. CUARTO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda. QUINTO. Expedir las copias auténticas con las constancias previstas en la ley procesal, con destino a las partes. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando. SEXTO. Sin condena en costas. 40 Radicación: 76001-23-31-000-2011-01546-01 (66.336) Actor: TOMÁS ARDUINO FAJARDO HERNÁNDEZ Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA SÉPTIMO. Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo. Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el enlace: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 76001-23-31-000-2011-01546-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

7 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., siete (7) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 76001-23-31-000-2011-01546-01 (66.336)

Actor: TOMÁS ARDUINO FAJARDO HERNÁNDEZ

Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Tema: DAÑOS CAUSADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - pérdida de bienes
muebles embargados y secuestrados, en virtud de un proceso ejecutivo singular de mínima
cuantía / COMPETENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA - se ciñe a los cargos formulados
por el recurrente contra el fallo del a quo / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - se demostró que tanto el juzgado de conocimiento
como el secuestre designado incurrieron en una serie de actuaciones que condujeron a
que el accionante no pudiera obtener sus enseres después de culminado el asunto civil /
CAUSALES EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD DE HECHO DE UN TERCERO Y
CULPA DE LA VÍCTIMA - no se configuraron / INDEMNIZACIÓN - se confirma la condena
in genere frente al daño emergente y se niega el reconocimiento del lucro cesante.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra
la sentencia del 4 de octubre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del
Casanare, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La parte actora estima que la Rama Judicial incurrió en defectuoso funcionamiento
de la Administración de Justicia en el proceso ejecutivo singular instaurado en su
contra, por cuanto se adelantó con base en una prueba que fue practicada con
desconocimiento de las garantías procesales y no constituía un verdadero título
ejecutivo; además, el ejecutante no era la persona que debió iniciar ese asunto y
hubo absoluto descuido sobre la disposición y cuidado de sus bienes muebles
objeto de medida cautelar.

Radicación: 76001-23-31-000-2011-01546-01 (66.336)
Actor: TOMÁS ARDUINO FAJARDO HERNÁNDEZ
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 7 de octubre de 2011, el señor Tomás Arduino Fajardo Hernández, por conducto
de apoderado judicial, presentó demanda de reparación directa contra la Nación -
Rama Judicial, con el fin de que se le indemnicen los perjuicios causados por el
defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia en el que se incurrió en
el proceso ejecutivo singular de mínima cuantía con radicado 2005-00843-001.

Por lo anterior, pidió que se le reconocieran y pagaran (i) por daño emergente, la
suma de $40’769.000, derivada de los enseres embargados y secuestrados; (ii) los
intereses de mora causados desde que se perdieron los bienes muebles hasta que
se realice el pago; y (ii) por daño moral, el monto de $53’560.000, dada la afectación
de su derecho al buen nombre por “cancelar” su cuenta corriente.

Como fundamento fáctico de la demanda, el actor narró que residía, en calidad de
arrendatario, en un apartamento de propiedad del señor Mauricio Arizabaleta Oidor,
ubicado en Cali, en relación con el cual se ordenó su embargo y secuestro en un
proceso de extinción de dominio.

En esa causa penal, la Fiscalía designó al señor Tomás Arduino Fajardo Hernández
como depositario provisional del inmueble y, a pesar de que la Dirección Nacional
de Estupefacientes, en adelante DNE, nombró dos depositarios, aquellos nunca
ejercieron esa función, entonces él continuó desempeñando tal labor.

El 26 de febrero de 2003, la última autoridad suscribió un contrato de administración
con la Lonja de Propiedad Raíz de Cali para relevarlo del cargo de depositario. La
Inmobiliaria escogida fue Promovalle, pero no ésta no se hizo presente.

A través de Resolución 602 del 14 de mayo de 2004, la DNE removió al aquí actor
del cargo de depositario y nombró al señor Jorge Alberto Monroy Rodríguez, quien
instauró una querella por ocupación de hecho en su contra.

Esa actuación culminó con la suscripción de un contrato de arrendamiento con el
señor Tomás Arduino Fajardo Hernández, en calidad de arrendatario; pero, se dejó

1
Fls. 1 - 30 del c.1.

2

Radicación: 76001-23-31-000-2011-01546-01 (66.336)
Actor: TOMÁS ARDUINO FAJARDO HERNÁNDEZ
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

la salvedad de que quedaba pendiente la rendición de cuentas de los frutos
producidos por el bien.

En Resolución 1248 del 23 de septiembre de 2004, la DNE le asignó varios
inmuebles al señor Jorge Alberto Monroy Rodríguez para que ejerciera como
depositario provisional; sin embargo, mediante Resolución 876 del 19 de agosto de
2005, revocó el acto anterior y nombró a la Lonja de Propiedad Raíz de Cali como
depositaria provisional del apartamento que ocupaba el ahora demandante. Esa
entidad, a su vez, designó a la firma Imopacífico S.A. como administradora,
sociedad que le informó al actor la cuenta en la que debía depositar los cánones de
arrendamiento.

El 5 de diciembre de 2005, el señor Mauricio Arizabaleta Oidor promovió un proceso
ejecutivo singular de mínima cuantía y solicitó el decreto de medidas previas contra
el actor, para obtener el pago de unos cánones de arrendamiento adeudados desde
septiembre de 1998 sobre el inmueble.

El ejecutante solicitó al Juzgado Octavo Civil Municipal de Cali que practicara un
interrogatorio de parte -como prueba anticipada- para constituir la obligación
pretendida vía ejecutiva; no obstante, al señor Tomás Arduino Fajardo Hernández
“no se le notificó personalmente la citación de las audiencias y quedaron probados
los hechos susceptibles de confesión”.

“A pesar de esa inconsistencia”, el Juzgado Veintitrés Civil Municipal de Cali libró
mandamiento de pago y decretó las medidas cautelares de embargo y secuestro
de los enseres del ejecutado, “sin atender las excepciones que propuso sobre la
falta de justo título ejecutivo e inexistencia del mismo”, así como la carencia de
legitimación en la causa por activa.

El 23 de julio de 2008, tal autoridad requirió al Juzgado Quinto Penal del Circuito
Especializado de Bogotá copia de los fallos expedidos en el proceso de extinción
de dominio, dentro del cual se incluyó el apartamento del señor Mauricio Arizabaleta
Oidor, además, que informara si indagó al señor Tomás Arduino Fajardo Hernández
sobre el bien y si hubo algún pago de los cánones de arrendamiento, actuación
“dilatoria porque ya que había pasado 1 año y 8 meses desde que se extinguió el
derecho de dominio y desde el 15 de marzo de 2007, la Oficina de Instrumentos
Públicos de Cali le había comunicado la decisión al afectado”.

3

Radicación: 76001-23-31-000-2011-01546-01 (66.336)
Actor: TOMÁS ARDUINO FAJARDO HERNÁNDEZ
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

El 19 de marzo de 2010, mediante cheque librado por la suma de $26’926.366, la
señora Alexandra Rave, a través de firma Imopacífico S.A., pagó a la Lonja de
Propiedad Raíz de Cali los cánones de arrendamiento del inmueble a nombre del
señor Tomás Arduino Fajardo Hernández.

El Juzgado Veintitrés Civil Municipal de Cali exigió al secuestre la rendición de
cuentas de su gestión y la entrega de los bienes incautados, pero él sostuvo que
éstos habían sido hurtados del lugar donde los depositó, de ahí que formuló
denuncia ante la Fiscalía.

El señor Tomás Arduino Fajardo Hernández manifestó que hasta la fecha no tiene
información sobre la investigación adelantada por el aparente hurto y tampoco se
le han devuelto sus bienes. Asimismo, que el señor Mauricio Arizabaleta Oidor
“solicitó el embargo” de su cuenta corriente, evento que le implicó que la cancelara
y lesionó su derecho al buen nombre.

En concreto, a juicio del actor, le asiste responsabilidad patrimonial a la entidad
demandada, toda vez que (i) inició el proceso ejecutivo “valorando” una prueba
anticipada que no cumplía con los requisitos de la confesión y respecto de la cual
hubo irregularidades en la notificación para su adecuado recaudo; además, libró
mandamiento de pago, a sabiendas de que los documentos que se aportaron por
el ejecutado no constituían un verdadero título ejecutivo, a la luz de los artículos
115, 448 y 254 del CPC; (ii) no tuvo en cuenta que al ejecutante “le había sido
suspendido del poder dispositivo del bien inmueble”, en virtud de un proceso de
extinción de dominio, por ende, la Lonja de Propiedad Raíz de Cali era la llamada
a instaurar la demanda en su contra; y (iii) existió absoluta negligencia tanto del
juez como del secuestre en la disposición, custodia y cuidado de los bienes muebles
objeto de la medida cautelar, lo que produjo que éstos nunca fueron devueltos.

2. Trámite de primera instancia

2.1. El 27 de agosto de 2012, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca admitió
la demanda y ordenó su notificación a la demandada y al Ministerio Público2.

2.2. La Rama Judicial consideró que no se acreditó el daño invocado, habida cuenta
de que al actor se le corrió traslado del informe que rindió el secuestre en el proceso

2
Fls. 425 - 432 del c.1.

4

Radicación: 76001-23-31-000-2011-01546-01 (66.336)
Actor: TOMÁS ARDUINO FAJARDO HERNÁNDEZ
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

ejecutivo y luego se dieron por aprobadas las cuentas, sin que hubiera manifestado
algún reparo, circunstancia de la que se infería que estuvo de acuerdo y, por tanto,
no resultaba válido que ahora exigiera una indemnización por la pérdida de los
bienes muebles, “cuando no utilizó los mecanismos legales en su defensa”.

Además, adujo que fueron terceros ajenos al proceso quienes hurtaron los bienes
del señor Tomás Arduino Fajardo Hernández y la respectiva denuncia estaba bajo
estudio de la autoridad competente.

De otra parte, señaló que, en el caso hipotético de estudiarse de fondo la litis, las
supuestas irregularidades no contaban con bases probatorias sólidas para edificar
la falla del servicio, comoquiera que las actuaciones del Juzgado Veintitrés Civil
Municipal de Cali se ajustaron a derecho y respetaron el debido proceso, al punto
de que se emitió decisión a favor del accionante.

Para finalizar, llamó en garantía al señor Omar Adolfo Jiménez, quien obró como
secuestre de los bienes muebles embargados vía ejecutiva3; sin embargo, el juez
no se pronunció sobre este punto y la Rama Judicial no insistió al respecto.

2.3. Vencido el período probatorio, el 2 de marzo de 2018 se corrió traslado a las
partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto4.

2.4. El actor arguyó que los bienes secuestrados no habían sido retornados como
correspondía, en atención a lo dispuesto en la sentencia que culminó el proceso
ejecutivo ante la negligente gestión del secuestre, convalidada por el juzgado de la
causa, lo que significó una omisión de los deberes legales a su cargo, descuido que
permitió que terceros dispusieran de ellos.

Reprochó que la autoridad judicial se limitó a “recaudar la deficiente excusa del
secuestre y no tomó otra decisión para encontrar los bienes o seguir más procesos”.
Explicó que no exigió el informe mensual sobre el estado de los bienes entregados
en custodia y el lugar donde se hallaban los mismos; tampoco solicitó su exclusión
de la lista de auxiliares de la justicia ni la cancelación de su licencia o lo relevó de
todas las designaciones. A lo que se agregaba que ignoró oficiar a la Fiscalía para
que le informara las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrió el

3
Fls. 455 - 461 del c.1.
4
Fl. 503 del c.1.

5

Radicación: 76001-23-31-000-2011-01546-01 (66.336)
Actor: TOMÁS ARDUINO FAJARDO HERNÁNDEZ
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

supuesto hurto de los bienes, así como al Consejo Superior de la Judicatura, a fin
de adelantar el proceso al que hubiera lugar.

Expresó que el oficio denominado “rendición de cuentas” no tenía mayor alcance,
porque si no hay bienes, no se podía exigir el cobro de gastos de gestión de alguna
naturaleza y, en esa medida, “se repudia el documento por carecer de todos los
elementos del artículo 689 del CPC”5.

2.5. La entidad demandada agregó que el artículo 513 del CPC, norma que rigió el
proceso ejecutivo singular contra el actor, determinaba que, previo al decreto de las
medidas cautelares, el ejecutante debía prestar caución en dinero, bancaria o de
una compañía de seguros, si se llegaren a causar perjuicios con las mismas y, en
caso de pérdida de los bienes, impuso al secuestre la obligación de pago de una
caución, por consiguiente, el señor Tomás Arduino Fajardo Hernández debió pedir
la entrega de las pólizas que respaldaban los bienes muebles secuestrados, pero
no lo hizo y, en esa medida, no podía sacar provecho de su negligencia6.

2.6. El agente del Ministerio Público guardó silencio.

3. Sentencia de primera instancia

En sentencia del 4 de octubre de 2019, el Tribunal Administrativo del Casanare7
accedió parcialmente a las súplicas incoadas.

Después de relacionar los medios de prueba obrantes al plenario y hacer énfasis
en el título de imputación de defectuoso funcionamiento de la Administración de
Justicia, concluyó que los bienes muebles que le fueron secuestrados al actor, en
acatamiento a una medida cautelar decretada por el Juzgado Veintitrés Civil
Municipal de Cali “están perdidos, según la denuncia del secuestre”, el cual no
rindió informes o cuentas en la forma contemplada en la ley ni el juzgado lo requirió
antes de proferir sentencia.

5
Fls. 523 - 530 del c.1.
6
Fls. 504 - 506 del c.1.
7
De conformidad con el Acuerdo PCSJ18-11134 del 31 de octubre de 2018, el Consejo Superior de
la Judicatura redistribuyó algunos asuntos provenientes del Tribunal Administrativo del Valle para
decisión de la autoridad que dicta la decisión referida.

6

Radicación: 76001-23-31-000-2011-01546-01 (66.336)
Actor: TOMÁS ARDUINO FAJARDO HERNÁNDEZ
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

En esa línea, estimó que el secuestre debía constituir caución y, si incumplía sus
funciones, debía relevarlo del cargo y exigir la entrega de los bienes; es más, si era
el caso declarar el siniestro respectivo y hacer efectiva la póliza, pero nada de ello
estaba probado en el sub lite.

A renglón seguido, advirtió que, si bien el auxiliar de la justicia en el informe de
rendición de cuentas indicó la pérdida de los bienes, documento del que se corrió
traslado a las partes y el ejecutado guardó silencio, ello no impedía reclamar el
pago de los daños que le fueron causados con la medida cautelar, en sede de
reparación directa.

Finalmente, destacó que en el fallo del proceso ejecutivo se condenó en costas al
señor Mauricio Arizabaleta Oidor y “por los perjuicios que el demandante hubiere
sufrido con las medidas cautelares y del proceso”; sin embargo, “no se demostró
que él hubiera acudido a este mecanismo para reclamar el pago”.

Por lo expuesto, aseguró que había lugar a imponer una condena patrimonial contra
la Rama Judicial, con fundamento en lo siguiente:

(…) En consecuencia, el daño se encuentra acreditado y consiste en la pérdida
de los bienes muebles de propiedad del demandante que le fueron
secuestrados; el hecho dañoso y la relación de causalidad, también, pues los
bienes se perdieron estando en poder de un secuestre, quien debía guardarlos
en debida forma y no lo hizo, y el juzgado que llevaba el proceso ejecutivo
tampoco le exigió al secuestre que cumpliera a cabalidad su función (…).

En lo atinente a la indemnización de perjuicios, negó el daño moral y condenó en
abstracto los perjuicios materiales, con base en que, pese a que existía constancia
de los bienes muebles, no se conocía su estado ni precio al momento del secuestro,
por lo que resultaba necesario iniciar un incidente de liquidación de perjuicios a
efectos de calcular el daño emergente, parámetro que, a su vez, serviría para tasar
el lucro cesante8.

4. Recurso de apelación

Inconforme con la decisión anterior, la entidad estatal demandada interpuso recurso
de apelación.

8
Fls. 541 - 550 del c.ppal.

7

Radicación: 76001-23-31-000-2011-01546-01 (66.336)
Actor: TOMÁS ARDUINO FAJARDO HERNÁNDEZ
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

En primer lugar, detalló que no se efectuó una valoración completa y ponderada de
los elementos de juicio del expediente, a partir de los cuales era palmario colegir
que no se probó el primer elemento de la responsabilidad, en tanto la copia de una
denuncia penal no significaba que efectivamente el señor Tomás Arduino Fajardo
Hernández hubiera perdido los bienes muebles secuestrados.

En segundo término, consideró que, de todos modos, se configuraba el hecho de
un tercero, bajo el entendido de que, pese a los esfuerzos del secuestre por ubicar
los enseres, los propietarios de la bodega que estaba autorizada para el depósito
desaparecieron con éstos. Igualmente, concurría la culpa de la víctima por la
pasividad sobre las garantías que respaldaban los bienes y la conformidad que
mostró con la rendición de cuentas del secuestre9.

5. Trámite en segunda instancia

5.1. En autos del 4 de junio y del 15 de julio de 2021, esta Corporación admitió la
alzada y corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran
alegatos de conclusión por escrito, respectivamente, oportunidad en la que la parte
actora no intervino10.

5.2. La Rama Judicial replicó lo dicho a lo largo de la controversia y añadió que no
se podía olvidar que el accionante provocó el inicio del proceso ejecutivo ante el
incumplimiento del pago de los cánones de arrendamiento y se benefició del
proceso de extinción de dominio, pues fue nombrado depositario provisional, pero
fue removido del cargo y debía “hacer entrega material del inmueble” y no lo hizo,
tanto así que el señor Jorge Alberto Monroy Rodríguez instauró una querella por
ocupación de hecho. Y, aunque luego se suscribió un contrato de arrendamiento, él
debía asumir sus obligaciones, las cuales se hallaron desatendidas11.

5.3. El Ministerio Público sugirió confirmar el fallo recurrido. Manifestó que se
acreditó la pérdida de los bienes muebles en el proceso ejecutivo por parte del
secuestre y era su obligación adoptar las medidas necesarias para garantizar su
conservación, pero esto solo se vio reflejado cuatro meses después de que los
dueños de la bodega cambiaran de domicilio, lo que denotaba su negligencia y la
del juzgado que debía vigilar sus actos.

9
Fls. 553 - 554 del c.ppal.
10
Fls. 567 - 569 del c.ppal.
11
Fls. 573 - 575 del c.ppal.

8

Radicación: 76001-23-31-000-2011-01546-01 (66.336)
Actor: TOMÁS ARDUINO FAJARDO HERNÁNDEZ
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Aclaró que no tenía asidero el argumento según el cual el accionante debió pedir al
juzgado la entrega de las pólizas que respaldaban los muebles secuestrados, ya
que no era parte del contrato de seguro, sino que era “el Consejo Superior de la
Judicatura, en calidad de beneficiario, al que le corresponde hacer la reclamación
cuando se atribuya responsabilidad por los hechos del secuestre”12.

5.4. En proveído del 17 de junio de 2024, la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado decretó una prueba de oficio, porque existen dudas sobre la
devolución de los bienes muebles de propiedad de la parte actora. Para tal efecto,
requirió (i) al Juzgado Veintitrés Civil Municipal de Cali que informara cuál fue el
manejo sobre los enseres del actor y certificara si los mismos fueron o no devueltos
a aquel, así como si se constituyó y afectó o no alguna póliza que respaldara los
bienes; y (ii) a la Fiscalía 16 Local - Unidad de Intervención Temprana de Entrada
de Cali que indicara lo acontecido con la denuncia penal instaurada por el señor
Omar Adolfo Jiménez Lara, por la presunta comisión del delito de hurto y, de existir
un proceso penal al respecto, remitiera las diligencias de esa causa con destino a
este proceso13.

La primera autoridad respondió que las actuaciones obrantes en el proceso fueron
las únicas que se adelantaron, para lo cual adjuntó copia completa del expediente
ejecutivo singular con radicado 2005-00843-0014, mientras que la segunda informó
que el asunto penal fue archivado por atipicidad de la conducta15.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia,
dado que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, en concordancia
con el reglamento interno de esta Corporación16, la competencia para conocer de
las acciones de reparación directa que se instauren por error judicial, privación
injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia,

12
Fls. 580 - 601 del c.ppal.
13
Archivo 34 de Samai.
14
Archivos 64 y 65 de Samai.
15
Archivo 58 de Samai.
16
Acuerdo 80 de 2019.

9

Radicación: 76001-23-31-000-2011-01546-01 (66.336)
Actor: TOMÁS ARDUINO FAJARDO HERNÁNDEZ
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

se encuentra radicada en los tribunales administrativos en primera instancia y en el
Consejo de Estado en segunda instancia, sin considerar la cuantía del proceso17.

2. Causa petendi y alcance del recurso de apelación

De acuerdo con la redacción de las súplicas, hechos y fundamentos de la demanda,
se derivan las siguientes causas sobre las que se funda la presente acción.

En el escrito inicial se solicitó la declaratoria de responsabilidad de la Rama Judicial,
porque: (i) se dio inicio a un proceso ejecutivo singular con base en una prueba
anticipada que se practicó violando garantías procesales y se libró mandamiento de
pago, pese a que no existía un verdadero título ejecutivo; (ii) se ignoró que el
ejecutante no era el llamado a instaurar la demanda ejecutiva; y (iii) las actuaciones
irregulares tanto del juzgado como del secuestre designado frente a la disposición,
custodia y cuidado de los bienes embargados y secuestrados condujeron a que los
enseres no fueron devueltos.

La parte accionante determinó, de manera general, que todos esos reproches se
enmarcaban en un defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia,
aspecto que replicó el a quo, sin distinguir otro título de imputación.

Hechas estas precisiones, la Subsección recuerda que la Ley 270 de 1996, en
desarrollo de la cláusula general de responsabilidad prevista en el artículo 90 de la
Constitución Política, reguló el tema de la responsabilidad del Estado derivada del
funcionamiento de esta rama del Poder Público, diferenciando tres títulos de
imputación jurídica, a saber, error jurisdiccional; defectuoso funcionamiento de la
Administración de Justicia; y privación injusta de la libertad.

De esta manera, respecto de los dos primeros títulos de atribución jurídica, dicha
ley estableció que el error judicial se configura o materializa a través de una
providencia proferida en ejercicio de la función de impartir justicia, mediante la cual
se interpreta, se declara o se hace efectivo el derecho; mientras que el defectuoso
funcionamiento de la Administración de Justicia es una modalidad de
responsabilidad residual, con fundamento en la cual deben ser decididos los
supuestos de daño antijurídico sufridos como consecuencia de la función judicial,

17
Auto del 9 de septiembre de 2008 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

10

Radicación: 76001-23-31-000-2011-01546-01 (66.336)
Actor: TOMÁS ARDUINO FAJARDO HERNÁNDEZ
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

que no constituyen error jurisdiccional o privación de la libertad, por no provenir de
una decisión judicial18.

Sobre esta base, al analizar los aspectos fácticos y jurídicos de la demanda, la Sala
encuentra que lo descrito en los puntos (i) y (ii) implican un análisis bajo el título de
imputación de error judicial, ya que esas determinaciones están contenidas en una
providencia judicial.

En oposición, el punto (iii) en el que manifestó que los actos negligentes del juzgado
y el secuestre conllevaron a la pérdida de los enseres que le fueron secuestrados,
ameritan un examen de cara al defectuoso funcionamiento de la Administración de
Justicia, pues sobre ello concurren una serie de actuaciones.

Entonces, en aplicación del principio de congruencia estructurado a partir de los
artículos 170 del CCA19 y 305 del CPC20, de acuerdo con los cuales la sentencia
debe estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la
demanda, la Sala tendría que complementar la sentencia de primera instancia en lo
que tiene que ver con los cargos de error judicial que fueron promovidos por la parte
actora y no fueron abordados por el Tribunal Administrativo del Casanare; empero,
no puede proceder de conformidad, toda vez que la parte perjudicada con la omisión
no apeló ni se adhirió a la alzada del extremo pasivo, requisito que previó el
legislador en el artículo 311 del CPC21.

18
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de noviembre de 2001, expediente 13.164,
M.P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia de 15 de abril de 2010, expediente 17.507, M.P. Mauricio
Fajardo Gómez, entre otras.
19
“Artículo 170. Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. Debe analizar los
hechos en que se funda la controversia, las pruebas, las normas jurídicas pertinentes, los
argumentos de las partes y las excepciones con el objeto de resolver todas las peticiones. Para
restablecer el derecho particular, los Organismos de lo Contencioso Administrativo podrán estatuir
disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas, y modificar o reformar éstas”.
20
“Artículo 305. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las
pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este Código contempla, y
con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la
demanda, ni por causa diferente a la invocada en ésta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial
sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que
aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de
conclusión, y cuando éste no proceda, antes de que, entre el expediente al despacho para sentencia,
o que la ley permita considerarlo de oficio”.
21
“Artículo 311. Adición. Cuando la sentencia omita la resolución de cualquiera de los extremos de
la litis, o de cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento,
deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro del término de ejecutoria, de
oficio o a solicitud de parte presentada dentro del mismo término. El superior deberá complementar
la sentencia del a quo cuando pronuncie la de segunda instancia, siempre que la parte perjudicada
con la omisión haya apelado o adherido a la apelación; pero sí dejó de resolver la demanda de

11

Radicación: 76001-23-31-000-2011-01546-01 (66.336)
Actor: TOMÁS ARDUINO FAJARDO HERNÁNDEZ
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Ahora bien, la entidad estatal apelante agrupó sus razonamientos de disenso en
dos puntos principales, refutó (i) la falta de acreditación del daño relativo a la
pérdida de los enseres secuestrados de propiedad del actor, pues, en su criterio, la
denuncia penal por el hurto de los mismos no daba cuenta efectiva de ello; y (ii) la
inexistencia de un defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia ante
la configuración del hecho de un tercero, ya que los dueños de la bodega empleada
para el depósito desaparecieron con los enseres, a lo que se agregaba la culpa de
la víctima ante la pasividad sobre las garantías que respaldaban los bienes y el
silencio que guardó frente al informe de rendición de cuentas.

De este modo, la Sala examinará si se acreditó el daño reclamado, consistente en
la pérdida de los bienes muebles del accionante. De superar dicho análisis, revisará
si ese daño le resulta imputable a la demandada o, por el contrario, si operó alguna
causal de exoneración de la responsabilidad. Lo relativo al daño al buen nombre se
denegó y no fue objeto de discrepancia, por lo que no se ahondará en ello.

3. Oportunidad

Al tenor de lo previsto en el artículo 136.8 del CCA, la acción de reparación directa
debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al
acaecimiento del hecho, a la omisión, a la operación administrativa y a la ocupación
permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos
públicos o por cualquier otra causa, período que, una vez vencido, tal como se ha
advertido, impide solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado,
por configurarse el fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción.

La Sección Tercera de esta Corporación ha sostenido que tratándose de asuntos
de defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, por regla general,
la caducidad se debe contar “a partir del día siguiente a la expedición de la decisión
que pone fin al respectivo proceso judicial, toda vez que es a partir de este momento
que se consolida el daño por cuya indemnización se demanda al Estado”22.

reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá el expediente para que dicte sentencia
complementaria (…)”.
22
Al respecto, se puede consultar, entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 14 de septiembre de 2017, expediente 48.271; sentencia del 24 de abril de 2020,
expediente 57.541, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia del 9 de abril de 2020, expediente
51.484, M.P. María Adriana Marín, y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia
del 21 de noviembre de 2017, expediente 38.644. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

12

Radicación: 76001-23-31-000-2011-01546-01 (66.336)
Actor: TOMÁS ARDUINO FAJARDO HERNÁNDEZ
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

En el sub lite se pretende la reparación de perjuicios por el aparente defectuoso
funcionamiento de la Administración de Justicia que se presentó en el proceso
ejecutivo singular de mínima cuantía con radicado 2005-00843-00, asunto que
culminó con el proveído del 15 de abril de 2010, mediante el cual el Juzgado
Veintitrés Civil Municipal de Cali aprobó la rendición de cuentas del secuestre
designado en el asunto y el aquí demandante advirtió la pérdida de sus enseres
secuestrados en esa causa23, decisión que cobró firmeza el 28 de ese mes y año24.

Por consiguiente, a partir del día siguiente a la citada fecha empezó a correr el
término de caducidad y se extendió hasta el 29 de abril de 2012. Ahora, como la
demanda se radicó el 7 de octubre de 201125, previo agotamiento del requisito de
conciliación extrajudicial en derecho26, se impone concluir que es oportuna.

4. Legitimación en la causa

Con apoyo en el material de prueba disponible en el expediente, está demostrado
que el señor Tomás Arduino Fajardo Hernández actuó como demandado dentro del
proceso ejecutivo adelantado por el señor Mauricio Arizabaleta Oidor en su contra,
en relación con el cual afirma que se presentaron actuaciones que le ocasionaron
perjuicios, razón por la cual le asiste legitimación en la causa para acudir ante esta
jurisdicción, en este caso, como víctima directa.

De otra parte, la legitimación formal en la causa por pasiva de la Rama Judicial se
configura con base en las imputaciones que en su contra se formularon en la
demanda hoy analizada; sin embargo, se aclara que está por determinar el sentido
de la sentencia, de ahí que al adelantar el estudio de fondo se determinará si existió
o no una participación efectiva en la producción del daño antijurídico alegado.

5. Análisis de fondo
5.1. Lo probado

Por razones metodológicas, la Sala enunciará los hechos que se encuentran
probados, conforme a las únicas pruebas obrantes al plenario:

23
Fl. 454 del c.1.
24
Es decisión que se notificó por estado el 23 de abril de 2010 (fl. 129 del c. de medida cautelar del
archivo 64 de Samai), por lo que, según el artículo 331 del CPC, quedó en firme 28 de ese mes y
año.
25
Fls. 1 - 30 del c.1.
26
Fls. 372 - 375 del c.1.

13

Radicación: 76001-23-31-000-2011-01546-01 (66.336)
Actor: TOMÁS ARDUINO FAJARDO HERNÁNDEZ
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

• En Resolución del 25 de agosto de 1998, la Fiscalía 17 de la Unidad Nacional
para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos nombró al
señor Tomás Arduino Fajardo Hernández depositario provisional del apartamento
201 del Edificio Emmanuel, ubicado en la carrera 85 #13b-20 de Cali, en el que
residía como arrendatario y cuyo propietario era el señor Mauricio Arizabaleta
Oidor27.

• Luego, a través de Resolución 602 del 14 de mayo de 2004, la DNE removió al
aquí actor del cargo de depositario y, en su reemplazo, nombró al señor Jorge
Alberto Monroy Rodríguez, quien instauró una querella por ocupación de hecho en
su contra28.

• En Resolución 1248 del 23 de septiembre de 2004, la DNE adicionó más bienes
inmuebles al señor Jorge Alberto Monroy Rodríguez para que ejerciera como
depositario provisional y fijó sus honorarios29.

• El señor Jorge Alberto Monroy Rodríguez y Tomás Arduino Fajardo Hernández
suscribieron un contrato de arrendamiento, pero se precisó que estaba pendiente
por parte del último la rendición de cuentas de los frutos producidos por el bien por
concepto de arriendo entre el 26 de agosto de 1998 y el 30 de junio de 2005, previa
deducción de los gastos causados por la gestión realizada como depositario
provisional y los dineros consignados a la DNE30.

• El 5 de julio de 2005, el Juzgado Octavo Civil Municipal de Cali, previa petición
del señor Mauricio Arizabaleta Oidor, envió citación a la dirección de residencia del
señor Tomás Arduino Fajardo Hernández para constituir prueba de confesión frente
al contrato verbal de arrendamiento del inmueble; sin embargo, aquél presentó
excusas por no asistir a la diligencia31.

• Mediante Resolución 876 del 19 de agosto de 2005, la DNE revocó el acto anterior
y nombró a la Lonja de Propiedad Raíz de Cali como depositaria provisional del
apartamento que ocupaba el señor Tomás Arduino Fajardo Hernández32. Esa
entidad, a su vez, designó a la firma Imopacífico S.A. como administradora del

27
Paginación 61 del c.1 del archivo 64 de Samai.
28
Paginación 91 - 123 del c.1 del archivo 64 de Samai.
29
Paginación 66 - 88 del c.1 del archivo 64 de Samai.
30
Paginación 213 del c.1 del archivo 64 de Samai.
31
Paginación 7 - 19 del c.1 del archivo 64 de Samai.
32
Paginación 215 - 238 del c.1 del archivo 64 de Samai.

14

Radicación: 76001-23-31-000-2011-01546-01 (66.336)
Actor: TOMÁS ARDUINO FAJARDO HERNÁNDEZ
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

mismo, sociedad que le informó al accionante la cuenta en la que debía depositar
los cánones de arrendamiento33.

• El 15 de septiembre de 2005 se llevó a cabo la diligencia judicial, sin que el citado
hubiera comparecido34, por lo que se programó nueva fecha para el 19 de octubre
de esa anualidad, pero la situación fue la misma y se declararon ciertos los hechos
susceptibles de confesión35.

• El señor Mauricio Arizabaleta Oidor radicó demanda ejecutiva singular de mínima
cuantía contra el señor Tomás Arduino Fajardo Hernández con el propósito de
obtener la suma de $30’450.000, por los cánones de arrendamiento de vivienda
urbana adeudados desde septiembre de 1998 hasta noviembre de 2005. Asimismo,
pidió el decreto y embargo de los bienes muebles del demandado, así como del
dinero depositado en sus cuentas bancarias36.

Al respecto, aportó copia del auto mediante el cual se citó al ejecutado a la audiencia
de interrogatorio de parte y la constancia de notificación personal; del memorial en
el que él presentó excusas; del proveído en que se fijó nueva fecha y hora para la
audiencia pertinente; del cuestionario que debía absolver; del acta de la audiencia
en la que se aclaró que el convocado no asistió y el juez calificó las preguntas que
se pretendían probar y eran susceptibles de confesión; de la constancia suscrita por
el secretario del Juzgado Octavo Civil Municipal de Cali que señalaba que las copias
descritas eran tomadas de sus originales37.

• El 7 de octubre de 2005, el Juzgado Veintitrés Civil Municipal de Cali requirió al
ejecutante para que prestara caución por la suma de $2’900.000, actuación que se
acató en debida forma38.

• En proveído del 7 de diciembre de 2005, la autoridad judicial señaló que,
“cumplidas las exigencias previstas en los artículos 75 y 488 del CPC”, admitía la
demanda y libraba mandamiento ejecutivo contra el ahora actor por los cánones de
arrendamiento adeudados39. Pasados cinco días, decretó el embargo y secuestro

33
Paginación 276 del c.1 del archivo 64 de Samai.
34
Paginación 22 del c.1 del archivo 64 de Samai.
35
Paginación 27 - 28 del c.1 del archivo 64 de Samai.
36
Paginación 41 - 42 del c.1 del archivo 64 de Samai.
37
Paginación 30 - 40 del c.1 del archivo 64 de Samai y fl 384 del c.1.
38
Paginación 3 - 4 del c. de medida cautelar del archivo 64 de Samai.
39
Paginación 44 - 52 del c.1 del archivo 64 de Samai.

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Radicación: 76001-23-31-000-2011-01546-01 (66.336)
Actor: TOMÁS ARDUINO FAJARDO HERNÁNDEZ
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

de los dineros depositados en las cuentas bancarias de propiedad del ejecutado
hasta por la suma de $52’200.000 -la cual nunca se hizo efectiva- y de los enseres
por el límite de $69’600.000, designando el secuestre para atender esa diligencia40.

• El señor Tomás Arduino Fajardo Hernández contestó la demanda y propuso las
excepciones de mérito denominadas (i) justo título, porque se aportaron las copias
expedidas por el Juzgado Octavo Civil Municipal de Cali, tomadas de la diligencia
extraproceso, que no eran las primeras que prestan mérito ejecutivo, pues no tenían
la constancia secretarial y tampoco se anexó el auto en el que se declaraban
confesos los hechos; y (ii) falta de legitimación en la causa por activa, teniendo en
cuenta que, como consecuencia de un proceso de extinción de dominio, el señor
Mauricio Arizabaleta Oidor fue despojado “de la propiedad y pertenencia” y se le
trasladó a la DNE, a quien rendía las cuentas41.

Sobre el particular, adjuntó las resoluciones pertinentes, copia de algunos
comprobantes de pago y el certificado de libertad y tradición del bien en el que se
observaba que el inmueble estaba afectado con una medida cautelar desde el 26
de agosto de 1998 y quedó bajo custodia de la DNE42.

• El señor Tomás Arduino Fajardo Hernández elevó una acción de tutela contra los
Juzgados Octavo y Veintitrés Civiles Municipales de Cali y otras autoridades por
las aparentes irregularidades cometidas sobre el inmueble que ocupaba y, además,
para que se suspendiera la medida de embargo y secuestro de sus enseres 43, la
cual culminó con decisión negativa de la Corte Suprema de Justicia44.

• El 3 de marzo de 2006 se llevó a cabo la diligencia de secuestro de los bienes
muebles del ejecutado y se hizo la siguiente descripción45:

OBJETO ESTADO MEDIDA O
REFERENCIA
1) un juego comedor de seis puestos, tallado en madera con seis sillas Rayones y Sin descripción
con sentadero abollonado peladuras
2) un bife de madera, con tres cajones en el centro y dos a los lados, Estado regular Sin descripción
3) una vitrina que tiene dos puestos de madera y vidrio con un entrepaño Rayones y estado Sin descripción
regular
4) una consola pequeña, tiene tres repisas de vidrio con dos puertas de Estado bueno Más o menos de
madera y vidrio 80x50 cm
5) una copa de cristal tallada, no es cristal murano Sin descripción Sin descripción

40
Paginación 5 - 6 del c. de medida cautelar del archivo 64 de Samai.
41
Paginación 132 - 137 del c.1 del archivo 64 de Samai.
42
Paginación 55 - 60 del c.1 del archivo 64 de Samai.
43
Paginación 279 - 230 del c.1 del archivo 64 de Samai.
44
Paginación 71 del c.2 del archivo 64 de Samai (solo obra la comunicación de la providencia).
45
Paginación 20 - 23 del c. de medida cautelar del archivo 64 de Samai.

16

Radicación: 76001-23-31-000-2011-01546-01 (66.336)
Actor: TOMÁS ARDUINO FAJARDO HERNÁNDEZ
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

6) dos repisas candelabro colgadas sobre la pared con sus bombillas y Estado bueno Sin descripción
espejo central en madera, los tres elementos están tallados en la parte
superior con flores
7) un cuadro que tiene manchones (…) Estado regular Más o menos de
100x80 cm
8) tres cuadros en tela con marco de madera y borde en alto relieve (…) Estado regular Mas o menos de
80x60 cm
9) tres cuadros con marco de madera (…) Sin descripción Más o menos de
40x40 cm
10) dos cuadros con marco vinotinto (…) Estado regular, uno Más o menos de
está despicado 120x90 cm
11) dos cuadros de madera color verde y dorado Estado regular, uno Sin descripción
está despicados en
las puntas
12) dos cuadros de madera color dorado Estado regular Más o menos de
30x60 cm
13) una base de decoración en hierro forjado en tres alas y en el centro Sin descripción Sin descripción
presenta una decoración de bronce
14) dos cuadros color miel con sus vidrios Estado regular, Más o menos de
despicados en las 25x40 cm
puntas
15) una repisa de madera color café, con dos cajones falsos que sirve Rayones y Sin descripción
para poner porcelanas peladuras
16) una cerámica en porcelana con un payaso y acordeón de emblema Estado bueno Sin descripción
17) dos cuadros con marco de madera Sin descripción Más o menos de
15x15 cm
18) una mesa auxiliar redonda de cuatro patas, color café Rayones, estado Sin descripción
regular
19) tres repisas pequeñas de madera para colgar en la pared con unas Estado regular Sin descripción
flores talladas
20) una base de madera Rayones y Más o menos de 1mt
peladuras
21) una base de madera de centro, vidrio en la parte superior Estado regular Sin descripción
22) una mesa de madera con tres patas y cajones Estado regular y sin Sin descripción
vidrio
23) un puff de color beige abollonado Estado regular Sin descripción
24) una nevera marca icasa con manija exterior, estructura de pasta, en Estado regular Más o menos 11 pies
la parte de adentro dos gavetas y dos vidrios, sin número de serie
25) un congelador marca centrales, cuatro compartimientos y una rejilla Estado regular Más o menos 11 pies
en el interior con cuatro gavetas, sin número de serie
26) tres porcelanas en plato Estado regular Sin descripción
27) un nochero con tres cajones Estado regular Sin descripción
28) un escritorio en madera chaspeada con dos entrepaños, con cuatro Rayones y Sin descripción
cajones peladuras
29) una lámpara con base de madera, las cintas alrededor reventadas, Sin descripción Sin descripción
igual que donde se soporta el bombillo
30) una mesa de madera con dos consoladas, decoradas en la parte de Sin descripción Más o menos de
arriba 1.20 cm
31) dos candelabros en madera, soportan dos velas Sin descripción Sin descripción
32) un cuadro ovalado con bordes Estado regular Sin descripción
33) un cajonero tocador con cuatro cajones Rayones y Sin descripción
peladuras
34) Un espejo consola de color beige con forma de media luna que tiene Estado regular Sin descripción
como decoración dos ramitos de flores talladas
35) dos mesas de noche en madera con cuatro cajones cada uno con Sin descripción Sin descripción
tallados en madera con sus aditamentos que permiten abrir los cajones
36) Un regulador de marca artelecto de 1000 vatios, no tiene serie Se desconoce su Sin descripción
funcionamiento. 37) un radio reloj - de color comarca aiwa con serie fra-a255u Funcionando Sin descripción
38) Un tocador de seis cajones, reventado al lado derecho Estado regular Sin descripción
39) Un espejo que tiene cuatro figuras infantiles Estado regular Sin descripción
40) un nochero con tres cajones con el desgaste normal de uso y hace Sin descripción Sin descripción
parte del juego del espejo y el cajonero.

41) un escritorio en madera con dos cajones auxiliares a la derecha y Rayones y Más o menos de
tres cajones a la izquierda peladuras 1.50x90 cm
42) una silla de tocador con sentadero en tela chaspeada manchada y Estado regular Sin descripción
alrededor con unos entrelazados
43) Una lámpara con base en madera con capucha está con las cintas Estado regular Sin descripción
alrededor sueltas y el soporte del bombillo está quebrado
44) una consola en madera con vidrio movible Estado regular Sin descripción
45) un cuadro Sin descripción Más o menos de
25x40 cm
46) Una silla de madera con asiento en tela Estado regular Sin descripción

En el inventario de transportes se evidencia46:

46
Paginación 57 del c. de medida cautelar.

17

Radicación: 76001-23-31-000-2011-01546-01 (66.336)
Actor: TOMÁS ARDUINO FAJARDO HERNÁNDEZ
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Se dejó constancia de que la nevera se le entregó a la señora Alexandra Rave y los
demás bienes muebles se trasladaron a la bodega denominada “American Moving
Mudanzas”, ubicada en Cali, servició que pagó el señor Mauricio Arizabaleta Oidor.

• El juzgado exigió al secuestre prestar caución por la suma de $1’500.000; no
obstante, nunca se constituyó la póliza respectiva47.

• El 4 de julio de 2006, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó el
fallo del 5 de diciembre de 2005, a través del cual el Juzgado Quinto Penal del

47
En el expediente solo obra el oficio respectivo, pero no se encontró el registro de la póliza.
Paginación 25 del c. de medida cautelar.

18

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Actor: TOMÁS ARDUINO FAJARDO HERNÁNDEZ
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Circuito Especializado de Bogotá declaró la extinción del derecho de dominio sobre
el inmueble del señor Mauricio Arizabaleta Oidor y, como consecuencia, ordenó su
tradición a favor del Estado -Frisco-, administrado por la DNE48.

• En auto del 22 de agosto de 2006, el Juzgado Veintitrés Civil Municipal de Cali
decretó las pruebas solicitadas por las partes y libró los oficios correspondientes
para obtener copia de algunos documentos49.

• El 6 de octubre de 2009 se profirió sentencia de primera instancia del proceso
ejecutivo singular, para lo cual (i) se declaró probada la excepción de falta de justo
título ejecutivo y terminado el asunto; (ii) se levantó la medida cautelar decretada y
practicada; y (iii) se condenó en costas al ejecutante. Los razonamientos de esa
determinación se transcriben a continuación50:

(…) En el presente asunto y según las piezas procesales aportadas, a la
solicitud de interrogatorio de parte anticipado se le dio el trámite que ordenan
los artículos 204, 207 y 208 del Código de Procedimiento Civil, el solicitante
aportó el pliego de preguntas y fueron calificadas por la Juez. Ante la
incomparecencia del señor Tomas Fajardo, la Juez, en el acta de la diligencia
dejó constancia de ello y dio por ciertos los hechos susceptibles de confesión
contenidos en el pliego de preguntas que aportó el demandante, como lo ordena
el artículo 210 del Código de Procedimiento Civil.

No obstante, la juez octava civil municipal imprimió el trámite correspondiente a
la solicitud de interrogatorio de parte anticipado, al momento de expedir las
copias auténticas, se incurrió en errores que le restan mérito ejecutivo, tal y
como se analiza enseguida:

De acuerdo con el numeral segundo del artículo 115 del Código de
Procedimiento Civil, si la copia pedida es de una sentencia o de otra providencia
ejecutoriada que ponga fin al proceso, apruebe liquidación de costas, fije
honorarios o imponga condenas, solamente la primera copia prestará mérito
ejecutivo, razón por la cual el secretario hará constar en ella y en el expediente
que se trata de dicha copia.

Obsérvese que en el acta de audiencia No. 274 del 19 de octubre del 2005, no
solamente se constituyó la prueba de la existencia del contrato de
arrendamiento que presuntamente existió entre Mauricio Arizabaleta y Tomas
Arduino Fajardo, sino que también se tuvo por cierto el hecho de que a dicha
fecha el señor Fajardo adeudaba al señor Arizabaleta la suma de $29.000.000=
por concepto de cánones de arrendamiento causados desde el mes de
septiembre de 1998 hasta el mes de diciembre del 2005, es decir, que también
se constituyó un título ejecutivo por $29.000.000=, razón por la cual, solamente
la primera copia de dicha acta de audiencia, que se constituye en el título, presta
mérito ejecutivo, y al expedirse la misma debió dejarse expresa constancia de
ello.

48
Paginación 91 - 38 del c.2 del archivo 64 de Samai.
49
Paginación 12 - 13 del c.2 del archivo 64 de Samai.
50
Paginación 119 - 127 del c.2 del archivo 64 de Samai.

19

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Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Revisado el expediente, se observa que el Secretario del Juzgado Octavo Civil
Municipal, dejó la siguiente constancia: “...Que las anteriores reproducciones
mecánicas constantes de diecisiete (17) folios, son fieles xerox-copias tomadas
de sus originales, los cuales obran dentro de la prueba anticipada de
interrogatorio de parte instaurado por Mauricio Arizabaleta Oidor y como
absolvente Tomas Fajardo. Las providencias que en estas constan se
encuentran debidamente notificadas y ejecutoriadas." Sin entrar en mayores
elucubraciones, puede concluirse, que las copias aportadas y con las cuales se
pretendió adelantar la ejecución, no prestan mérito ejecutivo, porque no reúnen
las exigencias consagradas en el numeral 2° del artículo 115 del Código de
Procedimiento Civil.

De otro lado, el numeral 7° del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil,
impone como requisito, para que dichas copias sean auténticas, que las ordene
el Juez de conocimiento previamente y que se adjunte copia de dicha
providencia. Revisadas las copias que se aportaron con la demanda, de las
cuales pretendía deducir el título ejecutivo, no se observa que la Juez Octava
Civil Municipal hubiese ordenado la expedición de las mismas, de conformidad
con la que se cita.

De acuerdo con la providencia anterior, para que el título sea exigible, las copias
aportadas deben de reunir los requisitos de que tratan los artículos 115 numeral
7° y 254 numeral 1° del Código de Procedimiento Civil, ya que el valor probatorio
de las copias provenientes de un juzgado requiere de la demostración de la
existencia del auto que ordenó su expedición. Se trata pues de un acto mixto o
si se quiere de naturaleza compleja, habida cuenta que la autenticación de la
copia de un documento que obre en el expediente judicial, reclama la
participación del juez, en orden a posibilitar - mediante providencia previa - que
la copia sea expedida con tal carácter, así como del secretario del respectivo
juzgado, quien cumple la función de extender la diligencia de autenticación
directamente o utilizando un sello.

En el presente asunto, como ya se advirtió, las copias que se aportaron como
título ejecutivo no reúnen los requisitos de que tratan los artículos 115 numeral
7° y 254 numeral 1° del Código de Procedimiento Civil, por lo que la obligación
que se pretende cobrar con fundamento en dicha prueba anticipada no es
exigible, además, ante tal falencia, es decir, al no tener la seguridad de que la
expedición de dichas copias fue autorizada por el respectivo Juez, no es posible
otorgarles mérito probatorio.

En este orden de ideas, y revisado como ha sido nuevamente el título base de
la presente ejecución, se concluye que el despacho incurrió en un error al librar
el mandamiento de pago, porque el título aportado no reunía los requisitos
legales.

• El 23 de octubre de 2009, el Juzgado Veintitrés Civil Municipal de Cali comunicó
al secuestre que hiciera entrega de los bienes embargados y secuestrados y
rindiera cuentas comprobadas de su gestión51.

51
Paginación 55 - 56 del c.2 del archivo 64 de Samai.

20

Radicación: 76001-23-31-000-2011-01546-01 (66.336)
Actor: TOMÁS ARDUINO FAJARDO HERNÁNDEZ
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

• El 27 de noviembre de 2009, el secuestre presentó una denuncia penal por el
delito de hurto respecto de los enseres que tenía bajo su cuidado, acto que, según
dijo, se consumó el 16 de julio de 200952:

(…) Soy secuestre y con motivo de mi trabajo dejé unos bienes secuestrados a
cargo de la bodega americana moving mudanzas, siendo representante legal el
señor Andrés David Pineda, estos bienes se encuentran relacionados en la
diligencia de secuestro fueron dejados a solicitud de la parte demandante ya
que ellos fueron quienes consiguieron la bodega para depositarlos allá, se me
ordena la entrega de estos bienes al señor Tomas Arduino Fajardo Hernández
y cuando procedí a trasladarme a esta bodega me llevé la sorpresa de que ya
no funcionaba esa empresa y se habían marchado llevándose esos enseres por
ello denuncio este hurto. Al solicitar el certificado de cámara de comercio pude
verificar que la dirección que figura actualmente es la carrera 1h No 72a - 23 y
me trasladé a ese sitio a verificar si allá funciona esa empresa encontrando que
allá es una casa de familia en donde vive el señor Andrés David Pineda. El valor
de esos bienes es la suma de $2’000.000.

• El 4 de diciembre de 2009, el auxiliar de la justicia rindió un informe del que se
lee53:

(…) En varias ocasiones me traslade hasta el sitio donde se encontraban los
bienes y la empresa se encontraba funcionando normalmente, hasta que en
días pasados cuando me llegó el oficio de entrega de los bienes, me traslade
hasta el sitio y por sorpresa me lleve que ya la empresa no estaba funcionando
en dicho lugar, por lo tanto realice averiguaciones en el sector y me informaron
que el propietario de la empresa era un señor Andrés Pineda, y que la empresa
se había trasladado para el norte de la ciudad pero desconocían el sitio.

Seguidamente me traslade hasta la cámara de comercio para solicitar un
certificado de existencia y representación de la empresa, efectivamente se
observa que el propietario es el señor Andrés David Pineda, y tiene una fecha
de matrícula desde el 01 de agosto del año 2001 y que el establecimiento de
comercio se encuentra ubicado en la Carrera 1H No. 72 A - 23 Barrio San Luis
de esta ciudad y renovó la matrícula el 18 de agosto de 2009, en la que cambia
de domicilio. Me traslade hasta esta dirección para verificar si en esta dirección
funcionaba la empresa de mudanzas, pero no funciona ninguna empresa de
mudanzas, pero en el inmueble si se consigue al señor Andrés Pineda. Pero no
me suministraron más información.

En vista de lo anterior, seguí haciendo gestiones para localizar esta empresa y
por internet efectivamente apareció supuestamente funcionando todavía en la
calle 9B No. 42 -32, promocionando servicios de trasteos, mudanzas urbanas y
nacionales, empaques, bodegas, etc., firmando el Sr. Andrés Pineda, adjunto al
presente informe, lo impreso por internet donde se observa lo manifestado.

También me traslade hasta la DIAN y solicite un RUT para observar en qué
dirección se encontraba esta empresa, pero igual fue el resultado que arrojo
con la dirección donde fueron dejados los bienes, anexo el RUT.

En tal virtud, y como ya había agotado todas las entidades que me ilustraran
información donde poder localizar esta empresa y al señor Andrés David

52
Paginación 64 - 65 del c.2 del archivo 64 de Samai.
53
Paginación 15 del c. de medida cautelar del archivo 64 de Samai.

21

Radicación: 76001-23-31-000-2011-01546-01 (66.336)
Actor: TOMÁS ARDUINO FAJARDO HERNÁNDEZ
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Pineda, quien es la persona que figura en todos los documentos como
propietario - administrador, procedí a formular la respectiva denuncia penal ante
la Fiscalía General de la Nación, por el presunto delito de hurto.

• Del anterior memorial titulado “rendición de cuentas” se corrió traslado a la parte
actora, el 15 de abril de 2010 y, como no fue cuestionado, se aprobó 54.

• El 23 de abril de 2010, el señor Tomás Arduino Fajardo Hernández pagó, a través
de un cheque girado por la señora Alexandra Rave, a Inmopacifico S.A. la suma de
$26’926.366, por concepto del acuerdo conciliatorio adelantado ante el Juzgado
Diecinueve Municipal de Cali, dentro de un proceso de restitución de bien inmueble
arrendado55.

• En el trámite de primera instancia de la presente controversia, el a quo recibió el
testimonio de la señora Amparo Ojeda Arias, quien fungió como juez veintitrés civil
municipal de Cali; sin embargo, su relato no contiene aspectos puntuales sobre el
caso concreto, sino que únicamente narra aspectos generales sobre los procesos
ejecutivos, medidas cautelares y funciones a cargo de los secuestres, de acuerdo
con lo previsto en la ley56.

5.2. Daño

El daño es el primer elemento que se debe observar y solo ante su acreditación hay
lugar a analizar la posibilidad de imputación del mismo al Estado 57. Así, a efectos
de que sea indemnizable, requiere estar cabalmente estructurado; por tal motivo,
esta Sección del Consejo de Estado58 ha establecido que resulta imprescindible
acreditar los siguientes aspectos relacionados con la lesión o detrimento cuya
reparación se reclama: (i) que el daño sea antijurídico, esto es, que la persona no
tiene el deber jurídico de soportarlo, “se excluyen las decisiones que se mueven en
la esfera de lo cuestionable o las sentencias que contienen interpretaciones válidas

54
Fl. 454 del c.1.
55
Fls. 338 - 361 del c.1.
56
Fls. 495 - 499 del c.1.
57
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 16 de julio de 2015, expediente 28.389, M.P. Hernán Andrade Rincón. La Subsección,
de forma pacífica, ha reiterado el criterio antes expuesto. Al respecto se pueden consultar las
siguientes decisiones: del 10 de noviembre de 2017, expediente 38.824; del 10 de noviembre de
2017, expediente 50.451; del 23 de octubre de 2017, expediente 42.121; del 14 de septiembre de
2017, expediente 44.260; del 19 de julio de 2017, expediente 43.447; del 26 de abril de 2017,
expediente 39.321, entre otras.
58
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de agosto de 2008, expediente 16.516,
M.P. Enrique Gil Botero y sentencia del 6 de junio de 2012 dictada por esta Subsección dentro del
expediente No. 24.633, M.P. Hernán Andrade Rincón, reiterada en sentencia del 24 de octubre de
2017, expediente 32.985, entre otras.

22

Radicación: 76001-23-31-000-2011-01546-01 (66.336)
Actor: TOMÁS ARDUINO FAJARDO HERNÁNDEZ
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

de los hechos o derechos”59.; (ii) que lesione un derecho, bien o interés protegido
por el ordenamiento legal; y (iii) que el daño sea cierto, es decir, que se puede
apreciar material y jurídicamente y, por ende, no se limita a una mera conjetura y
que, además, debe ser personal.

En el caso examinado, la parte actora manifestó que el daño gravita en la pérdida
de los bienes muebles de su propiedad que fueron objeto de una medida cautelar
en el marco de un proceso ejecutivo adelantado en su contra y respecto de los
cuales con posterioridad se ordenó su devolución.

Como antes se advirtió, previa orden del Juzgado Veintitrés Civil Municipal de Cali,
mediante diligencia surtida el 3 de marzo de 2006, se secuestraron varios bienes
muebles de propiedad del señor Tomás Arduino Fajardo Hernández, los cuales se
encontraban en el apartamento en el que residía, en calidad de arrendatario. Los
enseres los recibió el secuestre designado y los dejó en depósito en la bodega
“American Moving Mudanzas”, ubicada en Cali.

Terminado el proceso por carencia de justo título ejecutivo y levantada la medida
cautelar de embargo y secuestro, se requirió al secuestre para que entregara los
bienes muebles al ejecutado, encontrando que la bodega ya no funcionaba en el
lugar donde se almacenaron éstos y no fue posible ubicar al dueño. Ante tal
situación, no se logró materializar la entrega de los bienes.

Así las cosas, es evidente que el menoscabo cuyo resarcimiento ahora se pretende
se encuentra acreditado, pues de las pruebas documentales se extracta que al hoy
actor no se le retornaron los bienes muebles que le fueron retenidos en un proceso
ejecutivo singular que se le seguía.

Recuérdese que la recurrente discutió que la denuncia penal instaurada por el
secuestre no daba cuenta de que, en efecto, los bienes se perdieron; no obstante,
ese argumento no resulta de recibo, dado que fue la misma persona sobre la que
recaía el cuidado y custodia de los bienes secuestrado, quien, bajo la gravedad de
juramento, aseguró que éstos estaban extraviados y no los pudo hallar, situación
que no solo manifestó en sede penal, sino en el proceso civil, lo que da plena

59
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de
abril de 2006, expediente 14.837 y 23 de abril de 2008, expediente 16.271. Reiterada por la
Subsección A, en sentencia del 1° de marzo de 2018, expediente 52.097, y por la Subsección C, en
sentencia del 7 de mayo de 2018, expediente 40.610. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

23

Radicación: 76001-23-31-000-2011-01546-01 (66.336)
Actor: TOMÁS ARDUINO FAJARDO HERNÁNDEZ
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

credibilidad de esa situación, además, en el plenario no reposa prueba de la que
se pueda inferir que el accionante recibió a satisfacción sus enseres, todo lo
opuesto, se certificó que el proceso penal no tuvo mayor resultado y fue archivado
y tampoco recibió alguna compensación por esa afectación.

5.2. Imputación

5.2.1. Régimen de responsabilidad

Como ruta para el análisis de los cargos de la alzada, cabe reiterar que, a la luz de
lo consagrado en el artículo 69 de la Ley 270 de 199660, en concordancia con la
jurisprudencia de esta Sección, el defectuoso funcionamiento de la Administración
de Justicia es una modalidad de responsabilidad aplicable de forma residual, pues
solo opera en supuestos fácticos distintos al error jurisdiccional o a la privación
injusta de la libertad.

La jurisprudencia y la doctrina han señalado que el título de imputación aplicable,
por regla general, es la falla del servicio, por lo que corresponde al demandante
inicialmente acreditar la desatención o el incumplimiento obligacional que se
presente con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia61.

Así pues, esta Corporación ha destacado las siguientes características de este
sistema de imputación: (i) se concreta frente a actuaciones u omisiones, diferentes
a providencias judiciales, necesarias para adelantar un proceso; (ii) puede provenir
de funcionarios judiciales y particulares que ejerzan facultades jurisdiccionales; (ii)
debe existir un funcionamiento defectuoso o anormal, partiendo de la comparación
de lo que debería ser un ejercicio adecuado de la función judicial; y (iv) se
manifiesta de tres formas: la administración de justicia ha funcionado mal, no ha
funcionado o funcionó tardíamente62.

60
“Artículo 69. Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Fuera de los casos
previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a
consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación”.
61
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de
agosto de 2010, expediente 17.301, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
62
Sobre el particular, se pueden consultar, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 9 de septiembre de 2013, expediente
27.452, M.P. Olga Mélida Valle De la Hoz. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 14 de marzo de 2013, expediente
26.577, M.P. Hernán Andrade Rincón.

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Radicación: 76001-23-31-000-2011-01546-01 (66.336)
Actor: TOMÁS ARDUINO FAJARDO HERNÁNDEZ
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Con base en dicho título de imputación, la jurisprudencia de esta Corporación ha
considerado que la labor de los auxiliares de la justicia puede dar lugar a la
responsabilidad del Estado en los eventos en los que se acredita el incumplimiento
de sus funciones relacionadas con la administración y custodia de bienes, en virtud
de que la conformación de las listas de dichos servidores transitorios, su
designación, control y vigilancia, está a cargo de la jurisdicción63.

Ahora, en relación con la responsabilidad derivada del secuestro de bienes, la Sala
ha considerado que se presenta una falla del servicio en los eventos en los que se
acredita el incumplimiento de los deberes de los auxiliares de la justicia, así como
por la omisión de las funciones de control y vigilancia a cargo de los funcionarios
judiciales, siempre que la actuación causante del daño se encuentre vinculada con
las funciones que debió desarrollar el auxiliar de la justicia en ejercicio de su
encargo y el juez haya tenido la ocasión de verificar la actuación manifiestamente
dilatoria, simulada o con un fin ilegal, que requería su intervención y, pese a ello,
se hubiera abstenido de adoptar medidas que impidieran la ocurrencia del daño.

Siendo así, para la prosperidad de las pretensiones no basta con la simple
verificación de una actuación irregular u omisión de un auxiliar de la justicia, y con
esta, de la causación de un daño, pues aquello no se acompasa con las exigencias
para la procedencia de responsabilidad bajo el título de imputación de defectuoso
funcionamiento de la Administración de Justicia, dado que la imputación de
responsabilidad al Estado supone, además, el estudio del nexo causal entre la
conducta de la entidad demandada y el efecto adverso que de esta se deriva para
la parte demandante; de ahí que la acción o la omisión de las autoridades deba ser
la causa del daño que se reclama en la demanda para que proceda la declaratoria
de responsabilidad.

63
Al respecto, en forma explícita, se ha sostenido: “La actividad judicial de los auxiliares de la justicia,
en detrimento de los deberes que la Constitución y las leyes les impone, bien puede llegar a
comprometer, por acción u omisión, no solamente la responsabilidad personal y patrimonial de tales
servidores públicos ocasionales, sino también la responsabilidad administrativa del Estado, en virtud
de los daños antijurídicos que le sean imputables frente a los litigantes y otros. Todo esto derivado
del acentuado intervencionismo en la actividad para confeccionar las listas, para designar a los
auxiliares de la justicia y para controlarlos estrictamente en el cumplimiento de sus deberes”.
(Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 22 de noviembre de 2001, expediente 13.164,
M.P. Ricardo Hoyos Duque, decisión reiterada en sentencia del 8 de mayo de 2023, expediente
55.778, M.P. María Adriana Marín).

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Radicación: 76001-23-31-000-2011-01546-01 (66.336)
Actor: TOMÁS ARDUINO FAJARDO HERNÁNDEZ
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

5.2.2. Caso concreto

En el caso examinado, el tribunal de primera instancia declaró la responsabilidad
patrimonial de la Rama Judicial, teniendo en cuenta que los enseres secuestrados
del actor no fueron devueltos como correspondía, lo que denotaba actuaciones
negligentes tanto de la autoridad judicial que dirigió esa causa como del secuestre
encargado de su custodia. Además, no reposaba prueba para inferir que se hizo
efectiva alguna póliza o se adelantaron gestiones para suplir esa obligación y el
hecho de no oponerse al informe de rendición de cuentas, no limitaba que pudiera
obtener una indemnización vía reparación directa.

Por su parte, la Rama Judicial expresó que el daño no le era imputable, toda vez
que, de un lado, los propietarios de la bodega donde se almacenaban los bienes
del actor desaparecieron con estos y, de otra parte, el señor Tomás Arduino Fajardo
Hernández no desplegó actuaciones para afectar las garantías que respaldaban los
enseres y estuvo de acuerdo con la rendición de cuentas del secuestre, lo que, en
su criterio, configuraba las causales de exoneración de hecho de un tercero y culpa
exclusiva de la víctima.

Lo antes descrito exige que, de entrada, se examinen las eventuales omisiones del
Juzgado Veintitrés Civil Municipal de Cali y del secuestre designado en el proceso
ejecutivo singular con radicado 2005-00843-00, para establecer si se mantiene la
decisión recurrida o, por el contrario, si se configura un eximente de responsabilidad
extracontractual para absolver a la entidad demandada.

• Actuaciones del juzgado de conocimiento y el secuestre designado

La Sala encuentra que el juzgado que adelantó la referida controversia, una vez
decretó el embargo y secuestro de los bienes muebles del accionante, designó un
secuestre para atender esa diligencia, la cual se llevó a cabo el 3 de marzo de 2006,
y le exigió a aquél que prestara caución por la suma de $1’500.000, a fin de amparar
los perjuicios que se pudieran ocasionar a la parte ejecutada, tal y como lo indica
el artículo 683 del CPC64, en concordancia con el inciso 4° del artículo 10 ibidem65,

64
El inciso 3° del artículo 683 del CPC sostiene que cuando no se trate del caso previsto en los
incisos cuarto y quinto del artículo 10, el secuestre deberá prestar la caución que el juez fije una vez
practicado el secuestro y si no lo hace en el término que se le señale, será removido.
65
El inciso 4° del artículo 10 del CPC señala que solamente podrán designarse como secuestres
personas jurídicas o naturales que obtengan la licencia expedida por la autoridad competente, de
conformidad con la reglamentación que sobre el particular realice el Consejo Superior de la

26

Radicación: 76001-23-31-000-2011-01546-01 (66.336)
Actor: TOMÁS ARDUINO FAJARDO HERNÁNDEZ
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

pero ese deber nunca se cumplió y la autoridad que dirigía el proceso no tuvo reparo
sobre esa situación.

En relación con los poderes correccionales del juez frente a la gestión del secuestre,
la última disposición normativa establece que “el incumplimiento por los secuestres
de cualquiera de los deberes consagrados en los incisos anteriores y en el artículo
688, dará lugar a la cancelación de la licencia y al relevo de todas las designaciones
como secuestre que estén desempeñando”.

Pese a ese deber legal, el Juzgado Veintitrés Civil Municipal de Cali nunca conminó
al secuestre a prestar la caución pertinente ni lo relevó o removió de las funciones
encomendadas66.

Después de tres años, profirió sentencia de fondo, a través de la cual le puso fin al
proceso ejecutivo y, como levantó la medida cautelar de secuestro practicada,
requirió al auxiliar de la justicia para que entregara los enseres del ejecutado y
rindiera cuentas comprobadas de su gestión.

Lo anterior demuestra que desde que se practicó la medida cautelar que afectó los
bienes del actor hasta que se dio cumplimiento al fallo definitivo del asunto, el
juzgado nunca exigió algún informe mensual de gestión ni de rendición de cuentas
a los que se comprometió el secuestre al momento de su posesión y que aparecen
reglado en el estatuto procesal civil67.

Con claridad, el numeral 2 del artículo 688 del CPC determina que, si el secuestre
deja de rendir cuentas de su administración o de presentar los informes mensuales,
deberá ser relevado de plano de su cargo, pero ello no sucedió.

A todo lo descrito se suma que, previa denuncia penal presentada por el punible de
hurto, el 4 de diciembre de 2009, el secuestre, mediante memorial, manifestó que
la bodega donde fueron dejados los bienes “desapareció” y desconocía el destino
de los mismos.

Judicatura, previa constitución de una garantía del cumplimiento de sus funciones a favor del
Consejo.
66
El numeral 1 del artículo 688 del CPC dispone que de oficio o a petición de parte se reemplazará
al secuestre si no presta caución oportunamente.
67
El inciso 3° del artículo 10 del CPC indica que el depositario o administrador dará al juzgado informe
mensual de su gestión, sin perjuicio del deber de rendir cuentas.

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Actor: TOMÁS ARDUINO FAJARDO HERNÁNDEZ
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

El Juzgado Veintitrés Civil Municipal de Cali, después de correr traslado de ese
escrito, dio el aval a las actuaciones del secuestre, cuando por la negligencia de
éste, le correspondía iniciar un incidente68, evaluar la exclusión de la lista de
auxiliares de la justicia o la imposición de una multa, de conformidad con el artículo
9 del CPC69, aspecto que también echó de menos.

Lo hasta aquí expuesto es muestra clara de que el juzgado ignoró la diligencia y
cuidado en el ejercicio de las funciones de vigilancia y control al auxiliar judicial que
fue designado en el proceso ejecutivo, en particular, porque no exigió al secuestre
la caución que prevé la ley, lo que impedía su designación u obligaba a su remoción,
y, de paso, permitió el despliegue de sus actuaciones negligentes; dejó transcurrir,
sin justificación, un plazo considerable para solicitar informes y ejercer el debido
control sobre las actividades de aquel; y no adoptó medidas eficaces y oportunas
cuando fue informado de que los bienes se perdieron.

No debe pasarse por alto que el juez como director del proceso en uso de sus
facultades oficiosas puede y debe adoptar diferentes medidas para prevenir o poner
freno a conductas desleales o que rayen en lo ilícito, que atenten o vulneren los
intereses de las partes y, si es del caso, sancionar a los auxiliares de la justicia
cuando incumplan injustificadamente con sus funciones y poner en conocimiento de
las autoridades competentes ciertos comportamientos irregulares, sin olvidar la
finalidad que tiene en el proceso la caución que debió constituir el secuestre al
momento de aceptar el cargo y el permanente seguimiento a sus actividades, pero
nada se demostró al respecto.

De otra parte, el secuestre recibió los bienes muebles vinculados al proceso
ejecutivo adelantado contra el actor, para que los cuidara y conservara en
cumplimiento de las funciones que aceptó, obligaciones que ignoró por completo.

En relación con los deberes del secuestre, se debe retomar que el artículo 683 del
CPC dispone que aquel tendrá la custodia de los bienes que se le entreguen y de
sus productos o del valor de su enajenación, lo cual conlleva los deberes previstos

68
El numeral 2 del artículo 688 del CPC determina que, si se comprueba que ha procedido con
negligencia o abuso en el desempeño del cargo o violado los deberes y prohibiciones consagrados
en el artículo 10. Para este fin se tramitará incidente y el auto que lo resuelva será inapelable.
69
El artículo 9 ibidem prevé la exclusión de la lista de auxiliares de la justicia y la imposición de
multas de hasta 10 SMLMV, a aquellos auxiliares que, entre otras circunstancias, “no hayan rendido
oportunamente cuenta de su gestión, o cubierto el saldo a su cargo, o reintegrado los bienes que se
le confiaron o los hayan utilizado en provecho propio o de terceros, o se les halle responsables de
administración negligente”.

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Actor: TOMÁS ARDUINO FAJARDO HERNÁNDEZ
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

en los artículos 10, 688 y 689 ibidem, relativos a: (i) prestar caución en forma
oportuna en los casos que la ley lo exige; (ii) rendir informes mensuales de su
administración; (iii) consignar inmediatamente en la cuenta de depósitos judiciales
a la orden del juez del conocimiento el dinero que perciban de los bienes o de sus
frutos, o del resultado de la enajenación; (iv) solicitar autorización al funcionario
judicial para realizar el pago de impuestos y expensas con los dineros depositados;
(v) rendir cuentas comprobadas de su administración, luego de terminada su
gestión, sin lo cual no se le señalarán honorarios definitivos; y (vi) entregar los
bienes a quien corresponda inmediatamente se le comunique la orden.

La Subsección advierte que las anteriores prescripciones resultaron incumplidas,
pues no solo pasó por alto la constitución de póliza que se le exigió, requisito que
lo habilitaba para ejercer sus funciones so pena de su exclusión, sino que nunca
rindió los informes y cuentas de su gestión, falencias que, de ningún modo, pueden
excusarse con la presentación de una denuncia penal por el presunto punible de
hurto y el informe que presentó al finalizar el proceso ejecutivo.

En oposición, dichos documentos -que fueron los únicos que radicó el secuestre
después de recibir los bienes en custodia- evidencian el descuido de los bienes
entregados en tenencia.

En la denuncia penal aseveró que hasta que se le ordenó la entrega de los bienes,
se trasladó a la bodega “American Moving Mudanzas” donde los depositó y se llevó
la sorpresa de que ya no funcionaba la empresa “y se habían llevado esos enseres”.

Ello significa que durante los tres años de vigencia de la medida cautelar no ejerció
ningún tipo de control o seguimiento a los enseres que le fueron entregados para
su custodia y cuidado; es más, el hecho de consignar que el supuesto hurto ocurrió
el 16 de julio de 2009, refuerza aún más que no ejercía vigilancia periódica.

Si hubiera desarrollado adecuada y oportunamente sus funciones, se hubiera
percatado de que la empresa registró el cambio de domicilio desde agosto de 2009,
pero esto solo lo percibió pasados cuatros meses, cuando pidió copia del certificado
de existencia y representación.

Aunque en el informe del 4 de diciembre de 2009 indicó que se trasladó en “varias
ocasiones” al lugar y éste se encontraba funcionando normalmente, lo cierto es que

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Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

ese dicho se opone a lo narrado en la denuncia y, en todo caso, no goza de algún
respaldo probatorio, por lo que no se puede tener como cierto. Ciertamente, en
cumplimiento de sus obligaciones legales, el secuestre debió rendir los informes
correspondientes, luego de cada una de las visitas que dijo haber realizado a la
bodega.

El auxiliar de la justicia ni siquiera conocía quién era el propietario o administrador
de la referida bodega, así lo reconoció: “me llegó el oficio de entrega de los bienes,
me traslade hasta el sitio y la empresa no estaba funcionando, por lo tanto, realice
averiguaciones en el sector y me informaron que el propietario de la empresa era
un señor Andrés Pineda y se había trasladado para el norte de la ciudad”.

En definitiva, la conducta del secuestre también desconoció el contenido de la ley y
puso en riesgo el patrimonio del ejecutado, lo que incidió en la pérdida de los bienes
que legítimamente eran de su propiedad.

La Sala precisa que esas irregularidades no representan la causa material del daño
-como se ahondará en seguida-, pero eso no significa que el Estado pueda liberarse
de responsabilidad, en tanto sí tuvieron relevancia e injerencia en la concreción de
la pérdida de los bienes.

En efecto, la autoridad judicial y el secuestre, al sustraerse por completo de las
obligaciones descritas, permitieron la actuación del dueño de la bodega, lo que
implicó una contribución a la falta de vigilancia y control de los bienes muebles y
causalmente al hurto de los mismos.

Si se hubieran acatado las normas, igual hubiera podido ocurrir el hurto; sin
embargo, la probabilidad de que no se perdieran los enseres se hubiera reducido (o
minimizado), en caso de que se hubieran ejercido los estrictos y periódicos controles
que la ley prevé no sólo para la designación y permanencia de los secuestres, sino
también para la conservación de los bienes objeto de embargo y cuya custodia se
les confía. Al omitir tales deberes, las autoridades a cargo de los bienes muebles
nunca estuvieron en condiciones de evitar su pérdida.

En ese orden de ideas, aunque se probó que existió una falla del servicio por un
cúmulo de omisiones, que no necesariamente representan la causa material del
daño alegado, la ausencia absoluta de una mínima diligencia previa al suceso, en

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Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

relación con la supervisión, control y adopción de medidas de protección de los
bienes del actor, sí creó condiciones que allanaron el camino para que finalmente
se produjera el daño, pues desde que se ejecutó la medida de embargo y secuestro
de los enseres no se volvió a tener conocimiento sobre el destino y estado de los
mismos.

Esta Corporación en un caso de contornos fácticos y jurídicos semejantes al sub lite
y que involucra las mismas autoridades citadas, concluyó70:

(…) Finalmente, el 25 de agosto de 2001, el secuestre puso de presente que no
le era posible hacer entrega de la máquina rematada porque había sido
trasladada del lugar donde se había dejado en depósito y que, por ese motivo,
había presentado denuncia penal en contra del señor Orlando Rodríguez
Martínez.

Con fundamento en los hechos que viene de señalarse se encuentran probados
en el proceso, que la parte demandante pretende derivar su pretensión
indemnizatoria por la presunta falla en el servicio en la que habría incurrido la
administración de justicia por no entrega del bien a él adjudicado.

Resulta procedente recordar que en el concepto de defectuoso funcionamiento
de la administración de justicia están comprendidas todas las acciones u
omisiones que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir
justicia en que incurran no sólo los funcionarios sino también los particulares
investidos de facultades jurisdiccionales, los empleados judiciales, los agentes
y los auxiliares judiciales.

En efecto, se encuentra demostrado que en cumplimiento de orden judicial se
embargó y secuestró la máquina a que se refieren los hechos de la demanda,
situación que quedó plasmada en el acta de diligencia de embargo y secuestro
llevada a cabo el día 9 de julio de 1998 que obra a folio 44 del Cuaderno No. 2,
oportunidad en la que también se dejó constancia de haberse nombrado como
secuestre al señor Pablo Emilio Ángel, quien hacía parte de “la lista de los
auxiliares de la justicia”.

También se encuentra suficientemente probado que el secuestre no cumplió
con los deberes que le asistían como auxiliar de la justicia pues, tal y como lo
advirtió el ejecutante durante el trámite del proceso, aun cuando el juez ordenó
que prestara la caución contemplada en el inciso 3° del artículo 683 del Código
de Procedimiento Civil, con el fin de garantizar el adecuado desempeño de su
cargo, nunca cumplió con dicho requerimiento, así como tampoco presentó los
informes correspondientes a su administración.

Las omisiones en que incurrió el Juzgado 23 Civil Municipal al no exigirle al
secuestre la caución de buen manejo que prevé la ley y, al no haber ordenado
medidas eficaces y oportunas cuando fue informado por el ejecutante de que el
bien se encontraba en peligro por el incumplimiento reiterado del secuestre, son
muestra clara de que le faltó diligencia y cuidado en el ejercicio de las funciones
de vigilancia y control al auxiliar judicial que fue designado en el proceso
ejecutivo iniciado por el ahora demandante.

70
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 14 de marzo de 2013,
expediente 26.577, M.P. Hernán Andrade Rincón.

31

Radicación: 76001-23-31-000-2011-01546-01 (66.336)
Actor: TOMÁS ARDUINO FAJARDO HERNÁNDEZ
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Tales irregularidades resultan particularmente graves, si se tiene en cuenta que
se produjeron en torno al decreto, práctica y efectividad de las medidas
cautelares ordenadas legalmente dentro de un proceso ejecutivo; máxime si se
tiene en cuenta que éstas aseguran la efectividad del cobro ejecutivo, cumplen
una función inmediata de protección frente a las contingencias que afectan el
proceso y sirven para contrarrestar los riesgos derivados de su imperfección, es
así como cualquier defecto en su trámite tiene implicaciones particularmente
relevantes que conducen a la ineficacia de un derecho subjetivo, previamente
demostrado, cierto y exigible.

En posterior determinación, esta Subsección consideró71:

(…) Por lo tanto, los deberes de conservación, cuidado y devolución de los
bienes bajo la custodia del secuestre resultaron gravemente incumplidos, pues
los equipos de propiedad del señor Arévalo Díaz nunca fueron devueltos, a
pesar de que se estaba en el deber de restituirlos.

Incluso, bajo el supuesto de que efectivamente estos informes se hubiesen
presentado, ello igualmente permitiría acreditar que el juez faltó a su obligación
de diligencia y cuidado en el ejercicio de las funciones de vigilancia y control al
auxiliar judicial que fue designado en el proceso ejecutivo iniciado por el ahora
demandante, pues al momento de la restitución de los bienes, el secuestre no
compareció ni mucho menos cumplió con su deber.

(…) Ciertamente, la Administración de Justicia no atendió su deber de vigilancia,
control y cuidado, pues el delegado incumplió sus deberes de conservación de
las cosas entregadas en tenencia, bajo la obligación de restituirlas en el mismo
estado que la recibió.

(…) Por ello, en el sub lite, es claro que la accionada debe responder por el
actuar del secuestre al omitir realizar el seguimiento y verificación del
cumplimiento de las obligaciones a cargo de este, pues no solo desconoció el
contenido de la ley, sino que también puso en riesgo el patrimonio del ejecutado,
acto que de manera desafortunada trajo como consecuencia la pérdida de los
bienes que legítimamente estaban en cabeza del ahora demandante.

A su vez, razonó72:

(…) Entonces, aunque el Juzgado Tercero Civil Municipal de Bogotá era el
encargado de la custodia y la devolución del vehículo a su propietario en las
mismas condiciones en las que había sido retenido, salvo su deterioro natural,
lo cierto es que en el sub examine no está acreditado que la Rama Judicial
hubiese realizado algún acto de conservación sobre el bien del aquí
demandante. Todo lo contrario, el automotor se perdió, en cuanto nunca se le
devolvió a su propietario Luis Eduardo Parra, mientras estaba bajo la custodia
de la Rama Judicial, lo que denota que medió un incumplimiento de las
obligaciones que tenía a su cargo. En definitiva, es posible predicar una falla
en la prestación del servicio de este extremo procesal, en la modalidad de
defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia.

71
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 19 de marzo de 2021, expediente
56.714, M.P. María Adriana Marín.
72
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 9 de agosto de 2023,
expediente 67.883, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.

32

Radicación: 76001-23-31-000-2011-01546-01 (66.336)
Actor: TOMÁS ARDUINO FAJARDO HERNÁNDEZ
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Así las cosas, la Sala concluye que le asiste razón al a quo al sostener que las
omisiones del Juzgado Veintitrés Civil Municipal de Cali y del secuestre designado
confluyeron en la producción del daño.

• Eximentes de responsabilidad

En la alzada, la demandada arguyó que el daño provino de la actuación de un
tercero y de la propia víctima, por manera que las pretensiones se debían negar.

El hecho de un tercero se refiere a una situación en la que el daño o perjuicio sufrido
por una persona es causado por la acción u omisión de un tercero ajeno a la
Administración Pública, mientras que el hecho de la víctima guarda relación con el
evento en que el propio comportamiento de la víctima contribuye, de manera total
o parcial a la ocurrencia del daño que ha sufrido73.

En las categorías de causa extraña se debe demostrar (i) su irresistibilidad, lo cual
involucra una valoración de los avances de la técnica, pero también de los recursos
de que se dispongan para conjurar los eventos causantes del daño; (ii) su
imprevisibilidad, que no reside en el simple enunciado de que el hecho puede
ocurrir, sino la acreditación sobre la posibilidad concreta y real de conocer tal hecho
por anticipado; y (iii) su exterioridad respecto del demandado, elemento que apunta
a que se trate de un hecho completamente ajeno a la conducta de la persona o
entidad que pretende beneficiarse con esta figura, pues si el mismo ha sido causado
directa o indirectamente por la demandada, en forma total o parcial, por acción o
por omisión, no podría afirmarse que tal circunstancia le fuera irresistible (ya que
habría podido evitarla con un comportamiento distinto) ni imprevisible (ya que se
pueden prever, normalmente, las consecuencias de sus propias conductas)74 .

En el sub lite, la desaparición de los bienes muebles del actor materialmente provino
del propietario o representante de dicho establecimiento de comercio, “American
Moving Mudanzas”; empero, pese a que es un tercero, no releva de responsabilidad
a la demandada, porque debía tomar todas las precauciones para garantizar el
cuidado de los bienes que le fueron entregados, pero cuando pretendió realizarlo
era demasiado tarde.

73
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 31 de julio de 2024, expediente
68.888, M.P. José Roberto Sáchica Méndez.
74
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 20 de noviembre de 2023, expediente 64.277, M.P. José Roberto Sáchica Méndez.

33

Radicación: 76001-23-31-000-2011-01546-01 (66.336)
Actor: TOMÁS ARDUINO FAJARDO HERNÁNDEZ
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Recuérdese que el actuar de aquel estaba bajo supervisión del secuestre, en vista
de que era delegado del despacho judicial sobre los enseres entregados, por ende,
era su deber estar al pendiente de lo que pudiera pasar con los bienes muebles, lo
que no ocurrió y, en esa medida, no es posible trasladar la pérdida de los mismos
al tercero.

Los enseres estaban a cargo de la Rama Judicial y, si para el cumplimiento de las
obligaciones se valió o toleró el concurso de un particular, esas vicisitudes resultan
inoponibles al aquí demandante, como usuario de la función pública que conlleva
la Administración de Justicia.

Así las cosas, no se configura el hecho de un tercero, en el entendido de que la
Rama Judicial debe asumir como propios los hechos, actos u omisiones de las
personas vinculadas -de facto o por medio de un acuerdo (depósito)- al
cumplimiento de sus obligaciones, pues es sobre esa entidad pública era que recaía
legalmente el deber de vigilancia y custodia75.

La jurisprudencia de esta Corporación ha considerado, de manera reiterada, que el
auxiliar de la justicia no es un tercero particular ajeno al proceso; por el contrario,
conforme a los artículos 8 y 9 del CPC76, se trata de un oficio público que debe ser
desempeñado por una persona con unas calidades específicas, designado y
controlado para el cumplimiento de sus deberes, lo cual evidentemente no sucedió.

Ahora bien, la culpa exclusiva de la víctima tampoco se puede declarar, en tanto,
contrario a lo refutado por la recurrente, no existió alguna garantía sobre los bienes
muebles, para así deprecar su afectación.

Igual ocurre con la supuesta desatención del demandante en guardar silencio ante
el juzgado sobre el informe que presentó el secuestre, pues esa actuación está
ligada a la entrega inmediata de los bienes en tenencia, a fin de fijar los honorarios
pertinentes por la gestión del secuestre, de conformidad con el artículo 599 del
CPC77. Por consiguiente, al no darse dicho supuesto, el demandante no estaba
obligado a impugnar el informe que se aportó.

75
Se puede consultar, entre otras, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia
del 9 de agosto de 2023, expediente 67.883, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
76
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 19 de marzo de 2021, expediente 56.714, M.P. María Adriana Marín.
77
El artículo 599, aplicable por remisión del artículo 689, menciona que el albacea con tenencia de
bienes deberá hacer entrega a quien corresponda, de los que haya administrado. (…) Rendidas las

34

Radicación: 76001-23-31-000-2011-01546-01 (66.336)
Actor: TOMÁS ARDUINO FAJARDO HERNÁNDEZ
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Es decir, el actor bien podría haber emitido un pronunciamiento; sin embargo, no
se puede olvidar que el juez no necesitaba una petición para ejercer un control,
seguimiento y verificación de la conducta del secuestre, a fin de constatar el estado
real de los bienes; no obstante, la situación no despertó mayor interés.

De manera que no tiene asidero legal reprochar al demandante la ausencia de
cuestionamiento del citado escrito, a sabiendas de que no se efectuaría la entrega
de los bienes y existía una confianza en que el Estado iba a ejercer su función como
le correspondía.

Por tal razón, mal haría esta Sala en estimar que lo anterior limitaba al actor a incoar
la presente demanda de reparación directa, pues, según se verificó, la demandada
fue negligente en su labor de vigilancia, cuidado, custodia y guarda de los bienes.
Ciertamente, no hubo ningún tipo de rigurosidad frente al requerimiento que se
debía ejercer sobre la conducta del auxiliar de la justicia ni tampoco aquel demostró
el cumplimiento a cabalidad de sus funciones.

Finalmente, pese a que no se alegó la culpa personal del agente, para la Sala es
importante descartar que tampoco operó esa causa extraña, bajo el entendido de
que se probó que el daño deprecado no emanó del actuar personal, privado y
exclusivo del secuestre, sino que tuvo relación directa con las funciones que se le
asignaron para el cumplimiento de un servicio público78.

Por todo lo expuesto, hay lugar a confirmar el fallo apelado, mediante el cual se
declaró la responsabilidad de la Rama Judicial.

cuentas se dará traslado de ellas a los herederos por diez días, y si las aceptan expresamente o
guardan silencio, el juez las aprobará y ordenará el pago del saldo que resulte a favor o a cargo del
albacea. (…) Cuando el testador no hubiere señalado los honorarios del albacea, el juez ante quien
se rindan las cuentas, los regulará en la providencia que las apruebe.
78
Esta Corporación ha sostenido “Para determinar cuándo el hecho tiene o no vínculo con el servicio
se debe examinar la situación concreta para establecer si el funcionario actuó frente a la víctima
prevalido de su condición de autoridad pública, es decir, que lo que importa examinar no es la
intencionalidad del sujeto, su motivación interna sino la exteriorización de su comportamiento. Siendo
así, para determinar si el hecho dañoso guarda relación con el servicio se deberá examinar la
situación concreta para establecer si el funcionario actuó en condición de autoridad, en razón de la
misma o en función del servicio, para lo cual se habrá de examinar la actuación u omisión, es decir,
importa establecer (…) si a los ojos de la víctima aquel comportamiento lesivo (…) aparecía como
derivado de un poder público”. (Sentencia de 26 de septiembre de 2002, expediente 14.036; en ese
mismo sentido, las sentencias de 5 de diciembre de 2005, expediente 15.914, de 16 de febrero de
2006, expediente15.383, de 28 de abril de 2010, expediente 17.201 y de 17 de marzo de 2010,
expediente 18.526).

35

Radicación: 76001-23-31-000-2011-01546-01 (66.336)
Actor: TOMÁS ARDUINO FAJARDO HERNÁNDEZ
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

6. Indemnización

6.1. Daño emergente

La parte demandante pidió la suma de $40’769.000, por daño emergente, en razón
de los enseres que no le fueron devueltos en el marco del proceso ejecutivo seguido
en su contra.

El Tribunal Administrativo del Casanare condenó en abstracto tal perjuicio, tomando
en consideración que, si bien existía una relación de los bienes muebles que no le
fueron devueltos al actor luego de finiquitar un asunto civil, lo cierto era que no se
conocía su estado ni precio al momento en el que se hizo efectiva la medida
cautelar de embargo y secuestro.

A juicio de la Sala, es innegable la afectación soportada por el señor Tomás Arduino
Fajardo Hernández, habida cuenta de que los enseres afectados provisionalmente
nunca le fueron reintegrados, lo que implica que se le privó de cualquier posibilidad
de uso, goce y disposición de éstos, situación que le generó una lesión económica.

Es menester resaltar que la parte actora tasó el perjuicio a partir de la relación de
bienes que realizó el secuestre en la diligencia de secuestro y les asignó un valor,
pero no se tiene prueba para verificar la estimación de dicha cuenta.

Ahora, esa falencia no es óbice para calificar de improcedente el reconocimiento
del perjuicio, ya que se produjo un daño antijurídico susceptible de indemnización,
cosa distinta es que no existen parámetros objetivos para computarlo en los mismos
términos efectuados por el actor. Por consiguiente, la Sala confirmará la condena
in genere fijada por juez de primer grado a cargo de la Rama Judicial, cuyo trámite
incidental deberá adelantar esa instancia, a petición de la parte actora, con sujeción
a los siguientes parámetros para su liquidación, dado que el a quo no determinó
algún criterio para tal fin:

A través de un dictamen pericial se establecerá el quantum de los bienes muebles
de propiedad del actor que fueron secuestrados en el proceso ejecutivo singular de
mínima cuantía con radicado 2005-00843-00 y que adelantó el Juzgado Veintitrés
Civil Municipal de Cali.

36

Radicación: 76001-23-31-000-2011-01546-01 (66.336)
Actor: TOMÁS ARDUINO FAJARDO HERNÁNDEZ
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Para definir el número de enseres se tomará lo descrito en el acta del 3 de marzo
de 2006 y el documento titulado inventario de transportes, pruebas que obran en el
expediente. Se excluirá la nevera, pues fue entregada a la señora Alexandra Rave.

En lo relacionado con el valor de los enseres, se acudirá a un comparativo de los
precios a la fecha de ejecutoria de la presente sentencia de los bienes en dos
tiendas de superficie en las que se vendan dispositivos semejantes a los perdidos
por el actor. Se obtendrá el promedio de los valores de los bienes dada la suma de
los valores fijados por las tiendas dividido por el número de valores referenciados
-dos- y se descontará el equivalente al 20% frente a los bienes a los que se describió
que su estado era regular.

En caso de que la suma de los rubros que se pretende reparar exceda el valor
pedido en el escrito inicial actualizado, esto es, $81’907.65979, se ajustará la cuantía
de la indemnización, de modo que no sobrepase la pretensión elevada, como
garantía del principio de congruencia80.

6.2. Lucro cesante

La parte demandante solicitó el reconocimiento y pago de los intereses moratorios
causados desde la fecha en la que se perdieron los bienes muebles hasta que se
efectúe el pago, petición a la que accedió el a quo, sin ningún razonamiento.

Para resolver lo anterior, conviene mencionar que los llamados intereses moratorios
representan el perjuicio causado al acreedor por el retraso en la ejecución de la
obligación81. El artículo 1617 del Código Civil prevé este tipo de interés como una

79
Aplicando la siguiente fórmula:
Ra = Rh x Índice final
Índice inicial
Al reemplazar, se tiene:
$40’769.000 x (146,24)
(72,79)
$81’907.659
80
“Los fallos ultra petita, que van más allá de lo pedido en la demanda, y extrapetita, que reconocen
algo no solicitado en aquella, distan de las formas de congruencia enunciadas y se encuentran
proscritos para la autoridad judicial, salvo en especialisimos casos que resulten imprescindibles para
proteger algún derecho fundamental que se advierta vulnerado” (Consejo de Estado, Sección
Cuarta, sentencia de 14 de noviembre de 2019, expediente 21.084, M.P. Stella Jeannette Carvajal
Basto).
81
Sobre el particular, la doctrina ha indicado: “Los daños y perjuicios moratorios tienen como
carácter esencial, se acumulables necesariamente con el cumplimiento efectivo de la obligación,
puesto que representan el perjuicio resultante del retraso, perjuicio que no se repara por el ulterior
cumplimiento de la obligación”( Planiol, Marcel, Ripert, Geoger: Derecho Civil, V. 8, Harla, México,
1997, pág. 632; Hinestrosa Forero, Fernando: Tratado de las Obligaciones, Universidad Externado
de Colombia, Bogotá, 2002, pág. 165).

37

Radicación: 76001-23-31-000-2011-01546-01 (66.336)
Actor: TOMÁS ARDUINO FAJARDO HERNÁNDEZ
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

indemnización derivada del retardo, la cual podrá ser convencional si es tasada por
las partes o legal, caso en el cual será equivalente al 6% anual82, mientras que el
artículo 884 del Código de Comercio determina que, a falta de estipulación
contractual, serán equivalentes a una y media veces el interés bancario corriente83,
reglas que han sido reconocidas por la Corte Constitucional84:

(…) Cuando se trata de, iv) intereses moratorios, en el Código Civil, se dispone
que, en ausencia de estipulación contractual sobre intereses moratorios, se
siguen debiendo los intereses convencionales si fueron pactados a un interés
superior al legal, o en ausencia de tal supuesto empieza a deberse el interés
legal del 6%; sin perjuicio de los eventos legales en que se autoriza la causación
de intereses corrientes (art. 1617). En el caso comercial, la inexistencia de
previsión convencional sobre moratorios autoriza que se cobre una y media
veces el interés bancario corriente.

En el sub lite se descarta la aplicación de la norma comercial, ya que el actor
considera que no resulta necesario justificar el perjuicio, dado que basta el retardo
en el pago de la suma adeudada.

Al respecto, no es posible predicar intereses moratorios, en tanto la presente
providencia es la que reconoce el pago indemnizatorio, sin preexistencia de una
obligación insoluta85.

En todo caso, se debe señalar que, si bien el cumplimiento de la condena está
sometida al plazo dispuesto el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, el artículo 195.4

82
A cuyo tenor: “Indemnización por mora en obligaciones de dinero. Si la obligación es de pagar
una cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por la mora está sujeta a las reglas siguientes:
1a.) Se siguen debiendo los intereses convencionales, si se ha pactado un interés superior al legal,
o empiezan a deberse los intereses legales, en el caso contrario; quedando, sin embargo, en su
fuerza las disposiciones especiales que autoricen el cobro de los intereses corrientes en ciertos
casos.
El interés legal se fija en seis por ciento anual.
2a.) El acreedor no tiene necesidad de justificar perjuicios cuando solo cobra intereses; basta el
hecho del retardo.
3a.) Los intereses atrasados no producen interés”.
4a.) La regla anterior se aplica a toda especie de rentas, cánones y pensiones periódicas”.
83
A cuyo tenor: “cuando en los negocios mercantiles haya de pagarse réditos de un capital, sin que
se especifique por convenio el interés, éste será el bancario corriente; si las partes no han estipulado
el interés moratorio, será equivalente a una y media veces del bancario corriente y en cuanto
sobrepase cualquiera de estos montos el acreedor perderá todos los intereses, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 72 de la Ley 45 de 1990. Se probará el interés bancario corriente con
certificado expedido por la Superintendencia Bancaria”.
84
Corte Constitucional, sentencia C-364 de 2000, expediente D-2470, M.P. Alejandro Martínez
Caballero.
85
Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que “no se está frente a una
obligación dineraria incumplida, sino que la obligación de pagar la suma de dinero a cargo de la
entidad demandada, surge con ocasión de la presente providencia y en virtud de la condena que
aquí se proferirá en su contra, razón por la cual no puede hablarse de mora en el pago de dicha
obligación”. (Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de diciembre de 2013, expediente
27.593, M.P. Danilo Rojas Betancourth; y, sentencia del 28 de febrero de 2022, expediente 57.011,
M.P. Nicolás Yepes Corrales).

38

Radicación: 76001-23-31-000-2011-01546-01 (66.336)
Actor: TOMÁS ARDUINO FAJARDO HERNÁNDEZ
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

ibidem señala que “las sumas de dinero reconocidas en providencias que impongan
o liquiden una condena o que aprueben una conciliación, devengarán intereses
moratorios a una tasa equivalente al DTF desde su ejecutoria. No obstante, una
vez vencido el término de los diez (10) meses de que trata el inciso segundo del
artículo 192 de este Código o el de los cinco (5) días establecidos en el numeral
anterior, lo que ocurra primero, sin que la entidad obligada hubiese realizado el
pago efectivo del crédito judicialmente reconocido, las cantidades líquidas
adeudadas causarán un interés moratorio a la tasa comercial”. Por consiguiente,
los intereses de mora a que hubiere lugar se generarán de acuerdo con lo antes
descrito, premisa que encuentra respaldo en lo sostenido por la Corte
Constitucional86:

(…) En primer lugar, el procedimiento para el pago de las obligaciones de la
administración pública es completamente distinto al llevado a cabo por los
particulares, pues éstos no deben cumplir con las normas del presupuesto ni
con los procedimientos internos de las entidades públicas, por lo cual resulta
razonable establecer un plazo distinto para el cumplimiento de las obligaciones
del Estado.
El artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 contempla un procedimiento que deben
llevar a cabo las entidades públicas para el cumplimiento de sus obligaciones
en un plazo de 10 meses, el cual no se encontraba regulado en el Código
Contencioso Administrativo, situación que ha variado las reglas aplicables antes
de la vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

En segundo lugar, la norma sí consagra un interés moratorio en contra de la
administración pública, pues la DTF no solamente tiene un componente
inflacionario, sino también un valor adicional que se reconoce en este caso
como el elemento indemnizatorio.

En tercer lugar, esta Corporación ha reconocido la posibilidad de que existan
diferencias entre las tasas de interés en el ordenamiento jurídico colombiano,
tal como sucede con los intereses civiles y los comerciales. En este sentido,
históricamente las tasas de interés contempladas en el Código de Comercio han
sido muy superiores a la tasa de interés del 6 por ciento anual establecida en el
Código Civil, llegando incluso a ser más de cuatro veces mayor en el año 2001.

Por lo anterior se considera que la norma reconoce el pago de intereses
moratorios por parte del Estado a una tasa especial justificada en virtud del
procedimiento para el plazo del pago que deben cumplir las entidades públicas
según la ley 1437 de 2011 para no desconocer los principios presupuestales y
los trámites administrativos al interior de las entidades públicas.

En definitiva, resulta improcedente reconocer los intereses moratorios pedidos por
la parte actora, por lo que se dejará sin efecto la decisión del a quo en tal sentido.

86 Corte Constitucional, sentencia C-604 de 2012, expediente D-8896, M.P. Jorge Ignacio Pretelt

Chaljub.

39

Radicación: 76001-23-31-000-2011-01546-01 (66.336)
Actor: TOMÁS ARDUINO FAJARDO HERNÁNDEZ
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

7. Costas

En consideración a que no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación
procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad
con lo establecido en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la
Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO. MODIFICAR la sentencia del 4 de octubre de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo del Casanare, cuya parte resolutiva quedará así:

SEGUNDO. DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable a la
Nación - Rama judicial por el defectuoso funcionamiento de la Administración de
Justicia ante la pérdida de los bienes muebles del demandante que fueron objeto
de medida cautelar en el proceso ejecutivo singular de mínima cuantía con radicado
2005-00843-00, seguido por el Juzgado Veintitrés Civil Municipal de Cali, de
acuerdo con lo aquí expuesto.

TERCERO. CONDENAR EN ABSTRACTO a la Nación - Rama Judicial a pagar a
favor del señor Tomás Arduino Fajardo Hernández, el perjuicio sufrido por daño
emergente que se liquidará mediante incidente, de conformidad con lo señalado en
la parte motiva de esta providencia.

CUARTO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO. Expedir las copias auténticas con las constancias previstas en la ley
procesal, con destino a las partes. Las copias destinadas a la parte actora serán
entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

SEXTO. Sin condena en costas.

40

Radicación: 76001-23-31-000-2011-01546-01 (66.336)
Actor: TOMÁS ARDUINO FAJARDO HERNÁNDEZ
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

SÉPTIMO. Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen para lo de su cargo.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF

41

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