RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 76001-23-31-000-2012-00596-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2012-00596-01

Fecha
3 de junio de 2022
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2012-00596-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1°) Modifícase la sentencia proferida el 12 de septiembre de 2016 por la sala de Decisión del Tribunal Administrativo de Descongestión con sede en Bogotá la cual queda así: PRIMERO: Declárase probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por la Fiscalía General de la Nación. SEGUNDO: Declárase patrimonial y extracontractualmente responsable a la Nación-Rama Judicial por la privación de la libertad que padeció el señor John Jair López Gil. TERCERO: Como consecuencia, condénase a la Nación-Rama Judicial a pagar por concepto de perjuicio moral, las siguientes sumas de dinero: a) Para el señor John Jair López Gil la suma equivalente a ochenta y uno punto cuarenta y nueve (81.49) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia. b) Para la señora Fabiola Cardona Marín la suma equivalente a cuarenta punto setenta y cuatro (40,74) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia. c) Para las demandantes Xiomara López Cardona y Yuliana López Cardona la suma equivalente a cuarenta punto setenta y cuatro (40,74) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia, para cada una. CUARTO: Condénase a la Nación-Rama Judicial a pagar como indemnización por perjuicio material por lucro cesante a favor del señor John Jair López Gil la suma de dieciséis millones novecientos veintiún mil doscientos pesos con sesenta y cuatro centavos ($16.921.200,64). 28 Expediente 76001-23-31-000-2012-00596-01 (60.409) Actor: John Jair López Gil y otros Reparación directa Apelación sentencia QUINTO: La Rama Judicial remitirá con destino al señor John Jair López Gil una misiva en la que exprese disculpas a raíz de la privación de la libertad de la cual fue objeto y reconozca que él no era responsable de los delitos que se le imputaron, conforme a los términos señalados en esta providencia. SEXTO: Deniéganse las demás pretensiones de la demanda. SÉPTIMO: Cúmplase lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 76001-23-31-000-2012-00596-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

3 de junio de 2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, tres (3) de junio de dos mil veintidós (2022)

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 76001-23-31-000-2012-00596-01 (60.409)
Actor: JOHN JAIR LÓPEZ GIL Y OTROS
Demandado: NACIÓN – FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN -
RAMA JUDICIAL
Acción: REPARACIÓN DIRECTA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – PRIVACIÓN DE LA
LIBERTAD (LEY 906 DEL 2004) – DAÑO ESPECIAL

Síntesis del caso: el señor John Jair López Gil fue vinculado a una investigación penal por
la supuesta comisión de los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa y
fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, proceso en el que se le impuso
medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario.
Finalmente se dictó sentencia absolutoria a su favor por aplicación del principio in dubio
pro reo.

Decide la Sala el recurso de apelación formulado por la Nación-Rama Judicial (fls.
256 a 262 cdno. apelación) en contra de la sentencia proferida el 12 de septiembre
de 2016 por la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo de Descongestión con
sede en Bogotá (fls. 224 a 239 cdno. apelación) mediante la cual se dispuso lo
siguiente:

“RESUELVE

PRIMERO.- DECLARAR no probados los medios exceptivos formulados
por la parte demandada Rama Judicial de: (i) Inane (sic) demanda; ii) falta
de legitimación en la causa por pasiva; iii) inexistencia de perjuicios; iv)
innominada, por lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión.

SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción formulada por la Fiscalía
General de la Nación de falta de legitimación por pasiva, por lo expuesto
en la parte motiva de este proveído.

TERCERO.- DECLARAR la responsabilidad administrativa y patrimonial
de la entidad demandada Nación - Rama Judicial, por los perjuicios
causados al señor JHON JAIR LOPEZ GIL (víctima) y sus familiares,
producto de la privación injusta de la libertad de la que fue víctima, según
las consideraciones expuestas en la parte motiva.

2

Expediente 76001-23-31-000-2012-00596-01 (60.409)
Actor: John Jair López Gil y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

CUARTO.- CONDENAR a la Nación - Rama Judicial en abstracto por
concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante de
acuerdo con la parte motiva de la presente providencia, de conformidad
con el artículo 172 del C.C.A.

QUINTO.- CONDENAR a la Nación - Rama Judicial, por concepto de
perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, la suma de
dinero correspondiente a $6.176.198,oo.

SEXTO.- Como consecuencia de lo anterior CONDENAR a la Nación -
Rama Judicial, por concepto de perjuicios morales, las siguientes
cantidades de dinero1:

No. DEMANDANTE CALIDAD O MONTO
PARENTESCO
1. Fab iola Cardona Marín Esposa 90 S.M.L.M.V.
2. Xiomara López Cardona Hija 90 S.M.L.M.V.
3. Yuliana López Cardona Hija 90 S.M.L.M.V.
4. Luis Odulfo López Gil Hermano 45 S.M.L.M.V.

SÉPTIMO.- NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

OCTAVO.- NO CONDENAR en costas.

NOVENO.- CUMPLIR lo dispuesto en esta providencia, en los términos
previstos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso
Administrativo.

DÉCIMO.- EXPEDIR a la parte actora las copias auténticas con las
constancias de que trata el artículo 114 del Código General del Proceso.

DÉCIMO PRIMERO: DEVOLVER el presente expediente al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca para los efectos pertinentes, previas
las constancias del caso. (fl. 239 cdno. apelación - mayúsculas y negrillas
del original).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito radicado el 22 de mayo de 2012 en la Oficina Judicial de Cali (Valle
del Cauca) (fl. 120 cdno. 1), los señores John Jair López Gil quien actúa en nombre
propio y representación de sus menores hijas Xiomara y Yuliana López Cardona;
Fabiola Cardona Marín y Luis Odulfo López Gil, por intermedio de apoderado
judicial presentaron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa
consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo en contra de la

1 La Sala advierteque en las consideraciones de la sentencia de primera instancia también se ordenó
reconocer una indemnización al señor John Jairo López Gil por valor de 90 smlmv; sin embargo, por
un error de transcripción en la parte resolutiva de la sentencia se omitió incorporar una disposición
al respecto.

3

Expediente 76001-23-31-000-2012-00596-01 (60.409)
Actor: John Jair López Gil y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

Nación-Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación (fls. 111 a 120 cdno. ppal.)
con las siguientes súplicas:

“DECLARACIONES

PRIMERA. Declarar que la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y
NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL son administrativamente responsables de
los perjuicios materiales e inmateriales causados a los actores, como
consecuencia de la privación injusta de la libertad de la que fuera víctima
el señor JOHN JAIR LÓPEZ GIL.

SEGUNDA: Como consecuencia de la declaración anterior condénese a
la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y NACION - RAMA JUDICIAL
• DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a
indemnizar a los actores así:

1-. Para el señor JOHN JAIR LÓPEZ GIL, los siguientes:

1.1-. Inmateriales: a) CIEN (100) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES
MENSUALES imputables a PERJUICIO MORAL por el sufrimiento
padecido con la detención y b) CIEN (100) SALARIOS MÍNIMOS
LEGALES MENSUALES imputables a PERJUICIO POR DAÑO A LA
VIDA DE RELACIÓN no sólo por haberse alterado el curso normal de su
proyecto de vida, sino por habérsele privado de compartir con sus hijas
menores.

1.2-. Materiales: la suma de TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS
($37.000.000) DE PESOS dejados de percibir por SALARIOS Y
PRESTACIONES SOCIALES durante el año 2010, y parte del año 2011,
todo debidamente indexado al momento del pago.

La suma de DIEZ MILLONES DE PESOS ($ 10.000.000) por concepto de
honorarios de abogados cancelados para la defensa técnica en el proceso
penal.

2-. Para la señora FABIOLA MARÍN CARDONA la suma de CIEN (100)
SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES por el PERJUICIO
MORAL padecido con la detención de su esposo JOHN JAIR LÓPEZ GIL.

3-. Para la menor XIOMARA LÓPEZ CARDONA la suma de: a) CIEN
(100) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES imputables a
PERJUICIO MORAL por el sufrimiento de lo sucedido a su padre, y b)
CIEN (100) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES imputables
PERJUICIO POR DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN, por la violación al
núcleo esencial a su derecho fundamental al cuidado y amor de su padre
que le fueron robados por las demandadas.

4.- Para la menor YULIANA LÓPEZ CARDONA la suma de: a) CIEN (100)
SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES imputables a PERJUICIO
MORAL por el sufrimiento de lo sucedido a su padre, y b) CIEN (100)
SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES imputables PERJUICIO
POR DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN, por la violación al núcleo esencial
a su derecho fundamental al cuidado y amor de su padre que le fueron
robados por las demandadas.

4

Expediente 76001-23-31-000-2012-00596-01 (60.409)
Actor: John Jair López Gil y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

5.- Para el señor LUIS ODULFO LÓPEZ la suma de CIEN (100)
SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES por el PERJUICIO
MORAL padecido con la detención de su hermano JOHN JAIR LÓPEZ
GIL.

6-. Costas y agencia en derecho en la proporción fijada por el Acuerdo
2222 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura, o la norma que lo
modifique, porque a pesar del actual del arte (sic) que considera
procedente la condena de perjuicios en casos como el presente por
ordenarlo así el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, se obliga a recurrir a la
jurisdicción. Deberá incluir no solo el costo directo de litigar pagando
honorarios de abogado, sino el monto del respectivo arancel judicial por
utilizar el aparato jurisdiccional de la administración de justicia (artículo 1,
Ley 1394 de 2010), para reclamar lo que por derecho le corresponde.
(fls. 114 a 115 cdno. ppal. - mayúsculas y negrillas del original).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte demandante expuso en el
escrito contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente:

1) El día 8 de febrero de 2010, el señor John Jair López Gil fue vinculado a una
investigación penal por la supuesta comisión de los delitos de homicidio agravado
en grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego.

2) Surtido el proceso penal el Juzgado Veinte Penal del Circuito de Cali con
Funciones de Conocimiento en sentencia de 25 de julio de 2011 absolvió al señor
John Jair López Gil por los delitos mencionados.

3) El señor López Gil estuvo privado injustamente de la libertad y como
consecuencia de su detención se causaron a todos los actores perjuicios materiales
e inmateriales que deben ser indemnizados (fls. 111 a 114 cdno. ppal.).

3. Contestación de las entidades demandadas

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, corporación que tuvo a su cargo el
trámite de la primera instancia del proceso, por auto del 29 de mayo de 2012 admitió
la demanda y ordenó la notificación personal del Fiscal General de la Nación y del
Director Ejecutivo de Administración Judicial (fls. 123 a 124 cdno. ppal.).

5

Expediente 76001-23-31-000-2012-00596-01 (60.409)
Actor: John Jair López Gil y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

1) Mediante escrito radicado el 14 de diciembre de 2012 la Fiscalía General de la
Nación se opuso a las pretensiones de la demanda y esgrimió los siguientes
argumentos en su defensa:

a) La medida de aseguramiento impuesta en contra del señor John Jair López
obedeció a razonas jurídicamente atendibles y se ajustó a las exigencias
sustanciales y formales vigentes para la época en que se adoptó la decisión.

b) No hay una relación causa-efecto entre la actuación de la Fiscalía General de la
Nación y el supuesto daño inferido al actor.

2) La Nación-Rama Judicial en escrito presentado el 13 de diciembre de 2012
expuso los siguientes argumentos de oposición frente a las pretensiones de la
demanda:

a) No existe nexo de causalidad entre las actuaciones y decisiones de los jueces
penales que intervinieron en el proceso adelantado en contra del señor John Jair
López Gil y el daño antijurídico reclamado por la parte demandante.

b) Para declararla patrimonialmente responsable debe demostrarse la ilegalidad de
la detención y la arbitrariedad en las decisiones adoptadas por los funcionarios
judiciales, lo cual no se encuentra acreditado. La actuación del juez de control de
garantías se ajustó al marco legal y la absolución se produjo por el juicioso análisis
probatorio efectuado por el juez de conocimiento (fls. 78 a 93 cdno. 1).

c) Deben declararse probadas las excepciones de “inane demanda”, “falta de
legitimación en la causa por pasiva” e “inexistencia de perjuicios”.

4. Sentencia de primera instancia

La Sala de Descongestión de Tribunal Administrativo con Sede en Bogotá, la cual
conoció del asunto en aplicación de una medida de descongestión judicial adoptada

6

Expediente 76001-23-31-000-2012-00596-01 (60.409)
Actor: John Jair López Gil y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

por el Consejo Superior de la Judicatura2, en providencia de 12 de septiembre de
2016 declaró la responsabilidad patrimonial de la Nación-Rama Judicial por
considerar que la entidad a través de sus agentes produjo el daño causado al señor
John Jair López Gil, quien fue privado de su libertad dentro de un proceso que
finalizó con sentencia absolutoria en aplicación del principio in dubio pro reo.

El a quo señaló que el señor López Gil no estaba llamado a soportar la detención
de la que fue objeto por cuanto se mantuvo incólume su presunción de inocencia y,
por ende, correspondía indemnizar los perjuicios acreditados por la parte actora en
las sumas referidas al inicio de esta providencia (fls. 188 a 206 cdno. apelación).

El tribunal de primera instancia declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva
de la Fiscalía General de la Nación porque esta entidad no tiene como función legal
ordinaria la imposición de medidas privativas de la libertad, por el contrario, dicha
facultad está asignada al juez de control de garantías.

5. Recurso de apelación

El 19 de mayo de 2017 la Nación-Rama Judicial interpuso recurso de apelación (fls.
252 a 262 cdno. apelación), el cual se concedió por el a quo en auto del 6 de
septiembre de 2017 y las razones de inconformidad con el fallo de primera instancia
se resumen así:

a) La actividad de la Fiscalía General de la Nación fue determinante para la
imposición de la medida de aseguramiento y la prolongación de la libertad del aquí
demandante por ello no puede atribuirse responsabilidad patrimonial a la Rama
Judicial por falencias del ente instructor.

b) El estudio de la responsabilidad patrimonial desde el régimen objetivo no es
admisible cuando la absolución penal se genera por falencias o deficiencias en la
etapa instructiva o por cualquier causal distinta a las señaladas en el artículo 414

2 Mediante Acuerdo PSAA16-10535 de 27 de junio de 2016 el Consejo Superior de la Judicatura
creó transitoriamente una Sala de Descongestión de Tribunal Administrativo para la atención de
procesos del sistema escrito cuyo funcionamiento inició en la ciudad de Bogotá y le fueron remitidos
asuntos que se encontraran en etapa de fallo procedentes de los Tribunales Administrativos del
Huila, Valle del Cauca y Cauca (artículos 2 y 3).

7

Expediente 76001-23-31-000-2012-00596-01 (60.409)
Actor: John Jair López Gil y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

del Decreto 2700 de 1991 o por aplicación del principio in dubio pro reo.

c) En el presente evento impera el análisis de responsabilidad desde un régimen
subjetivo que traslada al demandante la carga de la prueba de la falla del servicio.

d) No existe nexo de causalidad entre el daño antijurídico alegado por el
demandante y la actuación de la Rama Judicial.

e) La indemnización de perjuicios reconocida en primera instancia es excesiva, a su
vez, en las pruebas incorporadas al expediente para acreditar los perjuicios morales
sólo se demostró el vínculo afectivo o de cercanía del primer círculo familiar (padres
e hijos), pero no respecto de los demás demandantes.

6. Actuación surtida en segunda instancia

Por auto del 19 de enero de 2018 (fl. 284 cdno. apelación) se admitió el recurso de
apelación y el 9 de marzo de 2018 (fl. 286 cdno. apelación) se corrió traslado a las
partes para que presentaran los alegatos de conclusión por el término común de
diez (10) días y por el mismo lapso al Ministerio Público para que emitiera concepto.

En dicha oportunidad procesal la Fiscalía General de la Nación presentó alegatos
en los que solicitó se confirmara la decisión de declarar la falta de legitimación en
la causa por pasiva de la entidad (fls. 287 a 304 cdno. apelación) y la parte actora
pidió confirmar la sentencia de primera instancia (fl. 321 cdno. apelación). La
Nación-Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia, 2) objeto de
la apelación y competencia del ad quem, 3) análisis de la impugnación, 4)
conclusión y, 5) condena en costas.

8

Expediente 76001-23-31-000-2012-00596-01 (60.409)
Actor: John Jair López Gil y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

1. Objeto de la controversia

La controversia planteada busca determinar si la detención que soportó el señor
John Jair López Gil constituyó una privación injusta de su libertad pasible de
comprometer la responsabilidad de la Nación-Rama Judicial y si como
consecuencia de ello hay lugar a reparar los perjuicios reclamados por los actores.

2. Objeto de la apelación y competencia del ad quem

Sobre el punto, cabe advertir que en el asunto de la referencia únicamente la
Nación-Rama Judicial interpuso el recurso de apelación, por tanto se tiene que se
trata de una situación de apelante único de manera que la apelación se entiende
interpuesta en lo desfavorable al apelante y no es posible examinar o resolver lo
que no fue objeto del recurso.

Por lo anterior, la Sala en esta providencia tomará las siguientes determinaciones:

1) Decidirá el fondo del asunto porque encuentra reunidos los presupuestos para
fallar, entre ellos, la oportunidad en la presentación de la demanda. En efecto, la
sentencia que absolvió al aquí actor quedó ejecutoriada el 25 de julio de 2011 (fl. 87
cdno. ppal.) y la demanda se presentó el 22 de mayo de 2012 (fl. 120 cdno. ppal.)
por lo cual, se concluye que la acción se ejerció dentro del término previsto por el
artículo 136 numeral 8 del CCA 3.

2) Modificará la decisión de primera instancia para: i) mantener la declaratoria de
responsabilidad extracontractual de la Nación-Rama Judicial, ii) variar la
indemnización por concepto de perjuicios morales, iii) condenar en concreto frente
a la indemnización por lucro cesante, iv) reconocer una medida de reparación no
pecuniaria por la afectación al derecho al buen nombre y v) negar las demás
pretensiones.

3) Se abstendrá de pronunciarse frente a la responsabilidad endilgada a la Nación-
Fiscalía General de la Nación pues la parte demandante -única con interés para

3 La parte demandante agotó el requisito de conciliación prejudicial como consta en la certificación
expedida el 15 de mayo de 2012 (fls. 107 a 108 cdno. ppal.).

9

Expediente 76001-23-31-000-2012-00596-01 (60.409)
Actor: John Jair López Gil y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

recurrir la decisión- solicitó confirmar el fallo de primera instancia, es decir no
manifestó su oposición a la falta de legitimación en la causa declarada frente a la
referida entidad con lo cual se entiende que aceptó la determinación del a quo que
negó el pedimento de su responsabilidad. Si bien la Nación-Rama Judicial en sede
de apelación señaló que no fue la única entidad que participó en el hecho dañoso,
la Sala considera que la única parte procesal que tiene interés para recurrir la
decisión de absolver a la Fiscalía General de la Nación es la demandante debido a
que esta disposición niega una pretensión formulada en la demanda, y en el caso
objeto de análisis, la parte actora no manifestó ninguna inconformidad, de allí a que
se confirme la decisión de primera instancia que declaró la falta de legitimación de
dicha entidad.

3. Análisis de la impugnación

En los términos en que ha sido planteada la controversia la sentencia apelada será
modificada por las razones que se exponen a continuación.

3.1 La privación de la libertad

En atención a lo afirmado por la Corte Constitucional en sentencias C-037 de 1996
y SU-072 de 20184 la metodología adecuada para abordar el estudio de
responsabilidad en los casos de privación injusta de la libertad debe hacerse de la
siguiente manera: i) en primer lugar se identifica la existencia del daño, esto es,
debe estar probada la privación de la libertad de la que en este caso se derivan los
perjuicios reclamados por los actores; ii) en segundo lugar, se analiza la legalidad
de la medida de privación de la libertad desde una óptica subjetiva, esto es, se
estudia si esta se ajustó o no a los parámetros dados por el ordenamiento
constitucional y legal para decretar la restricción de la libertad; iii) en tercer lugar, y
solo en el caso de no probarse la existencia de una responsabilidad por el régimen
subjetivo, esta se analiza por un régimen objetivo (daño especial); iv) en cuarto
lugar, en el caso de que se considere que hay sustento para declarar la
responsabilidad estatal, ya fuere en un régimen subjetivo o uno objetivo, se
procederá a verificar a qué entidad debe imputarse el daño antijurídico; v) aparte
de lo anterior, en todos los casos, debe realizarse el análisis de la culpa de la víctima

4 Corte Constitucional, sentencia SU-072 de 2018, MP José Fernando Reyes Cuartas.

10

Expediente 76001-23-31-000-2012-00596-01 (60.409)
Actor: John Jair López Gil y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

como causal excluyente de responsabilidad; vi) finalmente, en caso de condena, se
procede a liquidar los perjuicios.

3.1.1 Existencia del daño

Se encuentra debidamente acreditado que el señor John Jair López Gil estuvo
privado de su libertad a disposición del proceso penal número
760016000193200881063 desde el 8 de febrero de 2010, fecha de su captura, hasta
el 16 de junio de 2011, momento en el cual se dictó sentido del fallo absolutorio y
como consecuencia se dispuso su libertad inmediata 5, periodo que se tendrá en
cuenta por cuanto fue el solicitado en la demanda, existe prueba que lo soporta y
resulta ser más favorable para el apelante único en relación con el intervalo de
detención reconocido por el a quo6.

3.1.2 Existencia de daño especial

Con la finalidad de estudiar la existencia de la privación injusta de la libertad la Sala
encuentra que en el expediente se acreditan los siguientes hechos relevantes:

1) El 8 de febrero de 2010, el señor John Jair López Gil fue capturado por miembros
de la Policía Nacional en cumplimiento de la orden emanada en providencia del 26
de noviembre de 2009 del Juzgado Diecisiete Penal Municipal de Cali con Función
de Control de Garantías (fls. 3 a 4 cdno. ppal.) y puesto a disposición de la fiscalía,
autoridad que al día siguiente solicitó la realización de una audiencia concentrada
presidida por el Juez Treinta y Uno Penal Municipal de Cali con Función de Control
de Garantías (fls. 10 a 11 cdno. ppal.).

5 El periodo de privación de libertad se encuentra acreditado con la certificación expedida por la
Asesoría Jurídica del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Cali el 18 de agosto de 2011 (fl.
79 cdno. ppal.), la audiencia de legalización de captura donde se advirtió que el señor John Jair
López Gil fue capturado el 8 de febrero de 2010 (récord 00:05:01 audiencia del 9 de febrero de 2010
disco compacto fl. 2 cdno. 3), boleta de encarcelación CS-136-2010 (fl. 12 cdno. ppal.), la decisión
adoptada en audiencia del 9 de febrero de 2010, por la cual se le impuso de medida de
aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario (récord 02:21:20 disco
compacto fl. 2 cdno. 3), la audiencia de juicio oral en sesión del 15 de junio de 2011 donde el juez
con funciones de conocimiento dispuso la libertad inmediata del señor John Jair López Gil (fl. 78
cdno. ppal.), la cual de conformidad con la certificación expedida por la Asesoría Jurídica del
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Cali se hizo efectiva el 16 de junio de 2011 (fl. 79 cdno.
ppal.).
6 Debe precisarse que el a quo reconoció un periodo mayor de libertad comprendido entre el 11 de

febrero de 2010 al 25 de julio de 2011 (fl. 238 vlto. cdno. ppal.).

11

Expediente 76001-23-31-000-2012-00596-01 (60.409)
Actor: John Jair López Gil y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

2) El 9 de febrero de 2010, el Juzgado Treinta y Uno Penal Municipal de Cali con
Funciones de Control de Garantías declaró la legalidad de la captura del señor John
Jair López Gil, avaló la imputación formulada por la Fiscalía en contra del
demandante López Gil por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa
y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones e impuso medida de
aseguramiento de detención preventiva, lo cual se extrae del contenido de las
audiencias y sus actas respectivas (disco compacto fl. 2 c3 y fls. 10 a 11 cdno.
ppal.).

3) El 13 de abril de 2010, en audiencia presidida por el Juez Veinte Penal del
Circuito de Cali con Funciones de Conocimiento, el Fiscal Veintiuno Seccional de
Cali formuló acusación en contra del señor John Jair López Gil en calidad de autor
de los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa en concurso con el delito
fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones (fls. 13 a 14 cdno. ppal.).

4) En sesión de audiencia de juicio oral del 15 de junio de 2011 el Juzgado Veinte
Penal del Circuito de Cali con Funciones de Conocimiento emitió un sentido del fallo
absolutorio y como consecuencia ordenó la libertad del señor John Jair López Gil
(fl. 78 cdno. ppal.).

2) En sentencia del 25 de julio de 2011 el Juzgado Veinte Penal del Circuito de Cali
con Funciones de Conocimiento absolvió a John Jair López Gil de los cargos
formulados por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa y fabricación,
tráfico y porte de armas de fuego o municiones ante la existencia de duda probatoria
frente a la responsabilidad del acusado la cual se resolvió a su favor (fls. 82 a 86
cdno. ppal.).

Para el juez penal en el momento de proferir sentencia no se contó con prueba
directa de cargo en contra del señor John Jair López Gil, pues si bien existió certeza

12

Expediente 76001-23-31-000-2012-00596-01 (60.409)
Actor: John Jair López Gil y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

de la materialidad de los delitos investigados 7, no se demostró la responsabilidad
que se predicaba en contra del señor John Jair López Gil, por las razones que a
continuación se citan:

“De lo anterior se concluye que no pueden introducirse las declaraciones
previas como prueba autónoma e independiente, pues en tratándose del
sistema acusatorio penal, al juicio deben comparecer personalmente la
víctima o los testigos que rindieron las mismas, lo cual no ocurrió en este
evento, cuando quiera que en este caso ocurrió el deceso de la víctima
Jairo Alexander Granada Benavides en fecha posterior a estos hechos, lo
cual está demostrado por estipulación entre las partes, lográndose la
introducción de la entrevista rendida por el menor víctima ante el personal
interdisciplinario de la defensoría y Fiscalía, logrado en el juicio con la
declaración de la doctora Nasly Amparo Aguirre Flórez, prueba
eminentemente de referencia que como única no puede servir de
fundamento para una sentencia de condena, por expresa prohibición
legal, y se dice única ya que la versión de la testigo Claudia Viviana
Granada Benavides expresa no haber visto nada, no estar en el sitio de
los hechos y no saber nada respecto del responsable; ya que solo acudió
al centro hospitalario cuando le dijeron que su hermano estaba herido, por
tanto no se cuenta con ninguna prueba directa que comprometa la
responsabilidad penal del aquí investigado.” (fl. 85 cdno. ppal.).

A partir de los elementos de convicción aportados al expediente la Sala colige que
el demandante John Jair López Gil no se encontraba llamado a soportar la privación
de su libertad.

Es del caso precisar que la Corte Constitucional en sentencia C-037 de 1996 señaló
que los eventos de privación de la libertad podían estudiarse tanto en un régimen
subjetivo u objetivo.

En efecto, si bien la Corte Constitucional a partir del estudio del artículo 68 de la Ley
270 de 1996 se ocupó de analizar la privación de la libertad desde un régimen
subjetivo para indicar que habría responsabilidad del Estado cuando existiera una
actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos
legales, “de forma tal que se tornara evidente que la privación de la libertad no fue

7 Al respecto el juez penal de conocimiento consideró: “acorde con la estipulación probatoria
realizada entre las partes, se dio por demostrado el hecho de que el joven Jairo Alexander Granada
Benavides el día 11 de enero de 2008 recibió heridas no fatales graves con arma de fuego que no
le ocasionaron su deceso por la atención pronta de los galenos de los centros hospitalarios que lo
atendieron, con lo que se establece sin lugar a dudas la existencia de las conductas descritas en el
Código Penal denominadas homicidio tentado, que en este caso fue agravado por las circunstancias
de indefensión en que se encontraba la víctima, quien iba desprevenido en una bicicleta y es
alcanzado por dos sujetos en una motocicleta, comenzando el parrillero de la misma a dispararle,
alcanzándolo a lesionar en su humanidad. Y del porte ilegal de armas de fuego o municiones al
haberse lesionado con un elemento de esta naturaleza la víctima”. (fl. 83 cdno. ppal.).

13

Expediente 76001-23-31-000-2012-00596-01 (60.409)
Actor: John Jair López Gil y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

ni apropiada, ni razonada, ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria”, no
lo es menos que la misma Corte Constitucional cuando declaró la exequibilidad del
inciso primero del artículo 65 precisó que la alusión de la responsabilidad subjetiva
no excluía ni podría excluir la aplicación del artículo 90 superior en los casos de la
administración de justicia, lo que incluye a la privación injusta de la libertad, en
consecuencia es procedente imputar responsabilidad patrimonial al Estado con
otras razones de atribución, así:

“La Corte estima que el inciso primero del presente artículo es exequible,
pues si bien sólo hace alusión a la responsabilidad del Estado -a través
de sus agentes judiciales- por falla en el servicio, ello no excluye, ni podría
excluir, la aplicación del artículo 90 superior en los casos de la
administración de justicia. En efecto, sin tener que entrar a realizar
análisis alguno acerca de la naturaleza de la responsabilidad estatal y sus
diversas modalidades -por escapar ello a los fines de esta providencia-,
baste señalar que el principio contemplado en el artículo superior citado,
según el cual todo daño antijurídico del Estado -sin importar sus
características- ocasiona la consecuente reparación patrimonial, en
ningún caso puede ser limitado por una norma de inferior jerarquía, como
es el caso de una ley estatutaria. Ello, en vez de acarrear la
inexequibilidad del precepto, obliga a una interpretación más amplia que,
se insiste, no descarta la vigencia y la aplicación del artículo 90 de la Carta
Política”8.

Ahora bien, el estudio del daño especial como régimen objetivo de responsabilidad
en los casos de privación de la libertad se da siempre y cuando concurran los
requisitos señalados por el Consejo de Estado, a saber:

“a) Que se desarrolle una actividad legítima de la administración;

b) La actividad debe tener como consecuencia el menoscabo del derecho
de una persona;

c) El menoscabo del derecho debe tener origen en el rompimiento del
principio de la igualdad frente a la ley y a las cargas públicas;

d) El rompimiento de esa igualdad debe causar un daño grave y especial,
en cuanto recae sólo sobre alguno o algunos de los Administrados;

e) Debe existir un nexo causal entre la actividad legítima de la
administración y el daño causado; y

f) El caso concreto no puede ser susceptible de ser encasillado dentro de
otro, de los regímenes de responsabilidad de la administración”9.

8 Corte Constitucional
sentencia C-037 de 1996, MP Vladimiro Naranjo Mesa.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 13 de
septiembre de 1991, expediente 6.453.

14

Expediente 76001-23-31-000-2012-00596-01 (60.409)
Actor: John Jair López Gil y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

En el presente proceso la Sala procederá a su estudio por el régimen objetivo de
daño especial por verificarse que en el momento en que se impuso la medida de
aseguramiento, aquella en dicho momento procesal fue razonada y cumplió los
requisitos de ley frente a su procedencia y necesidad 10; sin embargo, los elementos
con los cuales se fundó la medida de aseguramiento se desvirtuaron en el juicio y
con la absolución del actor se concluye que no estaba llamado a soportar la
detención de la que fue objeto.

En efecto, el señor John Jair López Gil fue vinculado a investigación penal por la
supuesta comisión de los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa en
concurso con el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o
municiones, por hechos que se originaron el 11 de enero de 2008 en el barrio Mojica
de la ciudad de Cali (Valle del Cauca) cuando el menor Jairo Alexander Granada
Benavides transitaba en su bicicleta por una calle del barrio, fue alcanzado por una
motocicleta color roja tripulada por dos individuos y quien se transportaba como
copiloto accionó un arma de fuego causando lesiones de gravedad al joven11.

En el momento en que se impuso la medida de detención preventiva en
establecimiento carcelario la fiscalía exhibió la entrevista rendida por el menor Jairo
Alexander Granada Benavides ante una trabajadora social, el defensor de familia y
una psicóloga el 27 de febrero de 2008 en el Centro Zonal del Sistema de
Responsabilidad Penal para Adolescentes, donde la víctima describió las
características físicas y la ocupación de su agresor, que para esta etapa procesal
se hallaron coincidentes con los rasgos y la actividad productiva que desarrollaba

10 Así se advierte de las consideraciones expuestas por el juez con función de control de garantías
en la audiencia de 9 de febrero de 2010, quien encontró necesaria la imposición de la medida de
aseguramiento debido a la gravedad y modalidad de la conducta punible endilgada (homicidio
agravado en grado de tentativa por el estado de indefensión en el que se ubicaba la víctima, con
arma de fuego), el hecho de que le fueran imputados dos delitos lo cual comportaba un peligro para
la sociedad y la poca probabilidad de asegurar su comparecencia debido a la falta de arraigo por
cuanto transcurrió un término prolongado entre la orden de captura y la captura sin que el señor John
Jair López compareciera ante las autoridades, lo cual significó para el juez que el sindicado
permaneció oculto (Récord 01:40:43 disco compacto fl. 2 cdno. 3).
11 Hechos descritos en la audiencia de formulación de imputación del 9 de febrero de 2010 (Récord

00:21:00 disco compacto fl. 2 cdno.3).

15

Expediente 76001-23-31-000-2012-00596-01 (60.409)
Actor: John Jair López Gil y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

el señor John Jair López Gil12, este elemento junto con el informe de investigador
de campo que describió las actividades realizadas por los funcionarios de policía
judicial para lograr la identificación e individualización del presunto agresor del
menor Jairo Granada Benavides llevaron a la inferencia razonable de
responsabilidad del señor López Gil en los hechos investigados.

Ahora bien, el posterior deceso de la víctima impidió que su declaración fuera
introducida en el juicio oral y aunque se incorporó la entrevista que rindió en etapa
previa a través de una de las funcionarias que la practicó, se le dio el carácter de
prueba de referencia con la cual no era admisible edificar una fallo condenatorio ,
máxime cuando no había prueba por la cual se pudiera verificar que la descripción
física que hizo el menor de edad de su agresor correspondía a la del aquí actor.

Ante la ausencia de prueba directa que comprometiera la responsabilidad penal del
señor John Jair López Gil en los delitos atribuidos, este no se encontraba llamado
a soportar la privación de su libertad puesto que tratándose del delito de homicidio
agravado (tentativa) no se demostró que tuviera participación en los hechos y, en
cuanto al punible de porte ilegal de armas el fallo absolutorio se limitó a considerar
que no existía certeza de su responsabilidad.

En otras palabras, el Estado, con independencia de que su actuación fuere legítima,
rompió el principio de igualdad de las cargas públicas que debe soportar todo
ciudadano, en tanto provocó al aquí demandante un daño anormal,
desproporcional, especial y grave, pues no logró desvirtuar su presunción de
inocencia y ante la ausencia de pruebas que permitieran atribuir su responsabilidad
penal en las conductas investigadas, no existe ningún título jurídico que pueda
justificar la privación de su libertad, por lo que el daño antijurídico alegado debe ser
reparado.

12 Lo cual se extrae a partir de la narración efectuada
por el fiscal investigador en la audiencia en la
que solicitó la imposición de medida de aseguramiento en contra del señor John Jair López Gil, que
se transcribe a continuación: “En esta entrevista, la víctima ya fallecida, fue clara en señalar al
imputado John Jair López Gil como la persona que lo agredió. Cuando le preguntan que si conoce a
los agresores y en caso positivo descríbalo físicamente y si sabe dónde vive, contestó: si porque yo
pasaba por allí, por la Avenida Ciudad de Cali, es gordito, bajito, calvo, es como chonquito, un
poquito, mantiene con un canguro largo al lado derecho, mantiene con un fierro, él tiene un almacén,
vende muebles, armarios, camas, en una esquina del barrio Mojica, dicen que él se cambió de casa
porque piensa que yo lo voy a matar, yo coloqué la demanda para que la ley haga lo que haya que
hacer” (Récord 00:52:20 audiencia de imposición de medida de aseguramiento fl. 2 cdno. 3).

16

Expediente 76001-23-31-000-2012-00596-01 (60.409)
Actor: John Jair López Gil y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

3.2 Entidad a la que se le imputa el daño

Tratándose de los casos de privación injusta de la libertad en los procesos regidos
por los lineamientos de la Ley 906 de 2004, la Sala ha considerado que la
responsabilidad recae principalmente en la Nación-Rama Judicial pues son los
jueces de control de garantías quienes determinan la legalidad de la captura e
imponen la medida de aseguramiento.

En el nuevo esquema procesal se limitaron las facultades jurisdiccionales de la
Fiscalía General de la Nación a eventos excepcionales y en particular la imposición
de las medidas de aseguramiento pasó a manos de los jueces de control de
garantías.

En particular la Fiscalía General de la Nación mantiene vigente la función de
investigar los hechos que pueden llegar a comportar una conducta punible a través
de la recolección de elementos materiales probatorios, evidencia física e
información legalmente obtenida y de esta manera sustentar sus pretensiones ante
las autoridades judiciales al formular la imputación del individuo, solicitar medidas
de aseguramiento, presentar la acusación y solicitar el fallo de responsabilidad
penal. Así entonces, le corresponde a este organismo a través de la actividad
investigativa llevar al juez al convencimiento más allá de toda duda razonable.

Frente a los actos de investigación se establecieron controles de legalidad los
cuales deben surtirse por los jueces. Es así que cuando la Fiscalía General de la
Nación considere necesaria la captura de una persona o la imposición de medidas
de aseguramiento que afecten derechos fundamentales como lo es la libertad de un
ciudadano es el juez de control de garantías quien deberá examinar si tales medidas
se adecuan al ordenamiento jurídico y además verificar si son o no proporcionales.

Por consiguiente, cuando con base a las pruebas recaudadas por la fiscalía, el juez
pueda inferir la existencia de motivos razonables y fundados respecto de la
conducta punible y de la autoría o participación del investigado si este lo estima
necesario podrá dictar la medida de aseguramiento restrictiva de la libertad, la que
debe atender los criterios adecuación, necesidad y proporcionalidad.

17

Expediente 76001-23-31-000-2012-00596-01 (60.409)
Actor: John Jair López Gil y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

Se infiere que en el nuevo procedimiento penal la decisión de la privación de la
libertad es ordenada por la autoridad judicial y por tanto los daños que se llegaren
a causar son en principio imputables únicamente a la Rama Judicial.

De lo indicado anteriormente se tiene que existe responsabilidad de la Nación-
Rama Judicial desde el momento de la captura del señor John Jair López la cual se
produjo en cumplimiento de la orden previa impartida por un juez con función de
control de garantías, ocurrida el 8 de febrero de 2010, luego con ocasión de la
legalización de captura y la imposición de medida de aseguramiento de detención
preventiva, hasta el 16 de junio de 2011 en cumplimiento de la orden de libertad
dispuesta por el juez de conocimiento.

3.3 Culpa exclusiva de la víctima

De conformidad con el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 y lo señalado por la Corte
Constitucional en sentencias C-037 de 1996, SU-072 de 201813 y SU-363 de 2021
de la Corte Constitucional14 en el presente caso no se evidenció conducta alguna
del señor John Jair López Gil digna de reproche y que además tuviera incidencia
exclusiva en la decisión de privarlo de su libertad.

En el presente caso debe precisarse que aunque transcurrió un tiempo prolongado
entre la orden de captura y la aprehensión efectiva del señor Jhon Jair López Gil no
se demostró que ello fuera atribuible a una conducta dolosa o gravemente culposa
del aquí demandante, como una intención de eludir el llamado de las autoridades o
de darse a la fuga, pues si bien el juez con función de control de garantías en el
momento que impuso la medida de aseguramiento reprochó al demandante su falta

13 Corte Constitucional, sentencia SU-072 de 2018, MP José Fernando Reyes Cuartas.
14 Al momento de proferirse esta providencia la sentencia de la Corte Constitucional no ha sido
publicada y, en su lugar, se encuentra el Comunicado No. 39 de 22 de octubre de 2021 de la Corte
Constitucional por el cual se señala los términos en que se debe analizar la culpa de la víctima en
los casos de privación injusta de la libertad. El magistrado ponente considera que la culpa de la
víctima puede incluir las denominadas conductas pre procesales; sin embargo, por tratarse de una
decisión de unificación de la Corte Constitucional con efectos erga omnes la acata.

18

Expediente 76001-23-31-000-2012-00596-01 (60.409)
Actor: John Jair López Gil y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

de interés para acudir a las autoridades ante la incautación de un arma sin
salvoconducto, esta circunstancia no se demostró en el proceso15.

3.4 Determinación de los perjuicios y su reparación

Satisfechos los elementos requeridos para la declaratoria de responsabilidad
extracontractual de la Nación-Rama Judicial en relación con la privación injusta de
la libertad del señor John Jair López Gil la Sala entrará a verificar la acreditación de
los perjuicios cuya reparación reclama la parte demandante y que fue reconocida
en primera instancia.

3.4.1 Perjuicios morales

El a quo reconoció indemnización de perjuicios morales a favor de cada uno de los
demandantes John Jair López Gil16, Fabiola Cardona Marín, Xiomara López
Cardona, Yuliana López Cardona por la suma de 90 smmlv17 y a favor de Luis
Odulfo López Gil por la suma de 45 smmlv.

La entidad apelante se opuso a la indemnización reconocida en primera instancia
por catalogarla excesiva y por no estar soportado probatoriamente el perjuicio por
cuanto sólo se demostró el vínculo afectivo o de cercanía del primer círculo familiar
(padres e hijos).

En razón del recurso de apelación la Sala se pronunciará frente a la indemnización
de perjuicios morales reconocida por el tribunal de primera instancia.

15 Debe precisarse que el fiscal del caso no advirtió esta circunstancia para justificar la imposición
de la medida de aseguramiento, por su parte el juez con función de control de garantías encontró
acreditado el requisito subjetivo para la detención preventiva por demostrarse que para la época de
los hechos fue visitado por agentes de la SIJIN, portaba un arma con el salvoconducto vencido, esta
le fue incautada y pese a ello nunca compareció ante las autoridades a preguntar qué pasó. Ahora
bien, de tenerse por acreditada esta circunstancia en sede de reparación directa no edifica la culpa
de la víctima como eximente de responsabilidad por cuanto no se demuestra que al demandante se
le haya comunicado el inicio de investigación penal en su contra o haya tenido conocimiento de la
orden de captura e intencionalmente se hubiere ocultado de las autoridades.
16 La Sala entiende que la condena a favor del señor John Jair López Gil también hace parte de la

sentencia de primera instancia por así enunciarse en la parte considerativa de la misma y que existió
una omisión de palabras en el resuelve de dicha decisión por que procede su corrección de forma
oficiosa; sin embargo la tasación será modificada conforme los parámetros de la sentencia de
unificación de jurisprudencia del 29 de noviembre de 2021.
17 Salarios mínimos mensuales legales vigentes.

19

Expediente 76001-23-31-000-2012-00596-01 (60.409)
Actor: John Jair López Gil y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

El Consejo de Estado en sentencia de unificación de jurisprudencia del 29 de
noviembre de 202118 manifestó que en casos de privación injusta de la libertad los
perjuicios morales se infieren para la víctima directa, su cónyuge, compañero o
compañera permanente y sus parientes en primer grado de consanguinidad siempre
y cuando acrediten la calidad con la cual concurren al proceso; la sentencia de igual
forma señaló que para los demás parientes de la persona que fue objeto de
privación debe acreditarse el padecimiento sufrido pues la prueba del parentesco
no es un indicio suficiente 19.

De igual forma, en dicha providencia se establecieron unos criterios para el cálculo
de la indemnización según el tiempo de privación del afectado directo y se dispuso
lo siguiente:

“45.1.- Si la privación de la libertad tiene una duración igual o inferior a un
mes, una suma fija equivalente a cinco salarios mínimos legales
mensuales vigentes (5 SMLMV).

45.2.- Si la privación de la libertad tiene una duración superior a un mes:

a.- Por cada mes adicional transcurrido, sin importar el número de días
que tenga el mes, cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (5
SMLMV).

b.- Por cada día adicional al último mes transcurrido, una fracción
equivalente a 0,166 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la cual
se obtiene de dividir cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes
(5 SMLMV) por 30 días.

c.- La cuantía se incrementará hasta cien salarios mínimos legales
mensuales vigentes (100 SMLMV), indemnización que recibirá la víctima
directa cuando esté detenida por 20 meses o más tiempo, con el objeto
de mantener el tope máximo jurisprudencial, de acuerdo con la
jurisprudencia antes indicada.

En la sentencia se adujo que la indemnización no era igual para todos los
demandantes y, por tal motivo se dispuso que para los parientes en el primer grado

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de
unificación jurisprudencial del 29 de noviembre de 2021, expediente 46.681, MP Martín Bermúdez
Muñoz.
19 El magistrado ponente participó en la decisión y se apartó parcialmente de la misma por

considerar, entre otros aspectos, que la presunción del perjuicio moral no se debía limitar a la víctima
directa, su cónyuge, compañero o compañera permanente y parientes en primer grado de
consanguinidad sino que también esta debía ser extensiva a otros parientes que incluso pueden
sufrir incluso más que la persona que es objeto de privación; de igual forma, no compartió los criterios
de tasación de la sentencia que se realizaron para los parientes de la víctima directa; sin embargo,
por tratarse de una sentencia de unificación jurisprudencial el ponente la acata en cumplimiento del
artículo 10 de la Ley 1437 de 2011.

20

Expediente 76001-23-31-000-2012-00596-01 (60.409)
Actor: John Jair López Gil y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

de consanguineidad, su cónyuge o su compañero o compañera permanente se les
podría otorgar hasta el cincuenta por ciento (50%) de lo reconocido a la víctima
directa; para los demás demandantes, cuando acrediten los perjuicios morales, el
tope máximo sería el treinta por ciento (30%) de lo reconocido al privado de la
libertad20.

De igual forma, en la providencia se estableció hasta 85 smlmv21 de indemnización
para el reconocimiento del perjuicio moral a la víctima directa cuando la privación
de la libertad no supera los 17 meses22.

Las reglas de la sentencia de unificación son de aplicación inmediata por lo que
siguiendo las mismas se infiere el perjuicio moral respecto de John Jair López Gil
afectado por la privación de su libertad 23, de las accionantes Fabiola Cardona Marín
en su condición de cónyuge 24 y Xiomara y Yuliana López Cardona en calidad de
hijas del afectado directo 25, presunción que no fue desvirtuada por la entidad
demandada.

Con la prueba testimonial practicada en el proceso se demostró que las hijas y la
cónyuge del señor John Jair López Gil se vieron afectadas emocionalmente por la
detención de su esposo y padre 26, en consecuencia se acreditó la existencia del
perjuicio en su mayor intensidad y por ello les corresponde como indemnización
para cada una, un 50% de lo otorgado a la víctima directa.

20 Es de destacar que en la sentencia se estableció que las reglas allí contenidas debían aplicarse
en forma inmediata y sin reservas, lo que también incluía a las demandas presentadas antes del 28
de agosto de 2013. Para las demandas presentadas desde el 28 de agosto de 2013 y hasta la
expedición de la sentencia, si las partes no solicitaron pruebas para acreditar el perjuicio moral con
fundamento en que bastaba la prueba del parentesco para presumir el perjuicio moral, el juez puede
hacer uso de sus facultades oficiosas para que la prueba del perjuicio se allegue con el fin de
garantizar el debido proceso.
21 Salarios mínimos legales mensuales vigentes.
22 La sentencia definió la siguiente fórmula para determinar la cuantía por perjuicios morales: PM =

(número de meses x 5 SMLMV) + (fracción adicional de días x 0,166 SMLMV).
23 Lo cual se advierte a través de las piezas documentales aportadas del proceso penal adelantado

en contra del señor López Gil (fls. 3 a 87 cdno. ppal.).
24 Registro civil de matrimonio (fl. 95 cdno. ppal.).
25 Condición acreditada con los registros civiles de nacimiento aportados en los folios 96 y 97 cdno.

ppal.
26 Los testigos Oenix Rubio Ríos, Gustavo Adolfo Castañeda Cárdenas y Alba Nory Ríos Soto

coincidieron en afirmar que la privación de la libertad afrontada por John Jair López Gil afectó en
mayor medida a su esposa y a sus hijas (fls. 167 a 175 cdno. ppal.). El testigo Oenix Rubio Ríos
afirmó que “las niñas bajaron nivel académico, las amigas no las siguieron tratando como al principio
y les decían que el papá era un delincuente” (fls. 167 a 168 cdno. ppal.), por su parte la declarant e
Alba Nory Ríos Soto refirió que su esposa tuvo que asumir las obligaciones de la familia con la
privación de la libertad del señor López Gil (fl. 174 a 175 cdno. ppal.).

21

Expediente 76001-23-31-000-2012-00596-01 (60.409)
Actor: John Jair López Gil y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

El señor John Jair López Gil estuvo detenido en prisión intramural durante un
periodo de 16 meses y 9 días, por lo que le corresponde la suma de 81,49 smlmv,
y a su cónyuge e hijas se asignará la suma de 40,74 smlmv para cada una.

El señor Luis Odulfo López no acreditó el parentesco con el afectado directo 27 y en
ese orden se revocará la decisión de primera instancia que accedió al
reconocimiento de indemnización a su favor.

3.4.2 Lucro cesante

La parte demandante reclamó el reconocimiento de indemnización por perjuicios
materiales por lucro cesante por los ingresos dejados de percibir por el señor John
Jair López Gil durante el tiempo en que permaneció privado de la libertad.

El tribunal de primera instancia accedió al reconocimiento de indemnización en
abstracto ante la falta de acreditación de los valores que percibía el demandante
por su “actividad laboral como administrador y asesor de ventas” de la empresa
“Crédito Lumar” y como propietario del establecimiento de comercio “Distribuciones
J.L.”, por cuanto se aportó certificación emitida por contador público pero no los
soportes documentales ni los libros de contabilidad que acreditaban las sumas
certificadas (fl. 237 vlto. cdno. ppal.).

Con ocasión del recurso de apelación formulado por la Rama Judicial en el que hizo
reparos a la indemnización reconocida en primera instancia la Sala entrará a revisar
el reconocimiento pecuniario por lucro cesante.

A partir del criterio unificado de la Sección Tercera28 el lucro cesante se reconoce
solo: i) a partir de la certeza de una relación laboral anterior o de una futura
perfeccionada al momento de la privación de la libertad o ii) a partir de la existencia
de una actividad productiva lícita previa no derivada de una relación laboral previa,
acorde a los siguientes lineamientos:

27 Quien compareció como hermano del afectado directo no aportó el registro civil de nacimiento del

señor John Jair López Gil y la ausencia del aludido documento impide confrontar el registro civil de
nacimiento que reposa en el folio 98 del cdno. ppal., para verificar si tiene esta calidad.
28 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 18 de julio de 2019, MP Carlos Alberto

Zambrano Barrera, expediente 73001-23-31-000-2009-00133-01 (44.572).

22

Expediente 76001-23-31-000-2012-00596-01 (60.409)
Actor: John Jair López Gil y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

a) El reconocimiento se hace conforme a lo que se pida en la demanda y esté
probado suficientemente, incluido el 25% de prestaciones sociales. De manera que
no podrá realizarse ningún reconocimiento oficioso, sino que deberá acreditarse que
con ocasión de la detención la víctima dejó de percibir ingresos económicos, perdió
una posibilidad cierta de recibirlos y que trabajaba bajo relación laboral subordinada
al tiempo de la detención.

b) El período indemnizable se calcula a partir del tiempo que duró la detención y se
contabiliza desde el momento de la captura o aprehensión física hasta cuando el
perjudicado recobró materialmente la libertad o quedó ejecutoriada la providencia
que puso fin a la actuación penal.

c) La liquidación comprende el valor de los ingresos ciertos no percibidos por el
perjudicado durante el tiempo de la privación de la libertad personal o los que
hubiese percibido después de recuperarla, pero que se frustraron por cuenta de la
restricción.

d) El cálculo del lucro cesante tendrá como base el valor del salario mínimo legal
mensual vigente al momento de la sentencia que ponga fin al proceso de reparación
directa, cuando no existe prueba del monto del ingreso que recibía la víctima por la
actividad lícita productiva que haya acreditado desempeñar al tiempo de la
detención.

En el presente evento se encuentra acreditado que para el momento de la privación
de la libertad del señor John Jair López Gil se desempeñaba como “asesor y
administrador” de la empresa “Créditos Lumar”29, en consecuencia procede la
indemnización de perjuicios por concepto de lucro cesante.

Para acreditar el monto de los ingresos que dejó de percibir el demandante John
Jair López Gil durante la privación de su libertad, la parte actora aportó certificación
del contador público José Javier Carabalí Murillo en la cual informó que el señor
López Gil “recibía un promedio de ingresos mensuales de dos millones ciento
sesenta mil pesos mcte, (…) dinero que provenía de su actividad laboral como

29 Así lo refirieron
los declarantes Oenix Rubio Ríos y Gustavo Adolfo Castañeda Cárdenas (fls. 167
a 173 cdno. ppal.).

23

Expediente 76001-23-31-000-2012-00596-01 (60.409)
Actor: John Jair López Gil y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

“administrador y asesor de ventas” de la empresa “Créditos Lumar”, a su vez no
refiere que el contador pertenece a la empresa con la cual estaba vinculado el aquí
demandante (fl. 88 cdno. ppal).

Al respecto debe considerarse que no es procedente valorar la información
contenida en la referida certificación e impide tener por veraces los datos allí
consignados en la forma prevista por el artículo 10 de la Ley 43 de 1990, toda vez
que la exigencia legal impone que las aludidas certificaciones expliquen de manera
detallada, precisa y clara la fundamentación que la soporta 30, sin embargo se
observa que la constancia aportada carece de los documentos contables que la
respaldan y no se menciona cual es el fundamento del que se vale el profesional
para certificar los datos allí contenidos.

Ahora bien, ante la falta de demostración del monto que percibía por dicha actividad
económica por razones de equidad 31 se considera que recibía por lo menos un
salario mínimo mensual vigente al momento de la privación, por ello la Sala liquidará
la indemnización con el salario mínimo mensual legal vigente por el tiempo de
privación de la libertad (16,30 meses) sin el incremento del 25% por prestaciones
sociales por cuanto no se demuestra la existencia de una relación laboral formal
subordinada. La liquidación del perjuicio es la siguiente:

S = Ra (1+ i)n – 1 S = $ 1.000.000 (1+ 0.004867)16,30 – 1 S= 16.921.200,64
i 0.004867

La Nación-Rama Judicial deberá pagar como indemnización por lucro cesante al
demandante John Jair López Gil la suma de dieciséis millones novecientos veintiún
mil doscientos pesos con sesenta y cuatro centavos ($16.921.200,64).

En ese orden, la Sala modificará la indemnización reconocida en primera instancia
por este concepto.

30 Al tenor de lo previsto en el artículo 69 de la Ley 43 de 1990.
31 Cuando no se encuentran demostrados los ingresos mensuales por razones de equidad se tiene
que la persona percibía por lo menos el salario mínimo legal mensual, porque por ley ni en el sector
público ni en el sector privado nadie puede ganar menos que aquel.

24

Expediente 76001-23-31-000-2012-00596-01 (60.409)
Actor: John Jair López Gil y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

3.4.3 Daño emergente

El a quo accedió al reconocimiento de indemnización por daño emergente por los
honorarios del profesional del derecho que asumió la defensa en el proceso penal
que se adelantó en contra del señor John Jair López Gil. Por su parte la entidad
apelante se opuso a la indemnización de perjuicios reconocida en primera instancia.

En consideración a los parámetros establecidos en sentencia de unificación de la
Sección Tercera32, la Sala encuentra que la parte demandante no acreditó en debida
forma el perjuicio material que por concepto de daño emergente señala le causó la
privación de la libertad del actor.

Respecto a honorarios profesionales se acredita a través de las piezas procesales
de la actuación penal que el abogado Juan Carlos Verutti Gómez actuó como
defensor del demandante (fls. 17 y 29 cdno. ppal.) y si bien se aportó certificación
expedida por el profesional del derecho en la cual manifestó haber recibido la suma
de cinco millones de pesos ($5.000.000) como pago de honorarios (fl. 93 cdno.
ppal.), la Sala encuentra que no fue aportada factura o documento equivalente, de
conformidad con lo previsto en el Estatuto Tributario, para demostrar el pago de los
honorarios pactados, por lo que debe negarse el perjuicio material solicitado por su
falta de acreditación.

3.4.4 Daño al buen nombre

Finalmente, la Sala advierte que la privación de la libertad a la que fue sometido el
señor John Jair López Gil debido a la incriminación como autor de los delitos de
homicidio agravado en la modalidad de tentativa en concurso con el delito de
fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, cuando finalmente fue
absuelto mediante sentencia, afectó el buen nombre del actor, de suerte que se
torna en una afectación relevante a bienes o derechos convencional y
constitucionalmente amparados.

32 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 18 de julio de 2019, MP Carlos Alberto
Zambrano Barrera, expediente 44.572. En la referida sentencia se unificaron los criterios en materia
de reconocimiento y liquidación de perjuicios materiales por daño emergente y lucro cesante en los
casos de privación injusta de la libertad.

25

Expediente 76001-23-31-000-2012-00596-01 (60.409)
Actor: John Jair López Gil y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

El buen nombre hace referencia a la buena opinión que se forma de una
determinada persona, es decir el concepto favorable que tienen los congéneres o la
comunidad de alguien en particular.

Con la privación de la libertad se envía un mensaje a la sociedad que existen
razones válidas para la detención de quien es objeto de una investigación penal,
esto significa que, según las reglas de la experiencia, una restricción al derecho
fundamental de libertad por la presunta comisión de un hecho punible produce
necesariamente una afectación al derecho al buen nombre en el seno de la familia
y del círculo social o laboral del afectado, esto es, la sola medida tiene la
potencialidad suficiente para generar descrédito, señalamiento o estigmatización y
por ser injusta no tiene porqué soportar tal vulneración; en este sentido no se podría
exigir, en general, una prueba específica porque dicha afectación se infiere de la
privación de la libertad, de allí que en estos casos la reparación del buen nombre
puede ser muy relevante para la víctima, incluso más que la indemnización
pecuniaria.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en aquellos casos en los que se
evidencia que la víctima ha sido ilegal y arbitrariamente privada de su libertad, ha
ordenado como garantía destinada a restituir el derecho al buen nombre, que se
hagan publicaciones en las que se indique que el afectado es ajeno a todos los
cargos que se le imputaron33.

En el caso bajo estudio, la Sala estima que la privación de la libertad que sufrió el
demandante, que fue injusta, trajo como consecuencia necesaria la afectación al
derecho al buen nombre en su núcleo familiar y en su comunidad como lo acredita
la prueba testimonial aportada al expediente 34.

33 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador,
sentencia de 21 de noviembre de 2007. En esta oportunidad, la Corte Interamericana se ocupó de
decidir el caso de dos personas que habían sido investigadas y privadas ilegalmente de su libertad
por presuntamente pertenecer a una organización dedicada al tráfico internacional de narcóticos. La
detención de las víctimas fue ilegal y se prolongó injustificadamente. Aunque el Estado ecuatoriano
ordenó que se quitaran las publicaciones y registros que hacían alusión a los ilícitos por los cuales
las víctimas fueron investigadas, la Corte indicó que si bien con ello se buscaba restituir del buen
nombre de los actores, como medida de reparación integral de las víctimas se debía realizar una
publicación en la cual se señalara específicamente que fueron ilegal y arbitrariamente privadas de
su libertad, lo anterior, con la finalidad de restituir el buen nombre y como garantía de no repetición.
34 La testigo Oenix Rubio Ríos señaló que a las hijas del señor John Jair López Gil les decían que

“el papá era un delincuente” (fls. 167 a 168 cdno. ppal.) y el declarante Gustavo Adolfo Castañeda

26

Expediente 76001-23-31-000-2012-00596-01 (60.409)
Actor: John Jair López Gil y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

La reparación integral ante la presunta afectación a derechos convencional o
constitucionalmente protegidos tiene origen en la solicitud del demandante o de
oficio cuando el juez advierta su vulneración a partir de los hechos y con sustento
en las pruebas aportadas que incluso tiene lugar cuando se estudia el asunto a raíz
de la apelación de la entidad condenada pues como expresión de la justicia
restaurativa conmina al juez a adoptar medidas de restablecimiento frente al daño
causado.

Por lo anterior, la Sala encuentra que la única forma de reparar ese perjuicio es a
través de la rectificación como medida de reparación no pecuniaria y en tal sentido
dispondrá que la Rama Judicial exprese disculpas al señor John Jair López Gil, por
la privación injusta de la libertad de la que fue objeto, a través de una misiva dirigida
al demandante.

Se ordenará, en consecuencia, a la Nación-Rama Judicial que emita un comunicado
en el que se disculpe con la víctima por el perjuicio causado y reconozca que él no
era responsable de los delitos que se le imputaron. De acuerdo con el principio
según el cual este tipo de reparaciones integrales debe concertarse con la víctima,
el demandante le informará a la demandada, dentro del mes siguiente a la ejecutoria
de esta providencia, si dicho documento solamente le será entregado en físico a él
o sí, además, desea que se publique en las plataformas de comunicación y difusión
de la entidad, y a ello se procederá una vez así sea comunicado. De no hacerse
ninguna manifestación durante ese lapso, se entenderá que la víctima opta porque
las disculpas se expresen de manera privada, por lo que así se cumplirá de
inmediato.

4. Conclusión

En conclusión, hay lugar a declarar la responsabilidad de la Nación-Rama Judicial
por la privación injusta de la libertad del señor John Jair López Gil conforme a las
consideraciones expuestas en esta providencia.

Cárdenas informó que los integrantes de su familia fueron víctimas de maltrato verbal por la privación
de la libertad del señor López Gil (fl. 171 a 172 cdno. ppal.).

27

Expediente 76001-23-31-000-2012-00596-01 (60.409)
Actor: John Jair López Gil y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

5. Costas

El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 dispone que se condenará en costas a la parte
que hubiere actuado en forma temeraria, en el presente caso la Sala no observa
comportamiento temerario en las actuaciones procesales de las partes dentro del
proceso, razón por la cual no se condenará en costas.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,

FALLA:

1°) Modifícase la sentencia proferida el 12 de septiembre de 2016 por la sala de
Decisión del Tribunal Administrativo de Descongestión con sede en Bogotá la cual
queda así:

PRIMERO: Declárase probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva formulada por la Fiscalía General de la Nación.

SEGUNDO: Declárase patrimonial y extracontractualmente responsable
a la Nación-Rama Judicial por la privación de la libertad que padeció el
señor John Jair López Gil.

TERCERO: Como consecuencia, condénase a la Nación-Rama Judicial
a pagar por concepto de perjuicio moral, las siguientes sumas de dinero:

a) Para el señor John Jair López Gil la suma equivalente a ochenta y uno
punto cuarenta y nueve (81.49) salarios mínimos legales mensuales
vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia.

b) Para la señora Fabiola Cardona Marín la suma equivalente a cuarenta
punto setenta y cuatro (40,74) salarios mínimos legales mensuales
vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia.

c) Para las demandantes Xiomara López Cardona y Yuliana López
Cardona la suma equivalente a cuarenta punto setenta y cuatro (40,74)
salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de
la sentencia, para cada una.

CUARTO: Condénase a la Nación-Rama Judicial a pagar como
indemnización por perjuicio material por lucro cesante a favor del señor
John Jair López Gil la suma de dieciséis millones novecientos veintiún mil
doscientos pesos con sesenta y cuatro centavos ($16.921.200,64).

28

Expediente 76001-23-31-000-2012-00596-01 (60.409)
Actor: John Jair López Gil y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

QUINTO: La Rama Judicial remitirá con destino al señor John Jair López
Gil una misiva en la que exprese disculpas a raíz de la privación de la
libertad de la cual fue objeto y reconozca que él no era responsable de los
delitos que se le imputaron, conforme a los términos señalados en esta
providencia.

SEXTO: Deniéganse las demás pretensiones de la demanda.

SÉPTIMO: Cúmplase lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código
Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia
de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de
Procedimiento Civil.

OCTAVO: Sin condena en costas.

2°) Abstiénese de condenar en costas en esta instancia.

3º) En firme este fallo por Secretaría devuélvase el expediente al tribunal de origen
para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Salvamento parcial de voto
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Sala
Magistrado
(firmado electrónicamente)

Aclaración de voto
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados
integrantes de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la
plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta de conformidad con el artículo 2 del Decreto Legislativo 806 de 2020.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.