Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-31-000-2012-00510-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-31-000-2012-00510-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 76001-23-31-000-2012-00510-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
12 de diciembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO AMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación:76001233100020120051001
ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
ACTORA: GRUPO EMPRESARIAL LITORAL S.A. EN LIQUIDACIÓN
TESIS: SE REVOCA LA SENTENCIA APELADA QUE DECLARÓ LA
NULIDAD DE LOS ACTOS ACUSADOS BAJO LA CONSIDERACIÓN
DE QUE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS SÍ JUSTIFICÓ, CON ARREGLO A LA LEY DE
SERVICIOS PÚBLICOS Y AL ARTÍCULO 36 DEL CCA, LA
SANCIÓN DE MULTA IMPUESTA A LA DEMANDANTE POR TENER
EN SU PODER CILINDROS DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO
PERTENECIENTES A OTRA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS.
EN ESTA CLASE DE ACTIVIDADES NO ES APLICABLE EL
ANÁLISIS DEL ELEMENTO DE CULPABILIDAD POR LA
INFRACCIÓN DE LOS REGLAMENTOS. REITERACIÓN
JURISPRUDENCIAL.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA.
La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS, a través de apoderado, contra la sentencia
de 20 de agosto de 2015, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual se
declaró la nulidad de las resoluciones SSPD 20102400048805
de 14 de diciembre de 2010 y la SSPD 20112400039935 de 2
de diciembre de 2011, que impusieron una multa, expedidas
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Número único de radicación: 76001233100020120051001
Actora: GRUPO EMPRESARIAL LITORAL S.A. EN LIQUIDACIÓN
por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
I.- ANTECEDENTES
I.1- Pretensiones
Solicita la parte demandante que, previo el adelantamiento del
trámite a que haya lugar, esta jurisdicción declare:
“[…] 1.- La nulidad de la resolución SSPD-20102400048805 del
día 14 de diciembre de 2010 expedida por el Superintendente
Delegado para Energía y Gas de la SUPERINTENDENCIA DE
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS mediante la cual se
impuso una sanción de multa a la empresa GRUPO
EMPRESARIAL LITORAL S.A. E.S.P. por una valor de
DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS
($231.750.000.00) así como de la resolución SSPD-
20112400039935 del día 2 del mes de diciembre del año 2011,
a través del cual de desató desfavorablemente el recurso
interpuesto contra la resolución que impuso la multa.
2.- Que, como consecuencia de la declaratoria de nulidad de las
resoluciones citadas en el numeral anterior, se revoque o se deje
sin efecto la multa impuesta a GRUPO EMPRESARIAL LITORAL
S.A. E.S.P.
3.- Que, como consecuencia de la declaratoria de nulidad y a
título de restablecimiento del derecho, se ordene a la
demandada cancelar cualquier registro, anotación o proceso que
hubiere hecho o iniciado por la sanción impuesta con las
resoluciones demandadas.
4.- Subsidiariamente, que en caso de no ser declarada la nulidad
de los actos acusados, se reduzca el monto de la sanción
impuesta, conforme a lo que aparezca probado y al impacto de
la infracción.
5.- Que se condene en costas a la demandada. […]”.
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Actora: GRUPO EMPRESARIAL LITORAL S.A. EN LIQUIDACIÓN
I.2. Hechos
Como supuestos fácticos de las pretensiones, la parte actora
expuso, en síntesis, los siguientes:
Que mediante memorando 20102300066733 de 17 de
septiembre de 2010, la SSPD inició investigación contra el Grupo
Litoral S.A. y le formuló pliego de cargos por presunta violación
de la Resolución CREG 023 de 2008, al recibir, tener y/o
transportar cilindros de gas licuado de petróleo, en adelante
(GLP), de propiedad de terceras personas.
Agregó que dentro del término legal respondió los cargos
formulados en su contra, manifestando que solo hasta ese
momento se enteraba de los hechos que se le atribuían.
También manifestó que el señor Juan David Muñoz Yepes,
persona a quien le hicieron la incautación de los cilindros vacíos,
no era su trabajador, sino un contratista independiente con
quien se comercializaban los cilindros.
Sostuvo que el 14 de diciembre de 2010 la SSPD, mediante la
Resolución núm. SSPD-20102400048805, le impuso sanción
pecuniaria por la suma de $231.750.000, al considerar que se
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violó lo previsto en el numeral 5 del artículo 6°, numeral 1 del
artículo 9° y numeral 7 del artículo 16, de la Resolución CREG
023 de 2008, teniendo en cuenta que, en su calidad de
distribuidor y comercializador minorista de GLP, tuvo y/o
transportó dos cilindros de propiedad de COLGAS DE
OCCIDENTE S.A. ESP, el 3 de junio de 2010, en el municipio de
Buenaventura.
Indicó que el recurso de reposición que interpuso fue denegado
mediante la Resolución núm. SSPD-20112400039935 de 2 de
diciembre de 2011, agotándose así la vía gubernativa.
Manifestó que en la Resolución mediante la cual se impuso la
sanción no se aplicó el artículo 32 de la Resolución CREG 023 de
2008, que señala un período de transición en el cual la CREG
determinará las condiciones bajo las cuales las empresas
operarán y prestarán el servicio durante el cambio de un parque
de cilindros universal a un parque de propiedad de los
distribuidores.
Adujo que a pesar de no existir un marco regulatorio, la SSPD
aplicó el artículo 81 de la Ley 142 de 1994 que establece
sanciones hasta de 2.000 salarios mínimos para quienes
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incumplan dicho artículo cuando sean reincidentes, lo cual no
era su caso, pues el GRUPO LITORAL no era reincidente ni era
sujeto de dicha norma.
Que, igualmente, la Resolución acusada no tuvo en cuenta la
proporcionalidad entre la conducta imputada y la sanción,
porque no se demostró perjuicio alguno por parte de la SSPD o
de Colgas contra la seguridad del sistema y los usuarios.
Anotó que el artículo 83 de la Constitución Política proscribe
toda clase de responsabilidad objetiva; sin embargo, esta se
aplicó a la persona jurídica demandante.
Agregó que las pruebas que aportó en su defensa fueron
desestimadas con el argumento de que el contrato de prestación
de servicios aducido para conjurar la responsabilidad atribuida
no operaba en estos casos, por lo que lo procedente era celebrar
un contrato de suministro para comercializar el GLP. También
porque, en todo caso, se incumplió con el deber de vigilancia
que a los distribuidores les competía.
Añadió que antes del pliego de cargos de 17 de septiembre de
2010, no se había elevado ningún otro contra la empresa
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demandante; sin embargo, en la resolución acusada la multa
impuesta se basó, entre otras razones, en una supuesta
reincidencia, lo cual riñe con la realidad.
Estimó que las evidencias allegadas con los descargos no fueron
evaluadas conforme a derecho, si se tiene en cuenta que la
resolución acusada al hablar del deber de vigilancia de los
distribuidores señala que este supone un control real sobre la
comercialización, pero desconoce que, previamente a los
hechos materia del pliego de cargos, la demandante socializó la
Resolución CREG 023 de 2008 en lo relacionado con evitar el
transporte de cilindros de otra marca entre quienes ejecutaban
la labor y que la persona que cometió la falta confesó que
desconocía esa situación.
Agregó que el argumento expuesto en el acto acusado, según
el cual para evitar el transporte de cilindros de otra marca debía
celebrarse un contrato de suministro y no uno de prestación de
servicios, resulta inocuo si se tiene en cuenta que quien
suscribía el contrato de suministro bien podía ejecutar similar
conducta que quien suscribía el de prestación de servicios, lo
que pone de manifiesto que el deber de vigilancia no depende
del contrato para efectos de la comercialización y, por lo demás,
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el deber de prevenir delitos y contravenciones es función del
Estado y no de los particulares.
Sostuvo que en ninguno de los apartes del pliego de cargos se
demostró que el GRUPO LITORAL hubiese obtenido alguna
clase de beneficio con la maniobra, o que quien realizó
efectivamente la conducta cuestionada haya obrado por
mandato de esta empresa.
Agregó que si la empresa demandante no ordenó ejecutar la
conducta sancionada ni obtuvo ningún provecho de ello, y
tampoco sabía de lo ocurrido, cómo puede ser sancionada
válidamente cuando aportó la confesión de quien directamente
ejecutó la conducta sancionable, en la que se afirma que lo
sucedido fue a espaldas del GRUPO LITORAL.
Afirmó que las resoluciones acusadas igualmente analizaron, de
forma incorrecta, las pruebas aportadas con los descargos, en
cuanto a que la demostración de que otros comercializadores
ejecutaban la misma conducta, lo que no tuvo como finalidad
justificar lo acontecido, sino que la SSPD tuviera conocimiento
de lo que estaba sucediendo y procediera conforme a la ley.
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I.3. Normas violadas y concepto de violación
La parte demandante consideró que con la expedición de los
actos acusados la SSPD infringió los artículos 29, 83.2 (sic), 6,
25, 29 y 125 de la Constitución Política; 81 de la Ley 142 de
1994; 32 de la Resolución CREG 023 de 2008; y 36 del Código
Contencioso Administrativo, sustentando el concepto de
violación, en síntesis, así:
I.3.1. Derecho fundamental al debido proceso. Principio
de legalidad de las sanciones y principio de tipicidad
Indicó que la Resolución 023 de 2008, en su artículo 32,
establece un “PERÍODO DE TRANSICIÓN”, que determina las
condiciones bajo las cuales las empresas operarán y prestarán
el servicio durante el cambio del parque de cilindros universal a
un parque de propiedad de los distribuidores.
Que el artículo 29 de la Constitución Política dispone que el
debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales
y administrativas.
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Que hasta el momento de los hechos la CREG no había dado
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 32 de dicha
Resolución, en el sentido de establecer las condiciones bajo las
cuales las empresas debían operar y prestar el servicio durante
el período de transición y, mucho menos, había previsto cuáles
serían las sanciones aplicables en caso de incumplimiento por
parte de las empresas en la operación y prestación del servicio
durante dicho período. De ahí, que desconoció el artículo 29
Constitucional la sanción impuesta con aplicación del artículo 81
de la Ley 142 de 1994, cuando esta última disposición
únicamente permitía sancionar a quienes violaran las normas
contenidas en dicha ley; y mal podría aplicarse dicha sanción
cuando el legislador tan solo en el año 2008, esto es, 14 años
después fue que vino a reglamentar la distribución y
comercialización minorista del GLP.
I.3.2. Principio de seguridad jurídica
En relación con dicho principio señaló que, de acuerdo con el
artículo 1° de la Constitución Política, es el fundamento del
Estado Social de Derecho y, según el artículo 2° ibidem, el
fundamento de los fines esenciales del Estado, en cuanto
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procura asegurar un orden justo y proteger los derechos,
libertades y deberes del Estado y de los particulares.
Que el principio de seguridad jurídica surgió con la violación del
principio de legalidad en relación con las normas tributarias y,
con mayor razón, se aplica rigurosamente cuando se trata de
normas que establecen sanciones. Frente a este tema, de
acuerdo con el principio de legalidad, los tipos en blanco, en la
ley tributaria, sin reenvío a otras normas legales preexistentes,
crea inseguridad jurídica.
I.3.3. La proporcionalidad en la sanción
Al respecto, señaló que revisado el monto de la multa impuesta
se encuentra que no existe proporcionalidad entre este y la
conducta sancionada, y en la resolución acusada no se
señalaron cuáles fueron los parámetros para llegar a determinar
la cuantía de la multa; que si se revisa lo acontecido, el único
bien sujeto de valor es el cilindro incautado, que no vale más
de $80.000 pesos; y que con la conducta desplegada no se
ocasionó perjuicio valorable económicamente ni al quejoso ni a
la SSPD.
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Adujo que el criterio de proporcionalidad en la sanción es un
principio previsto en el artículo 36 del CCA, en relación con las
decisiones o actos administrativos discrecionales, esto es,
aquellos en los que el respectivo funcionario cuenta con un
campo más o menos amplio de competencia, bien para aplicar
una sanción determinada; o para, entre una gama de sanciones,
elegir la aplicación de una en particular; o para graduarla entre
un mínimo y un máximo; o, según algunos autores, para
abstenerse de aplicarla, siempre que ello se efectúe consultando
el interés público y el principio de igualdad, y mediante un acto
administrativo debidamente motivado.
I.3.4. Incumplimiento del artículo 83 de la Constitución
En torno al punto, indicó que la resolución objeto de
impugnación hizo una valoración de las pruebas aportadas al
descorrer el traslado del pliego de cargos que llevaba a concluir
que la responsabilidad imputada era objetiva, por cuanto para
nada importó que tan solo al recibir el pliego de cargos fue que
la empresa sancionada se enteró de lo acontecido,
desconociéndose el principio constitucional que presume la
buena fe.
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Que se sancionó con fundamento en la incautación de un cilindro
de propiedad de la empresa COLGAS DE OCCIDENTE S.A.
E.S.P., sin atender, para nada, las exculpaciones de la empresa
sancionada, quien probó desconocer lo acontecido con la
confesión del señor JUAN DAVID MUÑOZ YEPES, persona a
quien se le incautó el cilindro y quien, además, no hacía parte
de su planta de personal, aspecto que tampoco fue tenido en
cuenta al momento de valorar las pruebas.
Agregó que, igualmente, se acompañó acta de la reunión de la
empresa con los contratistas, en la que consta que a estos se
les explicó los alcances de la Resolución CREG 023 de 2008, y
se les advirtió que no se tendría tolerancia con las violaciones a
dicha disposición, pero la interpretación que se hizo de esa
prueba fue equivocada, por cuanto en lugar de apreciar lo que
en ella se indicaba, en el sentido antes señalado, se concluyó
en que la responsabilidad de la empresa se mantenía no
obstante que hubiese tercerizado su actividad distribuidora de
GLP.
Anotó que la incautación del cilindro al contratista se tuvo como
motivo suficiente para imponer la sanción cuestionada, sin tener
en cuenta la presunción de inocencia, el principio de legalidad
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que debe acompañar las sanciones y la proporcionalidad de
estas.
Indicó que tampoco se valoró el hecho de que situaciones como
la investigada fuera de usual ocurrencia en el Municipio de
Buenaventura, aspecto denunciado por el Señor JUAN DAVID
MUÑOZ YEPES, pues dicha manifestación fue utilizada en contra
del GRUPO EMPRESARIAL LITORAL S.A. E.S.P., entendiéndose
que con ella se pretendió justificar lo acontecido, lo que no fue
cierto, habida cuenta que solo se quiso evidenciar una
circunstancia que es del diario vivir de la mencionada
municipalidad y que ninguna autoridad había podido solucionar.
I.4. Contestación de la demanda
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a través
de apoderado, contestó la demanda1 y en el escrito respectivo
se opuso a la prosperidad de las pretensiones, iniciando sus
réplicas en contra de los argumentos que sustentan la solicitud
de nulidad manifestando, en síntesis, lo siguiente:
1
Folios 215 a 228 del cuaderno núm. 1.
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Que la CREG evidenció la necesidad de establecer normas en
relación con las actividades de distribución y comercialización
del GLP para garantizar, entre otros fines, la seguridad de los
usuarios del servicio. Por tal razón, las empresas que se
encontraban ejecutando tales actividades automáticamente
quedaron obligadas a cumplir con lo establecido en las normas
referidas, cuyo incumplimiento acarreaba las sanciones
establecidas en el artículo 81 de la Ley 142 de 1994.
Adujo que, así las cosas, no es relevante que las mencionadas
normas hayan sido expedidas con fecha posterior a la vigencia
de la Ley 142 de 1994, ya que ella misma establece la
competencia general para que la SSPD investigue y, de ser el
caso, sancione las faltas establecidas en la regulación de cada
actividad.
Estimó que para la imposición de la sanción se acudió a los
criterios que el mismo artículo 81 establece, los cuales, si bien
no son obligatorios, sí constituyen parámetro de estudio para la
determinación del monto de la multa, pero no supedita su valor
a que los mismos sean cumplidos en su integridad, puesto que,
en el caso en comento, la empresa sancionada no ha sido
reincidente.
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Afirmó que las sanciones impuestas a los prestadores de
servicios por parte de la SSPD, en sentido estricto, no son de
carácter tributario, como lo interpreta la empresa demandante,
sino que se trata de otra modalidad de sanciones de naturaleza
administrativa, como son las generadas en virtud de la
aplicación del artículo 81 de la Ley 142 de 1994; y que la SSPD
carece de competencia para imponer sanciones propiamente
tributarias, en razón a que sus atribuciones se contraen a la
vigilancia y control sobre la prestación de los servicios públicos
domiciliarios, y es en relación con dicha materia que está
facultada para imponer sanciones administrativas con sujeción
al CPACA.
Agregó que la sanción impuesta, incluido el decomiso de un
cilindro, obedece al cumplimento de la Resolución CREG 023 de
2008, que establece un procedimiento especifico de marcación
de cilindros, en el que se precisan uno a uno los pasos que debe
observar el prestador del servicio de distribución de GLP para
poder envasar y comercializar los cilindros.
Que el incumplimiento de esa normativa técnica tiene un
ingrediente de gravedad notable, ya que el hecho de cargar una
sola unidad que no sea de su propiedad genera un impacto
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contundente en la confianza del sistema, en el funcionamiento
del mismo y en la responsabilidad que atañe a las empresas.
Indicó que la SSPD al imponer sanciones administrativas
requiere de objetividad, por lo que no está obligada a acoger en
sus decisiones sancionatorias la responsabilidad subjetiva, salvo
que haya norma expresa que lo señale.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante
sentencia de 20 de agosto de 20152, declaró la nulidad de los
actos administrativos acusados, con fundamento en las
consideraciones que a continuación se sintetizan, así:
Adujo que la SSPD edificó la decisión sancionatoria acusada
sobre la teoría de la responsabilidad objetiva, es decir, partió de
un cotejo formal entre la obligación legal, -Resolución CREG 023
de 2008-, que le correspondía acatar a la demandante y la
conducta cometida, sin que la investigación se haya encaminado
a averiguar qué persona cometió el hecho para endilgarle
responsabilidad, sino que apuntó a demostrar que el hecho
existió y que el mismo resultaba contrario al ordenamiento
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Folio 259 a 274 del cuaderno núm. 1.
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jurídico, descartando los supuestos fácticos alegados por el
conductor del vehículo en el que se encontró el cilindro de GLP
causante de la sanción, sobre la base de que la responsabilidad
de lo sucedido recaía única y exclusivamente en la empresa, sin
ahondar en las razones o motivaciones que produjeron la
conducta del particular (contratista), cuyo comportamiento no
se consideró como eximente de la responsabilidad objetiva
aplicable, como tampoco el hecho de que la demandante
hubiese llevado a cabo un plan de capacitaciones sobre el tema
al personal que laboraba a su servicio.
Para el Tribunal es claro que en virtud de la norma general
aplicable a los procedimientos administrativos sancionatorios, la
graduación de una sanción administrativa lleva implícita una
valoración que va más allá del simple cotejo entre la prohibición
legal y la comisión de una conducta investigada, que permita el
análisis de las condiciones propias de la responsabilidad
subjetiva como garantía del debido proceso, previsto en el
artículo 29 de la Constitución Política, aplicable tanto a las
actuaciones administrativas como judiciales. En tal sentido, el a
quo citó lo expresado por la Corte Constitucional en sentencia
T-457 de 20 de octubre de 1994 (Magistrado ponente Jorge
Arango Mejía).
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Consideró que la graduación de la sanción debió atender
criterios especialísimos, como el impacto de la infracción sobre
la buena marcha del servicio público y la reincidencia del
infractor, conforme se desprende de la Ley 142 de 1994.
A continuación, se detuvo en el análisis del aparte de la
Resolución acusada, que reza:
“[…] Es así que, para establecer la responsabilidad de la
empresa prestadora, es decir, GRUPO EMPRESARIAL
LITORAL S.A. ESP, como persona jurídica que es y
atendiendo al hecho de que no es posible predicar
responsabilidad a título de culpa o dolo, basta con que se
establezca la infracción de una norma legal para que sea
procedente imponer la sanción que corresponda
atendiendo al régimen de responsabilidad objetiva propia
de las actuaciones de la administración dentro de un
derecho sancionador y al régimen especial de los servicios
públicos.
“En este contexto, la investigación administrativa no se
encamina a averiguar sobre la persona que cometió el
hecho para endilgarle responsabilidad, sino que ésta
apunta a demostrar la existencia del hecho generador de
responsabilidad […]”.
Para el Tribunal, de acuerdo con el párrafo anterior, los
argumentos que tuvo en cuenta la SSPD para imponer una
multa de $231.750.000, a partir de los supuestos fácticos que
se discutieron en el proceso sancionatorio resultan
desproporcionados e ilegítimos, teniendo en cuenta que la
norma aplicada: i) no dispone un monto mínimo para sancionar,
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sino únicamente 450 SMLMV para el año 2010, sanción que bajo
los razonamientos consignados en el acto demandado, carece
de cualquier análisis de valoración, pues su monto se registra
en la parte resolutiva de la decisión sin mayor motivación; y ii)
porque se dejó de lado el análisis y verificación del impacto de
la infracción sobre la buena marcha del servicio público, esto es,
si transportar un cilindro de gas de otra empresa afectó la
prestación del servicio de gas en la ciudad de Buenaventura, al
igual que se omitió tener en cuenta el factor de reincidencia,
que sería lo único que permitiría aumentar el monto de la
sanción.
Para el a quo, también se omitió la evaluación de aspectos como
el daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados,
que para el caso correspondería al servicio público domiciliario
de gas combustible, mismo que no se observa que haya sido
afectado con el transporte indebido de un solo cilindro de gas,
pues carece de suficiente fuerza de afectación al bien jurídico
tutelado, entendido bajo parámetros de magnitud en el
mercado y la prestación del servicio en relación con el monto de
la sanción. De allí que dicha circunstancia tampoco haya
generado un beneficio económico para el GRUPO
EMPRESARIAL LITORAL S.A. o a favor de un tercero.
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Concluyó en que, en el presente caso, existen los elementos
necesarios para comprobar la ocurrencia de los presupuestos de
nulidad alegados en la demanda, circunstancia que desvirtúa la
presunción de legalidad que cobija a los actos demandados,
imponiéndose la concesión de las pretensiones formuladas en el
sentido de declarar su nulidad.
III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
La SSPD, a través de apoderado, impugnó la sentencia de
primera instancia de 20 de agosto de 2015 y en sustento de su
inconformidad argumentó, en síntesis, lo siguiente:
Respecto a lo considerado por el a quo, en el sentido de que la
sanción impuesta se edificó a partir de la teoría de la
responsabilidad objetiva, cuando la aplicable era la
responsabilidad subjetiva, manifestó la recurrente que con la
actuación adelantada por la SSPD se buscó asegurar bienes
jurídicamente protegidos por la Ley 142 de 1994 y la regulación
de la CREG, en relación con la legalidad de las actuaciones del
prestador de servicios públicos domiciliarios, en procura de
proteger el interés general representado en el hecho de contar
con un sistema de comercialización y distribución de cilindros
GLP que asegure para todas las personas confianza y seguridad
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de que no van a ocurrir accidentes por la comercialización de
cilindros que no provengan de un prestador vigilado por la
Superintendencia, que garantice un manejo de máxima calidad
durante el proceso respectivo.
Alegó que la demandante no logró desvirtuar el cargo endilgado
en el pliego de cargos, es decir, no demostró que estaba exenta
de responsabilidad, ya que las pruebas que allegó no lograron
acreditar su ausencia de responsabilidad; y que, en todo caso,
la SSPD le garantizó a la empresa investigada el derecho al
debido proceso, al igual que el de defensa y contradicción; no
obstante, decidió sancionarla por encontrar demostrado no solo
la infracción de la regulación sobre la comercialización y
distribución de cilindros GLP, sino, también, porque no aportó
pruebas suficientes para justificar la conducta que se le
reprochó en el pliego de cargos.
Sostuvo que, a los planteamientos esgrimidos por el a quo, se
pone de manifiesto lo previsto en el numeral 1 del artículo 79
de la Ley 142 de 1994, que establece que las funciones
atribuidas a la SSPD se desarrollan cuando se afecte “de manera
directa e inmediata a un usuario determinado”, lo cual ha
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ocurrido en este caso, a pesar de lo dicho de manera vehemente
por aquel.
Precisó que el concepto de usuario en la Ley 142 de 1994 no se
refiere, de manera exclusiva, a quienes han celebrado un
contrato de condiciones uniformes con una empresa de servicios
públicos, sino que es un concepto mucho más amplio de acuerdo
con una lectura armónica de esa misma norma.
Agregó que la sanción impuesta a la empresa demandante
atendió no solo los criterios establecidos en el artículo 81 de la
Ley 142 de 1994, sino que, además, estuvo enmarcada dentro
del rango establecido en dicha norma. Igualmente, aclaró que,
a su juicio, la sentencia no expuso razones que evidenciaran
que dicha sanción fuera desproporcionada e ilegítima.
Estimó que el Tribunal pasó por alto que la SSPD debe velar por
la buena prestación de los servicios públicos en nuestro país,
limitándose a exponer que hubo vicios en la expedición del acto
acusado, sin entrar a señalar o a explicar por qué o cuáles
fueron las razones por las que “no se ponderó ni justificó la
decisión desproporcionada tomada en el acto administrativo,
dando lugar a una falsa motivación”.
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En relación con lo consignado en la parte final del fallo en el
sentido de que “no observó que el servicio público domiciliario
de gas combustible se haya visto afectado con el transporte de
dos (2) cilindros de gas, pues carece de suficiente fuerza de
afectación al bien jurídico tutelado”, la recurrente sostuvo que
la conducta imputada a la demandante fue mucho más compleja
que el simple decomiso y/o incautación del objeto dos
cilindros.
Añadió que el hecho de que se haya dictado un reglamento de
operación para la actividad de distribución y comercialización
minorista de GLP en específico, y que en el mismo se prohíba
tener, transportar, comercializar y distribuir cilindros de
otra empresa, tiene un fin de seguridad extensivo para el
sistema y el usuario.
Que marcar los cilindros y transportar los recipientes propios de
cada empresa, corresponde al cumplimiento de las medidas de
seguridad que la comisión de regulación ha estimado como de
prevalencia para ejecutar las actividades de distribución y
comercialización de cilindros de GLP.
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Adujo que el gran interés de afianzar el sistema de seguridad
en la prestación de este servicio fue el que motivó al legislador
para imponer al ente regulador la carga de crear un esquema
de responsabilidad de marca, tal y como se consignó en el
artículo 62 de la Ley 1157 de 2007.
Indicó que en cumplimiento de tal mandato fue que el legislador
expidió la Resolución CREG 023 de 2008, estableciendo en esa
norma técnica un procedimiento específico de marcación de
cilindros, en el que, de manera precisa, se señalan, uno a uno,
los pasos que debe observar el prestador del servicio de GLP
para poder envasar y comercializar los cilindros.
Anotó que dentro de las directrices impartidas se prohibió, de
manera tajante, el tener bajo custodia un cilindro que no fuera
de su misma marca. De ahí que el incumplimiento de esa
normativa técnica tenga un ingrediente de gravedad notable, ya
que el hecho de cargar así sea una sola unidad que no le
pertenezca al prestador del servicio de GLP tiene un impacto
contundente en la confianza del sistema, en su funcionamiento
y en la responsabilidad que atañe a las empresas dedicadas a
esta actividad.
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Que es por esto que no sólo debe considerarse el monto
económico del cilindro para poder imputar un reproche de la
magnitud que se le ha impuesto a la empresa demandante, sino
que, principalmente, debe tenerse muy presente la afectación
que trae tal acción al sistema, por el hecho de ejecutarse una
conducta que prohíbe la norma.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
• La parte demandada en su escrito de alegados3 reiteró, en
síntesis, los mismos argumentos esgrimidos en la sustentación
del recurso de apelación.
• La parte demandante y el Ministerio Público guardaron
silencio.
V.- CONSIDERACIONES
Actos administrativos demandados
Los actos administrativos cuya nulidad se pretende, son:
“[…] Resolución Nro. SSPD-20102400048805 de
2010-12-14
Expediente: 2010240350600047E
3
Folio 14 a 29 del cuaderno núm. 2.
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Por la cual se impone una sanción a una Empresa de
Servicios Públicos
El Superintendente Delegado para Energía y Gas, en
ejercicio de las funciones contenidas en el artículo 79, de la
Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 13, de la Ley
689 de 2001, el Decreto 990 de 2002, delegadas mediante
la Resolución Nro. 000021 de enero 5 de 2005, expedida
por el Superintendente de Servicios Públicos, y el Decreto
1 de 1984 y.
Considerando
1.Antecedentes
[…]
En mérito de lo expuesto, este Despacho,
Resuelve
Artículo Primero: Imponer sanción de MULTA a la
empresa GRUPO EMPRESARIAL LITORAL S.A.
E.S.P., por un valor de DOSCIENTOS TREINTA Y
UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL.
PESOS CON CERO CENTAVOS ($231,750,000.00),
la cual se hará efectiva en el término de 10 días
hábiles contados a partir de la ejecutoria de esta
Resolución, por lo expuesto en la motiva de esta
providencia.
Artículo Segundo: […]”.
“[…] Resolución Nro. SSPD-20112400039935 de
2011-12-02
Expediente: 2010240350600047E
Por el cual se resuelve un recurso de reposición
interpuesto por una Empresa de Servicios Públicos
El Superintendente Delegado para Energía y Gas, en
ejercicio de las funciones contenidas en el artículo 79, de la
Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 13, de la Ley
689 de 2001, el Decreto 990 de 2002, delegadas mediante
la Resolución No. 000021 de enero 5 de 2005, expedida por
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el Superintendente de Servicios Públicos, y el Decreto 1 de
1984 y.
Considerando
1.Antecedentes
[…]
En mérito de lo expuesto, este Despacho,
Resuelve
Artículo Primero: CONFIRMAR, el contenido de la
Resolución número SSPD – 20102400048805 del
2010-12-14, expedida por este Despacho, por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente
Resolución.
Artículo Segundo: […]”.
El problema jurídico
Teniendo en cuenta los argumentos de la apelación,
corresponde a la Sala determinar si los actos administrativos
acusados, mediante los cuales se sancionó a la demandante por
haber incumplido lo dispuesto en los numerales 5 y 7 del artículo
16 y numeral 1 del artículo 9° de la Resolución CREG 023 de
2008, al tener dos cilindros de GLP de propiedad de otra
empresa, con la imposición de una multa equivalente a
$231,750,000.00, se ajustan o no a la legalidad y a la
proporcionalidad de la sanción con respecto a los hechos
investigados; de ser así, confirmar lo decidido por el a quo, o,
en caso contrario, modificarlo o revocarlo.
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La Sala inicia el análisis de la controversia teniendo en cuenta
tanto los argumentos del a quo, para acceder a las pretensiones
de la demanda, como los de la apelante, con base en lo
siguiente:
Para la Corte Constitucional, dentro de las funciones
institucionales de la SSPD, de control y vigilancia, la atribución
de esta entidad en materia sancionatoria forma parte de lo que
se ha denominado la potestad sancionatoria de la
administración4, la cual tiene su fundamento legal en los
artículos 2°, 4°, 29, 189, numerales 21 a 26, 209, 334, 365,
366 y 370 de la Constitución Política.
Según la mencionada Corporación, esta atribución constituye
una expresión de poder jurídico necesario para la regulación de
la función administrativa y el cumplimiento de los fines del
Estado, en la medida en que resulta ser un complemento de la
potestad de mando institucional, contribuyendo a la
preservación del orden jurídico, al funcionamiento adecuado de
la Administración y al cumplimiento de las decisiones
administrativas5.
4
Corte Constitucional. Sentencia C – 034 de 29 de enero de 2014. Magistrada ponente, doctora
María Victoria Calle Correa.
5
Ibidem.
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En efecto, la Ley 142 de 1994 regula las funciones de control y
vigilancia de la SSPD, facultándola para imponer sanciones ante
las infracciones de la ley, como se desprende del contenido de
los artículos 79 a 83 de la referida Ley; y de manera más
detallada, los numerales 2 y 7, del parágrafo 2°, del artículo 79,
de la Ley 142 de 1994, confieren al Superintendente de
Servicios Públicos Domiciliarios las atribuciones de: “2.
Sancionar, en defensa de los usuarios y para proteger la salud
y bienestar de la comunidad, a los alcaldes y administradores
de aquellos municipios que presten en forma directa uno o más
servicios públicos cuando incumplan las normas de calidad que
las Comisiones de Regulación exijan de modo general, o cuando
suspendan el pago de sus obligaciones, o cuando carezcan de
contabilidad adecuada o, cuando violen en forma grave las
obligaciones que ella contiene; 7. Imponer las sanciones a
quienes violen las normas a las que deben estar sujetas, en los
términos de los artículos 81 de la Ley 142 de 1994 y 43 de la
Ley 143 de 1994”.
Así pues, como ya ha quedado expresado, la Resolución
20102400048805 de 14 de diciembre de 2010 sancionó a la
demandante con ocasión de la falta cometida ordenándole el
pago de una multa equivalente a $231,750,000, la cual se haría
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efectiva en el término de 10 días hábiles contados a partir de la
ejecutoria de dicha Resolución.
La posibilidad de imponer tal sanción venía prevista en
el artículo 81 de la Ley 142 de 1994 que, en lo pertinente,
señala lo siguiente:
“[…] La Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios podrá imponer las siguientes
sanciones a quienes violen las normas a las que
deban estar sujetas, según la naturaleza y la
gravedad de la falta:
81.1. Amonestación.
81.2. Multas hasta por el equivalente a Dos Mil
(2.000) salarios mínimos mensuales. El monto
de la multa se graduará atendiendo al impacto de la
infracción sobre la buena marcha del servicio público,
y al factor de reincidencia. Si la infracción se cometió
durante varios años, el monto máximo que arriba se
indica se podrá multiplicar por el número de años.
(…) las multas ingresarán al patrimonio de la Nación,
para la atención de programas de inversión social en
materia de servicios públicos. […].” (La Sala
destaca).
De acuerdo con la norma transcrita, las diferentes sanciones
que puede aplicar la SSPD dependen de la naturaleza y
gravedad de la falta cometida. Una de las sanciones que
procede, cuando la naturaleza y gravedad de la falta lo amerite,
es la multa hasta por un límite máximo de 2000 salarios
mínimos legales mensuales, multa que debe graduarse
atendiendo al impacto de la infracción sobre la buena marcha
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del servicio público y a la reincidencia o no del administrado en
la comisión de la falta.
Al imponer cualquiera de las sanciones previstas en el artículo
81 de la Ley 142 de 1994, la Administración actúa en ejercicio
de su facultad discrecional que, de acuerdo con el artículo 36
del Código Contencioso Administrativo6, implica que la misma
sea adecuada a los fines de la norma que la autoriza y
proporcional a los hechos que le sirven de causa.
Para mayor ilustración de los aspectos generales atinentes al
asunto controvertido, la Sala considera pertinente traer a
colación el Concepto núm. 5 de 7 de enero de 2009, en el que
la SSPD precisó, con respecto a la gradualidad de las sanciones
que puede imponer con base en el artículo 81 de la Ley 142 de
1994, lo siguiente:
“[…]
3.- Cómo se mide la gravedad de la falta cometida por
el prestador? ¿A qué se refiere el criterio de naturaleza
de la falta? ¿Qué tipos de falta existen? ¿Cuál es la
clasificación según la naturaleza de la falta, cómo se
ordenan las faltas según su gravedad, entre qué
rangos se mueve la superintendencia para imponer las
sanciones pecuniarias para cada falta?
6
[…] ARTICULO 36. DECISIONES DISCRECIONALES. En la medida en que el contenido de
una decisión, de carácter general o particular, sea discrecional, debe ser adecuada a los fines
de la norma que la autoriza, y proporcional a los hechos que le sirven de causa […]”.
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La Ley 142 de 1994 le otorgó, en el artículo 81, a la
Superintendencia la competencia de sancionar a los
prestadores de servicios públicos domiciliarios o
actividades complementarias de estos, que violen las
normas a las que deben estar sujetos, fijando como
criterios únicos de graduación sancionatoria los de la
naturaleza y la gravedad de la falta. Se observa que la
ley no dosifica las sanciones imponibles para cada
falta, sino que faculta al funcionario competente para
evaluar en cada caso particular la naturaleza de la
falta y la gravedad de la misma.
Corresponde entonces al sancionador, determinar cuál
es la sanción adecuada y proporcional de conformidad
con las circunstancias probadas en la investigación. En
otras palabras, lo que se deduce de la norma en cita
es la libertad del sancionador para evaluar la
naturaleza y gravedad de la falta, como factores de
graduación de la sanción.
En tales condiciones, se tiene que la ley no contiene
una dosificación de las sanciones acorde con los tipos
de faltas, sino que confiere al funcionario competente
la facultad para valorar el impacto de la conducta
sobre la prestación del servicio. No obstante, el
sancionador debe hacer una valoración racional con
base en lo señalado y ceñirse a los esquemas
sancionatorios establecidos en el mismo artículo 81.
Por lo tanto, bajo los criterios anotados, la
Superintendencia puede imponer las sanciones de
amonestación, multas, suspensión de actividades,
cierre de inmuebles, orden de separación de
administradores y toma de posesión.
Por otra parte, una de las sanciones que estableció el
legislador, corresponde a las multas previstas en el
numeral 2 del citado artículo, cuyo texto es el
siguiente:
81.2. Multas hasta por el equivalente a 2000 salarios
mínimos mensuales. El monto de la multa se graduará
atendiendo al impacto de la infracción sobre la buena
marcha del servicio público, y al factor de reincidencia.
Si la infracción se cometió durante varios años, el
monto máximo que arriba se indica se podrá
multiplicar por el número de años. Si el infractor no
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proporciona información suficiente para determinar el
monto, dentro de los treinta días siguientes al
requerimiento que se le formule, se le aplicarán las
otras sanciones que aquí se prevén. Las multas
ingresarán al patrimonio de la Nación, para la atención
de programas de inversión social en materia de
servicios públicos, salvo en el caso al que se refiere el
numeral 79.11. Las empresas a las que se multe
podrán repetir contra quienes hubieran realizado los
actos u omisiones que dieron lugar a la sanción...
En esta medida, la administración cuenta con criterios
generales para la imposición de las sanciones
contenidas en el artículo 81 de la Ley 142 de 1994, y
con criterios particulares para la aplicación de
sanciones pecuniarias establecidos en el artículo 81.2
de la misma obra, que en cierta medida pretenden
racionalizar la actividad sancionadora de la
Superintendencia evitando que ésta desborde su
actuación represiva, encauzándola dentro de un
criterio de ponderación, mesura y equilibrio.
Por lo tanto, corresponderá al sancionador, en cada
caso concreto, hacer una valoración racional para
determinar cuál es la sanción adecuada y proporcional
de conformidad con las circunstancias probadas en la
investigación. […]” (Subrayas fuera de texto).
Ahora, en relación con los principios de razonabilidad y
proporcionalidad que deben guiar toda actuación discrecional de
una autoridad administrativa, que actúa en ejercicio de
facultades sancionatorias, la Corte Constitucional ha señalado,
lo siguiente:
“[…] Es cierto que la disposición confiere una cierta
discrecionalidad al Superintendente, pero esta no es en sí
mismo inconstitucional, ya que debe entenderse que esa
autoridad debe ejercer esa facultad en forma razonable y
proporcionada. En efecto, esta Corporación ha señalado,
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en diversas decisiones7, que no se puede confundir lo
discrecional con lo arbitrario, pues la Carta admite la
discrecionalidad administrativa, pero excluye la
arbitrariedad en el ejercicio de la función pública, ya que,
en Colombia, aun cuando no cuente con consagración
expresa, es enteramente aplicable el principio de la
interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Esto significa que el ejercicio de las potestades
discrecionales se encuentra sometido a los principios que
gobiernan la validez y eficacia de los actos
administrativos, y se debe entender limitado a la
realización de los fines específicos que le han sido
encomendados a la autoridad por el ordenamiento
jurídico. Es así como la potestad administrativa sólo
contiene una actuación legítima, en tanto y en cuanto se
ejecute en función de las circunstancias, tanto teleológicas
como materiales, establecidas en la norma que la
concede. Por ello, el artículo 36 del Código Contencioso
Administrativo, a cuyo tenor la Corte considera que deben
ser interpretadas estas facultades de la Superintendencia
Bancaria, que son administrativas por su naturaleza,
señala con claridad que "en la medida en que el contenido
de una decisión, de carácter general o particular, sea
discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma
que la autoriza y proporcional a los hechos que le sirven
de causa." Lo anterior significa que el Superintendente no
puede ejercer de manera arbitraria o discriminatoria la
facultad que le confiere la disposición impugnada, sino
que debe desarrollarla en forma razonable y
proporcionada, tomando en consideración la finalidad de
la misma, esto es, que las sanciones deben ser
proporcionadas a la gravedad de las faltas cometidas por
los funcionarios de las entidades sometidas a control8[…]”.
Por su parte, esta Corporación, en relación con la facultad
sancionadora de la SSPD, ha precisado que:
“[…] Según se advierte claramente, la entidad demandada
[Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios] sí
justificó en las resoluciones demandadas la naturaleza de
la sanción impuesta, al señalar que la conducta
investigada, constituía una falta grave que daba lugar a
una multa. Esa calificación en efecto es pertinente en
7
Ver, entre otras, sentencias C-031 de 1995 y C-318 de 1995.
8
Corte Constitucional, Sentencia C-1161 de 6 de septiembre de 2000. Magistrado ponente,
doctor Alejandro Martínez Caballero.
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criterio de la Sala, pues resulta de la mayor gravedad que
una empresa prestadora de servicios públicos
domiciliarios no garantice una prestación continua,
ininterrumpida y eficiente del servicio y además de ello
cobre a sus usuarios cargos por servicios no prestados.
Igualmente, la Superintendencia justificó el quantum de
la multa al advertir que el valor de ella obedecía al impacto
de la infracción sobre la buena marcha del servicio,
impacto que, por lo dicho, es evidente en este caso, en el
que hasta por periodos de ocho meses se hicieron cobros
a los usuarios de la empresa demandante sin tener éstos
siquiera disponible el servicio de telefonía. […] si no, como
lo indica la norma, a partir del impacto de la infracción
sobre la buena marcha del servicio que, se insiste, fue
muy grande en este caso […]” 9.
Los apartes jurisprudenciales citados destacan la importancia
del principio de proporcionalidad y razonabilidad de la sanción,
en lo que toca específicamente con el valor de la multa respecto
a la gravedad de la conducta. Es así como en estos casos resulta
menester, para garantizar los principios de proporcionalidad y
razonabilidad, realizar una evaluación de la naturaleza de la
infracción en función de su gravedad y de su capacidad para
configurar una falla en la prestación del servicio público. Esta
evaluación debe darse a partir de la clasificación de la infracción
y la valoración de los criterios para graduar y calcular la multa,
en el evento en que ésta sea la sanción que se decide imponer.
9
Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 18 de septiembre de 2014. Radicación
número: 25000-23-24-000-2008-00282-01. Consejero ponente: Guillermo Vargas Ayala.
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Por lo demás, la dosificación de la sanción no requiere
estrictamente que el acto administrativo que la disponga deba
incluir un razonamiento amplio, expreso y especial para
sustentar el monto de aquella, pues el mismo simplemente
puede estar determinado o evidenciarse a partir de la gravedad
de los hechos, aspecto sobre el cual esta Corporación
puntualmente se ha referido, en los siguientes términos:
“[…] En lo atinente a que la sanción no fue dosificada,
cabe poner de presente que la dosificación no implica que
en el acto administrativo se deba hacer un razonamiento
expreso y especial para sustentar el quantum de la
sanción, sino que ello puede estar dado en la valoración
de la gravedad de los hechos, como en efecto se hace en
la decisión aquí enjuiciada, de suerte que realizada esa
ponderación se entiende que la Administración ha
estimado que la sanción aplicada es la que ameritan los
hechos, y pasa a ser de cargo del administrado demostrar
que no lo es, es decir, que es desproporcionada a los
mismos, lo cual no ha sido aducido y menos demostrado
por la actora […]” 10. (Destaca la Sala)
Las directrices sentadas por esta Corporación sobre el tema
responden al hecho de que, en realidad, no existe una
reglamentación específica con respecto a la gradualidad de la
sanción, incluida la multa, motivo por el cual la ley faculta al
funcionario competente para evaluar, en cada caso, la
naturaleza de la falta y su gravedad para, de esta forma,
10
Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 20 de octubre de 2005. Radicado número
1997-02933-01. Consejero ponente, doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
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determinar la sanción de acuerdo con los hechos y pruebas que
obren en el expediente.
Caso concreto
El presente caso se contrae a que la SSPD verificó en una
actuación previa, válidamente surtida, con observancia de la
garantía del derecho de defensa, que la actora tenía en su poder
dos cilindros de GLP de la Empresa “COLGAS”, con
desconocimiento de lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 16
de la resolución CREG 023 de 2008.
De acuerdo con lo anterior, el fundamento de la actuación
adelantada por la SSPD y que dio lugar a la expedición de los
actos acusados, consistió en que: “[…] La EMPRESA GRUPO
EMPRESARIAL LITORAL S.A. E.S.P., como Distribuidor y
Comercializador Minorista de GLP, presuntamente violó lo establecido
en la Resolución CREG 23 de 2005, al recibir, tener y/o transportar
cilindros de GLP, propiedad de otro distribuidor, según hechos
ocurridos el 3 de junio de 2010 en jurisdicción del Municipio de
Buenaventura (Valle del Cauca), cuando la Policía Nacional incautó 2
cilindros vacíos de 33 libras, identificados con NIF 082287-608633 Y
082287-614161 que según especificaciones dadas sobre los
elementos incautados estaban identificados con la marca “COLGAS” y
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eran transportados en el vehículo de placas YAR 449 afiliado a su
empresa […]”.
Para la SSPD con dicho accionar la empresa demandante
incurrió en violación de las siguientes normas:
“Resolución CREG 023 de 2008, artículo 6,
numeral 5; artículo 9, numeral 1º y artículo 16,
numeral 7°
“[…] Artículo 6. OBLIGACIONES GENERALES DEL
DISTRIBUIDOR. Las empresas que realicen la
actividad de Distribución del Servicio Público
Domiciliario de GLP están obligadas a:
[…]
5, No recibir o tener cilindros de propiedad de otra
empresa bajo ninguna circunstancia.
[…]
“Artículo 16: OBLIGACIONES DEL
COMERCIALIZADOR MINORISTA EN LA COMPRA
DEL PRODUCTO A LOS DISTRIBUIDORES Y EL
FLETE DEL PRODUCTO EN CILINDROS, para la
compra y flete del producto el Comercializador
Minorista deberá:
[…]
7. No comercializar, recibir ni tener bajo ninguna
circunstancia, cilindros de propiedad de Distribuidores
diferentes a aquel con el cual tiene el Contrato de
Suministro de GLP envasado”. (Negrillas y subrayas
fuera de texto).
En relación con lo alegado por la empresa investigada en la
actuación administrativa, en cuanto a que la responsabilidad por
los hechos debía imputársele exclusivamente al señor Juan
David Muñoz Yepes, conductor del vehículo que transportaba los
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cilindros de GLP, por tratarse de un contratista independiente
de la empresa y no de un trabajador de la misma y que, por
tanto, no podía vincularse con ésta, en el acto acusado se
manifestó, lo siguiente:
“[…] El contrato de prestación de servicios, es un
contrato en virtud del cual se vincula a una persona
natural para que ejecute una labor en específico debido
a su especialidad o dificultad, sin que exista una
verdadera y real relación laboral entre las partes; ya
que al desarrollar una actividad específica no se
requiere la prestación personal permanente del
servicio, ni que se someta a un horario de trabajo, sino
que basta que ejecute la labor en los términos
acordados.
[…].
Ahora bien, el contrato de Suministro que establece la
Resolución CREG 023 de 2008, es el contrato en virtud
del cual una empresa prestadora de servicios públicos
(Comercializador) se obliga para con otra (Distribuidor)
de la misma naturaleza (ESP) a comercializar de
manera exclusiva los cilindros de GLP que la empresa
contratante distribuye.
Cabe destacar que este contrato debe cumplir con
ciertas especificidades que la misma regulación
establece, so pena de que en ausencia de alguno no se
esté en presencia de un contrato de suministro.
Así lo indica la misma disposición normativa:
“ARTÍCULO 14. CONTRATOS DE SUMINISTRO DE GLP
ENVASADO ENTRE LOS DISTRIBUIDORES Y LOS
COMERCIALIZADORES MINORISTAS. La relación
Distribuidor Comercializador Minorista se establecerá
bajo un contrato que tendrá el carácter de exclusividad
del Comercializador Minorista hacia el Distribuidor. En
estos contratos debe quedar establecida la
responsabilidad del distribuidor tanto por la calidad del
GLP como por la seguridad del cilindro que entrega al
comercializador minorista. Por otro lado, debe quedar
establecida la obligación del comercializador minorista
de garantizarle al distribuidor el uso exclusivo de los
cilindros marcados que recibe, aplicando, entre otros,
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los mecanismos que disponga la regulación para el
efecto, así como su responsabilidad por la calidad
comercial del servicio al usuario final.
[…]
PARÁGRAFO 10. Los Distribuidores deberán pactar
Contratos de Suministro de GLP envasado únicamente
con Comercializadores Minoristas constituidos en
empresas de servicios públicos que cumplan con todos
los requisitos dispuestos en esta resolución”.
Vistas las exigencias entre un contrato y otro, se
evidencia que la prestadora no puede eximirse de su
responsabilidad toda vez que el contrato de
prestación de servicios de persona natural no es
el exigido por la regulación para este tipo de
actividades, pues como bien lo indica el artículo
14 de la Resolución 023 de 2008, la prestadora
debe tener un contrato de Suministro exclusivo
con una ESP, para desplegar dicha actividad.
[…]
Deber de vigilancia de los Distribuidores.
[…]
La misma resolución CREG 023 de 2008, establece la
clase de responsabilidad, en su artículo 12, y la forma
en que debe establecerse ésta respecto del desarrollo
de esta actividad contractual;
“OBLIGACIONES DEL DISTRIBUIDOR EN LA
TERCERIZACION DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACION MINORISIA: Cuando la
Comercialización Minorista de los Cilindros se haga total
o parcialmente a través de un tercero, el Distribuidor,
además de mantener la responsabilidad íntegra
sobre la calidad y seguridad del cilindro y del
producto envasado ante el usuario final, tiene las
siguientes obligaciones (…)
5. Tomar las medidas necesarias para garantizar
el uso exclusivo de los cilindros de su propiedad
y, como mínimo, las indicadas en el Capítulo 4.
Artículo 19, de esta Resolución (…)”
Nótese que la normativa en ningún momento aleja la
responsabilidad que la distribuidora tiene sobre los
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cilindros, aun cuando se ha realizado un proceso de
tercerización en la actividad de comercialización; por el
contrario, la norma transcrita hace alusión clara y
concreta sobre la responsabilidad que en todo
momento debe asumir el distribuidor, sobre todo en
tratándose de la comercialización de cilindros de otra
marca.
[…].
3. Conclusión:
Que por las anteriores consideraciones y evaluados
todos los argumentos, así como las pruebas obrantes
en el expediente, este Despacho concluye que la
empresa GRUPO EMPRESARIAL LITORAL S.A. E.S.P.
vulneró lo dispuesto en el numeral 5, del artículo 16; el
numeral 1, del artículo 9 y el numeral 7, del artículo 16
de la Resolución CREG 023 de 2008.
En consecuencia, esta Superintendencia debe
manifestar que condena como reprochable la
vulneración del régimen de comercialización y
distribución minorista establecido en Resolución CREG
023 de 2008, por parte de la empresa GRUPO
EMPRESARIAL LITORAL S.A. E.S.P.
Su desconocimiento por parte del prestador lo hace
incurrir en la flagrante violación de la responsabilidad
esencial que les asiste por el desarrollo de su objeto
social: Garantizar la prestación del servicio en la forma
como lo ha estructurado la regulación que se ha venido
analizando en cada uno de los contextos.
Adicionalmente, se le atribuye a la empresa GRUPO
EMPRESARIAL LITORAL S.A. E.S.P. las consecuencias
que podrían acarrear las acciones desplegadas, por
tener, transportar y/o comercializar cilindros de Gas
Licuado de Petróleo, de otro distribuidor por ser una
conducta ilegal, sobre la cual se debe exigir su
responsabilidad.
Dado que al prever que un cilindro deba estar marcado
por un distribuidor, al igual la identificación de su
vehículo y personal, se desprende la responsabilidad de
la empresa.
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Y esto se exige con el propósito de salvaguardar la
seguridad del usuario final y demás intervinientes en la
cadena de producción y manipulación de GLP
Se suma a lo anterior que la empresa investigada
aceptó expresamente que los hechos sucedieron tal y
como se endilgaron en el pliego de cargos, más no
aceptaba su responsabilidad aduciendo la
responsabilidad de un tercero, argumento que fue
desvirtuado por lo que no se puede exonerar a dicha
empresa.
En resumen, en el momento en que una empresa
distribuidora y/o comercializadora minorista se apodera
de un cilindro marcado propiedad de otra empresa
distribuidora no solo atenta contra los activos de ésta,
sino que, además, atenta contra la seguridad e
integridad de los ciudadanos y esto es lo que debe
evitar de manera preventiva esta autoridad, llamando
la atención de su importancia.
Que, como consecuencia de lo anterior, este Despacho,
de conformidad con el artículo 81 de la Ley 142 de
1994, y teniendo en cuenta la naturaleza y la gravedad
de la falta, el impacto de la infracción sobre la buena
marcha del servicio, el hecho de que la empresa no es
reincidente en esta conducta se procederá a imponer
sanción de multa a la empresa GRUPO EMPRESARIAL
LITORAL S.A. ES.P., de conformidad con los criterios
técnicos aplicables Y los principios de razonabilidad y
proporcionalidad la cual se gradúa en la suma de
doscientos treinta y un millones setecientos cincuenta
mil pesos ($ 231.750.000.00) moneda legal
colombiana.
En mérito de lo expuesto; este Despacho,
Resuelve
Artículo primero: Imponer sanción de MULTA a la
empresa GRUPO EMPRESARIAL LITORAL S.A. E.S.P.,
por un valor de DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES
SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON CERO
CENTAVOS ($231,750,000,00), la cual se hará efectiva
en el término de 10 DÍAS hábiles contados a partir de
la ejecutoria de esta Resolución, por lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia […]”.
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La Sala advierte que, muy a pesar de que, conforme al artículo
81.2 de la Ley 142 de 1994, la multa tenía como tope el
equivalente a 2.000 salarios mínimos legales mensuales
vigentes, esto es, alrededor de $1.030.000.000, la sanción
impuesta por la SSPD a la actora ascendió a la suma de
$231.750.000, cifra muy inferior al máximo permitido y que
solo representa aproximadamente una cuarta parte de dicho
valor.
En efecto, para la época de imposición de la sanción, año 2010,
el salario mínimo legal mensual era de $515.000, lo que
significa que la sanción impuesta a la entidad demandante, en
términos de salarios mínimos legales mensuales vigentes, fue
aproximadamente de 450 y en modo alguno superó el límite
establecido por la regulación (2.000 SMLMV).
En cuanto se refiere a la aplicación de los factores generales
para la graduación de la sanción, a juicio de la Sala, los actos
acusados cumplieron los parámetros correspondientes, aunque
no se haya elucubrado a profundidad al respecto. Para así
evidenciarlo, basta con examinar las resoluciones
demandadas11 en las que se aludió, de manera amplia y
11
Ver folios 3 y 41 del cuaderno núm. 1.
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detallada, como presupuesto de la decisión adoptada, a la
naturaleza de la infracción en que incurrió la empresa
demandante, a la afectación en la prestación del servicio público
domiciliario de gas combustible y a la no existencia del factor
de reincidencia.
A la luz de los criterios que anteceden, igualmente abordados
en otras providencias de esta misma Sección12, se concluye que
el monto de la sanción fue proporcionado, en la medida en que
la multa respectiva se determinó atendiendo razonables
parámetros para su imposición, de conformidad con la gravedad
de la falta cometida y la buena marcha del servicio público
ofrecido, dado que cuando un comercializador minorista se
apodera de un cilindro marcado, propiedad de otra empresa
distribuidora, no solo atenta contra los activos de ésta, sino que,
además, afecta la adecuada y eficiente prestación del servicio y
pone en peligro la seguridad e integridad de los usuarios finales.
De esta manera, a no dudarlo, resulta crucial la responsabilidad
de quienes prestan el servicio debido a los posibles imprevistos
que pueden sobrevenir en una actividad que, como es de
12
Ver, por ejemplo: 1) Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 18 de septiembre de
2014, C.P. Guillermo Vargas Ayala, Rad. 25000-23-24-000-2008-00282-01. 2) Consejo de
Estado, Sección Primera, sentencia del 25 de agosto de 2016, C.P. María Claudia Rojas Lasso,
Rad. 25000-23-24-000-2008-00144-02.
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público conocimiento, puede resultar extremadamente
peligrosa en la medida en que, si aquellos se materializan, el
llamado a responder, en principio, no sería la empresa que
comercializa o tiene en su poder los cilindros, presuntamente
para utilizarlos dentro del giro ordinario de sus actividades, sino
la que aparezca inscrita como propietaria de los mismos en el
Sistema de Información de Cilindros Marcados (SICMA) lo cual,
además, tornaría nugatorio el estricto control preventivo de
fijación de responsabilidad que legalmente se ha dispuesto para
la prestación de este servicio.
Estricto control que igualmente se justifica, junto con las
elevadas sanciones legalmente previstas13, debido al conocido
uso que se la ha dado a dichos cilindros en el ámbito del
conflicto armado, lo que ha dado lugar a que las empresas que
prestan este servicio público se hagan responsables del riguroso
control de los cilindros que les pertenecen y de los riesgos que
con ellos puedan ocasionarse, no sólo por las motivaciones de
que dan cuenta los actos acusados, sino, también, por estrictas
razones de orden público.
13
A la fecha, el tope máximo de las multas paso de 2000 a 100.000 SMLV. LEY 142 DE 1994,
Artículo 81, 81.2 <Numeral modificado por el artículo 19 de la Ley 1955 de 2019. El
nuevo texto es el siguiente:> Multas desde 1 hasta 100.000 salarios mínimos legales
mensuales vigentes al momento de la imposición de la sanción, a favor del Fondo Empresarial
creado por la Ley 812 de 2003.
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Tales son los motivos que le impiden a esta Sala compartir las
consideraciones esgrimidas por el a quo, en el sentido de que la
sanción impuesta resulta desproporcionada con relación a los
hechos investigados, bajo la cuestionable óptica según la cual,
tan solo fueron incautados dos cilindros de gas vacíos, cuando
lo cierto es que fueron dos cilindros de GLP los incautados,
pues, en realidad, como lo alega la apelante, lo que se reprocha,
de conformidad con la norma transgredida, no es el número de
cilindros que tenía en su poder la infractora, sino su incursión
en una conducta prohibida para salvaguardar la seguridad de
los usuarios finales y la adecuada prestación del servicio de Gas
licuado de Petróleo, en atención a que una indebida
manipulación, transporte, tenencia y/o comercialización de un
prestador de este servicio puede traer graves implicaciones para
los usuarios finales, por la alta peligrosidad que encierran los
cilindros de GLP, no obstante lo cual la llamada a responder por
los riesgos y consecuencias sobrevinientes es la empresa
propietaria de estos últimos.
En efecto, las consecuencias de la indebida manipulación, así
sea de un solo cilindro de GLP, a no dudarlo, bien pueden
resultar catastróficas por el riesgo, de todos conocido, que
envuelve este tipo de artefactos debido a la alta peligrosidad de
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la sustancia que contienen, fácilmente inflamable e inclusive con
propiedades explosivas14 debido a su envasado hermético.
Por lo demás, el hecho de que la sanción de que aquí se trata
sea considerada como preventiva, naturaleza que la propia
norma que la establece reconoce, no es motivo para que esa
circunstancia opere como aminorante del monto de aquella. Ello
debe entenderse así, por cuanto, en primer lugar, la
mencionada consecuencia no aparece prevista de esa manera
en el texto legal correspondiente; y, en segundo lugar, por
cuanto carece de todo sentido que las normas sancionatorias
preventivas, por el hecho de exhibir dicho carácter,
necesariamente tengan que aplicarse en su mínima o menor
expresión pues, de ser así, se correría el riesgo de dar al traste
con su finalidad primordialmente disuasiva que, precisamente,
procura evitar y no esperar a tener que sancionar determinados
resultados. De manera que si esta clase de normas solo
pudieran aplicarse con plena rigurosidad o en el máximo grado
posible frente a situaciones que denoten daños consumados es
claro que, en mucho, se desdibujaría su finalidad preventiva.
14
Este tipo de artefactos han sido utilizados por los grupos alzados en armas en Colombia, para
realizar atentados terroristas en contra de la población civil como, entre otras, la Masacre de
Bojayá.
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La Sala tampoco comparte los argumentos del Tribunal según
los cuales la decisión sancionatoria acusada básicamente se
edificó a partir de la teoría de la responsabilidad objetiva, es
decir, que se limitó al cotejo formal entre la obligación legal que
le correspondía acatar a la empresa demandante y la conducta
cometida, sin que la investigación se haya encaminado a
averiguar qué persona cometió el hecho para endilgarle
responsabilidad, y solo apuntó a demostrar que este último
existió y que el mismo era violatorio o contrario al ordenamiento
jurídico, descartando los supuestos fácticos alegados por el
conductor del vehículo en el que se encontraron los dos cilindros
de GLP causantes de la sanción. Lo anterior, por las siguientes
razones:
Conforme a lo previsto por el artículo 81 de la Ley 142 de 1994,
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios podrá
imponer las siguientes sanciones a quienes violen las normas a
las que deben estar sujetas, según la naturaleza y la
gravedad de la falta:
“[…] 81.2. Multas hasta por el equivalente a 2.000 salarios
mínimos mensuales. El monto de la multa se graduará
atendiendo al impacto de la infracción sobre la buena
marcha del servicio público, y al factor de reincidencia
[…]”.
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Y en su numeral 81.7, inciso segundo, dispone que:
“[…] Las sanciones que se impongan a personas
naturales se harán previo el análisis de la culpa del
eventual responsable y no podrán fundarse en
criterios de responsabilidad objetiva. [...]” (Negrillas
fuera de texto).
Ahora, la Resolución CREG 023 de 5 de marzo de 2008, por la
cual se establece el Reglamento de Distribución y
Comercialización Minorista de Gas Licuado de Petróleo, en su
artículo 6°, relativo a las “Obligaciones Generales del
Distribuidor, prevé, en su numeral 5. “No recibir o tener
cilindros de propiedad de otra empresa bajo ninguna
circunstancia”. Asimismo, el artículo 9°, que trata sobre las
“Obligaciones del Distribuidor en el Envasado de Cilindros”, en
su numeral 1, incluye como tal: “Envasar únicamente cilindros
de su propiedad, por lo tanto, le es prohibido recibir, tener o
transportar, cilindros de propiedad de otra empresa […]”. A su
vez, el artículo 16 ibidem, en relación con las obligaciones del
Comercializador Minorista en la Compra del Producto a los
Distribuidores y el Flete del Producto en Cilindros, establece que
“[…] Para la compra y flete del producto el Comercializador
minoritario deberá: 7. No comercializar, recibir ni tener, bajo
ninguna circunstancia, cilindros de propiedad de
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distribuidores diferentes a aquel con el cual tiene el Contrato de
Suministro de GLP envasado […]” (Negrillas fuera de texto).
Respecto al deber de vigilancia y la clase de responsabilidad de
los distribuidores, la Resolución 023 de 2008, en su artículo 12,
prevé: “[…] Obligaciones del Distribuidor en la
Tercerización del Servicio de Comercialización Minorista.
Cuando la Comercialización Minorista de los cilindros se haga
total o parcialmente a través de un tercero, el Distribuidor,
además de mantener la responsabilidad íntegra sobre la
calidad y seguridad del cilindro y del producto envasado
ante el usuario final, tiene las siguientes obligaciones: […] 5.
Tomar las medidas necesarias para garantizar el uso
exclusivo de los cilindros de su propiedad, y como mínimo
las indicadas en el Capítulo 4. Artículo 19 de esta Resolución,
que indica en su numeral 4°, lo siguiente: “El Comercializador
Minorista no podrá recibir cilindros de marca diferente a la que
él está autorizado para comercializar en forma exclusiva, bajo
ninguna condición […]”. (Negrillas fuera de texto).
Como se desprende de las normas transcritas, la SSPD está
revestida del poder de policía económica administrativa que
tiene por finalidad, entre otras, asegurar la prestación eficiente
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de los servicios públicos domiciliarios. Lo anterior, de acuerdo
con las atribuciones de inspección, vigilancia y control
conferidas por la Ley 142 de 1994 conforme a las normas
constitucionales sobre la materia. De modo que dicha entidad
tiene la función de hacer cumplir los mandatos y las
prohibiciones del régimen de los servicios públicos domiciliarios,
sancionando cualquier infracción administrativa para
restablecer el orden jurídico.
Queda claro entonces que la CREG, en ejercicio de sus funciones
de regulación otorgadas por el legislador, expidió la Resolución
núm. 023 de 2008, como norma técnica encaminada a definir
específicamente el procedimiento de marcación de cilindros que
deben observar paso a paso tanto las Empresas
Distribuidoras como las Empresas Comercializadoras de
GLP, al momento de envasar y comercializar los cilindros,
incluyendo, entre las pautas impartidas, la tajante prohibición
de que, bajo ninguna circunstancia, comercialicen, reciban o
tengan cilindros de propiedad de distribuidores diferentes.
Para la Sala, resulta evidente que la violación de la norma
técnica se configura, en este caso, por el hecho de tener
cilindros de otras empresas, sin justificación válida, como
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podrían ser la fuerza mayor o el caso fortuito, proceder que
desconoce el bien jurídico tutelado como es la garantía y la
seguridad del sistema, lo que, según se ha puesto de
manifiesto, genera un grave riesgo en contra de éste y los
usuarios.
Además que, la Sala insiste, de presentarse una situación que
ponga en riesgo o peligro a los usuarios, el responsable directo
sería la empresa propietaria del cilindro. Tal es una de las
razones de la prohibición de que un distribuidor distinto al
propietario desarrolle actividades con los cilindros, con
excepción de la tercerización, que es permitida bajo la figura
del contrato de suministro, lo cual tampoco exime de
responsabilidad al comercializador frente al desconocimiento de
la prohibición comentada, pues este continúa con el deber de
ejercer el control de la prestación del servicio, como lo explicó
ampliamente la SSPD en el acto acusado, según se verá más
adelante.
Ahora, de conformidad con lo establecido en el artículo 81 de la
Ley 142 de 1994, contra lo considerado por el Tribunal, la
sanción debe graduarse atendiendo a factores objetivos,
como son: i) la naturaleza de la gravedad de la falta, ii) el
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impacto de la infracción sobre la buena marcha del servicio
público y iii) el factor de reincidencia, factores que, como se
advirtió en líneas anteriores, sí tuvieron en cuenta los actos
acusados, aunque no hayan elucubrado a profundidad al
respecto.
La Sala debe enfatizar en cuanto a que en el acto acusado, en
particular, en el acápite denominado “Deber de vigilancia de
los Distribuidores”, la SSPD analizó la ya mencionada
responsabilidad de la empresa demandante en relación con el
manejo de los cilindros, aun cuando esta haya realizado un
proceso de tercerización en la actividad de comercialización,
correspondiéndole adoptar, de todas formas, las medidas que
se requerían para que sus cilindros fueran usados de manera
exclusiva y única por el tercero encargado de la
comercialización. Y en relación con este punto se concluyó en
que dicha labor de control no se desplegó adecuadamente; y
que, incluso, ni siquiera se realizó un proceso de tercerización
con sujeción a lo que establece la norma, esto es, a través de
un contrato de suministro. Al respecto el acto acusado, expresó:
“[…] el hecho de suscribir un contrato de prestación de servicios no
aleja de ninguna forma la responsabilidad que en determinadas
circunstancias puede tener el distribuidor ya que debe
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imperiosamente vigilar y controlar que la regulación sea cumplida en
su totalidad y evitar se comercialicen cilindros de otros distribuidores
diferentes a aquél que contrató […]”.
Sobre el particular, la SSPD en el acto acusado, igualmente,
añadió lo siguiente:
“[…] en primer lugar, la prestadora no ha tercerizado su
labor de comercialización de los cilindros tal y como la
dispone la regulación, por lo que, en principio, ya se
encuentra incumpliendo con esta disposición y, en segundo
lugar, se tiene que, la misma al contratar personal,
independientemente de cuál sea su forma de vinculación,
los mismos actúan en su nombre, razón por la cual si no
cumplen con lo dispuesto en la Resolución CREG 023 de
2008, en relación con la prohibición de transportar cilindros
marcados de otro distribuidor, es la misma empresa la que
incurre en el incumplimiento.
“Por lo anterior, el hecho de que la empresa suscriba un
acta de compromiso, en donde además de poner
condiciones estrictas de cumplimiento para sus contratistas
trata de exonerar su responsabilidad, no resulta atenuante
de la falta, toda vez que, ya fue explicado, su
responsabilidad se mantiene inclusive cuando terceriza
acorde con la normativa dicha actividad.
“Ahora bien, de lo expuesto por la prestadora se evidencia
que la misma no está asumiendo ninguna actitud o medida
preventiva para contrarrestar la falta que hoy se
demuestra, al contrario, lo que hace es auto eximirse de
cumplir sus obligaciones, tal y como se observa en el acta
de compromiso 000115 con fecha del 6 de marzo de 2009
que la empresa ha arrimado como prueba de descargo:
“(…)
3. La empresa no se hace responsable por
inconvenientes judiciales o administrativos que se
llegaren a presentar por incumplimiento de lo
expuesto en los numerales anteriores y en caso de
15
La Sala advierte que dicha acta no aparece firmada por el señor Juan David Muñoz, conductor
del vehículo en el cual se incautaron los cilindros de GLP.
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alguna incautación, el contratista se hará
responsable directo de dicha acción (…)” (folios 34 a
35)
Esta disposición de la empresa no es una actividad de
vigilancia y control que evite que se transporte cilindros de
otra marca o con otro NIF., por el contrario, solo intenta
exonerarse respecto de una responsabilidad que debe
asumir como distribuidor [...]”.
Ahora, en el acápite del acto acusado denominado “Costumbre
Contra Legem”, la SSPD analizó los descargos presentados por
la empresa demandante poniendo de presente que las prácticas
de transportar y tener cilindros de otras marcas en camiones de
otros distribuidores, aunque reprochable, era una conducta
permanente y continua entre los distribuidores de GLP en la
zona geográfica de Buenaventura, la cual, en otras, palabras,
se había vuelto costumbre.
Sobre el particular, la SSPD sostuvo que las prácticas prohibidas
aunque sean comunes, reiteradas y permanentes no por ello se
vuelven legales o deben permitirse, toda vez que la reincidencia
no hace desaparecer la infracción de las normas que, en este
caso, regulan la actividad de distribución y comercialización de
GLP. Al respecto, citó el artículo 8° del Código Civil, que prevé:
“[…] Artículo 8o. Fuerza de la Costumbre. La costumbre en
ningún caso tiene fuerza contra la ley. No podrá alegarse el
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desuso para su inobservancia, ni práctica, por inveterada y
general que sea […]”.
En relación con la declaración del contratista de la empresa,
señor Juan David Muñoz Yepes, en quien, según la demandante,
debió recaer la responsabilidad de lo sucedido, la SSPD en el
acto acusado, indicó: “[…] que se acepte por parte de la empresa
que esta práctica es usual y que además se arrime al expediente una
declaración donde un contratista suyo acepta que esta práctica es
común, evidencia que el hecho reprochable existió […]”.
Con fundamento en los elementos de convicción
precedentemente reseñados y que ilustran significativamente
sobre lo que debe ser la resolución del recurso de apelación, la
Sala ha de señalar que discrepa de las conclusiones a las que
arribó el Tribunal, en cuanto a que el acto acusado omitió el
análisis de los supuestos fácticos que, según la demandante y
el conductor del vehículo en que se hallaron los cilindros de otro
distribuidor, justificaban lo sucedido, pues, como puede verse,
esos aspectos sí fueron considerados en los actos acusados, así
como también se analizaron tanto los argumentos como las
pruebas aportadas por la empresa para exonerarse de la
responsabilidad que debe asumir como distribuidor, los que, a
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juicio de la SSPD, no tenían la fuerza suficiente para justificar
la tenencia de los cilindros incautados en contravía de lo
dispuesto en el numeral 5 del artículo 16, el numeral 1 del
artículo 9° y el numeral 7 del artículo 16 de la Resolución CREG
023 de 2008.
El a quo en apoyo de su tesis, según la cual en este caso se
aplicó un criterio de responsabilidad objetiva, trajo a colación la
sentencia de la Corte Constitucional16, en la cual se expresó, lo
siguiente:
“[…] A este respecto en la citada Sentencia T-457-94 la Corte
precisó que:
“Fuera de las anteriores observaciones, que suponen afrentas,
por parte de la demandada, al debido proceso y al derecho de
defensa de la demandante, la Sala cree que existe otra que
debe destacarse. Se trata de la presunción de dolo o fraude de
la que partió la Empresa Antioqueña de Energía S.A. para
sancionar a la actora por la manipulación de la
suspensión interior del contador, es decir, una
adulteración del aparato de medición. … este punto de
partida de la demandada también desconoce el debido
proceso, porque es obvio que hace caso omiso de la
presunción de inocencia que, con arreglo al inciso 4o. del
artículo 29 de la Constitución, ampara a toda persona”.
Debe precisarse entonces, que la responsabilidad de tipo
objetivo que aplica la empresa de servicios públicos y que
coadyuva la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios
no está contenida en la ley que regula la materia y que, por lo
mismo, no puede ser creada a partir de interpretaciones por
parte de las autoridades llamadas a aplicarla.
16
Advierte la Sala que la sentencia citada por el Tribunal es la T-270 de 19 d diciembre de 2004,
Magistrado Ponente, doctor Jaime Córdoba Triviño, en la que se recogen apartes de la
sentencia T-457 de 1994.
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Si el legislador hubiera decidido establecer una responsabilidad
de tipo objetivo respecto de la conducta de los usuarios de
servicios públicos domiciliarios así lo hubiera hecho, y ello porque
debe recordarse que la imposición de sanciones por
responsabilidad objetiva es de carácter excepcional, razón por la
cual la misma debe estar consagrada de forma expresa por el
legislador.
De esta manera, es claro que la aplicación de un régimen de
responsabilidad objetiva en materia de servicios públicos
domiciliarios desborda las facultades de la empresa prestadora
que expide los actos administrativos sancionatorios en esas
materias y del órgano de inspección, vigilancia y control que
resuelve los recursos de apelación que se interponen contra
dichos actos.
Este tipo de responsabilidad donde no se tiene en cuenta la
culpabilidad del sujeto afectado con la sanción, sino la mera
ocurrencia de un hecho no puede surgir de la interpretación de
ninguna autoridad diferente al legislador, el cual en la misma,
deberá respetar los principios y valores constitucionales que
deben irradiar las decisiones de todas las autoridades públicas.
En este orden de ideas, la aplicación de esa especie de
presunción de dolo o culpa en cabeza del usuario sin
fundamento legal desconoce la garantía a la presunción de
inocencia que al estar consagrada en la Carta Política es un
mandato ineludible para todos los operadores jurídicos en
materia sancionatoria. […]”. (Negrillas fuera de texto).
Ante todo, la Sala debe aclarar que la sentencia citada por
Tribunal en apoyo a sus consideraciones no es exactamente
aplicable en el presente caso, en la medida en que, como se
observa, la persona objeto de sanción en el expediente de tutela
que revisó la Corte Constitucional fue una persona natural en
su condición de usuario de los servicios públicos domiciliarios. Y
cuando se trata de personas naturales, el inciso final del artículo
81 de la Ley 142 de 1994 prevé que “[…] Las sanciones que se
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impongan a personas naturales se harán previo el análisis
de la culpa del eventual responsable y no podrán fundarse en
criterios de responsabilidad objetiva […]”; sin embargo, en esta
oportunidad la sancionada es una persona jurídica y en relación
con estas no se exige profundizar en el análisis que el a quo
echa de menos.
De manera general, salvo las personas naturales, lo que la
norma exige es que la sanción debe graduarse atendiendo a
factores objetivos como son: i) la naturaleza de la gravedad
de la falta; ii) el impacto de la infracción sobre la buena marcha
del servicio público; y iii) el factor de reincidencia, aspectos que,
en esta oportunidad, como ya se advirtió, sí fueron
considerados.
En abono de la importante distinción que ha quedado
evidenciada, la Sala considera pertinente traer a colación lo
expresado en la sentencia de 18 de julio de 2024 (Radicación
núm. 2013-00319, C.P. Oswaldo Giraldo López), en la que esta
Sección precisó que el régimen de responsabilidad objetiva es
aplicable en los procesos sancionatorios de servicios públicos,
en los que se impongan sanciones a las personas jurídicas, de
la siguiente manera:
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“[…] En ese sentido, y atendiendo los expresos
mandatos Superiores, el Legislador previó el alcance de
la potestad sancionatoria en servicios públicos,
diferenciando, como era del caso, la relación usuario –
empresa y empresa – Estado (SSPD). Para el primer
vínculo indicó que los procedimientos que adelante
deben sopesar la “culpa” del presunto infractor, lo cual
ubica ese tipo de actuaciones en el plano de la
responsabilidad subjetiva, en tanto que debe ser
examinada la conducta del investigado.
No se aplica el mismo rasero en tratándose del
nexo que surge entre el Estado y la Empresa de
Servicios Públicos Domiciliarios. A tal
discernimiento llegó esta Sección en sentencia del 22
de octubre de 2015, en el proceso número 25000 2324
000 2010 00654 01, C.P. Roberto Augusto Serrato
Valdés, en el que se discutía precisamente si en un
procedimiento sancionatorio adelantado contra Gas
Natural debía ponderarse su negligencia a fin de
determinar si era procedente la imposición de la multa:
“La sociedad GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A.
E.S.P. estima que si en gracia de discusión se aceptara
que del artículo 37 de la Resolución CREG 011 de 2003,
surgía la obligación de contar con contratos de
suministro y transporte de gas natural bajo la
modalidad en firme, el estudio relacionado con el
cumplimiento de dicha obligación implicaba el análisis
de la conducta desplegada por la empresa que
determinara si adelantó las gestiones que estaban a su
alcance para la consecución del suministro y transporte
bajo dicha modalidad contractual o si por el contrario,
incurrió en una falta de diligencia que ameritara la
imposición de una sanción pecuniaria como aquella de
la cual fue objeto GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A.
E.S.P., por cuanto del artículo 37 de la Resolución
CREG 011 de 2003 no se deriva un régimen de
responsabilidad objetiva.
La Resolución No. SSPD – 2012400009205 del 24 de
marzo de 2010, indicó expresamente frente a este
cuestionamiento que “(…) Más aún, cuando la
indagación no está dirigida a establecer negligencia o
culpa, porque ese no es el sentido de la sanción
impuesta, ya que la función de vigilancia se da en
el campo de la objetividad de la investigación,
toda vez que en las actuaciones administrativas
se establece una responsabilidad plenamente
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objetiva, resaltando la existencia de una
conducta o hecho que da lugar a una intervención
administrativa de carácter sancionatorio o
fiscalizador, ejerciendo el poder sancionatorio
que le asiste a la administración (…)”. (Resaltado
fuera de texto)
Para desatar la acusación no puede olvidarse el
contenido del artículo 81 de la Ley 142 de 1994, el cual
sustenta la imposición de la sanción a la sociedad GAS
NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P. y en el que se
indica que solo las sanciones que se apliquen a
personas naturales contarán con el respectivo análisis
de la culpa del eventual responsable y no podrán
fundarse en criterios de responsabilidad objetiva, lo
cual conlleva, entonces, a que la imposición de
sanciones a las personas jurídicas pueden
fundarse en criterios de responsabilidad objetiva
sin que se requiera el análisis de la culpa. Dicho
artículo 81 indica:”
Ciertamente, se trata de uno de los casos
excepcionales en los que se habilita la atribución
sancionadora despojada de valoraciones
subjetivas ,17
que consulta los cometidos
constitucionales en tanto que debe ser precedida del
agotamiento de etapas que supongan una garantía del
derecho de defensa y contradicción y por supuesto la
aplicación del principio de legalidad, en el que se “exige
que una norma con fuerza material de ley contemple
una descripción genérica de las conductas
sancionables, las clases y cuantía de las sanciones, pero
con posibilidad de remitir a los actos administrativos la
descripción pormenorizada de las conductas
reprochables, sin que pueda decirse en este caso que
las normas de carácter reglamentario complementan
los enunciados legales, pues se trata de una remisión
normativa contemplada específicamente por la
disposición legal de carácter sancionador”18.
17
Sentencia C-616 de 2002: “(i) En un extremo, el legislador puede disponer iguales exigencias
a las que rigen el derecho penal para la imposición de ciertas sanciones administrativas; no
obstante, también puede (ii) prescribir que la administración cumpla con una carga probatoria
inicial predeterminada y suficiente, sin que sea necesario demostrar de manera específica la
culpa, la cual se deduce de lo ya probado, y permitir que el investigado demuestre que obró
diligentemente o de buena fe; (iii) concluir que el comportamiento del que cometió un error es
prueba de un grado de imprudencia como la simple inobservancia, pero suficiente para imponer
la sanción; (iv) presumir la culpabilidad respecto de la comisión de ciertas infracciones y
reglamentar las condiciones en las que se puede presentar prueba en contrario; y (v) en el otro
extremo, el legislador puede permitir la imposición excepcional, bajo estrictas condiciones, de
sanciones por responsabilidad objetiva, caso en el cual no cabe que el investigado pruebe su
diligencia ni su buena fe.” (Subrayas de la Sala).
18
Sentencia SU-1010 de 2008.
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Incumbe de manera prioritaria y ligada al derrotero ya
expuesto el principio de tipicidad, según el cual “el
legislador debe establecer expresamente los elementos
fundamentales del tipo, lo que implica que se efectúe:
(i) la descripción de la conducta o del comportamiento
que da lugar a la aplicación de la sanción; (ii) la
determinación de la sanción, lo que implica la
descripción de todos los aspectos relativos a ella, esto
es, el tipo de sanción a imponer, el término o la cuantía
de la misma, la autoridad competente para aplicarla y
(iii) el procedimiento que debe seguirse para proceder
a su imposición.”19. […]” (Destacado fuera de texto).
Por último, también resulta oportuno traer a colación, para
prohijarla, la sentencia de 23 de junio de 2023 (Expediente
núm. 2012-00240-01, CP. Nubia Margoth Peña Garzón), en la
cual, frente a un asunto similar, se revocó la sentencia de
primera instancia que había declarado la nulidad de los actos
acusados, pues la Sala consideró, al igual que lo hace ahora,
que la sanción de multa impuesta por tener la demandante
cilindros de GPL pertenecientes a otra empresa de servicios
públicos fue proporcional a los hechos que le sirvieron de causa.
En este orden de ideas, ninguno de los cargos planteados por la
parte demandante tiene la entidad necesaria para desvirtuar la
presunción de legalidad que ampara a los actos acusados, razón
por la que la Sala revocará la decisión de primera instancia y,
19
Ibídem.
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en su lugar, denegará las pretensiones de la demanda y así lo
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
Ahora, en cuanto a la condena en costas la Sala considera que
de conformidad con el artículo 171 del CCA y atendiendo la
conducta asumida por las partes no se evidenció temeridad ni
mala fe en la actuación procesal, razón por la cual no hay lugar
a ello.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 20 de agosto de 2015,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala
de Descongestión, que declaró la nulidad de los actos acusados
y, en su lugar, se dispone: DENEGAR las pretensiones de la
demanda.
SEGUNDO: No condenar en costas, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
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TERCERO: En firme esta providencia, remítase el expediente al
Tribunal de origen, previo las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída,
discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 12 de
diciembre de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Salva voto
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por
los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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