Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2011-01547-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2011-01547-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 76001-23-31-000-2011-01547-01
Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez
27 de agosto de 2021
DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / CONCEPTO DE DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / SUPUESTOS DEL DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / APLICACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / TUTELA JUDICIAL EFECTIVA
La cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado, que en punto al título jurídico de imputación de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, está regulado en la Ley 270 de 1996, plantea un vínculo inescindible con el derecho de acceso a la administración de justicia y de tutela judicial efectiva, en tanto su configuración implica la vulneración o lesión de dichos derechos, a través de una función judicial anormal, por indebido funcionamiento, falta de funcionamiento o funcionamiento tardío, de ahí que, el juicio de responsabilidad realizado bajo este título de atribución, requiera verificar si las acciones u omisiones desarrolladas en el marco del tráfico procesal menoscabaron el ejercicio de los mencionados derechos. (…) Sobre esta base, no cabe duda de que todas las acciones u omisiones constitutivas de falla, que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia, suponen una vulneración directa al derecho de acceso a la administración de justicia, pues, lesionan su núcleo esencial (…).
FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996
NOTA DE RELATORÍA: En relación con el derecho de acceso a la administración de justicia, consultar providencias de la Corte Constitucional, T-004 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA / ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / GARANTÍAS DEL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / CONCEPTO DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PROTECCIÓN JURÍDICA DEL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / ALCANCE DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
[L]a jurisprudencia constitucional ha definido el acceso a la administración de justicia, como un derecho fundamental que no se decanta en el ejercicio del derecho de acción, sino que conlleva la garantía del derecho a la tutela judicial efectiva, el cual, comprende: i) la posibilidad de los ciudadanos de acudir y plantear un problema ante las autoridades judiciales, ii) el derecho a obtener una resolución de fondo de la litis para que se haga un estudio profundo de las pretensiones, el cual se verá reflejado en la obtención de una sentencia motivada, razonable, congruente y fundada en derecho y, iii) el derecho a la ejecución de la sentencia que se profiera, pues exige que el fallo proferido se cumpla y el actor sea reparado en su derecho y compensado, si hubiere lugar a ello, por el daño sufrido.
NOTA DE RELATORÍA: Acerca del alcance y la noción de la tutela judicial, consultar providencias de 28 de mayo de 2012, Exp. 2011-01174, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; y de la Corte Constitucional, T-553 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz; T-406 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-268 de 1996. M.P.: Antonio Barrera Carbonell; T-1051 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / CONCEPTO DE DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / SUPUESTOS DEL DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DIFERENCIA ENTRE ERROR JUDICIAL Y DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
[E]n concordancia con lo establecido por el legislador en el artículo 69 de la Ley 270 de 1996, el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, a la luz del cardinal enunciado contenido en el artículo 90 de la Constitución Política, es una fuente de responsabilidad estatal residual con fundamento en la cual deben ser decididos los supuestos de daño antijurídico sufridos como consecuencia de la función judicial, que no constituyen error jurisdiccional o privación de la libertad, por no provenir de una providencia judicial. (…) De manera que la responsabilidad por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia no se configura cuando la lesión se materializa a través de una providencia, sino que aquella se deriva de las demás actuaciones judiciales en que incurren “no sólo los funcionarios, sino también los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, los empleados judiciales, los agentes y los auxiliares judiciales” en el giro o tráfico jurisdiccional y que resultan necesarias para adelantar el proceso o ejecutar las decisiones del juez, las cuales deben estar referidas a estándares normales de funcionamiento del servicio.
NOTA DE RELATORÍA: Acerca de la responsabilidad patrimonial del Estado por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, consultar providencias de 22 de noviembre de 2001, Exp. 13164, C.P. Ricardo Hoyos Duque; de 16 de febrero de 2006, Exp. 14307, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; de 15 de abril de 2010, Exp. 17507, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / CONCEPTO DE DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / SUPUESTOS DEL DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / FALLA EN EL SERVICIO / FALLA DEL SERVICIO / CAUSALES DE FALLA DEL SERVICIO / RESPONSABILIDAD POR FALLA EN EL SERVICIO / APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD SUBJETIVA / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD SUBJETIVA
[E]l concepto de defectuoso funcionamiento es equivalente a la falla del servicio elaborada por la jurisprudencia francesa y que en la sistematización clásica puede tener tres manifestaciones: i) el servicio ha funcionado mal, ii) el servicio no ha funcionado, y iii) el servicio ha funcionado de forma tardía. Así mismo, se destaca que el funcionamiento anormal de la administración de justicia está referido a unos estándares de lo que se considera como un funcionamiento normal. Conforme a lo expuesto, debe indicarse, además, que el régimen de responsabilidad aplicable a los casos de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia es, por regla general, de carácter subjetivo, por lo que corresponde al demandante, inicialmente, acreditar la desatención o el incumplimiento obligacional.
DERECHO A SER JUZGADO DENTRO DE UN PLAZO RAZONABLE / PLAZO RAZONABLE / VALORACIÓN DEL PLAZO RAZONABLE / DAÑOS CAUSADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / MORA JUDICIAL / MORA JUDICIAL JUSTIFICADA / CAUSA DE LA MORA JUDICIAL JUSTIFICADA / PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL / ELEMENTOS DE LA MORA JUDICIAL / CARACTERÍSTICAS DE LA MORA JUDICIAL / RECONOCIMIENTO DE LA MORA JUDICIAL / REQUISITOS DE LA MORA JUDICIAL INJUSTIFICADA / CONCEPTO DE MORA JUDICIAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
En relación con el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por el retardo injustificado en la toma de decisiones judiciales, se debe recordar que la Constitución Política establece el derecho a una pronta y cumplida justicia en el artículo 29, como una garantía propia del debido proceso que se concreta en el trámite sin dilaciones injustificadas. En igual sentido, el artículo 228 constitucional dispone que “los términos procesales se observarán con diligencia” y que “su incumplimiento será sancionado”, con lo cual eleva a rango constitucional los principios de celeridad y eficacia en la actuación judicial. (…) Ahora bien, en relación con los parámetros para establecer si el retardo de una decisión judicial está justificado o no, como elemento base para activar el régimen de responsabilidad explicado, esta Corporación ha sostenido que se deben observar diversos factores, entre ellos, la complejidad del asunto, la conducta de las partes, el volumen de trabajo del despacho y los estándares de funcionamiento de cada despacho judicial, y las especificidades de cada trámite judicial incluido el análisis de factores exógenos al proceso, como reformas normativas, paralización del servicio y, en general, circunstancias de toda índole con impacto directo en el trámite de los procesos y su duración. (…) Así las cosas, la responsabilidad del Estado por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia derivado de la prescripción de la acción penal, no corresponde por sí misma en una premisa que se estatuya como causa generadora de un daño atribuible al Estado y las autoridades a las que se las encomendado la tarea de investigar y sancionar el delito, pues para ello se requiere un cúmulo de circunstancias en las que se debe valorar la efectiva presencia de una conducta activa u omisiva reveladora de una falla en el servicio; así, se debe recordar que, en esta materia, este título de imputación se establece como régimen idóneo y necesario para activar el mandato constitucional fijado en el artículo 90 de la carta política. Por ello, solo la dilación injustificada que desborde la acción diligente de las autoridades judiciales, para actuar en un plazo razonable puede tomarse como causa de afectaciones antijurídicas a los derechos de acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva de las partes e intervinientes, pues, no todo procedimiento que se prolongue en el tiempo más allá de las previsiones legales puede calificarse automáticamente como desmesurado, excesivo o irrazonable. Esto, si se tiene en cuenta que el paso del tiempo sin que se produzca una decisión judicial puede obedecer a diversas circunstancias ajenas al operador judicial.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 29 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 90 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 228 / CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS - ARTÍCULO 8 / LEY 16 DE 1972 / LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 7
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la mora judicial, consultar providencias de 25 de noviembre de 2004, Exp. 13539, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; de 25 de agosto de 2011, Exp. 19162, C.P. Hernán Andrade Rincón.
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑOS CAUSADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / MORA JUDICIAL / PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL / PROCESO PENAL / INVESTIGACIÓN PENAL / INCUMPLIMIENTO DEL TÉRMINO PROCESAL / MORA JUDICIAL JUSTIFICADA / NULIDAD PROCESAL / DECLARACIÓN DE NULIDAD PROCESAL / INTERPOSICIÓN DE RECURSO JUDICIAL / OMISIÓN EN LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / HECHO DE LA VÍCTIMA / CULPA DE LA VÍCTIMA / TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN / TURNO PARA FALLO DE PROVIDENCIA / INEXISTENCIA DE LA MORA JUDICIAL INJUSTIFICADA / SENTENCIA PROFERIDA POR FUERA DEL TÉRMINO LEGAL / TÉRMINO PARA PROFERIR LA SENTENCIA / CONGESTIÓN DE DESPACHOS JUDICIALES / VIGENCIA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / INEXISTENCIA DE LA FALLA DEL SERVICIO / FALTA DE PRUEBA / AUSENCIA DE PRUEBA / LEY 600 DE 2000
[E]l análisis de la responsabilidad de la Rama Judicial se despliega a partir de la revisión de las atribuciones que tiene en el desarrollo del procedimiento penal reglado en la Ley 600 de 2000, Código oponible a los hechos de la presente acción, respecto del plazo razonable que se le otorga a los despachos judiciales para clausurar el análisis de la responsabilidad del sindicado y proferir decisión de fondo, así como, a la luz de las circunstancias justificantes que pueden acaecer en el trámite procesal, bajo la propia realidad de la administración de justicia. Todo lo anterior, de conformidad con los argumentos que le imputan a la demandada haber incurrido en mora de: i) más de diecisiete (17) meses para proferir sentencia de primera instancia, los cuales transcurrieron durante la etapa de juzgamiento, lesionando los términos perentorios previstos en los artículos 401 y 410 de la Ley 600 de 2000; ii) nueve (9) meses para decidir el recurso de apelación - oportunidad en la que se decretó la nulidad parcial del proceso -, en supuesto desacato del término establecido en el artículo 201 ibídem, y iii) tardar dieciséis (16) meses para proferir nuevamente sentencia de primera instancia, en contravención del artículo 410 del C.P.P. (…) [R]esulta claro que, si bien la etapa probatoria se prolongó durante aproximadamente 1 años y 8 meses, aquello obedeció, principalmente, al trámite del recurso de apelación y de la solicitud de aclaración del dictamen pericial formulada por el apoderado del llamado en garantía, por lo que no se evidencia una dilación injustificada durante esta etapa procesal, así como tampoco se advierte una actitud activa u omisiva del operador judicial constitutiva de falla en el servicio. En relación con la violación del término establecido en el artículo 410 del C.P.P., (…) considera la Sala que el vencimiento del término legal para proferir sentencia no puede analizarse de manera abstracta sino de acuerdo a las características de cada caso concreto y en atención al real funcionamiento de la administración de justicia, por cuanto, la Ley le exige a la autoridad jurisdiccional fallar de acuerdo con el turno cronológico de entrada al despacho, de ahí que, el cumplimiento de los términos se vea constreñido por el cúmulo de procesos y los estándares de funcionamiento de cada despacho judicial. Aunado a lo anterior, no se demostró que la parte actora hubiere presentado impulsos procesales que permitieran evidenciar el turno en que entró el proceso al despacho para fallo.
Lo anterior, sin perjuicio de considerar que, dicho turno es inalterable y su falta de acatamiento constituye falta disciplinaria. (…) Por su parte, respecto del término para proferir la decisión de segunda instancia, mediante la cual se decretó la nulidad parcial de la actuación, (…) en el plenario no obra constancia de la fecha en que el expediente fue recibido por el juez penal ad quem, de ahí que, no se cuente con prueba suficiente para contabilizar el referido término. (…) Lo anterior sin perjuicio de desconocer que en el caso sub examine existen factores relevantes atendibles como la congestión judicial que revela la propia realidad de la administración de justicia que pueden llevar a considerar una causa justificable al paso del tiempo, máxime si se tiene en cuenta que durante el proceso penal se produjo la implementación gradual del Sistema Penal Acusatorio, lo que en el distrito judicial de Cali sucedió a partir del 2006, situación que congestionó la dinámica de los despachos judiciales y provocó que se dilatara la resolución de los procesos penales rituados bajo la Ley 600 de 2000 que se tramitaban en los juzgados penales de ese distrito judicial. (…) Al respecto, huelga precisar que la nulidad es una institución jurídica que permite proteger el derecho fundamental al debido proceso mediante la invalidación de actos procesales, cuya consecuencia natural es retrotraer la actuación, sin que esto constituya o pueda considerarse como una dilación injustificada del proceso. (…) Aunado a ello y para ahondar en razones, se reitera que el actor no interpuso los recursos ordinarios frente a la decisión del Juez de conocimiento de declarar la nulidad procesal, y, por tanto, no resulta procedente que, como lo reconoció el a quo, en sede de reparación directa se considere a dicha situación como la causa del daño, máxime cuando, en ese caso, la mora en la adopción de las decisiones estaría dada por la negligencia de la parte interesada, y no por el eventual error contenido en dicha providencia, debiendo entenderse bajo ese supuesto que el daño fue ocasionado por la culpa exclusiva de la víctima, en los términos establecidos en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996. A tono con las razones hasta aquí expuestas, no se evidencia que la pasiva hubiera incurrido en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por retardo injustificado en la adopción de una decisión judicial, que fuera susceptible de indemnización, por cuanto, no se acreditó una dilación injustificada y, por el contrario, se advierte que, durante las etapas procesales de la actuación penal (…), la parte actora avaló con su conducta la demora. En consecuencia, se revocará la sentencia recurrida, y se negarán las pretensiones de la demanda por las razones expuestas con anterioridad.
FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 70 / LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 185 / LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 201 / LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 401 / LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 410 / LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 18
NOTA DE RELATORÍA: Sobre las nulidades procesales, consultar providencia de la Corte Constitucional, de 23 de febrero de 2010, Exp. T-125, M.P: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 76001-23-31-000-2011-01547-01(51460)
Actor: RUBÉN DARÍO JIMÉNEZ MARTÍNEZ Y OTROS
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (APELACIÓN SENTENCIA)
Temas: DAÑOS CAUSADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – No se configuró – la dilación del proceso no fue injustificada.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la Rama Judicial contra la sentencia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
Según la demanda, el 13 de enero de 2001, el señor Rubén Darío Jiménez Martínez resultó lesionado al colisionar con un vehículo de servicio particular mientras conducía una motocicleta; a raíz de ese hecho, se adelantó un proceso penal en contra del propietario y conductor del vehículo y se vinculó como llamado en garantía a Suramericana de Seguros S.A. El referido proceso terminó por cesación del procedimiento por prescripción de la acción penal, circunstancia que le impidió al demandante, en su condición de parte civil, obtener la reparación de perjuicios dentro de esa actuación penal.
SENTENCIA IMPUGNADA
1.1. Corresponde a la sentencia del 17 de junio de 2013, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dispuso, lo siguiente (transcripción literal):
“1. DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por la entidad demandada.
“2. DECLARAR a la RAMA JUDICIAL administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios causados al señor RUBÉN DARÍO JIMÉNEZ MARTÍNEZ, con ocasión del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, que conllevó a la declaratoria de la prescripción de la acción penal.
“3. CONDENAR a la RAMA JUDICIAL a pagar al señor RUBÉN DARÍO JIMÉNEZ MARTÍNEZ, por concepto de PERJUICIOS MATERIALES la suma de ciento diecisiete millones cuarenta y tres mil quinientos ochenta y tres pesos ($117.043.583,00); por PERJUICIOS FISIOLÓGICOS la suma equivalente a once millones doscientos once mil cuatrocientos noventa y cinco pesos ($11.211.495,00) y por PERJUICIOS MORALES la suma equivalente a catorce millones catorce mil trescientos sesenta y ocho pesos ($14.014.368,00).
“4. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
“5. Se dará cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del C.C.A. de conformidad con la S. C-188 de 1996, Corte Constitucional.
“6. Ejecutoriada esta sentencia se archivará, realizándose las desanotaciones del libro radicador correspondiente.
“7. Sin costas en esta instancia”.
1.2. El anterior proveído decidió la demanda presentada el 2 de agosto de 2011, por el señor Rubén Darío Jiménez Martínez en contra de la Nación – Rama Judicial, cuyas pretensiones, hechos principales y fundamentos de derecho son, los siguientes:
Pretensiones
1.2.1. La parte actora pretende la declaración de responsabilidad de la demandada y la consecuencial condena al pago de la totalidad de los daños y perjuicios que le fueron irrogados, con ocasión de la prescripción de la acción penal que pretendía la condena del responsable del delito de lesiones personales culposas cometido en su contra.
Por lo anterior, estimó la solicitud indemnizatoria en los valores que le fueron reconocidos por el juez penal: i) ciento tres millones setecientos cuarenta y ocho mil ochocientos dos pesos ($103.748.802), por concepto de perjuicio material; ii) veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes por concepto de perjuicio fisiológico y iii) veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes, por concepto de perjuicios morales.
Hechos
1.2.2. Como supuesto fáctico de las pretensiones, el demandante señaló que el 13 de enero de 2001 se vio involucrado en un accidente de tránsito, lo cual le ocasionó graves lesiones.
Por lo anterior, se constituyó en parte civil dentro del proceso penal que se adelantó contra el señor Federico Alegría Amú, por el delito de lesiones personales, quien, a su vez llamó en garantía a la compañía de seguros Agrícola de Seguros S.A., sucedida procesalmente por Suramericana de Seguros S.A.
1.2.3. En el transcurso de las diligencias, el 20 de octubre de 2008, el Juzgado Primero Penal Municipal de Yumbo condenó al imputado a la pena principal de prisión y al pago de los perjuicios ocasionados al señor Rubén Darío Jiménez Martínez; y, el 11 de febrero de 2009, el Juzgado Doce Penal del Circuito de Cali, confirmó la condena e incrementó el valor de los perjuicios decretados. Inconforme con la anterior decisión, el llamado en garantía interpuso recurso extraordinario de casación, y el 16 de junio siguiente, el Juzgado Doce Penal del Circuito de Cali decretó la extinción de la acción penal por configuración del fenómeno jurídico de la prescripción.
1.2.4. Indicó que la demandada incurrió en error judicial en las sentencias de primera y segunda instancia, por cuanto condenó solidariamente a la compañía de seguros, a pesar de que el valor asegurado únicamente ascendía a la suma de veinte millones de pesos ($20.000.000), de ahí que, a su juicio, de no haberse realizado la condena solidaria, la llamada en garantía no habría interpuesto el recurso extraordinario de casación y, en consecuencia, la sentencia de segunda instancia hubiera quedado ejecutoriada.
Adicionalmente, señaló que se configuró un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por la decisión tardía del proceso penal, toda vez que se excedieron los términos establecidos en los artículos 401, 410 y 201 de la Ley 600 de 2000 para proferir sentencia en ambas instancias.
1.2.5. Concluyó que el error jurisdiccional y el defectuoso funcionamiento en que incurrió el juez penal le causó perjuicios materiales e inmateriales que deben resarcirse por parte de la demandada.
La defensa
1.3. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca admitió la demanda en auto del 3 de noviembre de 2011, corregido el 14 de diciembre siguiente, siendo debidamente notificada a la demandada, cuyos planteamientos y argumentos de defensa fueron, los siguientes:
1.3.1. La Nación – Rama Judicial se opuso a las pretensiones de la demanda, por considerar que no incurrió en defectuoso funcionamiento de la administración de justicia ni en error jurisdiccional, toda vez que sus actuaciones estuvieron soportadas en las normas sustantivas y procesales vigentes, y fueron desarrolladas bajo las condiciones reales de la actividad jurisdiccional, entre estas, la congestión judicial acaecida debido a la entrada en vigencia a partir del 2006 del sistema penal acusatorio en el Distrito Judicial de Cali y del trámite de las múltiples solicitudes y recursos presentados por la defensa y demás sujetos procesales.
De igual manera, sostuvo que el actor no probó que el retardo hubiera obedecido a una actuación arbitraria que le fuera imputable; y tampoco probó el daño, puesto que tiene como presupuesto un fallo penal no ejecutoriado, y la víctima aún tiene la oportunidad de exigir la indemnización de los perjuicios que le fueron causados, a través de la acción civil ordinaria, cuya prescripción, a diferencia de la acción penal, es de 20 años, los cuales, vencerían en enero de 2021. En consecuencia, propuso la excepción de “inane demanda”, “inexistencia de perjuicios”, “improcedencia de la acción” y la innominada.
Alegatos
1.4. Mediante auto del 22 de octubre de 2012 el a quo corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera concepto.
1.4.1. La parte actora precisó que el juicio de responsabilidad se planteaba por el error jurisdiccional y el defectuoso funcionamiento en que incurrió la demandada. Señaló que según el artículo 1079 del Código de Comercio el asegurador no está obligado a responder sino hasta la concurrencia de la suma asegurada y, por tanto, en virtud del contrato de seguros el llamado en garantía solo estaba obligado a responder hasta por veinte millones de pesos ($20.000.000), sin que respecto de aquél operara la solidaridad, por no tratarse de un tercero civilmente responsable, como lo entendió el juez penal. En este sentido, señaló que de no haberse condenado solidariamente al llamado en garantía, la decisión de segunda instancia habría cobrado ejecutoria.
Así mismo, reiteró los argumentos planteados en el escrito de demanda respecto del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y agregó que la dilación del proceso penal obedeció a la declaratoria de una nulidad procesal, la concesión del recurso de apelación en un efecto distinto al que le correspondía, la improcedencia del recurso de apelación frente a un auto y el reparto del proceso a un despacho diferente al que inicialmente conocía el asunto.
1.4.2. La Rama Judicial reiteró los argumentos esgrimidos en la contestación de la demanda.
1.4.3. En esa oportunidad procesal, el Ministerio Público guardó silencio.
La decisión
1.5. Al definir el caso, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en los términos indicados al inicio de esta sentencia.
Manifestó el a quo que la Rama Judicial incurrió en defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, dado que en el trámite del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia absolutoria de primera instancia, el 16 de mayo de 2007, el Juzgado Doce Penal del Circuito de Cali se abstuvo de proferir sentencia de segunda instancia y, en su lugar, decretó la nulidad del proceso, a partir de la diligencia de inspección judicial practicada el 14 de julio de 2004, por encontrar que el despacho no emitió pronunciamiento alguno frente a una objeción formulada en dicha diligencia, debiendo ser realizada nuevamente dicha diligencia el 16 de agosto de 2007, lo cual, ocasionó una demora de 3 años, 1 mes y 2 días.
Sostuvo que, si bien la entidad demandada realizó el trámite correspondiente a cada instancia, profiriendo nuevamente sentencia de primera instancia el 20 de octubre de 2008 y de segunda el 11 de febrero de 2009; lo cierto es que no lo hizo en aplicación de los principios de celeridad y debido proceso, por cuanto excedió el término de prescripción de 5 años, el cual feneció el 10 de marzo de 2009, y el 18 de marzo siguiente concedió el recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado de Suramericana de Seguros S.A., quien presentó la demanda de casación el 6 de mayo del mismo año, para luego, el 16 de junio siguiente, cesar el procedimiento por prescripción de la acción penal, sin que el fallo de segunda instancia hubiera cobrado firmeza, por lo cual quedó probada la falla en el servicio.
En relación con el error jurisdiccional deprecado, manifestó que el recurso extraordinario de casación no ocasionó la extinción de la acción penal, puesto que, fue interpuesto cuando ésta ya estaba prescrita y, por tanto, resultaba procedente que el juzgador de segunda instancia la declarara, sin que dicha decisión constituyera una vía de hecho.
En consecuencia, bajo el título jurídico de imputación de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, condenó a la Rama Judicial al pago de los perjuicios morales, fisiológicos y materiales reconocidos en la primera instancia del proceso penal.
EL RECURSO INTERPUESTO
2.1. Sustentación del recurso de apelación
2.1.1. Inconforme con la decisión anterior, la Rama Judicial interpuso recurso de apelación, en el cual solicitó revocar la sentencia proferida por el a quo, por considerar que sus actuaciones estuvieron ajustadas a la Ley, siendo desarrolladas bajo la entrada en operación del Sistema Penal Acusatorio en el Distrito de Cali, en virtud de lo cual, los diferentes despachos judiciales sufrieron congestión en el trámite de las diligencias y en la resolución de los procesos que tenían a su cargo.
Asimismo, indicó que la parte actora carece de un derecho cierto, pues pretende que en el presente proceso se le reconozca la indemnización contenida en un fallo penal no ejecutoriado; a la vez que, adujo que no es procedente asignar responsabilidad por mora judicial, en consideración a las condiciones reales de la actividad judicial y a los mecanismos dilatorios empleados por los apoderados lo cual derivó en la prolongación del proceso.
Adicionalmente, señaló que el demandante no perdió la oportunidad procesal de exigir la indemnización patrimonial por las lesiones personales sufridas, toda vez que podía acudir a la jurisdicción ordinaria con dicha finalidad hasta enero de 2021, pues, de conformidad con el artículo 98 del Código Penal la prescripción de las acciones penal y civil son distintas, y en éste último caso, la prescripción ocurre respecto de los terceros y el llamado en garantía Suramericana de Seguros S.A., en los términos de la legislación civil, a los 20 años contados a partir de la comisión del daño, por lo que, al decretarse la prescripción de la acción penal, las víctimas pueden continuar reclamando la indemnización a través de la acción civil ordinaria.
2.2. En proveído del 13 de agosto de 2014, esta Corporación admitió el recurso de apelación interpuesto, y el 22 de septiembre siguiente corrió traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto en los términos del artículo 212 del C.C.A..
2.2.1. En esta oportunidad procesal, las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.
III. C O N S I D E R A C I O N E S
No existiendo razones o motivos que conduzcan a la Sala a declarar una nulidad o a volver sobre la definición de su competencia, se procede a resolver el recurso de apelación ya indicado.
3.1. Problema jurídico
3.1.1. Bajo el ámbito restricto del recurso interpuesto, el aspecto central que será materia de análisis y determinación, se circunscribe a verificar si la Nación – Rama Judicial es responsable por los daños irrogados a los demandantes, como consecuencia del defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, derivado de la prescripción de la acción penal adelantada por el delito de lesiones personales culposas del que fue víctima el señor Rubén Darío Jiménez Martínez.
Asimismo, la Sala no efectuará pronunciamiento alguno en torno a la responsabilidad de la Rama Judicial bajo el título de imputación de error jurisdiccional, por cuanto, el Tribunal de instancia decidió dicho aspecto y el mismo no fue objeto de cuestionamiento alguno en el recurso de apelación que se analiza.
3.2. Motivación de la sentencia
3.2.1. En el expediente obra el siguiente material probatorio con el que esta Subsección encuentra probados los hechos relevantes que a continuación se enlistan:
• Con ocasión del accidente de tránsito ocurrido el 13 de enero de 2001, la Fiscalía 55 Local de Yumbo (Valle del Cauca) abrió la investigación y vinculó al proceso penal al señor Federico Alegría Amú, como presunto responsable del delito de lesiones personales cometido en contra de señor Rubén Darío Jiménez Martínez.
• El 1 de febrero de 2002, el señor Rubén Darío Jiménez Martínez, a través de apoderado judicial, presentó ante la Fiscalía 55 Local de Yumbo demanda de constitución de parte civil en contra del señor Federico Alegría Amú, en calidad de propietario del vehículo y sindicado del accidente de tránsito, estimando la indemnización en: i) seiscientos dos mil ochocientos sesenta y cinco pesos ($602.865) por concepto de daño emergente; ii) seis millones trescientos noventa mil pesos ($6.390.000) por concepto de lucro cesante consolidado; iii) el valor que resulte probado por concepto de lucro cesante futuro; y, iv) el valor que corresponda reconocer por concepto de perjuicios morales y fisiológicos.
• Mediante Resolución Interlocutoria No. 042 de 7 de febrero de 2002, la Fiscalía 55 Local de Yumbo admitió la demanda de constitución de parte civil.
• El 25 de febrero de 2002, la defensa contestó la demanda de parte civil, oponiéndose a los perjuicios por considerar que no se encontraban acreditados, a la vez que llamó en garantía a la compañía Agrícola de Seguros S.A., en virtud de las obligaciones contenidas en la póliza de automóviles No. 100000034001 vigente a la fecha del accidente, solicitud que fue resuelta favorablemente por la Fiscalía 55 Local de Yumbo el 16 de mayo siguiente.
• El 10 de octubre de 2003, la Fiscalía 55 Local de Yumbo cerró la investigación.
• Mediante proveído de 20 de febrero de 2004, la Fiscalía profirió resolución de acusación en contra del señor Federico Alegría Amú, como presunto autor del delito de lesiones personales culposas. Decisión que cobró ejecutoria el 10 de marzo siguiente.
• Concluida la etapa de investigación, el Juzgado Primero Penal Municipal de Yumbo avocó el conocimiento del proceso el 19 de marzo de 2004 y corrió traslado a los sujetos procesales hasta el 19 de abril siguiente, de conformidad con lo previsto en el artículo 400, inciso 2 de la Ley 600 de 2000.
• El 28 de junio de 2004, se celebró la audiencia preparatoria con el decreto de las pruebas solicitadas por las partes.
• El 14 de julio de 2004, se realizó la diligencia de inspección judicial en el lugar del accidente con la comparecencia del acusado y su abogado defensor, el apoderado de la parte civil, el señor Rubén Darío Jiménez Martínez, el apoderado de la parte civil y de los auxiliares de la justicia citados para dicha diligencia. En esa oportunidad, el juez penal negó la práctica de la prueba solicitada durante la diligencia por el apoderado del llamado en garantía, por ser extemporánea. Decisión que fue apelada y posteriormente, confirmada por el Juzgado Quinto Penal del Circuito mediante Auto Interlocutorio de 14 de abril de 2005, tras haberse corregido el efecto en que fue concedido el recurso.
• El 25 de julio de 2005, el Coordinador del Grupo de Delitos Económicos y Financieros del C.T.I. aportó el dictamen pericial decretado para determinar el monto de los perjuicios materiales ocasionados al señor Rubén Darío Jiménez Martínez, del cual se dio traslado el 24 de agosto del mismo año, término durante el cual, el apoderado del llamado en garantía solicitó aclaración del dictamen.
• El 23 de septiembre de 2005, el Coordinador del Grupo de Delitos Económicos y Financieros del C.T.I. remitió al Juzgado Primero Penal Municipal de Yumbo, ampliación del dictamen pericial, del cual se dio traslado a las partes el 22 de febrero de 2006.
• La audiencia pública se fijó para los días 24 de marzo, 24 de abril y 29 de junio de 2006, debiendo ser aplazada en la primera fecha por inasistencia de la Fiscalía. En la mencionada audiencia el apoderado de la llamada en garantía precisó que la obligación indemnizatoria que asume la aseguradora está limitada a la concurrencia del valor asegurado, a la vez que, objetó el dictamen pericial por error grave, por considerar que estaba soportado en documentos que carecían de valor probatorio.
• En sentencia del 30 de agosto de 2006, el Juzgado Primero Penal Municipal de Yumbo absolvió al señor Federico Alegría Amú del delito de lesiones personales culposas, por haber obrado bajo la causal de inculpabilidad de caso fortuito, prevista en el numeral 1º del artículo 40 del Decreto Ley 100 de 1980, en tanto que el lesionado observó que a 15 metros de distancia el vehículo conducido por el sindicado estaba atravesando lentamente los carriles de la calle por la que se dirigía y, a pesar de ello, intentó sobrepasarlo por la parte delantera, invadiendo el carril izquierdo – restringido para la movilidad de motocicletas – y la otra calzada de sentido contrario, lo cual constituyó una acción imprudente, pues, en lugar de hacer dicha maniobra, debió detenerse.
• Inconforme con la anterior decisión, el apoderado de la parte civil presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto el 16 de mayo de 2007 por el Juzgado Doce Penal del Circuito, quien decretó la nulidad de lo actuado a partir de la diligencia de inspección judicial realizada el 14 de julio de 2004, por cuanto el despacho no emitió pronunciamiento alguno respecto de la objeción al dictamen pericial formulada por el apoderado del llamado en garantía y en la diligencia de inspección judicial no participaron peritos topógrafo y fotógrafo.
• El cuaderno original regresó al despacho del Juez Primero Penal de Yumbo el 10 de julio de 2007, quien ese día fijó la nueva diligencia de inspección judicial para el 16 de agosto siguiente. No obstante, obra en el expediente providencia del 29 de noviembre de 2007, mediante la cual se señaló el 4 de diciembre del mismo año como fecha para realizar dicha diligencia.
• El 29 de agosto de 2007, el Juzgado Primero Penal Municipal de Yumbo aprobó la sustitución del llamado en garantía Compañía Agrícola de Seguros S.A. por Suramericana de Seguros S.A., en virtud del contrato de cesión de pasivos y contratos aprobado por la Superintendencia Financiera.
• Mediante auto interlocutorio No. 22 de 11 de septiembre de 2007, el Juzgado Primero Penal Municipal de Yumbo levantó la medida de embargo que pesaba sobre el salario del procesado, por encontrar garantizado el eventual pago de perjuicios con: i) la póliza constituida por el sindicado por valor de treinta millones de pesos ($30.000.000), ii) la vinculación del llamado en garantía, cuya obligación indemnizatoria asciende a veinte millones de pesos ($20.000.000) en virtud del contrato de seguro, y iii) la retención de salarios por valor de seis millones de pesos ($6.000.000).
• La audiencia pública se fijó para el 26 de marzo, 7 y 28 de mayo de 2008, debiendo ser aplazada en la primera ocasión por la inasistencia del apoderado de la defensa, y en la segunda, por solicitud del apoderado de la parte civil. En la última oportunidad procesal, el apoderado del llamado en garantía reiteró la objeción formulada al dictamen pericial.
• El 11 de junio de 2008, el Juzgado Primero Penal Municipal de Yumbo se abstuvo de dar trámite al incidente de objeción del dictamen, por considerar que el perito no incurrió en error, toda vez que liquidó los perjuicios con fundamento en las certificaciones obrantes en el proceso.
• En sentencia del 20 de octubre de 2008, el Juzgado Primero Penal Municipal de Yumbo declaró la responsabilidad penal del señor Federico Alegría Amú, por el delito de lesiones personales culposas y, en consecuencia, lo condenó a él y al “tercero civilmente responsable” compañía Suramericana de Seguros S.A., solidariamente, al pago de cinco millones ciento ochenta y seis mil trescientos sesenta pesos ($5.186.360) por concepto de perjuicios materiales; veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes por concepto de perjuicio fisiológico; y, veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes por concepto de perjuicios morales.
En esa oportunidad, el juez consideró que no había congruencia entre la versión suministrada por el acusado en la diligencia de indagatoria en comparación con la diligencia de inspección judicial, pues, resultaba imposible que la colisión se hubiera producido en el punto de impacto que había señalado. En consecuencia, encontró demostrado que el sindicado intentó cruzar la vía sin tener suficiente visibilidad, y que, a su vez, el ofendido contribuyó a la producción de su propio daño, por cuanto, a pesar de que vio la acción del vehículo con suficiente distancia, en lugar de frenar, intentó esquivarlo, colisionando con éste, por tanto, reconoció una indemnización menor a la probada.
• Inconforme con la anterior decisión, el 24 y 29 de octubre de 2008 la defensa del señor Federico Alegría Amú y el llamado en garantía, respectivamente, presentaron recurso de apelación, por considerar que no se configuró el elemento de culpa del delito, en tanto el lesionado intentó pasar delante del vehículo sin prever el resultado de su conducta. Así mismo, el llamado en garantía solicitó la nulidad de la sentencia, por cuanto, contrario a su calidad en el proceso, se le condenó solidariamente bajo la condición de tercero civilmente responsable.
Por su parte, el 31 de octubre de 2008, la parte civil presentó recurso de apelación, con el fin de que se aumentaran la condena y los perjuicios reconocidos.
• El 10 de noviembre de 2008, el despacho dejó el proceso a disposición de los sujetos procesales no recurrentes por el término de 4 días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194 del Código de Procedimiento Penal; y una vez finalizado, el 13 de noviembre siguiente, ordenó la remisión del cuaderno original al Juzgado Penal del Circuito de Cali para que se desataran las impugnaciones, dicha foliatura fue repartida el 23 de enero de 2009.
• El 11 de febrero de 2009, el Juzgado Doce Penal del Circuito de Cali resolvió los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia, en el sentido de modificar la sentencia recurrida, condenando al señor Federico Alegría Amú solidariamente con el “llamado en garantía” Suramericana de Seguros S.A. a pagar al ofendido Rubén Darío Jiménez Martínez: i) ciento tres millones setecientos cuarenta y ocho mil ochocientos dos pesos ($103.748.802) por concepto de perjuicios materiales – incremento que correspondió al reconocimiento del lucro cesante futuro, en razón a la pérdida de capacidad laboral del lesionado en un 40.95% - ; ii) veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes por concepto de perjuicio fisiológico; y, iii) veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes por concepto de perjuicios morales.
Así mismo, negó la declaratoria de nulidad formulada por el llamado en garantía, en tanto que, si bien en el resuelve de la sentencia de primera instancia se citó a la compañía Suramericana de Seguros S.A. como tercero civilmente responsable, y no como llamado en garantía, lo cierto es que, el error es subsanable y ello no genera causal de nulidad, en la medida en que desde el inicio del proceso quedó claramente definida la vinculación de la compañía aseguradora.
• Mediante auto de 18 de marzo de 2009, el Juzgado Doce Penal del Circuito de Cali concedió el recurso extraordinario de casación interpuesto por el llamado en garantía y dispuso el traslado al recurrente por el término de 30 días para que presentara la demanda.
• El 6 de mayo de 2009, el apoderado de la compañía Suramericana de Seguros S.A. presentó demanda de casación contra las sentencias del 20 de octubre de 2008 y de 11 de febrero de 2009, para lo cual invocó la causal primera del artículo 368 del C.P.C., por violación indirecta de la ley sustancial, por considerar que se vulneraron los artículos 1079 del Código de Comercio y 1602 del Código Civil por falta de aplicación, así como, por indebida aplicación del 1568 del Código Civil, como consecuencia de error inexcusable de hecho en la apreciación de la póliza del contrato de seguro de responsabilidad civil extracontractual, cuyo valor asegurado en caso de lesiones a una persona es de hasta veinte millones de pesos ($20.000.000).
En este sentido, precisó que la compañía de seguros, cuando se vincula a un proceso judicial a través de la institución procesal del llamado en garantía, no adquiere la condición de tercero civilmente responsable, toda vez que no es guardián de la fuente de peligro que la haga responsable del hecho, por tanto, es dable predicar que su obligación no es solidaria, sino que se deriva del contrato de seguro.
• Mediante auto interlocutorio de 16 de junio de 2009, el Juzgado Doce Penal del Circuito de Cali revocó el auto de 18 de marzo anterior y, en su lugar, declaró la extinción de la acción penal por prescripción a favor del señor Federico Alegría Amú, por encontrar demostrado que dicho término feneció el 10 de marzo del mismo año, toda vez que los 5 años de la prescripción, transcurrieron desde el 10 de marzo de 2004, esto es, cuando cobró ejecutoria la resolución de acusación.
La anterior decisión quedó ejecutoriada el 1º de julio de 2009.
• Frente a la anterior decisión, el 7 de julio de 2009, el apoderado de la parte civil solicitó dejar sin efectos la declaración de prescripción de la acción penal, por considerar que según el artículo 189 de la Ley 906 de 2004, la sentencia de segunda instancia suspendió dicho término prescriptivo.
• Mediante providencia del 13 de julio de 2009, el Juzgado Doce Penal del Circuito de Cali se abstuvo de acceder a la solicitud de la parte civil, debido a que la norma prevista en la Ley 906 de 2004 no era oponible al proceso penal tramitado por la Ley 600 de 2000, bajo la cual, durante la etapa de juzgamiento la prescripción solo se interrumpe con la sentencia en firme.
• El 13 de agosto de 2009, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, negó por improcedente la acción de tutela instaurada por el señor Rubén Darío Jiménez Martínez contra el Juzgado Doce Penal del Circuito de Cali, por considerar que no se configuró irregularidad procesal alguna y tampoco se vulneró el derecho fundamental al debido proceso con el auto de 16 de junio de 2009, mediante el cual se declaró la extinción de la acción penal.
3.2.2. Responsabilidad patrimonial del Estado por Defectuoso Funcionamiento de la Administración de Justicia
Según el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia, el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas, incluidas, por supuesto, las judiciales.
La cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado, que en punto al título jurídico de imputación de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, está regulado en la Ley 270 de 1996, plantea un vínculo inescindible con el derecho de acceso a la administración de justicia y de tutela judicial efectiva, en tanto, su configuración implica la vulneración o lesión de dichos derechos, a través de una función judicial anormal, por indebido funcionamiento, falta de funcionamiento o funcionamiento tardío, de ahí que, el juicio de responsabilidad realizado bajo este título de atribución, requiera verificar si las acciones u omisiones desarrolladas en el marco del tráfico procesal menoscabaron el ejercicio de los mencionados derechos.
Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha definido el acceso a la administración de justicia, como un derecho fundamental que no se decanta en el ejercicio del derecho de acción, sino que conlleva la garantía del derecho a la tutela judicial efectiva, el cual, comprende: i) la posibilidad de los ciudadanos de acudir y plantear un problema ante las autoridades judiciales, ii) el derecho a obtener una resolución de fondo de la litis para que se haga un estudio profundo de las pretensiones, el cual se verá reflejado en la obtención de una sentencia motivada, razonable, congruente y fundada en derecho y, iii) el derecho a la ejecución de la sentencia que se profiera, pues exige que el fallo proferido se cumpla y el actor sea reparado en su derecho y compensado, si hubiere lugar a ello, por el daño sufrido.
De esta manera, resulta claro que el derecho a contar con una debida administración de justicia, es uno de los presupuestos esenciales del Estado social de derecho, en tanto, a través de dicha prerrogativa se hacen efectivos los derechos, las libertades y las garantías de toda la población, y se definen igualmente las obligaciones y los deberes que le asisten a la administración y a los asociados, pues, su objetivo se finca en alcanzar la convivencia social y pacífica, mantener la concordia nacional y asegurar la integridad de un orden político, económico y social justo.
Por ello, la administración de justicia como función pública demanda de los funcionarios y empleados judiciales la resolución en forma imparcial, efectiva y prudente de las diversas situaciones que las personas someten a su conocimiento, bajo la vigencia plena del debido proceso, es decir, no sólo a partir del respeto a las formas propias de cada juicio sino, igualmente, mediante la aplicación de la presunción de inocencia, el ejercicio permanente del derecho de defensa, la posibilidad de controvertir las pruebas, el atender oportunamente los escritos o memoriales que se presenten, el procurar una mayor celeridad, el ser eficiente, y el fundamentar en forma seria y adecuada el fallo, entre otras.
Así mismo, la tutela judicial efectiva además de comprender la plenitud de las garantías procesales, que se resumen en el derecho de acceso a la administración de justicia, el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa, constituye un “mandato constitucional dirigido a todos los órganos del Estado para que en el seno de sus actuaciones protejan de manera efectiva los derechos de los individuos, lo que a su turno deriva en la posibilidad del titular del derecho de exigirlo ante los tribunales”.
Sobre esta base, no cabe duda de que todas las acciones u omisiones constitutivas de falla, que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia, suponen una vulneración directa al derecho de acceso a la administración de justicia, pues, lesionan su núcleo esencial, esto es, “la certidumbre de que, ante los estrados judiciales, serán surtidos los procesos a la luz del orden jurídico aplicable, con la objetividad y la suficiencia probatoria que aseguren un real y ponderado conocimiento del fallador acerca de los hechos materia de su decisión”.
Bajo las anteriores consideraciones, y en concordancia con lo establecido por el legislador en el artículo 69 de la Ley 270 de 1996, el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, a la luz del cardinal enunciado contenido en el artículo 90 de la Constitución Política, es una fuente de responsabilidad estatal residual con fundamento en la cual deben ser decididos los supuestos de daño antijurídico sufridos como consecuencia de la función judicial, que no constituyen error jurisdiccional o privación de la libertad, por no provenir de una providencia judicial.
Sobre esta distinción, la Corporación ha dicho:
“En cuanto al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, habría que decir que éste, a diferencia del error judicial, se produce en las demás actuaciones judiciales necesarias para adelantar el proceso o la ejecución de las providencias judiciales. (...)
“En definitiva, en el régimen establecido para la responsabilidad por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia habrán de incluirse las actuaciones que, no consistiendo en resoluciones judiciales erróneas, se efectúen en el ámbito propio de la actividad necesaria para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado o para garantizar jurisdiccionalmente algún derecho” (se resalta).
De manera que la responsabilidad por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia no se configura cuando la lesión se materializa a través de una providencia, sino que aquella se deriva de las demás actuaciones judiciales en que incurren “no sólo los funcionarios, sino también los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, los empleados judiciales, los agentes y los auxiliares judiciales” en el giro o tráfico jurisdiccional y que resultan necesarias para adelantar el proceso o ejecutar las decisiones del juez, las cuales deben estar referidas a estándares normales de funcionamiento del servicio.
Al respecto, la doctrina ha sostenido que el concepto de defectuoso funcionamiento es equivalente a la falla del servicio elaborada por la jurisprudencia francesa y que en la sistematización clásica puede tener tres manifestaciones: i) el servicio ha funcionado mal, ii) el servicio no ha funcionado, y iii) el servicio ha funcionado de forma tardía. Así mismo, se destaca que el funcionamiento anormal de la administración de justicia está referido a unos estándares de lo que se considera como un funcionamiento normal. Así se ha expresado:
“La comprensión de lo que es funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, debe partir de una comparación de lo que sería o debía ser el funcionamiento normal, lo que remite a unos criterios de actuación, a unos standards de funcionamiento, a unos conceptos jurídicos indeterminados de una extrema variabilidad y sujetos a una serie de condicionamientos históricos, técnicos y políticos. Importa señalar que no todo funcionamiento anormal, que no toda deficiencia en la Administración de Justicia, son generadores de responsabilidad, sino aquellos que no van acordes con unos patrones básicos de eficacia y funcionamiento de acuerdo con las necesidades sociales y los intereses de los justiciables. El concepto de funcionamiento anormal es ajeno a toda idea de culpa o negligencia, aunque tenga en éstas su origen y se basa únicamente en la causación del daño que actúa como factor desencadenante de la imputación”.
Conforme a lo expuesto, debe indicarse, además, que el régimen de responsabilidad aplicable a los casos de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia es, por regla general, de carácter subjetivo, por lo que corresponde al demandante, inicialmente, acreditar la desatención o el incumplimiento obligacional.
Así, se puede señalar que el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia presenta las siguientes características: i) se produce frente a actuaciones u omisiones, diferentes a las decisiones judiciales, necesarias para adelantar un proceso o ejecutar una providencia; ii) puede provenir de funcionarios judiciales, particulares en ejercicio de facultades jurisdiccionales y empleados, agentes o auxiliares de la justicia; iii) comprende un funcionamiento defectuoso o anormal que se proyecta por fuera de los estándares de funcionamiento del servicio, lesionando el derecho de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva; y, iv) se manifiesta de tres formas, a saber, la administración de justicia ha funcionado mal, no ha funcionado o funcionó tardíamente.
3.2.3. Defectuoso funcionamiento por mora en la adopción de decisiones judiciales. Prescripción de la acción penal.
En relación con el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por el retardo injustificado en la toma de decisiones judiciales, se debe recordar que la Constitución Política establece el derecho a una pronta y cumplida justicia en el artículo 29, como una garantía propia del debido proceso que se concreta en el trámite sin dilaciones injustificadas. En igual sentido, el artículo 228 constitucional dispone que “los términos procesales se observarán con diligencia” y que “su incumplimiento será sancionado”, con lo cual eleva a rango constitucional los principios de celeridad y eficacia en la actuación judicial.
Sobre el particular, el artículo 7 de la Ley 270 de 1996 estableció que la administración de justicia debe ser eficiente, lo cual implica que los funcionarios y empleados judiciales deben ser diligentes en la sustanciación de los asuntos a su cargo, sin perjuicio de la calidad de los fallos que deban proferir conforme a la competencia que les fije la ley.
Así mismo, el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada en Colombia mediante la Ley 16 de 1972, reconoce el derecho del acusado “a ser juzgado sin dilaciones indebidas”, como garantía básica del debido proceso, prerrogativa que es aplicable a procesos de otra índole, de conformidad con la jurisprudencia del Comité Internacional de Derechos Humanos.
Ahora bien, en relación con los parámetros para establecer si el retardo de una decisión judicial está justificado o no, como elemento base para activar el régimen de responsabilidad explicado, esta Corporación ha sostenido que se deben observar diversos factores, entre ellos, la complejidad del asunto, la conducta de las partes, el volumen de trabajo del despacho y los estándares de funcionamiento de cada despacho judicial, y las especificidades de cada trámite judicial incluido el análisis de factores exógenos al proceso, como reformas normativas, paralización del servicio y, en general, circunstancias de toda índole con impacto directo en el trámite de los procesos y su duración. Así, ha sostenido:
“Para resolver si en un caso concreto hay lugar a la responsabilidad del Estado por fallas en la administración de justicia derivadas del retardo en adoptar decisiones, debe decidirse si ese retardo estuvo o no justificado, conclusión a la cual se llegará luego de señalar la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, la forma como haya sido llevado el caso, el volumen de trabajo que tenga el despacho de conocimiento y los estándares de funcionamiento, que no están referidos a los términos que se señalan en la ley, sino al promedio de duración de los procesos del tipo por el que se demanda la mora, ya que este es un asunto que hay que tratar no desde un Estado ideal sino desde la propia realidad de una administración de justicia con problemas de congestión, derivados de una demandada que supera la limitación de recursos humanos y materiales disponibles para atenderla” (se destaca).
Así las cosas, la responsabilidad del Estado por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia derivado de la prescripción de la acción penal, no corresponde por sí misma en una premisa que se estatuya como causa generadora de un daño atribuible al Estado y las autoridades a las que se las encomendado la tarea de investigar y sancionar el delito, pues para ello se requiere un cúmulo de circunstancias en las que se debe valorar la efectiva presencia de una conducta activa u omisiva reveladora de una falla en el servicio; así, se debe recordar que, en esta materia, este título de imputación se establece como régimen idóneo y necesario para activar el mandato constitucional fijado en el artículo 90 de la carta política.
Por ello, solo la dilación injustificada que desborde la acción diligente de las autoridades judiciales, para actuar en un plazo razonable puede tomarse como causa de afectaciones antijurídicas a los derechos de acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva de las partes e intervinientes, pues, no todo procedimiento que se prolongue en el tiempo más allá de las previsiones legales puede calificarse automáticamente como desmesurado, excesivo o irrazonable. Esto, si se tiene en cuenta que el paso del tiempo sin que se produzca una decisión judicial puede obedecer a diversas circunstancias ajenas al operador judicial.
3.2.4. Caso concreto
Con el anterior marco conceptual y con fundamento en las pruebas a las cuales se hizo referencia antes, el análisis de la responsabilidad de la Rama Judicial se despliega a partir de la revisión de las atribuciones que tiene en el desarrollo del procedimiento penal reglado en la Ley 600 de 2000, Código oponible a los hechos de la presente acción, respecto del plazo razonable que se le otorga a los despachos judiciales para clausurar el análisis de la responsabilidad del sindicado y proferir decisión de fondo, así como, a la luz de las circunstancias justificantes que pueden acaecer en el trámite procesal, bajo la propia realidad de la administración de justicia.
Todo lo anterior, de conformidad con los argumentos que le imputan a la demandada haber incurrido en mora de: i) más de diecisiete (17) meses para proferir sentencia de primera instancia, los cuales transcurrieron durante la etapa de juzgamiento, lesionando los términos perentorios previstos en los artículos 401 y 410 de la Ley 600 de 2000; ii) nueve (9) meses para decidir el recurso de apelación - oportunidad en la que se decretó la nulidad parcial del proceso -, en supuesto desacato del término establecido en el artículo 201 ibídem, y iii) tardar dieciséis (16) meses para proferir nuevamente sentencia de primera instancia, en contravención del artículo 410 del C.P.P.
En ese orden de ideas, conviene destacar que el artículo 400 de la Ley 600 de 2000 establecía que la etapa de juicio iniciaba una vez quedaba ejecutoriada la resolución de acusación y que, a partir de ese momento, la Fiscalía General de la Nación perdía la dirección de la investigación y se convertía en un sujeto procesal, lo que en el caso sub examine ocurrió el 10 de marzo de 2004, cuando la resolución de acusación cobró ejecutoria.
Así, de cara al análisis de la violación de términos aducida por la parte actora, se observa que, según el artículo 401 del C.P.P, finalizado el término de traslado común de quince (15) días de que trata el artículo 400 ibídem y, una vez verificada la competencia, el juez citaría a los sujetos procesales para la realización de la audiencia preparatoria dentro de los cinco (5) días siguientes, en la cual, se realizaría la práctica de las pruebas que no pudieran practicarse durante la audiencia pública por un término de quince (15) días hábiles, y una vez concluido dicho término se fijaría fecha y hora para la celebración de la audiencia pública dentro de los diez (10) días hábiles siguientes.
En el sub examine se advierte que, el Juez Primero Penal Municipal de Yumbo fijó la audiencia preparatoria para el 28 de junio de 2004, esto es, catorce (14) días hábiles después de que le fuera informado por la Secretaría que el traslado previsto en el artículo 400 había vencido el 19 de abril anterior, superando el término de cinco (5) días. Así mismo, se encuentra probado que el 28 de junio de 2004 se celebró la audiencia con el decreto de las pruebas solicitadas por los sujetos procesales, entre estas, la diligencia de inspección judicial realizada en el lugar del accidente el 14 de julio de 2004, esto es, once (11) días después de celebrada la audiencia pública, estando dentro del término previsto en el artículo 401 del C.P.P. No obstante, se observa que durante la diligencia de inspección judicial el apoderado del llamado en garantía interpuso recurso de apelación frente a la negativa del despacho de recibir en esa diligencia la declaración de testigos, esto es, la práctica de una prueba que no fue solicitada en el término de traslado previsto en el artículo 400 del C.P.P., el cual, fue resuelto el 14 de abril de 2005, confirmando la decisión del a quo. Ahora, si bien el recurso fue concedido en el efecto suspensivo, cuando correspondía concederlo en el devolutivo, tal como lo advirtió el ad quem en proveído del 17 de agosto de 2004, dicho yerro fue corregido el 2 de septiembre siguiente; sin que alguno de los sujetos procesales advirtiera tal situación, lo cual evidencia que la parte civil al abstenerse de recurrir el proveído que concedió la apelación en un efecto distinto al que le correspondía, convalidó la demora que conllevó dicha situación, debiendo entenderse bajo ese supuesto que el daño que se reclama, de estar probado, fue ocasionado por la culpa exclusiva de la víctima, en los términos establecidos en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, como corolario del principio general del derecho, según el cual "nadie puede sacar provecho de su propia culpa", a lo cual se agrega que es indudable que el apoderado del llamado en garantía insistía en una solicitud probatoria que era palmariamente extemporánea, toda vez que, se itera, la oportunidad procesal para realizar las solicitudes probatorias se agotó con el traslado establecido en el artículo 400 del C.P.P.. También se encuentra probado que el dictamen pericial decretado para determinar el monto de los perjuicios materiales derivados del accidente fue allegado al despacho hasta el 25 de julio de 2005 por el Coordinador del Grupo de Delitos Económicos y Financieros del C.T.I., siendo objeto de solicitud de aclaración por parte del apoderado del llamado en garantía, la cual fue resuelta con el dictamen complementario con fecha de 23 de septiembre siguiente, cuyo traslado se produjo desde el 22 de febrero hasta el 27 de febrero de 2006, de conformidad con el numeral 2 del artículo 254 de la Ley 600 de 2000. Así las cosas, concluida la práctica probatoria, nueve (9) días hábiles después, es decir, el 10 de marzo de 2006, el Juzgado Primero Penal Municipal de Yumbo fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia pública para el 24 de abril siguiente. En este orden de ideas, resulta claro que, si bien la etapa probatoria se prolongó durante aproximadamente 1 años y 8 meses, aquello obedeció, principalmente, al trámite del recurso de apelación y de la solicitud de aclaración del dictamen pericial formulada por el apoderado del llamado en garantía, por lo que no se evidencia una dilación injustificada durante esta etapa procesal, así como tampoco se advierte una actitud activa u omisiva del operador judicial constitutiva de falla en el servicio.
En relación con la violación del término establecido en el artículo 410 del C.P.P., según el cual, finalizada la práctica de pruebas y la intervención de los sujetos procesales en la audiencia pública, correspondía al juez decidir dentro de los quince (15) días siguientes, se observa que la audiencia pública finalizó el 29 de junio de 2006 y cuarenta (40) días hábiles después, el 30 de agosto siguiente, el Juzgado Primero Penal Municipal de Yumbo profirió sentencia de primera instancia. Igualmente, reiniciado el trámite procesal, esto es, con posterioridad a la declaración de nulidad que retrotrajo la actuación, se encuentra probado que, durante la audiencia pública el apoderado del llamado en garantía objetó por error grave el dictamen pericial, siendo resuelta dicha objeción mediante auto del 11 de junio de 2008, notificado por estado del 18 de junio siguiente, el cual cobró ejecutoria el 23 de junio del mismo año, de ahí que, transcurrieran setenta y ocho (78) días hábiles hasta la emisión de la sentencia de primera instancia de 20 de octubre de 2008.
Con lo anterior, considera la Sala que el vencimiento del término legal para proferir sentencia no puede analizarse de manera abstracta sino de acuerdo a las características de cada caso concreto y en atención al real funcionamiento de la administración de justicia, por cuanto, la Ley le exige a la autoridad jurisdiccional fallar de acuerdo con el turno cronológico de entrada al despacho, de ahí que, el cumplimiento de los términos se vea constreñido por el cúmulo de procesos y los estándares de funcionamiento de cada despacho judicial.
Aunado a lo anterior, no se demostró que la parte actora hubiere presentado impulsos procesales que permitieran evidenciar el turno en que entró el proceso al despacho para fallo. Lo anterior, sin perjuicio de considerar que, dicho turno es inalterable y su falta de acatamiento constituye falta disciplinaria.
En esa medida, esta Corporación ha afirmado que existen algunas situaciones que pueden llegar a justificar el retardo en las decisiones judiciales, como son: i) el volumen de trabajo del despacho que tramitó el proceso; ii) la complejidad del asunto; iii) el comportamiento del recurrente y iv) los estándares de funcionamiento de la autoridad judicial; todo ello para indicar que, fuera de los términos que prescribe la ley, debe ser tenido en cuenta el promedio de duración de los procesos, razón por la que debe atenderse a la propia realidad de la Administración de Justicia con problemas de congestión y no desde un Estado ideal.
En esta perspectiva, es menester recordar que el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia debe ser analizado desde la capacidad que tiene la entidad para evitar la ocurrencia del daño, pues, las obligaciones del Estado están directamente relacionadas con los recursos disponibles para la prestación del servicio, de manera que, la relatividad de la falla, en un caso concreto, se relacione con la imposibilidad de exigir de manera absoluta al Estado la prevención de un daño, comoquiera que como se menciona en el postulado general del derecho “nadie está obligado a lo imposible”.
Por su parte, respecto del término para proferir la decisión de segunda instancia, mediante la cual se decretó la nulidad parcial de la actuación que, a juicio de la parte actora, tardó nueve (9) meses excediendo el término previsto en el artículo 201 ibídem, dicha norma disponía que, cuando se hubiese concedido el recurso de apelación, efectuado el reparto en segunda instancia, el proceso se pondría a disposición del funcionario respectivo, quien debía resolverlo dentro de los quince (15) días siguientes.
Precisado lo anterior, en el plenario no obra constancia de la fecha en que el expediente fue recibido por el juez penal ad quem, de ahí que, no se cuente con prueba suficiente para contabilizar el referido término. No obstante, si bien, según la constancia secretarial, el término para presentar el recurso de apelación venció el 22 de septiembre de 2006 y el auto que declaró la nulidad parcial del proceso se profirió el 16 de mayo de 2007, no es dable desconocer que, de acuerdo con las condiciones normales de funcionamiento de la administración de justicia, el expediente debía ser remitido al superior y entrar en turno para ser decidido.
Ahora bien, es claro que para la prosperidad de las pretensiones, no basta con el simple señalamiento de las normas que se consideran lesionadas por la demandada, pues aquello no se acompasa con las exigencias para la procedencia de responsabilidad por el título de imputación de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, toda vez que, se itera, la prolongación de una etapa procesal más allá de las previsiones legales no puede calificarse automáticamente como irrazonable, debiendo demostrarse que la autoridad incurrió en una dilación arbitraria e injustificable, más aún cuando, el paso del tiempo obedeció al agotamiento de las etapas procesales y al trámite de las solicitudes y recursos interpuestos por las partes.
Lo anterior sin perjuicio de desconocer que en el caso sub examine existen factores relevantes atendibles como la congestión judicial que revela la propia realidad de la administración de justicia que pueden llevar a considerar una causa justificable al paso del tiempo, máxime si se tiene en cuenta que durante el proceso penal se produjo la implementación gradual del Sistema Penal Acusatorio, lo que en el distrito judicial de Cali sucedió a partir del 2006, situación que congestionó la dinámica de los despachos judiciales y provocó que se dilatara la resolución de los procesos penales rituados bajo la Ley 600 de 2000 que se tramitaban en los juzgados penales de ese distrito judicial.
Adicionalmente, conviene precisar que la parte actora no cumplió con la carga de suficiencia que exige la imputación que se formula frente a una entidad estatal, pues si bien con el material probatorio ya relacionado se observa que el término prescriptivo se vio afectado por la nulidad decretada en el proveído de 16 de mayo de 2007 – durante el trámite del recurso de apelación interpuesto contra la providencia absolutoria de primera instancia-, razón por la cual, la sentencia de segunda instancia fue proferida el 11 de febrero de 2009, esto es, 2 años, 8 meses y 26 días después, debido a la necesidad de repetir la práctica de la diligencia de inspección judicial, absolver la objeción planteada frente al dictamen pericial mediante el cual se definieron los perjuicios materiales y definir nuevamente en la primera instancia la responsabilidad penal del procesado -en esta oportunidad en sentido condenatorio a través de la sentencia de 20 de octubre de 2008-; lo cierto es que no señaló las razones por las cuales la nulidad decretada por el ad quem fue contraria a derecho o constituía una dilación injustificada, así como tampoco demostró haber interpuesto recursos contra dicha decisión o frente a otras que, a su juicio, causaron la dilación del proceso.
Al respecto, huelga precisar que la nulidad es una institución jurídica que permite proteger el derecho fundamental al debido proceso mediante la invalidación de actos procesales, cuya consecuencia natural es retrotraer la actuación, sin que esto constituya o pueda considerarse como una dilación injustificada del proceso.
Al respecto la Corte Constitucional ha expresado lo siguiente:
“Las nulidades son irregularidades que se presentan en el marco de un proceso, que vulneran el debido proceso y que, por su gravedad, el legislador –y excepcionalmente el constituyente- les ha atribuido la consecuencia –sanción- de invalidar las actuaciones surtidas. A través de su declaración se controla entonces la validez de la actuación procesal y se asegura a las partes el derecho constitucional al debido proceso”.
Aunado a ello y para ahondar en razones, se reitera que el actor no interpuso los recursos ordinarios frente a la decisión del Juez de conocimiento de declarar la nulidad procesal, y, por tanto, no resulta procedente que, como lo reconoció el a quo, en sede de reparación directa se considere a dicha situación como la causa del daño, máxime cuando, en ese caso, la mora en la adopción de las decisiones estaría dada por la negligencia de la parte interesada, y no por el eventual error contenido en dicha providencia, debiendo entenderse bajo ese supuesto que el daño fue ocasionado por la culpa exclusiva de la víctima, en los términos establecidos en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996.
Sin embargo, aquella inactividad se explica en que la declaración de nulidad dejó sin efectos la sentencia de primera instancia que resultaba adversa a los intereses del actor- por cuanto absolvía al señor Federico Alegría Amú- a la vez que, como consecuencia de dicha nulidad, se pudo repetir la práctica de la inspección judicial que le permitió al juez advertir las incongruencias en las versiones de los hechos suministradas por el sindicado, a partir de las cuales consideró demostrada su responsabilidad penal, de manera que, la declaratoria de nulidad en lugar de perjudicar al demandante lo favoreció, en la medida en que, al retrotraerse la actuación, se pudieron practicar las pruebas que sirvieron como fundamento para proferir la sentencia condenatoria en contra del señor Alegría Amú.
A tono con las razones hasta aquí expuestas, no se evidencia que la pasiva hubiera incurrido en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por retardo injustificado en la adopción de una decisión judicial, que fuera susceptible de indemnización, por cuanto, no se acreditó una dilación injustificada y, por el contrario, se advierte que, durante las etapas procesales de la actuación penal señaladas en párrafos anteriores, la parte actora avaló con su conducta la demora. En consecuencia, se revocará la sentencia recurrida, y se negarán las pretensiones de la demanda por las razones expuestas con anterioridad.
3.4. Condena en costas
Como no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 17 de junio de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda.
TERCERO: Sin condena en costas.
CUARTO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Folios 191 y 192 del cuaderno principal. Folios 102 a 116 del cuaderno 1. Folios 103 del cuaderno 1. Folios 125 y 126 del cuaderno 1. Folios 131 y 132 del cuaderno 1. Folios 138 a 141 del cuaderno 1. Folio 153 del cuaderno 1. Folios 154 a 164 del cuaderno 1. Folios 165 del cuaderno 1. Folios 167 a 192 del cuaderno principal. Folios 193 a 198 del cuaderno principal. Folio 222 del cuaderno principal. Folio 224 del cuaderno principal. Si bien no obra en el plenario la resolución de apertura de la investigación, la información se extrae de los antecedentes de la Resolución de 3 de mayo de 2003 obrante a folios 45 a 54 del cuaderno 2-4 pruebas. Según Certificado de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Palmira obrante a folio 6 del cuaderno 2-3 pruebas. Folios 2 a 8 del cuaderno 2-1 pruebas. Folios 12 y 13 del cuaderno 2-1 pruebas. Folios 15 y 16 del cuaderno 2-1 pruebas. Folios 17 y 18 del cuaderno 2-1 pruebas. Folio 19 y 20 del cuaderno 2-1 pruebas. Folio 41 del cuaderno 2. Folios 54 a 59 del cuaderno 2. Folio 60 del cuaderno 2. Folio 61 del cuaderno 2. Folio 68 del cuaderno 2. Folios 70 a 73 del cuaderno 2. Folios 89 a 93 del cuaderno 2. El recurso fue concedido en el efecto suspensivo el 29 de julio de 2004 y posteriormente se corrigió, concediendo el recurso en el efecto devolutivo el 2 de septiembre de 2004 (Folios 77 a 82 del cuaderno 2)
Folios 104 a 111 del cuaderno 2. Folios 111 a 115 del cuaderno 2. Folios 37 a 39 del cuaderno 2-2. Folio 132 del cuaderno 2. Folio 134 del cuaderno 2. Folios 140 a 148 del cuaderno 2. Folios 144 a 148 del cuaderno 2. Folio 135 del cuaderno 2. Folios 154 a 169 del cuaderno 2. Folios 170 a 174 del cuaderno 2. Folios 178 a 186 del cuaderno 2. Folio 188 del cuaderno 2. Folio 194 del cuaderno 2. Folios 192 y 193 del cuaderno 2. Folios 34 a 38 del cuaderno 2-1 pruebas. Folio 201 del cuaderno 2. Folio 204 del cuaderno 2. Folio 203 del cuaderno 2. Folio 205 del cuaderno 2. Folio 207 a 210 del cuaderno 2. Folios 214 a 217 del cuaderno 2. Folios 220 a 238 del cuaderno 2. Folio 239 y 240 del cuaderno 2. Folios 242 a 249 del cuaderno 2. Folios 249 y 250 del cuaderno 2. Folio 252 del cuaderno 2. Folio 253 del cuaderno 2. Folio 254 del cuaderno 2. Folios 257 a 276 del cuaderno 2. Folios 53 y 54 del cuaderno 1.
“Artículo 368. Causales. Son causales de casación:
“1. Ser la sentencia violatoria de una norma de derecho sustancial.
“La violación de norma de derecho sustancial, puede ocurrir también como consecuencia de error de derecho por violación de una norma probatoria, o por error de hecho en la apreciación de la demanda, de su contestación o de determinada prueba”.
“Artículo 1079. El asegurador no estará obligado a responder si no hasta concurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1074”.
“Artículo 1602. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”.
“Artículo 1568. Definición de obligaciones solidarias.
En general cuando se ha contraído por muchas personas o para con muchas la obligación de una cosa divisible, cada uno de los deudores, en el primer caso, es obligado solamente a su parte o cuota en la deuda, y cada uno de los acreedores, en el segundo, sólo tiene derecho para demandar su parte o cuota en el crédito.
“Pero en virtud de la convención, del testamento o de la ley puede exigirse cada uno de los deudores o por cada uno de los acreedores el total de la deuda, y entonces la obligación es solidaria o in solidum.
“La solidaridad debe ser expresamente declarada en todos los casos en que no la establece la ley”. Folios 285 a 301 del cuaderno 2. Folios 79 a 85 del cuaderno .1
Folios 86 a 88 del cuaderno 1. Folios 89 a 92 del cuaderno 1. Folios 355 a 374 del cuaderno 2. Publicada en el Diario Oficial 42.745 de 15 de marzo de 1.996. Conviene precisar que el acceso a la administración de justicia implica el ejercicio del derecho de acción, es decir, la posibilidad de que cualquier persona solicite a los jueces competentes la protección o el restablecimiento de los derechos que consagran la Constitución y la ley. Y el ejercicio del derecho de contradicción, pues el individuo debe contar con el acceso a la jurisdicción cuando se ha formulado una pretensión en su contra [Rojas Gómez, Miguel Enrique. Lecciones de derecho procesal, Tomo I, Teoría del proceso. Tercera edición, Bogotá D.C, enero de 2013]. De esta forma, el derecho de acceso a la administración de justicia es un presupuesto indispensable para la materialización de los demás derechos fundamentales pues no es posible el cumplimiento de las garantías sustanciales y de las formas procesales establecidas por el legislador sin que se garantice adecuadamente dicho acceso. Por consiguiente, se erige como uno de los pilares que sostiene el modelo de Estado Social y Democrático de Derecho, toda vez que abre las puertas para que los individuos ventilen sus controversias ante las autoridades judiciales y de esta forma se protejan y hagan efectivos sus derechos. [Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 28 de mayo de 2012, Rad. 2011-01174, C.P.: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren]
Por su parte, si bien el derecho a la tutela judicial efectiva no se encuentra codificado en el derecho positivo colombiano, a diferencia de lo que ocurre en el ordenamiento alemán, italiano y español; lo cierto es que ha sido reconocido jurisprudencialmente, a partir de la influencia de las normas convencionales – artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Civiles y Políticos - como un derecho fundamental que comprende el derecho de acceso a la administración de justicia, algunas garantías propias del debido proceso y la obligación correlativa de las autoridades judiciales de promover e impulsar todas las condiciones que sean necesarias para que el acceso de los particulares a sea real y efectivo. Luego, este derecho involucra la necesidad de que los jueces deriven en sus providencias la dimensión pro actione. Para la doctrina colombiana, este derecho dispone la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad y sin obstáculos o barreras desproporcionadas, a un juez o tribunal independiente e imparcial, frente al cual se pueda ejercer plena defensa de los derechos o intereses propios con el fin de obtener, dentro de un plazo razonable, la debida protección del Estado. Catalogándolo como un derecho de naturaleza prestacional, pues exige ciertas obligaciones del aparato estatal con miras a su realización. En este sentido, será el legislador quien defina los cauces que permitirán su ejercicio.[ Araujo, R (2011). Acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. Propuesta para fortalecer la justicia administrativa. Visión de derecho comparado, Estud. Socio-Juríd vol.13 no.1 Bogotá Jan./June 2011]
Al respecto, se pueden consultar las sentencias T-553 de 1995, M.P.Carlos Gaviria Díaz; T-406 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-268 de 1996. M.P.:
Antonio Barrera Carbonell; y T-1051 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; y Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 28 de mayo de 2012, Rad. 2011-01174, C.P.: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Corte Constitucional. Sentencia C-37 de 5 de febrero de 1996. M.P.: Vladimiro Naranjo Mesa. Araujo, R (2011). Acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. Propuesta para fortalecer la justicia administrativa. Visión de derecho comparado, Estud. Socio-Juríd vol.13 no.1 Bogotá Jan./June 2011
Corte Constitucional, sentencia T-004 del 16 de enero de 1995, reiterada en: sentencia C-037 de 5 de febrero de 1996. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de noviembre de 2001, rad. 13164, M.P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia de 15 de abril de 2010, rad. 17507, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, entre otras. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 22 de noviembre de 2001 (exp. 13.164), reiterado, entre otras, en sentencia de 15 de abril de 2010 (exp. 17.507). Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 16 de febrero de 2006, exp. 14.307. Cf. Hoyos Duque, Ricardo. “La responsabilidad del Estado y de los jueces por la actividad jurisdiccional en Colombia”, en: Revista Vasca de la Administración Pública, No. 49, 1997, Pág. 142 y 143. Perfecto Andrés Ibáñez y Claudio Movilla Álvarez, El Poder Judicial, Madrid, Ed. Tecnos, 1986. p. 358. Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 8: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. CIDH, Detención arbitraria, Diez años de actividad, 1982, pág. 320. Citado por Daniel O’Donnell en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 2004, págs. 306-307 y 442. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 25 de noviembre de 2004, exp. 13539, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 25 de agosto de 2011, exp. 19162, C.P. Hernán Andrade Rincón;
“Artículo 400. Apertura a juicio. Con la ejecutoria de la resolución de acusación comienza la etapa del juicio y adquieren competencia los jueces encargados del juzgamiento y el Fiscal General de la Nación o su delegado la calidad de sujeto procesal.
“Al día siguiente de recibido el proceso por secretaría se pasarán las copias del expediente al despacho y el original quedará a disposición común de los sujetos procesales por el término de quince (15) días hábiles, para preparar las audiencias preparatoria y pública, solicitar las nulidades originadas en la etapa de la investigación y las pruebas que sean procedentes” (se destaca). Según constancia secretarial del 4 de junio de 2004, obrante a folio 67 del cuaderno 2. Folio 80 del cuaderno 2. Folio 82 del cuaderno 2. Ley 600 de 2000. “Artículo 50. Admisión de la demanda y facultades de la parte civil. Admitida la demanda de parte civil, ésta quedará facultada para solicitar la práctica de pruebas orientadas a demostrar la existencia de la conducta investigada, la identidad de los autores o partícipes, su responsabilidad, y la naturaleza y cuantía de los perjuicios ocasionados. Podrá igualmente denunciar bienes del procesado y solicitar su embargo y secuestro, e interponer recursos contra las providencias que resuelvan sobre las materias de que trata este artículo”. De conformidad con el artículo 193 de la Ley 600 de 2000, el recurso de apelación contra el auto que niega la práctica de pruebas debe concederse en el efecto devolutivo.
“Artículo 70. Culpa exclusiva de la víctima. El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley.
En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”.
“Artículo 254. Contradicción del dictamen. Cuando el funcionario judicial reciba el dictamen, procederá en la siguiente forma:
(…)
2. Si cumple con los requisitos indicados, se correrá traslado a los sujetos procesales por el término de tres (3) días para que soliciten su aclaración, ampliación o adición. Para la ampliación o adición el funcionario judicial fijará término”. Folio 218 del cuaderno 2. Según informe secretarial de 16 de octubre de 2008, entre el 11 y el 15 de septiembre del mismo año se suspendieron los términos judiciales por el cese de actividades promovido por Asonal Judicial de Bogotá. Ley 446 de 1998. “Artículo 18. Orden para proferir sentencias. Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social.
“La alteración del orden de que trata el inciso precedente constituirá falta disciplinaria. En estos casos, el Consejo Superior de la Judicatura o los Consejos Seccionales, en lo de su competencia, solicitarán al Juez o Ponente la explicación pertinente para efectos administrativos y disciplinarios. El Consejo Superior de la Judicatura o los Consejos Seccionales obrarán de oficio o a petición de quienes hayan resultado afectados por la alteración del orden”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de octubre de 2013, expediente 30495, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo, criterio reiterado en sentencia de esta Subsección del 24 de mayo de 2018, expediente 44.861; igualmente, ver Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 26 de febrero de 2018, expediente 41.978, M.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Folio 176 del cuaderno 2. Rama Judicial. Sistema Penal Acusatorio. Disponible en: https://www.ramajudicial.gov.co/documents/10228/1468182/DESAFIOS+DEL+SISTEMA+JUDICIAL%281%29.pdf/227b8052-a4d1-42f0-b0a6-c7833bbca057
Según informe 89113-059-05 de la Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría General de la República, visto a través del enlace HYPERLINK "https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/466201/Evaluacion-SPOA" \h https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/466201/Evaluacion-SPOA
Corte Constitucional. Sentencia T-125 de 23 de febrero de 2010. Ley 600 de 2000. “Artículo 185. Clases. Contra las providencias proferidas dentro del proceso penal, proceden los recursos de reposición, apelación y de queja, que se interpondrán por escrito, salvo disposición en contrario”.
“Artículo 193. Efectos de las providencias apeladas. Sin perjuicio de lo señalado en otras disposiciones de este código, los recursos de apelación se concederán en los siguientes efectos:
“a) En el suspensivo la sentencia y las siguientes providencias:
(…)
“2. La que decreta nulidad en la etapa de juzgamiento”.
“Artículo 70. Culpa exclusiva de la víctima. El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”.
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