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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-31-000-2011-01698-01

Fecha
28 de julio de 2022
Consejero ponente
Sandra Lisset Ibarra Velez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-31-000-2011-01698-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 3 de octubre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, sala de decisión cuarta, que negó las súplicas de la demanda, conforme a la parte motiva. SEGUNDO: Ejecutoriada la sentencia, por la secretaría de la sección segunda, regresar el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-31-000-2011-01698-01

Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Velez

28 de julio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

CONSEJERA PONENTE: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Bogotá D.C., 28 de julio de 2022.

Radicación: 76001-23-31-000-2011-01698-01
N° Interno: 0843-2021
Demandante: Luz Stella Micolta Durán
Demandados: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP)1 y Nación - Ministerio de Salud y Protección
Social – ESE Antonio Nariño Liquidada
Tema: Reconocimiento pensión de jubilación con fundamento
en convención colectiva de trabajo

FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA – DECRETO 01 DE 1984

Teniendo en cuenta que no existen irregularidades, vulneración a las garantías
de las partes, ni nulidades procesales, decide la Sala 2 el recurso de apelación
interpuesto por la demandante contra la sentencia del 3 de octubre de 2019,
dictada por el Tribunal Administrativo del Quindío, sala de decisión cuarta, que
negó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

Pretensiones

1. La señora Luz Stella Micolta Durán demanda con la finalidad de obtener la
nulidad de la Resolución 19 del 22 de enero de 2010, por medio de la cual el
apoderado general liquidador de la ESE Antonio Nariño en Liquidación le negó el
reconocimiento de la pensión de jubilación.

2. A título de restablecimiento del derecho solicita el reconocimiento de la
pensión de jubilación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 98 y 101

1 En lo que sigue UGPP.
2 El expediente ingresó al Despacho el 24 de noviembre de 2021, según informe secretarial visible a folio

597.

2
Expediente No. 76001-23-31-000-2011-01698-01
No. Interno: 0843-2021
Demandante: Luz Stella Micolta Durán
Demandados: UGPP y otro

de la convención colectiva de trabajo suscrita entre el Instituto de Seguro Social
(ISS)3 y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Seguridad Social
(SINTRASEGURIDADSOCIAL)4, a partir del 14 de abril de 2009, equivalente al
75% del promedio de lo percibido en el último año de servicios. También, pide el
pago de las mesadas pensionales desde dicha fecha hasta su cancelación y de
los intereses a que haya lugar, indexar las sumas que resulten, dar cumplimiento
a la sentencia dentro de los 30 días siguientes a su ejecutoria y condenar en
costas.

3. Subsidiariamente, pide que el tiempo laborado en la ESE Antonio Nariño sea
tenido en cuenta para efectos del otorgamiento de la prestación, en
consideración al reconocimiento de los derechos convencionales efectuado por
el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Cali, a través de sentencia del
3 de marzo de 2011.

Hechos

4. Para una mejor comprensión del asunto, a continuación la Sala ilustra la
situación fáctica expuesta por la demandante.

5. Manifiesta, que nació 13 de abril de 1959 y prestó sus servicios en la
Secretaría de Salud del Tolima entre el 21 de mayo y el 21 de diciembre de
1984.

6. Sostiene, que se desempeñó como médica, vinculada como trabajadora oficial
del ISS entre el 9 de noviembre de 1987 y el 25 de junio de 2003, fecha a partir
de la cual el ente previsional se escindió en cumplimiento de lo previsto por el
Decreto 1750 de 2003, por lo que desde el 26 de junio de dicha anualidad hasta
el 31 de mayo de 2007, prestó sus servicios como empleada pública de la ESE
Antonio Nariño.

7. Refiere, que siendo trabajadora del ISS y afiliada a
SINTRASEGURIDADSOCIAL se hizo beneficiaria de la convención colectiva
firmada entre estas partes, la cual tuvo un periodo de vigencia durante los años
2001 a 2004.

3 En adelante ISS.
4 En lo sucesivo SINTRASEGURIDAD SOCIAL.

3
Expediente No. 76001-23-31-000-2011-01698-01
No. Interno: 0843-2021
Demandante: Luz Stella Micolta Durán
Demandados: UGPP y otro

8. Informa, que mediante petición del 21 de diciembre de 2009 solicitó a la ESE
Antonio Nariño en Liquidación el reconocimiento de la pensión de jubilación, la
que le fue negada por el apoderado general liquidador de la entidad mediante la
Resolución 19 del 22 de enero de 2010, toda vez que al no ser destinataria del
régimen de transición dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el
régimen pensional aplicable es el previsto en esta última ley, modificada por la
Ley 797 de 2003, cuyos requisitos incumple, específicamente, la edad requerida.

Normas vulneradas y concepto de violación

9. La demandante cimenta sus pretensiones en los artículos 2, 13, 39, 53 y 58
de la Constitución Política; y 17 y 18 del Decreto 150 de 2003; el Acto Legislativo
01 de 2005; los Convenios 89, 98 y 153 del la OIT; y el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PISDESC).

10. Al respecto, considera que el acto acusado fue falsamente motivado y
desconoció sus derechos adquiridos, toda vez que por el cambio de naturaleza
jurídica surgido a partir de la escisión del ISS, ordenada por el Decreto 1750 de
2003, se omitió dar aplicación al acuerdo convencional suscrito entre dicho ente
de previsión y SINTRASEGURIDADSOCIAL y, en tal virtud, reconocer en su
favor la pensión de jubilación con la inclusión de la totalidad de factores pactados
dentro de la misma, la cual según su entender, se encontró vigente hasta el mes
de diciembre 2017, momento para el cual ya había reunido los requisitos para tal
fin.

11. Para sustentar lo anterior, se refirió a la sentencia C-314 de 2004, mediante
la cual la Corte Constitucional declaró exequibles los apartes demandados de los
artículos 16 y 18 del Decreto 1750 de 2003, por el cual se escindió el ISS y se
crearon unas empresas sociales del Estado.

12. Sostiene, que el tiempo en el que prestó sus servicios a la extinta ESE
Antonio Nariño debe computarse para efectos del reconocimiento de la pensión
de jubilación convencional, toda vez que el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Cali, mediante sentencia del 3 de marzo de 2011, le reconoció los
derechos convencionales desde el 26 de junio de 2003 hasta el 31 de mayo de
2007.

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Expediente No. 76001-23-31-000-2011-01698-01
No. Interno: 0843-2021
Demandante: Luz Stella Micolta Durán
Demandados: UGPP y otro

13. Por lo tanto, estima que tiene derecho a que se le reconozca la pensión de
jubilación de acuerdo con lo reglado en la convención colectiva de trabajo
suscrita por el ISS con SINTRASEGURIDADSOCIAL, con vigencia del 2001 al
2004.

Contestaciones de la demanda

14. La Nación - Ministerio de Salud y Protección Social – ESE Antonio Nariño
Liquidada se opone a la prosperidad de las pretensiones al considerar que el
acto que le negó el reconocimiento pensional a la demandante se encuentra
ajustado a derecho, toda vez que no se acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la Ley 33 de 1985 para ello, como tampoco los dispuestos en la
convención colectiva de trabajo suscrita entre el ISS y
SINTRASEGURIDADSOCIAL.

15. Lo anterior, toda vez que, de un lado, que la actora no es beneficiaria del
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para que
su pensión de jubilación fuera otorgada según la Ley 33 de 1985, pues al 1º de
abril de 1994, fecha de entrada en vigencia de la primera ley, no contaba con 35
años de edad. Por lo tanto, el régimen pensional aplicable a aquella es el
previsto en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la
Ley 797 de 2003, cuyos requisitos no cumple, específicamente la edad.

16. De otro, puesto que a la accionante no se le podía otorgar la pensión de
jubilación según la convención colectiva de trabajo suscrita entre el ISS y
SINTRASEGURIDADSOCIAL, pues al 31 de octubre de 2004, fecha hasta la
cual este estatuto resultó aplicable a los empleados de la liquidada ESE Antonio
Nariño, no acreditaba los requisitos de edad y tiempo de servicios.

17. La UGPP no se pronuncia en la instancia procesal.

La sentencia de primera instancia

18. El a quo niega las pretensiones de la demanda al considerar que la
demandante no era beneficiaria de la pensión convencional, en tanto pasó de ser
trabajadora oficial del ISS a ser empelada pública sin solución de continuidad a

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Expediente No. 76001-23-31-000-2011-01698-01
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Demandante: Luz Stella Micolta Durán
Demandados: UGPP y otro

la ESE Antonio Nariño, como consecuencia de la escisión del ISS, lo cual
conllevó a un cambio de su régimen laboral.

19. En este sentido, dado que al 31 de octubre de 2004 (fecha en la que perdió
vigencia dicha convención colectiva), la demandante tenía 45 años y 20 años y
13 días de servicios, es palmario que para ese momento aquella no tenía
consolidado su derecho pensional conforme a la convención, la cual exigía 50
años de edad y 20 años de servicios, por tal motivo no era beneficiaria de la
prestación deprecada.

20. Sostiene, que del contenido del Decreto 1750 de 2003 y de la sentencia C-
314 de 2004, que se pronunció sobre la exequibilidad de los artículos 16, 17, 18
y 19 de este, se establece que el cambio de naturaleza jurídica de la vinculación
de trabajador oficial a empleado público implicó la pérdida del derecho a
presentar pliegos de peticiones y a negociar convenciones colectivas de trabajo,
sin perjuicio de los derechos salariales y prestacionales adquiridos, los cuales
deben entenderse como aquellos que han ingresado al patrimonio del servidor.

21. En relación con este aspecto, indicó que el Consejo de Estado sostuvo, en
casos similares al presente, que los beneficios de la convención colectiva
únicamente deben mantenerse hasta el 31 de octubre de 2004, fecha en la que
culminó su vigencia inicial. Igual criterio adoptó la Corte Constitucional en la SU-
897 de 2012.

22. En cuanto a las costas, determina su improcedencia, pues no existe una
actuación temeraria o de mala fe por parte de la vencida.

Recurso de apelación

23. La demandante recurre la sentencia de primera instancia para que sea
revocada y, en su lugar, se acceda a las pretensiones. Las razones en que se
fundamenta su recurso son las siguientes:

24. Manifiesta, que el traslado sin solución de continuidad, a la ESE Antonio
Nariño conlleva la posibilidad de seguir beneficiándose de la convención
colectiva de trabajo suscrita entre el ISS y SINTRASEGURIDADSOCIAL, así
como el respeto de los derechos adquiridos que de ella emanan, pues es la

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Expediente No. 76001-23-31-000-2011-01698-01
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misma convención que en su artículo 2º autoriza una vigencia hasta el 2017.
Aunado a ello, los artículos 98 y 101 son aplicables para todas las personas que
al 2001 eran beneficiaros de este acuerdo, sin importar que haya mutado su
condición de trabajadora oficial a empleada pública.

25. Indica, que la Corte Constitucional en la sentencia SU-555 del 24 de julio de
2014 se pronunció respecto de la primera recomendación de la OIT en el sentido
de que se mantengan hasta su vencimiento los efectos de las convenciones y
pactos colectivos cuyo término se haya fijado para una fecha posterior al 31 de
julio de 2010, lo cual se traduce en el respeto de los derechos adquiridos en
materia pensional.

26. Sostiene, que la sentencia de primera instancia desconoció la garantía de los
derechos adquiridos y las expectativas legítimas, los cuales se derivan del
artículo 17 del Decreto 1750 de 2003, norma cuyos efectos se concretaron en i)
la incorporación a la planta de personal de los anteriormente trabajadores
oficiales del ISS y luego empleados públicos de las empresas sociales del
Estado, y ii) el traslado de quienes mantenían la condición de trabajadores
oficiales, en atención a las funciones que desempeñaban, para lo cual se
determinó que sería de manera automática y sin solución de continuidad.

27. Aduce, que la edad es un requisito de exigibilidad del derecho convencional
y no para su nacimiento, conforme a ello, la demandante es beneficiaria de la
convención colectiva de trabajo suscrita entre el ISS y
SINTRASEGURIDADSOCIAL para el reconocimiento de la pensión de jubilación,
pues en materia pensional dicho estatuto sigue vigente.

Alegatos en segunda instancia, concepto del Ministerio Público e
intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

28. La Nación - Ministerio de Salud y Protección Social – ESE Antonio Nariño
Liquidada presenta alegatos de conclusión en los que reitera los argumentos
expuestos en la contestación a la demanda.

29. La UGPP solicita confirmar la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda, toda vez que la Resolución 19 del 22 de enero de
2010, a través de la cual la ESE Antonio Nariño en su momento en liquidación,

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Expediente No. 76001-23-31-000-2011-01698-01
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Demandante: Luz Stella Micolta Durán
Demandados: UGPP y otro

negó la pensión de jubilación, se encuentra ajustada a derecho y surte plenos
efectos legales.

30. Lo anterior, teniendo en cuenta la pensión de jubilación de la actora no podía
ser concedida de conformidad con el régimen pensional previsto en la Ley 33 de
1985, dado que no era beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de
1993, porque cuando entró en vigencia no cumplía con los 35 años exigidos en
el artículo 36 ibídem y mucho menos puede pretender que le sea reconocida la
prestación según lo dispuesto en la convención colectiva suscrita entre el ISS y
SINTRASEGURIDADSOCIAL, pues la concurrencia efectiva de los dos
presupuestos legales (20 años de servicios y 50 años de edad), se dio en fecha
posterior al 31 de octubre de 2004, calenda esta en la cual ya habían cesado los
efectos de dicha convención.

31. La demandante, el Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado no se pronuncian en la instancia procesal.

CONSIDERACIONES DE LA SALA PARA FALLAR

Problema Jurídico

32. De acuerdo con los argumentos de la sentencia de primera instancia y los
cargos formulados en el recurso de apelación, le corresponde a la Sala
determinar si: ¿resulta viable reconocer la pensión de jubilación convencional a
una ex trabajadora oficial del ISS que se convirtió en empleada pública de la
ESE Antonio Nariño en aplicación de la convención colectiva de trabajo suscrita
entre el ISS y SINTRASEGURIDADSOCIAL el 31 de octubre de 2001, a pesar
de que durante su vigencia no cumplió el requisito de edad establecido para
ello?

33. Para resolver, la Sala analizará i) la facultad del Gobierno Nacional para
modificar el régimen jurídico laboral de los servidores públicos como
consecuencia de la escisión del ISS; ii) el concepto, alcance y aplicación de las
convenciones colectivas de trabajo, imposibilidad de beneficio por parte de los
empleados públicos; iii) la temporalidad de los derechos contenidos en la
convención colectiva de trabajo suscrita entre el ISS y

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SINTRASEGURIDADSOCIAL el 31 de octubre de 2001; y vi) el análisis del caso
concreto.

Facultad del Gobierno nacional para modificar el régimen jurídico laboral
de los servidores públicos como consecuencia de la escisión del ISS

34. Mediante el Decreto 1750 de 2003, el Gobierno Nacional dispuso escindir del
ISS la vicepresidencia de prestación de servicios de salud, las clínicas y todos
los centros de atención ambulatoria. También, se ordenó la creación de siete
empresas sociales del estado con la finalidad de prestar los servicios de salud,
como servicio público esencial a cargo del Estado o como parte del servicio
público de la seguridad social, en los términos del artículo 194 5 de la Ley 100 de
19936, dentro de las cuales se encuentra la ESE Antonio Nariño, cuyo régimen
de personal quedó regulado en los artículos 16 a 18 de este decreto en los
siguientes términos:

«Artículo 16. Carácter de los servidores. Para todos los efectos legales, los
servidores de las Empresas Sociales del Estado creadas en el presente decreto
serán empleados públicos, salvo los que sin ser directivos, desempeñen funciones
de mantenimiento de la planta física hospitalaria y de servicios generales,
quienes serán trabajadores oficiales.

Artículo 17. Continuidad de la relación. Los servidores públicos que a la
entrada en vigencia del presente decreto se encontraban vinculados a la
Vicepresidencia de Prestación de Servicios de Salud, a las Clínicas y a los
Centros de Atención Ambulatoria del Instituto de Seguros Sociales, quedarán
automáticamente incorporados, sin solución de continuidad, en la planta de
personal de las Empresas Sociales del Estado creadas en el presente decreto.
Los servidores que sin ser directivos desempeñen funciones de mantenimiento de
la planta física hospitalaria y de servicios generales conservarán la calidad de
trabajadores oficiales, sin solución de continuidad. Parágrafo. El tiempo de
servicio de los servidores públicos que pasan del Instituto de Seguros Sociales a
las Empresas Sociales del Estado, creadas en el presente decreto, se computará
para todos los efectos legales, con el tiempo que sirvan en estas últimas, sin
solución de continuidad.

Artículo 18. Del régimen de Salarios y Prestaciones. El Régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos de las Empresas Sociales del Estado
creadas en el presente decreto será el propio de los empleados públicos de la
Rama Ejecutiva del orden nacional. En todo caso se respetarán los derechos
adquiridos. Se tendrán como derechos adquiridos en materia prestacional las
situaciones jurídicas consolidadas, es decir, aquellas prestaciones sociales
causadas, así como las que hayan ingresado al patrimonio del servidor, las cuales
no podrán ser afectadas.

5 «La prestación de servicios de salud en forma directa por la nación o por las entidades territoriales, se

hará principalmente a través de las Empresas Sociales del Estado, que constituyen una categoría especial
de entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa,
creadas por la Ley o por las asambleas o concejos, según el caso, sometidas al régimen jurídico previsto en
este capítulo».
6 «Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones».

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Parágrafo Transitorio. Los servidores del Instituto de Seguros Sociales que
automáticamente se incorporen en la nueva planta de personal de las Empresas
Sociales del Estado creadas en el presente decreto, y que en razón del régimen
general para los empleados públicos no cumplan requisitos para la vinculación en
cargos que les permita percibir cuando menos una asignación básica mensual
igual a la que venían recibiendo, serán incorporados en el empleo para el cual los
acrediten. En todo caso, el Gobierno Nacional adoptará las medidas con el fin de
mantener la remuneración que venían percibiendo por concepto de asignación
básica mensual, puntos de antigüedad y prima técnica para médicos, la que
devengarán mientras permanezcan en el cargo.».

35. La Corte Constitucional a través de la sentencia C-314 de 2004 realizó el
examen de constitucionalidad parcial de los artículos 16 y 18 del Decreto 1750
de 2003, dentro de la cual, consideró:

«Antes de entrar en el primer problema jurídico planteado, esta Corte considera
indispensable recordar que la misma Corporación, mediante providencia C-306 de
2004 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), determinó ajustados a la Constitución, entre
otros, los artículos 16 y 18 del Decreto 1750 de 2003 por el cual se modificó el
régimen jurídico laboral de los servidores públicos del Instituto de los Seguros
Sociales que fueron reubicados como consecuencia de la escisión de la entidad.

De conformidad con el fallo, al dictar los artículos 16 y 18 del Decreto 1750 de
2003 el Gobierno no excedió las facultades extraordinarias conferidas por el
artículo 16 de la Ley 790 de 2002, ya que las mismas incluyen la posibilidad de
escindir el Instituto de Seguros Sociales, la de crear las entidades que resulten de
la escisión, la de señalar la estructura orgánica de las entidades creadas y la
determinar la naturaleza jurídica y el consiguiente régimen jurídico, la integración
de su patrimonio y el régimen de personal de las nuevas entidades.». (Se
destaca).

36. Posteriormente y en similar sentido, se pronunció dicha Corporación en
providencia C-349 de 2004, en atención a la demanda de inconstitucionalidad de
la letra d) del artículo 167 de la Ley 790 de 20028 y del Decreto 1750 de 2003,
así:

«A juicio de la Corte no le asiste razón a la demanda, pues esa interpretación
amplia de la prohibición vaciaría de contenido la facultad de escindir,
expresamente contemplada en el literal d) del artículo 16. En efecto, si no es
posible suprimir al ISS, pero sí escindirlo, forzoso es concluir que las facultades de
escisión permiten únicamente separar una o más partes del Instituto, parte o
partes a partir de las cuales se pueden crear otras entidades, cosa que es
exactamente lo que sucedió. Pero si esta posibilidad tampoco es admitida,
entonces carecerían de sentido las mencionadas facultades de escindir, dejando

7 «Facultades extraordinarias. De conformidad con el artículo 150 numeral 10 de la Constitución Política,

revístese al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, por el término de seis (6)
meses contados a partir de la fecha de publicación de la presente ley, para:
(…)
d) Escindir entidades u organismos administrativos del orden nacional creados o autorizados por la ley;
(…).».
8 «Por la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de renovación de la administración

pública y se otorgan unas facultades extraordinarias al Presidente de la República.».

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sin efectos las atribuciones legislativas concedidas en el literal d) del artículo 16.
Por ello, no acoge la Corte la interpretación extensiva de la prohibición contenida
en el artículo 20 que hacen los demandantes.».

37. A partir de lo anterior, se colige que la modificación del régimen jurídico
laboral de los servidores públicos del ISS, como consecuencia de su escisión, se
encuentra ajustada a los cánones constitucionales y legales.

Concepto, alcance y aplicación de las convenciones colectivas de trabajo,
imposibilidad de beneficio por parte de los empleados públicos

38. El artículo 4679 del Código Sustantivo del Trabajo, al definir las convenciones
colectivas de trabajo, hace referencia a que estas fijan las condiciones de los
contratos individuales de trabajo, por el término de sus vigencias, es decir, que
como instrumentos de negociación de las condiciones laborales de los
trabajadores, en manera alguna, pueden ser extendidos sus beneficios a
servidores públicos con una relación legal y reglamentaria, como lo son los
empleados públicos.

39. De tal suerte que aceptada la condición de empleado público, mediante
vinculación legal y reglamentaria, no es dable la aplicación de los beneficios
laborales convencionales propios de los trabajadores oficiales, pues estos solo
quedan vigentes para el campo de las condiciones de los contratos individuales
de trabajo, que, por su naturaleza, logran un margen diferencial de vinculación
respecto de los primeros servidores públicos; la relación legal y reglamentaria, se
insiste, conlleva la imposibilidad de suscribir convenciones colectivas o de
solicitar la aplicación de algún beneficio derivado de estas.

40. Así, entonces, quienes adquieren la calidad de empleados públicos, como
consecuencia del procedimiento de escisión ordenado en el Decreto 1750 de
2003, no mantienen vigentes las vinculaciones anteriores como trabajadores
oficiales y, en consecuencia, no los rigen las convenciones colectivas acordadas
(sin que esto traiga consigo la solución de la relación laboral con la
Administración). De ahí que los beneficios consignados en la convención
colectiva de trabajo suscrita el 31 de octubre de 2001 entre
SINTRASEGURIDADSOCIAL y el liquidado ISS son inaplicables.

9 «Definición. Convención colectiva de trabajo es la que se celebra entre uno o varios {empleadores} o
asociaciones patronales, por una parte, y uno o varios sindicatos o federaciones sindicales de trabajadores,
por la otra, para fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia.».

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Temporalidad de los derechos contenidos en la convención colectiva de
trabajo suscrita entre el ISS y SINTRASEGURIDADSOCIAL el 31 de octubre
de 2001

41. En la sentencia C-349 de 2004, al analizarse el alcance de las expresiones
«automáticamente» y «sin solución de continuidad» en materia de derechos
salariales, prestacionales y garantías convencionales contenidas en el artículo
17 Decreto 1750 de 200310, la Corte Constitucional sostuvo:

«(…) Las expresiones automáticamente y sin solución de continuidad,
contrariamente a lo aducido por los demandantes, pretenden asegurar la garantía
de estabilidad laboral y los demás derechos laborales de los trabajadores, al
permitir que no pierdan sus puestos de trabajo ni vean interrumpida la relación
empleador – trabajador. Con ello se obtiene que, en virtud de esta permanencia,
dichos trabajadores puedan seguir disfrutando de los beneficios convencionales
mientras los mismos mantengan vigencia y, además, seguir cobijados por los
regímenes de transición pensional, durante este mismo lapso. Sin esta
continuidad en la relación de trabajo no estarían aseguradas estas garantías
laborales, puesto que al romperse el vínculo empleador – trabajador en principio
cesan las obligaciones del primero para con el segundo, derivadas de la
convención colectiva vigente. No obstante, para impedir que las mismas puedan
ser interpretadas en el sentido según el cual la automaticidad en el traslado del
régimen de trabajadores oficiales a empleados públicos y la incorporación sin
solución de continuidad a las nuevas plantas de personal acarrea la pérdida de
derechos laborales salariales o prestacionales adquiridos y de garantías
convencionales, la Corte declarará su exequibilidad bajo el entendido que se
respeten dichos derechos adquiridos (…).».

42. Así las cosas, si bien los empleados públicos no podían beneficiarse de las
convenciones colectivas, en todo caso deben respetarse los derechos
adquiridos, concepto que fue definido por la Corte Constitucional, en sentencia
C-314 de 200411, en los siguientes términos:

«(…) son aquellos que han ingresado definitivamente en el patrimonio de la
persona. Así, el derecho se ha adquirido cuando las hipótesis descritas en la ley
se cumplen en cabeza de quien reclama el derecho, es decir, cuando las premisas
legales se configuran plenamente. De acuerdo con esta noción, las situaciones
jurídicas no consolidadas, es decir, aquellas en que los supuestos fácticos para la
adquisición del derecho no se han realizado, no constituyen derechos adquiridos
sino meras expectativas. A este respecto la Corte dijo: La Corte ha indicado que
se vulneran los derechos adquiridos cuando una ley afecta situaciones jurídicas
consolidadas que dan origen a un derecho de carácter subjetivo que ha ingresado,
definitivamente, al patrimonio de una persona. Sin embargo, si no se han
producido las condiciones indicadas, lo que existe es una mera expectativa que
puede ser modificada o extinguida por el legislador.

10 «Por el cual se escinde el Instituto de Seguros Sociales y se crean unas Empresas Sociales del Estado».
11 Corte Constitucional, Sentencia C – 314 de 2004

12
Expediente No. 76001-23-31-000-2011-01698-01
No. Interno: 0843-2021
Demandante: Luz Stella Micolta Durán
Demandados: UGPP y otro

(…) En cuanto a su ámbito de protección, la Corte ha dicho que, por disposición
expresa del artículo 58 constitucional, los derechos adquiridos son intangibles, lo
cual implica que no pueden ser desconocidos por leyes posteriores, (…). No
sucede lo mismo con las denominadas "expectativas", pues como su nombre lo
indica, son apenas aquellas probabilidades o esperanzas que se tienen de
obtener algún día un derecho; en consecuencia, pueden ser modificadas
discrecionalmente por el legislador. (…).».

43. De lo anterior, se colige que el derecho adquirido se opone a la mera
expectativa, es decir, que el primero es aquel que ha entrado al patrimonio de la
persona natural o jurídica, y que por ende no puede ser sustraído a su titular,
dado que le fue reconocido legítimamente. En otras palabras, este derecho es la
ventaja cuya conservación está garantizada en favor del sujeto beneficiario del
derecho, bien por una acción o una excepción.

44. Ahora bien, respecto del tiempo en que estuvo vigente la mencionada
convención colectiva, esta Corporación en providencia del 1º de octubre de
200912 precisó que sus efectos a los trabajadores oficiales, incorporados
mediante el Decreto 1750 de 2003 sin solución de continuidad a las distintas
Empresas Sociales del Estado en calidad de empleados públicos, se extienden
hasta el 31 de octubre de 2004, fecha en que terminó la vigencia de la misma,
así:

«(…) Así mismo, la Sala ya ha tenido oportunidad de manifestarse en relación con
la aplicación de las convenciones colectivas a aquellos trabajadores que, sin haya
solución de continuidad, pasan a ser empleados públicos, considerando lo
siguiente:

“La aludida convención colectiva cobija única y exclusivamente a los trabajadores
oficiales de la entidad demandada y como la situación laboral de la demandante,
no se enmarca dentro de este supuesto dada la calidad de empleada pública que
la cobijaba para el momento en que fue retirada del servicio (…) no es viable
reconocerle (…) con fundamento en la convención colectiva reclama, puesto que
el cambio de naturaleza del empleo conlleva necesariamente el cambio de
régimen aplicable, lo que indefectiblemente supone la inaplicación de
reconocimientos plasmados en convenciones colectivas, salvo los derechos
adquiridos y las expectativas legítimas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 41613
del C.S.T. que consagra la prohibición de extender cláusulas convencionales a los
empleados públicos, calidad que tal y como quedó demostrado, ostentó la actora.
De igual manera, no sobra advertir, que aún aceptándose el argumento de la
“reincorporación al servicio de la actora”, ello no es garantía de que las cláusulas
convencionales le resulten aplicables, máxime cuando dicha reincorporación

12 Radicado No. 25000-23-25-000-2005-10890-01 (0212-08). Demandante: Martha Catalina Vásquez Sagra.
Demandado: E.S.E. Luis Carlos Galán Sarmiento
13 «La citada norma establece: «Los sindicatos de empleados públicos no pueden presentar pliegos de

peticiones ni celebrar convenciones colectivas, pero los sindicatos de los demás trabajadores oficiales
tienen todas las atribuciones de los otros sindicatos de trabajadores, y sus pliegos de peticiones se
tramitarán en los mismos términos que los demás, aún cuando no puedan declarar o hacer huelga.» Aparte
subrayado y en letra itálica declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante sentencia C-1234 de 29 de noviembre de 2005.».

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Expediente No. 76001-23-31-000-2011-01698-01
No. Interno: 0843-2021
Demandante: Luz Stella Micolta Durán
Demandados: UGPP y otro

procuró mantener la continuidad de la relación, pero cambió la naturaleza del
empleo. Cambio que impide, como ya se dijo, que las garantías convencionales se
le apliquen a quienes antes de dicha reincorporación ostentaban la calidad de
trabajadores oficiales, puesto que estas garantías y beneficios fueron alcanzados
por dichos trabajadores oficiales a través de acuerdos convencionales que no
pueden regular las relaciones de los empleados públicos que tienen un régimen
indemnizatorio, salarial y prestacional establecido en la ley y sus decretos
reglamentarios, tal y como específicamente lo contempla el artículo 150 numeral
19 literales e y f de la Constitución Política”14.

(…) De acuerdo con lo expuesto por la Corte Constitucional, la Sala considera que
los beneficios derivados de la convención colectiva de trabajo suscrita entre el
Instituto de Seguros Sociales y el sindicato de trabajadores SINTRASEGURIDAD,
debieron extenderse hasta el 31 de octubre de 2004, fecha en que terminó la
vigencia de la misma, conforme con la certificación expedida por el Coordinador
del Grupo de Archivo Sindical del Ministerio de la Protección Social. (…).».

45. El anterior criterio fue reiterado por esta Corporación, en los siguientes
términos15:

«(…) De conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia
C-314 de 2004 la protección de los derechos convencionales por un tiempo,
deriva del concepto de derecho adquirido y de la afirmación según la cual la
Convención Colectiva es en verdad un instrumento al que se someten las
relaciones laborales que se ven afectadas por el mismo durante su vigencia.

La prórroga automática contenida en el artículo 478 del Código Sustantivo del
Trabajo y de la Seguridad Social16, no encuadra dentro de dicho concepto de
derecho adquirido pues ella es una mera posibilidad que ante la actitud pasiva de
las partes el instrumento convencional sigue vigente y, en consecuencia, no
puede sostenerse que los trabajadores oficiales al 25 de junio de 2003 tenían un
verdadero derecho adquirido a que se prorrogara el término de la convención.

Adicionalmente a ello, no puede perderse de vista que para el 31 de octubre de
2004 la mayoría de trabajadores de la E.S.E., dentro de los cuales se encuentra el
accionante, ostentaban la condición de empleados públicos y por lo tanto no
podían denunciar la convención, suscribir una nueva o convocar un tribunal de
arbitramento. (…).».

46. La posición anterior, fue unificada por la Sala Plena de la Corte
Constitucional mediante la sentencia SU-897 del 31 de octubre de 2012, como a
continuación se muestra:

«(…) se concluye que, si bien los empleados públicos no pueden celebrar
convenciones colectivas, los trabajadores oficiales otrora pertenecientes a la
Vicepresidencia de salud del ISS que eran beneficiarios de la convención colectiva
vigente hasta el año 2004, no perdieron las ventajas que esta convención les

14 Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 1.º de julio de 2009, Radicado: 2007-1355.
15 Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 7 de abril de 2011. Radicado: 05001-23-31-000-2008-
00067-01 (0673-10).
16 «A menos que se hayan pactado normas diferentes en la convención colectiva, si dentro de los sesenta

(60) días inmediatamente anteriores a la expiración de su término las partes o una de ellas no hubiere
hecho manifestación escrita de su expresa voluntad de darla por terminada, la convención se entiende
prorrogada por períodos sucesivos de seis (6) en seis (6) meses, que se contarán desde la fecha señalada
para su terminación».

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Demandados: UGPP y otro

reconocía por el simple hecho de que su vínculo con la administración cambió, ya
que dichas ventajas y prebendas constituían derechos adquiridos que debían ser
respetados por sus nuevos empleadores, por el tiempo en que fue pactada la
convención.

Estas son las razones por las cuales la Sala Plena de la Corte constitucional
concluye que la convención celebrada entre el ISS y sus trabajadores oficiales
pertenecientes a la vicepresidencia de salud estuvo vigente hasta el 31 de octubre
de 2004, no obstante haber desaparecido el ISS en el 2003 por virtud del tantas
veces mencionado decreto ley 750 de 2003 (SIC).

(…)

El principal argumento es que, como se explicó anteriormente, los empleados
públicos no pueden disfrutar de beneficios convencionales. No obstante, en este
caso, en virtud de la protección que la Constitución dispensa respecto de los
derechos adquiridos –artículo 58-, dichos beneficios se mantuvieron hasta que se
cumplió el plazo inicialmente pactado en la convención, esto es hasta el 31 de
octubre de 2004. Entender que a partir de este momento la convención se
prorrogó indefinidamente no es de recibo en el ordenamiento jurídico colombiano,
en virtud de las siguientes razones:

(…)

En resumen, no puede entenderse que, una vez cumplido el término por el que
fue pactada, una convención colectiva se prorroga indefinidamente, con base en
los términos del artículo 478 del CST, incluso cuando:

i) se ha cambiado de empleador;
ii) el antiguo empleador ha dejado de existir; y
iii) los antiguos beneficiarios ahora tienen un vínculo jurídico que no les permite
disfrutar de beneficios convencionales.

Estos son los argumentos que llevan a la Sala Plena de la Corte Constitucional a
modificar la jurisprudencia de la Sala Sexta de Revisión y adoptar la posición
anteriormente expuesta, consistente en entender que la convención colectiva
celebrada entre SINTRASEGURIDAD SOCIAL y el ISS, estuvo vigente por el
plazo inicialmente pactado, esto es, del 1º de noviembre de 2001 al 31 de octubre
de 2004. (…).». (Subrayas fuera del texto original).

47. Conforme a lo anterior, no cabe duda de que el instrumento normativo en
cuestión únicamente conservó su rigor hasta el 31 de octubre de 2004 y salvo
las situaciones jurídicas consolidadas a dicha fecha, no es posible su aplicación
a las personas que se desempeñaban como trabajadores y con ocasión de la
escisión del ISS pasaron a ser empleados públicos.

48. En efecto, la Corte Constitucional en sentencia SU-086 de 2018 retomó el
tema relacionado con la posibilidad de que aquellas personas que siendo
trabajadores oficiales del ISS fueron incorporados como empleados públicos a
las empresas sociales del Estado que se crearon con el Decreto 1750 de 2003,
se beneficiaran de una pensión de jubilación reconocida bajo los parámetros del
artículo 98 de la convención colectiva del trabajo con vigencia 2001-2004,

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suscrita por el ISS y SINTRASEGURIDADSOCIAL. En dicha oportunidad
consideró que de acuerdo con las reglas previamente anotadas, si el servidor
incorporado consolidaba su derecho pensional antes del 31 de octubre de 2004,
debía ser objeto de protección constitucional. Con ello, no resultan admisibles los
argumentos basados en posiciones contrarias a la adoptada mediante las
referidas sentencias de unificación.

Caso concreto

49. Es importante recordar, que la discusión en el presente asunto se contrae a
establecer si resulta viable reconocer la pensión de jubilación convencional a una
ex trabajadora oficial del ISS que se convirtió en empleada pública de la ESE
Antonio Nariño en aplicación de la convención colectiva de trabajo suscrita entre
el ISS y SINTRASEGURIDADSOCIAL el 31 de octubre de 2001, a pesar de que
durante su vigencia no cumplió el requisito de edad establecido para ello.

50. Para resolver, del material probatorio traído al plenario, que da cuenta de la
situación respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente demanda, se
destaca que:

• La demandante nació el 13 de abril de 195917 prestó sus servicios en la
Secretaría de Salud del Tolima entre el 21 de mayo y el 21 de diciembre de
198418.

• El 31 de octubre de 2001 SINTRASEGURIDADSOCIAL y el ISS suscribieron
una convención colectiva de trabajo19, que incluyó dentro de sus beneficios los
siguientes:

«ARTÍCULO 98. PENSIÓN DE JUBILACIÓN

El trabajador oficial que cumpla veinte (20) años de servicio continuo o
discontinuo al Instituto y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) años si es
hombre y cincuenta (50) años si es mujer, tendrá derecho a pensión de jubilación
en cuantía equivalente al 100% del promedio de lo percibido en el periodo que se
indica a continuación para cada grupo de trabajadores oficiales:

17 Según registro civil ce nacimiento visible a folio 3.
18 Conforme a la certificación del 11 de septiembre de 2006, emanada de la Secretaría de Salud del Tolima,

visible a folio 4.
19 Visible a folios 220 a 254.

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(i) Para quienes se jubilen entre el primero de enero de 2002 y treinta y uno de
diciembre de 2006, 100% del promedio mensual de lo percibido en los dos últimos
años de servicio.
(ii) Para quienes se jubilen entre el primero de enero de 2007 y treinta y uno de
diciembre de 2016, 100% del promedio mensual de lo percibido en los tres últimos
años de servicio.
(iii) Para quienes se jubilen a partir del primero de enero de 2007, 100% del
promedio mensual de lo recibido en los cuatro últimos años de servicio.
Para estos efectos se tendrán en cuenta los siguientes factores de remuneración:

a. Asignación básica mensual
b. Prima de servicios y vacaciones
c. Auxilio de alimentación y transporte
d. Valor de trabajo nocturno, suplementario y en horas extras
e. Valor del trabajo en días dominicales y feriados

No obstante lo anterior, cuando hubiere lugar a la acumulación de las pensiones
de jubilación y de vejez, por ningún motivo podrá recibirse en conjunto, por uno y
otro concepto, más del ciento por ciento (100%) del promedio a que se refiere el
presente artículo. Por consiguiente, en dicho caso el monto de la pensión de
jubilación será equivalente a la diferencia entre el referido porcentaje y el valor de
la pensión de vejez.

(…).».

• La demandante se desempeñó al servicio del ISS Seccional Valle del Cauca
entre el 9 de noviembre de 1987 hasta el 25 de junio de 200320.

• Asimismo, la actora, en virtud del Decreto 1750 del 26 de junio de 2003, fue
incorporada de manera automática y sin solución de continuidad a la planta de
personal de la ESE Antonio Nariño en calidad de empleada pública,
desempeñándose allí hasta el 30 de mayo de 200721.

• En los folios 43 a 79 del expediente reposan las planillas de los emolumentos
devengados por la libelista desde enero de 2003 hasta mayo de 2007.

• La demandante solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación
convencional, la cual fue resuelta de forma negativa por parte de la ESE Antonio
Nariño en Liquidación mediante la Resolución 19 del 22 de enero de 2010, bajo
la siguientes consideraciones:

«(…) Que mediante el Decreto 1750 del 26 de junio de 2003, se escindió el
Instituto de Seguros Sociales y se crea la Empresa Social del Estado ANTONIO
NARIÑO, hoy en liquidación.

20 De conformidad con la constancia del 24 de septiembre de 2009, expedida por el ISS, visible a folio 8.
21 Según constancias del 10 de diciembre de 2007 y 12 de marzo de 2010, emanadas de la ESE Antonio

Nariño, visibles a folios 9 y 11, respectivamente.

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Demandados: UGPP y otro

Que el Artículo 17 del Decreto 150 de 2003 dispone que “Los servidores públicos
que a la entrada en vigencia del presente Decreto se encontraban vinculados a la
Vicepresidencia de Prestación de Servicios de Salud, a las Clínicas y a los
Centros de Atención Ambulatoria del Instituto de Seguros Sociales, quedarán
automáticamente incorporados, sin solución de continuidad, en la planta de
personal de las Empresas Sociales del Estado creadas en el presente Decreto.

(…)

Que la señora LUZ STELLA MICOLTA DURÁN, con Cédula de Ciudadanía Nº
31.154.057, Médico, 8 horas, solicitó a la ESE ANTONIO NARIÑO EN
Liquidación, el reconocimiento de la jubilación, petición radicada el día 21 de
diciembre de 2009, en la central de correspondencia de la ESE ANTONIO
NARIÑO en Liquidación.

A partir del 1 de noviembre de 2004, los empleados públicos que adquieran el
derecho a la pensión de Jubilación, se les debe liquidar de conformidad con los
Artículos 36 y 52 de la Ley 100 de 1993, reglamentados por el Decreto 2527 de
2002, en especial los numerales 1º y 5º, que respeta la transición aquellas
personas que al 1º de abril de 1994 tenían derecho al Decreto Ley 1653 de 1977 o
Ley 33 de 1985, según cada caso, cuyo reconocimiento está cargo de las cajas
fondos de entidades públicas que reconozcan o paguen pensiones.

Qué según consta en certificación del 11 de septiembre de 2006 expedida por la
funcionaria encargada de la secretaría de Salud del Tolima (…) se puede apreciar
que la señora LUZ STELLA MICOLTA DURÁN (…) prestó sus servicios a dicha
Secretaría del 21 de mayo de 1984 al 21 de diciembre de 1984.

Que mediante Decreto Nº 922 de marzo de 22 de 2007 “por el cual se modifica la
planta de personal de la ESE Antonio Nariño”, el cargo de Médico, grado 18, 08
horas fue suprimido de la planta de personal, fundamentado en estudios y
soportes técnicos, razón por la cual su desvinculación se hizo efectiva a partir del
31 de mayo de 2007.

Que por otro lado, con los documentos pertinentes, se estableció que, laboró en
las siguientes entidades de derecho público:

ENTIDAD DESDE HASTA INT. DIAS
Secretaría de 21 de mayo de 21 de 0 211
Salud del 1984 diciembre
Tolima de 1984
Instituto de 09 de 25 de junio 40 5.587
Seguros noviembre de de 2003
Sociales 1987
ESE ANTONIO 26 de junio de 31 de mayo 1.415
NARIÑO 2003 de 2007
TOTAL 7.213

Que con fundamento a lo anterior, se estableció que la SEÑORA LUZ STELLA
MICOLTA DURÁN, laboró al 31 de marzo de 1994, en las siguientes entidades de
derecho público:

ENTIDAD DESDE HASTA INT. DIAS
Secretaría de 21 de mayo de 21 de 0 211
Salud del 1984 diciembre
Tolima de 1984
Instituto de 09 de 25 de junio 0 2.302
Seguros noviembre de de 2003
Sociales 1987
TOTAL 2.513

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Del cuadro anterior se establece que el tiempo laborado al 1º de abril de 1994
equivale a seis (06) años, once (11) meses y veintitrés (23) días de servicio.

Que la señora LUZ STELLA MICOLTA DURÁN, presentó fotocopia del folio del
Registro Civil de nacimiento expedido por la Notaría Segunda de Palmira (Valle),
en el que se precisa que nació el 13 de abril de 1959, es decir que al 1º de abril de
1994 contra contaba con treinta y cuatro (34) años, once (11) meses y dieciocho
(18) días.

Como se puede observar, con los documentos aportados se pudo establecer que
la señora LUZ STELLA MICOLTA DURÁN, no cumple con los requisitos
disyuntivas, de treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o (15) o
más años de servicios cotizados al 1º de abril de 1994, para ser beneficiaria del
régimen de transición contemplado en el Artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Teniendo en cuenta lo anterior, el régimen de pensión que cobija la señora LUZ
STELLA MICOLTA DURÁN, es el previsto en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993,
modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, de donde se desprende que a
la fecha el servidor no llena el requisito de edad contemplado en la norma en
comento.

Que en mérito de lo expuesto, el apoderado general liquidador de la S Antonio
Nariño en liquidación,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar la Pensión de Jubilación solicitada (…).».

51. A partir de lo expuesto, se tiene que la convención colectiva suscrita por el
ISS y SINTRASEGURIDADSOCIAL creó un régimen más favorable para efectos
de obtener la pensión de jubilación, puesto que exigió 20 años de servicio y 50
de edad, para mujeres, y 55 para hombres, del cual podrían beneficiarse sus
servidores clasificados como trabajadores oficiales.

52. No obstante, la actora pasó a ser empleada pública al ser incorporada a la
ESE Antonio Nariño desde el 26 de junio de 2003, lo que implica que, de
conformidad a lo considerado por la Corte Constitucional en las sentencias C-
349 de 2004, SU-897 de 2012 y SU-086 de 2018, únicamente pudo gozar de los
beneficios de la convención colectiva de trabajo 2001-2004 hasta su vigencia
inicial, es decir, hasta el 31 de octubre de 2004, momento para el cual aquella no
reunía los requisitos para la pensión convencional, es decir, 20 años de servicio
y 50 de edad22.

53. En efecto, se observa que la accionante al momento de incorporarse a la
ESE Antonio Nariño no tenía 20 años de servicios, toda vez que el tiempo de

22 En igual sentido se pronunció esta subsección en sentencia del 18 de noviembre de 2019. Radicación:

76001-23-31-000-2011-01187-01 (0857-2019).

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No. Interno: 0843-2021
Demandante: Luz Stella Micolta Durán
Demandados: UGPP y otro

labores a la Secretaría de Salud del Departamento del Tolima entre el 21 de
mayo al 21 de diciembre de 1984 no puede ser tenido en cuenta dado que fue
como empleada pública. Asimismo, se desempeñó como trabajadora oficial en el
ISS desde el 9 de noviembre de 1987 hasta el 25 de junio de año 2003 y en
dicha ESE del 26 de junio de 2003 al 30 de mayo de 2007 nuevamente como
empleada pública. Por lo tanto, para el 31 de octubre de 2004 (fecha hasta la
cual se aplicó el instrumento convencional) no tenía aún los 20 años de servicios
como trabajadora oficial.

54. Ahora, en gracia de discusión, así se le compute el tiempo prestado en la
Secretaría de Educación del Departamento del Tolima y en la ESE Antonio
Nariño hasta el 30 de mayo de 2007 en virtud del artículo 10123 de la convención
colectiva de trabajo suscrita por ISS con SINTRASEGURIDADSOCIAL, lo cierto
es que al 31 de octubre de 2004 no había llegado a los 50 años de edad, pues
solamente los cumplió hasta el 13 de abril de 2009, dado que nació el mismo día
y mes de 1959.

55. Es de señalar, que la demandante no tenía derechos adquiridos frente al
régimen pensional contenido en la convención colectiva, puesto que incumplió
los requisitos para ser acreedora de la prestación durante su vigencia, en ese
caso, solo tuvo una expectativa de gozar de tal beneficio, sin que exista
fundamento legal o constitucional que en su caso le conceda tal derecho.

56. Así las cosas, se colige que la actora no tiene derecho al reconocimiento de
la pensión de jubilación en los términos de la convención colectiva suscrita por el
ISS con SINTRASEGURIDADSOCIAL para la vigencia 2001-2004, pues esta
solo tuvo vigencia hasta el 31 de octubre de 2004, fecha para la cual aquella no
había consolidado el derecho a la pensión, es decir que no se puede predicar
que ella tuviera derechos adquiridos frente a dicho estatuto.

57. Por lo analizado, habrá de confirmarse la sentencia apelada sin
consideración adicional.

23 «(…) ACUMULACIÓN DE TIEMPO DE SERVICIOS. Los servicios prestados sucesiva o alternativamente

en las demás entidades de derecho público podrá acumularse para el cómputo del tiempo requerido para
poder tener derecho a pensión de jubilación y el monto correspondiente se distribuirá en proporción al
tiempo laborado en cada una de tales entidades.
(…).».

20
Expediente No. 76001-23-31-000-2011-01698-01
No. Interno: 0843-2021
Demandante: Luz Stella Micolta Durán
Demandados: UGPP y otro

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 3 de octubre de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo del Quindío, sala de decisión cuarta, que negó las
súplicas de la demanda, conforme a la parte motiva.

SEGUNDO: Ejecutoriada la sentencia, por la secretaría de la sección segunda,
regresar el expediente al Tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase,

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente
sesión. Los Consejeros,

Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CÉSAR PALOMINO CORTÉS CARMELO PERDOMO CUÉTER

Se deja constancia que esta providencia se firma en forma electrónica mediante
el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema
valida la integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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