Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-31-000-2013-00004-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-31-000-2013-00004-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 76001-23-31-000-2013-00004-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
17 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 76001-23-31-000-2013-00004-01
Referencia. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Actora: PUBLICIDAD LOZANO & CIA LTDA
TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA. COMPETENCIA DE
LOS CONCEJOS MUNICIPALES Y DISTRITALES PARA
REGLAMENTAR LA ACTIVIDAD PUBLICITARIA. APLICACIÓN DEL
PRINCIPIO DE RIGOR SUBSIDIARIO.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto
por la apoderada de la sociedad PUBLICIDAD LOZANO & CIA
LTDA. contra la sentencia de 29 de julio de 2014, proferida por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA1, que
declaró no probada la excepción de ineptitud sustantiva de la
demanda por improcedencia de la acción y denegó las súplicas de la
demanda.
1
En adelante TRIBUNAL.
2
Número único de radicación: 76001-23-31-000-2013-00004-01.
Actora: PUBLICIDAD LOZANO & CIA LTDA.
I.- ANTECEDENTES
I.1. Pretensiones
La sociedad PUBLICIDAD LOZANO & CIA LTDA., por medio de
apoderada judicial y en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del Código
Contencioso Administrativo, en adelante CCA, presentó demanda2
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, tendiente a
obtener las siguientes declaraciones y condenas:
“[…] 1. Que es nulo el Acuerdo No. 179 del 3 de mayo de 2006
expedido por el H. Concejo Municipal de Santiago de Cali, “Por
medio del cual se reglamenta la publicidad exterior visual mayor,
menor y avisos en el Municipio de Santiago de Cali y se dictan
otras disposiciones”.
2. Que como consecuencia de la anterior declaración, se condene
al Municipio de Cali, a reconocer y pagar a los actores o a quien
sus derechos representen las sumas de dinero que han tenido que
cancelar como penalización según los contratos realizados con las
empresas cuyos originales se acompañan.
3. Que se ordene dar cumplimiento al fallo que le dé fin al
proceso dentro de los términos establecidos por la Ley.
2
La demanda fue presentada el 4 de septiembre de 2006, conforme consta a folio 69 del C. Principal.
Mediante auto de 6 de diciembre de 2006, la demanda fue admitida por el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Cali y a través de proveído de 7 de febrero de 2013, el mencionado
Juzgado ordenó remitir el expediente, por falta de competencia funcional, al Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, quien por auto de 25 de febrero de 2013 avocó el conocimiento del presente
proceso (folios 185 a 190 y 194 del C. Principal).
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4. Una vez ejecutoriada la sentencia que ponga fin al proceso se
comunique a la autoridad administrativa que profirió el acto para
los efectos legales consiguientes. […]”.
I.2. Hechos
La actora fundamentó su demanda, en síntesis, en los siguientes
hechos:
Indicó que la sociedad PUBLICIDAD LOZANO & CIA LTDA. tiene
por objeto social la actividad publicitaria y divulgación en todas las
ramas.
Señaló que en el desarrollo de la actividad comercial suscribió
contratos con las siguientes firmas: a) “La Bodega del Mueble
Ltda”, por valor de $556.800.000, por el término de un año a partir
del 7 de abril de 20063; y b) “Sisa”, por valor de $208.000.000, por
el término de ocho meses a partir del 3 de abril de 20064. Dichos
contratos contienen una cláusula penal e indemnización por
cancelación unilateral equivalente al 30% del valor del contrato.
Manifestó que el Concejo Municipal de Santiago de Cali expidió el
Acuerdo núm. 0179 de 3 de mayo de 2006, por medio del cual
3
Contrato de arrendamiento No. CPL-0013-06, folios 4-6 cuaderno principal.
4
Contrato de arrendamiento No. CPL-0011-06, folios 7-10 cuaderno principal.
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se reglamentó la publicidad exterior visual mayor, menor y avisos
en el municipio de Santiago de Cali y dictó otras disposiciones.
Expresó que el citado acuerdo municipal reglamentó la instalación
de publicidad exterior visual en una distancia mínima de 240
metros, impidiendo a las empresas de publicidad ejercer su
actividad comercial.
Igualmente, afirmó que el acuerdo acusado la situó en una posición
de desventaja respecto a otras empresas de publicidad que hacen
parte de los contratos de concesión del municipio; y que la
disposición acusada vulneró el derecho al trabajo al establecer un
plazo de remoción, traslado o modificación de las vallas que no
acataran la reglamentación establecida.
I.3. Concepto de Violación
En apoyo de sus pretensiones, la actora adujo la violación de los
artículos 13, 25, y 29 de la Constitución Política; 1° a 4º, ordinal c),
10° y 13 de la Ley 140 de 23 de junio de 19945.
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“Por la cual se reglamenta la Publicidad Exterior Visual en el territorio nacional.”
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En síntesis, señaló los siguientes cargos de violación:
Infracción de las normas en que debió fundarse:
Indicó que el Congreso de la República expidió la Ley 140 de 1994,
por la cual se reglamentó la publicidad exterior visual en el
territorio nacional; y que el artículo 10° de la citada disposición
instituyó la libertad del ejercicio y el principio de legalidad, por lo
que estimó que ninguna autoridad podría exigir la obtención de
permisos en lugares donde la publicidad no estuviera prohibida.
Expresó que el Acuerdo núm. 0179 de 3 de mayo de 2006
desbordó los parámetros fijados en el artículo 4° de la Ley 140 de
1994, pues, a su juicio, al autorizar la instalación de publicidad en
una distancia mínima de 240 metros en ciertos sectores de la
ciudad de Cali, vulneró el derecho a la igualdad y a la equidad
social en cuanto permitió la permanencia de más vallas e impidió a
otras empresas de publicidad prestar sus servicios dada la falta de
espacio entre una y otra.
Sostuvo que el parágrafo 1° del artículo 23 del acto administrativo
acusado quebrantó la Ley 140 de 1994, al exceptuar de la
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reglamentación la publicidad exterior visual en espacios tales como
paraderos de transporte público, mupis y demás elementos de
amoblamiento urbano, pues favoreció a empresas determinadas
(EUCOL S.A.) situándola a ella y a otras empresas en una posición
de desventaja.
Violación del derecho al trabajo:
Anotó que el acto administrativo cuestionado quebrantó el derecho
fundamental al trabajo, por cuanto el parágrafo 3° del artículo 18
del acuerdo acusado dispuso el retiro y traslado de las vallas que no
cumplían con la reglamentación, lo que generó un cambio
intempestivo de las circunstancias en las que venía desarrollando la
actividad comercial desconociendo con ello el principio de confianza
legítima, cercenando sin consideración las negociaciones
previamente concertadas y generando un detrimento patrimonial.
Violación al debido proceso:
Afirmó que el acuerdo municipal acusado hizo énfasis en la
imposición de multas sin que se determinara un procedimiento
sancionatorio que garantizara el debido proceso, en especial, la
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consolidación de un trámite que procurara la defensa de los
investigados.
I.4.- Contestación de la demanda
I.4.1.- El Municipio de Santiago de Cali, mediante apoderada,
contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de las
pretensiones adujo, lo siguiente:
Se refirió a la autonomía territorial prevista en el artículo 313 de la
Constitución Política y recalcó que el núcleo esencial de tal
autonomía está constituido por el poder de acción para satisfacer
sus propios intereses y la facultad de gobernarse por autoridades
propias.
Indicó que el Acuerdo municipal núm. 0179 de 2006 se
encargó de establecer las condiciones en las que se podía ejecutar
la actividad de publicidad exterior dentro del ámbito de su
jurisdicción.
Señaló que el Concejo Municipal de Santiago de Cali expidió el acto
administrativo acusado con el objeto de proteger el patrimonio
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ecológico municipal, en cumplimiento del poder de dirección
política.
Indicó que el Concejo Municipal tiene unas competencias propias
que no pueden ser limitadas por una ley, por cuanto las
circunstancias locales pueden justificar una normatividad más
exigente, tal y como lo hizo el Concejo Municipal de Santiago de
Cali.
Arguyó que las pretensiones no tienen vocación de prosperidad,
por cuanto no obra prueba que diera cuenta de la vulneración del
derecho a la igualdad, al trabajo y al debido proceso.
Adujo que la destinación del espacio público es de uso común y
prevalece sobre cualquier interés particular; y concluyó que las
autoridades municipales están facultadas para reglamentar el uso
del suelo, conforme se hizo en el Acuerdo municipal núm. 0179
de 2006.
Propuso las siguientes excepciones:
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-Indebida improcedencia y acumulación de la acción, al considerar
que el Acuerdo núm. 0179 de 3 de mayo de 2066 acusado no
es creador de derechos individuales, subjetivos y concretos, por lo
que no debió demandarse a través de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, sino por medio de la acción de
nulidad, al tratarse de un acto general.
Asimismo, indicó que no tiene cabida la acumulación de la acción
de nulidad con la acción de nulidad y restablecimiento del derecho,
como lo pretende la parte actora.
-No haberse presentado prueba de la normatividad infringida o
inconstitucionalidad del acuerdo accionado, al estimar que el acto
demandado está conforme a derecho y se encuentra amparado
legal y constitucionalmente.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
Mediante sentencia de 29 de julio de 2014 el TRIBUNAL declaró no
probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, por
improcedencia de la acción, y denegó las súplicas de la demanda.
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Señaló, frente a dicha excepción, que la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho presentada contra el Acuerdo núm.
0179 de 2006 es procedente, toda vez que a pesar de que el acto
demandado es de carácter general, las pretensiones de la demanda
tienen fundamentos y alcances concretos y subjetivos, pues la
nulidad de dicho acto acarrearía consecuencias a favor de la
demandante.
Y en cuanto a la excepción de no haberse presentado prueba de la
normatividad infringida o la inconstitucionalidad del acuerdo
accionado, expresó que más que medios exceptivos, deben tenerse
como argumentos de defensa y, por lo tanto, no ameritan un
pronunciamiento distinto al de resolver el fondo asunto.
Para denegar las pretensiones, indicó que el Acuerdo municipal
núm. 0179 de 2006 no quebrantó el ordenamiento jurídico, por las
siguientes razones:
Explicó que no se evidenció que el parágrafo 1° del artículo 23 del
acto acusado hubiere creado una condición o situación beneficiosa
respecto a una empresa o sociedad determinada, esto es, a EUCOL
S.A., habida cuenta que el acuerdo municipal se encargó de
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reglamentar la publicidad exterior visual mayor, menor y avisos en el
Municipio de Cali, en general.
Sostuvo que si bien el acuerdo municipal no reglamentó la publicidad
exterior instalada en los paraderos de transporte público, mupis y
demás elementos de amoblamiento urbano, esta decisión no
involucró la concesión de privilegios a determinados sectores
empresariales en el ejercicio de la actividad publicitaria.
Anotó que no se evidenció el desconocimiento del derecho a la
igualdad, previsto en el artículo 13 de la Constitución Política; y que
las presuntas irregularidades en la asignación y celebración de
contratos publicitarios en el municipio de Cali no son argumentos
válidos para solicitar la nulidad del acuerdo acusado.
Expresó que el acuerdo municipal cuestionado, en sus artículos 37 y
54, reguló la instalación de vallas publicitarias de acuerdo con las
necesidades del municipio; resaltó la diferencia entre la publicidad
de construcciones y la de establecimientos de comercio; y sostuvo
que la regulación normativa para la publicidad exterior obedeció a
las circunstancias reales del municipio.
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Manifestó que con la expedición del acuerdo municipal no se
vulneró el derecho al trabajo, por considerar que con el acto
acusado se implementaron nuevas normas para regular la actividad
publicitaria con el propósito de preservar el patrimonio ecológico del
municipio; y que, contrario a lo manifestado por la actora, el
acuerdo no dispuso el cierre de establecimientos o el cese o
limitación de la actividad comercial.
Señaló que el acuerdo fijó un término para que las empresas de
publicidad tramitaran los permisos o autorizaciones, de conformidad
con la nueva normatividad, respetando las condiciones previamente
establecidas con anterioridad a la vigencia del Acuerdo municipal
núm. 0179 de 2006.
Consideró que el acuerdo municipal no vulneró el debido proceso,
puesto que el artículo 19 del acto acusado estableció claramente los
casos en los que proceden las sanciones por incumplimiento de las
normas, especificó las cuantías de las multas, el procedimiento para
su imposición, el funcionario competente y los recursos
procedentes.
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Precisó que el Concejo Municipal de Santiago de Cali sí estaba
facultado para expedir el acuerdo demandado y reglamentar la
publicidad exterior visual mayor, menor y avisos, al considerar la
posición adoptada por la Corte Constitucional en sentencia C- 535
de 1996, en la que se advirtió que las corporaciones municipales
son competentes para expedir regulaciones de acuerdo con las
necesidades locales a fin de contrarrestar la contaminación visual
que en ocasiones puede generar ese tipo de publicidad.
Afirmó que ninguna de las normas del acuerdo acusado excedió la
competencia del Concejo, pues su aplicación involucra únicamente
al municipio de Cali; y que, además, las disposiciones conferidas
contienen normas ambientales referidas al patrimonio ecológico que
pueden ser más rigurosas frente a la normatividad nacional, por lo
que concluyó que el acuerdo municipal observó el principio de rigor
subsidiario.
Advirtió que la normatividad no desconoció el principio de confianza
legítima, por cuanto los concejos municipales son competentes para
dictar las normas para el control y defensa del patrimonio ecológico
e introducir los cambios que sean necesarios para ese fin.
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Anotó que la regulación no modificó de manera intempestiva las
condiciones de la instalación de publicidad, pues concedió un plazo
hasta el 31 de diciembre de 2006 para que las empresas efectuaran
los ajustes necesarios de acuerdo con la nueva normatividad.
Expresó que no resultó probado el daño alegado, debido a que la
parte actora no acreditó el pago de las cláusulas penales
determinadas en los contratos de arrendamiento aportados con la
demanda.
Asimismo, consideró que con los permisos otorgados por la
subdirectora de ordenamiento jurídico del Municipio de Cali se
corroboraron las contrataciones de la sociedad demandante para la
instalación de vallas en diferentes lugares de la ciudad, por lo que
con tales registros no se logró comprobar la causación del daño
material alegado.
Por lo anterior, el Tribunal concluyó que la parte actora no logró
desvirtuar la presunción de legalidad del acto acusado ni la
causación del daño alegado, por lo que denegó las pretensiones de
la demanda.
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III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
La actora expresó la inconformidad respecto a la sentencia de
primera instancia, así:
Reiteró los argumentos presentados en la demanda, indicando que
el acto administrativo acusado violó el régimen constitucional y
legal; y que con la implementación del acuerdo municipal acusado
no pudo cumplir con las obligaciones contractuales por falta de
espacio físico para instalar sus vallas publicitarias.
Señaló que la sentencia apelada desconoció la realidad fáctica del
caso, por cuanto la sociedad actora no se encontró en igualdad de
condiciones con la empresa EUCOL S.A., pues, al implementarse las
medidas restrictivas, resultó afectada quedando en evidencia el
desequilibrio de las cargas públicas.
Indicó que el acto acusado limitó el ejercicio de su derecho al
trabajo, ya que no pudo instalar vallas publicitarias como
consecuencia de las reglas restrictivas; y que, además, le fueron
desconocidos los permisos concedidos con antelación, por lo que se
vio en la obligación de desmontar el material publicitario, lo que
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generó el incumplimiento de los contratos y el pago de las cláusulas
penales.
Adujo que el acto administrativo modificó abruptamente las
condiciones existentes, generándole perjuicios económicos al
trasgredir la confianza legitima y el principio de la buena fe.
Expresó oposición a los argumentos del a quo, indicando que, pese
a que no se dispuso el cierre del establecimiento de comercio o el
cese de las actividades, sí se ocasionó la violación del orden legal y
constitucional, porque como consecuencia de las nuevas exigencias
se le causó un daño antijuridico equivalente al incumplimiento de
los contratos.
Por lo anterior, solicitó revocar la decisión apelada y, en su lugar,
acceder a las pretensiones de la demanda.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
En esta etapa procesal, la apoderada del municipio de Santiago de
Cali allegó el escrito de alegatos de conclusión de manera
extemporánea.
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La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
V.1.- Acto demandado
El presente asunto se contrae a establecer la legalidad del siguiente
acto administrativo de carácter general:
Acuerdo Municipal núm. 0179 de 3 de mayo de 2006, “Por
medio del cual se reglamenta la publicidad exterior visual
mayor, menor y avisos en el Municipio de Santiago de Cali y
se dictan otras disposiciones”6, expedido por el Concejo
Municipal de Santiago de Cali.
La disposición acusada se encargó de reglamentar las condiciones
en las que se desarrollaría la actividad publicitaria en la jurisdicción
del Municipio de Santiago de Cali.
Por lo extenso del acto acusado la Sala omite su transcripción,
teniendo en cuenta que la demanda básicamente se dirige a
controvertir la distancia mínima, según ella, establecida en 240
6
Folios 19 a 60 del C. Principal núm. 1.
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metros que debe existir entre valla y valla en determinados
sectores de la ciudad.
V.2.- Problema jurídico
De conformidad con lo esgrimido en el recurso de apelación que
convoca a la Sala, corresponde establecer si el acto acusado está
viciado de nulidad por haber sido expedido, presuntamente,
transgrediendo lo previsto en los artículos 13 y 25 de la
Constitución Política; y la Ley 140 de 1994.
Para resolver los reproches planteados en el recurso de apelación,
la Sala desarrollará dos aspectos a saber: i) la competencia de los
concejos municipales para reglamentar la actividad publicitaria; y ii)
el análisis del caso concreto.
V.3. Competencia de los concejos municipales para
reglamentar la actividad publicitaria.
El artículo 2097 de la Constitución Política señala que la función
administrativa está al servicio de los intereses generales y es
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“[…] ARTICULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
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ejecutada por las autoridades administrativas quienes deben
coordinar sus actuaciones con el objetivo de dar cumplimiento a los
fines del Estado, de acuerdo con los principios allí enunciados.
El artículo 311 ibidem considera a los municipios como una entidad
fundamental de la división político- administrativa del Estado, a las
que les corresponde ejercer la función administrativa dentro de su
jurisdicción y de conformidad con la Constitución y la Ley.
Cada municipio tendrá una Corporación político- administrativa de
elección popular, esto es, un Concejo Municipal, el cual tiene, entre
otras, la facultad8 de dictar las normas necesarias para el control,
preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del
municipio.
Ahora bien, el Congreso de la República expidió la Ley 140 de 1994,
por la cual se reglamentó la publicidad exterior visual en el
territorio nacional. Esta normatividad fue creada con el objeto de
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de
funciones.
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de
los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se
ejercerá en los términos que señale la ley. […]”.
8
“[…] ARTICULO 313. Corresponde a los concejos:
[…]
9. Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio
ecológico y cultural del municipio. […]”.
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“[…] mejorar la calidad de vida de los habitantes del país, mediante
la descontaminación visual y del paisaje, la protección del espacio
público y de la integridad del medio ambiente, la seguridad vial y la
simplificación de la actuación administrativa en relación con la
Publicidad Exterior Visual […]”.
La Corte Constitucional, en la sentencia C-535 de 1996, elaboró
el examen de constitucionalidad de la norma en mención, declaró
inexequibles sus artículos 8° y 10° y, a su vez, concedió la
exequibilidad condicionada de algunas de las disposiciones.
Respecto a la competencia y autonomía de los municipios para
regular las normas para la protección del patrimonio ecológico local,
la Corte consideró:
“[…] 12- En particular, la Constitución atribuye a los
concejos municipales, como competencia propia, la facultad
de dictar las normas para la protección del patrimonio
ecológico municipal (CP art. 313 ord 9º), por lo cual la
Corte considera que existen unos fenómenos ambientales
que terminan en un límite municipal y pueden ser regulados
autónomamente por el municipio. Estos asuntos ecológicos
que se agotan en un límite local determinado, y que por su
naturaleza guardan una conexidad estrecha con la identidad
y diversidad cultural de los municipios, constituyen lo que la
Constitución ha denominado "patrimonio ecológico", y por lo
tanto es al concejo municipal al que le corresponde de
manera prioritaria su regulación. Esta autonomía de las
entidades territoriales en este campo es así una expresión
del deber del Estado de favorecer la diversidad cultural de
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la Nación, por ser desarrollo del pluralismo, como valor
fundante del Estado Social de Derecho (CP. art. 7o.) y por
considerarse riqueza nacional (CP. art. 8o.). Dentro de esta
diversidad se debe respetar la especial concepción que
algunas comunidades tienen del medio ambiente, por lo
cual su regulación corresponde prioritariamente al
municipio, pues la relación de cada comunidad con algunos
aspectos del medio ambiente puede ser diferente. […]”.
Adicionalmente, la Corte recordó que si bien la Ley 140 de 1996 es
una norma de orden nacional no limita las competencias que en la
materia le son atribuidas a los concejos municipales9.
Igualmente, indicó que en virtud del principio de rigor subsidiario a
las autoridades locales se les otorga la atribución de reglamentar de
manera más rigurosa las normas relacionadas con la preservación o
restauración del medio ambiente:
“[…] 15- En el campo ecológico, tal y como lo ha señalado
la doctrina y lo ha recogido el artículo 63 de la Ley 99 de
1993, rige entonces un principio de rigor subsidiario (CP
art. 288), según el cual las normas nacionales de policía
ambiental, que limitan libertades para preservar o restaurar
el medio ambiente, o que por tales razones exijan licencias
9
[…] La Corte no comparte esa interpretación, puesto que la ley, al delimitar la libertad económica,
tiene que respetar la garantía institucional de la autonomía territorial, por lo cual no puede vaciar la
competencia propia de las entidades territoriales, como ya se señaló anteriormente. Por consiguiente,
si la Constitución atribuye a los concejos y las autoridades indígenas la facultad de dictar normas para
la protección del patrimonio ecológico local, una comprensión sistemática de los preceptos de la Carta
tiene que concluir que el Legislador debe regular esas materias respetando esa competencia propia de
las entidades territoriales.
De otro lado, el artículo 84 no establece una reserva de ley, como equivocadamente pudiera pensarse,
pues habla simplemente de reglamentación general, la cual, en relación con el patrimonio ecológico
local, es también expedida por las entidades territoriales, como es obvio, de conformidad con la
legislación básica nacional expedida por el Congreso pues, como ya se señaló, las competencias son en
este campo concurrentes. […]”.
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o permisos para determinadas actividades, pueden
hacerse más rigurosas, pero no más flexibles, por las
autoridades competentes de los niveles territoriales
inferiores, por cuanto las circunstancias locales
pueden justificar una normatividad más exigente. En
el caso del patrimonio ecológico local, este principio es aún
más claro, pues al ser una competencia propia de los
concejos municipales y los territorios indígenas, su potestad
reglamentaria no puede ser limitada por la ley, al punto de
vaciarla de contenido, por cuanto el Congreso desconocería
la garantía institucional de la autonomía territorial. Pero sí
puede la ley dictar aquella normatividad básica
indispensable a la protección del patrimonio ecológico en
todo el territorio nacional. […]” (Destacado fuera de texto).
Asimismo, la Corte en el estudio de constitucionalidad determinó
que la actividad publicitaria debe ubicarse en el campo del
patrimonio ecológico, por lo que resaltó que las vallas y avisos
tienen connotaciones en el paisaje local.
Por lo tanto, consideró que la regulación de la publicidad exterior
visual es una competencia propia de los concejos municipales y
distritales, pues los problemas de modificación del paisaje
atañen al ámbito local, sin que ello implique el desconocimiento
de los lineamientos fijados en la normatividad nacional, en los
siguientes términos:
“[…] 19- Por todo lo anterior, la Corte concluye que el tema
de la publicidad exterior visual hace parte de la noción de
"patrimonio ecológico" local, por lo cual se está frente a una
competencia propia de los concejos municipales y
distritales, así como de los órganos de gobierno de los
territorios indígenas, la cual les es asignada en función del
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interés territorial subyacente, pues los problemas de
modificación del paisaje que le están asociados abarcan
primariamente un ámbito local, por lo cual su regulación
corresponde también, en principio, a las autoridades
municipales y de los territorios indígenas. Sin embargo, la
Corte reitera que eso no significa que la ley no pueda
establecer una normatividad básica nacional en este campo
pues, como se señaló en el fundamento 14 de esta
sentencia, se trata de competencias concurrentes. Lo que
no puede el Legislador es vaciar la competencia
constitucional propia de los concejos y las autoridades
indígenas de dictar normas para proteger, conforme a sus
criterios, normas sobre la protección del patrimonio
ecológico local. […]”10.
V.4. Análisis del caso concreto
Violación del régimen constitucional y legal.
La parte recurrente insistió en que el acto administrativo trasgredió
el ordenamiento legal; que con la implementación de la nueva
normatividad no logró cumplir con las obligaciones contractuales
previamente pactadas; y que la sentencia apelada desconoció la
realidad fáctica de su situación particular, por cuanto la sociedad no
se encontró en igualdad de condiciones con la empresa EUCOL S.A.,
pues al implementarse las medidas restrictivas su actividad
económica resultó afectada.
Para resolver este punto, resulta indispensable acudir a la norma
10
Sentencia C-535 de 1996 de la Corte Constitucional.
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general, y es así como la Sala observa que el literal a) del artículo
4° de la Ley 140 1994 determinó que la publicidad exterior visual
en áreas urbanas de los municipios, distritos y territorios indígenas
debería reunir, entre otros requisitos, una distancia mínima de 80
metros.11
Al examinar el contenido del acto acusado, esto es, el Acuerdo
Municipal núm. 0179 de 2006, se evidencia que su artículo 4°12
determinó la ubicación, distancia y número de vallas, permitiendo la
destinación de una valla por estructura con una distancia mínima de
160 metros con la valla más próxima; es decir que, en aplicación
del principio de rigor subsidiario, el Concejo Municipal de Santiago
de Cali efectuó una regulación más rigurosa en pro de la
preservación del medio ambiente y el paisaje dentro del ámbito de
su jurisdicción.
11
“[…] ARTÍCULO 4o. CONDICIONES DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL EN ZONAS
URBANAS Y RURALES. <Artículo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> La Publicidad Exterior Visual
que se coloque en las áreas urbanas de los municipios, distritos y también en los territorios indígenas,
deberá reunir los siguientes requerimientos:
a) Distancia: Podrán colocarse hasta dos vallas contiguas con la Publicidad Exterior Visual. La
distancia mínima con las más próximas no puede ser inferior a 80 metros. Dentro de los dos (2)
kilómetros de carretera siguiente al límite urbano y territorios indígenas, podrá colocarse una valla
cada 200 metros, después de este kilometraje se podrá colocar una valla cada 250 metros […]”.
12
“[…] ARTÍCULO 4. Ubicación, distancia y número de vallas. Se permitirá la ubicación de la
publicidad exterior visual de que trata la Ley 140 de 1994, ya sea sobre valla o a través de cualquier
otro elemento estructural, en los inmuebles con frente sobre vías arterias y colectoras, que tengan
como mínimo tres (3) carriles, con excepción de los sitios prohibidos determinados en la misma Ley y
en los demás que se establezcan en el presente Título. Sólo se permite la destinación de una valla por
estructura, que podrá contener publicidad a doble faz, de conformidad con los artículos 143 y 147 del
Plan de Ordenamiento Territorial. La distancia mínima de una valla con la más próximas no podrá ser
inferior a ciento sesenta (160) metros. […]”.
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En ese sentido, es claro que con la implementación de las nuevas
medidas las condiciones en las que se venía desarrollando la
actividad publicitaria en el municipio de Santiago de Cali, sufrirían
unas modificaciones en la expedición de los registros y la
autorización de los permisos para la instalación de publicidad
exterior.
Para la Sala no son de recibo las consideraciones efectuadas por el
recurrente, por cuanto las regulaciones adoptadas en el acto
acusado fueron expedidas en cumplimiento de las facultades
constitucionales y en uso de las competencias territoriales en
materia ecológica, que, como quedó visto, pueden ser más
rigurosas que las señaladas en la ley en virtud del principio de rigor
subsidiario, principio este resaltado en numerosas providencias de
la Sección Primera de esta Corporación, entre otras, en sentencia
de 8 de mayo de 201413.
Al efecto, es del caso traer a colación la sentencia de 26 de abril de
201814, en la que se sostuvo lo siguiente:
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de
mayo de 2014, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 76-001-23-31000-
2005-02639-02.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de
abril de 2018, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 25000-23-24-000-
2010-00387-01.
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“[…] Estas conclusiones llevan a destacar, tal como lo
reconoce la sentencia C-535 de 1996, que en esta materia
de PEV, la ley se debe ocupar de esa reglamentación
básica y los entes territoriales, son los llamados por
la norma constitucional a dictar la reglamentación de
orden local requerida para proteger esos “fenómenos
ambientales”15 que se hacen diferenciables entre los
entes territoriales existentes en nuestro territorio.
Así, entonces además de la aplicación del principio de rigor
subsidiario y en virtud de esa autonomía administrativa
reconocida por el constituyente, las autoridades locales
deben ocuparse de regular la materia ambiental en
sus ámbitos competenciales, pues son las que
conocen las demandas y necesidades de los
habitantes de la comunidad, en lo que respecta a
privilegiar y garantizar el entorno y la diversidad
ambiental de tales territorios.
Estas circunstancias son las que conllevan y justifican que
dicho desarrollo normativo aquí demandado esté autorizado
para las instancias locales o distritales, cuando su contenido
se ajuste a las condiciones especiales que reconoce la
Constitución Política en cuanto a la protección del ambiente,
lo que habilita, contrario a lo alegado en el recurso, que en
esta materia las competencias se rijan por el principio de
rigor subsidiario.
Así, lo concluyó está Sección16 cuando estableció que en
virtud de dicho principio, los concejos “son competentes
para desarrollar de manera más estricta o rigurosa la
“publicidad exterior visual”, pero no más flexible,
frente a lo normado en la Ley”.
Esta conclusión desvirtúa la interpretación que hace el
apelante para insistir en la imposibilidad de reglamentación
15
Al respecto la sentencia C-546 de 1996, precisó: “(…) la Corte considera que existen unos
fenómenos ambientales que terminan en un límite municipal y pueden ser regulados autónomamente
por el municipio. Estos asuntos ecológicos que se agotan en un límite local determinado, y que por su
naturaleza guardan una conexidad estrecha con la identidad y diversidad cultural de los municipios,
constituyen lo que la Constitución ha denominado "patrimonio ecológico", y por lo tanto es al concejo
municipal al que le corresponde de manera prioritaria su regulación. Esta autonomía de las entidades
territoriales en este campo es así una expresión del deber del Estado de favorecer la diversidad
cultural de la Nación, por ser desarrollo del pluralismo, como valor fundante del Estado Social de
Derecho (CP. art. 7o.) y por considerarse riqueza nacional (CP. art. 8o.). Dentro de esta diversidad se
debe respetar la especial concepción que algunas comunidades tienen del medio ambiente, por lo cual
su regulación corresponde prioritariamente al municipio, pues la relación de cada comunidad con
algunos aspectos del medio ambiente puede ser diferente.
16
Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera. Sentencia del 8 de
mayo de 2014. Radicación número: 76001-23-31-000-2005-02639-02 Actor: Hernando Morales
Plaza. Acción de Nulidad. C.P. María Elizabeth García
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territorial porque la publicidad exterior reglada por las
Resoluciones acusadas no está restringida a aquella que
exceda los 8 metros cuadrados, a que se refiere el artículo
1517 de la Ley 140.
Lo anterior, porque entre las atribuciones que tienen
los concejos, en este caso el Distrital y las
autoridades ambientales de dicho ente territorial, se
encuentra la de dictar la reglamentación necesaria a
efectos de proteger su entorno, sin que ello implique,
como lo invoca el apelante, que deba ser menos
rígida, pues en esta materia por expresa disposición
legal, ha de aplicarse el principio de rigor subsidiario.
[…]” (Destacado fuera de texto).
Ahora, el recurrente insiste en que con ocasión de la
reglamentación implementada en el Acuerdo Municipal núm.
0179 de 2006 no logró cumplir las obligaciones contractuales dada
la falta de espacio físico para instalar sus vallas publicitarias,
vulnerando las condiciones de igualdad frente a otras empresas de
publicidad.
Al respecto, la Sala encuentra que tal afirmación es un argumento
que no goza de sustento probatorio, en tanto no obra en el plenario
evidencia que permita inferir:
17
ARTÍCULO 15. <Artículo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Toda valla instalada en el territorio
nacional cuya publicidad que por mandato de la ley requiera un mensaje específico referente a salud,
medio ambiente, cultura y cívico, no podrá ser superior a 10% del área total de la valla.
La Publicidad Exterior Visual de que trata la presente Ley son aquellas que tienen una dimensión igual
o superior a 8 metros cuadrados.
No estarán obligadas a lo dispuesto en este artículo las vallas de propiedad de: La Nación, los
Departamentos, El Distrito Capital, los Municipios, organismos oficiales, excepto las empresas
industriales y comerciales del Estado y las de economía mixta, de todo orden, las entidades de
beneficencia o de socorro y la Publicidad Exterior Visual de partidos, movimientos políticos y
candidatos, durante las campañas electorales.
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i) el presunto trato favorable a la empresa EUCOL S.A. en la
regulación normativa acusada, toda vez que no se encontró
evidencia suficiente para concluir que con el acuerdo acusado se ha
vulnerado el derecho fundamental a la igualdad.
La demostración de la vulneración del derecho a la igualdad
requiere, según la jurisprudencia18, establecer una situación fáctica
similar entre quienes reclaman la desigualdad y quienes son
considerados referentes, y luego demostrar un trato diferenciado
injustificado, o un tratamiento similar a situaciones de hecho
diversas, sin perder de vista que la carga de la prueba para
demostrar la vulneración del referido derecho recae sobre quien la
alega.
18
En sentencia C-117 de 14 de noviembre de 2018, la Corte Constitucional se refirió al principio de
igualdad, en los siguientes términos:
“[…] El principio de igualdad gobierna las diferentes relaciones entre el Estado y los individuos, así
como entre los mismos sujetos. Su contenido, como es bien sabido, es de carácter relacional e
involucra: (i) el deber de prodigar tratamiento análogo a los sujetos que están en condiciones
relevantes similares; (ii) la procedencia del tratamiento jurídico diverso a los mismos sujetos
o situaciones, cuando sus condiciones fácticas son disímiles; y (iii) la obligación de asegurar la
eficacia de los derechos de aquellas personas o grupos tradicionalmente discriminados, o que están
en situación de debilidad manifiesta. Esta ha sido la conclusión planteada por la jurisprudencia
constitucional, al señalar que del principio de igualdad se deriva “un mandato de igualdad formal ante
la ley, según el cual todas las personas que compartan la misma situación merecen ser tratadas de la
misma manera, mientras que aquellas que se encuentren en situaciones que presenten
diferencias constitucionalmente relevantes, deben ser tratadas de manera diferente,
siempre y cuando ello no comporte discriminación injustificada por razones de sexo, raza, origen
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Asimismo, incorpora un mandato de
igualdad material, que ordena al Estado promover las condiciones para que la igualdad sea real y
efectiva, adoptando medidas en favor de grupos discriminados o marginados. […]” (Destacado fuera
de texto).
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Y ii) la negación del registro publicitario a la sociedad demandante
por parte de la autoridad municipal.
Por lo tanto, la sociedad demandante debió acudir a la autoridad
municipal con el fin de tramitar la solicitud y/o prórroga de registro
para la instalación de las vallas publicitarias, de conformidad con
los artículos 5º, 6º y 7º del Acuerdo núm. 0179 de 2006
acusado (sobre la solicitud de registro, requerimientos para el
registro, y su prórroga) a fin de evitar el presunto incumplimiento
de las obligaciones contractuales pactadas del cual pretende
resarcimiento.
En ese sentido, para la Sala este cargo no tiene vocación de
prosperidad.
Limitación del ejercicio de su derecho al trabajo.
La parte recurrente indicó que el acto acusado limitó el ejercicio de
su derecho al trabajo, al considerar que las condiciones existentes
fueron modificadas de manera abrupta generándole perjuicios
económicos.
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En este punto, la Sala observa que durante la actuación procesal se
allegó el listado de los registros publicitarios asignados a la
sociedad demandante para los años 2006, 2007, 2009, 2010, 2011
y 201219, que demuestran que durante y con posterioridad a la
expedición del acto administrativo la sociedad demandante continuó
ejerciendo la actividad publicitaria.
Ahora, conforme lo precisó la sentencia apelada, el Acuerdo
municipal núm. 0179 de 2006 no limitó la actividad publicitaria,
contrario a lo señalado por la recurrente, sino que reguló la
actividad publicitaria con el propósito de proteger y preservar el
patrimonio ecológico del municipio de Santiago de Cali; y según lo
previsto en los artículos 18 y 59 del acto acusado, otorgó unos
plazos para la regularización de las vallas o elementos publicitarios
que no cumplieran con las nuevas disposiciones20.
19
Folios 1-4 Cuaderno de Pruebas.
20
“[…] ARTÍCULO 18. Vallas o elementos estructurales existentes. La valla o elementos
estructurales y la publicidad exterior visual que se encuentren instaladas y que no cumplan con la
reglamentación establecida en el presente Acuerdo, deberán ser removida o trasladados o modificado,
según sea el caso, para lo cual se le concede al propietario un plazo hasta el 31 de diciembre
2006, en el evento de que ello no se realice, se deberá adelantar el procedimiento sancionatorio
establecido en el presente Acuerdo.
[…]
ARTÍCULO 59. Disposiciones transitorias. La publicidad exterior visual menor cuya instalación
hubiese sido autorizada antes de la entrada en vigencia del presente Acuerdo, podrá seguir
colocada durante el plazo concedido por el permiso respectivo y en las condiciones
autorizadas por este. En todo caso, los permisos no podrán exceder un tiempo mayor de un año a
partir de la entrada en vigencia del presente acuerdo. […]” (Destacado fuera de texto).
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Luego, no es cierto que con la nueva normatividad se le hubiere
cercenado el derecho al trabajo, pues dentro de la literalidad del
acto acusado no se limitó el ejercicio de la actividad publicitaria y
mucho menos se dispuso el cierre de los establecimientos de
comercio o el cese de actividades.
Tampoco le asiste razón al apelante al aducir que le fueron
modificadas las condiciones de manera abrupta o que se le
trasgredió la confianza legitima y el principio de la buena fe, pues,
se reitera, el acuerdo demandado otorgó unos plazos para la
regularización de las vallas o elementos publicitarios que no
cumplieran con las nuevas disposiciones, aunado a que dicho acto
fue expedido en aplicación del principio de rigor subsidiario y en
virtud de esa autonomía administrativa reconocida por el
constituyente a los concejos municipales, como autoridades locales
que deben ocuparse de regular la materia ambiental en sus ámbitos
competenciales e introducir los cambios requeridos, ya que son las
que conocen las demandas y necesidades de los habitantes de la
comunidad, en lo que respecta a privilegiar y garantizar el entorno
y la diversidad ambiental de tales territorios.
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Bajo estas consideraciones, tampoco prospera el recurso de
apelación frente a este cargo.
Perjuicios económicos
Finalmente, la parte recurrente expresó su oposición a los
argumentos del a quo, indicando que las nuevas exigencias en
materia publicitaria le causaron un daño antijurídico equivalente al
incumplimiento de los contratos y el pago de las cláusulas penales.
Sobre el particular, la Sala considera que al no estar demostrada la
violación de las disposiciones de orden superior señaladas en la
demanda como trasgredidas, no hay lugar a hacer pronunciamiento
alguno en relación con los perjuicios económicos reclamados por la
actora, pues ello sólo es posible a título de restablecimiento del
derecho, como consecuencia de la declaratoria de nulidad, frente a
la cual en este caso no se está accediendo conforme a lo reseñado
en párrafos precedentes.
Máxime cuando la parte actora no acreditó el pago de las cláusulas
penales determinadas en los contratos de arrendamiento aportados
con la demanda, ni quedó probado, de ninguna manera, el perjuicio
alegado.
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En este orden de ideas y comoquiera que la parte recurrente no
desvirtuó la legalidad del acto administrativo cuestionado, la Sala
procederá a confirmar la sentencia apelada y así se dispondrá en la
parte resolutiva de esta providencia.
Finalmente, en cuanto a la condena en costas, la Sala considera
que de conformidad con el artículo 171 del CCA, en concordancia
con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la
remisión del artículo 267 del CCA, y atendiendo la conducta
asumida por las partes, no se evidenció temeridad ni mala fe en la
actuación procesal, por lo que se abstendrá de condenar en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando
Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 29 de julio de 2014,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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SEGUNDO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente
al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,
discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 17 de julio de
2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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