Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2011-01686-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2011-01686-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 76001-23-31-000-2011-01686-01
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
22 de agosto de 2023
Radicado: 76001-23-31-000-2011-01686-01 (59011)
Demandante: Aleyda Patricia Chacón Marulanda
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., veintidós (22) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Reparación directa
Radicación: 76001-23-31-000-2011-01686-01 (59011)
Demandante: Aleyda Patricia Chacón Marulanda
Demandadas: Nación – Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial
Tema: Privación de la libertad. Se confirma la decisión de condenar a la
Rama Judicial porque se acreditó la ilegalidad de la detención de la
demandante. Se revoca la decisión de condenar a la Fiscalía
porque el daño no le es imputable.
SENTENCIA
Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala
resuelve los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia
dictada el 22 de octubre de 2015 por el Tribunal Administrativo de Antioquia –
Sala Sexta de Descongestión, en la que se dispuso:
<<(…) PRIMERO: No prosperan las excepciones propuestas.
SEGUNDO: DECLÁRESE solidaria y administrativamente responsable a la
NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y RAMA JUDICIAL, de los
perjuicios ocasionados a la demandante, derivados del error judicial cometido por
ellas, como se explicó en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNESE a las demandadas,
a pagar a título de daño moral a favor de la señora ALEYDA PATRICIA CHACÓN
MARULANDA, la suma de 15 SMLMV, a la fecha de ejecutoria de esta
providencia.
CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
QUINTO: Sin costas en esta instancia. (…)>>
La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de recursos de
apelación interpuestos en vigencia de la Ley 270 de 1996 contra una sentencia
proferida en primera instancia por un tribunal, dentro de un proceso de reparación
directa por hechos de la administración de justicia.
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Demandante: Aleyda Patricia Chacón Marulanda
Los recursos de apelación fueron admitidos mediante auto del 27 de abril de
20171; se corrió traslado para alegar de conclusión el 5 de mayo de 20172; la
Fiscalía General de la Nación alegó de conclusión. Las demás partes guardaron
silencio. El Ministerio Público no rindió concepto.
I. ANTECEDENTES
A. Posición de la parte demandante
1.- La demanda que dio origen al proceso fue interpuesta el 17 de noviembre de
2011 por Aleya Patricia Chacón Marulanda. Se dirigió contra la Fiscalía General
de la Nación y la Rama Judicial para obtener la reparación del daño causado por
la privación injusta de la libertad a la que fue sometida la demandante <<hasta el
día 24 de agosto de 2009>>3. En el proceso penal se le imputó el delito de
falsedad en documento privado.
2.- En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:
<<(…) Solicito, que por los hechos, pruebas y argumentos invocados se profieran
las siguientes o similares declaraciones, en contra de las demandas y a favor de
la Sra. ALEYDA PATRICIA CHACON MARULANDA, así:
1) Declarar administrativa y patrimonialmente responsables a las siguientes, de
los daños y perjuicios referenciados en los hechos, causados a mi poderdante
ALEYDA PATRICIA CHACON MARULANDA:
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
RAMA JUDICIAL - Representada legalmente por el DIRECTOREJECUTIVO DE
ADMINISTRACION JUDICIAL
2) Que como consecuencia de producirse, ambas o alguna de las declaraciones
anteriores, se condene a los demandados, resarcimiento y pago de los daños y
perjuicios, relacionados, así:
DAÑOS MATERIALES
Para la Sra. ALEYDA PATRICIA CHACON MARULANDA, la suma que resultare
probada dentro del proceso, así:
A- En su calidad de daño emergente, la suma que resulte probada dentro del
proceso, por costo de defensa penal ante una investigación y juzgamiento
absurdo, sin requisitos legales.
B- En su calidad de lucro cesante:
• Los intereses a que hubiere lugar desde el día de verificación y sufragio del
daño material, desde el día posterior a la información del daño o la fecha que se
1 Fl. 281, c. 4.
2 Fl. 283, c. 4.
3 Según lo indicado en las afirmaciones de la demanda.
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Demandante: Aleyda Patricia Chacón Marulanda
pruebe, por los hechos materia del litigio o en su defecto la corrección monetaria
a que hubiere lugar, hasta el día de pago efectivo.
• Las ganancias laborales dejadas de percibir por la privación de la injusta de la
libertad o detención domiciliaria y el costo de tratamiento psicológico,
conjuntamente con sus traslados, medicación, etc.
DAÑOS MORALES
Para la Sra. ALEYDA PATRICIA CHACON MARULANDA 70 Salarios Mínimos
Mensuales Vigentes al momento de pago efectivo.
DAÑOS A LA VIDA DE RELACIÓN
Para la Sra. ALEYDA PATRICIA CHACON MARULANDA 70 Salarios Mensuales
Vigentes al momento de pago efectivo.
3) Por las costas, honorarios y agencias en derecho que el Honorable Tribunal
sabrá, liquidar oportunamente.>>
3.- Las pretensiones se fundaron en las siguientes afirmaciones:
3.1.- A raíz de una <<denuncia sin pruebas>>, la Fiscalía vinculó como persona
ausente a la demandante Aleya Patricia Chacón Marulanda a una investigación
penal. Según la denuncia, la demandante, en calidad de funcionaria de Porvenir
S.A., incurrió en una falsedad al afiliar al sistema de seguridad social al señor
Argemiro Villamizar Vera.
3.2.- En sentencia del 17 de mayo de 2007, el Juzgado 17 Penal del Circuito de
Cali condenó a la demandante a 27 meses de prisión como autora del delito de
falsedad de documento privado.
3.3.- Cuando la demandante se enteró de la existencia de la sentencia penal
condenatoria, interpuso acción de tutela con el fin de que fuera dejada sin efectos.
3.4.- En sentencia del 24 de agosto de 2009 el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cali – Sala Penal amparó los derechos fundamentales de la
demandante y decretó la nulidad del proceso penal desde que la demandante fue
vinculada como persona ausente.
3.5.- En consecuencia, [la demandante] <<hasta el día 24 de agosto de 2009
(…) debió soportar la privación injusta de su libertad>>.
3.- La demandante afirmó que fue privada injustamente de la libertad porque: (i)
fue vinculada inadecuadamente al proceso penal y (ii) fue detenida sin que se
<<verificara la realidad de los hechos>>.
4.- Solicitó la reparación de los siguientes perjuicios: (i) el lucro cesante por <<el
tiempo dejado de laborar en las mismas capacidades como una persona libre>>;
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Demandante: Aleyda Patricia Chacón Marulanda
(ii) el daño emergente por concepto de los gastos que tuvo que asumir para su
defensa en el proceso penal; (iii) los perjuicios morales y el daño a la vida de
relación que padeció a raíz de la depresión y las afectaciones causadas por la su
privación de la libertad.
B. Posición de las entidades demandadas
5.- La Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones de la demanda
porque no se demostró que hubiera incurrido en error judicial en la investigación
penal adelantada contra la demandante. Si bien la demandante fue vinculada
como persona ausente al proceso penal, destacó que no se configuró una
privación injusta de la libertad porque estuvo asistida por un defensor de oficio.
6.- La Rama Judicial también se opuso las pretensiones de la demanda. En su
contestación señaló que la actuación del juez 17 penal del Circuito de Cali dentro
del proceso penal se enmarcó dentro del ordenamiento jurídico. Así mismo,
formuló la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva porque fue
la Fiscalía quien causó el daño al vincular a la demandante como persona
ausente en el proceso penal.
C. Sentencia recurrida
7.- En la sentencia del 22 de octubre de 2015, el Tribunal Administrativo de
Antioquia – Sala Sexta de Descongestión condenó solidariamente a la Fiscalía y
a la Rama Judicial. El tribunal destacó que la demandante no demostró haber
sido privada de la libertad. Sin embargo, concluyó que <<independientemente si
hubo o no privación injusta de la libertad, la accionante sufrió perjuicios morales
por angustia y zozobra generada por la sentencia condenatoria dictada en su
contra y la orden de captura expedida a razón de la misma, actuaciones
derivadas del error cometido por las entidades accionadas, sin que se le hubiese
dado oportunidad de defenderse, es decir, violándose su debido proceso>>. En
consecuencia, condenó a las demandadas a reparar los perjuicios morales
sufridos por la demandante en la cuantía transcrita al principio de esta
providencia, y negó la reparación de los demás perjuicios porque no se probaron.
D. Recursos de apelación
8.- La parte demandante solicita que se modifique la condena impuesta en la
sentencia recurrida porque: (i) se acreditó que estuvo detenida en su domicilio
desde el mes de abril de 2009 hasta el 24 de agosto de 2009; (ii) durante su
detención domiciliaria, la demandante estuvo embarazada, lo que agravó el daño
que sufrió; (iii) <<así las cosas, el operador judicial debe ser ecuánime al tasar
perjuicios, sin ser demasiado bajos, ni muy altos, sino enmarcados en el art. 16
de la Ley 446 de 1998, esto es que produzcan un verdadero resarcimiento; y, (iv)
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Demandante: Aleyda Patricia Chacón Marulanda
con la prueba testimonial se acreditó el lucro cesante, el cual, por lo menos, debió
ser tasado con base en la presunción del salario mínimo legal mensual vigente.
9.- La Fiscalía solicita que se revoque la sentencia recurrida y, en su lugar, se
nieguen las pretensiones de la demanda porque: (i) contrariamente a lo sostenido
por el tribunal, sí se acreditó que la demandante estuvo privada de la libertad en
detención domiciliaria; (ii) sin embargo, no se configuró una privación injusta de
la libertad porque <<en el proceso penal no se hizo efectiva ninguna medida
cautelar de aseguramiento preventivo>> y la detención domiciliaria fue ordenada
a raíz de la condena impuesta en la sentencia penal que posteriormente fue
dejada sin efectos; y, (iii) el ente investigador no incurrió en falla del servicio en
el trámite de la investigación penal.
10.- La Rama Judicial solicita que se revoque la condena dictada en su contra.
Su inconformidad se centra en los mismos reparos que formuló en la contestación
de la demanda, esto es que: (i) no incurrió en falla del servicio porque las
decisiones del Juzgado 17 Penal del Circuito de Cali fueron adecuadas y (ii) el
daño es imputable a la Fiscalía porque fue la entidad que vinculó a la demandante
como persona ausente.
II. CONSIDERACIONES
E. Asuntos procesales
11.- La Sala se pronunciará de fondo porque están reunidos los presupuestos
procesales para fallar y la demanda fue presentada dentro del término de dos
años contados desde la ejecutoria de la providencia penal que absolvió a la
señora Chacón Marulanda, momento en el cual acaece del daño en los términos
del artículo 136 del C.C.A., según lo ha precisado la jurisprudencia en los eventos
de privación injusta de la libertad. En efecto: (i) en la providencia del 9 de
noviembre de 2009, la Fiscalía Seccional de Cali declaró la extinción de la acción
penal por prescripción a favor de la demandante. Según la constancia secretarial,
esa providencia quedó ejecutoriada el 30 de noviembre de 2009. En
consecuencia, el término de caducidad se extendió hasta el 1º de diciembre de
2011; (ii) la parte demandante presentó la solicitud de conciliación prejudicial el
25 de agosto de 2011 y dicho trámite se declaró fallido el 26 de octubre de
2011, y (iii) la demanda se presentó oportunamente el 17 de noviembre de 2011.
F. Decisión
12.- Con el auto del 24 de junio de 2009, la diligencia de compromiso y el registro
SISIPEC está acreditado que la demandante estuvo detenida en su domicilio
entre el 24 de junio de 2009 y el 7 de septiembre de 2009. Sin embargo, en la
demanda se afirmó que la detención se extendió <<hasta el día 24 de agosto de
2009>>. En consecuencia, la Sala estudiará únicamente el daño comprendido
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Radicado: 76001-23-31-000-2011-01686-01 (59011)
Demandante: Aleyda Patricia Chacón Marulanda
entre el 24 de junio de 2009 y el 24 de agosto de 2009, esto es por un período
de dos (2) meses y un (1) día.
13.- Con la providencia del 9 de noviembre de 2009 se acreditó que la Fiscalía
General de la Nación – Seccional Cali - Valle - Unidad Especializada Ley 600 de
2000 - Despacho Fiscal 080 declaró la extinción de la acción penal en favor de la
demandante por la ocurrencia de la prescripción.
14.- La Sala confirmará la decisión de condenar a la Rama Judicial porque se
acreditó la ilegalidad de la detención de la demandante y revocará la decisión de
condenar a la Fiscalía porque el daño no le es imputable.
G. Plan de exposición
15.- La Sala seguirá la metodología adoptada en la sentencia de esta Subsección
del 4 de junio del 2019 para decidir los procesos de privación de la libertad4. En
consecuencia, se referirá a: (i) la ilegalidad de la privación de la libertad; (ii) las
entidades imputadas; (iii) el análisis de la culpa de la víctima y (iv) la
determinación de los perjuicios y la reparación.
H. La ilegalidad de la privación de la libertad
16.- La declaratoria de persona ausente estaba regulada en los siguientes
términos por el artículo 344 de la Ley 600 de 2000:
<<ARTICULO 344. DECLARATORIA DE PERSONA AUSENTE. Si ordenada la
captura, no fuere posible hacer comparecer al imputado que deba rendir
indagatoria, vencidos diez (10) días contados a partir de la fecha en que la orden
haya sido emitida a las autoridades que deban ejecutar la aprehensión sin que
se haya obtenido respuesta, se procederá a su vinculación mediante declaración
de persona ausente. Esta decisión se adoptará por resolución de sustanciación
motivada en la que se designará defensor de oficio, se establecerán de manera
sucinta los hechos por los cuales se lo vincula, se indicará la imputación jurídica
provisional y se ordenará la práctica de las pruebas que se encuentren
pendientes. Esta resolución se notificará al defensor designado y al Ministerio
Público y contra ella no procede recurso alguno.
De la misma manera se vinculará al imputado que no haya cumplido la citación
para indagatoria dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha fijada para el
efecto, cuando el delito por el que se proceda no sea de aquellos para lo que es
obligatoria la resolución de situación jurídica.
En ningún caso se vinculará a persona que no esté plenamente identificada>>.
17.- En relación con el alcance de esta figura, la Sala ha destacado lo siguiente:
4 Ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia
del 4 de junio del 2019. Expediente: 39.626. M.P.: Dr. Alberto Montaña Plata.
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Demandante: Aleyda Patricia Chacón Marulanda
<<La declaratoria de persona ausente ha sido entendida, por la jurisprudencia de
la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, como el último recurso
que tiene la autoridad competente para vincular a una persona al proceso penal
que se sigue en su contra, ante la imposibilidad cierta de ubicarla y lograr que
comparezca personalmente a la actuación. Es decir, no se trata de “la regla
general” en el proceso penal –solo supletoria o residual-, dado que la diligencia
de indagatoria siempre será “el instrumento óptimo de vinculación”, con el fin de
que el sindicado ejerza plenamente sus derechos de defensa y debido proceso,
ante la posibilidad de discutir directamente los cargos imputados; enfrentar, en
igualdad de condiciones, a la entidad encargada de la instrucción de su caso e,
incluso, seleccionar el apoderado de confianza que asumirá su defensa (Cfr.
Corte Constitucional. Sentencia C-248 de 2004). Por tanto, si a pesar de la
citación realizada por la fiscalía al entonces imputado para que rinda diligencia
de indagatoria o de la orden de captura dictada en su contra con el mismo fin, y
después de agotados todos los medios para obtener su ubicación, no es posible
asegurar su comparecencia, el funcionario de conocimiento podrá optar por la
declaratoria de persona ausente. Por esto, la Corte Constitucional ha sostenido
que “la legalidad de dicha declaratoria, presupone la rebeldía o (…) la ausencia
real del procesado” (Ibídem). En el mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia
ha explicado lo siguiente: “Por eso la doctrina de la Sala ha tenido oportunidad
de hacer diferencia entre el procesado que se oculta y que, en consecuencia, se
niega a afrontar el proceso penal -a pesar de ser citado al mismo o pretendido a
través de orden de captura- y aquél que no tiene oportunidad de enterarse de la
existencia del mismo (…)”. Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Penal, Sentencia de 18 de diciembre de 2000 citada en la Sentencia de 5 de junio
de 2019, Exp. 54.151>>5.
18.- Con la sentencia de tutela del 24 de agosto de 2009 se acreditó que la
demandante fue condenada en el proceso penal, a pesar de que no fue
debidamente vinculada al proceso, lo que violó su derecho al debido proceso:
<<(…) En el caso particular se vislumbra, que si bien es cierto, se enviaron
citaciones a la accionante, primero a la calle 12 No. 20-16 del Barrio Junín y
posteriormente a la carrera 20 No. 9-12, apartamento 304 del Barrio Bretaña, con
el fin de informarle de la fecha para rendir indagatoria, también lo es, que no obra
constancia o al menos dato alguno que permita inferir que recibió tal
comunicación, más aún, si se tiene en cuenta lo afirmado por el togado de la
defensa en el sentido de precisar que ALEYDA PATRICIA CHACON
MARULANDA, siempre ha sido una persona de fácil ubicación, por cuanto posee
línea móvil a su nombre, cuentas de ahorro y corriente en diferentes entidades
crediticias -en donde reposan sus datos personales- y Porvenir S.A., conocía
detalladamente toda la información requerida para ubicarla.
Ahora bien, ante su aparente imposibilidad de ubicación por parte de la Fiscalía,
le era obligatorio al Ente de Instrucción agotar los pasos previos señalados por
nuestro más alto tribunal de justicia.
Véase, que aunque se cumplió con la citación a indagatoria -aunque no obre
constancia que la accionante la haya recibido- se omitió librar la orden de captura,
al tenor de lo dispuesto en el artículo 344 de la normatividad procesal vigente
para la época de los hechos -ley 600 de 2000-, y una vez transcurridos 10 días a
5 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección B. Expediente
76001-23-31-000-2011-01681- 01 (51.653). Sentencia del 19 de noviembre de 2021. M.P.: Dr. Alberto
Montaña Plata.
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Radicado: 76001-23-31-000-2011-01686-01 (59011)
Demandante: Aleyda Patricia Chacón Marulanda
partir de la fecha en que la orden se emitió -sin que se hubiera obtenido respuesta
por parte de las autoridades que debían ejecutar la aprehensión-, proceder a la
vinculación de la procesada, mediante declaratoria de persona ausente.
Así las cosas, se logra determinar que efectivamente a ALEYDA PATRICIA
CHACON MARULANDA, se le cercenó la oportunidad de ejercer su derecho de
defensa, pues no se le brindó la oportunidad de aportar y contradecir las pruebas
presentadas en su contra y debatir las decisiones judiciales, sin embargo, la falta
de diligencia por parte de la Fiscalía culmino quebrantando un derecho esencial
como es el debido proceso. (…)>>
I. Entidad imputada
19.- El daño es imputable en su totalidad solamente a la Rama Judicial debido a
que la demandante fue detenida en virtud de la sentencia penal condenatoria
dictada en su contra.
J. Análisis de la culpa de la víctima
20.- La parte demandada no acreditó que la víctima directa hubiera realizado
conductas dentro del proceso penal que pudieran ser determinantes para la
imposición de la medida de aseguramiento. Así mismo, de las pruebas aportadas
al proceso la Sala tampoco encuentra configurada la culpa exclusiva de la
víctima.
K. Determinación de los perjuicios y reparación
i. Perjuicios morales
21.- En aplicación de la sentencia de unificación del 29 de noviembre de 2021 6,
y teniendo en cuenta que la demandante estuvo detenida en su domicilio por un
término de dos (2) meses y un (1) día, se reconocerá a su favor una
indemnización por concepto de perjuicios morales equivalente a cinco punto
cero ocho (5,08) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
ii. Daño al buen nombre
22.- Como lo ha explicado la Sala en diversos pronunciamientos, toda privación
injusta de la libertad, sin importar el delito que hubiera sido imputado al entonces
procesado, trae consigo una intensa vulneración del derecho al buen nombre de
quien la padeció. Por lo tanto, con fundamento en la sentencia de unificación del
28 de agosto de 2014 de esta Sección, es procedente ordenar en estos casos,
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 29 de
noviembre de 2021. Expediente 46681.
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Demandante: Aleyda Patricia Chacón Marulanda
inclusive de oficio, la adopción de medidas no pecuniarias para la reparación de
este perjuicio7.
23.- Debido a que la privación de la libertad a la cual fue sometida la demandante
Aleyda Patricia Chacón Marulanda afectó su derecho al buen nombre, la Sala
ordenará al director ejecutivo de la Administración Judicial de la Rama Judicial
que expida un comunicado en el que ofrezca disculpas a la víctima por el perjuicio
causado y se reconozca que no era responsable del delito que se le imputó. De
acuerdo con el principio según el cual este tipo de reparaciones integrales debe
concertarse con la víctima, la demandante le informará a la Rama Judicial, dentro
del mes siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si dicho documento
solamente debe entregársele en físico o si, además, desea que se publique en
las plataformas de comunicación y difusión de la entidad; a ello se procederá
una vez así sea comunicado. De no hacerse ninguna manifestación durante ese
lapso, se entenderá que la víctima opta por que las disculpas se expresen de
manera privada en documento físico, por lo que se procederá de esa forma.
iii. Daño a la vida de relación
24.- La Sala negará la indemnización del daño a la vida de relación. La
denominación de dicha tipología de perjuicio fue abandonada a partir de la
sentencia de unificación del 14 de septiembre del 20118. En todo caso, la parte
actora solicitó bajo este concepto la indemnización de los perjuicios causados por
la depresión y las afectaciones que padeció por su privación de la libertad, lo cual
se puede enmarcar como un daño a la salud. Sin embargo, la parte actora no
acreditó dichas afectaciones porque: (i) los extractos de la historia clínica de la
demandante allegados al proceso no evidencian que la privación de la libertad de
la demandante le haya causado depresiones o dificultades en su embarazo; (ii)
si bien en los testimonios de Blanca Milena Penagos, Javier Vásquez Neira y Ana
Camila Gironza se menciona que la detención le causó depresión y dificultades
en el embarazo a la demandante, sus afirmaciones no son suficientes para
acreditar el nexo entre dicho perjuicio -el cual no se acreditó con la historia clínica-
y la causa generadora del daño.
iv. Daño emergente
25.- La Sala negará la reparación del daño emergente derivado de su defensa
penal porque la demandante no allegó como prueba la factura o documento
equivalente, acompañada de la prueba de su pago, expedidos ambos por el
abogado que asumió su defensa en el proceso penal, en los términos de las
7 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2014, Radicación No.
05001-23-25-000-1999-01063-01, Exp. 32988.
8 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia del 14 de septiembre de 2011. Exp. 38222.
M.P. Enrique Gil Botero.
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Radicado: 76001-23-31-000-2011-01686-01 (59011)
Demandante: Aleyda Patricia Chacón Marulanda
reglas jurisprudenciales señaladas en sentencia de unificación del 18 de julio de
2019.9
v. Lucro cesante
26.- Con las piezas del proceso penal, en especial la solicitud de sustitución de
la pena por detención domiciliaria y el auto que la concedió, y las pruebas
testimoniales, se acreditó que la demandante trabajaba como abogada litigante
para el momento en el cual fue capturada. Sin embargo, no se acreditó el monto
de los ingresos que recibía con ocasión de esa actividad. En consecuencia, en
aplicación de las reglas jurisprudenciales señaladas en sentencia de unificación
del 18 de julio de 2019,10 la Sala liquidará el lucro cesante con base en el salario
mínimo legal mensual vigente, sin adicional el 25% por concepto de prestaciones
sociales debido a que no se solicitó en la demanda ni se acreditó que la
demandante tuviera un contrato laboral. En consecuencia, el lucro cesante se
liquidará así:
26.1.- Periodo indemnizable: dos (2) meses y un (1) día
26.2.- Salario Mínimo 2023: $ 1.160.000
26.3.- Se calcula con base en la siguiente fórmula:
S = Ra (1 + i)n - 1
i
Donde:
S= Valor de indemnización por el período
Ra= Renta actualizada
i= Interés técnico del 0.00467
n= número de meses a indemnizar 13,3
1= Constante
(1 + 0.004867) 2,03 - 1
S = 1.160.000
0.004867
S = $ 2.360.702,60
L. Costas
9 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de Unificación del 18 de julio de 2019, proceso Nº. 2009-
00133-01 (44572).
10 Ibídem.
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Demandante: Aleyda Patricia Chacón Marulanda
27.- En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar
de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con
lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado
por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: MODIFÍCASE la sentencia dictada el 22 de octubre de 2015 por el
Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Sexta de Descongestión, así:
<<PRIMERO: CONDÉNASE a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL a reparar
el daño causado por la privación de la libertad de la demandante Aleyda
Patricia Chacón Marulanda.
SEGUNDO: CONDÉNASE a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL a pagar
cinco punto cero ocho (5,08) salarios mínimos legales mensuales vigentes
a favor de la demandante Aleyda Patricia Chacón Marulanda, por
concepto de perjuicios morales.
TERCERO: CONDÉNASE a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL a pagar dos
millones trescientos sesenta mil setecientos dos pesos con sesenta
centavos ($2.360.702,60) a favor de la demandante Aleyda Patricia
Chacón Marulanda, por concepto de lucro cesante.
CUARTO: ORDÉNASE al director ejecutivo de la Administración Judicial
de la Rama Judicial emitir un comunicado en el cual ofrezca disculpas a la
demandante Aleyda Patricia Chacón Marulanda por el daño antijurídico
que padeció con ocasión de la privación injusta de su libertad, en los
términos señalados en esta providencia.
QUINTO: NIÉGUENSE las demás pretensiones de la demanda.
SEXTO: SIN CONDENA en costas.
SÉPTIMO: Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176
a 178 del CCA.
OCTAVO: Para el cumplimiento de la sentencia expídanse copias con
destino a las partes, de conformidad con el artículo 114 del CGP>>.
11
Radicado: 76001-23-31-000-2011-01686-01 (59011)
Demandante: Aleyda Patricia Chacón Marulanda
SEGUNDO: SIN CONDENA en costas en esta instancia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el
expediente a su Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con salvamento parcial de voto
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Con aclaración de voto
12
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