RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 76001-23-31-000-2012-00395-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2012-00395-01

Fecha
17 de junio de 2022
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2012-00395-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR, la sentencia de 4 de septiembre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 76001-23-31-000-2012-00395-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

17 de junio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil veintidós (2022)

Radicación: 76001-23-31-000-2012-00395-01 (55.826)
Actor: Empresa de Servicio Público de Aseo de Cali – Emsirva E.S.P.
– en liquidación-
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa
Asunto: Sentencia

Temas: DAÑOS CAUSADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – ERROR
JURISDICCIONAL – CARGAS DE CLARIDAD, PRECISIÓN Y ARGUMENTACIÓN
– No se configuró –.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora
contra la sentencia que negó las pretensiones de la demanda.

Según la demanda, la Rama Judicial incurrió en un supuesto error jurisdiccional al
conceder un amparo constitucional al señor Jary Rivas Lozano, en el que ordenó su
reintegro a un cargo igual o equivalente al que desempeñaba en el momento de su
desvinculación.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la sentencia del 4 de septiembre de 2015, mediante la cual el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, negó las pretensiones de la demanda.

2. El anterior proveído decidió la demanda presentada el 29 de marzo de 2012 1,
por la Empresa de Servicio Público de Aseo de Cali – Emsirva E.S.P. – en
liquidación- en contra de la Nación – Rama Judicial y los señores Edgar Valderrama
Varela y Carlos Alberto Trochez Rosales, en sus calidades de Juez Veintiuno Civil
Municipal de Cali y Juez Tercero Civil del Circuito de Cali, respectivamente, cuyas
pretensiones, hechos principales y fundamentos de derecho son, los siguientes:

Pretensiones

3. La parte actora pretende la declaración de responsabilidad de la demandada y
la consecuencial condena al pago de la totalidad de los daños y perjuicios que le

1
Folios 364 a 391 del cuaderno 1.

1

Radicación: 76001233100020120039501 (55.826)
Actor: Emsirva E.S.P. – en liquidación
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa

fueron irrogados con ocasión del error jurisdiccional en el que, a su juicio, incurrió
el Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Cali en la sentencia de tutela de 19 de
febrero de 2010, confirmada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali,
mediante proveído del 14 de abril de la misma anualidad.

4. Por lo anterior, estimó la solicitud indemnizatoria en doscientos treinta millones
de pesos ($230.000.000) por concepto de los daños materiales derivados de la
orden de reintegro al cargo del señor Jary Rivas Lozano, y solicitó el reconocimiento
de cualquier otro concepto que permita reparar a plenitud los perjuicios2.

Hechos

5. Como supuesto fáctico de las pretensiones, la parte actora señaló que,
mediante resolución No. 20091300007455 de 25 de marzo de 2009, proferida por
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Emsirva E.S.P. entró en
proceso de liquidación forzosa; por tanto, cesó el ejercicio de su objeto social y
suprimió su planta de personal, con excepción, entre otros, de los trabajadores con
protección laboral reforzada por pérdida de capacidad laboral, como fue el caso del
señor Jary Rivas Lozano, quien ocupaba el cargo de operador de barrido.

6. Señaló que el mencionado señor fue desvinculado con posterioridad al inicio del
proceso liquidatorio, a través del mecanismo de conciliación adelantado ante el
inspector de trabajo, recibiendo una bonificación superior a la que correspondía por
concepto de indemnización por despido, dado que, pese a que contaba con
protección laboral reforzada, no existían labores concretas que pudiera desarrollar
y sirvieran al proceso liquidatorio.

7. Aunque el acuerdo conciliatorio denominado “oferta de retiro compensado” fue
claro, abierto y plenamente conocido por el trabajador, quien lo aceptó de manera
libre y voluntaria, éste presentó una demanda de tutela solicitando el reintegro a la
empresa, por considerar que la terminación de su contrato laboral fue injustificada.

8. En el transcurso de las diligencias judiciales, el 19 de febrero de 2010, el
Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Cali concedió el amparo solicitado y ordenó el
reintegro del señor Jary Rivas Lozano a un cargo igual o superior al que
desempeñaba al momento de la desvinculación, previa compensación con la
indemnización recibida, hasta que se produjera el último acto de liquidación de la
entidad, o se le reconociera pensión de jubilación o vejez, lo primero que ocurriera.
Dicha decisión fue confirmada por el Juzgado 3 Civil del Circuito de Cali, mediante
providencia de 14 de abril del mismo año, sin que fuera elegida para revisión por la
Corte Constitucional.

2
Folio 365 del cuaderno 1.

2

Radicación: 76001233100020120039501 (55.826)
Actor: Emsirva E.S.P. – en liquidación
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa

9. En este contexto, la demandante considera que la pasiva incurrió en error
jurisdiccional, por cuanto: i) bajo la consideración de que el señor Jary Rivas Lozano
era pre-pensionable por convención, le impuso una condición resolutoria de
imposible cumplimiento, consistente en que debía mantener su vínculo laboral hasta
que le fuera reconocida tal prestación, desconociendo que se encontraba en
imposibilidad jurídica de cumplir con los requisitos de 53 años de edad y 20 años de
servicios para acceder a dicho derecho antes del 31 de julio de 2010, fecha en que
expiraron los derechos pensionales convencionales, de conformidad con el
parágrafo transitorio 3 del acto legislativo No. 1 de 2005; y, ii) desconoció que el
retiro del empleado se produjo de manera libre e informada, en virtud de un acuerdo
de voluntades que hizo tránsito a cosa juzgada, el cual, no podía ser anulado
tácitamente por vía de tutela por corresponder a un mecanismo subsidiario que no
puede invadir la jurisdicción y competencia del juez laboral, tal como lo ha sostenido
la Corte Constitucional en sentencia T-364 de 10 de mayo de 2002 y la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 1 de septiembre
de 2004 proferida en el expediente 11.243.

10. Concluyó que las providencias mediante las cuales se ordenó y confirmó el
reintegro del señor Jary Rivas Lozano, le ocasionaron perjuicios materiales que
deben indemnizarse por parte de la demandada.

La defensa

11. El 6 de julio de 2011, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca admitió la
demanda3. Notificado en debida forma el auto admisorio 4, los demandados
presentaron los siguientes planteamientos de defensa.

12. La Nación – Rama Judicial se opuso a cada una de las declaraciones y
condenas solicitadas por la parte actora, por considerar que no incurrió en error
jurisdiccional, toda vez que profirió una decisión ajustada a derecho, acorde con la
jurisprudencia de la Corte Constitucional que amplió los beneficios del retén social
en los casos de liquidación forzosa administrativa para proteger a las personas en
circunstancias de debilidad manifiesta (T-768/05), en concordancia con lo dispuesto
en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002, según el cual, la limitación física manifiesta
impide el retiro del servicio, en aplicación del principio de estabilidad laboral
reforzada5.

13. El señor Carlos Alberto Trochez Rosales, en su calidad de Juez Tercero Civil
del Circuito de Cali, señaló que el amparo constitucional fue concedido por la

3
Folios 394 y 395 del cuaderno 1.
4
Frente a dicha providencia las partes no interpusieron recurso alguno y la Sala se abstendrá de hacer algún
pronunciamiento respecto de la determinación del a quo de vincular en calidad de demandados a los jueces
que profirieron los fallos de tutela, en tanto que dicho aspecto no fue objeto de cuestionamiento en el recurso
de apelación que se analiza en esta instancia.
5
Folios 407 a 414 del cuaderno 1.

3

Radicación: 76001233100020120039501 (55.826)
Actor: Emsirva E.S.P. – en liquidación
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa

debilidad manifiesta del accionante, derivada de su condición de discapacidad, y no
por su supuesta calidad de pre-pensionado; asimismo, manifestó que, si bien el
acuerdo conciliatorio hace tránsito a cosa juzgada, a través de aquel no es dable
desconocer derechos ciertos e indiscutibles como la estabilidad laboral reforzada 6.

14. Mediante auto del 6 de agosto de 2015, el a quo corrió traslado a las partes para
alegar de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera concepto 7.

15. La Nación – Rama Judicial insistió en que las decisiones adoptadas en ejercicio
de la autonomía judicial no son constitutivas de error jurisdiccional 8.

16. La parte actora señaló que estaba demostrado que el juez constitucional usurpó
la jurisdicción laboral al anular tácitamente una conciliación válidamente celebrada
ante el inspector de trabajo; también insistió en que el señor Jary Rivas Lozano se
retiró del cargo por mutuo acuerdo, sin tener la condición de pre-pensionado9.

17. En esa oportunidad procesal, los demás sujetos procesales y el Ministerio
Público guardaron silencio.

La decisión

18. Al definir el caso, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las
pretensiones de la demanda. En primer lugar, sostuvo que se cumplieron los
requisitos formales de procedencia de la imputación por error jurisdiccional, dado
que, contra la sentencia de amparo a la cual se le endilga el yerro se interpusieron
los recursos ordinarios y, además, se encuentra en firme, dado que fue excluida del
trámite de revisión por parte de la Corte Constitucional.

19. Manifestó que si bien la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha admitido a
los acuerdos conciliatorios o retiros convenidos como medios válidos para dar por
terminadas las relaciones de trabajo, dicha figura no puede emplearse para desistir
de derechos laborales ciertos, indiscutibles e irrenunciables, tal como se adujo en
la providencia acusada para conceder el amparo del derecho a la estabilidad laboral
reforzada del señor Jary Rivas Lozano, dada su discapacidad física permanente de
origen profesional, lo cual lo hace beneficiario del retén social consagrado en el
artículo 12 de la ley 790 de 2002. En este sentido, precisó que, contrario a lo
manifestado por la parte actora, el amparo otorgado al accionante no obedeció a su
condición de pre-pensionado, sino a su pérdida de capacidad laboral.

20. Así mismo, señaló que la sentencia acusada no ordenó mantener la relación
laboral del señor Rivas Lozano hasta el reconocimiento de una pensión de carácter

6
Folios 421 a 445 del cuaderno 1.
7
Folio 464 del cuaderno 1.
8
Folios 465 del cuaderno 1.
9
Folios 466 a 482 del cuaderno 1.

4

Radicación: 76001233100020120039501 (55.826)
Actor: Emsirva E.S.P. – en liquidación
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa

convencional, como lo afirmó el actor, sino que ordenó su vinculación hasta que se
produjera el último acto de liquidación o el reconocimiento de un derecho pensional,
“lo que ocurra primero”, como lo ha dispuesto la Corte Constitucional en los eventos
de protección de los beneficiarios del retén social. En consecuencia, concluyó que
las decisiones cuestionadas se soportaron en una valoración razonada de las
pruebas y actuaciones desarrolladas dentro del trámite de la acción de tutela.

21. Respecto de los señores Edgar Valderrama Varela y Carlos Alberto Trochez
Rosales, en sus condiciones de Juez Veintiuno Civil Municipal y Juez Tercero Civil
del Circuito de Cali, respectivamente, el Tribunal no realizó pronunciamiento
alguno10.

II. EL RECURSO INTERPUESTO

Sustentación del recurso de apelación

22. Inconforme con la decisión anterior, la parte actora interpuso recurso de
apelación en el cual solicitó revocar la sentencia proferida por el a quo y, en su lugar
acceder al reconocimiento de los perjuicios deprecados en la demanda, por
considerar que la orden de reintegro del señor Jary Rivas Lozano se soportó en su
condición de pre-pensionado, como se extracta de la sentencia de tutela de primera
instancia.

23. Al respecto, reiteró los argumentos esgrimidos en el libelo inicial relativos a la
imposibilidad jurídica del empleado de cumplir con los requisitos de edad y servicio
para acceder a la pensión convencional antes del 31 de julio de 2010, lo que a su
juicio evidencia que la orden del juez de tutela fue emitida en contra de las
disposiciones aplicables al caso.

24. Igualmente, insistió en que el juez de tutela usurpó la jurisdicción y competencia
del juez laboral, pues anuló tácitamente la oferta de retiro compensado aceptada de
manera libre y voluntaria por el señor Jary Rivas Lozano ante el inspector del
trabajo, desconociendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional - T-732 de 2001
y T-364 de 2002- y de la Corte Suprema de Justicia -sentencia de 1 de septiembre
de 2004, exp. 11.243-.

25. Adicionalmente, manifestó que el juez constitucional omitió valorar las pruebas
que demostraban que no existieron vicios del consentimiento, objeto o causa ilícita
en el acuerdo de retiro, análisis sin el cual, en su criterio, no podía accederse al
amparo solicitado11.

10
Folios 485 a 498 del cuaderno principal.
11
Folios 502 a 517 del cuaderno principal.

5

Radicación: 76001233100020120039501 (55.826)
Actor: Emsirva E.S.P. – en liquidación
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa

26. En proveído del 20 de enero de 2016 12, esta Corporación admitió el recurso de
apelación interpuesto, y el 9 de mayo siguiente corrió traslado a las partes para
presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera
concepto13.

27. La parte demandante reiteró en su integridad los argumentos esgrimidos en el
recurso de apelación14.

28. En esa oportunidad procesal, los demás sujetos procesales y el Ministerio
Público guardaron silencio.

III. C O N S I D E R A C I O N E S

Cuestión previa

29. La Sala considera necesario pronunciarse respecto del alcance de la apelación,
por cuanto el apoderado judicial de la parte actora manifestó en la impugnación que
la Rama Judicial omitió valorar las pruebas que demostraban que no existieron
vicios del consentimiento, objeto o causa ilícita en el acuerdo de retiro, alegato que
no fue mencionado en la demanda, en la que se invocaron como causas del daño:
i) la imposición de una condición resolutoria de imposible cumplimiento bajo la
consideración de que el señor Jary Rivas Lozano era pre-pensionable por
convención y ii) la falta de jurisdicción y competencia del juez constitucional para
anular por vía de tutela un acuerdo de retiro voluntario que hizo tránsito a cosa
juzgada.

30. Lo anterior se ve corroborado con la siguiente transcripción literal del libelo
introductorio, que, en punto a las imputaciones realizadas a la pasiva, señaló
(transcripción literal):

“ABUSO DEL DERECHO Y VÍAS DE HECHO

Como se demostrará con el análisis que los Honorables Magistrados hagan de
esta demanda, y especialmente el estudio en detalle de la acción de tutela, su
respuesta, las sentencias, frente a la normatividad legal, la sentencia
generadora del daño cuya reparación se peticiona, es un hecho
incontrovertible, que la señora Juez Sexto Civil del Circuito demandada, incurrió
en abuso del derecho y vía de hecho, cuando desconoció de manera flagrante
la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y de la H Corte Suprema de
Justicia, Sala Laboral, con aplicación ilegítima o indebida de normas no
aplicables, con desconocimiento total de la legislación legal, y relacionada
concretamente con los acuerdos conciliatorios y frente a la reforma

12
Folio 540 del cuaderno principal.
13
Folio 542 del cuaderno principal.
14
Folios 543 a 559 del cuaderno principal.

6

Radicación: 76001233100020120039501 (55.826)
Actor: Emsirva E.S.P. – en liquidación
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa

constitucional, contenida en el acto legislativo No. 01 de 2005 y en contravía
de la carta magna, concluyeron que el tutelante se pensionaría por convención
dentro de los tres años siguientes a la entrada en vigencia en liquidación de la
entidad y por ende debería mantenerse vinculada a EMSIRVA ESP EN
LIQUIDACIÓN, disponiendo su reintegro con el pago de todos los
emolumentos, con la expresa orden de mantenerla en su cargo hasta que se le
reconozca la pensión de jubilación convencional, condición resolutoria que
jamás se consolidará.

En efecto, ésta demanda se erige y tiene su soporte legal en que la accionante
jamás fue despedida, su retiro obedeció al acogimiento que hizo al retiro
compensado que se le propuso, aceptación que hizo de manera libre y
espontánea, aunado al hecho que la legalidad de una propuesta conciliatoria,
es imposible de enervarla por vía de tutela según los pronunciamientos de las
Altas Cortes.

Además de lo anterior el señor JARY RIVAS LOZANO no puede ser catalogado
como prepensionable por Convención, como ilegítimamente lo invocó, y como
en flagrante violación a las normas convencionales, a la realidad fáctica, lo
concluyeron los Jueces 21 Civil Municipal y 3 Civil del Circuito, contra la
evidencia real de la IMPOSIBILIDAD LEGAL Y FÁCTICA de que ésta señora
reuniera los requisitos convencionales para pensionarse, es decir 53 años de
edad y veinte años de servicio continuo o discontinuo a EMSIRVA ESP en
Liquidación antes del 31 de julio de 2.010 cuando se acabaron de manera
absolutamente definitiva los beneficios convencionales en Colombia por virtud
de la reforma constitucional. (se destaca)15

31. Con base en lo señalado, el recurso de apelación interpuesto no puede
decantarse en el nuevo yerro formulado por la vía del recurso, puesto que, incluir
dicho argumento en la imputación fáctica y jurídica realizada a la pasiva en la
presente acción de reparación directa, implicaría variar la causa petendi y un
desconocimiento flagrante del debido proceso, dado que sorprendería a la parte
demandada cuya defensa y medios exceptivos estarían enfocados a rebatir los
hechos presentados en la demanda y, además, negaría su legítimo derecho de
controvertir y de aportar pruebas tendientes a rebatir los elementos de juicio 16.

15
Folio 383 del cuaderno 1.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24
de octubre de 2016, exp. 34.357. C.P. Hernán Andrade Rincón; reiterada por la misma Subsección, entre otras,
en sentencia de 11 de octubre de 2018, exp. 42.778, C.P.: Carlos Alberto Zambrano Barrera, y sentencia del
20 de febrero de 2020, exp. 54.407. C.P. María Adriana Marín.
Sobre este aspecto se pronunció la Sala en la sentencia de 30 de marzo de 2006 (exp. 31.789), en los siguientes
términos: “Adviértase que tal y como lo describe el tratadista Hernán Fabio López, el recurso de apelación es
aquél que permite al ad quem, directo superior jerárquico del juez de primera instancia, a quo, decidir la
manifestación de inconformidad presentada por una de las partes contra una providencia judicial. No puede
entenderse éste como un mecanismo para reformar la demanda o cambiar su causa petendi.
“Como quiera que mediante el recurso de apelación no es posible hacer estas modificaciones, aun cuando estas
sean sucintas, la Sala se abstendrá de hacer algún pronunciamiento frente a los argumentos nuevos que se
expusieron en el recurso de apelación …”. (Se destaca).
En el mismo sentido, en las sentencias de 30 de noviembre 30 de 2006 (exp. 16.583) y 18 de octubre de 2007
(exp. 15.528), se indicó: “Finalmente, la Sala no hará pronunciamiento alguno respecto de las razones aducidas

7

Radicación: 76001233100020120039501 (55.826)
Actor: Emsirva E.S.P. – en liquidación
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa

32. Por lo expuesto, la Sala se abstendrá de hacer pronunciamiento alguno frente
a la nueva imputación y, en consecuencia, limitará el análisis al aparente error
jurisdiccional derivado de las circunstancias ya anotadas.

Problema jurídico

33. De acuerdo con lo anterior, el debate jurídico se orienta a determinar si la pasiva
es responsable por el daño reclamado por la parte actora, derivado del supuesto
error jurisdiccional en que incurrió en las sentencias de amparo cuestionadas.

Lo probado

34. En el expediente obra el siguiente material probatorio con el que esta
Subsección encuentra probados los hechos relevantes que a continuación se
indican:

• En resolución No. SSPD 20091300007455 de 25 de marzo de 2009, proferida
por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, se decretó la
liquidación de la Empresa de Servicio Público de Aseo de Cali – Emsirva E.S.P. –
17.

• En resolución No. 01 de 26 de marzo de 2009, Emsirva E.S.P. – en liquidación-
dispuso suprimir de su estructura todos los cargos existentes18.

• Mediante acta de conciliación No. 00355 de 13 de noviembre de 2009, el señor
Jary Rivas Lozano aceptó retirarse de manera libre y voluntaria de Emsirva E.S.P.
– en liquidación-, así como, recibir las sumas de dinero que la empresa decidió
reconocer a su favor por concepto de “bonificación” y “bonificación de aportes al
sistema de seguridad social”19.

• El 4 de febrero de 2010, el señor Jary Rivas Lozano presentó acción de tutela
contra Emsirva E.S.P. – en liquidación-, con el fin de que se ampararan sus
derechos al debido proceso, a la igualdad al trabajo en condiciones dignas y justas,
a la estabilidad laboral reforzada, al ingreso vital y móvil, al retén social y a la

por los actores en el recurso de apelación, en cuanto a que la víctima fue reclutada cuando apenas tenía 17
años y cinco meses de vida, es decir antes de que cumpliera la mayoría de edad como lo exige la ley, lo cual,
sin perjuicio de ser cierto, no hizo parte de la demanda, de suerte que ello supondría una variación en la causa
petendi, pues como lo ha sostenido la Sala en otras oportunidades, en el recurso de apelación no es posible
modificar los fundamentos fácticos señalados en la formulación jurídica; es decir, al juez de segunda
instancia no le está permitido emitir juicios sobre hechos que no constituyeron el fundamento de la
demanda, dado que el recurso de apelación no puede entenderse como un mecanismo para reformar o
modificar la causa petendi, de suerte que la Sala se abstendrá de hacer pronunciamiento alguno frente
al argumento nuevo planteado en dicho recurso…”. (Se destaca)
17
Folios 180 a 189 del cuaderno 2.
18
Folios 191 y 192 del cuaderno 2.
19
Folios 54 a 57 del cuaderno 2.

8

Radicación: 76001233100020120039501 (55.826)
Actor: Emsirva E.S.P. – en liquidación
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa

seguridad social, por considerar que fue retirado de la mencionada empresa a
través de un “acta de conciliación”, de la que no comprendía plenamente sus
términos ni consecuencias, y con la que se desconoció que es una persona
calificada por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez con un porcentaje del
37,10% de discapacidad laboral definitiva, así como, su condición de pre-
pensionado en virtud de la convención colectiva de trabajo 2004-2007, dado que se
encontraba próximo a cumplir 53 años de edad y contaba con 20 años de
servicios20.

• El 19 de febrero de 2010, el Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Cali tuteló los
derechos fundamentales al trabajo, al debido proceso, al mínimo vital y a la
seguridad social del señor Jary Rivas Lozano, ordenando a Emsirva E.S.P. – en
liquidación-, que en el término de 48 horas, siguientes a la notificación de la
providencia, procediera a reintegrar al accionante a un cargo igual o equivalente al
que desempeñaba al momento de su desvinculación y le pagara los salarios y
prestaciones sociales dejados de percibir durante el tiempo que estuvo cesante,
previa compensación con la indemnización recibida con motivo de la
desvinculación, precisando que el reintegro se extendería hasta el reconocimiento
de la pensión de jubilación o vejez o el último acto de liquidación de la entidad, lo
que ocurriera primero.

Como fundamento de la decisión, sostuvo que si bien el señor Jary Rivas Lozano
aparentemente de manera voluntaria y consciente suscribió el acuerdo
conciliatorio, lo cierto es que dicho convenio implica la renuncia de sus derechos
adquiridos como empleado beneficiario del retén social en los términos de las leyes
790 de 2002, 812 de 2003 y la sentencia C-991 de 2004, dada su condición de pre-
pensionado bajo la convención colectiva 2004-2007 de Emsirva, y la pérdida de su
capacidad laboral calificada en un 37,10%21.

• Inconforme con la decisión anterior, Emsirva E.S.P. – en liquidación- interpuso
recurso de apelación, por considerar que el retén social establecido en la Ley 790
de 2002 solo debe aplicarse a las entidades del orden nacional que se encuentran
dentro del proyecto de renovación de la administración y no a aquellas en
liquidación, de conformidad con la sentencia T-768 de 2005; asimismo, señaló que
proporcionó una protección especial al trabajador, por encontrarse calificado con
discapacidad laboral, razón por la cual no lo despidió, sino que le hizo una oferta
de retiro compensado.

Adicionalmente, sostuvo que el juez de tutela incurrió en vía de hecho al nulificar
un acuerdo conciliatorio que hace tránsito a cosa juzgada sin competencia, y
además no existen pruebas sobre la presencia de vicios del consentimiento, objeto
o causa ilícita en el mencionado acuerdo de retiro.

20
Folios 8 a 39 del cuaderno 2.
21
Folios 204 a 226 del cuaderno 2.

9

Radicación: 76001233100020120039501 (55.826)
Actor: Emsirva E.S.P. – en liquidación
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa

Finalmente, manifestó que el señor Jary Rivas Lozano no tenía la condición de pre-
pensionado, dado que no estaba amparado por el régimen de transición, toda vez
que, al 1 de abril de 1994 no tenía más de 40 años de edad, y tampoco cumplía
con el requisito de edad para acceder a la pensión convencional al 31 de julio de
201022.

• En proveído del 14 de abril de 2010, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali
resolvió el recurso de apelación, confirmando la providencia de 19 de febrero
anterior. En primer lugar, señaló que jurisprudencialmente se amplió el mecanismo
de estabilidad laboral reforzada establecido en la Ley 790 de 2002, al grupo de
personas protegidas por aquella en los órdenes nacional, departamental y
municipal, incluyendo los casos de liquidación forzosa administrativa.

Así mismo, sostuvo que la condición de pre-pensionado del señor Rivas Lozano
era incierta y por tanto, aquel derecho era susceptible de transacción y conciliación,
debido a que no cumplía con los requisitos establecidos en el régimen transicional
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues cuando entró a regir el
sistema –1 de abril de 1994- no contaba con los 40 años de edad que exige la
precitada ley, y tampoco, alcanzaría a cumplir con los requisitos para acceder a la
pensión convencional al 31 de julio de 2010, fecha en que perderían vigencia los
beneficios o condiciones pensionales diferentes a las establecidas en el sistema
general de pensiones, de acuerdo con el acto legislativo No. 1 de 2005.

No obstante, señaló que el amparo constitucional procedía respecto de la
estabilidad laboral reforzada derivada de la discapacidad laboral del accionante,
dado que era un derecho cierto e indiscutible frente al cual no era procedente la
conciliación. Al respecto, señaló (transcripción literal):

“No empecé todo lo que últimamente venimos diciendo, en lo que concuerda el
juzgado con las apreciaciones de la impugnante, debe señalarse que no puede
obviarse el que el señor Jary Rivas Lozano es una persona discapacitada, de
lo que existe prueba en la foliatura, de la cual se desprende que al antes
mencionado se le dictaminó: “que presenta como pérdida la capacidad laboral
un porcentaje del 37,10% (Treinta y siete punto diez por ciento), con fecha de
estructuración jueves, julio 05 de 2001. De origen PROFESIONAL”, expedida
por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, dictamen que no ha sido
controvertido por la demandada al interior de esta acción constitucional.

“Significa lo anterior que, como ya lo señalamos con anterioridad y pese a lo
que puede concluirse con base en el acto legislativo en relación con su posible
condición de prepensionado, que a la luz de dicha norma se difumina, nos
debemos ubicarnos en relación con el señor Jary Rivas Lozano en el plano de
los derechos ciertos e indiscutibles, concretamente del derecho a la “estabilidad

22
Folios 236 a 250 del cuaderno 2.

10

Radicación: 76001233100020120039501 (55.826)
Actor: Emsirva E.S.P. – en liquidación
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa

en el empleo” y, por contera, a la “garantía a la seguridad social” (artículo 53
C.P.), pues ha sido la misma ley, como venimos insistiendo, la que con ocasión
del programa de renovación de la administración pública, que la jurisprudencia
constitucional ha hecho extensiva a las entidades territoriales, la que estableció
en relación con las madres cabeza de familia, los prepensionados y los
DISCAPACITADOS, su derecho a permanecer en su puesto de trabajo hasta
el último acto de liquidación de la correspondiente entidad.

“En tales condiciones, y si bien debe reconocerse que en principio la
consideración relativa a la calidad de prepensionado del señor Jary Rivas
Lozano, a la luz de lo establecido en el Sistema General de Pensiones, de la
convención colectiva de trabajo suscrita entre Emsirva y sus trabajadores y del
acto legislativo 01 de 2005, resulta en últimas adversa al aquí accionante, no
sucede lo mismo si el sopesamiento entre sus derechos y el valor de la
conciliación verificada con la empresa se hace desde la perspectiva de su
condición de discapacitado, por lo que habrá de confirmarse la decisión del a
quo en cuanto la conciliación realizada versó sobre derechos ciertos e
indiscutibles como los arriba referidos, situación que sin duda influye en su
derecho a un mínimo vital pues no hay prueba de que, retrotrayéndonos al acto
conciliatorio celebrado en noviembre de 2009, el aquí accionante derivara su
sustento y el de su grupo familiar de otra fuente distinta a su salario; así como
su derecho a la igualdad, ya que no se tuvo en cuenta por la entidad la
protección laboral reforzada que la ley le otorgaba en su condición de
discapacitado; por contera, sus derechos a la estabilidad en el empleo y a la
seguridad social ya mencionados, derechos fundamentales que deben
prevalecer aun respecto del principio de la autonomía de la voluntad, que
encuentra límites en el campo laboral, como los establecidos en el artículo 53
de la Constitución Política, lo que incluye la orden de reintegro consecuente
con las subreglas jurisprudenciales establecidas por la Corte para cosas
semejantes, y por encima de las consideraciones prácticas traídas por la
impugnante en relación con la dificultad de reincorporar al extrabajador a un
cargo determinado”23. (Se destaca)

• Notificada la decisión, el 23 de abril de 2010, Emsirva E.S.P. – en liquidación-
solicitó la complementación y aclaración de la sentencia, pues el juez constitucional
ad quem omitió pronunciarse respecto de la legalidad y los efectos del acuerdo
conciliatorio celebrado ante el inspector del trabajo, quien impartió su aprobación al
considerar que no se estaban vulnerando los derechos ciertos e indiscutibles del
trabajador24.

• En auto del 10 de mayo de 2010, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali
negó la solicitud de complementación y aclaración, aduciendo que la decisión de
segunda instancia no presenta planteamientos confusos o dudosos; y, además,
resolvió el objeto del recurso de apelación, explicando la pérdida de eficacia de los

23
Folios 294 a 323 del cuaderno 2.
24
Folios 327 a 332 del cuaderno 2.

11

Radicación: 76001233100020120039501 (55.826)
Actor: Emsirva E.S.P. – en liquidación
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa

efectos del acuerdo conciliatorio, cuando el mismo versa sobre derechos ciertos e
indiscutibles25.

• Mediante auto de 12 de agosto de 2010, la Sala de Selección de la Corte
Constitucional excluyó de selección el expediente de tutela 26.

Determinación de la responsabilidad por error jurisdiccional. Carga de
suficiencia frente a los errores invocados.

35. La reparación directa por error judicial como sucede con la mayoría de los títulos
de imputación de responsabilidad parte de la carga argumentativa y probatoria, pero
en atención a que se cuestiona una decisión judicial, dotada de legitimidad, refuerza
la exigencia a la parte demandante de exponer de manera clara, precisa y
debidamente argumentada, la disconformidad de la providencia contentiva del yerro
con el marco normativo que regula el tema de la decisión, incluida la valoración
probatoria que corresponda realizar, sin que con aquello llegue a ser necesario que
el yerro sea invocado directamente, sino que el juez de instancia pueda interpretar,
a partir de una valoración integral de la demanda, si la providencia atacada es
contraria a la ley y por tanto, lesiona los derechos de acceso a la administración de
justicia y tutela judicial efectiva del interesado.

36. Sobre el particular, esta Subsección ha indicado que las cargas de claridad,
precisión y debida argumentación que le permiten a la parte actora demostrar que
existe una imputación de tipo jurídico a la demandada, comprenden los siguientes
aspectos:

“La claridad se refiere a la carga que se le impone al interesado de hacer
comprensivas las acusaciones que estima fueron las que produjeron el error
judicial, es decir, que el objeto y concepto de violación esté determinado o sea
determinable.

“La precisión implica que se deben identificar las razones basilares de la
decisión y refutarlas, ya que de no ser un argumento nodal de la decisión que
se estima causó un daño, la reparación directa sería denegatoria, pues la
providencia todavía se mantendría incólume y no habría causado, entonces, un
daño antijurídico.

“La argumentación tiene que ver con los aspectos mínimos de suficiencia en
las consideraciones que invoca el interesado como razonables para atar la
claridad y la precisión, para efectos de que opere el error jurisdiccional”27.

25
Folios 334 a 336 del cuaderno 2.
26
Folio 341 del cuaderno 2.
27
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 10 de septiembre de 2020, exp. 55004;
sentencia de 8 de mayo de 2020. exp. 51.674; y sentencia de 5 de marzo de 2021, exp. 49.666. C.P.: María
Adriana Marín.

12

Radicación: 76001233100020120039501 (55.826)
Actor: Emsirva E.S.P. – en liquidación
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa

37. Así las cosas, la carga de suficiencia de la parte actora se despliega frente a los
dos supuestos de configuración de la responsabilidad por error judicial, estos son,
el error de derecho y el de hecho, de ahí que, v.gr. cuando se trate del primero
deberá establecer, por lo menos, un señalamiento de las normas que se considera
transgredidas y una explicación sucinta de la manera en que ellas fueron infringidas;
y, por su parte, en el error de hecho deberá entenderse cuáles fueron las pruebas
sobre las que recayó el yerro en la actividad probatoria y por qué con ello se
transgredió la ley.

38. Bajo ese entendido, conviene precisar que el error de derecho se estructura
cuando el juez desborda los principios de autonomía e independencia en la
interpretación y aplicación de las normas jurídicas, incurriendo en i) una infracción
directa, por abstención y/u omisión del operador judicial en la aplicación de una
norma que era aplicable y necesaria para la resolución del caso concreto, ii) una
interpretación errónea, producida por dar un alcance, contenido y/o sentido que no
le corresponde a una norma idónea para resolver el asunto y con ello se afecta la
decisión adoptada; y/o iii) una aplicación indebida de la ley, mediante el empleo de
preceptos que no corresponden a la situación fáctica objeto de litis o porque se le
otorga una consecuencia jurídica no contemplada para hacerle producir efectos
distintos a los contemplados por la ley. Todo lo cual tiene la incidencia suficiente
para mutar la decisión tomada por el operador judicial y puede estructurarse bajo
las premisas de “no aplicó, interpretó mal y aplicó mal la ley material”28.

39. Además, precisa la Sala en esta oportunidad que la infracción, la interpretación
errónea o la aplicación indebida de la ley, debe ser manifiesta, esto es, que no haga
necesaria la elaboración de complejos y soportados juicios de valor acerca de las
posibles interpretaciones admisibles o del sentido que la doctrina y la jurisprudencia
han dado a una norma de derecho, pues de lo que se trata es de verificar con la
simple lectura de la providencia, uno de los vicios antes anotados. No se trata, por
lo mismo, siquiera de valorar la justeza de la decisión, pues en este campo la acción
del juez de la responsabilidad está vedada.

40. Por su parte, el error de hecho se configura ante deficiencias manifiestas en la
consideración de los hechos y los soportes de los mismos, con impacto directo en
la decisión que se adopta, por i) una defectuosa apreciación probatoria, bien porque
se ignoraron los medios de prueba y/o no se estudiaron en conjunto y de
conformidad con las reglas de la sana crítica, o bien porque se tuvo por probado un
hecho que no lo estaba o se tuvo por no demostrado uno que lo estaba; y ii) la

28
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 8 de mayo de 2020, exp. 51.674. C.P.:
María Adriana Marín

13

Radicación: 76001233100020120039501 (55.826)
Actor: Emsirva E.S.P. – en liquidación
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa

omisión de decreto y/o práctica de pruebas útiles, conducentes y pertinentes que
podrían haber incidido en la decisión29.

41. Empero, tal error no se refiere a cualquier desacierto contenido en una
providencia judicial, pues este debe surgir de una determinación carente de
fundamento objetivo30, que vulnere los derechos de defensa y debido proceso del
interesado, y en general, el derecho de acceso a la administración de justicia y tutela
judicial efectiva, por ser contraria al ordenamiento jurídico, sin que las diferencias
en la interpretación sean pasibles de reclamo, pues el error jurisdiccional debe ser
analizado dentro de los parámetros de la autonomía funcional del juez, a quien por
mandato constitucional se le otorga libertad para interpretar los hechos que se
someten a su consideración y, asimismo, aplicar las normas constitucionales o
legales que juzgue apropiadas para la resolución del respectivo conflicto jurídico
(Art. 228 C.P.), salvo que dicha interpretación resulte contraria al ordenamiento
jurídico de forma clara y evidente. En todo caso, como lo ha precisado la
Subsección, el derecho a acceder a la administración de justicia, no da lugar a exigir
una respuesta unívoca e inequívoca del fallador 31.

42. En esa misma dirección, esta Subsección32 ha considerado que para romper
con la presunción de legalidad, y más que ésta, de legitimidad que ampara a las
decisiones judiciales, es imperioso que el juez administrativo se cerciore que de
existir un yerro en la decisión, sea trascendente, es decir, que tenga la vocación de
modificar el sentido de esta, y suficiente, esto es, que destruya todos los
fundamentos o la ratio decidendi del pronunciamiento33, pues de lo contrario, la
providencia todavía se mantendría incólume, configurándose una carencia
demostrativa de la imputación jurídica de la demandada, lo que conduciría a un fallo
denegatorio de las pretensiones.

43. Así, el interesado debe circunscribir su actividad discursiva y probatoria a
desvirtuar la presunción de legalidad y acierto que abriga la providencia judicial, no
de manera inopinada, sino con sujeción a los requisitos previamente establecidos,
cuya finalidad no es otra que trazar los linderos de la litis para efectos de que sea
decidida por el juez contencioso administrativo, sin entrar a suplantar la esfera de
juicio del juez natural, puesto que, se aclara, la causa y objeto de la reparación
directa por error jurisdiccional es distinta al proceso en el cual se profirió la decisión
contentiva del error.

29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 26 de agosto de
2019, exp. 45.897, C.P.: Jaime Enrique Rodríguez Navas. Reiterado en: Sentencia de 8 de mayo de 2020, exp.
51.674. C.P.: María Adriana Marín.
30
Este error -inexcusable- tiene un alcance objetivo que no conduce a que se deba probar la conducta del
operador judicial, sino del error in judicando presente en la providencia con el alcance indicado.
31
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 26 de noviembre de 2018, exp. 39.969.
32
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 12 de diciembre de 2019, expediente
45.602.
33
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 8 de mayo de 2020, exp. 51.674. C.P.:
María Adriana Marín.

14

Radicación: 76001233100020120039501 (55.826)
Actor: Emsirva E.S.P. – en liquidación
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa

44. Por lo expuesto, el error judicial no constituye una vía alternativa o nueva vía
para darle trámite a una tercera instancia de cualquier conflicto ordinario, pues el
propósito claro de este tipo de responsabilidad es reparar el daño antijurídico que
hubiera causado el Estado en ejercicio de una de las funciones que le son
inherentes, como es la de administrar justicia, de conformidad con la imputación
jurídica que realiza la parte actora a la demandada, mediante la indicación clara,
precisa y debidamente argumentada de los errores de hecho y de derecho en que,
afirme, incurrieron las providencias acusadas 34.

Caso concreto

45. La parte actora le endilga a la pasiva haber incurrido en error de derecho por
omisión del operador judicial en la aplicación de normas y jurisprudencia que eran
aplicables y necesarias para la resolución del caso concreto, por cuanto, a su juicio:
i) bajo la consideración de que el señor Jary Rivas Lozano era pre-pensionable por
convención, le impuso una condición resolutoria de imposible cumplimiento,
desconociendo que no se cumplirían los requisitos para acceder al derecho antes
del 31 de julio de 2010, fecha en que expiraron los derechos pensionales
convencionales, de conformidad con el parágrafo transitorio 3 del acto legislativo
No. 1 de 2005, y ii) anuló por vía de tutela un acuerdo de retiro voluntario que hizo
tránsito a cosa juzgada, careciendo de competencia para adoptar dicha
determinación, tal como lo ha sostenido la Corte Constitucional en sentencia T-364
de 10 de mayo de 2002 y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia en sentencia del 1 de septiembre de 2004 proferida en el expediente 11.243.

46. Al respecto, considera la Sala que tales acusaciones carecen de fundamento
para que se active el mecanismo resarcitorio ejercido, por las siguientes razones:

47. En primer lugar, es importante indicar que la parte actora se limita a afirmar su
disconformidad con la interpretación realizada por el juez constitucional, reiterando
los argumentos que esgrimió durante la acción de tutela, y no a debatir las razones
de la sentencia con el alcance ya indicado, lo cual, de entrada, supone una carencia
argumentativa y demostrativa de la imputación jurídica realizada a la pasiva.

34
Esta Subsección ha indicado que las cargas de claridad, precisión y debida argumentación que le permiten a
la parte actora demostrar que existe una imputación de tipo jurídico a la demandada, comprenden los siguientes
aspectos:
“La claridad se refiere a la carga que se le impone al interesado de hacer comprensivas las acusaciones que
estima fueron las que produjeron el error judicial, es decir, que el objeto y concepto de violación esté
determinado o sea determinable.
“La precisión implica que se deben identificar las razones basilares de la decisión y refutarlas, ya que de no ser
un argumento nodal de la decisión que se estima causó un daño, la reparación directa sería denegatoria, pues
la providencia todavía se mantendría incólume y no habría causado, entonces, un daño antijurídico.
“La argumentación tiene que ver con los aspectos mínimos de suficiencia en las consideraciones que invoca el
interesado como razonables para atar la claridad y la precisión, para efectos de que opere el error jurisdiccional”.
Ver. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 10 de septiembre de 2020, exp. 55004;
sentencia de 8 de mayo de 2020. exp. 51.674; y sentencia de 5 de marzo de 2021, exp. 49.666. C.P.: María
Adriana Marín.

15

Radicación: 76001233100020120039501 (55.826)
Actor: Emsirva E.S.P. – en liquidación
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa

48. De esta manera, se observa que la parte actora se limitó a insistir en que la
decisión de tutela se adoptó bajo la consideración de que el señor Jary Rivas
Lozano era pre-pensionable por convención, endilgando a la pasiva un error de
derecho por no aplicar las normas que desvirtuaban dicha circunstancia, lo que
desconoce el alcance y contenido del fallo en firme al cual se le endilga el yerro y
evidencia que la parte actora busca reabrir el debate jurídico agotado por el juez
constitucional.

49. Al respecto, conviene precisar que si bien en la sentencia de tutela de primera
instancia se concedió el amparo al señor Jary Rivas Lozano, no solo por la
vulneración de su derecho a la estabilidad laboral reforzada derivada de su
discapacidad laboral, sino por su supuesta calidad de pre-pensionado, lo cierto es
que en la sentencia de segunda instancia el ad quem realizó el respectivo análisis
jurídico encontrando que el accionante estaba en imposibilidad de cumplir con los
requisitos para acceder al derecho de pensión dentro del término de tres años, lo
cual desvirtuaba que fuera beneficiario del retén social por estar próximo a
pensionarse, corrigiendo de esta manera el yerro en que incurrió el juez de primera
instancia.

50. Dada la imputación antes referida, vale destacar que el especialísimo título de
atribución por error jurisdiccional exige que el afectado hubiera interpuesto los
recursos ordinarios y que la providencia contentiva del error esté en firme35, en
tanto, se parte de reconocer que el proceso judicial está dotado de mecanismos de
autocorrección y corrección, que van desde la activación de las potestades oficiosas
del juez para hacerlo, hasta la capacidad dispositiva de los sujetos procesales para
impulsar decisiones que remedien las falencias que se hubieren cometido.

51. Así las cosas, la jurisprudencia de la Sección Tercera, ha sostenido de manera
reiterada que “aun cuando una decisión judicial resulte equivocada, si ésta aún
puede ser revocada o modificada, el daño no resultaría cierto, pues el error no
produciría efectos jurídicos y, además, podría superarse con la intervención del
superior funcional”36. Por tanto, los yerros contenidos en una decisión de primera
instancia no son pasibles de configurar un daño susceptible de indemnización,
cuando el superior hubiera tenido la posibilidad de subsanarlos, tal como sucedió
en el presente caso, de ahí que, el yerro traído por la parte actora carezca de
trascendencia, pues no tiene la vocación de modificar el sentido de la decisión en
firme cuestionada, evidenciándose la carencia demostrativa de la imputación
realizada a la pasiva.

35
“Artículo 67. Presupuestos del error jurisdiccional. El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes
presupuestos:
“1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto
en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia
judicial.
“2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme”.
36
Consejo de Estado, sentencia de 23 de abril de 2008, exp. 16.271, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, reiterada
en Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de julio de 2012, exp. 22581 y
sentencia del 6 de julio de 2017, expediente 38028, M. P. Danilo Rojas Betancourth.

16

Radicación: 76001233100020120039501 (55.826)
Actor: Emsirva E.S.P. – en liquidación
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa

52. Por otra parte, respecto del yerro consistente en la imposibilidad de anular por
vía de tutela un acuerdo de retiro voluntario que hizo tránsito a cosa juzgada, resulta
claro que ese supuesto yerro corresponde al mismo argumento esgrimido al
interponer el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia en sede
de tutela, en relación con el cual, el juez ad quem presentó de manera motivada el
sustento jurisprudencial que reconoce a la tutela como el mecanismo judicial
procedente para amparar los derechos ciertos e indiscutibles de aquellos
trabajadores beneficiarios del retén social - SU-389 de 2005 -, aun cuando la
renuncia de los mismos se hubiera producido de manera libre y voluntaria mediante
acuerdo conciliatorio -T-1008 de 1999-, sin que la parte demandante de la presente
acción hubiera debatido las razones de la sentencia con el alcance que exige el
presente título de imputación.

53. Con lo anterior, se evidencia que la parte actora insiste en la certeza de su
alegato de instancia, esta vez, calificando lo decidido frente a ello como un error
jurisdiccional, lo que termina por desconocer que el proceso judicial que se tramita
en sede de reparación directa no tiene –ni puede tener– la vocación de constituirse
en una instancia adicional a la tramitada dentro del cauce procesal en el cual se
aduce la configuración del error jurisdiccional, pues el juicio al que conduce el
ejercicio de la acción de reparación directa tiene como presupuesto la intangibilidad
de la cosa juzgada que reviste a la providencia judicial a la cual se le endilga la
producción del daño antijurídico37.

54. No obstante la carencia argumentativa de la parte actora, basta precisar que,
tal como lo indicó el juez de tutela, la conciliación en materia laboral encuentra su
límite en los derechos ciertos e indiscutibles del trabajador. Al respecto, la Corte
Constitucional en sentencia T-1008 de 2009, ha sostenido (transcripción literal):

“En lo referente a las conciliaciones en materia laboral, si bien, en cuanto
cumplan las condiciones legales, están llamadas a resolver las diferencias
entre patronos y trabajadores en aspectos salariales y prestacionales, carecen
de fuerza, frente a la Constitución, para hacer que el trabajador mediante ellas
renuncie a derechos suyos ciertos e indiscutibles, como es el caso de la
pensión de jubilación, que le debe ser reconocida y pagada cuando se cumplan
los requisitos de ley para obtenerla.

“ Así, pues, el alcance de las conciliaciones es relativo, en cuanto ponen fin a
controversias referentes a los derechos laborales de los cuales se trata en sus
textos, pero no pueden extenderse a derechos irrenunciables de los
trabajadores. Respecto de éstos las cláusulas de renuncia se tienen por no

37
Este criterio ha sido expuesto, entre otras, en las siguientes providencias de la Sección Tercera: Sentencia
del 17 de noviembre de 2011, exp. 22.982; sentencia del 6 de junio de 2012, exp. 24.690; sentencia del 27 de
junio de 2013, exp. 28.189; sentencia del 29 de enero de 2014, exp. 28.215; sentencia del 12 de febrero de
2014, exp. 28.428; sentencia del 28 de agosto de 2014, exp. 29.540; sentencia del 1° de octubre de 2014, exp.
27.862, y sentencia de 10 de julio de 2020. exp. 56763). C.P.: Nicolás Yepes Corrales, entre otras.

17

Radicación: 76001233100020120039501 (55.826)
Actor: Emsirva E.S.P. – en liquidación
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa

escritas y no pueden oponerse válidamente a las pretensiones del reclamante
si lo que éste pide es la efectividad del derecho irrenunciable.

“Con mayor razón es inoponible al trabajador la conciliación cuando -como
sucede en el presente caso- el derecho irrenunciable del que se trata no ha
sido objeto de los acuerdos llevados al documento conciliatorio”.

55. Ahora, si bien el recurrente sustenta la imputación en el desconocimiento de la
sentencia T-364 de 10 de mayo de 2002 y la sentencia del 1 de septiembre de 2004,
esta última proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia en el expediente 11.243, debe advertirse, por un lado, que los hechos
analizados en la sentencia T-364 de 2002 distan de la realidad jurídica abordada
por el juez de tutela en el caso del señor Jary Rivas Lozano, pues en esa
oportunidad el actor no cumplió con el requisito de inmediatez y tampoco demostró
que gozaba de estabilidad laboral reforzada, lo cual conllevó a la denegación del
amparo que pretendía nulificar el plan de retiro aceptado voluntariamente por el
actor; y por otro, en la sentencia del 1 de septiembre de 2004, la Corte Suprema de
Justicia abordó el tema de la separación y autonomía de las jurisdicciones, sin
ahondar en los casos en que resulta posible la intervención del juez de tutela.

56. Sobre esta base, conviene recalcar que el título de imputación por error
jurisdiccional debe ser analizado dentro de los parámetros de la autonomía e
independencia que tiene el juez para interpretar los hechos que se someten a su
consideración y aplicar las normas constitucionales o legales que juzgue apropiadas
para la resolución del respectivo conflicto jurídico, de ahí que, corresponda a la parte
actora demostrar que la interpretación del fallador resulta contraria al ordenamiento
jurídico de forma clara y evidente, lo cual, no ocurrió en el presente asunto.

57. En este orden de ideas, no se observa que los supuestos yerros cumplan con
los requisitos de trascendencia y suficiencia que exige el título de imputación por
error jurisdiccional, pues el amparo de los derechos fundamentales del señor Jary
Rivas Lozano y su consecuente reintegro al cargo, obedeció a su condición especial
de vulnerabilidad, derivada de la pérdida de su capacidad laboral en un porcentaje
del 37,10%, y no de su supuesta condición de pre-pensionado, pues, se itera, dicho
razonamiento fue corregido en la sentencia de amparo de segunda instancia; y
además, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el juez de tutela goza de
competencia para amparar el derecho a la estabilidad laboral reforzada derivada de
la discapacidad laboral, por tratarse de un derecho cierto e indiscutible frente al cual
no es procedente la conciliación.

58. Así las cosas, no entra por las mismas razones la Sala a efectuar consideración
alguna acerca de supuestos errores que tampoco se evidencian, pues, en las
condiciones anotadas, tal premisa es contraria a la seguridad que las relaciones
jurídicas y sociales imprime a la cosa juzgada a las sentencias de los jueces.

18

Radicación: 76001233100020120039501 (55.826)
Actor: Emsirva E.S.P. – en liquidación
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa

59. A tono con las razones hasta aquí expuestas, considerando que la parte actora
no cumplió con la carga de suficiencia que exige el título de imputación de error
jurisdiccional frente a la demostración y argumentación de los yerros que se
predican de una determinada providencia y, por tanto, no demostró que las
sentencias analizadas fueran contrarias a derecho, es claro para la Sala que no se
menoscabó el ejercicio de los derechos de acceso a la administración de justicia y
de tutela judicial efectiva de la demandante, por lo que se confirmará la sentencia
de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.

Condena en costas

60. En vista de que no hay temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala
se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo
171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley
446 de 1998.

IV. PARTE RESOLUTIVA

61. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR, la sentencia de 4 de septiembre de 2015, proferida por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Ausente con permiso

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que
se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
VF

19

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.