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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2012-00239-01

Fecha
12 de julio de 2024
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2012-00239-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR, por las razones expuestas en esta providencia, la sentencia del 31 de agosto de 2023, proferida por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente de este proceso al Tribunal de origen y, acto seguido, FINALIZAR y ARCHIVAR esta actuación en la plataforma tecnológica SAMAI del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 76001-23-33-000-2012-00239-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

12 de julio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D.C., doce (12) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación número: 76001-23-33-000-2012-00239-01 (70.644)
Actor: JAIME ANDRÉS ESCOBAR BERMÚDEZ
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA

Temas: DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - responsabilidad del
Estado por defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia - en el presente caso
no se configuraron deficiencias en el trámite de notificación judicial.

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia proferida el 31 de agosto de 2023, mediante la cual la Sala Segunda de
Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de
la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Jaime Andrés Escobar Bermúdez alegó un defectuoso funcionamiento de
la administración de justicia en que incurrió el Juzgado Décimo de Familia de
Santiago de Cali, en el trámite del proceso de filiación extramatrimonial con petición
de herencia que interpuso en contra de los herederos determinados e
indeterminados de Jaime Escobar Echeverri.

II. ANTECEDENTES

La demanda1

1. El 30 de agosto de 2012, Jaime Andrés Escobar Bermúdez, a través de
apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa,
demandó a la Nación – Rama Judicial, con el fin de que se declarara
patrimonialmente responsable por el defectuoso funcionamiento de la

1 Demanda que obra de folios 948 a 977 del cuaderno de principal.

Radicación: 76001-23-33-000-2012-00239-01 (70.644)
Actor: Jaime Andrés Escobar Bermúdez
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

administración de justicia en el que, a su juicio, incurrió el Juzgado Décimo de
Familia de Santiago de Cali, en el trámite del proceso de filiación extramatrimonial
con petición de herencia que promovió en contra de los herederos determinados e
indeterminados de Jaime Escobar Echeverri. En síntesis, estos fueron los hechos
narrados en la demanda:

2. El 1° de julio de 2000 falleció Jaime Escobar Echeverri, sin que hubiera otorgado
testamento ni legalizado su paternidad respecto de Jaime Andrés Bermúdez, hijo
extramatrimonial que procreó con la señora Bertha Luz Bermúdez Pérez.

3. El 15 de marzo de 2001, Bertha Luz Bermúdez Pérez, en nombre y
representación de su hijo Jaime Andrés Bermúdez, promovió “demanda de filiación
extramatrimonial y petición de herencia” en contra de Aleyda López -cónyuge
sobreviviente- y Jaime Rodrigo, Pablo César, Luz Angela y Clara Sofia Escobar
López -hijos matrimoniales del fallecido-.

4. El conocimiento del proceso le correspondió, por reparto, al Juzgado Décimo de
Familia de Santiago de Cali, el cual, el 6 de abril de 2001, admitió la demanda.
Señaló el demandante que después de intentar varias veces notificar a los
demandados del auto admisorio, y una vez realizado el respectivo emplazamiento,
el 30 de julio de 2001 se les designó un curador ad litem; pese a ello, el 13 de
septiembre del mismo año, el juzgado de conocimiento se abstuvo de “discernirle el
cargo” y libró despacho comisorio a la ciudad de Bogotá, con el fin de intentar
nuevamente la notificación de los demandados.

5. El 2 de agosto de 2002, el Juzgado Décimo de Familia de Santiago de Cali
ordenó, por segunda vez, el emplazamiento de los demandados, con la respectiva
fijación del aviso judicial y la publicación del edicto.

6. El 7 de diciembre de 2004, mediante providencia de primera instancia, el Juzgado
Décimo de Familia de Santiago de Cali negó la paternidad extramatrimonial del
causante con el aquí demandante, al tiempo que declaró la caducidad de los
efectos patrimoniales de la filiación en cuestión. La anterior decisión fue revocada
parcialmente, el 12 de marzo de 2008, por la Sala de Familia del Tribunal Superior
de Cali, la cual declaró que Jaime Escobar Echeverri era el padre de Jaime Andrés
Bermúdez, pero mantuvo incólume la declaratoria de caducidad de los efectos
patrimoniales de esa decisión frente a los contradictores legítimos; esto último en
consideración a que el auto admisorio de la demanda se notificó por fuera del
término establecido en el artículo 10 de la Ley 75 de 1968, esto es, vencidos los

2

Radicación: 76001-23-33-000-2012-00239-01 (70.644)
Actor: Jaime Andrés Escobar Bermúdez
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

dos años siguientes a la muerte del causante. El 31 de agosto de 2010, la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia decidió no casar la sentencia del 12
de marzo de 2008.

7. El demandante pretendió que se declarara la responsabilidad del Estado por el
supuesto defectuoso funcionamiento de la administración de justicia 2 en el que
incurrió el Juzgado Décimo de Familia de Santiago de Cali, porque: i) impidió que
la curadora ad litem designada se notificara del auto admisorio de demanda y ii)
ordenó nuevamente la fijación del aviso judicial y la publicación del edicto, pese a
que el demandante, previamente, había realizado las gestiones necesarias para
notificar a los demandados. Fueron estas deficiencias las que, a juicio del extremo
activo de la litis, permitieron que se declarara la caducidad de los efectos
patrimoniales de la sentencia que estableció la filiación extramatrimonial del
causante con el actor y, con ello, que éste no pudiera acceder a la herencia que
dejó su progenitor, quien, según adujo, era “propietario de cincuenta bienes
inmuebles y socio de diez empresas aproximadamente”3.

La contestación de la demanda

8. La Rama Judicial4 contestó la demanda y se opuso a sus pretensiones. Precisó
que al juez, por mandato de la Constitución Política, se le otorga una autonomía y
libertad para interpretar los hechos que se someten a su conocimiento y aplicar las
normas constitucionales o legales que juzgue apropiadas para la resolución del
conflicto jurídico.

9. Agregó que para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado debía
acreditarse que las supuestas deficiencias alegadas por el demandante fueron la

2 A continuación, la transcripción literal de las pretensiones consignadas en el escrito inicial:

“Declárese a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, entidad representada por el señor Director Nacional de Administración de Justicia o por
quien haga sus veces; ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE por los graves perjuicios
materiales - lucro cesante y/o pérdida de oportunidad, daño moral y a la vida de relación causados
a JAIME ANDRÉS ESCOBAR BERMÚDEZ, por la falla del servicio en la función de administrar
justicia por parte del Juzgado Décimo de Familia de Cali, en el trámite del proceso de PETICIÓN DE
HERENCIA.
Por lo anteriormente expuesto, la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, entidad representada por el señor Director Nacional de
Administración de Justicia o por quien haga sus veces, deberá reconocer y pagar a favor de nuestro
representado lo siguiente:
[i) El equivalente a 200 SMLMV, por perjuicios morales; ii) el equivalente a 500 SMLMV, por “daño
a la vida de relación”, y iii) el monto de $5.000’000.000, por “lucro cesante y/o pérdida de oportunidad
de haber participado en la sucesión sobre los bienes de su padre Jaime Escobar Echeverry”].
3
Al respecto, ver escrito de subsanación de la demanda, que obra a folios 999 y 995 del cuaderno
principal.
4 Folios 1016 a 1018 del cuaderno principal.

3

Radicación: 76001-23-33-000-2012-00239-01 (70.644)
Actor: Jaime Andrés Escobar Bermúdez
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

causa directa y suficiente de la producción del daño alegado. Como excepciones
de mérito, propuso la que denominó “inane demanda” y la genérica.

10. La parte actora5 y la Rama Judicial6, en sus alegatos de conclusión, reiteraron
los argumentos de la demanda y su contestación, respectivamente. El Ministerio
Público guardó silencio.

La sentencia de primera instancia

11. La Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
mediante sentencia del 31 de agosto de 20237, negó las pretensiones de la
demanda.

12. A juicio del a quo, aunque se demostró que se declaró la caducidad de los
efectos patrimoniales de la filiación extramatrimonial en cuestión, por el vencimiento
del término previsto en el artículo 10 de la Ley 75 de 1968, dicha circunstancia no
le resultaba atribuible a la Rama Judicial, toda vez que:

i) Las presuntas irregularidades procesales referidas en la demanda no se
configuraron, en la medida que las actuaciones del Juzgado Décimo de Familia de
Cali encontraron sustento en las normas de procedimiento vigentes y estuvieron
ajustadas a la realidad procesal;

ii) El hecho de no notificarle el auto admisorio de la demanda al curador ad litem
designado obedeció al “acontecer procesal”, en concreto, a que uno de los
demandados en el proceso de filiación extramatrimonial, en su contestación de la
demanda, suministró posibles direcciones de notificación de los demandados
restantes, ante lo cual el juzgado de familia en cuestión intentó agotar su
notificación personal;

iii) La determinación del Juzgado Décimo de Familia de Santiago de Cali de ordenar
nuevamente la fijación del aviso judicial y la publicación del edicto se debió a la
subsanación de la falencia en la que incurrió el Juzgado Cuarto de Familia de
Bogotá, al momento de auxiliar el despacho comisorio que se le había asignado
para la notificación de los demandados que residían en Bogotá y;

5 Folios 1132 a 1143 del cuaderno principal.
6
Folios 1144 a 1146 del cuaderno principal.
7 Ver documento denominado “1SENTENCIA_27001233300020190008.pdf”, del expediente digital,

que obra en índice 2 de Samai.

4

Radicación: 76001-23-33-000-2012-00239-01 (70.644)
Actor: Jaime Andrés Escobar Bermúdez
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

iv) La declaratoria de caducidad de los efectos patrimoniales de la filiación
extramatrimonial fue producto de la negligencia del aquí demandante, pues, para
el momento en que éste reformó la demanda y elevó la pretensión patrimonial de
petición de herencia, como consecuencia de la declaración de paternidad, ya había
transcurrido el término perentorio previsto en el artículo 10 de la Ley 75 de 1968.

13. Para finalizar, se abstuvo de condenar en costas, en vista de que se había
reconocido amparo de pobreza en favor del aquí demandante.

El recurso de apelación

14. La parte actora apeló el fallo de primera instancia8, por considerar que debía
declararse la responsabilidad patrimonial de la Rama Judicial. Sus argumentos
contra el fallo se concretaron en que:

i) La parte actora buscó notificar oportunamente y por todos los medios a los
demandados, pero ante la imposibilidad de su notificación personal, pidió su
emplazamiento; vencido el término correspondiente y ante la no comparecencia de
los emplazados, se les designó un curador ad litem. Alegó que, en ese momento
procesal, se debió notificar a este curador del auto admisorio de la demanda, pues
la ley no exigía providencia a través de la cual se le “discerniera el cargo”; en
cambio, el Juzgado Décimo de Familia de Santiago de Cali optó, de forma errónea,
por librar despacho comisorio a la ciudad de Bogotá, lo que tornó “imposible” la
notificación de los herederos determinados restantes.

ii) La familia Echeverri López obstaculizó por todos los medios que la demanda le
fuera notificada dentro del plazo fijado en el artículo 10 de la Ley 75 de 1968, con
la “colaboración decidida” del Juzgado Décimo de Familia de Santiago de Cali, que
incurrió en una “dilación manifiesta”, todo lo que configuró un “fraude procesal” a
los derechos económicos del demandante, quien fue despojado de la herencia que
le dejó su padre.

iii) No existió culpa del demandante. Al respecto, aclaró que, si bien la acción de
filiación de paternidad era distinta a la de petición de herencia, lo cierto era que los
efectos patrimoniales se producían con la sentencia que reconocía la filiación. En
ese sentido, advirtió que presentó la demanda de filiación extramatrimonial dentro

8
Ver documento denominado
“11RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_27001233300020190008.pdf”, del
expediente digital, que obra en índice 2 de Samai.

5

Radicación: 76001-23-33-000-2012-00239-01 (70.644)
Actor: Jaime Andrés Escobar Bermúdez
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

de los dos años siguientes al deceso de Jaime Escobar Echeverri y que, atendido
ese plazo legal, nada le impedía, después, ejercer su derecho a reclamar la
herencia que le dejó su progenitor.

15. El Ministerio Público no emitió concepto, en sede de segunda instancia.

III. CONSIDERACIONES

16. Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide
lo actuado y evidenciado el cumplimiento de los presupuestos procesales:
jurisdicción, competencia, oportunidad de la demanda, legitimación en la causa y el
agotamiento del requisito de conciliación extrajudicial, procede la Sala a decidir la
segunda instancia de la presente litis.

Objeto del recurso de apelación y decisiones que se adoptarán

17. Como se indicó, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las
pretensiones de la demanda pues, a su juicio, las irregularidades procesales
alegadas por la parte actora no se configuraron -el actuar del Juzgado Décimo de
Familia de Cali estuvo ajustado a derecho y a la realidad procesal-; además, porque
la caducidad de los efectos patrimoniales de la filiación operó por la negligencia del
mismo actor, quien reclamó la herencia cuando había fenecido el término perentorio
establecido en el artículo 10º de la Ley 75 de 1968.

18. En su recurso, el demandante alegó que sí se presentaron irregularidades en el
trámite del proceso dirigido por el Juzgado Décimo de Familia de Santiago de Cali,
y que no medió negligencia de su parte, que diera lugar a que se le negara el
derecho que le asistía sobre la herencia del causante.

19. Ahora, en relación con la situación que es materia de controversia, es importante
precisar que en la demanda únicamente se aludió a un defectuoso
funcionamiento de la Administración de Justicia por los motivos puestos de
presente en precedencia; la parte actora en ninguna parte del libelo introductorio
alegó que la Rama Judicial –también- era responsable por la resolución equivocada
del proceso de filiación extramatrimonial con petición de herencia con radicado
número 76001-3110-010-2001-00224-00, en el que se declaró la caducidad de los
efectos patrimoniales de la filiación extramatrimonial frente a los contradictores
legítimos, por el vencimiento del término establecido en el artículo 10 de la Ley 75
de 1968.

6

Radicación: 76001-23-33-000-2012-00239-01 (70.644)
Actor: Jaime Andrés Escobar Bermúdez
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

20. En otras palabras, el demandante no consideró erradas las conclusiones a las
que se llegó en el proceso en cuestión -en las dos instancias o en casación-; por lo
tanto, dicho aspecto no fue parte de la discusión respecto de la cual se trabó la
controversia, razón por la cual la Sala no hará pronunciamiento alguno sobre la
legalidad de esas determinaciones desde los presupuestos propios del error judicial.

21. Por lo anterior, la Sala ceñirá su análisis y decisión a las pretensiones que
planteó el actor, a lo resuelto en el fallo apelado y a los argumentos del recurso. A
partir de una confrontación de esos actos procesales con los elementos de juicio
allegados al expediente, la Subsección i) destacará los hechos probados relevantes,
y ii) en el análisis del caso concreto, expondrá las razones por las cuales la
demandada no incurrió en el defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia alegado en el sub lite.

Hechos relevantes9

22. A este proceso de reparación directa se aportó el proceso de filiación
extramatrimonial con petición de herencia con radicado número 76001-3110-010-
2001-00224-00. Los elementos de juicio allí recaudados pueden valorarse dentro
de esta controversia, en tanto que fueron incorporados a este asunto como prueba
trasladada10, y practicados dentro de un proceso anterior con audiencia de las
partes; además, no se formuló tacha de falsedad o desconocimiento respecto de
ninguno de estos. De esa actuación, la Sala destaca los siguientes hechos
probados:

23. - Jaime Escobar Echeverri falleció el 1° de julio de 2000, según se observa en
su registro civil de defunción11. El 15 de marzo de 200112, Bertha Luz Bermúdez
Pérez, actuando en nombre y representación de su hijo, entonces menor de edad,

9 Se aclara, desde ya, que aunque obran otros elementos probatorios que fueron allegados a este

proceso, no resulta indispensable que la Sala se refiera a los mismos, pues esta instancia se ceñirá
a lo resuelto en el fallo apelado y a los argumentos del recurso de apelación. Es por lo anterior que
en este acápite no se relacionaran las declaraciones rendidas en la audiencia de pruebas -que obran
a folios 1054 a 1057 del cuaderno principal- ni el dictamen pericial -dirigido a obtener el valor
comercial de los bienes inmuebles de propiedad del señor Jaime Escobar Echeverri-.
10 Frente a este aspecto, debe precisarse que las pruebas practicadas válidamente en un proceso

pueden trasladarse a otro, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de
la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella (según artículo 174 del Código General del
Proceso). También pueden ser valoradas cuando son allegadas a petición de una de las partes y la
otra estructura su defensa con fundamento en aquella, o cuando las dos partes lo solicitan como
prueba, una en la demanda y la otra en el escrito de contestación (al respecto, ver: Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de
unificación del 11 de septiembre de 2013, exp. 20601. M.P. Danilo Rojas Betancourth).
11 Folio 4 del cuaderno 1.
12 Folio 17 a 18 del cuaderno 1.

7

Radicación: 76001-23-33-000-2012-00239-01 (70.644)
Actor: Jaime Andrés Escobar Bermúdez
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

Jaime Andrés Bermúdez, promovió demanda de investigación de paternidad
extramatrimonial en contra de “Luz Ángela Escobar López y demás herederos
indeterminados del señor Jaime Escobar Echeverri”, en dicha actuación judicial
solicitó que se declarara que el ahora demandante era hijo extramatrimonial del
fallecido Jaime Escobar Echeverri.

24. - Ese proceso, identificado con el radicado 76001-3110-010-2001-00224-00, se
repartió al Juzgado Décimo de Familia de Santiago de Cali13. El 26 de marzo de
2001 la demanda fue inadmitida14, debido a que no existía congruencia entre los
demandados determinados relacionados en el poder y los indicados en la demanda,
por lo que se debían aclarar sus nombres y los domicilios en los que recibirían las
notificaciones y, también, porque no se aportó copia de la demanda y sus anexos
para el traslado de todos los demandados. El 6 de abril de 2001, y después de su
subsanación, se admitió la demanda en contra de la cónyuge supérstite y los hijos
legítimos del causante -Aleyda López, Jaime Rodrigo, Pablo César, Luz Ángela y
Clara Sofía Escobar López-, así como contra sus herederos indeterminados15; de
estos últimos, se ordenó su emplazamiento, por edicto, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 318 del CPC.

25. - El 25 de abril de 200116, el Juzgado Décimo de Familia de Santiago de Cali
ordenó la citación de los demandados, con el fin de que se notificaran
personalmente del auto admisorio de la demanda. El 11 de mayo de 2001, y
después de que la parte demandante pagó el arancel judicial17, se libró el aviso de
notificación a los demandados y el edicto en el que se emplazó a los herederos
indeterminados de Jaime Escobar Echeverri18.

26. - El 21 de mayo de 2001 se dejó constancia secretarial de que no fue posible
notificar personalmente a los demandantes en la dirección que fue aportada en la
demanda19, por lo que se fijó el respectivo aviso en el inmueble en cuestión20. El 21
de junio siguiente21, en vista de que los demandados determinados no se habían
presentado, se procedió a fijar edicto en un lugar público de la secretaría del juzgado
y una vez vencido el término del edicto emplazatorio, el 31 de julio de 200122, tanto

13 Folio 21 cuaderno 1.
14 Folio 19 del cuaderno 1.
15 Folio 21 del cuaderno 1.
16 Folios 22 a 24 del cuaderno 1.
17 Folio 25 del cuaderno 1.
18 Folios 26 y 44 del cuaderno 1.
19 Folios 27 a 31 del cuaderno 1.
20 Folio 32 del cuaderno 1.
21 Folio 43 del cuaderno 1.
22 Folio 45 del cuaderno 1.

8

Radicación: 76001-23-33-000-2012-00239-01 (70.644)
Actor: Jaime Andrés Escobar Bermúdez
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

a los demandados determinados como a los indeterminados se les nombró un
curador ad litem.

27. - Jaime Rodrigo Escobar López -uno de los demandados- confirió poder a un
abogado, quien, al contestar la demanda, suministró direcciones de notificación de
los demandados restantes23.

28. - El 13 de septiembre de 2001, el Juzgado Décimo de Familia de Santiago de
Cali determinó que debía tener en cuenta la información suministrada por Jaime
Rodrigo Escobar López para notificar personalmente a las personas mencionadas,
por lo que ordenó “abstenerse (…) de discernirle el cargo a [la curadora designada]
hasta [obtener] los resultados de las citaciones”24, y en vista de que Pablo César y
Clara Sofia Escobar López residían en Bogotá, libró el despacho comisorio número
072 a esta ciudad, con el fin de notificarlos25.

29. - El 31 de octubre de 2001, el Juzgado Cuarto de Familia de Bogotá ordenó que
se notificara a Pablo César y Clara Sofia Escobar López del contenido del auto
admisorio de la demanda de filiación extramatrimonial26; en primer lugar, intentó la
notificación personal, la cual no pudo llevarse a cabo según consta en el “informe
de notificación” del 23 de noviembre de 200127; ese mismo día se fijó un aviso
judicial en la dirección que había sido proporcionada por Jaime Rodrigo Escobar
López28; finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 318 del CPC, el
25 de enero de 200229, se fijó edicto en la secretaría del juzgado, con la finalidad
que estas personas comparecieran personalmente o por medio de apoderado para
notificarse del auto admisorio, el que se desfijó el 22 de febrero de 2002 30. El
Juzgado Cuarto de Familia de Bogotá, el 22 de marzo siguiente, “cumplida la
comisión”, devolvió las diligencias al despacho de origen31.

30. - El 2 de agosto de 200232, el Juzgado Décimo de Familia de Santiago de Cali
advirtió algunas falencias en punto de la notificación de los demandados; razón por
la que determinó que i) se debía aportar la boleta de notificación para citar a Aleyda

23 Folios 49 a 51 del cuaderno 1.
24 Folios 53 y 54 del cuaderno 1.
25 Folio 55 del cuaderno 1.
26 Folio 63 del cuaderno 1.
27 Folio 64 del cuaderno 1.
28 Folio 65 del cuaderno 1.
29 Folio 66 del cuaderno 1.
30
Respaldo del folio 66 del cuaderno 1.
31 Folios 63 a 69 del cuaderno 1.
32 Folio 75 del cuaderno 1.

9

Radicación: 76001-23-33-000-2012-00239-01 (70.644)
Actor: Jaime Andrés Escobar Bermúdez
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

López de Escobar y Luz Ángela Escobar López en la dirección que fue aportada por
Jaime Rodrigo Escobar López, porque la consignada en la demanda “no
correspondía” a estas demandadas. También advirtió que ii) aunque en el despacho
comisorio que se libró en Bogotá, se realizó el emplazamiento de Pablo César y
Clara Sofia Escobar López, “el mismo no fue publicado en la prensa y radio de esa
ciudad”, por lo que ordenó realizarlo nuevamente y publicarlo en el diario “El Tiempo
– Bogotá” y en una emisora local33. La anterior decisión fue adicionada el 13 de
agosto de 2002, en el sentido de que la publicación del edicto emplazatorio se
realizaría a través del Juzgado Cuarto de Familia de la ciudad de Bogotá, razón por
la que se ordenó, nuevamente, el envío del despacho comisorio34.

31. - El 25 de septiembre de 2002, el Juzgado Décimo de Familia de Santiago de
Cali le solicitó al Juzgado Cuarto de Familia de la ciudad de Bogotá la devolución
del despacho comisorio35.

32. - De este proceso, Aleyda López se notificó el 19 de noviembre de 2002 en
nombre propio y como representante legal de sus hijos menores Luz Angela, Pablo
César y Clara Sofía Escobar López36. En su escrito de contestación de la demanda,
advirtió que en caso de que se declarara la filiación extramatrimonial pretendida,
debía declararse la caducidad de sus efectos patrimoniales37.

33. - El 20 de enero de 2003, en vista de que los demandados determinados se
habían notificado personalmente, la curadora ad litem designada se tuvo solo para
los herederos indeterminados y se le discernió el cargo dentro del proceso38.

34. - El 22 de enero de 2003, el apoderado de Jaime Andrés Bermúdez reformó la
demanda de filiación extramatrimonial, en el sentido de indicar que ejercía, también,
la acción de petición de herencia en contra Aleyda López de Escobar, en su
condición de cónyuge supérstite del causante y en representación de Luz Ángela,
Jaime Rodrigo, Pablo César y Clara Sofía Escobar López, estos últimos como
herederos de Jaime Escobar Echeverri. En escrito separado, pidió la inscripción de
la demanda en varios bienes inmuebles de propiedad del fallecido, así como en los
derechos de interés social o cuotas partes de interés del causante en distintas
sociedades comerciales39.

33 Folio 75 cuaderno 1.
34 Folio 76 del cuaderno 1.
35 Folios 85 y 90 del cuaderno 1.
36 Folio 102 del cuaderno 1.
37 Folios 119 a 124 del cuaderno 1.
38 Folio 112 del cuaderno 1.
39 Folios 115 a 118 cuaderno 1.

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Radicación: 76001-23-33-000-2012-00239-01 (70.644)
Actor: Jaime Andrés Escobar Bermúdez
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

35. - El 7 de diciembre de 2004, el Juzgado Décimo de Familia de Santiago de Cali
profirió sentencia, en la que negó la filiación extramatrimonial del aquí demandante
con el causante, al tiempo que declaró la caducidad de los efectos patrimoniales, al
estimar que la notificación del auto admisorio se efectuó “siete meses después de
haber vencido el término legal que establece el artículo 10 de la ley 75 de 1968”40.
Esta decisión fue impugnada por el entonces apoderado de Jaime Andrés
Bermúdez41.

36. - El 12 de marzo de 2008, la Sala de Familia del Tribunal Superior de Cali revocó
parcialmente la decisión de primera instancia y, en su lugar: i) declaró que Jaime
Escobar Echeverri era el padre de Jaime Andrés Bermúdez y ordenó la inscripción
de esa determinación en el correspondiente folio de su registro civil de nacimiento;
ii) negó que Aleyda López, Luz Ángela y Jaime Rodrigo Escobar López estuvieran
legitimados en la causa, por lo que sólo reconoció como legítimos contradictores a
Pablo César y Clara Sofía Escobar López y iii) mantuvo incólume la caducidad de
los efectos patrimoniales de la filiación extramatrimonial frente a los contradictores
legítimos, porque el auto admisorio de la demanda se les notificó el 19 de noviembre
de 2002, esto es, por fuera del término establecido en el artículo 10 de la Ley 75 de
196842.

37. - El 31 de agosto de 2010, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia decidió
no casar la sentencia del 12 de marzo de 200843.

Análisis del caso concreto

38. Tal como lo expuso Jaime Andrés Escobar Bermúdez en su escrito inicial, y lo
reiteró en su recurso de apelación, el artículo 1044 de la Ley 75 de 196845 determina
que, una vez fallece el presunto padre, la acción de investigación de la paternidad
natural puede adelantarse contra sus herederos y su cónyuge; sin embargo, no

40 Folios 486 a 510 del cuaderno 2.
41 Folios 568 a 578 del cuaderno 2.
42 Folios 647 a 674 del cuaderno principal.
43 Folios 910 a 936 del cuaderno principal.
44 Artículo que modificó el artículo 7 de la Ley 45 de 1936, y que dispone lo siguiente:

"Las reglas de los artículos 395, 398, 399, 401, 402, 403 y 404 del Código Civil se aplican también
al caso de filiación natural.
Muerto el presunto padre la acción de investigación de la paternidad natural podrá adelantarse contra
sus herederos y su cónyuge.
Fallecido el hijo, la acción de filiación natural corresponde a sus descendientes legítimos, y a sus
ascendientes.
La sentencia que declare la paternidad en los casos que contemplan los dos incisos precedentes,
no producirá efectos patrimoniales sino a favor o en contra de quienes hayan sido parte en el juicio,
y únicamente cuando la demanda se notifique dentro de los dos años siguientes a la defunción".
45 “Por la cual se dictan normas sobre filiación y se crea el Instituto Colombiano de Bienestar

Familiar”.

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Radicación: 76001-23-33-000-2012-00239-01 (70.644)
Actor: Jaime Andrés Escobar Bermúdez
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

puede transcurrir un lapso superior a dos años siguientes a la defunción del
causante para notificarle el auto admisorio de la demanda a quienes hayan sido
parte en el juicio; vencido este término, la sentencia que declare la paternidad no
producirá efectos patrimoniales.

39. En el sub lite se pretende atribuirle responsabilidad a la Rama Judicial, alegando
que lo que causó que se declarara la caducidad de los efectos patrimoniales de la
sentencia que estableció la paternidad del causante con el aquí demandante, y
seguidamente impidió que heredara sus bienes, fueron las deficiencias en el trámite
de notificación del auto admisorio de la demanda dentro del proceso de filiación
extramatrimonial con petición de herencia que conoció el Juzgado Décimo de
Familia de Santiago de Cali, bajo el radicado 2001-00224.

40. Como se anotó, en el proceso que cursó en el Juzgado Décimo de Familia de
Santiago de Cali, se demandó tanto a los herederos determinados como a los
indeterminados de Jaime Escobar Echeverry; con respecto a los primeros, la
demanda de filiación extramatrimonial se dirigió en contra de Aleyda López, Jaime
Rodrigo, Pablo César, Luz Ángela y Clara Sofía Escobar López y la parte actora,
con fines de notificarlos, aportó la dirección de una residencia, ubicada en la ciudad
de Santiago de Cali, en la que, aseguró, residían todos ellos.

41. Como no fue posible notificar personalmente a los demandantes en la dirección
aportada en el escrito inicial, en la que también se fijó el respectivo aviso, se
procedió a fijar edicto en la secretaría del juzgado y, vencido el término de fijación,
el 31 de julio de 2001, se nombró un curador ad litem para que representara tanto
a los demandados determinados como a los herederos indeterminados del presunto
padre. Fue en ese preciso momento procesal en que Jaime Rodrigo Escobar López
-uno de los demandados- confirió poder a un abogado, para que lo representara en
el proceso ordinario de filiación extramatrimonial; al tiempo que presentó su
contestación de la demanda46. De este escrito se destaca que, en el acápite
denominado “A LAS NOTIFICACIONES”, consignó lo siguiente: “[l]a señora Aleyda
López de Escobar no reside ni trabaja en la dirección indicada en la demanda,
puesto que su residencia es la Calle 4a No. 1 - 61 Apto 1401, lugar este donde
también reside la señorita LUZ ANGELA ESCOBAR LÓPEZ. Y en cuanto a los
demandados PABLO CÉSAR y CLARA SOFÍA ESCOBAR LÓPEZ ni residen ni
trabajan en la dirección indicada en la demanda, calle 9a No. 5 - 34 de Cali, toda

46 Folios 49 a 51 del cuaderno 1.

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Referencia: Reparación directa

vez que su residencia y domicilio es en la ciudad de Bogotá en la calle 126 No. 12 -
71 Apto 402 Edificio Bouganville”.

42. Teniendo en cuenta lo anterior, el 13 de septiembre de 2001, el Juzgado Décimo
de Familia de Santiago de Cali determinó que tendría en cuenta la información
transcrita para notificar personalmente a las personas mencionadas, por lo que
“ordenó abstenerse de discernirle el cargo a la curadora designada hasta obtener
los resultados de las citaciones”.

43. La parte recurrente insiste en que el Juzgado Décimo de Familia de Santiago de
Cali debió notificarle el auto admisorio de la demanda al curador que había sido
designado, pero que optó, de “forma errónea”, por librar despacho comisorio a la
ciudad de Bogotá.

44. Después de realizar una evaluación integral de los aspectos del litigio y las
condiciones en que se tramitó el proceso civil, la Sala advierte que no prospera el
argumento del recurrente. La actuación del Juzgado Décimo de Familia de Cali no
fue arbitraria, sino que resultó razonable, por las dos razones que se expondrán a
continuación.

45. La primera, que la determinación cuestionada fue adoptada por el Juzgado
Décimo de Familia de Santiago de Cali en procura de garantizar los derechos de
defensa y del debido proceso de los sujetos procesales involucrados en el entonces
litigio de filiación extramatrimonial.

46. En efecto, está demostrado que al juzgado en cuestión se le comunicó que los
demandados no residían en la dirección de Santiago de Cali -como se había
indicado en la demanda-, en la que se agotaron las gestiones tendientes a notificar
el auto admisorio de la demanda; al tiempo que se le informó de nuevas direcciones
tanto de Aleyda López de Escobar y Luz Angela Escobar López -en Santiago de
Cali- como de Pablo César y Clara Sofia Escobar López -en Bogotá-.

47. Ante estos datos, resultaba razonable, y hasta prudente, que el ente judicial
persistiera en el intento de la notificación personal de los demandados, en la medida
en que existían motivos para creer, o al menos para no descartar, que ante el hecho
de que no pudieron ser localizados en el lugar indicado por la parte actora, Pablo
César y Clara Sofia Escobar López podían tener su residencia en Bogotá, y no en
Santiago de Cali -lo que hacía necesario librar despacho comisorio a un juez de
Bogotá, para que intentara su notificación-.

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48. No se puede perder de vista que el legislador le confiere un tratamiento
preferente a la notificación personal, por ser la que otorga una mayor garantía de
que el demandado conozca la existencia del proceso y ejerza, en debida forma, su
derecho de defensa; en ese sentido, se ha pronunciado la Corte Constitucional, que
ha resaltado que esa especie de notificación debe ser privilegiada, “por ser la que
garantiza en mayor medida los citados derechos fundamentales. Las demás tienen
un carácter supletivo de aquella”47.

49. En ese contexto, no parece desacertado que se hubiera procurado, por medios
legales y legítimos, que los entonces demandados fueran enterados personalmente
de la existencia del proceso de filiación extramatrimonial, pues la figura del curador
ad litem tiene un carácter subsidiario, residual y, por lo mismo, debía aplicarse
únicamente ante la verificada imposibilidad de que los interesados pudieran ser
ubicados para que se apersonaran del proceso.

50. En definitiva, no es posible sostener que, desde el momento procesal que resalta
el recurrente, debía notificarse el auto admisorio de la demanda al curador que
había sido designado. Tal proceder era inconveniente, ante la información aportada
al proceso por uno de los codemandados, relativa al posible paradero de los demás
demandados; era recomendable privilegiar la notificación personal de estos; lo
contrario suponía un tratamiento procesal desventajoso que, incluso, habría podido
configurar una nulidad procesal, de conformidad con el numeral 8° del artículo 140
del Código de Procedimiento Civil48 -vigente para la época de los hechos-.

51. La segunda, que el apoderado del aquí demandante no recurrió la
determinación del 13 de septiembre de 2001 -proferida mediante auto de
sustanciación número 526-, pese a que era susceptible de recurso de reposición,
de conformidad con el artículo 348 del CPC -aplicable en ese momento49-. Esto se

47 Corte Constitucional, sentencia C-783 del 18 de agosto de 2004.
48 “Artículo 140. El proceso es nulo en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:

(…)
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación al demandado o a su representante, o al
apoderado de aquél o de éste, según el caso, del auto que admite la demanda o del mandamiento
ejecutivo, o su corrección o adición (…)”.
49 Artículo modificado por el Decreto 2282 de 1989, que disponía: “Salvo norma en contrario, el

recurso de reposición procede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado ponente
no susceptibles de súplica y contra los de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema, a fin de
que se revoquen o reformen.
El recurso deberá interponerse con expresión de las razones que lo sustenten, por escrito presentado
dentro de los tres días siguientes al de la notificación del auto, excepto cuando éste se haya dictado
en una audiencia o diligencia, caso en el cual deberá interponerse en forma verbal inmediatamente
se pronuncie el auto.

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Referencia: Reparación directa

traduce en un consentimiento tácito que suministró el entonces apoderado del aquí
demandante, en el sentido de que convalidaba el agotamiento de la notificación
personal con la información aportada por Jaime Rodrigo Escobar López, con todo
lo que ello implicaba.

52. Se debe destacar que la Constitución Política le impone a los ciudadanos el
deber de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia -
artículo 95 Superior50-. Precisamente, a las partes, en el trámite de sus asuntos
judiciales, les resulta exigible diligencia, que conlleva a que hagan uso de los
mecanismos que tengan a su alcance para que, con su activación, esos asuntos
sean resueltos por los jueces naturales de las distintas controversias, y no tengan
que alegarse, posteriormente, como fuente de daño en otro proceso distinto, para
el caso, en uno de reparación directa.

53. Bajo ese entendido, al entonces apoderado de Jaime Andrés Bermúdez se le
exigía “un mínimo de interés y de compromiso en [la] atención oportuna y
diligente”51 del asunto que puso a consideración de la Rama Judicial, lo que se
traducía en que cuestionara por vía de reposición, por inconveniente o
improcedente, la determinación adoptada por el juez del proceso, en el sentido de
deferir la notificación al curador ad litem de los demandados determinados y, en
cambio, persistir en el trámite de su notificación personal.

54. El fallo de primera instancia consignó otra tesis: que la determinación que
adoptó, el 2 de agosto de 2002, el Juzgado Décimo de Familia de Santiago de Cali
-de ordenar, nuevamente, la fijación del aviso judicial y la publicación del edicto-

El auto que decide la reposición no es susceptible de ningún recurso, salvo que contengan puntos
no decididos en el anterior, caso en el cual podrán interponerse los recursos pertinentes respecto de
los puntos nuevos.
Los autos que dicten las salas de decisión no tienen reposición; podrá pedirse su aclaración o
complementación para los efectos de los artículos 309 y 311, dentro del término de su ejecutoria”.
50 “Artículo 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional.

Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades
reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades.
(…).
7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia (...)”.
51 Corte Constitucional, sentencia C-1065 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

Palabras textuales de la Alta Corte: “Este artículo contiene una sanción por el desconocimiento del
deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración
de justicia (Art. 95-7 C.P.), pues no sólo se trata de guardar el debido respeto hacia los funcionarios
judiciales, sino que también se reclama de los particulares un mínimo de interés y de compromiso
en la atención oportuna y diligente de los asuntos que someten a consideración de la rama judicial.
Gran parte de la responsabilidad de las fallas y el retardo en el funcionamiento de la administración
de justicia, recae en los ciudadanos que colman los despachos judiciales con demandas, memoriales
y peticiones que, o bien carecen de valor o importancia jurídica alguna, o bien permanecen inactivos
ante la pasividad de los propios interesados. Por lo demás, la norma bajo examen es un corolario
del principio general del derecho, según el cual “nadie puede sacar provecho de su propia culpa (…)”
(subraya fuera del texto).

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obedeció a la subsanación de una falencia en la que incurrió el Juzgado Cuarto de
Familia de Bogotá al momento de auxiliar el despacho comisorio que le fue
asignado para la notificación de los demandados que residían en Bogotá.

55. En este punto, el a quo resaltó que el artículo 318 del Código de Procedimiento
Civil52 establece que, ordenado el emplazamiento, la parte interesada debe
disponer su publicación a través de uno de los medios expresamente señalados
por el juez; trámite que fue omitido por la autoridad judicial comisionada, lo que
ocasionó que el Juzgado Décimo de Familia de Cali subsanara dicha gestión.

56. Tal particularidad del trámite no fue cuestionada en el recurso de apelación que
aquí se analiza, cuya argumentación se orientó, fundamentalmente, a controvertir
lo relacionado con que se debió notificar al curador ad litem del auto admisorio de
la demanda. Dado que la parte actora no cumplió con la carga de argumentación
mínima que le correspondía al debatir este punto, en tanto que, se reitera, no
mencionó los motivos por los cuales este aspecto debió ser fallado en otro sentido53
y que, en virtud del principio de congruencia de la sentencia, al juez le está vedado
entrar a suponer sus razones de la inconformidad, la Sala se limitará a confirmar,
en este punto, lo planteado por el Tribunal a quo.

57. En cualquier caso, la Sala observa que la decisión del 2 de agosto de 2002 no
tuvo incidencia alguna en la declaratoria de caducidad de los efectos patrimoniales

52 “Artículo 318. El emplazamiento de quien deba ser notificado personalmente procederá en los

siguientes casos:
1. Cuando la parte interesada en una notificación personal manifieste que ignora la habitación y el
lugar de trabajo de quien debe ser notificado.
2. Cuando la parte interesada en una notificación personal manifieste que quien debe ser notificado
se encuentra ausente y no se conoce su paradero.
3. En los casos del numeral 4 del artículo 315.
El emplazamiento se surtirá mediante la inclusión del nombre del sujeto emplazado, las partes del
proceso, su naturaleza o el juzgado que lo requiere, en un listado que se publicará por una sola vez,
en un medio escrito de amplia circulación nacional o en cualquier otro medio masivo de
comunicación, a criterio del juez. El juez deberá indicar en el auto respectivo, el nombre de al menos
dos medios de comunicación de amplia circulación nacional que deban utilizarse.
Ordenado el emplazamiento, la parte interesada dispondrá su publicación a través de uno de los
medios expresamente señalados por el juez.
Si el juez ordena la publicación en un medio escrito ésta se hará el día domingo; en los demás casos,
podrá hacerse cualquier día entre las seis de la mañana y las once de la noche.
El interesado allegará al proceso copia informal de la página respectiva donde se hubiere publicado
el listado y si la publicación se hubiere realizado en un medio diferente del escrito, allegará constancia
sobre su emisión o transmisión, suscrita por el administrador o funcionario de la emisora.
El emplazamiento se entenderá surtido transcurridos quince (15) días después de la publicación del
listado. Si el emplazado no comparece se le designará curador ad litem, con quien se surtirá la
notificación.
PARÁGRAFO. Si el emplazado concurre personalmente al proceso por gestión del curador ad litem,
y, por tal causa, este último Césare en sus funciones, sus honorarios se incrementarán en un
cincuenta por ciento”.
53 Consultar, entre otras providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Tercera, Subsección A, sentencias del 5 de marzo de 2020, exp. 50216 y del 24 de abril de
2020.

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de la filiación, y la supuesta pérdida de los bienes que debió heredar el demandante.
Lo anterior si se tiene en cuenta que en el sub lite se acreditó que Jaime Escobar
Echeverri falleció el 1° de julio de 2000, lo que implicaba que el lapso de dos años,
establecido para poder dotar de efectos económicos a la sentencia que declarara la
filiación del causante con el aquí demandante, vencía el 2 de julio de 2002. La
determinación que ordenó, nuevamente, la fijación del aviso judicial y la publicación
del edicto se profirió el 2 de agosto siguiente, momento en el que el actor ya había
perdido los derechos económicos que le asistían sobre la masa de bienes dejada
por el causante.

58. Para finalizar, el demandante destacó, en su recurso de apelación, que “la
familia Echeverri López” obstaculizó por todos los medios que la demanda le fuera
notificada dentro del plazo fijado en el artículo 10 de la Ley 75 de 1968; esto con la
finalidad de efectuar un “fraude procesal” en detrimento de sus derechos
económicos.

59. Sobre este aspecto, la Sala debe destacar que el trámite de la reparación directa
no es el escenario pertinente para valorar si, en un proceso determinado, se incurrió,
o no, en el delito de fraude procesal. Si existieron maniobras fraudulentas por parte
de los entonces demandados en el proceso civil en que se dictó la sentencia, y que
afectaron al aquí actor, el ordenamiento jurídico ponía a su disposición la posibilidad
de promover el recurso extraordinario de revisión54. Para lo que acá interesa, esta
Subsección pone de presente que las actuaciones que adelantaron los entonces
accionados estaban gobernadas por el principio de buena fe -artículo 83 de la
CP55-, el cual se presume y a esto se atiene la Sala, al no encontrar demostradas
circunstancias fehacientes que permitan desvirtuarlo.

60. Así las cosas, resta por dilucidar el argumento de defensa del demandante,
según el cual no actuó con negligencia, si se tenía en cuenta que presentó la
demanda de filiación extramatrimonial dentro de los dos años siguientes al deceso
de Jaime Escobar Echeverri y que, atendido ese plazo legal, nada le impedía,
después, ejercer su derecho a reclamar la herencia que le dejó su progenitor.

54 Al respecto, tanto el numeral 8 del artículo 380 del CPC como el numeral 6 del artículo 355 del

CGP disponen como causal de revisión: “[h]aber existido colusión u otra maniobra fraudulenta de las
partes en el proceso en que se dictó la sentencia, aunque no haya sido objeto de investigación penal,
siempre que haya causado perjuicios al recurrente”.
55 Al respecto, ese artículo dispone que “[l]as actuaciones de los particulares y de las autoridades

públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones
que aquellos adelanten ante éstas”.

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61. La afirmación del demandante no es de recibo, toda vez que al analizar el
contenido del artículo 10 de la Ley 75 de 1968, es claro que el interés del legislador
radicó no sólo en que la demanda fuera promovida dentro del término allí previsto,
sino en que, en ese lapso, los sucesores del difunto y su cónyuge conocieran de la
existencia del proceso y pudieran oponer, en tiempo, su defensa.

62. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha dicho que la limitación temporal -
plazo de caducidad- de quien alegue ser hijo y pretenda que se le reconozcan
efectos patrimoniales, es una garantía en favor de los sucesores reconocidos y
demás asignatarios, en el sentido de que sus derechos patrimoniales no queden
sometidos indefinidamente a la voluntad de quienes pudieran llegar a demandar la
filiación, particularmente de aquellas personas que “se aprovechan de las delebles
consecuencias que el transcurso del tiempo deja sobre los medios de prueba”56.

63. Entonces, aunque en este caso la demanda de investigación de paternidad
extramatrimonial se interpuso 15 de marzo de 2001, lo cierto es que el auto
admisorio de la demanda se les notificó a los contradictores legítimos por fuera del
término establecido en el artículo 10 de la Ley 75 de 1968 -el 19 de noviembre de
2002-; así lo determinaron tanto el Juzgado Décimo de Familia de Santiago de Cali
como la Sala de Familia del Tribunal Superior de esa ciudad. La declaración de este
fenómeno procesal, como se explicó, no ocurrió por la inactividad, desidia o
negligencia del juzgado de familia que tenía a su cargo el referido proceso.

64. En este punto adquiere relevancia, y sobre todo razonabilidad, la tesis sostenida
por el a quo, al hacer énfasis en que tiempo después de que había operado la
referida caducidad -el 22 de enero de 2003- fue que el apoderado de Jaime Andrés
Bermúdez reformó la demanda de filiación extramatrimonial, y agregó que ejercía,
también, la acción de petición de herencia.

56 Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha dicho lo siguiente:

“Considerando el legislador que no es justo someter a los herederos del difunto y a su cónyuge al
deber de afrontar una demanda calculadamente tardía, intencionalmente demorada con el definido
propósito de hacer más difícil la defensa de quienes desconocen actos claramente íntimos o
reservados de su causante, o en espera de que el tiempo borre huellas que pudieran servir de escudo
a los sucesores, determinó que el derecho de investigar la paternidad, en caso de muerte del padre
presunto, debe ejercitarse dentro de esos dos años para que el fallo produzca en favor del hijo los
efectos patrimoniales que le son propios. No obstante, como el interés evidente que el legislador
perseguía con tal medida no era sólo el de que el derecho fuera ejercitado dentro de ese preciso
término, sino también el de que los sucesores del difunto y su cónyuge conocieran oportunamente
la existencia de esa pretensión y pudieran oponer en tiempo sus defensas, la ley, estatuyó que la
demanda debe ser notificada dentro del mismo perentorio término bienal”. Corte Suprema de
Justicia, sentencia del 19 de noviembre de 1976.

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65. Las personas que acuden ante la justicia con el fin de satisfacer sus
pretensiones deben acatar los plazos razonables establecidos por el legislador; de
lo contrario, la consecuencia será la ocurrencia inexorable del fenómeno jurídico
procesal de la caducidad; en el sub lite, el incumplimiento de tal diligencia implicó la
pérdida de dotar de efectos económicos a la sentencia que declaró la filiación del
causante con el actor, y así hacer efectivos sus derechos sucesorales.

66. La Sala destaca, también, el hecho de que, aunque el inciso 4° del 10° de la ley
75 de 1968 consagra el término perentorio de 2 años para que el descendiente
instaure la pretensión de filiación, contado desde el fallecimiento de su progenitor,
a efectos de obtener secuelas de índole económica; nada obsta para que dicha
acción sea ejercida antes de su deceso. Lo expuesto cobra relevancia si se tiene en
cuenta que, según se evidencia de los elementos de juicio que obran en el proceso,
el aquí demandante conoció de la paternidad biológica de Jaime Escobar Echeverri
en vida, circunstancia que, incluso, fue aceptada en la demanda57, en la que se
reconoció que “a pesar de no haber sido reconocido legalmente desde su
nacimiento por su señor padre Escobar Echeverry, [el actor] sí gozó desde su niñez
del cariño, cuidado y manutención por parte del mismo”.

67. En ese escenario, el aquí demandante, en ejercicio de las facultades que le
otorgaba el ordenamiento, estaba plenamente facultado para interponer la
respectiva demanda de filiación en relación con Jaime Escobar Echeverri, sin que
para ese entonces corriera la carga de los dos años de caducidad a la que aquí se
ha hecho alusión.

68. Por todo lo analizado, la Sala confirmará la sentencia apelada, que negó las
pretensiones de la demanda.

La condena en costas

69. Los artículos 188 del CPACA, 365.1 y 365.4 del CGP prevén que se debe
condenar en costas a la parte demandante; no obstante, debido a que, mediante
auto del 30 de mayo de 201358, en el presente asunto se reconoció el amparo de
pobreza en favor de Jaime Andrés Escobar Bermúdez, la Sala se abstendrá de

57
La confesión se encuentra enlistada como un medio de prueba y, de conformidad con las
disposiciones que la regulan, se refiere a las manifestaciones realizadas por uno de los extremos de
la litis en un interrogatorio de parte o las efectuadas por sus apoderados que ostentan valor
probatorio únicamente cuando se cumplan con las formalidades establecidas en la ley.
58 Folio 1009 del cuaderno principal.

19

Radicación: 76001-23-33-000-2012-00239-01 (70.644)
Actor: Jaime Andrés Escobar Bermúdez
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

imponer una condena por este concepto a su cargo, según lo establecido en el
artículo 154 del CGP59.

70. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR, por las razones expuestas en esta providencia, la
sentencia del 31 de agosto de 2023, proferida por la Sala Segunda de Decisión del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente de este proceso al Tribunal de origen y, acto seguido, FINALIZAR y
ARCHIVAR esta actuación en la plataforma tecnológica SAMAI del Consejo de
Estado.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
AUSENTE CON PERMISO

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

59
“Artículo 154. El amparado por pobre no estará obligado a prestar cauciones procesales ni a pagar
expensas, honorarios de auxiliares de la justicia u otros gastos de la actuación, y no será
condenado en costas (…) (se resalta).

20

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