Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-31-000-2012-00496-02
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-31-000-2012-00496-02
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 76001-23-31-000-2012-00496-02
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
9 de junio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 76001-23-31-000-2012-00496-02
Referencia. Acción de Nulidad
Actora: ALICIA OSORIO GONZÁLEZ
TESIS: SE REITERA EL CRITERIO JURISPRUDENCIAL DE LA
SECCIÓN EN CUANTO A QUE LAS ENTIDADES TERRITORIALES
PUEDEN AUTORIZAR VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES,
PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS QUE EXIGE LA LEY.
SE REVOCA LA SENTENCIA APELADA Y, EN SU LUGAR, SE DENIEGAN
LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto
por la apoderada del Municipio de Santiago de Cali contra la
sentencia de 25 de noviembre de 2014, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, por la cual se declaró la nulidad
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Actora: ALICIA OSORIO GONZÁLEZ
de los artículos 23 y 24 del Acuerdo núm. 0241 de 8 de septiembre
de 20081, expedido por el Concejo Municipal de Santiago de Cali.
I.- ANTECEDENTES
I.1. Alicia Osorio González, en nombre propio y en ejercicio de la
acción de nulidad, prevista en el artículo 84 del CCA, presentó
demanda ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de los artículos 23 y 24
del Acuerdo 241 de 2008.
I.2. La demandante no hizo una relación de hechos en el escrito de
demanda.
I.3. En apoyo de sus pretensiones, la actora adujo la violación de los
artículos 352 y 364 de la Constitución Política; 10°, 11 y 12 de la Ley
Orgánica de Presupuesto 819 de 2003; y 23 de la Ley 179 de 1994.
Como concepto de violación adujo, que los preceptos constitucionales
y legales citados en el acápite de normas violadas fueron
flagrantemente desacatadas por el Concejo de Santiago de Cali al
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“por medio del cual se modifican unos artículos de los Acuerdos 178 y 190 de 2006, se
autoriza el cobro de una contribución de valorización por beneficio general para la
construcción de un plan de obras, se aprueban unas vigencias futuras excepcionales y se
dictan otras disposiciones”.
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expedir el Acuerdo 241 de 2008, en lo atinente a las vigencias futuras
excepcionales, concretamente en los artículos 23 y 24, por medio de
los cuales se autorizó a la administración de Santiago de Cali a
comprometer los recursos de presupuestos de anualidades
posteriores, correspondientes a la contribución de valorización,
desde el año 2009 al año 2013, pretermitiendo lo ordenado en la Ley
819 de 2003.
Por otro lado, hizo alusión a lo preceptuado en la Ley Orgánica de
Presupuesto 819 de 2003, la cual conserva lo dispuesto en la Ley 179
de 1994, sobre vigencias futuras, en la que hizo referencia a que las
vigencias futuras excepcionales se autorizaban para obras de
infraestructura, energía, comunicaciones, aeronáutica, defensa,
seguridad, así como a las garantías de las concesiones. En estos
casos, afirmó que se podía autorizar que se asumieran obligaciones
que afectaran vigencias futuras sin apropiación en el presupuesto del
año en que se concedía la autorización; y como no se hizo ninguna
referencia a las entidades territoriales, éstas quedaron excluidas para
recibir dichas autorizaciones, que lo fueron únicamente para las
entidades del orden nacional.
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Por lo tanto, señaló que los concejos municipales de las entidades
territoriales no pueden autorizar a las respectivas administraciones
gubernamentales, para comprometer vigencias futuras
excepcionales. Sin embargo, el Concejo Municipal de Santiago de Cali
autorizó al Municipio de Santiago de Cali, en el artículo 23 del
Acuerdo 241 de 2008, para comprometer vigencias futuras
excepcionales, arrogándose una competencia que no le fue atribuida,
violando lo dispuesto en la Ley Orgánica de Presupuesto.
Concluyó, que el Concejo Municipal de Santiago de Cali solo tiene
competencia para autorizar vigencias futuras ordinarias, es decir
para comprometer las vigencias fiscales correspondientes al mismo
año de la expedición del Acuerdo, en este caso del 2008. No obstante,
se extralimitó y entregó autorización al mandatario de la época para
comprometer vigencias futuras excepcionales y, además, que éstas
fueran incluidas en los presupuestos de las vigencias autorizadas a
partir del año 2009.
I.4.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
1.4.1. El MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, mediante
apoderado, contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad
de las pretensiones adujo, en esencia, lo siguiente:
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Que la norma demandada fue expedida al amparo del principio de
autonomía de las entidades territoriales y de lo preceptuado en el
Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal, contenido en el Acuerdo
17 de 1996, modificado por el Acuerdo 198 de 2006, que de manera
expresa en su artículo 1º estableció la figura de las vigencias futuras
ordinarias y excepcionales para el Municipio de Santiago de Cali, el cual
se expidió en desarrollo de lo previsto en los artículos 104 y 109 del
Decreto 111 de 1996.
Sostuvo que el Acuerdo 198 de 2006 faculta al Concejo Municipal de
Santiago de Cali para autorizar la asunción de vigencias futuras, el cual
fue expedido en aplicación del principio de autonomía de las entidades
territoriales que prevé la Constitución Política de 1991, para la gestión
de los intereses propios por parte de los entes territoriales.
Refirió que la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público expidió la Circular Externa 07 de 20 de febrero de 2007,
en la que determinó la posibilidad de que las entidades territoriales
pudiesen contraer obligaciones con cargo a vigencias futuras, siempre
que las mismas se reglamentasen en su Estatuto Orgánico de
Presupuesto.
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Añadió que, en dicho contexto, en el Municipio de Santiago de Cali, de
conformidad con el Concejo Municipal, es posible asumir compromisos
con cargo a vigencias futuras excepcionales por cuanto así lo prevé el
Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal, cumpliéndose de esta
forma lo dispuesto en el documento Conpes 3463 de 12 marzo de 2007
y en el artículo 109 del Decreto 111 de 1996.
Asimismo, refirió que el Municipio de Santiago de Cali observó con
rigorismo lo que demandaba el artículo 11 de la Ley 819 de 2003,
respecto de que el proyecto a financiar con vigencias futuras
excepcionales, correspondiera a obras de infraestructura. Además,
indicó que se contó con la autorización del Confis, ya que las obras
hacen parte del Plan de Desarrollo contenido en el Acuerdo 0237 de
2008 “para vivir la vida dignamente”, lo cual fue considerado de
importancia estratégica por el Consejo de Gobierno; no se desbordó la
capacidad de endeudamiento del ente territorial; y consultan metas
del marco fiscal de mediano plazo.
Hizo alusión a que, posteriormente, con la expedición de la Ley 1483
de 2011, “por medio de la cual se dictan normas orgánicas en materia
de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal para las
entidades territoriales”, se reguló la asunción de obligaciones por los
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entes territoriales que afectan presupuestos de posteriores vigencias
fiscales, por lo que confrontados los artículos demandados con la
mencionada Ley, resultan absolutamente compatibles con los nuevos
preceptos que regulan la materia.
1.4.2. El CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI,
mediante apoderado, contestó la demanda y para oponerse a la
prosperidad de las pretensiones adujo, en esencia, lo siguiente:
Alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva, debido a que
consideró que la entidad territorial que tiene la personería jurídica es
el Municipio de Santiago de Cali.
Como argumentos de defensa, señaló que la Ley 1483 de 2011 permite
la aprobación de vigencias futuras excepcionales para las entidades
territoriales, es decir, que existe un marco legal que regula y permite
la aprobación del uso de vigencias excepcionales para entidades como
el Municipio de Santiago de Cali.
Agregó que la norma demandada fue aprobada en el Concejo Municipal
de Santiago de Cali, en vigencia del Acuerdo 198 de 2006, el cual, en
el ejercicio del principio de autonomía de las entidades territoriales,
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estableció en su artículo 1º que el Concejo Municipal podrá autorizar
la asunción de obligaciones que afecten vigencias futuras cumpliendo
las reglas y condiciones que señala la Ley 819 de 2003 o las normas
que la modifiquen, adicionen, aclaren o deroguen.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
Mediante sentencia de 25 de noviembre de 2014, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca decretó la nulidad de los artículos
23 y 24 del Acuerdo núm. 0241 del 8 de septiembre de 2008, expedido
por el Concejo Municipal de Santiago de Cali, porque conforme a lo
previsto en la Ley 819 de 2003, las entidades territoriales no pueden
comprometer vigencias futuras excepcionales. Lo anterior, con base en
los razonamientos que pueden resumirse, así:
Sostuvo frente a la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva, formulada por el Concejo Municipal de Santiago de Cali, que
no tiene vocación de prosperidad, pues ello no es un presupuesto de
la acción, sino de la pretensión, por ser aquella una condición propia
del derecho sustancial y no del procesal, razón por la cual la declaró
infundada.
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Posteriormente, hizo alusión a lo regulado por el artículo 11 de la Ley
812 de 2003, y señaló que dicha disposición prevé los eventos en los
que el Consejo Superior de Política Fiscal- Confis-, puede autorizar la
adquisición de obligaciones que afecten el presupuesto de vigencias
futuras excepcionales sin apropiación en el presupuesto del año en
que se concede su autorización, pero no prevé que dicho
procedimiento pueda ser efectuado por los entes territoriales.
Luego de hacer referencia a la sentencia proferida por esta Sección
del 14 de julio de 2011, sostuvo que el monto máximo de vigencias
futuras, su plazo y condiciones debe consultar las metas plurianuales
del Marco Fiscal, conforme a lo preceptuado en el artículo 1º de la
Ley 819 de 2003, quedando claro que sólo se está autorizando al
Gobierno Nacional para hacer uso de dicho procedimiento, por cuanto
el mencionado artículo ordena que el Marco Fiscal debe ser
presentado por el Gobierno Nacional.
Añadió que si bien no se hizo referencia a las entidades territoriales,
para hacer uso de tal facultad, dicho silencio no se puede interpretar
como autorización tácita a favor de las mismas.
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En consecuencia, al establecer que los entes territoriales no están
facultados por el Legislador para comprometer vigencias futuras
excepcionales, declaró la nulidad de los artículos 23 y 24 del Acuerdo
Municipal núm. 0241 de 8 de septiembre de 2008, expedido por el
Concejo Municipal de Santiago de Cali.
III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
El apoderado del Municipio de Santiago de Cali manifestó, en síntesis,
que todos los requisitos a que aluden los distintos órganos para
habilitar a los entes territoriales la facultad para asumir vigencias
futuras excepcionales, fueron cumplidos por el ente territorial, en
atención a lo que demandaba la Ley 819 de 2003, pues el proyecto
a financiar con vigencias futuras excepcionales corresponde a obras
de infraestructura y se ajusta a las directrices del artículo 11 de la
Ley 819 de 2003; se contó con la autorización del Confis; las obras
hacen parte del Plan de Desarrollo contenido en el Acuerdo 0237 de
2008 “para vivir la vida dignamente”; fueron consideradas de
importancia estratégica por el Consejo de Gobierno; no se desbordó
la capacidad de endeudamiento del ente territorial; y consultan las
metas del Marco Fiscal de mediano plazo.
Manifestó que confrontados los artículos acusados con la Ley 1483
de 2011, son compatibles con la nueva normativa, en la medida en
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que tal norma establece las vigencias futuras excepcionales, siendo
las disposiciones demandadas acordes con la norma vigente como
quiera que, de manera expresa, el legislador prevé en el artículo 2°
de aquella, la derogatoria de las disposiciones que le son contrarias,
lo cual no aplica para las normas que son objeto de demanda.
Como sustento de lo anterior, invoca el fenómeno jurídico de la
convalidación o “purga de ilegalidad”, según el cual se considera no
viciado de nulidad un acto administrativo que fue ilegal al momento
de su nacimiento habiendo recibido sustento legal posterior a su
expedición. Además, agregó que, mediante el Acuerdo Municipal
núm. 0348 de 2013, se convalidó la vigencia futura excepcional de
los ingresos que la contribución de valorización causa, con el
propósito de financiar la continuidad de la ejecución del Plan de Obras
de Interés General del Acuerdo 0241 de 2008.
Así las cosas, sostuvo que la sentencia impugnada no tuvo en
consideración la Ley 1483 de 2011, norma anterior a la expedición
del fallo.
Insistió, en que las normas acusadas forman parte del Acuerdo 0241
de 2008, por el cual el Concejo Municipal de Santiago de Cali autorizó
el cobro de una contribución de valorización por beneficio general,
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para financiar la construcción de un Plan de Obra tributo que fuera
legal e impuesto válidamente por la Corporación, en ejercicio de las
facultades conferidas en los cánones 317 y 338 Constitucionales,
como medida necesaria para asegurar e impulsar obras de
infraestructura para el desarrollo de la ciudad.
Asimismo, indicó que las normas acusadas fueron expedidas al
amparo del principio de autonomía de las entidades territoriales y del
Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal contenido en el Acuerdo
17 de 1996, modificado por el Acuerdo 198 de 2006, que de manera
expresa en su artículo 1° estableció la figura de las vigencias futuras
para el Municipio de Santiago de Cali, en desarrollo de lo previsto en
los artículos 104 y 109 del Decreto 111 de 1996.
Concluyó que el Municipio de Santiago de Cali puede asumir
compromisos con cargo a vigencias futuras excepcionales, por cuanto
así lo prevé el Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal,
cumpliendo lo dispuesto en el documento Conpes 3463 de 12 de
marzo de 2007, en el artículo 109 del Decreto 111 de 1996, y en la
Ley 1483 de 2011.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION
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IV.1.- Vencido el plazo, la parte actora, descorrió el traslado de
alegatos, en forma oportuna, en el que solicita, en síntesis, que se
confirme la sentencia apelada, aduciendo argumentos similares a los
expuestos en la demanda.
IV.2.- De igual forma, la parte demandada descorrió el traslado de
alegatos, oportunamente, en el que solicita que se revoque la
sentencia apelada, para lo cual, en síntesis, reiteró los argumentos
expuestos en el recurso de alzada.
IV.3. El Ministerio Público, en la oportunidad concedida para
presentar sus alegatos, guardó silencio.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de los artículos
23 y 24 del Acuerdo núm. 0241 de 20082, expedido por el Concejo
Municipal de Santiago de Cali, en el que se autoriza al Alcalde de dicho
ente territorial para comprometer vigencias futuras excepcionales de
las vigencias fiscales de los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.
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“Por medio del cual se modifican unos artículos de los Acuerdos 178 y 179 de 2006, se
autoriza el cobro de una contribución de valorización por beneficio general para la
construcción de un plan de obras, se aprueban unas vigencias futuras excepcionales y se
dictan otras disposiciones”.
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Los mencionados artículos, son del siguiente tenor:
“ACUERDO N° 0241 DE 2008
(08 Septiembre)
(…).
EL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI, en ejercicio de
atribuciones legales y en especial las contenidas en los artículos 317
y 338 de la Constitución Política de Colombia, y en el Decreto Ley
1333 de 1986, entre otras
ACUERDA
(…)
ARTÍCULO 23°.- Se autoriza al Señor Alcalde de Santiago de
Cali, para comprometer vigencias futuras excepcionales de las
vigencias fiscales de los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013
hasta por el Cien por ciento (100%) de los ingresos que la
contribución de valorización cause, con el propósito de financiar
la estructuración, diseño, construcción, dotación e
implementación del Plan de Obras de Interés General del
presente Acuerdo.
ARTÍCULO 24°. – La Administración Municipal de Santiago de
Cali a través del Departamento Administrativo de Hacienda
Municipal, una vez comprometidos los recursos a los que se
refiere el artículo anterior, deberá incluir en los respectivos
presupuestos de cada vigencia fiscal las asignaciones necesarias
para cumplir con los compromisos adquiridos (…).”
Como ya se precisó, en la demanda la parte actora solicitó la nulidad
de los artículos 23 y 24 del Acuerdo núm. 0241 de 2008, expedido
por el Concejo Municipal de Santiago de Cali, por ser violatorios de
los artículos 352 y 364 de la Constitución Política; 10°, 11, 12 de la
Ley Orgánica 819 de 2003; y 23 de la Ley 179 de 1994, dado que se
autorizó a la administración del Municipio de Santiago de Cali para
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comprometer los recursos de presupuestos de anualidades
posteriores, correspondiente a la contribución de valorización, desde
el año 2009 al año 2013, pretermitiendo lo dispuesto en la Ley 816
de 2003, ya que esta norma no hizo referencia a autorizar a las
entidades territoriales a comprometer vigencias futuras
excepcionales.
A su vez, las entidades demandadas sostuvieron que el Municipio de
Santiago de Cali observó con rigorismo lo dispuesto en el artículo 11
de la Ley 819 de 2003, que contó con autorización del Confis; las
obras hacen parte del Plan de Desarrollo contenido en el Acuerdo
0237 de 2008 “para vivir la vida dignamente”; fueron consideradas
de importancia estratégica por el Consejo de Gobierno; no se
desbordó la capacidad de endeudamiento del ente territorial y
consultan las metas del marco fiscal de mediano plazo.
Señalaron, además, que frente a la normativa acusada operó la
purga de ilegalidad, pues actualmente a nivel territorial están
previstas las vigencias futuras excepcionales, para las entidades
territoriales conforme a la Ley 1483 de 2011.
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Por su parte, como ya se vio, el a quo, en la sentencia que es objeto
del recurso de apelación, consideró que, conforme a lo dispuesto en
el artículo 1° de la Ley 819 de 2003, no resulta procedente para los
entes territoriales, de acuerdo con el artículo 11 de la misma,
comprometer vigencias futuras excepcionales, pues esta norma solo
está autorizando al Gobierno Nacional y no hizo referencia a las
entidades territoriales.
Inconforme con dicha decisión, el Municipio de Santiago de Cali
interpuso el recurso de apelación argumentando, en síntesis, que se
cumplieron por el ente territorial los requisitos para comprometer
vigencias futuras excepcionales, en atención a lo que demandaba la
Ley 819 de 2003, porque el proyecto a financiar corresponde a obras
de infraestructura; contó con la autorización del Confis; las obras
hacen parte del Plan de Desarrollo contenido en el Acuerdo 0237 de
2008 “para vivir la vida dignamente”; fueron consideradas de
importancia estratégica por el Consejo de Gobierno; no se desbordó
la capacidad de endeudamiento del ente territorial; y consultan las
metas del Marco Fiscal de mediano plazo.
Así mismo, invocó que en el presente caso se presentó el fenómeno
jurídico de la convalidación o “purga de ilegalidad”, ya que
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contrastados los artículos acusados con la Ley 1483 de 2011, son
compatibles con la nueva normativa, en la medida en que tal norma
establece las vigencias futuras excepcionales para los entes
territoriales, siendo las disposiciones demandadas acordes con la
norma vigente.
En orden a desatar la controversia, la Sala abordará, en primer lugar,
el aspecto atinente a la autonomía de las entidades territoriales, la
normatividad aplicable al caso, la jurisprudencia sobre el particular y
el análisis del caso concreto, así:
-De la autonomía de las entidades territoriales en materia
presupuestal
De conformidad con el artículo 1º de la Constitución Política,
Colombia es un Estado organizado en forma de República unitaria,
descentralizado, con autonomía de sus entidades territoriales. Lo
anterior implica que las entidades descentralizadas territorialmente
gozan de autonomía para gestionar sus propios intereses.
El artículo 287 ibidem, se refiere al contenido básico de la autonomía
territorial, el cual ha sido reconocido por la jurisprudencia
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constitucional como su núcleo esencial3. La mencionada norma
dispone que las entidades territoriales son titulares de los siguientes
derechos: (i) gobernarse por autoridades propias; (ii) ejercer las
competencias que les correspondan; (iii) administrar los recursos y
establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus
funciones; y (iv) participar en las rentas nacionales.
A su vez, los artículos 352 y 364 de la Carta Política, disponen lo
siguiente:
“ARTICULO 352. Además de lo señalado en esta
Constitución, la Ley Orgánica del Presupuesto regulará lo
correspondiente a la programación, aprobación, modificación,
ejecución de los presupuestos de la Nación, de las entidades
territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel
administrativo, y su coordinación con el Plan Nacional de
Desarrollo, así como también la capacidad de los organismos
y entidades estatales para contratar.
(…)
ARTICULO 364. El endeudamiento interno y externo de la
Nación y de las entidades territoriales no podrá exceder su
capacidad de pago. La ley regulará la materia”.
Respecto de la autonomía de los entes territoriales en materia
presupuestal la Corte Constitucional4, ha señalado:
“[…] Las prerrogativas que se derivan de la autonomía que se
confiere a las entidades territoriales, se ejercen en los
términos establecidos en la Constitución y la ley, y en este
3
Sentencia C-346/17, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
4
Sentencia C-346/17, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
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sentido, no son de carácter absoluto. En efecto, el Legislador
puede limitarlas, condicionarlas o restringirlas, cuando esté
autorizado por otra disposición constitucional, siempre que tal
limitación no afecte el núcleo esencial de la autonomía, y
resulte necesaria, útil, y proporcionada al fin constitucional
que se busca alcanzar.5
En este sentido, la Corte ha establecido que corresponde al
Legislador diseñar el modelo institucional del ejercicio del
poder público en el territorio, y le está proscrito instituir reglas
que limiten la autonomía de las entidades territoriales a tal
punto que sólo desde una perspectiva formal o meramente
nominal, pueda afirmarse que tienen capacidad para la
gestión de sus propios intereses.6
Así pues, es preciso buscar un equilibrio entre la unidad y la
autonomía, el cual se logra mediante un sistema de
limitaciones recíprocas: de una parte, la autonomía está
limitada por el principio de unidad, en virtud del cual, debe
existir “uniformidad legislativa en lo que tenga que ver con el
interés general nacional, puesto que la naturaleza del Estado
unitario presume la centralización política, que exige unidad
en todos los ramos de la legislación y en las decisiones de
política que tengan vigencia para todo el territorio nacional,
así como una administración de justicia común”7; y de otra,
la unidad encuentra un límite en el núcleo esencial de la
autonomía territorial, que consiste en el margen de gestión
que el Constituyente y el Legislador garantizan a las entidades
territoriales para que planeen, programen, dirijan, organicen,
ejecuten, coordinen y controlen sus actividades, en aras del
cumplimiento de las funciones y fines del Estado. 8
Entonces, el Legislador está autorizado para fijar el alcance
de la autonomía territorial, dentro de los límites mínimos y
máximos que señala la Constitución, esto es, el núcleo
esencial y el carácter unitario del Estado.9 Concretamente,
corresponde a la ley definir los intereses nacionales, y para
ello puede intervenir en los asuntos locales siempre que no se
trate de materias de competencia exclusiva de las entidades
territoriales. En ese orden de ideas, deberá armonizar los
5 Ver sentencias C-219 de 1997 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) y C-447 de 1998 (M.P. Carlos
Gaviria Díaz).
6 Sobre el particular, se pueden consultar las sentencias C-720 de 1999 (M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz) y C-579 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett).
7 Ver sentencia C-579 de 2001; M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
8 Sentencia C-1258 de 2001; M.P. Jaime Córdoba Triviño.
9 Ibídem.
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intereses de las autoridades en los distintos niveles, los
cuales, según el artículo 288 Superior, ejercen sus
competencias dentro de los principios de coordinación,
concurrencia y subsidiariedad.
En particular, la jurisprudencia constitucional ha establecido
que, en materia presupuestal, el Legislador cuenta con una
mayor potestad para intervenir sobre los asuntos atinentes a
la administración territorial. En efecto, por mandato del
artículo 334 Superior, la dirección general de la economía
corresponde al Estado y, en particular, al Congreso como
titular de la función legislativa nacional, al gobierno y al Banco
de la República. En ese sentido, es a través de las leyes que
se fijan las políticas macroeconómicas de la Nación, por lo que
la autonomía de las entidades territoriales no puede
imposibilitar el adecuado diseño de tales políticas10 […]”.
Conforme a lo anterior, se encuentra que las entidades territoriales
tienen derecho a disponer libremente de recursos financieros para
ejecutar sus propias decisiones; y uno de los derechos mínimos de
los que son titulares, consiste en establecer y administrar los
recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
Particularmente, la Constitución atribuye a las entidades territoriales
la competencia para elaborar su plan de desarrollo, lo que se traduce
en la potestad de diseñar su propio sistema de ingresos y gastos.
De la sentencia se extrae también que no obstante, la facultad de la
que gozan las entidades territoriales para definir autónomamente el
presupuesto de gastos e inversiones, ella es limitada. Así, el
10 Sentencia C-579 de 2001; M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
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Legislador tiene injerencia en el ejercicio del derecho de las entidades
territoriales para administrar sus propios recursos y, en esa medida,
en la selección de los objetivos económicos, sociales o políticos a los
cuales deban estar destinados los recursos públicos de su
propiedad11.
-De la Ley Orgánica del Presupuesto frente a la autonomía de las
entidades territoriales
Frente a la naturaleza y características de la Ley Orgánica de
Presupuesto, esta Sección12 ha señalado, lo siguiente:
“[…] En relación con la naturaleza y características de las
Leyes Orgánicas, la jurisprudencia constitucional13 ha
puesto de presente que estas leyes tienen características
especiales, entre ellas, (i) que reglamentan plenamente
materias que gozan de una cláusula de reserva estricta para
esta clase de Leyes Orgánicas, (ii) que en razón de lo anterior
y dada la importancia que la Constitución les ha otorgado, las
Leyes Orgánicas han sido dotadas de una gran estabilidad, la
cual se refleja en los requisitos particulares para su
expedición; (iii) que la Carta les ha reconocido
prevalencia y estatus superior respecto de las demás
leyes ordinarias.
Ahora bien, en la misma sentencia, la Corte Constitucional
realizó una exposición detallada y sistemática acerca de la
naturaleza y características de las Leyes Orgánicas,
analizando las reglas y criterios estructurales del concepto de
ley Orgánica en el constitucionalismo colombiano, en cinco
11 Ibidem
12 Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Primera-Consejera
Ponente: María Claudia Rojas Lasso- sentencia del catorce (14) de julio de dos mil once
(2011)- Rad Núm: 85001-23-31-000-2009-00032-02.
13 C-557-09
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aspectos esenciales: “(i) el carácter instrumental que cumple
la ley Orgánica en tanto que reguladora de la actividad
legislativa del Congreso de la República; (ii) las diversas
funciones que está llamada cumplir en el ordenamiento
jurídico; (iii) las relaciones existentes entre la ley
Orgánica y las demás leyes; (iv) el procedimiento
legislativo requerido para su aprobación; y (v) la caducidad
de la acción pública de inconstitucionalidad”.
Acerca del tema relativo a las relaciones existentes entre la
ley Orgánica y las demás leyes, la jurisprudencia
constitucional ha evidenciado el carácter superior
jerárquico de las Leyes Orgánicas, en cuanto gozan de
una naturaleza jerárquica superior a las demás leyes,
las cuales deben ajustarse a lo que organiza aquella.
(…)
Como de manera repetida lo ha dicho la jurisprudencia, las
normas orgánicas, entre las cuales se incluyen las de
presupuesto, tienen una categoría superior que condiciona el
ejercicio de la actividad legislativa, al punto de que el control
de constitucionalidad que lleva a cabo la Corte Constitucional
deba implicar que se confronte la disposición acusada no
solamente con el texto constitucional, sino también con la
respectiva norma orgánica. Esta viene a constituirse en límite,
directriz y referencia obligada de la ley ordinaria […]”.
Por otro lado, la Corte Constitucional14 se ha referido al principio de
unidad presupuestal como la obligación que le asiste a todas las
instituciones del sector público, de que sus presupuestos sean
elaborados y ejecutados, en cuanto a su contenido, métodos y
expresión, con estricto acatamiento de la política presupuestaria
única, definida y adoptada por la autoridad competente de
conformidad con la ley. Al respecto, ha sostenido lo siguiente:
14 C - 652/15, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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“[…] En razón a su vinculación directa con el principio de
legalidad, conviene mencionar, entre los principios que
gobiernan el proceso presupuestal, los de unidad
presupuestal, universalidad y especialización. El primero, el
de unidad presupuestal, hace referencia a la obligación que le
asiste a todas las instituciones del sector público, de que sus
presupuestos sean elaborados y ejecutados, en cuanto a su
contenido, métodos y expresión, con estricto acatamiento de
la política presupuestaria única, definida y adoptada por la
autoridad competente de conformidad con la ley (C.P. arts.
346 y 347). En punto a este principio de unidad presupuestal,
ha sostenido la jurisprudencia constitucional que el mismo
“nace de la realidad que constituye el manejo unificado de la
economía o de la parte oficial de la misma y de la existencia
de unos fines y objetivos comunes a todos los presupuestos
que se ponen en vigor anualmente”15. El segundo, el de
universalidad, impone que en el respectivo proyecto de ley de
apropiaciones que presente el Gobierno al Congreso, estén
contenidos la totalidad de los gastos del Estado a realizar
durante la respectiva vigencia fiscal, resultando inadmisible la
presentación por separado, en diferentes proyectos de
presupuesto, de los gastos correspondientes a los diversos
órganos del Estado16 (C.P. art. 347). El tercero, el de
especialización17, por su parte, le prohíbe al Gobierno, y a los
demás ordenadores del gasto, “utilizar partidas del gasto
aprobadas por el Congreso para una finalidad diferente a
aquélla para la cual ésta fue apropiada”18, lo cual significa que
la partida aprobada por la ley para un gasto, no puede
invertirse en un propósito distinto a aquél que fue
determinado directamente por el legislador (C.P. art. 345).
(…)
En consonancia con lo anterior, y considerando que a través
de la ley anual de presupuesto el Congreso define el monto
máximo del gasto público para un determinado periodo y
apropia las partidas para una específica finalidad, la
jurisprudencia ha destacado que dicha ley es entonces una ley
de autorización de gastos, que limita jurídicamente su
ejecución en tres aspectos específicos: “de un lado, en el
campo temporal, pues las erogaciones deben hacerse en el
15 Sentencia C-592 de 1995.
16 Consultar la Sentencia C-315 de 1997.
17 El principio de especialización se encuentra contenido en el artículo 345 de la Carta Política
y desarrollado en el artículo 18 del Decreto 111 de 1996 o Estatuto Orgánico del Presupuesto,
el cual establece que “las apropiaciones deben referirse en cada órgano de la administración
a su objeto y funciones, y se ejecutarán estrictamente conforme al fin para el cual fueron
programadas.
18 Sentencia C-201 de 1998.
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período fiscal respectivo; de otro lado, a nivel cuantitativo,
pues las apropiaciones son las cifras máximas que se pueden
erogar; y, finalmente, en el campo sustantivo o material, pues
la ley no sólo señala cuánto se puede gastar sino en qué se
deben emplear los fondos públicos”.19
5.13. De otra parte, cabe destacar que, aun cuando al
Congreso le compete expedir la ley anual de presupuesto,
conforme lo dispone el artículo 349 Superior, dicha ley debe
ser discutida y aprobada por dicho órgano con estricta
sujeción a las reglas de la Ley Orgánica de Presupuesto.
5.14. En efecto, como ya ha sido señalado, el artículo 151 de
la Carta le atribuye al Congreso de la República la facultad de
expedir leyes orgánicas a las cuales se sujetará el ejercicio de
la actividad legislativa, autorización que incluye la expedición
de normas sobre preparación, aprobación y ejecución del
presupuesto de rentas y ley de apropiaciones. La citada
disposición, se encuentra en plena correspondencia con el
artículo 352 del mismo ordenamiento Superior, que le ordena
al Congreso la regulación en la ley orgánica del presupuesto,
de lo relacionado a la programación, aprobación, modificación
y ejecución del presupuesto, no sólo de la Nación, sino
también de las entidades territoriales y de los entes
descentralizados de cualquier nivel administrativo, y su
coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo.
5.15. En cumplimiento de los mencionados mandatos
constitucionales, el Congreso expidió las Leyes 38 de 1989,
179 de 1994 y 225 de 1995, que conforman el Estatuto
Orgánico del Presupuesto. Dichas leyes, a su vez, fueron
compiladas por el Presidente de la República, con base en las
facultades conferidas por el artículo 24 de la Ley 225 de 1995,
en un solo cuerpo normativo, el Decreto 111 de 1996. Dicho
decreto es hoy en día el Estatuto Orgánico del Presupuesto,
según lo prevé el artículo 24 de la Ley 225 de 1995, con
arreglo al cual se desarrolla lo relacionado con la
programación, aprobación, modificación y ejecución de los
presupuestos de la Nación y de las Entidades Territoriales y
los entes descentralizados.
5.16. De esta manera, si bien corresponde al Congreso
mediante ley ordinaria la discusión y aprobación anual del
Presupuesto, no es menos cierto que para el efecto debe
ceñirse, con rigor, a las normas orgánicas respectivas, cuya
transgresión lleva consigo, de manera ineluctable, a la
19
Sentencia C-685 de 1996.
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violación de los artículos 151 y 352 de la Constitución
Nacional.
5.17. Como reiteradamente lo ha sostenido esta Corporación,
“las normas orgánicas, entre las cuales se incluyen las de
presupuesto, tienen una categoría superior que condiciona el
ejercicio de la actividad legislativa, al punto de que el control
de constitucionalidad que lleva a cabo esta Corporación deba
implicar que se confronte la disposición acusada no solamente
con el texto constitucional, sino también con la respectiva
norma orgánica [la cual] viene a constituirse en límite,
directriz y referencia obligada de la ley ordinaria”.20
5.18. En la misma dirección, este Tribunal ha sostenido que,
dado su especial rango y jerarquía, “las leyes orgánicas son
parámetros del análisis de constitucionalidad en sentido lato,
en tanto y en cuanto se trata de normas de naturaleza
supralegal que implican un límite a la actuación de las
autoridades y al margen de configuración del Congreso […].”21
Así mismo, esa Corporación 22 ha reiterado la necesidad de preservar
la autonomía real o efectiva de las entidades territoriales, para la
gestión de sus asuntos propios: “Si bien se reconoce como punto de
partida la facultad del poder central de dirigir las finanzas públicas,
se debe advertir que esta facultad no se traduce en el vaciamiento
de la autonomía presupuestal de los entes territoriales. La facultad
de gestión y ejecución de los recursos propios no puede ser
afectada por el diseño de una política de saneamiento fiscal
de tal forma que haga imposible la atención de los intereses
de las localidades.”. Así lo precisó:
20 Sentencia C-1379 de 2000.
21 Sentencia C-142 de 2015.
22 Sentencia C-189/19. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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“[…] 1. El alcance del principio de autonomía de las entidades
territoriales se determina, constitucionalmente, por el influjo
de dos elementos complementarios: el principio de Estado
Unitario y las competencias constitucionales propias de las
entidades territoriales, en virtud de su autonomía. El principio
de Estado Unitario determina que todos los órganos del
Estado, comprendidos todos los niveles de la administración
pública, incluida la territorial, hacen parte de la unidad política
del Estado23, lo que implica que las potestades derivadas de
la soberanía, tales como la política macroeconómica24, el
acuño de la moneda25, el manejo de las relaciones
internacionales26, el ejercicio de la función jurisdiccional27 y de
la función legislativa28 e, incluso el mantenimiento del orden
público, son asuntos que pertenecen al Estado29, en su
conjunto, razón por la cual, las entidades territoriales carecen
de competencias en estas materias y, por lo tanto, su
autonomía no es absoluta, sino se encuentra subordinada al
ejercicio de estas potestades estatales. Así, el sometimiento
de las entidades territoriales a la Constitución Política y a las
leyes de la República, son elementos que garantizan que la
autonomía de las entidades territoriales se ejerza dentro del
Estado Unitario.
2.La autonomía de las entidades territoriales, dentro de los
contornos de las leyes, como derivación del principio del
Estado Unitario, se encuentra reiterada por varias normas
constitucionales. Así, el artículo 287 dispone que los entes
territoriales disponen de autonomía “dentro de los límites de
la Constitución y la ley”. También, el artículo 352 prevé que
23 “Estado unitario presume la centralización política, que exige unidad en todos los ramos
de la legislación y en las decisiones de política que tengan vigencia para todo el territorio
nacional, así como una administración de justicia común”: Corte Constitucional, sentencia
C-579/01.
24 Los artículos 333 y 334 de la Constitución imponen al Estado la obligación de impedir que
se obstruya o restrinja la libertad económica y le atribuyen la dirección general de la
economía, con el mandato de intervenirla con fines constitucionalmente establecidos.,
25 El artículo 371 de la Constitución atribuye al Banco de la República, como banca central,
entre otras funciones, las de “regular la moneda, los cambios internacionales y el crédito;
emitir la moneda legal; administrar las reservas internacionales”
26 El artículo 182, n. 2, confía en el Presidente de la República el manejo de las relaciones
internacionales y los artículos 226 introducen mandatos específicos al Estado, en esta
actividad.
27 El artículo 116 de la Constitución enlista los órganos que administran justicia y el artículo
228 prevé que el funcionamiento de la administración de justicia será desconcentrado y
autónomo, pero no permite su funcionamiento descentralizado.
28 Los artículos 150 y 189 de la Constitución delimitan los órganos que constitucionalmente
pueden ejercer la función legislativa.
29 El artículo 189 de la Constitución atribuye al Presidente de la República, como suprema
autoridad administrativa, la responsabilidad del mantenimiento del orden público, razón por
la cual, en esta materia, las autoridades locales son agentes jerarquizados del Presidente
de la República (artículo 296 de la Constitución).
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la Ley Orgánica del presupuesto regulará lo correspondiente
a la programación, aprobación, modificación, ejecución de los
presupuestos, no sólo de la Nación, sino también de las
entidades territoriales30. Igualmente, el numeral 4 del artículo
300 de la Constitución estableció que los tributos y
contribuciones que decreten las Asambleas Departamentales
por medio de ordenanzas, para el cumplimiento de las
funciones departamentales, deberán de ser establecidos “de
conformidad con la ley”, al mismo tiempo que el numeral 3
del artículo 313, dispone que es función de los concejos
municipales, votar los tributos y gastos locales “de
conformidad con la Constitución y la ley”. Igualmente, el
artículo 344 de la Constitución prevé que los organismos
departamentales evaluarán la gestión y los resultados de los
planes y programas de desarrollo e inversión de los
departamentos y los municipios y deberán participar en la
preparación de los presupuestos municipales, “en los términos
que señale la ley”. También varias normas de la Constitución
prevén la necesaria coordinación entre los planes locales de
desarrollo y el Plan Nacional de Desarrollo31.
3. De este conjunto de normas constitucionales se evidencia
que, en virtud del principio de Estado Unitario, le corresponde
a la Constitución y, en particular, a las leyes de la República,
fijar el alcance concreto de la autonomía de las entidades
territoriales, por lo que es posible sostener que, en la
Constitución colombiana, autonomía no significa ni
soberanía32, ni autarquía33. Sin embargo, la facultad del
30 “(…) por disposición expresa del art. 352 de la nueva Constitución, ese poder homologador
de la Ley Orgánica se extiende a los demás presupuestos, sean los que elaboren los entes
descentralizados por servicios como los que adopten las entidades autónomas territoriales”:
Corte Constitucional, sentencia C-478/92.
31 El segundo inciso del numeral 12, del artículo 300 de la Constitución dispone “Los planes
y programas de desarrollo de obras públicas serán coordinados e integrados con los planes
y programas municipales, regionales y nacionales”. También el segundo inciso del artículo
339 dispone: “Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada
entre ellas y el gobierno nacional, planes de desarrollo” Igualmente, el artículo 352 de la
Constitución dispone que la Ley Orgánica del Presupuesto regulará lo relativo a los
“presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de
cualquier nivel administrativo, y su coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo”.
32 “(…) se afirman los intereses locales pero se reconoce la supremacía de un ordenamiento
superior, con lo cual la autonomía de las entidades territoriales no se configura como poder
soberano sino que se explica en un contexto unitario”: Corte Constitucional, sentencia C-
535/96.
33 “Por ello no hay que confundir autonomía con autarquía, la cual expresa la autosuficiencia
-se basta a sí misma- plena y total. En otras palabras, la autarquía rompe con el modelo
del Estado unitario y la transforma en Estado compuesto, donde ya no hay unidad legal,
sino concurrencia de órdenes jurídicas en una asociación de intereses jurídico-políticos, de
modo que no hay un interés general unitivo, sino compuesto”: Corte Constitucional,
sentencia C-216/94. “Dicha autonomía como lo ha reconocido varias veces la Corte no
significa autarquía, sino que comporta la atribución de competencias propias y la afirmación
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Legislador no es ilimitada, al punto de desconocer que la
Constitución garantiza la autonomía de las entidades
territoriales. Por esta razón, las atribuciones del Congreso,
respecto de los entes territoriales, se encuentran limitadas por
el respeto del núcleo esencial del derecho a su autonomía.
4. La configuración básica34 de la autonomía de las entidades
territoriales está determinado por la misma Constitución la
que, en su artículo 287 dispuso que “Las entidades
territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus
intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley.
En tal virtud tendrán los siguientes derechos: 1. Gobernarse
por autoridades propias. 2. Ejercer las competencias que les
correspondan. 3. Administrar los recursos y establecer los
tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 4.
Participar en las rentas nacionales”. Esta norma
constitucional determina, en doble sentido, lo que
constitucionalmente corresponde a la autonomía garantizada
de las entidades territoriales: por una parte, dispone que se
garantiza la “gestión de sus intereses”, es decir, los locales o
propios de la colectividad correspondiente. Es por esta razón
que, cuando se trata de la gestión de intereses nacionales o
que sobrepasan lo local, las facultades del Legislador son
mucho más amplias, al no encontrarse en juego, en principio,
la autonomía de las entidades territoriales35, sin que pueda
entenderse que los locales y los nacionales son intereses
contrapuestos, sino que, por el contrario, requieren ser
armonizados36. Por otra parte, implica los contenidos mínimos
que deben ser respetados por el Legislador y por las
autoridades nacionales, en sus relaciones con las entidades
de derechos y poderes exigibles y oponibles a las autoridades de los niveles superiores del
Estado”: Corte Constitucional, sentencia C-284/97.
34 “El núcleo esencial de la autonomía está constituido, entonces, en primer término, por
aquellos elementos indispensables a la propia configuración del concepto, y especialmente
por los poderes de acción de que gozan las entidades territoriales para poder satisfacer sus
propios intereses”: Corte Constitucional, sentencia C-535/96.
35 “El contenido esencial de la autonomía se liga así a la ‘gestión de los propios intereses’, y
por ello ha sido entendido como el derecho a participar a través de órganos propios, en la
administración y el gobierno de los asuntos de interés local. Al conferirse a las localidades
la gestión de sus propios asuntos se está reservando al poder central las cuestiones que
atañen con un interés nacional, por lo cual, en aras de salvaguardar este último y de
proteger el principio unitario, le compete al legislador la regulación de las condiciones
básicas de la autonomía local. Corte Constitucional, sentencia C-535/96.
36 “(…) esta Corte considera que la introducción del concepto de autonomía, que implica un
cambio sustancial en las relaciones centro-periferia, debe en todo caso ser entendida dentro
del marco general del Estado unitario. De esta forma, a la ley corresponderá definir y
defender los intereses nacionales, y para ello puede intervenir en los asuntos locales,
siempre que no se trate de materias de competencia exclusiva de las entidades territoriales.
En cualquier caso, hay que tener en cuenta que de lo que se trata es de armonizar los
distintos intereses, y no simplemente de delimitarlos y separarlos”: Corte Constitucional,
sentencia C-004/93.
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territoriales. Dichos contenidos constitucionales que protegen
la autonomía de los entes territoriales, elementos del núcleo
esencial de su autonomía, pueden agruparse en tres: (i) el
autogobierno, mediante autoridades propias37,
característica que se deriva de su elección local y por la
ausencia de subordinación jerárquica de dichas autoridades
respecto de las autoridades nacionales, con la salvedad de los
asuntos de orden público, de conformidad con el artículo 296
de la Constitución38; (ii) ejercer las competencias que, de
acuerdo con el ordenamiento jurídico, le correspondan a la
entidad territorial, pues sin competencias, no existe
autonomía de la cual predicarla, y (iii) administrar los
recursos, establecer los tributos necesarios para el
cumplimiento de sus funciones y participar en las rentas
nacionales. Igualmente, a partir de los artículos 300, n. 5 y
313, n. 5 de la Constitución, también integra su autonomía “la
facultad de organizar sus ingresos y gastos para cumplir con
las funciones constitucional y legalmente asignadas […]”39.
-De las vigencias futuras
El artículo 23 de la Ley 179 de 199440, prevé lo siguiente:
“ARTÍCULO 23. El artículo 31 de la Ley 38 de 1989 quedará
así:
"No se podrá ejecutar ningún programa o proyecto que haga
parte del presupuesto General de la Nación hasta tanto se
encuentren evaluados por el órgano competente y registrados
en el Banco Nacional de Programas y Proyectos.
Los órganos autorizados para cofinanciar, mencionados en la
cobertura de esta Ley Orgánica, cofinanciarán proyectos, a
37 “Debe protegerse el derecho de cada entidad a autodirigirse en sus particularidades a
través del respeto de la facultad de dirección política que ostentan”: Corte Constitucional,
sentencia C-535/96.
38 El artículo 296 de la Constitución dispone que “Para la conservación del orden público o
para su restablecimiento donde fuere turbado, los actos y órdenes del Presidente de la
República se aplicarán de manera inmediata y de preferencia sobre los de los gobernadores;
los actos y órdenes de los gobernadores se aplicarán de igual manera y con los mismos
efectos en relación con los de los alcaldes”.
39 Corte Constitucional, sentencia C-1112/01.
40 Por la cual se introducen algunas modificaciones a la Ley 38 de 1989, Orgánica de
Presupuesto.
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iniciativa directa de cualquier ciudadano, avalados por las
entidades territoriales, ante los órganos cofinanciadores o a
través de aquéllas.
Las entidades territoriales beneficiarias de estos recursos
deberán tener garantizado el cumplimiento de sus
obligaciones correspondientes al servicio de la deuda y
aportar lo que les corresponda.
Para entidades territoriales cuya población sea inferior a
20.000 habitantes conforme al censo de población de 1985,
se podrán utilizar mecanismos financieros alternativos para
facilitar la cofinanciación."
Posteriormente, se expidió el Decreto 111 de 199641, el cual en sus
artículos 14 y 23 estableció el principio de anualidad presupuestal y
estableció las vigencias futuras, de la siguiente manera:
“ARTICULO 14. ANUALIDAD. El año fiscal comienza el lo.
de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después
del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con
cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa
fecha y los saldos de apropiación no afectados por
compromisos caducarán sin excepción (Ley 38/89, artículo
10).
(…)
ARTICULO 23. <Artículo modificado por el artículo 10 de la
Ley 819 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> El Confis
podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten
presupuestos de vigencias futuras cuando su ejecución se
inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del
compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas siempre y
cuando se cumpla que:
a) El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las
condiciones de las mismas consulte las metas plurianuales del
41
“Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995
que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto”.
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Actora: ALICIA OSORIO GONZÁLEZ
Marco Fiscal de Mediano Plazo de que trata el artículo 1o de
esta ley;
b) Como mínimo, de las vigencias futuras que se soliciten se
deberá contar con apropiación del quince por ciento (15%) en
la vigencia fiscal en la que estas sean autorizadas;
c) Cuando se trate de proyectos de inversión nacional deberá
obtenerse el concepto previo y favorable del Departamento
Nacional de Planeación y del Ministerio del ramo.
La autorización por parte del Confis para comprometer
presupuesto con cargo a vigencias futuras no podrá superar
el respectivo período de gobierno. Se exceptúan los proyectos
de gastos de inversión en aquellos casos en que el Conpes
previamente los declare de importancia estratégica.
Esta disposición también se aplicará a las entidades de que
trata el artículo 9o de la presente ley. El Gobierno
reglamentará la materia.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Dirección General
del Presupuesto Público Nacional, incluirá en los proyectos de
presupuesto las asignaciones necesarias para darle
cumplimiento a lo dispuesto en este artículo.
PARÁGRAFO. Estas funciones podrán ser delegadas por el
Confis en la Dirección General del Presupuesto Público
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el
caso de los órganos que componen el Presupuesto General de
la Nación y en las juntas o Consejos Directivos en el caso de
las entidades de las que trata el numeral 4 del artículo 10 de
la Ley 179 de 1994. El Gobierno Nacional reglamentará la
materia.
En caso de existir tal delegación, quien sea delegado por el
Confis presentará un informe trimestral a dicho Consejo sobre
las vigencias futuras autorizadas en el trimestre
inmediatamente anterior”.
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Por su parte, la Ley Orgánica 819 de 200342 respecto de la programación
presupuestal y las vigencias futuras (ordinarias y excepcionales),
preceptuó lo siguiente:
“ARTÍCULO 8o. REGLAMENTACIÓN A LA
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL. La preparación y
elaboración del presupuesto general de la Nación y el de las
Entidades Territoriales, deberá sujetarse a los
correspondientes Marcos Fiscales de Mediano Plazo de manera
que las apropiaciones presupuestales aprobadas por el
Congreso de la República, las Asambleas y los Concejos,
puedan ejecutarse en su totalidad durante la vigencia fiscal
correspondiente.
En los eventos en que se encuentre en trámite una licitación,
concurso de méritos o cualquier otro proceso de selección del
contratista con todos los requerimientos legales, incluida la
disponibilidad presupuestal, y su perfeccionamiento se
efectúe en la vigencia fiscal siguiente, se atenderá con el
presupuesto de esta última vigencia, previo el cumplimiento
de los ajustes presupuestales correspondientes.
(…)
ARTÍCULO 10. VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS. El
artículo 9o de la Ley 179 de 1994 quedará así:
El Confis podrá autorizar la asunción de obligaciones que
afecten presupuestos de vigencias futuras cuando su
ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y
el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas
siempre y cuando se cumpla que:
a) El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las
condiciones de las mismas consulte las metas plurianuales del
Marco Fiscal de Mediano Plazo de que trata el artículo 1o de
esta ley;
b) Como mínimo, de las vigencias futuras que se soliciten se
deberá contar con apropiación del quince por ciento (15%) en
la vigencia fiscal en la que estas sean autorizadas;
42
“Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y
transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones”.
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c) Cuando se trate de proyectos de inversión nacional deberá
obtenerse el concepto previo y favorable del Departamento
Nacional de Planeación y del Ministerio del ramo.
La autorización por parte del Confis para comprometer
presupuesto con cargo a vigencias futuras no podrá superar
el respectivo período de gobierno. Se exceptúan los proyectos
de gastos de inversión en aquellos casos en que el Conpes
previamente los declare de importancia estratégica.
Esta disposición también se aplicará a las entidades de que
trata el artículo 9o de la presente ley. El Gobierno
reglamentará la materia.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Dirección General
del Presupuesto Público Nacional, incluirá en los proyectos de
presupuesto las asignaciones necesarias para darle
cumplimiento a lo dispuesto en este artículo.
PARÁGRAFO. Estas funciones podrán ser delegadas por el
Confis en la Dirección General del Presupuesto Público
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el
caso de los órganos que componen el Presupuesto General de
la Nación y en las juntas o Consejos Directivos en el caso de
las entidades de las que trata el numeral 4 del artículo 10 de
la Ley 179 de 1994. El Gobierno Nacional reglamentará la
materia.
En caso de existir tal delegación, quien sea delegado por el
Confis presentará un informe trimestral a dicho Consejo sobre
las vigencias futuras autorizadas en el trimestre
inmediatamente anterior.
ARTÍCULO 11. VIGENCIAS FUTURAS
EXCEPCIONALES. El artículo 3o de la Ley 225 de 1995
quedará así:
El Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, en casos
excepcionales para las obras de infraestructura, energía,
comunicaciones, aeronáutica, defensa y seguridad, así como
para las garantías a las concesiones, podrá autorizar que se
asuman obligaciones que afecten el presupuesto de vigencias
futuras sin apropiación en el presupuesto del año en que se
concede la autorización. El monto máximo de vigencias
futuras, el plazo y las condiciones de las mismas deberán
consultar las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano
Plazo del que trata el artículo 1o de esta ley.
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La secretaría ejecutiva del Confis enviará trimestralmente a
las comisiones económicas del Congreso una relación de las
autorizaciones aprobadas por el Consejo, para estos casos.
Para asumir obligaciones que afecten presupuestos de
vigencias futuras, los contratos de empréstito y las
contrapartidas que en estos se estipulen no requieren la
autorización del Consejo Superior de Política Fiscal, Confis.
Estos contratos se regirán por las normas que regulan las
operaciones de crédito público.
ARTÍCULO 12. VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS
PARA ENTIDADES TERRITORIALES. En las entidades
territoriales, las autorizaciones para comprometer vigencias
futuras serán impartidas por la asamblea o concejo
respectivo, a iniciativa del gobierno local, previa aprobación
por el Confis territorial o el órgano que haga sus veces.
Se podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten
presupuestos de vigencias futuras cuando su ejecución se
inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del
compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas siempre y
cuando se cumpla que:
a) El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las
condiciones de las mismas consulte las metas plurianuales del
Marco Fiscal de Mediano Plazo de que trata el artículo 1o de
esta ley;
b) Como mínimo, de las vigencias futuras que se soliciten se
deberá contar con apropiación del quince por ciento (15%) en
la vigencia fiscal en la que estas sean autorizadas;
c) Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión
nacional deberá obtenerse el concepto previo y favorable del
Departamento Nacional de Planeación.
La corporación de elección popular se abstendrá de otorgar la
autorización si los proyectos objeto de la vigencia futura no
están consignados en el Plan de Desarrollo respectivo y si
sumados todos los compromisos que se pretendan adquirir
por esta modalidad y sus costos futuros de mantenimiento y/o
administración, se excede su capacidad de endeudamiento.
La autorización por parte del Confis para comprometer
presupuesto con cargo a vigencias futuras no podrá superar
el respectivo período de gobierno. Se exceptúan los proyectos
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de gastos de inversión en aquellos casos en que el Consejo de
Gobierno previamente los declare de importancia estratégica.
En las entidades territoriales, queda prohibida la aprobación
de cualquier vigencia futura, en el último año de gobierno del
respectivo alcalde o gobernador, excepto la celebración de
operaciones conexas de crédito público.
PARÁGRAFO transitorio. La prohibición establecida en el
inciso anterior no aplicará para el presente período de
Gobernadores y Alcaldes, siempre que ello sea necesario para
la ejecución de proyectos de desarrollo regional aprobados en
el Plan Nacional de Desarrollo”.
Ahora, no obstante que cuando se expidió el Acuerdo cuestionado no
estaba vigente la Ley 1483 de 201143, no sobra traer a colación su
contenido, así:
“Artículo 1°. Vigencias futuras excepcionales para entidades
territoriales. En las entidades territoriales, las asambleas o
concejos respectivos, a iniciativa del gobierno local, podrán
autorizar la asunción de obligaciones que afecten
presupuestos de vigencias futuras sin apropiación en el
presupuesto del año en que se concede la autorización,
siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:
a). Las vigencias futuras excepcionales solo podrán ser
autorizadas para proyectos de infraestructura, energía,
comunicaciones, y en gasto público social en los sectores de
educación, salud, agua potable y saneamiento básico, que se
encuentren debidamente inscritos y viabilizados en los
respectivos bancos de proyectos.
b). El monto máximo de vigencias futuras, plazo y las
condiciones de las mismas deben consultar las metas
plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo de que trata el
artículo 5° de la Ley 819 de 2003.
c). Se cuente con aprobación previa del Confis territorial o el
órgano que haga sus veces.
43 Por medio de la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto,
responsabilidad y transparencia fiscal para las entidades territoriales.
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d). Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión
nacional deberá obtenerse el concepto previo y favorable del
Departamento Nacional de Planeación.
La corporación de elección popular se abstendrá de otorgar la
autorización, si los proyectos objeto de la vigencia futura no
están consignados en el Plan de Inversiones del Plan de
Desarrollo respectivo y si sumados todos los compromisos que
se pretendan adquirir por esta modalidad y sus costos futuros
de mantenimiento y/o administración, excede la capacidad de
endeudamiento de la entidad territorial, de forma que se
garantice la sujeción territorial a la disciplina fiscal, en los
términos del Capítulo II de la Ley 819 de 2003.
Los montos por vigencia que se comprometan por parte de las
entidades territoriales como vigencias futuras ordinarias y
excepcionales, se descontarán de los ingresos que sirven de
base para el cálculo de la capacidad de endeudamiento,
teniendo en cuenta la inflexibilidad que se genera en la
aprobación de los presupuestos de las vigencias afectadas con
los gastos aprobados de manera anticipada.
La autorización por parte de la asamblea o concejo respectivo,
para comprometer presupuesto con cargo a vigencias futuras
no podrá superar el respectivo período de gobierno. Se
exceptúan los proyectos de gastos de inversión en aquellos
casos en que el Consejo de Gobierno, con fundamento en
estudios de reconocido valor técnico que contemplen la
definición de obras prioritarias e ingeniería de detalle, de
acuerdo a la reglamentación del Gobierno Nacional,
previamente los declare de importancia estratégica.
Parágrafo 1°. En las entidades territoriales, queda prohibida
la aprobación de cualquier vigencia futura, en el último año
de gobierno del respectivo gobernador o alcalde; excepto para
aquellos proyectos de cofinanciación con participación total o
mayoritaria de la Nación y la última doceava del Sistema
General de Participaciones.
Parágrafo 2°. El plazo de ejecución de cualquier vigencia
futura aprobada debe ser igual al plazo de ejecución del
proyecto o gasto objeto de la misma.
Artículo 2°. Derogatoria y vigencia. La presente ley rige a
partir de la fecha de su publicación y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias”.
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Ahora bien, frente al tema de vigencias futuras excepcionales para las
entidades territoriales, esta Sección, en un principio, de acuerdo con la
sentencia del 14 de julio de 201144, sostuvo que los entes territoriales
no están facultados por el Legislador para comprometer vigencias
futuras excepcionales; y tampoco para autorizar vigencias futuras
ordinarias durante el último año de gobierno de sus respectivas
administraciones, conforme a lo dispuesto en los artículos 352 y 364
de la Constitución Política y en los artículos 10°, 11 y 12 de la Ley
Orgánica 819 de 2003, así:
“En efecto, se observa cómo el artículo prevé que el monto
máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las
mismas deben consultar las metas plurianuales del Marco
Fiscal “del que trata el artículo 1° de esta ley (sic)”; (Ley 809
de 2003) según el cual el Marco debe ser presentado por “el
Gobierno Nacional” y, entre otros requisitos, debe contener
“una relación de los pasivos contingentes que pudieran
afectar la situación financiera de la Nación”.
Es claro que si el legislador hubiera querido que las entidades
territoriales apropiaran vigencias futuras excepcionales,
habría indicado que el monto máximo de vigencias futuras, el
plazo y las condiciones de las mismas consultaran las metas
plurianuales del Marco Fiscal para las Entidades
Territoriales, y habría remitido expresamente al artículo 5°45
de la misma ley. Además, si la intención del Congreso hubiera
sido la de otorgar a los entes territoriales esta facultad, lo
habría dispuesto de manera manifiesta, tal como lo hizo con
la potestad que les dio para apropiar vigencias futuras de
44
Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Primera-Consejera
Ponente: María Claudia Rojas Lasso- Rad Núm: 85001-23-31-000-2009-00032-02.
45 “Artículo 5°. Marco Fiscal para Entidades Territoriales. Anualmente, en los departamentos,
en los distritos y municipios de categoría especial, 1 y 2, a partir de la vigencia de la presente
ley, y en los municipios de categorías 3, 4, 5 y 6 a partir de la vigencia 2005, el Gobernador o
Alcalde deberá presentar a la respectiva Asamblea o Concejo, a título informativo, un Marco
Fiscal…”
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carácter ordinario46 o hubiera hecho referencia al envío a las
Comisiones Económicas del Congreso de las autorizaciones
dadas por el CONFIS para este caso.
En conclusión, no cabe la menor duda de que ni el Decreto
111 de 1996 –que compila varias normas-, ni la Ley 819 de
2003 prevén la posibilidad de que entes territoriales
comprometan vigencias futuras excepcionales; y de que mal
puede interpretarse el silencio de la ley en este respecto como
una autorización tácita.
Cabe anotar que la diferencia fundamental entre las vigencias
futuras ordinarias y las vigencias futuras excepcionales,
radica, esencialmente, en que en las primeras la ejecución se
inicia con el presupuesto de la vigencia en curso, mientras que
en las excepcionales, se afecta el presupuesto de vigencias
futuras, sin apropiación en el presupuesto del año en que se
concede la autorización.
De otra parte, la Sala estima que la autonomía que
constitucionalmente se reconoce a los entes territoriales no
puede convertirse en una patente de corso para desconocer
los artículos 352 y 364 de la Constitución Política, ni los
artículos 10, 11 y 12 de la Ley Orgánica 819 de 2003, de cuyo
tenor surge de manifiesto que los entes territoriales no están
facultados por el Legislador para comprometer vigencias
futuras excepcionales, y tampoco para autorizar vigencias
futuras ordinarias durante el último año de gobierno de sus
respectivas administraciones”.
Esta misma postura la adoptó la Sección Quinta de esta Corporación47,
en sentencia de 31 de mayo de 2018, frente al tema de vigencias futuras
excepcionales, en la cual sostuvo que de la lectura detenida de la Ley
819 de 2003, por medio de la cual se modificó el Estatuto Orgánico
del Presupuesto, se faculta de manera expresa a la Nación para la
46 Artículo 12 de la Ley 819 de 2003. “Vigencias Futuras Ordinarias para Entidades
Territoriales”
47
Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Quinta- Consejera ponente: Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez-, Rad núm: 76001-23-31-000-2011-00253-01.
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asunción de compromisos que afecten vigencias futuras, de
conformidad con su artículo 11, pero que no ocurrió lo mismo en
relación con las entidades territoriales, pues ellas solo fueron
habilitadas para adquirir obligaciones con cargo a vigencias futuras
ordinarias, al tenor de lo dispuesto en el artículo 12 de ese mismo
cuerpo normativo. Así lo sostuvo, la precitada sentencia:
“Ley 819 de 2003, en la cual se introdujeron algunas
modificaciones a la norma orgánica de presupuesto y, de
manera concreta, al régimen de vigencias futuras, contempló
las vigencias futuras ordinarias y las excepcionales, siendo
específica en señalar que las entidades territoriales podrían
acudir a las primeras.
Finalmente, a título pedagógico, en tanto se reitera no estaba
vigente al momento de expedir el acto acusado, la Ley 1483
de 9 de noviembre de 2011, subsanó la falencia que tuvo la
Ley 819 de 2003, esto es, autorizó expresamente el uso de
las vigencias futuras excepcionales a las entidades
territoriales.
(…)
III) A pesar de que la sentencia de 1º de febrero de 2018
enuncia una alteración jurisprudencial en lo que concierne las
vigencias futuras excepcionales a favor de las entidades
territoriales, lo cierto es que dicho fallo estuvo acompañado
de una aclaración de voto conjunta suscrita por los Consejeros
Roberto Augusto Serrato y María Elizabeth García, en el
sentido de expresar que la nulidad del Acuerdo 0002 de 22 de
febrero de 2010, expedido por el Concejo Distrital de
Barranquilla –acto administrativo enjuiciado en aquella
época– debió ser decretada, por cuanto “en vigencia de la Ley
819 de 2003, no procedían vigencias futuras excepcionales en
el ámbito territorial.”
Por lo anterior, no podía predicarse una alteración
jurisprudencial en el derecho pretor de la Sección Primera.
7.3.3. El caso Concreto
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Esta Judicatura anticipa que el cuestionamiento no dispone de
entidad jurídica para revocar la sentencia de 14 de septiembre
de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca por las razones que se siguen:
La lectura detenida de la Ley 819 de 2003, por medio de la
cual se modificó el Estatuto Orgánico del Presupuesto –
compilado en el Decreto 111 de 1996– faculta de manera
expresa a la Nación para la asunción de compromisos que
afecten vigencias futuras, de conformidad con su artículo
11.
No obstante, no ocurrió lo mismo en relación con las entidades
territoriales, pues ellas solo fueron habilitadas para adquirir
obligaciones con cargo a vigencias futuras ordinarias, al
tenor de lo dispuesto en el artículo 12 de ese mismo cuerpo
normativo.
De allí que la Sala estime que, a la manera como lo consideró
el Tribunal a quo, que las entidades territoriales no estaban
autorizadas para autorizar vigencias futuras excepcionales, lo
que hizo el acto acusado, esto es, el Acuerdo 046 de 28 de
diciembre de 2010, expedido por el Concejo Municipal de
Tuluá para la prestación del servicio de alumbrado público en
ese municipio y su respectivo contrato de interventoría,
durante la duración del contrato de concesión que celebre el
Municipio de Tuluá, el cual será por veinte (20) años.
En este punto, huelga advertir que la competencia de las
personas de derecho público se sustenta en la identificación
de parámetros normativos explícitos, que permitan
establecer, sin hesitación alguna, la habilitación que el
ordenamiento les atribuye.
De allí que, si con antelación a la Ley 1483 de 201148, las
entidades territoriales no disponían expresamente de
autorización para asumir compromisos que conllevaran la
afectación de vigencias futuras excepcionales, el Acuerdo 046
de 28 de diciembre de 2010, expedido por el Concejo
Municipal de Tuluá, deba ser declarado nulo”.
48 “Por medio de la cual se dicta normas orgánicas en materia de presupuesto,
responsabilidad, transparencia fiscal para las entidades territoriales.”
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Sin embargo, esta Sección en sentencia del 1o. de febrero de 201849,
cambió su posición jurisprudencial, en el sentido de señalar que
conforme a los principios de autonomía presupuestal e igualdad
frente a la Nación y una interpretación sistemática de la normativa
constitucional y legal que regula la materia, en particular de los
artículos 352 de la Constitución Política y 104 y 109 del Decreto 111
de 1996, contentivo del Estatuto Orgánico del Presupuesto, el cual
dejó en claro que las entidades territoriales son competentes para
ajustar las normas orgánicas del presupuesto nacional, por lo cual
pueden acordar vigencias futuras excepcionales en sus respectivos
ámbitos locales. En dicha oportunidad, la sección indicó 50:
“[…]
Igualmente, existen puntos de encuentro tratándose de la
disciplina fiscal a la que se someten la Nación y las entidades
territoriales, que se concretan en la exigencia en cada nivel
de la presentación del estudio financiero contenido en el
Marco Fiscal de Mediano Plazo y en el deber de coherencia
del presupuesto con este documento, como también en la
fijación de una meta de superávit primario dirigida a
asegurar la sostenibilidad de la deuda51.
En esta materia resulta relevante la referencia a la Ley 819
de 2003, orgánica en materia de presupuesto,
responsabilidad y transparencia fiscal, la cual constituye un
importante instrumento legal que contiene mecanismos
rigurosos para el comportamiento fiscal y presupuestal de la
49 Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Primera-Consejero Ponente:
Oswaldo Giraldo López-Rad núm: 08001-2331-000-2010-00987-01.
50
Con aclaración de voto de los Magistrados Dra. María Elizabeth García González
y el Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés: “a nuestro juicio, en vigencia de la Ley
819 de 2003, no procedían vigencias futuras excepcionales en el ámbito
territorial”.
51 Sobre este último aspecto se refiere el artículo 2º de la Ley 819 de 2003.
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Nación y las entidades territoriales.
Entre esos mecanismos figura el Marco Fiscal de Mediano
Plazo, documento que debe ser presentado por el Gobierno
Nacional ante el órgano encargado de estudiar el proyecto
de presupuesto y que contiene información indispensable
para tener una visión de conjunto de la gestión financiera del
Estado, y para encauzar las decisiones presupuestales
(recaudos, ingresos y endeudamiento) en la correcta
dirección de asegurar la sostenibilidad fiscal52.
En relación con las entidades territoriales igualmente la
Ley 819 establece el deber de presentar a consideración de
respectiva Asamblea o Consejo un Marco Fiscal de Mediano
Plazo53.
(…)
Este análisis conduce a la Sala a concluir que en realidad no
existen razones de orden legal o de otro tipo que justifiquen
un trato diferenciado de las entidades territoriales frente a
la Nación respecto a la posibilidad de autorizar vigencias
futuras excepcionales.
En efecto, las vigencias futuras bajo esta modalidad son un
mecanismo presupuestal que también se ajusta a la
organización de las entidades territoriales, pues al igual que
la Nación –aunque con las particularidades antes expuestas–
éstas adelantan sus procesos de planeación con perspectivas
temporales que superan la limitación de la anualidad del
presupuesto público, y elaboran sus presupuestos a partir de
unas fuentes de recursos similares, los cuales son aplicados
en programas y proyectos estratégicos en sus respectivos
ámbitos locales (incluidos en el plan plurianual de inversión)
que, dada la magnitud de sus costos, demandan que sean
cumplidos bajo la vigencia de diversos presupuestos
sucesivos.
A lo anterior debe agregarse que existen importantes
proyectos de inversión en el que concurren el interés
nacional y el de las entidades territoriales y la
correspondiente cofinanciación, como los asociados a los
sistemas masivos de transporte. En estos eventos resulta de
gran relevancia esta figura de gestión presupuestal para las
entidades territoriales, en tanto que les permitirá su
vinculación a ellos, al igual que la Nación, a través de las
vigencias futuras excepcionales, asumiendo obligaciones
que afecten el presupuesto de vigencias futuras sin
52 Artículos 1 y 4.
53 Artículos 5 y 6.
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apropiación en el presupuesto del año en que se concede la
autorización.
En consecuencia, para la Sala es claro que, por razón del
derecho de igualdad que les asiste a las entidades
territoriales, éstas pueden hacer uso también de las
vigencias futuras excepcionales, cumpliendo en todo caso
requisitos semejantes a los establecidas en el caso de la
Nación en la Ley 819 de 2003, que adaptados a las
condiciones de las entidades territoriales, se concretan en
las siguientes: (i) las vigencias futuras excepcionales solo
podrán ser autorizadas para los precisos asuntos señalados
en las normas orgánicas del Presupuesto General de la
Nación y de la respectiva entidad territorial, los que
guardarán relación con proyectos estratégicos indicados
expresamente en el Plan de Inversiones del Plan de
Desarrollo; (ii) la autorización de las vigencias debe provenir
de la asamblea o concejo respectivo y contar con la
aprobación previa del órgano de política fiscal del nivel
territorial; (iii) el monto máximo de vigencias futuras, el
plazo y las condiciones de las mismas deberán consultar las
metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo de que
trata el artículo 5º de dicha ley; y (iv) cuando se trate de
proyectos que conlleven inversión nacional deberá obtenerse
el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de
Planeación. De otro lado, en el marco de la disciplina fiscal
que impone la Ley 819 la autorización de las vigencias solo
podrá otorgarse si sumados todos los compromisos que se
pretendan adquirir por dicha modalidad y sus costos futuros
de mantenimiento y/o administración no se excede la
capacidad de endeudamiento de la entidad territorial.
En el anterior contexto, en armonía con las consideraciones
expuestas a lo largo de este acápite, debe concluirse que la
sentencia que no reconoce la posibilidad de acordar tales
vigencias a las entidades territoriales vulnera el derecho de
igualdad de éstas frente a la Nación.
3.3. Cambio de la jurisprudencia de la Sección en
materia de vigencias futuras excepcionales de las
entidades territoriales.
La Sala a partir de las consideraciones expuestas en esta
providencia modificará su criterio en torno a la materia
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expresado en sentencia de 14 de julio de 201154, según el cual
no eran procedentes las vigencias futuras excepcionales en
las entidades territoriales en razón a que la Ley 819 de 2003,
orgánica del presupuesto, sólo las contempló para la Nación.
Esta modificación, debe resaltarse, obedece a que en esta
oportunidad se ha planteado a la Sala el problema acerca de
la procedencia de las vigencias futuras excepcionales en las
entidades territoriales desde la perspectiva del principio
constitucional de igualdad, la cual ha permitido un análisis de
fondo dentro de un panorama más amplio que el estudiado en
el año 2011, en el que solo se debatió el asunto desde el punto
de vista del contenido estrictamente material de la Ley 819
de 2003.
De acuerdo con los fundamentos señalados a lo largo de esta
providencia, encuentra la Sala en efecto que, contrario a lo
antes sostenido, a la luz de las normas orgánicas del
presupuesto de la Nación vigentes a la fecha de expedición
del acto acusado (22 de febrero de 2010), sí es procedente
que las entidades territoriales acuerden vigencias futuras
excepcionales, en primer lugar, en reconocimiento de la
autonomía que la Constitución Política les concede, que les
permite adaptar tales normas en sus estatutos orgánicos del
presupuesto en tanto que se ajusten a la organización,
normas constitucionales y condiciones de las entidades
territoriales, lo que ocurre en este evento, y en segundo lugar,
como garantía del derecho de igualdad de aquellas frente a la
Nación en esta materia, al existir elementos de coincidencia
en aspectos relevantes como la planificación, la estructuración
del presupuesto y la disciplina fiscal55.
En efecto, en el estudio que antecede se realizó una
interpretación sistemática de la normativa constitucional y
legal que regula la materia, en particular de los artículos 352
de la Constitución Política y 104 y 109 del Decreto 111 de
1996 contentivo del Estatuto Orgánico del Presupuesto, el
cual dejó en claro que las entidades territoriales son
competentes para ajustar las normas orgánicas del
54 Proferida en el proceso con radicación número 85001-23-31-000-2009-00032-02,
Consejera Ponente María Claudia Rojas Lasso.
55 Este escenario, valga decirlo, fue reconocido cuando se presentó el proyecto de ley que
dio origen a la Ley 1483 de 2011 “Por medio de la cual se dictan normas orgánicas en
materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal para las entidades
territoriales”, el cual tuvo como propósito regular directamente, con disposiciones de rango
de Ley Orgánica, las vigencias futuras excepcionales en las entidades territoriales, pero
partiendo del supuesto que tal posibilidad se encontraba prevista a partir de lo reglado en
los estatutos orgánicos del presupuesto locales, dictados al amparo de la autonomía de tales
entidades (Gaceta del Congreso número 618 de 2011).
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presupuesto nacional, por lo cual pueden acordar vigencias
futuras excepcionales en sus respectivos ámbitos locales.
Como se señaló previamente, esta normativa prevé que las
entidades territoriales al expedir sus normas orgánicas de
presupuesto se remitan a las disposiciones del Estatuto
Orgánico del Presupuesto (Decreto 111 de 1996),
adaptándolas a su organización, normas constitucionales y
condiciones, disposiciones entre las cuales se encuentra
precisamente el artículo 24 de este Estatuto (cuyo texto
corresponde al artículo 11 de la Ley 819 de 2003, que se
incorporó a la norma orgánica), que autoriza la asunción de
obligaciones que afecten el presupuesto de vigencias futuras
sin apropiación en el año en que se concede la autorización,
esto es, permite que se acuerden vigencias futuras
excepcionales.
Debe anotarse que para esta fecha el problema jurídico
planteado en este asunto ha sido superado, en razón a que
actualmente las vigencias futuras excepcionales en las
entidades territoriales se encuentran reguladas expresamente
en la Ley 1483 de 2011, por medio de la cual se dictan normas
orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y
transparencia fiscal para las entidades territoriales56.
56 El artículo 1º de esta normativa prevé al respecto lo siguiente: “En las entidades
territoriales, las asambleas o concejos respectivos, a iniciativa del gobierno local, podrán
autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras sin
apropiación en el presupuesto del año en que se concede la autorización, siempre y cuando
se cumplan los siguientes requisitos: || a) Las vigencias futuras excepcionales solo podrán
ser autorizadas para proyectos de infraestructura, energía, comunicaciones, y en gasto
público social en los sectores de educación, salud, agua potable y saneamiento básico, que
se encuentren debidamente inscritos y viabilizados en los respectivos bancos de proyectos.
|| b) El monto máximo de vigencias futuras, plazo y las condiciones de las mismas deben
consultar las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo de que trata el artículo 5o
de la Ley 819 de 2003. || c) Se cuente con aprobación previa del Confis territorial o el
órgano que haga sus veces. || d) Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión
nacional deberá obtenerse el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de
Planeación. || La corporación de elección popular se abstendrá de otorgar la autorización,
si los proyectos objeto de la vigencia futura no están consignados en el Plan de Inversiones
del Plan de Desarrollo respectivo y si sumados todos los compromisos que se pretendan
adquirir por esta modalidad y sus costos futuros de mantenimiento y/o administración,
excede la capacidad de endeudamiento de la entidad territorial, de forma que se garantice
la sujeción territorial a la disciplina fiscal, en los términos del Capítulo II de la Ley 819 de
2003. || Los montos por vigencia que se comprometan por parte de las entidades
territoriales como vigencias futuras ordinarias y excepcionales, se descontarán de los
ingresos que sirven de base para el cálculo de la capacidad de endeudamiento, teniendo en
cuenta la inflexibilidad que se genera en la aprobación de los presupuestos de las vigencias
afectadas con los gastos aprobados de manera anticipada. || La autorización por parte de
la asamblea o concejo respectivo, para comprometer presupuesto con cargo a vigencias
futuras no podrá superar el respectivo período de gobierno. Se exceptúan los proyectos de
gastos de inversión en aquellos casos en que el Consejo de Gobierno, con fundamento en
estudios de reconocido valor técnico que contemplen la definición de obras prioritarias e
ingeniería de detalle, de acuerdo a la reglamentación del Gobierno Nacional, previamente
los declare de importancia estratégica. || PARÁGRAFO 1o. En las entidades territoriales,
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En esta oportunidad, la Sala reitera la posición expuesta en la sentencia
del 1o. de febrero de 201857, en el sentido de precisar que es procedente
que las entidades territoriales bajo el principio de igualdad y autonomía
presupuestal comprometan vigencias futuras excepcionales conforme lo
establece el Estatuto Orgánico del Presupuesto (Decreto 111 de
1996), adaptándolas a su organización, normas constitucionales y
condiciones, disposiciones entre las cuales se encuentra,
precisamente, el artículo 24 de este Estatuto (cuyo texto corresponde
al artículo 11 de la Ley 819 de 2003, que se incorporó a la norma
orgánica), que autoriza la asunción de obligaciones que afecten el
presupuesto de vigencias futuras sin apropiación en el año en que se
concede la autorización.
Caso Concreto
En primer lugar, encuentra la Sala que en el recurso de alzada se invoca
que en el presente caso operó el fenómeno jurídico de “purga de
ilegalidad” o convalidación de los actos administrativos, ya que aduce
que con la entrada en vigencia de la Ley 1483 de 2011, el acto acusado
queda prohibida la aprobación de cualquier vigencia futura, en el último año de gobierno del
respectivo gobernador o alcalde; excepto para aquellos proyectos de cofinanciación con
participación total o mayoritaria de la Nación y la última doceava del Sistema General de
Participaciones. || PARÁGRAFO 2o. El plazo de ejecución de cualquier vigencia futura
aprobada debe ser igual al plazo de ejecución del proyecto o gasto objeto de la misma.”
57 Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Primera-Consejero
Ponente: Oswaldo Giraldo López-Rad núm: 08001-2331-000-2010-00987-01.
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cobró validez, ya que dicha norma reguló lo concerniente a las vigencias
futuras excepcionales para las entidades territoriales.
Al respecto, esta Sección58 frente a la teoría de convalidación de los actos
administrativos, ha sostenido lo siguiente:
“[…] De acuerdo con la doctrina la “purga de ilegalidad”
consiste “en la desaparición del vicio de nulidad que estuviere
afectado a un determinado acto administrativo, por efecto
directo de modificaciones en las normas que le sirven de
fundamento o en el ordenamiento jurídico que le es aplicable,
o por disposición expresa del legislador o del Constituyente,
éste último evento “corresponde a la convalidación del acto
administrativo”59.
Así pues, se tiene que dicho fenómeno hace parte de la
llamada teoría de la convalidación de los actos administrativos
a través de la cual se otorga efectos hacía atrás en cuanto
atribuye validez a la disposición desde su origen60.
Ahora bien, respecto de su aplicación y se declaratoria en la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, la Sala recuerda
que en sentencia de 19 de diciembre de 200561, con ponencia
del Consejero de Estado doctor Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo, se consideró que “conforme a los principios que
gobiernan la materia objeto de estudio por la Jurisdicción
Contencioso Administrativa no se considera de recibo la
aplicación de la llamada “purga de ilegalidad” por cuanto los
actos administrativos acusados se juzgan a la luz de la
normativa vigente al momento de su expedición, lo cual
implica que el aludido fenómeno no proceda frente a la
58 Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Primera- sentencia del
primero (1) de diciembre de dos mil dieciséis (2016)- Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato
Valdés - Rad Núm. 13001233100020120019202.
59 BERROCAL GUERRERO. Luis Enrique. Manual del Acto Administrativo. Librería Ediciones
El Profesional. Sexta Edición. Bogotá. 2014. Pág. 566.
60 Ver entre otras la siguiente decisión: Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo. Sentencia de 8 de abril de 1999. Rad.: S – 650. Magistrado Ponente: Dr.
Amado Gutiérrez Velásquez.
61 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de
19 de diciembre de 2005. Rad.: 2001 – 00342. Magistrado Ponente: Dr. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
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actividad de control que a esta Jurisdicción incumbe”
(Negrillas fuera de texto).
No obstante lo anterior y en el evento de que en gracia de
discusión se llegare a aceptar la aplicación de la citada figura
jurídica, la Sala pone de presente que no todos los vicios del
acto administrativo pueden llegar a ser susceptibles de
convalidación, tal es el caso de la carencia absoluta de
competencia respecto de la expedición del acto, ello teniendo
en cuenta que por su naturaleza tal vicio escapa a la
posibilidad de ser saneado.
Sobre el particular, la Sala trae a colación las siguientes
decisiones:
Sentencia de la Sección Primera del Consejo de Estado62:
“Es claro que no todos los vicios del acto
administrativo pueden ser susceptibles de
convalidación: escapan a esta posibilidad de
saneamiento, la carencia absoluta de competencia, a
menos que se trate de una competencia puramente interna,
o el acto ilícito porque su contenido no se ajusta a las
normas jurídicas vigentes. 'Dada su naturaleza este
vicio no puede subsanarse, pues el acto de
convalidación, por tener también contenido ilícito,
sería así mismo nulo'. (Sayagués Lasso. Tratado de
Derecho Administrativo. T. I, No. 334, Montevideo, 1953).
Tampoco podría ser convalidado el acto desviado, es
decir el que se dictó con una finalidad contraria a los
fines de la ley, ni el que carezca de motivos que lo
justifiquen (Sayagués Lasso ibídem)” (Negrillas fuera de
texto).
Sentencia de la Sección Primera del Consejo de Estado63:
“En el evento de aceptar que de conformidad con la
Constitución Política de 1991, los gobernadores son
competentes para expedir decretos que contengan la
materia a que se contrae el acto acusado, ello no implicaría
la purga de ilegalidad o convalidación del acto, que es lo
que en últimas pretende el apelante. La competencia, por
ser un elemento esencial del acto, que impide que
opere de manera retroactiva, razón por la cual si el
62 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de
2 de abril de 1982. Rad.: 00787. Magistrado Ponente: Dr. Jacobo Pérez Escobar.
63 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de
16 de mayo de 1996. Rad.: 1785. Magistrado Ponente: Dr. Juan Alberto Polo Figueroa.
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acto fue dictado por un órgano no competente, es
radicalmente nulo o insaneable” (Negrillas fuera de
texto).
Sentencia de la Sala Plena del Consejo de Estado64:
“… la ley 100 de 1993 está inspirada en una filosofía
contraria a la sustentada por el suplicante, y no se
entienden convalidados con su expedición los actos
administrativos demandados, pues escapan a la
posibilidad de saneamiento los acto proferidos con
carencia absoluta de competencia” (Negrillas fuera de
texto).
Sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado65:
“En esta oportunidad, en que la Sala procede a decidir de
fondo, mantendrá las razones que expuso al acceder
a la medida de suspensión provisional de la circular
134 de 21 de junio de 1999, toda vez que la
reglamentación de la materia por parte de la ley con
posterioridad a la expedición de la circular
demandada, no convalida en el ordenamiento
jurídico la actuación viciada de ilegalidad por
incompetencia, que la administración ejerció a través
de ese acto. Aunque en la etapa final del proceso, la
entidad demandada alegó para defender la legalidad de la
circular enjuiciada, que a través de ella lo que se pretendió
fue regular el requisito establecido en el parágrafo 3º del
art. 57 de la ley 550 de 1999 y no reglamentar el art. 30
de la ley 80 de 1993, para la Sala no es de recibo esta
explicación, por cuanto la circular 0134 de 1999, es anterior
a la ley 550 de 1999, en cuyo art. 57, parágrafo 3º, se
estableció que “para participar en una licitación pública,
presentación de ofertas o adjudicación de contratos con
alguna entidad del Estado, el licitante deberá estar al día
con sus obligaciones nacionales.” En efecto, esta ley tuvo
vigencia a partir del 30 de diciembre de 1999[1], esto es,
seis meses después de haberse expedido la Circular 0134,
que lo fue el 21 de junio de ese mismo año”.
64 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 8 de abril
de 1997. Rad.: S – 650. Magistrado Ponente: Dr. Amado Gutiérrez Velásquez.
65 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de
28 de abril de 2005. Rad.: 1999 – 00072. Magistrada Ponente: Dra. Ruth Stella Correa
Palacio.
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En el caso sub examine, si bien es cierto que con la expedición
de la Ley 1617 de 2013, en el parágrafo del artículo 61 66 se
reguló lo atinente a los honorarios de los ediles de los distritos
especiales, derogando todas las normas que le fueren
contrarias, en especial, los Decretos 0746 de 2003 y 0899 de
2007, también lo es que en el marco del control judicial no
resulta procedente la aplicación del fenómeno jurídico de la
“purga de ilegalidad” como lo pretenden los recurrentes, dado
que como se anotó líneas atrás los actos administrativos se
juzgada de conformidad con las circunstancias vigentes al
momento de su expedición […]”.
La Sala prohíja lo expuesto en la sentencia cuyos apartes han quedado
transcritos y hace énfasis en que en el caso sub lite no es válido sostener
que con la expedición de la Ley 1483 de 2011, el acto acusado cobró
vigencia, ya que, como lo ha precisado esta Sección, el estudio de
legalidad de los actos administrativos se hace de conformidad con las
normas vigentes al momento de su expedición.
Ahora, la entidad demandada argumenta en el recurso de apelación que
estaba facultada para comprometer vigencias futuras excepcionales con
base en la Circular Externa 07 del 20 de febrero de 2007, expedida
por la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público; no obstante, frente a este punto, esta Sección 67 ha sostenido
que no es dable a la DAF determinar el sentido y alcance
66 “Artículo 61. (…) PARÁGRAFO. Por cada sesión que concurran los ediles su remuneración
será igual a la del alcalde local dividida entre 20, en ningún caso podrán exceder la
remuneración del alcalde local”.
67 Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Primera, sentencia 11
de julio de 2011, Consejera Ponente: María Claudia Rojas Lasso- Rad Núm: 85001-23-31-
000-2009-00032-02.
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constitucional o legal de las disposiciones presupuestales, tributarias
ni de cualquier otra índole.
Así las cosas, conforme al criterio de la Sala expuesto en la precitada
sentencia de 1o. de febrero de 2018, a la luz de las normas orgánicas
del presupuesto de la Nación, vigentes a la fecha de expedición del
acto acusado (08 de septiembre de 2008), sí es procedente que las
entidades territoriales acuerden vigencias futuras excepcionales, en
aplicación del principio de autonomía que permite adaptar tales
normas en sus estatutos orgánicos del presupuesto en tanto que se
ajusten a la organización, normas constitucionales y condiciones de
las entidades territoriales, y como garantía del derecho de igualdad
de aquellas frente a la Nación, como la planificación, la
estructuración del presupuesto y la disciplina fiscal.
Es así que, acorde con una interpretación sistemática de la
normativa constitucional y legal que regula la materia, en particular,
de los artículos 352 de la Constitución Política y 104 y 109 del
Decreto 111 de 1996, contentivo del Estatuto Orgánico del
Presupuesto y por supuesto la Ley 819 de 2003, las entidades
territoriales son competentes para ajustar las normas orgánicas del
presupuesto nacional, por lo cual pueden acordar vigencias futuras
excepcionales en sus respectivos ámbitos locales.
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Ahora bien, esta Sección68 precisó que las entidades territoriales
pueden hacer uso también de las vigencias futuras excepcionales,
cumpliendo en todo caso requisitos semejantes a los establecidos en
el caso de la Nación en la Ley 819 de 2003, que adaptados a las
condiciones de las entidades territoriales, se concretan en las
siguientes: (i) las vigencias futuras excepcionales solo podrán ser
autorizadas para los precisos asuntos señalados en las normas
orgánicas del Presupuesto General de la Nación y de la respectiva
entidad territorial, los que guardarán relación con proyectos
estratégicos indicados expresamente en el Plan de Inversiones del
Plan de Desarrollo; (ii) la autorización de las vigencias debe provenir
de la asamblea o concejo respectivo y contar con la aprobación previa
del órgano de política fiscal del nivel territorial; (iii) el monto máximo
de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas
deberán consultar las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano
Plazo de que trata el artículo 5º de dicha ley; (iv) cuando se trate de
proyectos que conlleven inversión nacional deberá obtenerse el
concepto previo y favorable del Departamento Nacional de
Planeación; y (v) la autorización de las vigencias solo podrá otorgarse
si sumados todos los compromisos que se pretendan adquirir por
68
Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Primera-Consejero
Ponente: Oswaldo Giraldo López-Rad núm: 08001-2331-000-2010-00987-01.
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dicha modalidad y sus costos futuros de mantenimiento y/o
administración no se excede la capacidad de endeudamiento de la
entidad territorial.
Conforme a lo anterior, en este caso es necesario verificar que se hayan
cumplido los requisitos antes mencionados por parte de la entidad
territorial, para establecer la legalidad de los preceptos demandados.
Al revisar el expediente, se encuentra que el Acuerdo 0241 de 2008,
demandado en el presente proceso, en uno de sus apartes, modificó
unos artículos de los Acuerdos 178 y 190 de 2006.
Se tiene que el Acuerdo 178 de 200669, reguló la contribución de
valorización y definió las obras de interés público en el Municipio de
Santiago de Cali, así70:
“ARTÍCULO 1°: Noción de la contribución de Valorización. La
contribución de Valorización es el gravamen real obligatorio
decretado por el Municipio de Santiago de Cali destinado a la
construcción de una obra, plan o conjunto de obras de interés
público que se impone a los propietarios o poseedores de aquellos
bienes inmuebles que se beneficien con la ejecución de las
mismas.
(…)
ARTÍCULO 2°: Obra que pueden acometerse. Podrá acometerse
por el sistema de valorización toda obra, plan o conjunto de obras
de utilidad pública de interés social o de desarrollo urbano que
produzca beneficio sobre la propiedad del inmueble.
Parágrafo 1°: Obras de interés público. Se consideran de interés
público y causan contribución de valorización todas las obras de
69 “Por el cual se establece el estatuto de valorización en el Municipio de Santiago de Cali”.
70 http://www.concejodecali.gov.co/
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infraestructura urbana, suburbana y rural que se construyan en
el Municipio para mejorar la calidad de vida de la comunidad y
que produzcan beneficio a la propiedad inmobiliaria, tales como
autopistas y avenidas; apertura, prolongación, ensanche,
pavimentación y obras complementarias de toda clase de vías;
puentes, plazas, plazoletas, parques, renovación de andenes y
zonas verdes; renovación reordenación y habitación de sectores
urbanos, y en general, toda obra pública que genere una mejor
utilización de la tierra”.
Posteriormente, el anterior Acuerdo fue modificado por el Acuerdo 190
de 200671, el cual preceptuó72:
“ARTÍCULO 1°: Modifíquese el Artículo 1° del Acuerdo No. 0178
del 13 de febrero de 2006, el cual quedará, así:
ARTÍCULO1°: Noción de la Contribución de Valorización. La
Contribución de Valorización, es un gravamen real, obligatorio,
decretado por el Municipio de Santiago de Cali, sobre las
propiedades inmuebles, sujeta a registro, destinado a la
construcción de una obra, plan o conjunto de obras de interés
público, que se impone a los propietarios o poseedores de
aquellos bienes inmuebles que se beneficien con la ejecución
de las mismas.
Parágrafo 1°: Entiéndase el Beneficio en su concepto más
amplio y general, sin limitarlo al de mayor valor o plusvalía y
sin calificarlo necesariamente con una connotación
económica”.
Ahora, se advierte que la entidad demandada sostiene que el Concejo
Municipal de Santiago de Cali estaba facultado para autorizar vigencias
futuras. Como sustento de su argumento invoca el Acuerdo 198 de
71 Por el cual se modifica y adiciona el Acuerdo 0178 de febrero 13 de 2006, se desarrolla
el concepto de valorización por beneficio general y se dictan normas complementarias y
conexas”
72
http://www.concejodecali.gov.co/
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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200673, que modificó el artículo 36 del Acuerdo 17 de 199674, expedido
por el Concejo de Santiago de Cali.
Al respecto, se encuentra que el artículo 36 del Acuerdo 17 de 1996,
disponía lo siguiente:
“ARTÍCULO 36. VIGENCIAS FUTURAS: La Comisión de
Presupuesto del Concejo Municipal autorizará la asunción de
obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras,
cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia
en curso, y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada
una de ellas. Para su autorización se requiere que estén
consignadas en el Plan de Desarrollo y que sumados todos los
compromisos que se pretendan adquirir por esta modalidad,
no excedan su capacidad de endeudamiento.
(…)
ARTÍCULO 80. La Comisión de Presupuesto del Concejo
Municipal autorizará las modificaciones a la composición del
Acuerdo anual de Presupuesto de conformidad con el
Reglamento Interno del Concejo (Acuerdo 06 y 17 de 1994)”.
Ahora bien, esta Sección75 en anterior oportunidad se pronunció
frente a la legalidad del artículo mencionado y confirmó la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que
declaró la nulidad, por cuanto el Concejo Municipal de Santiago de
Cali no podía delegar en las comisiones de presupuesto la asunción
73 “Por medio de la cual se modifica parcialmente el Acuerdo N°17 de diciembre de 1996”
74
“Por medio del cual se adopta el estatuto orgánico de presupuesto del Municipio de
Santiago de Cali”
75 Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Primera-consejera
ponente: María Claudia Rojas Lasso- sentencia del trece (13) de diciembre de dos mil doce
(2012)- rad núm: 76001-23-31-000-2003-03456-02.
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de las vigencias futuras, por cuanto el artículo 23 del Decreto 111
de 1996, es claro en darle esta facultad al Concejo del respectivo
ente territorial. En dicha oportunidad la Sección sostuvo:
“[…] Y bien lo entendió el fallador de primera instancia al
considerar que el acto acusado76, quebrantó ostensiblemente
el ordenamiento jurídico al establecer en cabeza de la
Comisión de Presupuesto del Concejo Municipal de Cali la
atribución de autorizar la asunción de obligaciones que
afecten presupuestos de vigencias futuras, en detrimento de
la facultad, esta si atribuida por Ley, Decreto Ley 111 de 1996
artículo 23, al pleno de los Concejos Municipales.
Por lo tanto, no tiene razón la apelante al considerar que el
Acuerdo 017 de 1996 debe mantenerse con el contenido del
inciso primero del artículo 36 y con el artículo 80, en el
entendido que desaparezcan de los mismos las expresiones
“comisión de presupuesto” y en su lugar se establezca la de
“concejo municipal”, por cuanto, el alcance de la sentencia de
nulidad es retirar del ordenamiento jurídico las normas que
resulten contrarias a la ley, como en el presente caso y no es
función del juez que revisa los vicios de una norma que
contraria la Ley, suplir su contenido por el que legalmente le
correspondería.
En efecto, el Concejo Municipal de Santiago de Cali no podía
delegar en las comisiones de presupuesto la asunción de las
vigencias futuras, por cuanto el artículo 23 del Decreto 111
de 1996, es claro en darle esta facultad al Concejo del
respectivo ente territorial […]”.
No obstante, se advierte que el Acuerdo 198 de 2006 modificó tal
artículo, y dispuso que la autorización para la asunción de obligaciones
que afecten vigencias futuras recae en el Concejo Municipal. Así lo
señaló77:
76
Acuerdo 17 de 1996, “Por medio del cual se adopta el Estatuto Orgánico de Presupuesto
del Municipio de Santiago de Cali”.
77 http://www.concejodecali.gov.co/
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“ARTÍCULO 1°: El Artículo 36 del Acuerdo 17 de 1996 quedará
así:
“ARTÏCULO 36: Vigencias Futuras: El Concejo Municipal podrá
autorizar la asunción de obligaciones que afectan vigencias
futuras cumpliendo las reglas y condiciones que señala la Ley 819
de 2003 o las normas que la modifique, adicione, aclare o
derogue”.
Conforme a lo anterior, se encuentra que el acto acusado (Acuerdo No.
0241 de 2008), fue expedido por el Concejo Municipal de Santiago de
Cali, el cual estaba facultado de acuerdo con lo dispuesto en el Acuerdo
198 de 2006, por lo cual cumple con el requisito de que “la autorización
de las vigencias debe provenir de la asamblea o concejo respectivo y
contar con la aprobación previa del órgano de política fiscal del nivel
territorial”.
A su vez, la entidad demandada señaló que las obras hacen parte del
Acuerdo 0237 de 200878, en el cual se encuentran establecidas las
metas del Plan de Desarrollo para los años 2008 al 2011, para el
Municipio de Santiago de Cali, entre otros, los siguientes: i) el
“macroproyecto el nuevo plan de ordenamiento territorial”, y como
ejes del proyecto, la construcción de vivienda de interés social,
formulación el Plan Centro Gobierno, Intervención de renovación
urbana; ii) el “macro proyecto de formalización y mejoramiento
78
“Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo 2008-2011 para vivir dignamente”:
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urbano integral”; iii) el “macroproyecto el MIO y el MIO cable son
nuestros”, el cual va dirigido a la construcción del Sistema Integrado
de Transporte Masivo – SITM; iv) el “macroproyecto Cali vía de vida,
movilidad y malla vial”, el cual tiene como ejes la construcción de
obras de infraestructura vial, de tránsito y de transporte en el área
urbana y rural, construcción de la red de ciclo rutas, rehabilitación
de la malla vial urbana rural, infraestructura complementarios para
la operación del MIO, construcción de la carretera “vuelta de
occidente”, obras de adecuación de espacio público, adecuación de
obras para garantizar la accesibilidad de la población discapacitada,
entre otros79.
Por su parte, el Acuerdo 241 de 2008, en su artículo 8° señaló las obras
a construir a cargo de la contribución de valorización, así:
“ARTÍCULO 8°. - El Plan de Obras a construir con cargo a la
Contribución de Valorización por Beneficio General, está
conformado de la siguiente forma:
1. Soluciones Peatonales- 6.100
2. Ampliación y Construcción de la Carrera 80 entre Calles 2
Oeste y Calle 5- 14.400
3. Intersección vial a desnivel Autopista Sur con Carrera 44 -
16.500
4. Intersección vial a desnivel Autopista con Carreras 66 y 70-
32.000
5. Intersección vial a desnivel Carrera 8 con Calle 70 -35.200
6. Ampliación vía al Mar -40.000
7. Solución Vial Chipichape Calle 36 Norte -5.000
79
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8. Construcción y rehabilitación: Carrera 29 entre Calle 34 a
Diagonal 30 y Diagonal 30 a Autopista Simón Bolívar; Cra 28D
entre Calles 44 a 54; y Vía a la Paz (Comuna 18). -5.500
9. Intersección vial a desnivel Avenida Ciudad de Cali con
Carrera 1 -5.000
10. Intersección vial a desnivel Autopista Simón Bolívar con
Carrera 100 -18.000
11. Pavimentación 2 calzadas de la Calle 72W entre Carreras
27G Y 28J Y Construcción Parque Longitudinal del Distrito de
Aguablanca -10.000
12. Prolongación Avenida Circunvalar -115.300
13. Prolongación Avenida Ciudad de Cali -13.000
14. Ampliación Vía a Pance hasta la Vorágine, incluye
cicloruta. -18.200
15. Construcción y rehabilitación: calle 16 entre carreras 50
hasta la 105 carrera 1D con calle 73A. y 84 -19.800
16. Construcción de 250 km. de vía (Cruces Arteria Principales
y Secundarias) - Vías Principales. 180.000 17. Hundimiento
Av. Colombia- 20.000
18. Parque Alameda Av. Roosevelt Calle 34- 15.000
19. Parque Río Cali -16.000
20. Plazoleta de la Caleñidad y Granada -15.000
21. Ciudadelas Educativas - CE a. CE Contiguo a la ESE Isaías
Duarte Cancino. b. CE de la Troncal de Aguablanca y Avenida
ciudad de Cali. c. CE en la Institución Educativa Eustaquio
Palacios. -80.000.
Total- 680.000
Parágrafo 1°. - Para tal efecto se entiende por construcción
de obras de interés público las establecidas en el Parágrafo 1
del Artículo 2 del Acuerdo 178 de 2.006.
Parágrafo 2°. - También se considerará construcción de obra
de interés público, la rehabilitación de vías vehiculares,
peatonales y recuperación del espacio público que han
cumplido su vida útil, y que complementarían la
implementación de las obras definidas en este artículo.
Parágrafo 3°. - El Plan de Obras que trata el presente Acuerdo,
deberá incluirse dentro de los proyectos de inversión en la
vigencia fiscal, del Banco de Programas y Proyectos del
Departamento Administrativo de Planeación Municipal.
Parágrafo 4°. - También hacen parte del Plan de Obras viales,
rehabilitación y de espacio público a construir con cargo a la
contribución de valorización por beneficio general, las obras
según discriminación contenida en el anexo No.1 del presente
Acuerdo”.
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Como puede observarse, el Acuerdo No. 0241, en el artículo 23 acusado,
autoriza al Alcalde de Santiago de Cali para comprometer vigencias
futuras excepcionales de la contribución de valorización correspondiente
a las vigencias fiscales de los años 2009 a 2013, con el propósito de
financiar la estructuración, el diseño, construcción, dotación e
implementación del Plan de Obras de Interés General de dicho Acuerdo.
De igual manera dicho acto, en su artículo 5°, dispone lo siguiente:
“ARTÍCULO 5.- Establecer el cobro de una Contribución de
Valorización por Beneficio General en el Municipio de Santiago de
Cali, con la destinación específica de financiar la construcción del
Plan de Obras que trata el presente Acuerdo, obras que integran
la Política de Movilidad y de Espacio Público, contempladas en el
Plan de Ordenamiento Territorial (Acuerdo 069 de 2000) y sus
Operaciones Estratégicas, en consonancia con el Plan de
Desarrollo 2008-2011 “Para vivir la vida dignamente” (Acuerdo
0237 de 2008).
Así las cosas, el Alcalde de Santiago de Cali, por autorización del
Concejo, se encontraba facultado para comprometer vigencias futuras
excepcionales respecto del cobro de valorización, a fin de financiar la
construcción del Plan de Obras que integran la Política de Movilidad y de
Espacio Público, previstas en el Acuerdo 069 de 2000 y en el Plan de
Desarrollo 2008-2011 “Para vivir la vida dignamente” (Acuerdo 0237 de
2008), actividad que se encuentra prevista en el artículo 11 de la Ley
819 de 2003 (obras de infraestructura), por lo que cumple con el
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requisito de que “las vigencias futuras excepcionales solo podrán ser
autorizadas para los precisos asuntos señalados en las normas
orgánicas del Presupuesto General de la Nación y de la respectiva
entidad territorial, los que guardarán relación con proyectos
estratégicos indicados expresamente en el Plan de Inversiones del
Plan de Desarrollo”.
Respecto al requisito “cuando se trate de proyectos que conlleven
inversión nacional deberá obtenerse el concepto previo y favorable
del Departamento Nacional de Planeación”, en principio, del texto de
los artículos acusados y de los Acuerdos que se traen a colación en
esta providencia, no se infiere que las obras de infraestructura que
comprometen las vigencias futuras excepcionales de la contribución
de valorización, conlleven esa inversión nacional. De ahí que, por lo
mismo, no es del caso exigir el concepto previo y favorable del
Departamento Nacional de Planeación.
En lo tocante al requisto “el monto máximo de vigencias futuras, el
plazo y las condiciones de las mismas deberán consultar las metas
plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo de que trata el
artículo 5° de dicha ley”, se advierte que el mencionado artículo de
la Ley 819 de 2003, preceptúa lo siguiente:
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“ARTÍCULO 5o. MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
PARA ENTIDADES TERRITORIALES. Anualmente, en los
departamentos, en los distritos y municipios de categoría
especial, 1 y 2, a partir de la vigencia de la presente ley, y en
los municipios de categorías 3, 4, 5 y 6 a partir de la vigencia
2005, el Gobernador o Alcalde deberá presentar a la
respectiva Asamblea o Concejo, a título informativo, un Marco
Fiscal de Mediano Plazo.
Dicho Marco se presentará en el mismo período en el cual se
deba presentar el proyecto de presupuesto y debe contener
como mínimo:
a) El Plan Financiero contenido en el artículo 4o de la Ley 38
de 1989, modificado por el inciso 5 de la Ley 179 de 1994;
b) Las metas de superávit primario a que hace referencia el
artículo 2o de la presente ley, así como el nivel de deuda
pública y un análisis de su sostenibilidad;
c) Las acciones y medidas específicas en las que se sustenta
el cumplimiento de las metas, con sus correspondientes
cronogramas de ejecución;
d) Un informe de resultados fiscales de la vigencia fiscal
anterior. Este informe debe incluir, en caso de incumplimiento
de las metas fijadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo del
año anterior, una explicación de cualquier desviación respecto
a las metas y las medidas necesarias para corregirlas. Si se
ha incumplido la meta de superávit primario del año anterior,
el nuevo Marco Fiscal de Mediano Plazo tiene que reflejar un
ajuste tal que garantice la sostenibilidad de la deuda pública;
e) Una estimación del costo fiscal de las exenciones tributarias
existentes en la vigencia anterior;
f) Una relación de los pasivos exigibles y de los pasivos
contingentes que pueden afectar la situación financiera de la
entidad territorial;
g) El costo fiscal de los proyectos de ordenanza o acuerdo
sancionados en la vigencia fiscal anterior.
h) <Literal adicionado por el artículo 52 de la Ley 1955 de
2019. El nuevo texto es el siguiente:> Incorporar en su Marco
Fiscal de Mediano Plazo el análisis de la situación financiera
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de las entidades del sector descentralizado y hacer ejercicios
de simulación sobre el impacto que puedan tener los
resultados de dichas entidades en las finanzas de la entidad
territorial y en los indicadores de las normas de
responsabilidad fiscal territorial”.
Así, el Marco Fiscal de Mediano Plazo se define como “un documento
que enfatiza en los resultados y propósitos de la política fiscal. Allí se
hace un recuento general de los hechos más importantes en materia
de comportamiento de la actividad económica y fiscal del país en el
año anterior. Presenta las estimaciones para el año que cursa y para
las diez vigencias siguientes y muestra la consistencia de las cifras
presupuestales con la meta de superávit primario y endeudamiento
público y, en general, con las previsiones macroeconómicas80”.
En tal sentido, el MFMP-ET es un instrumento de planeación
financiera y de gestión pública a 10 años, que se vuelve dinámico de
acuerdo con el comportamiento de la situación financiera e
institucional de la Entidad Territorial y por lo tanto los elementos que
lo componen tienen relevancia para la toma de decisiones por parte
de la administración pública en la ejecución del Plan de Desarrollo81.
80
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La Sala advierte que frente a este aspecto, si bien no obra en el
expediente el documento expedido por el Alcalde en cumplimiento
del artículo 5º de la Ley 819 de 2003, no lo es menos que en la
contestación de la demanda se hizo énfasis en cuanto a que las obras
de infraestructura del proyecto a financiar con vigencias futuras
excepcionales hacen parte del Plan de Desarrollo contenido en el
Acuerdo 0237 de 2008 “para vivir dignamente”; contó con la
autorización del Confís y se consultaron las metas del Marco Fiscal
de Mediano Plazo, argumentos estos que no fueron desvirtuados por
la actora dentro del proceso.
Finalmente, frente al requisito: “la autorización de las vigencias solo
podrá otorgarse si sumados todos los compromisos que se pretendan
adquirir por dicha modalidad y sus costos futuros de mantenimiento
y/o administración no se excede la capacidad de endeudamiento de
la entidad territorial”, encuentra la Sala que en el transcurso del
proceso la demandante en diferentes escritos allegados a esta
Corporación aduce que las Megaobras adelantadas por el Municipio
de Santiago de Cali exceden la capacidad de endeudamiento del
municipio, aludiendo a situaciones posteriores a la expedición del
acto acusado.
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A juicio de la Sala, los argumentos esbozados por la actora no son
suficientes para establecer que “actualmente” dichas obras
desbordaron la capacidad de endeudamiento del Municipio, pues ello
no aparece probado en el proceso, razón por la cual la Sala per se no
puede desechar el cumplimiento del requisito en mención.
En consecuencia, conforme a lo expuesto, la Sala revocará la
sentencia proferida por el Tribunal de instancia y, en su lugar,
denegará las pretensiones de la demanda, como se dispondrá en la
parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando
Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 25 de noviembre de 2014,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y, en su
lugar dispone: DENEGAR las pretensiones de la demanda, conforme
a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente
al Tribunal de origen.
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala, en la sesión del día 9 de junio de 2022.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRLADO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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