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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2012-00254-01

Fecha
12 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2012-00254-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero.- Confirmar la sentencia del 14 de marzo de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del proceso instaurado por la señora María del Pilar Murillo Ibarguen en contra de la E.S.E. Antonio Nariño, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda. Segundo.- Condenar en costas de segunda instancia a la señora María del Pilar Murillo Ibarguen, las cuales deberán ser liquidadas por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Tercero.- Reconocer personería a la abogada Yency Lorena Chitiva León como apoderada de la Nación (Ministerio de Salud y de la Protección Social), en los términos y para los efectos del poder obrante en el índice 17 de la plataforma SAMAI. 32 Radicado: 76001-23-33-000-2012-00254-01 (3991-19) Demandante: María del Pilar Murillo Ibarguen En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo a realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2012-00254-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

12 de septiembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., doce (12) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-000-2012-00254-01 (3991-2019)
Demandante: María del Pilar Murillo Ibarguen
Demandado: E.S.E. Antonio Nariño liquidada, y la Nación (Ministerio de
Salud y de la Protección Social)

Temas: Relación laboral subyacente o encubierta, cooperativas de
trabajo asociado, deficiencia probatoria

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, quien
actúa por intermedio de apoderado, contra la sentencia proferida el 14 de marzo de
2019 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual se
negaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes
1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso-Administrativo (CPACA), la señora María del Pilar Murillo Ibarguen,
mediante apoderado, formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo en orden a que se declare la nulidad del Oficio 1100000-184834 del
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001-23-33-000-2012-00254-01 (3991-19)
Demandante: María del Pilar Murillo Ibarguen

15 de diciembre de 2011, emitido por el coordinador del Grupo de Administración
de Entidades Liquidadas del Ministerio de Salud y Protección Social.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, y
teniendo en cuenta la ineficacia del acuerdo cooperativo suscrito entre la
peticionaria y las Cooperativas Prestadoras de Servicios Personales solicitó i)
reconocer y pagar las prestaciones sociales por todo el tiempo servido a la ESE
Antonio Nariño, esto es, entre el 27 de junio de 2003 y el 15 de noviembre de 2008,
tales como cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicios, navidad,
vacaciones, técnica y de localización, primas adicionales convencionales,
vacaciones, auxilios de transporte y de alimentación, horas extras, sanción
moratoria por la no consignación en tiempo de las cesantías, por la falta de pago de
la totalidad de las prestaciones, y por la terminación de la relación laboral, así como
los salarios del mes de septiembre y 4 días del mes de octubre de 2008; ii) cancelar
los dineros que por aportes a la seguridad social le correspondió pagar y los que se
descontaban por parte de la cooperativa de trabajo; iii) indexar las sumas que
resulten; y iv) condenar en costas y agencias en derecho a la entidad accionada.

Como pretensión subsidiaria solicitó que en el evento en que se determine que el
Oficio 1100000-184834 del 15 de diciembre de 2011 no es un acto administrativo,
declarar la nulidad del acto ficto o presunto producto del silencio negativo frente a
la reclamación de prestaciones presentada el 18 de noviembre de 2011.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:

i) El 20 de junio de 2001, la señora María del Pilar Murillo Ibarguen se vinculó al
Instituto de Seguros Sociales, Seccional Valle del Cauca, en adelante ISS, como
auxiliar de enfermería al servicio de la Clínica Rafael Uribe Uribe, a través de la
suscripción de un contrato de prestación de servicios, el cual fue prolongado en el
tiempo hasta el 26 de junio 2003.

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Radicado: 76001-23-33-000-2012-00254-01 (3991-19)
Demandante: María del Pilar Murillo Ibarguen

ii) Convencida de que su vinculación con el ISS era irregular demandó a dicha
entidad ante la jurisdicción ordinaria laboral y solicitó la declaratoria de la existencia
de un contrato de trabajo y, como consecuencia de ello, el reconocimiento y pago
de prestaciones sociales y convencionales.

iii) El 30 de junio de 2011, el Juzgado 23 Laboral del Circuito de Cali declaró la
existencia de la relación laboral desde el 20 de junio de 2001 hasta el 30 de junio
de 2003, pero absolvió al ISS de pagar las prestaciones sociales, basado en el
argumento de la prescripción. Dicha decisión fue confirmada por el Tribunal Superior
de Distrito Judicial de Cali, mediante sentencia del 31 de enero de 2012.

iv) En desarrollo de la política de reestructuración de la administración pública y la
reducción del gasto se expidió el Decreto 1750 del 2003, que dividió los servicios
de salud administrados por el ISS en diferentes empresas sociales del Estado, las
cuales recibieron el personal que venía laborando con él mencionado ISS, por ello a
partir del «1° de julio de 2003», comenzó a «trabajar» en la ESE Antonio Nariño
tras suscribir un contrato de prestación de servicios con esa entidad directamente.

v) El 30 de noviembre de 2003, la E.S.E. Antonio Nariño (a la cual pertenece la
Clínica Rafael Uribe Uribe, en la que siempre prestó sus servicios) le informó que si
deseaba continuar prestando sus servicios en esa entidad debía afiliarse a una
cooperativa de trabajo asociado, la cual a partir de ese momento se encargaría de
contratar con ella. Así pues, fue presionada para vincularse con la cooperativa de
trabajo asociado desde el 1° de diciembre de 2003 y hasta el 15 de noviembre de
2008, bajo la suscripción de convenios asociativos de trabajo.

vi) A pesar de las irregularidades advertidas en su contratación, continuó prestando
sus servicios en la Clínica Rafael Uribe Uribe en el cargo de auxiliar de enfermería,
recibiendo una retribución que se denominó compensación, pero sin percibir
prestaciones sociales por dichos servicios ni mucho menos convencionales.

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Demandante: María del Pilar Murillo Ibarguen

vii) Cumplió una jornada ordinaria de 8 horas diarias, 7 días a la semana, más
labores de tiempo extra que se fijaron hasta por casi 12 horas diarias.

viii) Para el mes de septiembre y los 4 primeros días del mes de octubre de 2008, a
pesar de haber laborado todos los días cumpliendo, incluso, la extenuante jornada
de horas extras impuesta, no se le retribuyó el servicio prestado ni por parte de la
cooperativa ni de la E.S.E. Antonio Nariño por lo que persiste la deuda.

ix) El 18 de noviembre de 2011, solicitó a la E.S.E. Antonio Nariño en liquidación y/o
Ministerio de Salud y de la Protección Social el reconocimiento de una relación de
orden laboral y el pago de todas las prestaciones sociales correspondientes,
petición que fue resuelta únicamente por dicha cartera ministerial a través del Oficio
1100000-184834 del 15 de diciembre de 2011.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 13, 29, 53, y 228 de la Constitución Política;
1, 2, 3, 4 de la Ley 79 de 1988; 20 de Decreto 468 de 1990; 32 de la Ley 80 de 1993;
6, 7, 22, 23 y 26 del Decreto Ley 254 de 2000; 17 y 18 del Decreto 1750 de 2003;
16 del Decreto 4588 de 2006; 5 y 6 del Decreto 3870 de 2008 y 17 de la Ley 1233
de 2008.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante expuso los
argumentos que se resumen a continuación:

i) El actuar de la entidad demandada desconoce los postulados rectores de los
artículos 25 y 53 de la Constitución Política, el primero, que demanda una protección
especial al trabajo humano y la irrenunciabilidad de un mínimo de derechos y, el
segundo, que afirma que primará la realidad sobre las formalidades pactadas por
los sujetos de una relación de trabajo.

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Demandante: María del Pilar Murillo Ibarguen

ii) Todo el tiempo que la demandante laboró al servicio de la entidad
demandada lo hizo bajo una continuada subordinación y dependencia, elemento
que convierte todas las modalidades de vinculación adoptadas por la E.S.E. en
relaciones de trabajo.

iii) A pesar de que en principio la señora Murillo Ibarguen se hubiere vinculado
a la ESE Antonio Nariño como contratista, es decir, entre el 26 de junio y el 30 de
noviembre de 2003 y, posteriormente, desde el 1º de diciembre de 2003 se hubiera
tornado supuestamente en asociada de una cooperativa, ambas modalidades
contractuales no fueron más que una «charada de falacias» para encubrir la
verdadera relación de trabajo que existió, la que se advierte de manera palmaria por
el simple hecho de que ostentó el cargo de auxiliar de enfermería por espacio de
más de cinco años.

1.2. Contestación de la demanda

Nación (Ministerio de Salud y de la Protección Social)

El apoderado de la demandada se opuso a las pretensiones de la demanda1 y
expuso las siguientes razones de defensa:

i) Visto que la relación de los hechos de la demanda se perfila a comprobar la
existencia de un presunto daño ocasionado por los actos ejecutados por una
persona jurídica diferente al Ministerio de Salud y de la Protección Social, esto es,
la ESE Antonio Nariño y el ISS, es evidente que esa cartera ministerial no tiene
competencia alguna para pronunciarse sobre los hechos o actos ejecutados por
terceras personas, más aún cuando no tuvo la posibilidad de incidir en ellos o
cambiar el curso de las cosas.

ii) Atendiendo a la naturaleza jurídica y el objeto del referido ministerio, este no

1 Folios 217 al 229.

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Demandante: María del Pilar Murillo Ibarguen

tiene dentro de sus funciones y competencias constitucionales ni legales el
reconocimiento, liquidación, reliquidación o pago de prestaciones sociales de quien
no ostenta la condición de funcionario de dicho despacho.

Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva,
inexistencia de obligación, inexistencia de la facultad y consecuente deber jurídico
de este ministerio para reconocer y pagar prestaciones sociales y derechos
convencionales, cobro de lo no debido, inexistencia de solidaridad entre las dos
demandadas, y prescripción.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia escrita proferida
el 14 de marzo de 2019,2 negó las pretensiones de la demanda, con sustento en las
siguientes consideraciones:

i) «Aunque no existe prueba de ello en el expediente, en principio bien podría
afirmarse que la demandante fue incorporada automáticamente a la planta de
personal de la ESE Antonio Nariño en calidad de empleada pública, en virtud del
Decreto 1750 de 2003, pero que dejó de serlo a partir del momento en que se afilió
a la Cooperativa de Trabajo Asociado Desarrollo Empresarial el 1° de diciembre de
2003».

ii) A pesar de las pruebas aportadas y practicadas en el curso del proceso, no
existe certeza de la existencia de la relación laboral que se pretende reconocer,
pues si bien obran testimonios de compañeras de trabajo que hacen alusión a los
tres elementos configurativos de un contrato de trabajo, en el plenario no se
encuentra otra prueba que pueda respaldar dichas afirmaciones como constancias
de los pagos efectuados, documentos que indiquen la vinculación con la ESE,
órdenes de trabajo, u otro documento idóneo para acreditar tal situación, de los que

2 Folios 325 al 340. Con ponencia del magistrado Oscar A. Valero Nisimblat.

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Demandante: María del Pilar Murillo Ibarguen

se pudiera inferir que el vínculo contractual a través de la cooperativa de trabajo
asociado existió para el período que se reclama.

iii) Adicionalmente, el certificado emanado por la Cooperativa de Trabajo
Asociado Desarrollo Empresarial el 23 de enero de 2004, contiene serias
inconsistencias, pues, indica que la actora para esa fecha llevaba dos años y siete
meses trabajando para el ISS, cuando esta información no puede ser certificada por
esa empresa, ya que el mismo documento señala que la señora Murillo Ibarguen se
afilió a esa cooperativa el 1°de diciembre de 2003, de manera que tan solo llevaba
un mes y 20 días perteneciendo a ella.

1.4. El recurso de apelación

La señora María del Pilar Murillo Ibarguen, por intermedio de su apoderado,
interpuso recurso de apelación3 en contra de la sentencia previamente referenciada
y solicitó que se revoque y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la
demanda. Como sustento de su petición expuso lo siguiente:

i) En reiteradas sentencias las Altas Cortes han establecido clara y ampliamente
qué papel han jugado las cooperativas de trabajo asociado en las relaciones
contractuales laborales de los trabajadores en el sector salud. Es por ello que se
deben considerar como meras intermediarias, como fachadas utilizadas con el fin
de encubrir una relación laboral para eludir el pago de prestaciones sociales, por
tanto, resulta «increíble» pensar que por haber sido el trabajador obligado a afiliarse
a una cooperativa podía perder tal calidad.

ii) Como bien lo manifiesta la sentencia de primera instancia las testigos traídas al
plenario expusieron ampliamente todo acerca de horarios, funciones,
subordinación, remuneración, permisos, dotaciones, entre otros aspectos
necesarios para que el juez determinara la existencia de una relación laboral, pues

3 Folios 348 al 355.

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Radicado: 76001-23-33-000-2012-00254-01 (3991-19)
Demandante: María del Pilar Murillo Ibarguen

esta es una prueba de alto poder, ya que las afirmaciones vienen de compañeras
que de primera mano conocieron dicha relación, por lo tanto, debería ser suficiente
el valor probatorio de estos testimonios para establecer que entre la demandante y
la ESE Antonio Nariño existió una relación laboral entre el 27 de junio de 2003 y el
15 de noviembre de 2008.

iii) Por lo anterior, resulta claro que sin importar la modalidad de vinculación que la
actora tuvo con la ESE Antonio Nariño liquidada se presentaron los tres elementos
de la relación laboral.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

1.5.1. La demandante

El apoderado de la señora María del Pilar Murillo Ibarguen reiteró los argumentos
expuestos en el recurso de apelación.4

1.5.2. La demandada

La Nación (Ministerio de Salud y de la Protección Social) solicitó confirmar la
sentencia de primera instancia y en consecuencia se exonere de cualquier
obligación al patrimonio autónomo de remanentes de la E.S.E. Antonio Nariño y al
referido Ministerio.5

1.6. El ministerio público

El agente del ministerio público no rindió concepto.6

La Sala decide, previas las siguientes

4 Memorial allegado en medio magnético, índices 14 y 15 de la plataforma SAMAI.
5 Memorial allegado en medio magnético, índices 16 y 17 de la plataforma SAMAI.
6 Folio 385.

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Demandante: María del Pilar Murillo Ibarguen

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

La Sala debe establecer si entre la señora María del Pilar Murillo Ibarguen y la E.S.E.
Antonio Nariño liquidada, existió una verdadera relación laboral que tenga como
consecuencia el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales que no
devengó durante el tiempo en que prestó servicios a esa entidad directamente y a
través de cooperativas de trabajo asociado.

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

De conformidad con la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, de 9 de
septiembre de 2021, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el marco
normativo y jurisprudencial para determinar la existencia de las relaciones laborales
encubiertas o subyacentes es el siguiente:

El Preámbulo de la Constitución Política de 1991 declara como valores, objetivos y
principios de la Nación «la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad,
el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y
participativo que asegure un orden político, económico y social justo». A su vez, los
artículos 13 y 25 ejusdem desarrollan, como derechos fundamentales, la igualdad y
el trabajo digno:

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un
trabajo en condiciones dignas y justas.

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Demandante: María del Pilar Murillo Ibarguen

Aunado a estos preceptos, el artículo 53 constitucional consagra como derechos
fundamentales de los trabajadores, entre otros, los siguientes: i) igualdad de
oportunidades; ii) remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y
calidad de trabajo; iii) estabilidad en el empleo; iv) irrenunciabilidad a los beneficios
mínimos establecidos en normas laborales; v) facultades para transigir y conciliar
sobre derechos inciertos y discutibles; vi) situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
y, vii) primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos
de las relaciones laborales.

Ahora, el mismo artículo 53, además, expresa que los convenios internacionales
sobre el trabajo, debidamente ratificados por el Estado, forman parte de la
legislación interna (bloque de constitucionalidad laboral). En ese sentido, en el
ámbito del derecho internacional, la igualdad laboral fue consagrada por la
Constitución de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-7 a través del
principio de «salario igual por un trabajo de igual valor», el cual fue desarrollado
por el artículo 2 del Convenio 111 de la misma organización8, en cuya virtud «todo
miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a formular y llevar a
cabo una política nacional que promueva los métodos adecuados a las condiciones
y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de
empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este
respecto».

Asimismo, como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Pacto de San José́ de Costa Rica), Colombia ratificó el «Protocolo de
San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
materia de derechos económicos, sociales y culturales», adoptado en San Salvador,
el 17 de noviembre de 1988, el cual, en sus artículos 6 y 7, consagra el derecho al
trabajo como «(...) la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna
y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o

7 Aprobada el 11 de abril de 1919.
8 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.

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Demandante: María del Pilar Murillo Ibarguen

aceptada», de manera que todos los Estados parte deben garantizar, como mínimo,
«(...) unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias (...)», y, en particular «una
remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de
subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e
igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».

Las disposiciones citadas generan al Estado colombiano el deber de otorgar esas
garantías mínimas para la materialización del derecho al trabajo, pues los artículos
1 y 2 del citado Protocolo de San Salvador16 establecieron la obligación de los
Estados parte de adoptar las medidas necesarias en su ordenamiento interno, para
efectivizar los derechos que en el Protocolo se reconocen, entre ellos, el trabajo. En
consecuencia, ni la ley, ni mucho menos los contratos, los acuerdos o los convenios
laborales pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana o los derechos de los
trabajadores en Colombia.

Retornando al ordenamiento nacional, el artículo 122 de la Constitución, al señalar
que «no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o
reglamento, y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén
contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el
presupuesto correspondiente», define una característica esencial de las relaciones
laborales de naturaleza legal y reglamentaria y constituye fundamento constitucional
para prohibir la suscripción de contratos de prestación de servicios para vincular
personas en el desempeño de funciones propias o permanentes de las entidades
estatales.

A su turno, el Código Sustantivo de Trabajo, en sus artículos 23 y 24, recoge a nivel
legal, como elementos que configuran la relación laboral, los siguientes: i) la
actividad personal del trabajador; ii) la continuada subordinación o dependencia del
trabajador respecto del empleador; y, iii) un salario como retribución del servicio.
Con base en estos presupuestos, esta corporación ha determinado la existencia del
vínculo laboral en contratos de prestación de servicios, pues a falta de un estatuto
del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece el ordenamiento, junto

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con los principios fundamentales del artículo 53 superior, para hacer efectiva la
garantía de los derechos de las personas que se relacionan laboralmente con el
Estado.

Así las cosas, con base en estos presupuestos, esta corporación ha determinado la
existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios, pues a falta
de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece el
ordenamiento, junto con los principios fundamentales del artículo 53 superior, para
hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan
laboralmente con el Estado.

2.2.1. El contrato estatal de prestación de servicios

El contrato estatal de prestación de servicios, por ser uno de los instrumentos de
gestión pública y de ejecución presupuestal más importantes de la Administración
para satisfacer sus necesidades y asegurar el cumplimiento de los fines del Estado,
es un tipo de negocio jurídico que expresamente recoge el estatuto general de
contratación pública; se trata, por tanto, de un contrato típico, pues está definido en
el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que establece lo siguiente:

3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad.
Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades
no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable.

Adicionalmente, la regulación del contrato de prestación de servicios ha sido
complementada por otras disposiciones legales y reglamentarias, entre las cuales
destacan las contenidas en la Ley 1150 de 2007 y en los decretos reglamentarios
855 de 1994, 1737, 1738 y 2209 de 1998, 2170 de 2002, 66 de 2008, 2474 de 2008,
2025 de 2009, 4266 de 2010 y 734 de 2012; muchas de ellas modificadas,

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subrogadas, derogadas e incluso compiladas en el Decreto 1082 de 2015, 9 cuyo
Libro 2, Parte 2, Título 1, reúne, hoy en día, la mayor parte de las disposiciones
reglamentarias de las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007.

Así pues, con base en las anteriores disposiciones de rango legal y reglamentario
que complementan su regulación, y de un amplio acervo jurisprudencial de esta
corporación, se pueden considerar como características del contrato estatal de
prestación de servicios las siguientes:

i) Solo puede celebrarse por un «término estrictamente indispensable» y para
desarrollar «actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad», y no cabe su empleo para la cobertura indefinida de necesidades
permanentes o recurrentes de esta.

ii) Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en estos
casos, la entidad deberá justificar, en los estudios previos, porqué las actividades «no
puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados».10

iii) El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la labor
encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta subordinación
o dependencia. De ahí que el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de 1993 determina
que «En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones
sociales».11

A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y
contratista es una relación de coordinación de actividades, la cual implica que el
segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del
objeto contractual, como puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de
recibir una serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes.

2.2.2. Criterios para identificar la existencia de una relación laboral encubierta

9 «Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional»,
10 Por ejemplo, cuando no exista personal de planta para realizar las labores, o, existiendo, es necesario un

apoyo externo por exceso de trabajo; o porque el personal de planta carece de la experticia o conocimiento
especializado necesario para llevar a buen término la actividad encomendada a la entidad.
11 Ahora bien, a pesar de los términos imperativos en que aparece redactada la citada norma, es posible que

en la práctica se configure una relación laboral, pues el contrato de trabajo es de realidad, y para perfeccionarlo
rige el principio de prevalencia de la realidad sobre las formas. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia
C-154 de 1997, declaró la exequibilidad condicionada del segundo inciso del numeral 3º del artículo 32,
indicando que «las expresiones acusadas del numeral 3º del artículo 32 de la Ley exequibles, salvo que se
acredite por parte del contratista la existencia de una relación laboral subordinada».

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Demandante: María del Pilar Murillo Ibarguen

o subyacente por contratos de prestación de servicios

Si bien el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 establece que los contratos
de prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni generan la
obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales, la jurisprudencia de esta
corporación y de la Corte Constitucional ha admitido que tal disposición no es
aplicable cuando se demuestran los elementos configurativos de un contrato de
trabajo.

Esto es así, en virtud del mandato superior (artículo 53) que consagra la prevalencia
de la realidad frente a las formas, caso en el cual debe concluirse, que si bajo el
ropaje externo de un contrato de prestación de servicios se esconde una auténtica
relación de trabajo, esta da lugar al surgimiento del deber de retribución de las
prestaciones sociales a cargo de la Administración. No obstante, aun cuando se
acrediten los mencionados elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre
el contratista y la entidad es una relación laboral, por lo que, en ningún caso, será
posible darle la categoría de empleado público a quien prestó sus servicios sin que
concurran los elementos previstos en el artículo 122 de la Carta Política.12

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala conjuntó las siguientes manifestaciones
como parámetros o indicios de la auténtica naturaleza que subyace a cada
vinculación contractual.

2.2.2.1. Los estudios previos. En el caso del contrato estatal de prestación de
servicios profesionales, que es la modalidad que se examinó en el marco de la
sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, el análisis del sector depende del
objeto del contrato y de las condiciones de idoneidad y/o experiencia que permiten
contratar a la persona natural o jurídica que está en condiciones de desarrollarlo.
No obstante, al ser un contrato temporal, el término por el cual se celebra debe estar
consignado en los estudios previos dentro del objeto contractual.

12
Al respecto, ver entre otras la sentencia de esta Sección de 13 de mayo de 2010; radicado 76001-23-31-000-2001-05650-01(0924-
09); C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez

14

Radicado: 76001-23-33-000-2012-00254-01 (3991-19)
Demandante: María del Pilar Murillo Ibarguen

Sobre el particular, en la citada sentencia de unificación se precisó lo siguiente:

(...) para poder determinar si los contratos de prestación de servicios celebrados con
un mismo contratista, de manera continuada o sucesiva, guardan entre sí rasgos
inequívocos de identidad, similitud o equivalencia, que permitan concluir que todos
ellos forman parte de una misma cadena o tracto negocial de carácter continuado y
permanente, que desborda el «término estrictamente indispensable» del artículo 32 de
la Ley 80 de 1993, los demandantes deberán demostrar, con fundamento en los
estudios previos y demás documentos precontractuales y contractuales, que el objeto
de dichos contratos, las necesidades que se querían satisfacer, las condiciones
pactadas al momento de su celebración y las circunstancias que rodearon su ejecución,
develan la subyacencia de una verdadera relación laboral encubierta y el consiguiente
desconocimiento de sus derechos laborales y prestacionales, por haber fungido, en la
práctica, no como simples contratistas, autónomos e independientes, sino como
verdaderos servidores en el contexto de una relación laboral de raigambre funcionarial.

2.2.2.2. Subordinación continuada. De acuerdo con el artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador constituye el
elemento determinante que distingue la relación laboral de las demás prestaciones
de servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al empleado el
cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad de trabajo,
obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder disciplinario. No
obstante, la subordinación es un concepto abstracto que se manifiesta de forma
distinta según cuál sea la actividad y el modo de prestación del servicio.13

A este respecto, como indicios de la subordinación, la sentencia consolidó las
siguientes circunstancias:

i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la entidad
para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el surgimiento
de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, la Sala Plena
estimó necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador debe valorarla, en
cada caso concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los empleados de
planta.

ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una jornada
de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación, y, por
consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas actividades de la

13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 24 de abril de 2019; radicado

08001-23-33-000-2013-00074-01(2200-16); C.P. William Hernández Gómez.

15

Radicado: 76001-23-33-000-2012-00254-01 (3991-19)
Demandante: María del Pilar Murillo Ibarguen

Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.) habitualmente
requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello,
si bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede ser indicio
de la existencia de una subordinación subyacente, tal circunstancia deberá ser valorada
en función del objeto contractual convenido.

iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través
de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo,
tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el ejercicio del
poder de disciplina o del ius variandi,14 la dirección y control efectivo de las actividades
del contratista constituye uno de los aspectos más relevantes para identificar la
existencia o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que debe probar
el demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la
entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia decisiva sobre las
condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto contractual. Así, cualquier
medio probatorio que exponga una actividad de control, vigilancia, imposición o
seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se aleje de un ejercicio normal
de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado como un indicio claro de
subordinación.

iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio personal contratado
consista en el cumplimiento de funciones o en la realización de tareas idénticas,
semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a los funcionarios o
empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la existencia de una relación
laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de esas labores
confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que se refiere el
artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo.

2.2.2.3. Prestación personal del servicio. Como persona natural, la labor
encomendada al presunto contratista debe ser prestada de forma personal y
directamente por este;15 pues, gracias a sus capacidades o cualificaciones
profesionales, fue a él a quien se eligió y no a otro; por lo que, dadas las condiciones
para su ejecución, el contratista no pudo delegar el ejercicio de sus actividades en
terceras personas.16

2.2.2.4. Remuneración. Por los servicios prestados, el presunto contratista ha
debido recibir una contraprestación económica, con independencia de si la entidad

14 A este respecto: Guerrero Figueroa Guillermo: Manual del derecho del trabajo. Bogotá, Leyer,1996, págs. 54

y 55.
15 Código Sustantivo del Trabajo, literal b) del artículo 23: [Es uno de los elementos esenciales del contrato de

trabajo] «La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo».
16 Al respeto, véase, entre otras sentencias, la del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; de 1

de marzo de 2018; radicado 2013-00117-01 (3730-2014); C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

16

Radicado: 76001-23-33-000-2012-00254-01 (3991-19)
Demandante: María del Pilar Murillo Ibarguen

contratante fue la que directamente la realizó. Lo importante aquí es el carácter fijo
o periódico de la remuneración del trabajo. En la práctica, esta retribución recibe el
nombre de honorarios, los cuales pueden acreditarse a través de los recibos que,
por dicho concepto, enseñen los montos que correspondan a la prestación del
servicio contratado.

2.2.3. Reglas de la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021

2.2.3.1. Primera regla. El «término estrictamente indispensable», al que alude
el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, tiene lugar en la fase
precontractual, pues es en esta donde la entidad contratante aproxima, en función
del objeto a contratar y de los recursos disponibles, el tiempo máximo que estima
«imprescindible» para su ejecución. En otras palabras, la vigencia del contrato debe
ser por el tiempo necesario para ejecutar el objeto contractual convenido, y este
debe estar sujeto al principio de planeación, que encuentra su manifestación
práctica «en la elaboración de los estudios previos a la celebración del negocio
jurídico, pues es allí donde deberán quedar motivadas con suficiencia las razones
que justifiquen que la Administración recurra a un contrato de prestación de
servicios».17

En ese sentido, la Sala unificó el sentido y alcance del «término estrictamente
indispensable» como aquel que aparece expresamente estipulado en la minuta del
contrato de prestación de servicios, que de acuerdo con los razonamientos
contenidos en los estudios previos, representa el lapso durante el cual se espera
que el contratista cumpla a cabalidad el objeto del contrato y las obligaciones que
de él se derivan, sin perjuicio de las prórrogas excepcionales que puedan acordarse
para garantizar su cumplimiento.

Sumado a lo anterior, no puede olvidarse que el principio de planeación está
relacionado directamente con el principio de legalidad, cuya observancia en la

17 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C; sentencia de 2 de diciembre de 2013;
radicado 11001-03-26-000-2011-00039-00(41719); C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

17

Radicado: 76001-23-33-000-2012-00254-01 (3991-19)
Demandante: María del Pilar Murillo Ibarguen

formulación de los documentos que conforman la etapa precontractual, en cada
proceso de selección pública, es manifestación de una correcta y trasparente
planeación. En este sentido, la exigencia de introducir un «término estrictamente
indispensable» para la ejecución del objeto convenido en la etapa precontractual no
es un requisito de forma; es un elemento esencial del principio de planeación –y en
consecuencia del de legalidad- en cuanto determina la duración del negocio
jurídico.18

2.2.3.2. Segunda regla. La Sala consideró adecuado establecer un período de
treinta (30) días hábiles como indicador temporal de la no solución de continuidad
entre contratos sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se itera,
constituya una «camisa de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de
acuerdo con los elementos de juicio que obren dentro del plenario, habrá de
determinar si se presentó o no la rotura del vínculo que se reputa laboral.

Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:

Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley
80 de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una
misma persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de
una auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad
entre el contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha
en que inicie la ejecución del otro, no han transcurrido más de treinta (30) días
hábiles, siempre y cuando se constate que los objetos contractuales y las
obligaciones emanadas de ellos son iguales o similares y apuntan a la satisfacción
de las mismas necesidades.

Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los
efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar
de haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la
prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual.
En el evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno
extintivo respecto de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en la
cual no procederá el reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales que
de aquellos hubiesen podido generarse.

18 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de febrero de 2009, expediente: 16.130.

18

Radicado: 76001-23-33-000-2012-00254-01 (3991-19)
Demandante: María del Pilar Murillo Ibarguen

Asimismo, en la sentencia se reiteró que «(...) cualquier asunto que involucre
periodos contractuales debe analizarse siguiendo los parámetros que la Sentencia
de Unificación del 25 de agosto de 2016, [Expediente 0088-15, CESUJ2, C.P.
Carmelo Perdomo Cuéter], la cual estableció, a efectos de declarar probada la
excepción de prescripción en los contratos de prestación de servicios», lo siguiente:

(…) en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno determinado
y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a cada uno de
ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de finalización, puesto que uno
de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es precisamente la vocación de
permanencia en el servicio.

[...]

(…) quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en consecuencia,
el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del principio de la primacía de la
realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro del término de tres años
contados a partir de la terminación de su vínculo contractual. (Negrillas fuera del texto)

En suma, la tesis que actualmente impera en la Sección Segunda, en materia de
prescripción de derechos derivados del contrato realidad (o relación laboral
encubierta o subyacente), es que esta tiene ocurrencia, exclusivamente, cuando no
se presenta la reclamación del derecho, por parte del contratista, dentro de los 3
años siguientes a la terminación del vínculo develado como laboral.19

2.2.3.3. Tercera regla. Finalmente, en la tercera regla, la Sección Segunda
consideró «improcedente la devolución de los aportes a la Seguridad Social en
salud efectuados por el contratista en exceso», por «constituir estos aportes
obligatorios de naturaleza parafiscal». Lo anterior, comoquiera que el contratista
debe sufragar dicha contribución, en tanto está obligado por la ley a efectuarla, y,
por lo tanto, no es procedente ordenar su devolución, aunque se haya declarado la
existencia de una relación laboral encubierta.

19 En igual sentido, mediante Auto del 11 de noviembre de 2021, la Sección Segunda aclaró que el término de

la solución de continuidad unificado solo cobra relevancia si se configuran los elementos establecidos en el
artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, pues, de no estarlo, no existe una relación laboral cuya duración
deba ser examinada.

19

Radicado: 76001-23-33-000-2012-00254-01 (3991-19)
Demandante: María del Pilar Murillo Ibarguen

Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en los términos
de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los artículos 270
y 271 ejusdem, para todos los casos que se encuentren en estudio en la vía judicial
y administrativa. En tal virtud, se procede a resolver el caso concreto a la luz de
dichos parámetros.

2.3. Hechos probados.

De conformidad con las pruebas que obran dentro del expediente, se puede
establecer lo siguiente:

2.3.1. En torno a la relación que invoca la demandante

i) El 23 de enero de 2004, el departamento de recursos humanos de la
Cooperativa de Trabajo Asociado Desarrollo Empresarial emitió constancia en la
que indicó que la señora María del Pilar Murillo Ibarguen «es trabajadora del Seguro
Social desde hace 2 años y 7 meses y asociada a nuestra cooperativa desde
diciembre 1 de 2003, […] como auxiliar de enfermería en la Clínica Rafael Uribe
Uribe».20

ii) El 30 de junio de 2011, el Juzgado 23 Laboral del Circuito de Cali profirió
sentencia en el trámite de la audiencia pública de juzgamiento 0478, en el proceso
instaurado por la señora María del Pilar Murillo Ibarguen en contra del ISS, en la que
se hicieron las siguientes declaraciones y condenas:21

PRIMERO: ABSOLVER al INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL de todos y cada uno
de los cargos formulados en su contra por la señora MARÍA DEL PILAR MURILLO
IBARGUEN.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte vencida en juicio. Tásense por
Secretaría del Juzgado.

20 Folio 32.
21 Folios 3 al 14.

20

Radicado: 76001-23-33-000-2012-00254-01 (3991-19)
Demandante: María del Pilar Murillo Ibarguen

iii) El 31 de enero de 2012, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali, Sala
de Descongestión Laboral, en el trámite del grado jurisdiccional de consulta resolvió
confirmar la sentencia del 30 de junio de 2011.22

2.3.2. En relación con la reclamación en sede administrativa

i) El 18 de noviembre de 2011, la señora María del Pilar Murillo Ibarguen, por
intermedio de apoderada, presentó reclamación administrativa ante la E.S.E. Antonio
Nariño liquidada y/o el Ministerio de Salud y de la Protección Social para obtener el
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales por el servicio prestado a la
entidad desde el 26 de junio de 2003 hasta el 15 de noviembre de 2008.23

ii) El 15 de diciembre de 2011, el coordinador del grupo de administración de
entidades liquidadas del Ministerio de Salud y de la Protección Social dio respuesta
a la anterior petición en los siguientes términos:24

Sobre el particular, es necesario indicar que de conformidad con los hechos citados
en su escrito, al parecer su petición se deriva de la presunta condición de empleada
en misión al interior de la Empresa Social del Estado Antonio Nariño en liquidación, a
través de una cooperativa de trabajo asociado, que tenía su poderdante, por lo tanto,
las diferentes situaciones que de dicha condición se desprendieron, deben ser
resueltas de acuerdo con las normas aplicables a la materia y dentro del proceso de
liquidación de la Empresa Social del Estado Antonio en Nariño liquidación.

En efecto, la facultad para decidir sobre la calidad de empleados le corresponde a la
Empresa Social del Estado en liquidación o, a la autoridad competente, calidades que
en punto al tema no ostenta el Ministerio de Salud y Protección Social, razón por la
cual esta entidad no puede adoptar posición alguna y mucho menos impartir
instrucciones u órdenes que conlleven el reconocimiento de derechos laborales, toda
vez que de hacerlo estaría desbordando la órbita de su competencia, más aún cuando
es ajeno a la relación que presuntamente existió entre sus poderdantes y la Empresa
Social del Estado Antonio Nariño en liquidación.

[…]
Finalmente, consideramos relevante precisar que de conformidad con lo establecido
en los artículos 62 y 63 del Código Contencioso Administrativo, el agotamiento de la
vía gubernativa debió haberse surtido frente al acto administrativo expedido en su
oportunidad por el liquidador, que presuntamente haya afectado sus derechos, y no

22 Folios 15 al 31.
23 Folios 33 al 36.
24 Folios 39 al 43.

21

Radicado: 76001-23-33-000-2012-00254-01 (3991-19)
Demandante: María del Pilar Murillo Ibarguen

ante el Ministerio de Salud y Protección Social, como un mecanismo para revivir el
debate en sede administrativa, por cuanto la firmeza de dichos actos anteriores no
puede quedar sujeta a la presentación ilimitada e indefinida de solicitudes y de los
derechos de petición como el que se resuelve por medio de este escrito.

2.4.3. Las declaraciones rendidas en el proceso

El 15 de julio de 2014, se recepcionaron los testimonios de las señoras Libia Estela
Agudelo Guerrero e Isabel Salinas Ávila.25

La señora Libia Estela Agudelo Guerrero, de profesión auxiliar de enfermería,
concretamente señaló lo siguiente:

(…) ella llegó al seguro social, cuando eso nos hacían un contrato por el seguro, cuando ella
llegó yo ya estaba allí, ella llegó como a mediados, por ahí, como en junio de 2001, más o
menos llegó ella, ella llegó con un contrato del seguro, ya luego eso paso a ESE de un día
para otro por allá en diciembre de 2003 y luego por allá entonces todo el mundo nos dijeron
ustedes tienen que afiliarse a x cooperativa, la mayoría lo hicimos ante la necesidad que
teníamos, igual todo el tiempo cumplimos horarios días sábados, domingos, festivos, hasta
que Pilar se retiró en el 2008. Preguntado: manifieste al despacho, sí lo sabe, hasta cuándo
estuvo vinculada la señora María del Pilar con el Seguro Social. Contestado: Pilar llegó a
mediados del 2001, cómo por allá en diciembre del 2003, nos dijeron esto va a una E.S.E., la
famosa E.S.E. Antonio Nariño, entonces ustedes tienen que asociarse a unas cooperativas,
pues muchos fuimos a parar a esas cooperativas, sí, la mayoría, pero igual seguimos, la
cooperativa lo único que tenía que ver con nosotros era el sueldo, porque de hecho todo el
tiempo éramos trabajadores del seguro, porque teníamos que cumplir el horario, trabajar los
7 días de la semana, todo el mes. Preguntado: doña Libia, veo que estaba más o menos en
la misma situación de María del Pilar, usted demandó. Contestó: sí, pero la demanda no
prosperó. Preguntado: manifieste al despacho, sí lo sabe, cuál era el cargo que ejercía la
señora María del Pilar en el Seguro Social. Contestó: como auxiliar de enfermería, en una
empresa cómo es esa, llámese como se llame, igual nosotros manejábamos, en ese entonces,
estuvimos en una sala de neuro, dónde eran 40 pacientes, donde eran pacientes en un estado
crítico, pacientes que manejamos de neuro, se maneja cerebro y columna, pacientes
parapléjicos, entonces nos toca bañar los pacientes, repartir medicamentos, atender el
paciente con todo lo que nos exigían, durante todo el tiempo que estuvimos allí, en el turno
que estuviéramos, todo el tiempo si era de 7:00 a 1.00, de 1:00 a 7:00 o de 7:00 pm a 7:00
am. Preguntado: manifieste al despacho si el cargo de auxiliar de enfermería que ejercía la
señora María del Pilar para el Seguro Social era el mismo cargo que ejercía cuando pasó a
laborar a la E.S.E. Antonio Nariño. Contestó: Sí. Preguntado: manifieste al despacho si lo
sabe de quién recibía órdenes la señora María del Pilar durante el tiempo que laboró tanto
para el Seguro Social como para la E.S.E. Contestó: pues recibíamos todas las órdenes de
los jefes una de las jefes era la jefe Silvia Lenis, otra de las jefes era Gloria Ovalle, doña Gloria
Escobar era la jefe de piso, de hecho había jefe de departamento, en ese tiempo, hubo muchas
jefes, entre ellas como jefe del departamento una de ellas fue doña Imelda Cardona, creo que
ya no están ahí, pero ellos eran los jefes de nosotros y teníamos que cumplir todo un horario
y todo como si fuéramos trabajadores directos de la empresa. Preguntado: manifieste al
despacho si estas personas que usted mencionó trabajaban para la E.S.E o para las

25 Folios 300 al 302 y cd 304.

22

Radicado: 76001-23-33-000-2012-00254-01 (3991-19)
Demandante: María del Pilar Murillo Ibarguen

cooperativas. Contestó: ellos eran de la planta. Preguntado: manifiesta al despacho bajo qué
argumento la E.S.E. Antonio Nariño le indicó a la señora María del Pilar que se vinculara con
cooperativas de trabajo asociado: Contestó: de lo que nos dijeron a todos y de hecho a Pilar,
en ese paseo estaba yo también, que la empresa y el gobierno no iba a nombrar más gente
por la empresa sino por cooperativas, así que pues el que estuviese allí tenía que estar por
una cooperativa. Preguntado: manifieste al despacho, si lo sabe, si la señora María del Pilar,
recibía un salario directamente de la E.S.E. o de la cooperativa. Contestó: de la cooperativa.
Preguntado: manifieste al despacho, sí lo sabe, quién cancelaba ese salario a la cooperativa.
Contestó: sí, siempre nos decían que la E.S.E., le pasaba la plata a la cooperativa y que la
cooperativa era la que nos pagaba. Preguntado: manifieste al despacho, si lo sabe, si la
señora María del Pilar recibía prestaciones sociales, durante todo el tiempo que prestó sus
servicios, tanto al Seguro Social como a la E.S.E. Antonio Nariño. Contestó: no, no recibimos
prestaciones sociales. Preguntado: manifieste al despacho, si lo sabe, si la señora María del
Pilar debía portar un uniforme durante el tiempo que trabajó para el Seguro Social y para la
E.S.E. y quién compraba ese uniforme. Contestó: a nosotros, igual que a Pilar jamás nos
dieron nada en el seguro social a parte del salario que teníamos estipulado, que nos hicieron
en la cooperativa. Preguntado: manifieste al despacho, si para el mes de septiembre y los
primeros cuatro días del mes de octubre la señora María del Pilar recibió salario por parte de
la E.S.E Antonio Nariño o de las cooperativas. Contesto: ese fue el septiembre negro de
todos, a todos nos dejaron sin sueldo no nos pagaron. Preguntado: manifieste al despacho,
si lo sabe, quién cancelaba la Seguridad Social de la señora María del Pilar. Contestó:
nosotros para poder que nos pagaran el sueldo, o nos hicieran un nuevo contrato por medio
de esa cooperativa, teníamos que pagarlo nosotros, cada uno de su sueldo. Preguntado:
manifieste al despacho, sí lo sabe, hasta cuándo estuvo vinculada la señora María del Pilar
con la E.S.E, Antonio Nariño. Contestó: Pilar se retiró de la E.S.E. más o menos 2008, sí ella
estuvo como hasta noviembre de 2008 más o menos. (…) Preguntado: hasta cuando dijo que
laboró. Contestó: Pilar estuvo hasta más o menos 2008. Preguntado: doña Libia, usted tiene
algo más que agregar a la presente diligencia. Contestó: no, no pues ojalá que a Pilar sí le
paguen algo de lo que a todos nosotros no y creo que nos explotaron en esa empresa.

Por su parte, la señora Isabel Salinas Ávila adujo lo siguiente:

La conozco hace 14 años, de los 14 años compartí 8 años con ella laborando en el mismo
servicio en la Clínica Rafael Uribe Uribe piso 9 norte sección de neurología, y Pilar se dedicaba
a las funciones de auxiliar de enfermería siendo subordinada porque nos pasaban la lista
mensual de los turnos, no nos pagaban recargo de trasnochos, ni festivos, ni nos daban
dotación, no teníamos días libres ni derecho a liquidación ni prestaciones sociales, la
seguridad social la pagábamos nosotros de cuenta de nosotros, ella estuvo trabajando hasta
el 2008 ella decidió retirarse de ver las situación en la que nos tenían. (…) Preguntado: señora
Isabel manifieste al despacho, sí lo sabe, desde cuándo se vinculó al ISS, la señora María del
Pilar. Contestó: del 2001. Peguntado: manifieste al despacho, si lo sabe, hasta cuándo
estuvo la señora María del Pilar con el Seguro Social. Contestado: hasta el 2008.
Preguntado: le solicito por favor que aclare, si estuvo vinculada hasta el 2008 con el Seguro
Social, o con la de E.S.E. Antonio Nariño. Contestó: por contratación civil hasta el 2003 y con
la E.S.E. Antonio Nariño, hasta el 2008. Preguntado: sírvase aclarar mejor, cuando usted dice
por contratación civil, con quién era. Contestó: con el seguro social. Preguntado: manifieste
al despacho, si lo sabe, desde cuándo se vinculó la señora María del Pilar con la E.S.E Antonio
Nariño. Contestó: desde 2003. Preguntado: manifieste al despacho, si lo sabe, hasta cuándo
estuvo vinculada la señora María del Pilar con la E.S.E Antonio Nariño. Contestó: hasta el
2008. Preguntado: manifieste al despacho, si lo sabe, si durante el tiempo que trabajó la
señora María del Pilar con la E.S.E. Antonio Nariño se vinculó con alguna cooperativa de
trabajo asociado. Contestó: sí después de que se terminó la E.S.E Antonio Nariño fue
vinculada por cooperativa. Preguntado: aclare al despacho, desde qué año se vinculó la
señora María del Pilar con cooperativas y por qué lo hizo. Contestó: pues cuando se terminó
la E.S.E. Antonio Nariño, el personal fue obligado a pasarse a las cooperativas asociativas de

23

Radicado: 76001-23-33-000-2012-00254-01 (3991-19)
Demandante: María del Pilar Murillo Ibarguen

trabajo y si no lo hacían, pues quedaban totalmente desvinculados de la institución, esa era
una obligación para seguir. Preguntado: aclare al despacho, usted acaba de decir que cuando
se acabó la E.S.E., si fue cuando se acabó la E.S.E. o fue cuando se acabó el seguro social.
Contestó: porque cuando se terminó el Seguro Social, paso la E.SE. Antonio Nariño y cuando
la E.SE. Antonio Nariño decidió, pues, ya dejar el personal, entonces nos teníamos que
vincular a las cooperativas y era obligación. Preguntado: le puede manifestar al despacho,
en qué año fue que empezó la señora, con las cooperativas. Contestó: en el 2003.
Preguntado: manifieste al despacho, si desde que la señora María del Pilar se vinculó con el
Seguro Social hasta cuando terminó con la cooperativa estuvo laborando en el mismo sitio
con los mismos jefes y cumpliendo el mismo cargo. Contestó: sí el mismo cargo, las mismas
funciones que cumplían las personas que estaban nombradas por el Seguro Social,
realizábamos los mismos, incluso hasta nos colocaban más turnos a las de contratación civil,
a las de cooperativas nos colocan más turnos que al personal que estaba de planta.
Preguntado: manifieste al despacho, si las órdenes que recibían diariamente, las recibían del
personal de la cooperativa o de la E.S.E. Antonio Nariño. Contestó: de la E.S.E. Antonio
Nariño, porque eran las jefes las que impartían órdenes, la cooperativa no más era como para
pagarnos a nosotros, pero las que nos organizaban los turnos, que nos daban órdenes y todo,
era el mismo personal de la clínica del Seguro Social. Preguntado: manifieste al despacho,
si ustedes tenían una necesidad de ausentarse de su puesto de trabajo, es decir, de pedir
algún permiso, a quién lo debía pedir. Contestó: nosotros nos dirigíamos al jefe inmediato a
la coordinadora del servicio. Preguntado: manifieste al despacho, si la señora María del Pilar,
recibió prestaciones sociales durante el tiempo que laboró tanto para el Seguro Social como
para la E.S.E Antonio Nariño. Contestó: no, no recibió, porque incluso la cooperativa que nos
tenían en ese tiempo Desarrollo Empresarial, ellos desaparecieron, incluso uno tenía que
hacer un aporte como asociado y ni los aportes nos lo devolvieron porque ellos desaparecieron
totalmente del sitio donde se encontraban laborando. Preguntado: manifieste al despacho, si
lo sabe, si la señora María del Pilar, durante el tiempo que laboró, tanto con el Seguro Social
como con la de E.S.E. Antonio Nariño, debía portar uniforme y quién compraba ese uniforme.
Contestó: ella misma, porque allá no dan dotación de uniformes, ni nos daban nada,
absolutamente nada. Preguntado: manifieste al despacho, si para septiembre y octubre de
2008, la señora María del Pilar, percibió salario. Contestó: había una liquidación de la E.S.E.
Antonio Nariño, y entró el ente liquidador Caprecom, entró a liquidar el seguro, entonces en
ese mes, nos decían: tal día le pagamos, tal día les pagamos y nunca llegó y después
Comfenalco, que fue el que cogió la institución dijo que ellos no tenían nada que ver con lo
anterior, sino que ellos arrancaban era desde esa fecha hacia adelante, que ellos no tenían
nada que ver, y esta es la fecha que nada, el salario se perdió, nunca lo pagaron. Preguntado:
manifieste al despacho, si lo sabe, quién cancelaba la Seguridad Social de la señora María
del Pilar. Contestó: ella seguramente, porque nosotros, teníamos que pagarla del salario de
nosotros mismos. (...) tiene la testigo algo más que agregar a la presente diligencia. Contestó:
no, pues que nosotros siempre trabajábamos con un descontento, pues teníamos que realizar
las mismas funciones, las jefes eran las mismas para todo el personal y siempre nos
discriminaban, no teníamos vacaciones, y llegaba diciembre y no daban prima, llegaba a junio
y no daban primas, nada y teníamos que trabajar por lo mismo.

2.4. Caso concreto. Análisis de la Sala.

En primer término, sobre la vinculación con la cooperativa Desarrollo Empresarial,
se debe precisar que, respecto de la utilización de cooperativas de trabajo asociado
para esconder una relación laboral, esta corporación ha señalado lo siguiente: 26

26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 27 de

abril de 2016, expediente 2525-2014, M. P. Gabriel Valbuena Hernández.

24

Radicado: 76001-23-33-000-2012-00254-01 (3991-19)
Demandante: María del Pilar Murillo Ibarguen

En la práctica, el trabajo asociado en algunos casos se ha utilizado como instrumento
para escapar a la legislación laboral y así eludir las obligaciones para con los
trabajadores dependientes o subordinados. Por ello, el Legislador consagró la
prohibición de que las Cooperativas de Trabajo Asociado actúen como empresas de
intermediación laboral, dispongan del trabajo de los asociados para suministrar mano
de obra temporal a usuarios o terceros beneficiarios, remitan a los asociados como
trabajadores en misión con la finalidad de que atiendan labores propias de un usuario
o tercero beneficiario del servicio, o permitan que respecto de los asociados se
generen relaciones de subordinación o dependencia con terceros contratantes; y
como consecuencia, estableció que el asociado que acuda a estas prácticas se
considerará trabajador dependiente de la persona natural o jurídica que se beneficie
con su trabajo. De tal manera que el tercero contratante, la Cooperativa y sus
directivos serán solidariamente responsables por las obligaciones económicas
generadas a favor del trabajador asociado. Sin perjuicio de que queden incursas en
causal de disolución y liquidación y que les sea cancelada la personería jurídica.

Por su parte, la Corte Constitucional, en la sentencia C – 855 de 2009 afirmó lo
siguiente:27

[…] Si por conducto de la Cooperativa de Trabajo Asociado llega a suscitarse una
relación laboral de un trabajador asociado con la cooperativa, para prestarle servicios
a un tercero -con elementos de subordinación, horario y remuneración propios del
contrato de trabajo-, esta relación laboral prevalece sobre el acuerdo cooperativo, y
en tal caso aplican todas las regulaciones laborales, incluyendo, por supuesto, la
protección laboral reforzada a las mujeres embarazadas o lactantes (T-177/03, T-
291/05, T-873/05, T-063/06, T-195/07, T-531/07), a las personas en estado de
debilidad manifiesta (T-1219/05, T-002/06), o a los discapacitados o disminuidos
físicos (T-504/08, T-962/08, T-1119/08). De comprobarse la existencia de un contrato
laboral paralelo o concomitante con la relación de índole cooperativa, la Corte también
ha impuesto el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los aportes al
sistema de salud (T-413/04), al sistema de riesgos profesionales (T-632/04), o incluso
la muy elemental de reconocer los salarios pactados con el trabajador (T-353/08).
Cuando los hechos del caso lo ameritan, la Corte ha ordenado, no a la Cooperativa,
sino al tercero que se beneficia de la labor del trabajador asociado, que responda por
las obligaciones laborales omitidas (T-471/08), más aún si el vínculo entre el
trabajador y la cooperativa ya no pasa por la prestación de servicios a un tercero, sino
que se trata de una relación laboral ordinaria entre aquel y ésta (T-900/04).

Teniendo en cuenta esto, resulta claro que, en caso de encontrarse demostrados
los elementos constitutivos de una relación laboral encubierta o subyacente, es
posible condenar a quien se benefició de los servicios de los trabajadores asociados
a una cooperativa, en especial cuando se advierte que el objeto de la vinculación
fue desarrollar funciones misionales de la entidad beneficiaria.

27 Corte Constitucional, sentencia C – 855 de 2009, M. P. Mauricio González Cuervo.

25

Radicado: 76001-23-33-000-2012-00254-01 (3991-19)
Demandante: María del Pilar Murillo Ibarguen

Ahora, en los asuntos en los que se pretende demostrar una relación laboral
encubierta o subyacente, quien demanda debe acreditar que no prestó un servicio
de colaboración o coordinación en el marco de las actividades contratadas y que,
por el contrario, desarrolló funciones permanentes o inherentes al objeto social de
la entidad y que en el adelanto de la actividad contractual se configuraron los
elementos relativos a i) la prestación personal del servicio; ii) la continuada
subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador; y, iii) la
remuneración como retribución.

Teniendo claro esto, para resolver la alzada se debe solucionar el siguiente
interrogante.

2.4.1. ¿Se encuentra probado en el dosier que entre la señora María del Pilar
Murillo Ibarguen y la ESE Antonio Nariño existió una relación laboral encubierta
que permita el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales que no
devengó durante el tiempo en que prestó sus servicios?

2.4.1.1. Prestación personal del servicio. En primer término, debe precisar la Sala
que el apoderado de la demandante manifestó en la demanda que aquella ingresó
a prestar sus servicios personales a la ESE Antonio Nariño, luego de la escisión del
ISS, a través de «contrato de prestación de servicios», entre el 26 de junio y el 30
de noviembre de 2003; no obstante, en el expediente no reposan evidencias
documentales que se refieran a este período y que permitan establecer el tipo de
relación o vinculación que surgió, ni las condiciones de modo, tiempo y lugar en las
que presuntamente prestó el servicio.

Lo anterior por cuanto en el dosier no reposan los medios de prueba que acrediten
la efectiva vinculación con la ESE por esos lapsos, ya sea a través de un contrato de
prestación de servicios, en cuyo caso la prueba es solemne, o por intermedio de
otro tipo de vinculación.

26

Radicado: 76001-23-33-000-2012-00254-01 (3991-19)
Demandante: María del Pilar Murillo Ibarguen

En ese orden, advierte la Sala que el único medio probatorio con suficiente entidad
para acreditar la suscripción del contrato de prestación de servicios personales es
el contrato, pues solo de la lectura de aquel se logran advertir los elementos que lo
constituyen tales como los objetos contractuales, la vigencia de los encargos, las
funciones encomendadas, los honorarios pactados como contraprestación del
servicio prestado, la temporalidad o continuidad del vínculo, entre otros aspectos.

Al respecto, esta Subsección ha indicado que no es posible suponer una relación
contractual con el Estado con fundamento en prueba distinta a la documental
contenida en los contratos. Textualmente se precisó lo siguiente:28

64. En relación con el argumento expuesto por la parte demandante según el cual la
relación fue continua y no existieron interrupciones, es necesario tener en cuenta que
el contrato estatal por regla general es solemne. Al respecto, la doctrina ha afirmado
lo siguiente:

«…Ahora bien, dada la naturaleza del contrato del Estado, este es esencialmente
formalista en atención a motivos de certeza, claridad y seguridad, amén de la
aplicación irrestricta de los principios de la función administrativa, entre ellos, la
publicidad y la transparencia (art. 23 de la Ley 80 y 13 de la Ley 1150 de 2007), de
modo que acá no opera el principio de la libertad de forma de manifestación del
consentimiento para efectos de su celebración y configuración. Por ello, su
nacimiento a la vida jurídica debe rodearse del cumplimento de requisitos que, de
no reunirse a cabalidad, traerían como consecuencia su inexistencia, diferencia
básica con el régimen privado, en donde la autonomía de la voluntad en este aspecto
tiene total aplicación, salvo que exista norma especial que exija una forma
determinada, cual es el caso de la hipoteca previsto en el artículo 2434 CC, y más
específicamente lo que consagra el inciso 1.° del artículo 39110] de la Ley 80 de
1993, que exige el escrito en los contratos que impliquen mutación del dominio o
imposición de gravámenes y servidumbres sobre bienes inmuebles y, en general,
aquellos que conforme a las leyes vigentes deban cumplir con dicha formalidad.

Como consecuencia de lo anterior, en consideración a las clasificaciones legales y
las elaboradas por la doctrina iusprivatista, se puede afirmar que el contrato estatal
es de carácter i) bilateral, por cuanto las partes adquieren obligaciones que se miran
como recíprocas; ii) oneroso, en cuanto reporta utilidad o beneficio para ambos
contratantes, gravándose uno a favor del otro; iii) conmutativo, como regla general,
porque cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se entiende
como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez, y iv)
principalmente, solemne, ya que la manifestación de voluntad, si no se expresa bajo
la forma ad solemnitatem o ad substantiam actus exigida por la ley, es inexistente,
es decir, se entiende que el contrato jamás ha sido creado para el mundo jurídico.
Así, el contrato estatal es esencialmente formalista, a diferencia de lo que acontece

28
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 17 de marzo de 2022,
expediente: 5593-2018, M. P. Gabriel Valbuena Hernández.

27

Radicado: 76001-23-33-000-2012-00254-01 (3991-19)
Demandante: María del Pilar Murillo Ibarguen

en el derecho privado en donde impera, por regla general, la plena libertad de forma
conforme al principio solus consensus obligat, en virtud del cual, con la mera
aceptación de la oferta, nace el contrato a la vida jurídica. Ello significa que en el
derecho administrativo la solemnidad es la regla general y absoluta para poder
hablar de contrato estatal, de tal manera que acá opera el brocárdico romano forma
dat esse rei».

Adicionalmente, no se puede perder de vista que en el artículo 256 del Código
General del Proceso se determinó expresamente que la falta del documento que la
ley exija como solemnidad para la existencia o validez de un acto o contrato no
podrá suplirse por otra prueba.

Así las cosas, en el expediente no se encuentra debidamente probado el vínculo
contractual que presuntamente unió a las partes entre el 26 de junio y el 30 de
noviembre de 2003, de suerte que no pueda hacerse un estudio sobre la existencia
de una relación laboral encubierta o subyacente por el referido lapso.

Asimismo, no se puede perder de vista que de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 167 del Código General del Proceso,29 los supuestos fácticos alegados por
la demandante con los cuales pretendía demostrar la existencia de una relación de
orden laboral, implicaba necesariamente que al proceso se trajeran todos los
elementos probatorios que le generasen al fallador la certeza de lo afirmado, de tal
forma que al no cumplirse con la carga probatoria que le correspondía asumir,
forzoso es concluir que no se encuentran acreditados los supuestos que consolidan
la existencia de una relación entre las partes.

Además, revisada la actuación procesal se observa que el apoderado de la parte
demandante desistió expresamente de la «prueba de oficios» solicitada en la
demanda con la que pretendía que la ESE allegara la actuación administrativa y/o
hoja de vida de la señora Murillo Ibarguen,30 incluyendo los diferentes comprobantes
de pago, los contratos de prestación de servicios suscritos con aquella y con la

29 «Artículo 177. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que

consagran el efecto jurídico que ellas persiguen […]».
30 Folio 205.

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Radicado: 76001-23-33-000-2012-00254-01 (3991-19)
Demandante: María del Pilar Murillo Ibarguen

cooperativa de trabajo asociado y las planillas de turnos, solicitud a la que se
accedió en el trámite de la audiencia inicial llevada a cabo el 13 de mayo de 2014.

En segundo término, entre el 1° de diciembre de 2003 y el 15 de noviembre de
2008, según el dicho de la demanda, la actora continuó trabajando al servicio de la
ESE por medio de la cooperativa de trabajo asociado Desarrollo Empresarial; no

obstante, tal y como lo señaló el a quo, en el dosier no reposa el material probatorio
suficiente e idóneo que permita acreditar la existencia del vínculo contractual o
asociativo entre aquella y la mencionada cooperativa por la totalidad del lapso
reclamado.

Lo anterior, habida cuenta que no se aportaron copia de los convenios asociativos
de trabajo que hubieran podido suscribirse entre la actora y la cooperativa, ni de los
contratos de prestación de servicios firmados entre la ESE y la empresa Desarrollo
Empresarial, de los cuales se pudiera determinar con claridad el objeto de la
vinculación, la remuneración pactada, las obligaciones, entre otras circunstancias.

De suerte que tampoco se tenga certeza de los extremos temporales en los que
pudo ocurrir la prestación de servicios mediante la figura del convenio de trabajo,
luego no es dable afirmar que la presunta relación se dio de forma continuada e
ininterrumpida.

En gracia de discusión, si bien es cierto en el expediente obra constancia expedida
por el área de recursos humanos de la Cooperativa Desarrollo Empresarial, en la
que se certificó, entre otras cosas, que la demandante estuvo asociada a esa
cooperativa, también lo es que en dicho documento se indica que la afiliación se dio
entre el 1° de diciembre de 2003 y el 23 de enero de 2004, únicamente, esto es,
hace referencia a la prestación de servicios solo por el término de un mes y 20 días.

Adicionalmente, le asiste razón al Tribunal al afirmar que la referida certificación es
inconsistente, pues si la señora Murillo Ibarguen se asoció con la cooperativa el 1°

29

Radicado: 76001-23-33-000-2012-00254-01 (3991-19)
Demandante: María del Pilar Murillo Ibarguen

de diciembre de 2003, dicha empresa no puede hacer constar la presunta prestación
de servicios al ISS por períodos anteriores a esa fecha.

Teniendo en cuenta ello, en este caso, como los medios probatorios traídos al
plenario (certificación y testimonios), no tienen la entidad de probar la
vinculación con la cooperativa entre el 1° de diciembre de 2003 y el 15 de
noviembre de 2008, mucho menos con la ESE Antonio Nariño, se colige la
imposibilidad de predicar una relación laboral.

2.4.1.2. Remuneración. En el sub lite, no existe prueba documental de que se
hubiera pactado o reconocido una contraprestación mensual por los servicios
prestados como auxiliar de enfermería al servicio de la ESE demandada.

2.4.1.3. Subordinación continuada. Al no estar acreditada en debida forma la
vinculación con la entidad demandada y/o con la cooperativa de trabajo asociado
Desarrollo Empresarial carece de objeto realizar el estudio de este elemento, propio
de las relaciones laborales.

Sin embargo, y como valor agregado a la discusión, la Sala advierte que las
aseveraciones de las testigos, en todo caso, debían ser valoradas con otros
elementos probatorios para concluir de manera fehaciente que la prestación del
servicio no fue autónoma e independiente.

Así, del escaso acervo probatorio allegado al plenario no es posible establecer con
total certeza la vinculación por medio de contratos de prestación de servicios con la
E.S.E. Antonio Nariño y/o por convenios asociativos con la Cooperativa Desarrollo

Empresarial por totalidad del período reclamado dentro del cual presuntamente
ejecutó actividades al servicio de la referida ESE. Lo anterior, constituye razón
suficiente para estimar que lo pretendido en la demanda no encuentra asidero, por
lo que la sentencia de primera instancia deberá ser confirmada.

2.5. De la condena en costas

30

Radicado: 76001-23-33-000-2012-00254-01 (3991-19)
Demandante: María del Pilar Murillo Ibarguen

Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016,31 respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.

Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas
se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del
proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.

Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea
la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad
de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de
costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado
a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las agencias
en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en
costas tanto en primera como en segunda instancia.

Conforme a las anteriores reglas, y en atención a lo dispuesto en artículo 365 del
Código General del Proceso,32 la Sala considera que es dable condenar en costas
de segunda instancia a la demandante, toda vez que el recurso de apelación fue
resuelto desfavorablemente, luego resultó vencida en el proceso y la ESE presentó
alegatos ante esta corporación.

31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01

(1291-2014), C. P. William Hernández Gómez.
32 «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva

desfavorablemente el recurso de apelación (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».

31

Radicado: 76001-23-33-000-2012-00254-01 (3991-19)
Demandante: María del Pilar Murillo Ibarguen

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, la Sala considera que las pretensiones de la demanda deben
despacharse desfavorablemente, toda vez que la parte demandante no logró
demostrar efectivamente la vinculación contractual con la ESE Antonio Nariño ni la
vinculación por convenios asociados de trabajo con la Cooperativa Desarrollo
Empresarial por todo el período reclamado, así como los elementos de una relación
laboral. En ese orden, se confirmará la decisión de instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Sub Sección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero.- Confirmar la sentencia del 14 de marzo de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, dentro del proceso instaurado por la señora
María del Pilar Murillo Ibarguen en contra de la E.S.E. Antonio Nariño, por medio de
la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

Segundo.- Condenar en costas de segunda instancia a la señora María del Pilar
Murillo Ibarguen, las cuales deberán ser liquidadas por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca.

Tercero.- Reconocer personería a la abogada Yency Lorena Chitiva León como
apoderada de la Nación (Ministerio de Salud y de la Protección Social), en los
términos y para los efectos del poder obrante en el índice 17 de la plataforma
SAMAI.

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Radicado: 76001-23-33-000-2012-00254-01 (3991-19)
Demandante: María del Pilar Murillo Ibarguen

En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo a
realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
AVM
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

33

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