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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-31-000-2013-00004-01

Fecha
17 de julio de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-31-000-2013-00004-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 29 de julio de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 34 Número único de radicación: 76001-23-31-000-2013-00004-01. Actora: PUBLICIDAD LOZANO & CIA LTDA. SEGUNDO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 76001-23-31-000-2013-00004-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

17 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 76001-23-31-000-2013-00004-01
Referencia. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Actora: PUBLICIDAD LOZANO & CIA LTDA

TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA. COMPETENCIA DE
LOS CONCEJOS MUNICIPALES Y DISTRITALES PARA
REGLAMENTAR LA ACTIVIDAD PUBLICITARIA. APLICACIÓN DEL
PRINCIPIO DE RIGOR SUBSIDIARIO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto

por la apoderada de la sociedad PUBLICIDAD LOZANO & CIA

LTDA. contra la sentencia de 29 de julio de 2014, proferida por el

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA1, que

declaró no probada la excepción de ineptitud sustantiva de la

demanda por improcedencia de la acción y denegó las súplicas de la

demanda.

1
En adelante TRIBUNAL.

2

Número único de radicación: 76001-23-31-000-2013-00004-01.
Actora: PUBLICIDAD LOZANO & CIA LTDA.

I.- ANTECEDENTES

I.1. Pretensiones

La sociedad PUBLICIDAD LOZANO & CIA LTDA., por medio de

apoderada judicial y en ejercicio de la acción de nulidad y

restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del Código

Contencioso Administrativo, en adelante CCA, presentó demanda2

ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, tendiente a

obtener las siguientes declaraciones y condenas:

“[…] 1. Que es nulo el Acuerdo No. 179 del 3 de mayo de 2006
expedido por el H. Concejo Municipal de Santiago de Cali, “Por
medio del cual se reglamenta la publicidad exterior visual mayor,
menor y avisos en el Municipio de Santiago de Cali y se dictan
otras disposiciones”.

2. Que como consecuencia de la anterior declaración, se condene
al Municipio de Cali, a reconocer y pagar a los actores o a quien
sus derechos representen las sumas de dinero que han tenido que
cancelar como penalización según los contratos realizados con las
empresas cuyos originales se acompañan.

3. Que se ordene dar cumplimiento al fallo que le dé fin al
proceso dentro de los términos establecidos por la Ley.

2
La demanda fue presentada el 4 de septiembre de 2006, conforme consta a folio 69 del C. Principal.
Mediante auto de 6 de diciembre de 2006, la demanda fue admitida por el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Cali y a través de proveído de 7 de febrero de 2013, el mencionado
Juzgado ordenó remitir el expediente, por falta de competencia funcional, al Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, quien por auto de 25 de febrero de 2013 avocó el conocimiento del presente
proceso (folios 185 a 190 y 194 del C. Principal).

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Actora: PUBLICIDAD LOZANO & CIA LTDA.

4. Una vez ejecutoriada la sentencia que ponga fin al proceso se
comunique a la autoridad administrativa que profirió el acto para
los efectos legales consiguientes. […]”.

I.2. Hechos

La actora fundamentó su demanda, en síntesis, en los siguientes

hechos:

Indicó que la sociedad PUBLICIDAD LOZANO & CIA LTDA. tiene

por objeto social la actividad publicitaria y divulgación en todas las

ramas.

Señaló que en el desarrollo de la actividad comercial suscribió

contratos con las siguientes firmas: a) “La Bodega del Mueble

Ltda”, por valor de $556.800.000, por el término de un año a partir

del 7 de abril de 20063; y b) “Sisa”, por valor de $208.000.000, por

el término de ocho meses a partir del 3 de abril de 20064. Dichos

contratos contienen una cláusula penal e indemnización por

cancelación unilateral equivalente al 30% del valor del contrato.

Manifestó que el Concejo Municipal de Santiago de Cali expidió el

Acuerdo núm. 0179 de 3 de mayo de 2006, por medio del cual

3
Contrato de arrendamiento No. CPL-0013-06, folios 4-6 cuaderno principal.
4
Contrato de arrendamiento No. CPL-0011-06, folios 7-10 cuaderno principal.

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se reglamentó la publicidad exterior visual mayor, menor y avisos

en el municipio de Santiago de Cali y dictó otras disposiciones.

Expresó que el citado acuerdo municipal reglamentó la instalación

de publicidad exterior visual en una distancia mínima de 240

metros, impidiendo a las empresas de publicidad ejercer su

actividad comercial.

Igualmente, afirmó que el acuerdo acusado la situó en una posición

de desventaja respecto a otras empresas de publicidad que hacen

parte de los contratos de concesión del municipio; y que la

disposición acusada vulneró el derecho al trabajo al establecer un

plazo de remoción, traslado o modificación de las vallas que no

acataran la reglamentación establecida.

I.3. Concepto de Violación

En apoyo de sus pretensiones, la actora adujo la violación de los

artículos 13, 25, y 29 de la Constitución Política; 1° a 4º, ordinal c),

10° y 13 de la Ley 140 de 23 de junio de 19945.

5
“Por la cual se reglamenta la Publicidad Exterior Visual en el territorio nacional.”

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5

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Actora: PUBLICIDAD LOZANO & CIA LTDA.

En síntesis, señaló los siguientes cargos de violación:

Infracción de las normas en que debió fundarse:

Indicó que el Congreso de la República expidió la Ley 140 de 1994,

por la cual se reglamentó la publicidad exterior visual en el

territorio nacional; y que el artículo 10° de la citada disposición

instituyó la libertad del ejercicio y el principio de legalidad, por lo

que estimó que ninguna autoridad podría exigir la obtención de

permisos en lugares donde la publicidad no estuviera prohibida.

Expresó que el Acuerdo núm. 0179 de 3 de mayo de 2006

desbordó los parámetros fijados en el artículo 4° de la Ley 140 de

1994, pues, a su juicio, al autorizar la instalación de publicidad en

una distancia mínima de 240 metros en ciertos sectores de la

ciudad de Cali, vulneró el derecho a la igualdad y a la equidad

social en cuanto permitió la permanencia de más vallas e impidió a

otras empresas de publicidad prestar sus servicios dada la falta de

espacio entre una y otra.

Sostuvo que el parágrafo 1° del artículo 23 del acto administrativo

acusado quebrantó la Ley 140 de 1994, al exceptuar de la

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reglamentación la publicidad exterior visual en espacios tales como

paraderos de transporte público, mupis y demás elementos de

amoblamiento urbano, pues favoreció a empresas determinadas

(EUCOL S.A.) situándola a ella y a otras empresas en una posición

de desventaja.

Violación del derecho al trabajo:

Anotó que el acto administrativo cuestionado quebrantó el derecho

fundamental al trabajo, por cuanto el parágrafo 3° del artículo 18

del acuerdo acusado dispuso el retiro y traslado de las vallas que no

cumplían con la reglamentación, lo que generó un cambio

intempestivo de las circunstancias en las que venía desarrollando la

actividad comercial desconociendo con ello el principio de confianza

legítima, cercenando sin consideración las negociaciones

previamente concertadas y generando un detrimento patrimonial.

Violación al debido proceso:

Afirmó que el acuerdo municipal acusado hizo énfasis en la

imposición de multas sin que se determinara un procedimiento

sancionatorio que garantizara el debido proceso, en especial, la

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consolidación de un trámite que procurara la defensa de los

investigados.

I.4.- Contestación de la demanda

I.4.1.- El Municipio de Santiago de Cali, mediante apoderada,

contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de las

pretensiones adujo, lo siguiente:

Se refirió a la autonomía territorial prevista en el artículo 313 de la

Constitución Política y recalcó que el núcleo esencial de tal

autonomía está constituido por el poder de acción para satisfacer

sus propios intereses y la facultad de gobernarse por autoridades

propias.

Indicó que el Acuerdo municipal núm. 0179 de 2006 se

encargó de establecer las condiciones en las que se podía ejecutar

la actividad de publicidad exterior dentro del ámbito de su

jurisdicción.

Señaló que el Concejo Municipal de Santiago de Cali expidió el acto

administrativo acusado con el objeto de proteger el patrimonio

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ecológico municipal, en cumplimiento del poder de dirección

política.

Indicó que el Concejo Municipal tiene unas competencias propias

que no pueden ser limitadas por una ley, por cuanto las

circunstancias locales pueden justificar una normatividad más

exigente, tal y como lo hizo el Concejo Municipal de Santiago de

Cali.

Arguyó que las pretensiones no tienen vocación de prosperidad,

por cuanto no obra prueba que diera cuenta de la vulneración del

derecho a la igualdad, al trabajo y al debido proceso.

Adujo que la destinación del espacio público es de uso común y

prevalece sobre cualquier interés particular; y concluyó que las

autoridades municipales están facultadas para reglamentar el uso

del suelo, conforme se hizo en el Acuerdo municipal núm. 0179

de 2006.

Propuso las siguientes excepciones:

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-Indebida improcedencia y acumulación de la acción, al considerar

que el Acuerdo núm. 0179 de 3 de mayo de 2066 acusado no

es creador de derechos individuales, subjetivos y concretos, por lo

que no debió demandarse a través de la acción de nulidad y

restablecimiento del derecho, sino por medio de la acción de

nulidad, al tratarse de un acto general.

Asimismo, indicó que no tiene cabida la acumulación de la acción

de nulidad con la acción de nulidad y restablecimiento del derecho,

como lo pretende la parte actora.

-No haberse presentado prueba de la normatividad infringida o

inconstitucionalidad del acuerdo accionado, al estimar que el acto

demandado está conforme a derecho y se encuentra amparado

legal y constitucionalmente.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

Mediante sentencia de 29 de julio de 2014 el TRIBUNAL declaró no

probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, por

improcedencia de la acción, y denegó las súplicas de la demanda.

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Señaló, frente a dicha excepción, que la acción de nulidad y

restablecimiento del derecho presentada contra el Acuerdo núm.

0179 de 2006 es procedente, toda vez que a pesar de que el acto

demandado es de carácter general, las pretensiones de la demanda

tienen fundamentos y alcances concretos y subjetivos, pues la

nulidad de dicho acto acarrearía consecuencias a favor de la

demandante.

Y en cuanto a la excepción de no haberse presentado prueba de la

normatividad infringida o la inconstitucionalidad del acuerdo

accionado, expresó que más que medios exceptivos, deben tenerse

como argumentos de defensa y, por lo tanto, no ameritan un

pronunciamiento distinto al de resolver el fondo asunto.

Para denegar las pretensiones, indicó que el Acuerdo municipal

núm. 0179 de 2006 no quebrantó el ordenamiento jurídico, por las

siguientes razones:

Explicó que no se evidenció que el parágrafo 1° del artículo 23 del

acto acusado hubiere creado una condición o situación beneficiosa

respecto a una empresa o sociedad determinada, esto es, a EUCOL

S.A., habida cuenta que el acuerdo municipal se encargó de

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reglamentar la publicidad exterior visual mayor, menor y avisos en el

Municipio de Cali, en general.

Sostuvo que si bien el acuerdo municipal no reglamentó la publicidad

exterior instalada en los paraderos de transporte público, mupis y

demás elementos de amoblamiento urbano, esta decisión no

involucró la concesión de privilegios a determinados sectores

empresariales en el ejercicio de la actividad publicitaria.

Anotó que no se evidenció el desconocimiento del derecho a la

igualdad, previsto en el artículo 13 de la Constitución Política; y que

las presuntas irregularidades en la asignación y celebración de

contratos publicitarios en el municipio de Cali no son argumentos

válidos para solicitar la nulidad del acuerdo acusado.

Expresó que el acuerdo municipal cuestionado, en sus artículos 37 y

54, reguló la instalación de vallas publicitarias de acuerdo con las

necesidades del municipio; resaltó la diferencia entre la publicidad

de construcciones y la de establecimientos de comercio; y sostuvo

que la regulación normativa para la publicidad exterior obedeció a

las circunstancias reales del municipio.

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Manifestó que con la expedición del acuerdo municipal no se

vulneró el derecho al trabajo, por considerar que con el acto

acusado se implementaron nuevas normas para regular la actividad

publicitaria con el propósito de preservar el patrimonio ecológico del

municipio; y que, contrario a lo manifestado por la actora, el

acuerdo no dispuso el cierre de establecimientos o el cese o

limitación de la actividad comercial.

Señaló que el acuerdo fijó un término para que las empresas de

publicidad tramitaran los permisos o autorizaciones, de conformidad

con la nueva normatividad, respetando las condiciones previamente

establecidas con anterioridad a la vigencia del Acuerdo municipal

núm. 0179 de 2006.

Consideró que el acuerdo municipal no vulneró el debido proceso,

puesto que el artículo 19 del acto acusado estableció claramente los

casos en los que proceden las sanciones por incumplimiento de las

normas, especificó las cuantías de las multas, el procedimiento para

su imposición, el funcionario competente y los recursos

procedentes.

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Precisó que el Concejo Municipal de Santiago de Cali sí estaba

facultado para expedir el acuerdo demandado y reglamentar la

publicidad exterior visual mayor, menor y avisos, al considerar la

posición adoptada por la Corte Constitucional en sentencia C- 535

de 1996, en la que se advirtió que las corporaciones municipales

son competentes para expedir regulaciones de acuerdo con las

necesidades locales a fin de contrarrestar la contaminación visual

que en ocasiones puede generar ese tipo de publicidad.

Afirmó que ninguna de las normas del acuerdo acusado excedió la

competencia del Concejo, pues su aplicación involucra únicamente

al municipio de Cali; y que, además, las disposiciones conferidas

contienen normas ambientales referidas al patrimonio ecológico que

pueden ser más rigurosas frente a la normatividad nacional, por lo

que concluyó que el acuerdo municipal observó el principio de rigor

subsidiario.

Advirtió que la normatividad no desconoció el principio de confianza

legítima, por cuanto los concejos municipales son competentes para

dictar las normas para el control y defensa del patrimonio ecológico

e introducir los cambios que sean necesarios para ese fin.

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Anotó que la regulación no modificó de manera intempestiva las

condiciones de la instalación de publicidad, pues concedió un plazo

hasta el 31 de diciembre de 2006 para que las empresas efectuaran

los ajustes necesarios de acuerdo con la nueva normatividad.

Expresó que no resultó probado el daño alegado, debido a que la

parte actora no acreditó el pago de las cláusulas penales

determinadas en los contratos de arrendamiento aportados con la

demanda.

Asimismo, consideró que con los permisos otorgados por la

subdirectora de ordenamiento jurídico del Municipio de Cali se

corroboraron las contrataciones de la sociedad demandante para la

instalación de vallas en diferentes lugares de la ciudad, por lo que

con tales registros no se logró comprobar la causación del daño

material alegado.

Por lo anterior, el Tribunal concluyó que la parte actora no logró

desvirtuar la presunción de legalidad del acto acusado ni la

causación del daño alegado, por lo que denegó las pretensiones de

la demanda.

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III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

La actora expresó la inconformidad respecto a la sentencia de

primera instancia, así:

Reiteró los argumentos presentados en la demanda, indicando que

el acto administrativo acusado violó el régimen constitucional y

legal; y que con la implementación del acuerdo municipal acusado

no pudo cumplir con las obligaciones contractuales por falta de

espacio físico para instalar sus vallas publicitarias.

Señaló que la sentencia apelada desconoció la realidad fáctica del

caso, por cuanto la sociedad actora no se encontró en igualdad de

condiciones con la empresa EUCOL S.A., pues, al implementarse las

medidas restrictivas, resultó afectada quedando en evidencia el

desequilibrio de las cargas públicas.

Indicó que el acto acusado limitó el ejercicio de su derecho al

trabajo, ya que no pudo instalar vallas publicitarias como

consecuencia de las reglas restrictivas; y que, además, le fueron

desconocidos los permisos concedidos con antelación, por lo que se

vio en la obligación de desmontar el material publicitario, lo que

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generó el incumplimiento de los contratos y el pago de las cláusulas

penales.

Adujo que el acto administrativo modificó abruptamente las

condiciones existentes, generándole perjuicios económicos al

trasgredir la confianza legitima y el principio de la buena fe.

Expresó oposición a los argumentos del a quo, indicando que, pese

a que no se dispuso el cierre del establecimiento de comercio o el

cese de las actividades, sí se ocasionó la violación del orden legal y

constitucional, porque como consecuencia de las nuevas exigencias

se le causó un daño antijuridico equivalente al incumplimiento de

los contratos.

Por lo anterior, solicitó revocar la decisión apelada y, en su lugar,

acceder a las pretensiones de la demanda.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

En esta etapa procesal, la apoderada del municipio de Santiago de

Cali allegó el escrito de alegatos de conclusión de manera

extemporánea.

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La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- Acto demandado

El presente asunto se contrae a establecer la legalidad del siguiente

acto administrativo de carácter general:

Acuerdo Municipal núm. 0179 de 3 de mayo de 2006, “Por

medio del cual se reglamenta la publicidad exterior visual

mayor, menor y avisos en el Municipio de Santiago de Cali y

se dictan otras disposiciones”6, expedido por el Concejo

Municipal de Santiago de Cali.

La disposición acusada se encargó de reglamentar las condiciones

en las que se desarrollaría la actividad publicitaria en la jurisdicción

del Municipio de Santiago de Cali.

Por lo extenso del acto acusado la Sala omite su transcripción,
teniendo en cuenta que la demanda básicamente se dirige a
controvertir la distancia mínima, según ella, establecida en 240

6
Folios 19 a 60 del C. Principal núm. 1.

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metros que debe existir entre valla y valla en determinados
sectores de la ciudad.

V.2.- Problema jurídico

De conformidad con lo esgrimido en el recurso de apelación que

convoca a la Sala, corresponde establecer si el acto acusado está

viciado de nulidad por haber sido expedido, presuntamente,

transgrediendo lo previsto en los artículos 13 y 25 de la

Constitución Política; y la Ley 140 de 1994.

Para resolver los reproches planteados en el recurso de apelación,

la Sala desarrollará dos aspectos a saber: i) la competencia de los

concejos municipales para reglamentar la actividad publicitaria; y ii)

el análisis del caso concreto.

V.3. Competencia de los concejos municipales para

reglamentar la actividad publicitaria.

El artículo 2097 de la Constitución Política señala que la función

administrativa está al servicio de los intereses generales y es

7
“[…] ARTICULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,

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ejecutada por las autoridades administrativas quienes deben

coordinar sus actuaciones con el objetivo de dar cumplimiento a los

fines del Estado, de acuerdo con los principios allí enunciados.

El artículo 311 ibidem considera a los municipios como una entidad

fundamental de la división político- administrativa del Estado, a las

que les corresponde ejercer la función administrativa dentro de su

jurisdicción y de conformidad con la Constitución y la Ley.

Cada municipio tendrá una Corporación político- administrativa de

elección popular, esto es, un Concejo Municipal, el cual tiene, entre

otras, la facultad8 de dictar las normas necesarias para el control,

preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del

municipio.

Ahora bien, el Congreso de la República expidió la Ley 140 de 1994,

por la cual se reglamentó la publicidad exterior visual en el

territorio nacional. Esta normatividad fue creada con el objeto de

imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de
funciones.

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de
los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se
ejercerá en los términos que señale la ley. […]”.

8
“[…] ARTICULO 313. Corresponde a los concejos:
[…]
9. Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio
ecológico y cultural del municipio. […]”.

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“[…] mejorar la calidad de vida de los habitantes del país, mediante

la descontaminación visual y del paisaje, la protección del espacio

público y de la integridad del medio ambiente, la seguridad vial y la

simplificación de la actuación administrativa en relación con la

Publicidad Exterior Visual […]”.

La Corte Constitucional, en la sentencia C-535 de 1996, elaboró

el examen de constitucionalidad de la norma en mención, declaró

inexequibles sus artículos 8° y 10° y, a su vez, concedió la

exequibilidad condicionada de algunas de las disposiciones.

Respecto a la competencia y autonomía de los municipios para

regular las normas para la protección del patrimonio ecológico local,

la Corte consideró:

“[…] 12- En particular, la Constitución atribuye a los
concejos municipales, como competencia propia, la facultad
de dictar las normas para la protección del patrimonio
ecológico municipal (CP art. 313 ord 9º), por lo cual la
Corte considera que existen unos fenómenos ambientales
que terminan en un límite municipal y pueden ser regulados
autónomamente por el municipio. Estos asuntos ecológicos
que se agotan en un límite local determinado, y que por su
naturaleza guardan una conexidad estrecha con la identidad
y diversidad cultural de los municipios, constituyen lo que la
Constitución ha denominado "patrimonio ecológico", y por lo
tanto es al concejo municipal al que le corresponde de
manera prioritaria su regulación. Esta autonomía de las
entidades territoriales en este campo es así una expresión
del deber del Estado de favorecer la diversidad cultural de

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la Nación, por ser desarrollo del pluralismo, como valor
fundante del Estado Social de Derecho (CP. art. 7o.) y por
considerarse riqueza nacional (CP. art. 8o.). Dentro de esta
diversidad se debe respetar la especial concepción que
algunas comunidades tienen del medio ambiente, por lo
cual su regulación corresponde prioritariamente al
municipio, pues la relación de cada comunidad con algunos
aspectos del medio ambiente puede ser diferente. […]”.

Adicionalmente, la Corte recordó que si bien la Ley 140 de 1996 es

una norma de orden nacional no limita las competencias que en la

materia le son atribuidas a los concejos municipales9.

Igualmente, indicó que en virtud del principio de rigor subsidiario a

las autoridades locales se les otorga la atribución de reglamentar de

manera más rigurosa las normas relacionadas con la preservación o

restauración del medio ambiente:

“[…] 15- En el campo ecológico, tal y como lo ha señalado
la doctrina y lo ha recogido el artículo 63 de la Ley 99 de
1993, rige entonces un principio de rigor subsidiario (CP
art. 288), según el cual las normas nacionales de policía
ambiental, que limitan libertades para preservar o restaurar
el medio ambiente, o que por tales razones exijan licencias
9
[…] La Corte no comparte esa interpretación, puesto que la ley, al delimitar la libertad económica,
tiene que respetar la garantía institucional de la autonomía territorial, por lo cual no puede vaciar la
competencia propia de las entidades territoriales, como ya se señaló anteriormente. Por consiguiente,
si la Constitución atribuye a los concejos y las autoridades indígenas la facultad de dictar normas para
la protección del patrimonio ecológico local, una comprensión sistemática de los preceptos de la Carta
tiene que concluir que el Legislador debe regular esas materias respetando esa competencia propia de
las entidades territoriales.

De otro lado, el artículo 84 no establece una reserva de ley, como equivocadamente pudiera pensarse,
pues habla simplemente de reglamentación general, la cual, en relación con el patrimonio ecológico
local, es también expedida por las entidades territoriales, como es obvio, de conformidad con la
legislación básica nacional expedida por el Congreso pues, como ya se señaló, las competencias son en
este campo concurrentes. […]”.

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o permisos para determinadas actividades, pueden
hacerse más rigurosas, pero no más flexibles, por las
autoridades competentes de los niveles territoriales
inferiores, por cuanto las circunstancias locales
pueden justificar una normatividad más exigente. En
el caso del patrimonio ecológico local, este principio es aún
más claro, pues al ser una competencia propia de los
concejos municipales y los territorios indígenas, su potestad
reglamentaria no puede ser limitada por la ley, al punto de
vaciarla de contenido, por cuanto el Congreso desconocería
la garantía institucional de la autonomía territorial. Pero sí
puede la ley dictar aquella normatividad básica
indispensable a la protección del patrimonio ecológico en
todo el territorio nacional. […]” (Destacado fuera de texto).

Asimismo, la Corte en el estudio de constitucionalidad determinó

que la actividad publicitaria debe ubicarse en el campo del

patrimonio ecológico, por lo que resaltó que las vallas y avisos

tienen connotaciones en el paisaje local.

Por lo tanto, consideró que la regulación de la publicidad exterior

visual es una competencia propia de los concejos municipales y

distritales, pues los problemas de modificación del paisaje

atañen al ámbito local, sin que ello implique el desconocimiento

de los lineamientos fijados en la normatividad nacional, en los

siguientes términos:

“[…] 19- Por todo lo anterior, la Corte concluye que el tema
de la publicidad exterior visual hace parte de la noción de
"patrimonio ecológico" local, por lo cual se está frente a una
competencia propia de los concejos municipales y
distritales, así como de los órganos de gobierno de los
territorios indígenas, la cual les es asignada en función del

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interés territorial subyacente, pues los problemas de
modificación del paisaje que le están asociados abarcan
primariamente un ámbito local, por lo cual su regulación
corresponde también, en principio, a las autoridades
municipales y de los territorios indígenas. Sin embargo, la
Corte reitera que eso no significa que la ley no pueda
establecer una normatividad básica nacional en este campo
pues, como se señaló en el fundamento 14 de esta
sentencia, se trata de competencias concurrentes. Lo que
no puede el Legislador es vaciar la competencia
constitucional propia de los concejos y las autoridades
indígenas de dictar normas para proteger, conforme a sus
criterios, normas sobre la protección del patrimonio
ecológico local. […]”10.

V.4. Análisis del caso concreto

Violación del régimen constitucional y legal.

La parte recurrente insistió en que el acto administrativo trasgredió

el ordenamiento legal; que con la implementación de la nueva

normatividad no logró cumplir con las obligaciones contractuales

previamente pactadas; y que la sentencia apelada desconoció la

realidad fáctica de su situación particular, por cuanto la sociedad no

se encontró en igualdad de condiciones con la empresa EUCOL S.A.,

pues al implementarse las medidas restrictivas su actividad

económica resultó afectada.

Para resolver este punto, resulta indispensable acudir a la norma

10
Sentencia C-535 de 1996 de la Corte Constitucional.

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general, y es así como la Sala observa que el literal a) del artículo

4° de la Ley 140 1994 determinó que la publicidad exterior visual

en áreas urbanas de los municipios, distritos y territorios indígenas

debería reunir, entre otros requisitos, una distancia mínima de 80

metros.11

Al examinar el contenido del acto acusado, esto es, el Acuerdo

Municipal núm. 0179 de 2006, se evidencia que su artículo 4°12

determinó la ubicación, distancia y número de vallas, permitiendo la

destinación de una valla por estructura con una distancia mínima de

160 metros con la valla más próxima; es decir que, en aplicación

del principio de rigor subsidiario, el Concejo Municipal de Santiago

de Cali efectuó una regulación más rigurosa en pro de la

preservación del medio ambiente y el paisaje dentro del ámbito de

su jurisdicción.

11
“[…] ARTÍCULO 4o. CONDICIONES DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL EN ZONAS
URBANAS Y RURALES. <Artículo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> La Publicidad Exterior Visual
que se coloque en las áreas urbanas de los municipios, distritos y también en los territorios indígenas,
deberá reunir los siguientes requerimientos:

a) Distancia: Podrán colocarse hasta dos vallas contiguas con la Publicidad Exterior Visual. La
distancia mínima con las más próximas no puede ser inferior a 80 metros. Dentro de los dos (2)
kilómetros de carretera siguiente al límite urbano y territorios indígenas, podrá colocarse una valla
cada 200 metros, después de este kilometraje se podrá colocar una valla cada 250 metros […]”.

12
“[…] ARTÍCULO 4. Ubicación, distancia y número de vallas. Se permitirá la ubicación de la
publicidad exterior visual de que trata la Ley 140 de 1994, ya sea sobre valla o a través de cualquier
otro elemento estructural, en los inmuebles con frente sobre vías arterias y colectoras, que tengan
como mínimo tres (3) carriles, con excepción de los sitios prohibidos determinados en la misma Ley y
en los demás que se establezcan en el presente Título. Sólo se permite la destinación de una valla por
estructura, que podrá contener publicidad a doble faz, de conformidad con los artículos 143 y 147 del
Plan de Ordenamiento Territorial. La distancia mínima de una valla con la más próximas no podrá ser
inferior a ciento sesenta (160) metros. […]”.

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En ese sentido, es claro que con la implementación de las nuevas

medidas las condiciones en las que se venía desarrollando la

actividad publicitaria en el municipio de Santiago de Cali, sufrirían

unas modificaciones en la expedición de los registros y la

autorización de los permisos para la instalación de publicidad

exterior.

Para la Sala no son de recibo las consideraciones efectuadas por el

recurrente, por cuanto las regulaciones adoptadas en el acto

acusado fueron expedidas en cumplimiento de las facultades

constitucionales y en uso de las competencias territoriales en

materia ecológica, que, como quedó visto, pueden ser más

rigurosas que las señaladas en la ley en virtud del principio de rigor

subsidiario, principio este resaltado en numerosas providencias de

la Sección Primera de esta Corporación, entre otras, en sentencia

de 8 de mayo de 201413.

Al efecto, es del caso traer a colación la sentencia de 26 de abril de

201814, en la que se sostuvo lo siguiente:

13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de
mayo de 2014, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 76-001-23-31000-
2005-02639-02.

14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de
abril de 2018, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 25000-23-24-000-
2010-00387-01.

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“[…] Estas conclusiones llevan a destacar, tal como lo
reconoce la sentencia C-535 de 1996, que en esta materia
de PEV, la ley se debe ocupar de esa reglamentación
básica y los entes territoriales, son los llamados por
la norma constitucional a dictar la reglamentación de
orden local requerida para proteger esos “fenómenos
ambientales”15 que se hacen diferenciables entre los
entes territoriales existentes en nuestro territorio.

Así, entonces además de la aplicación del principio de rigor
subsidiario y en virtud de esa autonomía administrativa
reconocida por el constituyente, las autoridades locales
deben ocuparse de regular la materia ambiental en
sus ámbitos competenciales, pues son las que
conocen las demandas y necesidades de los
habitantes de la comunidad, en lo que respecta a
privilegiar y garantizar el entorno y la diversidad
ambiental de tales territorios.

Estas circunstancias son las que conllevan y justifican que
dicho desarrollo normativo aquí demandado esté autorizado
para las instancias locales o distritales, cuando su contenido
se ajuste a las condiciones especiales que reconoce la
Constitución Política en cuanto a la protección del ambiente,
lo que habilita, contrario a lo alegado en el recurso, que en
esta materia las competencias se rijan por el principio de
rigor subsidiario.

Así, lo concluyó está Sección16 cuando estableció que en
virtud de dicho principio, los concejos “son competentes
para desarrollar de manera más estricta o rigurosa la
“publicidad exterior visual”, pero no más flexible,
frente a lo normado en la Ley”.

Esta conclusión desvirtúa la interpretación que hace el
apelante para insistir en la imposibilidad de reglamentación

15
Al respecto la sentencia C-546 de 1996, precisó: “(…) la Corte considera que existen unos
fenómenos ambientales que terminan en un límite municipal y pueden ser regulados autónomamente
por el municipio. Estos asuntos ecológicos que se agotan en un límite local determinado, y que por su
naturaleza guardan una conexidad estrecha con la identidad y diversidad cultural de los municipios,
constituyen lo que la Constitución ha denominado "patrimonio ecológico", y por lo tanto es al concejo
municipal al que le corresponde de manera prioritaria su regulación. Esta autonomía de las entidades
territoriales en este campo es así una expresión del deber del Estado de favorecer la diversidad
cultural de la Nación, por ser desarrollo del pluralismo, como valor fundante del Estado Social de
Derecho (CP. art. 7o.) y por considerarse riqueza nacional (CP. art. 8o.). Dentro de esta diversidad se
debe respetar la especial concepción que algunas comunidades tienen del medio ambiente, por lo cual
su regulación corresponde prioritariamente al municipio, pues la relación de cada comunidad con
algunos aspectos del medio ambiente puede ser diferente.
16
Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera. Sentencia del 8 de
mayo de 2014. Radicación número: 76001-23-31-000-2005-02639-02 Actor: Hernando Morales
Plaza. Acción de Nulidad. C.P. María Elizabeth García

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territorial porque la publicidad exterior reglada por las
Resoluciones acusadas no está restringida a aquella que
exceda los 8 metros cuadrados, a que se refiere el artículo
1517 de la Ley 140.

Lo anterior, porque entre las atribuciones que tienen
los concejos, en este caso el Distrital y las
autoridades ambientales de dicho ente territorial, se
encuentra la de dictar la reglamentación necesaria a
efectos de proteger su entorno, sin que ello implique,
como lo invoca el apelante, que deba ser menos
rígida, pues en esta materia por expresa disposición
legal, ha de aplicarse el principio de rigor subsidiario.
[…]” (Destacado fuera de texto).

Ahora, el recurrente insiste en que con ocasión de la

reglamentación implementada en el Acuerdo Municipal núm.

0179 de 2006 no logró cumplir las obligaciones contractuales dada

la falta de espacio físico para instalar sus vallas publicitarias,

vulnerando las condiciones de igualdad frente a otras empresas de

publicidad.

Al respecto, la Sala encuentra que tal afirmación es un argumento

que no goza de sustento probatorio, en tanto no obra en el plenario

evidencia que permita inferir:

17
ARTÍCULO 15. <Artículo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Toda valla instalada en el territorio
nacional cuya publicidad que por mandato de la ley requiera un mensaje específico referente a salud,
medio ambiente, cultura y cívico, no podrá ser superior a 10% del área total de la valla.
La Publicidad Exterior Visual de que trata la presente Ley son aquellas que tienen una dimensión igual
o superior a 8 metros cuadrados.
No estarán obligadas a lo dispuesto en este artículo las vallas de propiedad de: La Nación, los
Departamentos, El Distrito Capital, los Municipios, organismos oficiales, excepto las empresas
industriales y comerciales del Estado y las de economía mixta, de todo orden, las entidades de
beneficencia o de socorro y la Publicidad Exterior Visual de partidos, movimientos políticos y
candidatos, durante las campañas electorales.

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i) el presunto trato favorable a la empresa EUCOL S.A. en la

regulación normativa acusada, toda vez que no se encontró

evidencia suficiente para concluir que con el acuerdo acusado se ha

vulnerado el derecho fundamental a la igualdad.

La demostración de la vulneración del derecho a la igualdad

requiere, según la jurisprudencia18, establecer una situación fáctica

similar entre quienes reclaman la desigualdad y quienes son

considerados referentes, y luego demostrar un trato diferenciado

injustificado, o un tratamiento similar a situaciones de hecho

diversas, sin perder de vista que la carga de la prueba para

demostrar la vulneración del referido derecho recae sobre quien la

alega.

18
En sentencia C-117 de 14 de noviembre de 2018, la Corte Constitucional se refirió al principio de
igualdad, en los siguientes términos:

“[…] El principio de igualdad gobierna las diferentes relaciones entre el Estado y los individuos, así
como entre los mismos sujetos. Su contenido, como es bien sabido, es de carácter relacional e
involucra: (i) el deber de prodigar tratamiento análogo a los sujetos que están en condiciones
relevantes similares; (ii) la procedencia del tratamiento jurídico diverso a los mismos sujetos
o situaciones, cuando sus condiciones fácticas son disímiles; y (iii) la obligación de asegurar la
eficacia de los derechos de aquellas personas o grupos tradicionalmente discriminados, o que están
en situación de debilidad manifiesta. Esta ha sido la conclusión planteada por la jurisprudencia
constitucional, al señalar que del principio de igualdad se deriva “un mandato de igualdad formal ante
la ley, según el cual todas las personas que compartan la misma situación merecen ser tratadas de la
misma manera, mientras que aquellas que se encuentren en situaciones que presenten
diferencias constitucionalmente relevantes, deben ser tratadas de manera diferente,
siempre y cuando ello no comporte discriminación injustificada por razones de sexo, raza, origen
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Asimismo, incorpora un mandato de
igualdad material, que ordena al Estado promover las condiciones para que la igualdad sea real y
efectiva, adoptando medidas en favor de grupos discriminados o marginados. […]” (Destacado fuera
de texto).

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Y ii) la negación del registro publicitario a la sociedad demandante

por parte de la autoridad municipal.

Por lo tanto, la sociedad demandante debió acudir a la autoridad

municipal con el fin de tramitar la solicitud y/o prórroga de registro

para la instalación de las vallas publicitarias, de conformidad con

los artículos 5º, 6º y 7º del Acuerdo núm. 0179 de 2006

acusado (sobre la solicitud de registro, requerimientos para el

registro, y su prórroga) a fin de evitar el presunto incumplimiento

de las obligaciones contractuales pactadas del cual pretende

resarcimiento.

En ese sentido, para la Sala este cargo no tiene vocación de

prosperidad.

Limitación del ejercicio de su derecho al trabajo.

La parte recurrente indicó que el acto acusado limitó el ejercicio de

su derecho al trabajo, al considerar que las condiciones existentes

fueron modificadas de manera abrupta generándole perjuicios

económicos.

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En este punto, la Sala observa que durante la actuación procesal se

allegó el listado de los registros publicitarios asignados a la

sociedad demandante para los años 2006, 2007, 2009, 2010, 2011

y 201219, que demuestran que durante y con posterioridad a la

expedición del acto administrativo la sociedad demandante continuó

ejerciendo la actividad publicitaria.

Ahora, conforme lo precisó la sentencia apelada, el Acuerdo

municipal núm. 0179 de 2006 no limitó la actividad publicitaria,

contrario a lo señalado por la recurrente, sino que reguló la

actividad publicitaria con el propósito de proteger y preservar el

patrimonio ecológico del municipio de Santiago de Cali; y según lo

previsto en los artículos 18 y 59 del acto acusado, otorgó unos

plazos para la regularización de las vallas o elementos publicitarios

que no cumplieran con las nuevas disposiciones20.

19
Folios 1-4 Cuaderno de Pruebas.

20
“[…] ARTÍCULO 18. Vallas o elementos estructurales existentes. La valla o elementos
estructurales y la publicidad exterior visual que se encuentren instaladas y que no cumplan con la
reglamentación establecida en el presente Acuerdo, deberán ser removida o trasladados o modificado,
según sea el caso, para lo cual se le concede al propietario un plazo hasta el 31 de diciembre
2006, en el evento de que ello no se realice, se deberá adelantar el procedimiento sancionatorio
establecido en el presente Acuerdo.

[…]

ARTÍCULO 59. Disposiciones transitorias. La publicidad exterior visual menor cuya instalación
hubiese sido autorizada antes de la entrada en vigencia del presente Acuerdo, podrá seguir
colocada durante el plazo concedido por el permiso respectivo y en las condiciones
autorizadas por este. En todo caso, los permisos no podrán exceder un tiempo mayor de un año a
partir de la entrada en vigencia del presente acuerdo. […]” (Destacado fuera de texto).

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Luego, no es cierto que con la nueva normatividad se le hubiere

cercenado el derecho al trabajo, pues dentro de la literalidad del

acto acusado no se limitó el ejercicio de la actividad publicitaria y

mucho menos se dispuso el cierre de los establecimientos de

comercio o el cese de actividades.

Tampoco le asiste razón al apelante al aducir que le fueron

modificadas las condiciones de manera abrupta o que se le

trasgredió la confianza legitima y el principio de la buena fe, pues,

se reitera, el acuerdo demandado otorgó unos plazos para la

regularización de las vallas o elementos publicitarios que no

cumplieran con las nuevas disposiciones, aunado a que dicho acto

fue expedido en aplicación del principio de rigor subsidiario y en

virtud de esa autonomía administrativa reconocida por el

constituyente a los concejos municipales, como autoridades locales

que deben ocuparse de regular la materia ambiental en sus ámbitos

competenciales e introducir los cambios requeridos, ya que son las

que conocen las demandas y necesidades de los habitantes de la

comunidad, en lo que respecta a privilegiar y garantizar el entorno

y la diversidad ambiental de tales territorios.

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Bajo estas consideraciones, tampoco prospera el recurso de

apelación frente a este cargo.

Perjuicios económicos

Finalmente, la parte recurrente expresó su oposición a los

argumentos del a quo, indicando que las nuevas exigencias en

materia publicitaria le causaron un daño antijurídico equivalente al

incumplimiento de los contratos y el pago de las cláusulas penales.

Sobre el particular, la Sala considera que al no estar demostrada la

violación de las disposiciones de orden superior señaladas en la

demanda como trasgredidas, no hay lugar a hacer pronunciamiento

alguno en relación con los perjuicios económicos reclamados por la

actora, pues ello sólo es posible a título de restablecimiento del

derecho, como consecuencia de la declaratoria de nulidad, frente a

la cual en este caso no se está accediendo conforme a lo reseñado

en párrafos precedentes.

Máxime cuando la parte actora no acreditó el pago de las cláusulas

penales determinadas en los contratos de arrendamiento aportados

con la demanda, ni quedó probado, de ninguna manera, el perjuicio

alegado.

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En este orden de ideas y comoquiera que la parte recurrente no

desvirtuó la legalidad del acto administrativo cuestionado, la Sala

procederá a confirmar la sentencia apelada y así se dispondrá en la

parte resolutiva de esta providencia.

Finalmente, en cuanto a la condena en costas, la Sala considera

que de conformidad con el artículo 171 del CCA, en concordancia

con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la

remisión del artículo 267 del CCA, y atendiendo la conducta

asumida por las partes, no se evidenció temeridad ni mala fe en la

actuación procesal, por lo que se abstendrá de condenar en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando

Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 29 de julio de 2014,

proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las

razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

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SEGUNDO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la

parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente

al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,

discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 17 de julio de

2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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