Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2012-00305-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2012-00305-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2012-00305-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
30 de noviembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023).
Radicado : 76001-23-33-000-2012-00305-01
Nº Interno : 4219-2022
Demandante : Patricia Cardona Díaz
Demandada : Nación – Ministerio de Salud y Protección
Social
Tercero interesado1 Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito
Público
Litisconsorte necesario2 : Fiduciaria La Previsora SA
Medio de Control : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley
1437 de 2011
Tema : Contrato realidad
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia del 4 de marzo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda3.
1.1. Pretensiones.
La señora Patricia Cardona Díaz, por intermedio de apoderada judicial, acudió
a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar la
nulidad del acto ficto, producto del silencio administrativo negativo ante la
petición realizada el 18 de noviembre de 2011, mediante el cual el Ministerio
de Salud y Protección Social negó la existencia de una relación laboral entre
la demandante y la Empresa Social del Estado Antonio Nariño (liquidada) y el
pago de las correspondientes prestaciones sociales.
1
Vinculado como «tercero interviniente» con proveído de 11 de abril de 2014 (folios 249 a 252).
2
Con auto de 25 de mayo de 2015 (folio 369), se vinculó a Alianza Fiduciaria SA, pero el 30 de junio de 2015 se cedió a
la Fiduciaria La Previsora SA el contrato de fiducia mercantil 13 de 2010.
3
Folios 147 a 161.
2
No. Interno: 4219-2022
Demandante: Patricia Cardona Díaz
Demandada: Nación – Ministerio de Salud y Protección Social
A título de restablecimiento del derecho, pidió que se condene a la
demandada a: (i) pagar «las prestaciones sociales a las que tiene derecho
[…]» desde el «27» de junio de 2003 hasta el 31 de enero de 2010, como lo
son las cesantías y sus intereses, las primas de servicios, vacaciones,
navidad, técnica, de localización y convencional de servicios; horas extras,
auxilios de transportes y alimentación, las vacaciones y las sanciones por no
pago de cesantías y terminación de la relación laboral, así como «el salario del
mes de septiembre y 4 días de octubre de 2008»; y (ii) devolver los aportes
efectuados al sistema de seguridad social y las sumas descontadas por las
cooperativas de trabajo asociado a través de las cuales estuvo vinculada. Todo
lo anterior indexado con intereses moratorios y las costas procesales.
Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:
La señora Patricia Cardona Díaz se vinculó como auxiliar de enfermería, a
través de contrato de prestación de servicios desde el 1° de noviembre de
1996 hasta el 26 de junio de 2003, al otrora Instituto de Seguros Sociales (ISS),
seccional Valle del Cauca, en la Clínica Rafael Uribe Uribe; y, mediante
sentencia de 30 de noviembre de 2009, el Juzgado Segundo Laboral de
Descongestión del Circuito de Cali declaró la existencia de una relación laboral
y condenó al ISS al pago de las correspondientes acreencias laborales,
decisión confirmada por providencia de 30 de agosto de 2011 del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali (sala laboral).
Posteriormente, «por disposición del Decreto 1750 de 2003, los servidores del
I.S.S. cualquiera que fuera la denominación de su contrato, se incorporaron a
la planta de cargos de las diferentes empresas sociales, sin solución de
continuidad, correspondiéndole a [ella] vincularse con la E.S.E. ANTONIO
NARIÑO, en la que siguió ejecutando las labores de AUXILIAR DE
ENFERMERÍA, desde el 27 de junio de 2003 hasta 31 de enero de 2010» (sic),
a través de «una Cooperativa de Prestación de Servicios, ya que ésta era la
nueva forma en la que podía emplearse para laborar en esta entidad, es decir,
a través de la modalidad de convenios asociativos de trabajo».
Para «el mes de septiembre de 2008 y los primeros 4 días del mes de octubre
de esa anualidad, a pesar de haber laborado todos los días cumpliendo incluso
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No. Interno: 4219-2022
Demandante: Patricia Cardona Díaz
Demandada: Nación – Ministerio de Salud y Protección Social
la extenuante jornada de horas extras impuesta, no se le retribuyó el servicio
prestado, ni por parte de la Cooperativa, y mucho menos por cuenta de la
E.S.E. ANTONIO NARIÑO (EMPRESA AHORA LIQUIDADA), por lo que aún
a la fecha persiste esa deuda» (sic).
Prestó «sus servicios personales en beneficio de la ESE ANTONIO NARIÑO
(LIQUIDADA), en las mismas condiciones de una Empleada Pública desde el
27 de junio de 2003 hasta el 31 de enero de 2010, cumpliendo los reglamentos,
el horario de trabajo impuesto y las órdenes impartidas, contando con
disposición para cumplir esas órdenes [pero sin] unas condiciones mínimas de
derechos, como lo es el pago de las prestaciones sociales y horas extras que
ha laborado».
El 18 de noviembre de 2011 la demandante deprecó de la accionada el
reconocimiento de la respectiva relación laboral y el pago de las acreencias
adeudadas, frente a lo cual no recibió respuesta.
1.2. Normas violadas y concepto de violación.
De la Constitución Política, los artículos 13, 29, 53 y 228.
De la Ley 79 de 1988, los artículos 1, 2, 3, 4 y siguientes.
De la Ley 80 de 1993, el artículo 32.
De la Ley 1233 de 2008, el artículo 17.
Del Decreto ley 254 de 2000, los artículos 6, 7, 22, 23 y 26.
Del Decreto 1750 de 2003, los artículos 17 y 18.
Del Decreto 4588 de 2006, el artículo 16.
Del Decreto 3870 de 2008, los artículos 5 y 6.
La demandante sostuvo que suscribió convenios asociativos con diferentes
cooperativas de trabajo asociado para desarrollar labores de auxiliar de
enfermería a favor de la liquidada ESE Antonio Nariño, con lo que se encubrió
una verdadera relación laboral.
2. Contestación de la demanda
2.1. Nación – Ministerio de Salud y Protección Social4. La accionada se
4
Folios 185 a 206.
4
No. Interno: 4219-2022
Demandante: Patricia Cardona Díaz
Demandada: Nación – Ministerio de Salud y Protección Social
opuso a las pretensiones de la demanda. Aseveró que la actora prestó sus
servicios a la Empresa Social del Estado Antonio Nariño (liquidada), por lo que
esa cartera no tuvo ninguna relación con el debate objeto de litis y tampoco es
sucesor procesal de la ESE.
Como excepciones propuso las que denominó: falta de legitimación en la causa
por pasiva, inexistencia de la obligación e inexistencia de la facultad y
consecuente deber jurídico de pagar prestaciones sociales.
2.2. Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público5. Se opuso a las
pretensiones de la demanda. Como razones de defensa expuso que el
compromiso de ese ente fue solo el de trasferir los recursos presupuestales por
los valores reconocidos por el agente liquidador de la ESE Antonio Nariño
(liquidada) que no se cubrieron, pero fue el Ministerio de Salud y Protección
Social el que asumió la dirección, supervisión e interventoría del consorcio que
manejó el proceso de liquidación.
Propuso las excepciones que denominó: compromiso o cláusula compromisoria
celebrada entre la demandante y las cooperativas, prescripción, inexistencia
de la relación laboral, falta de legitimación en la causa por pasiva e inexistencia
de solidaridad o de vínculo entre la ESE y el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.
2.3. Alianza Fiduciaria SA6. Pidió que se nieguen las súplicas de la demanda,
por cuanto no existió vínculo laboral alguno con la accionante, pues su labor
la desempeñó a través de cooperativas de trabajo asociado; y, en lo que le
incube, aseguró que, en virtud de la fiducia mercantil, no asume la
representación legal ni es cesionaria de las obligaciones de la extinguida
Empresa Social del Estado Antonio Nariño.
Como excepciones propuso las de: carencia de derecho sustancial, inepta
demanda, inexistencia de la entidad demandada o ausencia de nexo causal
entre los hechos y esa sociedad, falta de legitimación en la causa por pasiva y
caducidad.
5
Folios 265 a 270.
6
Folios 385 a 396.
5
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Demandante: Patricia Cardona Díaz
Demandada: Nación – Ministerio de Salud y Protección Social
3. La sentencia de primera instancia7.
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia proferida el
4 de marzo de 2022, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda
(sin condena en costas). En consecuencia, declaró la nulidad del acto ficto
demandado, la existencia de una relación laboral entre la señora Patricia
Cardona Díaz y la extinguida ESE Antonio Nariño, desde el 1° de diciembre
de 2003 hasta el 15 de noviembre de 2008, y probada de oficio la prescripción
de los derechos laborales, excepto frente a los aportes a pensión, por la
totalidad del vínculo; y ordenó a la Nación - Ministerio de Salud y Protección
Social «[…] pagar, a título indemnizatorio, los aportes pensionales derivados
de la existencia de la relación laboral entre el demandante y la E.S.E. Antonio
Nariño, tomar durante los periodos comprendidos entre el 1º de diciembre de
2003 al 15 de noviembre de 2008, [….] al respectivo fondo de pensiones [….]
solo en el porcentaje que le correspondía como empleador […]» (sic).
Consideró que «[…] se encuentra claramente demostrado con la copia de las
certificaciones del tiempo laborado, en donde se evidencia la remuneración
pactada, la existencia de dos de los tres elementos de la relación laboral como
son, por un lado, la prestación personal del servicio, en atención a que en
efecto la demandante fue contratada a través de cooperativas de trabajo
asociadas para prestar sus servicios como Auxiliar de Enfermería en el
Instituto de Seguros Sociales y posteriormente en una IPS de la E.S.E. Antonio
Nariño, lo que implica que fue ella quien prestó el servicio, y por otro, la
remuneración por el trabajo cumplido, como quiera que en dichos documentos
se evidencia un valor el cual era pagado por la Cooperativa y directamente por
la entidad liquidada, es decir, la suma de dinero que tenía derecho a recibir y
la modalidad del pago, lo que se entiende como la remuneración pactada por
el servicio o el trabajo prestado, independientemente de su denominación
(honorarios, salario o compensación), que le era pagada de manera mensual»
(sic).
En cuanto a la subordinación, precisó que en «[…] casos donde la parte
demandante ejerce funciones de enfermería, se presume el tercer elemento
de la relación laboral […]» y, sumado a ello, de las pruebas documentales
7
Providencia obrante en la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada Samai.
6
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Demandante: Patricia Cardona Díaz
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aportadas y testimonios recibidos se evidencia que «[…] debía tener
disponibilidad de tiempo para realizar sus labores en la IPS de la E.S.E.
Antonio Nariño, de acuerdo con la necesidad del personal que era atendido en
este centro asistencial; es decir, que dada su condición de auxiliar de
enfermería, debía seguir las directrices de los médicos que laboraban con ella,
por lo que atendiendo los criterios jurisprudenciales aplicables al caso
concreto, la demandante se encontraba subordinada a la entidad liquidada,
luego no disponía de autonomía ni libertad para ejercer su profesión,
configurándose así una relación laboral y no un contrato de prestación de
servicios ni como aportante o gestora de una cooperativa sin nexo con la
Empresa Social del Estado» (sic).
Advirtió que únicamente se acreditan los elementos de la relación laboral del
1º de diciembre de 2003 al 15 de noviembre de 2008 y como la reclamación
administrativa se presentó el 18 de noviembre de 2011, operó el fenómeno
jurídico de la prescripción de los derechos laborales reclamados, excepto
frente a los aportes a pensión, que son imprescriptibles.
4. Los recursos de apelación8.
4.1. El Ministerio de Salud y Protección Social pidió revocar la sentencia de
primera instancia. Arguyó que la demandante no formuló solicitud
administrativa de su acreencia en el proceso liquidatario de la ESE Antonio
Nariño, conforme a lo previsto en el Decreto ley 254 de 2000 y la Ley 1105 de
2006, por lo que no es esa cartera la encargada de atender ahora su
reclamación, máxime cuando «[…] la ESE ANTONIO NARIÑO fue suprimida
el 3 de octubre de 2008 a través del Decreto 3870, luego entonces, no puede
ser condenada una entidad que por norma expresa prohibía la continuidad del
objeto social después a partir del 4 de octubre de ese año» (sic).
En ese sentido, afirmó que no se encuentran acreditados los elementos de la
relación laboral, no obstante, el a quo dio por probada la relación laboral
conforme a la certificación emanada de la Cooperativa de Trabajo Asociado
Consentir, documento que «[…] solo indica que la señora PATRICIA
CARDONA DÍAZ prestó sus servicios en esa cooperativa desde el 1 de
8
Ibidem.
7
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diciembre de 2003 hasta el 15 de noviembre de 2008 cuando ya la ESE
ANTONIO NARIÑO había cesado sus operaciones y además, sin indicar bajo
qué condiciones prestó los servicios la demandante y si se cumplió algún
contrato celebrado con la ESE ANTONIO NARIÑO […]» (sic) y sin que
estuvieran demostrados en forma concurrente los elementos de la relación
laboral.
4.2. La accionante presentó recurso de apelación (parcial), en lo referente a
la prescripción de los derechos deprecados, toda vez que es «[…] a partir de
la sentencia que constituye el derecho en cabeza del contratista […] que [este]
queda autorizado para reclamar ante las autoridades administrativas las
prestaciones sociales reconocidas a título de indemnización, porque antes de
la anulación, el contrato de prestación de servicios gozaba de la presunción
de legalidad y el derecho a obtener el pago de las prestaciones sociales
materialmente no existía» y «en el caso que nos atañe, hasta que no exista
una sentencia constitutiva, que tenga como consecuencia el nacimiento de un
derecho, no podemos darle la calidad de derecho adquirido, a una simple
expectativa, por tanto a partir de la ejecutoria de la sentencia que declara un
derecho, es que se debe empezar a contar el termino de prescripción,
fenómeno que castiga al beneficiario por el hecho de no hacer exigible su
derecho dentro del término establecido por la ley para ello. Mientras tanto no
podemos castigar a un trabajador que ya por necesidad estuvo sometido a una
desventaja laboral frente a sus compañeros que tenían la calidad de
empleados públicos, como para castigarlos de nuevo por no haber exigido un
derecho que no existía ya que el mismo estado de manera fraudulenta se los
negó, disfrazando su relación laboral detrás de un contrato de prestación de
servicios» (sic).
5. Alegatos de conclusión.
Mediante auto del 3 de marzo de 20239, el despacho sustanciador admitió los
recursos de apelación interpuestos por las partes y, en virtud del numeral 5 del
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no se les corrió traslado para alegar; no
9
Folio 568.
8
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obstante, las partes allegaron escritos y el agente del Ministerio Público rindió
concepto10.
5.1 Parte demandada.
La entidad accionada, por medio de apoderado, reiteró los argumentos del
recurso de apelación, en cuanto a que no es competente para asumir las
acreencias reclamadas, porque se desconocieron las normas sobre
liquidación forzosa y respecto de quién debe asumir las acreencias de la
extinguida ESE; adicionalmente, el a quo no tuvo en consideración que la
supresión y orden de liquidación de la ESE Antonio Nariño se produjo el 3 de
octubre de 2008 y reconoció derechos hasta el 15 de noviembre de esa
anualidad, pero entre esas dos fechas fueron otras entidades las que operaron
la Clínica Rafael Uribe Uribe.
Asimismo, insistió en que no se presentaron los elementos de la relación
laboral y las órdenes o instrucciones que recibía la demandante para el
desarrollo de su labor, emanaban de las cooperativas de trabajo asociado a
las que estuvo afiliada.
5.2 Parte demandante.
La apoderada de la accionante iteró sus motivos de inconformidad con la
decisión de instancia, concernientes a la prescripción de los derechos
laborales reconocidos, dado que, a su juicio, si es a partir de la sentencia que
se constituye el derecho a reclamarlos ante la Administración, no es dable
declarar la ocurrencia de ese fenómeno.
5.3. Ministerio Público.
La señora procuradora segunda delegada ante esta Corporación, quien funge
como representante del Ministerio Público dentro del presente proceso, rindió
concepto11, en el sentido de que se debe confirmar la sentencia apelada,
porque, por una parte, «[…] el Consejo de Estado ha definido en casos
similares la legitimación del Ministerio de Salud y Protección Social,
10
Memoriales adjuntados a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada Samai.
11
Memorial adjuntado a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada Samai.
9
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argumentando que “conforme al cierre del proceso liquidatario de la ESE, los
contratos mediante los cuales se constituyeron las fiducias del patrimonio
autónomo de la entidad liquidada fueron cedidos al otrora Ministerio de la
Protección Social, quien en adelante actuaría como fideicomitente cesionario
de los mismos.” En este orden, resulta claro entonces, tal como concluyó e[l]
Consejo de Estado en el caso en mención que “El Ministerio de Salud y
Protección Social es la entidad encargada de reconocer y pagar, a título
indemnizatorio, las prestaciones sociales derivadas de la existencia de la
relación laboral entre la accionante y la ESE Antonio Nariño, en virtud del
Otrosí 11 al contrato de fiducia mercantil 013 de 2010 […]» (sic); y, por otra,
concurren «[…] los elementos inherentes al contrato realidad durante el
período acreditado, toda vez que la actora prestó de manera personal sus
servicios profesionales como auxiliar de enfermería, desarrollando labores
bajo la continua dependencia y subordinación de la demandada, y en
contraprestación recibió una remuneración periódica con cargo al presupuesto
de la E.S.E Antonio Nariño como se expuso; no obstante, se encuentra
demostrado que la actora elevó solicitud administrativa para el reconocimiento
y pago de las acreencias laborales reclamadas el 18 de noviembre de 2011,
es decir, que transcurrió el término legal de tres años para la prescripción de
las prestaciones sociales causadas desde el 1° de diciembre de 2003 al 15 de
noviembre de 2008, se configuró así el fenómeno jurídico de la prescripción
extintiva respecto de los derechos prestacionales pretendidos […]» (sic).
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia.
La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De
igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)12, el
12
«Artículo 328. Competencia del superior. el juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el
superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y
ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia».
10
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juez de segunda instancia debe pronunciarse sin limitaciones, cuando ambas
partes apelan.
2.2. Problema jurídico.
Le corresponde a la Sala establecer si revoca o modifica la sentencia del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las
pretensiones. Para el efecto, se analizará (i) si a la demandante le asiste razón
jurídica o no para reclamar de la accionada el reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales no devengadas durante el tiempo que permaneció
vinculada como auxiliar de enfermería de la ESE Antonio Nariño, en aplicación
del principio de «primacía de la realidad sobre formalidades»; o, por el
contrario, al no haberse presentado la figura de la intermediación laboral, el
desempeño de la accionante cumplió las correspondientes normas asociativas
y de cooperativismo; y de ser cierta la primera hipótesis, (ii) si operó el
fenómeno jurídico de la prescripción de los derechos reclamados; y (iii) cuál
es la entidad a cargo del pago de la condena judicial.
Para resolver los anteriores problemas jurídicos, la Sala desarrollará los
siguientes temas: 2.2.1. Marco normativo y jurisprudencial: 2.2.1.1. Del
contrato realidad, 2.2.1.2. Cooperativas de trabajo asociado; 2.2.2. Hechos
probados y 2.2.3. Caso concreto.
2.2.1. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1.1. Del contrato realidad. En principio, cabe precisar que respecto de los
contratos estatales de prestación de servicios, la Ley 80 de 1993, en su artículo
32 (numeral 3), dispone:
Son contratos de prestación de servicios los que celebren las
entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con
la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos
sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o
requieran conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos general relación laboral ni
prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente
indispensable.
Es decir, que el contrato de prestación de servicios es aquel por el cual se
11
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Demandante: Patricia Cardona Díaz
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vincula excepcionalmente a una persona natural con el propósito de suplir
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad,
o para desarrollar labores especializadas que no pueden asumir el personal
de planta y que no admite el elemento de subordinación por parte del
contratista, toda vez que debe actuar como sujeto autónomo e independiente
bajo los términos del contrato y de la ley contractual.
Por su parte, la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad de las
expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o» y «en ningún
caso […] general relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en el
precitado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en sentencia C-154
de 1997, precisó las diferencias entre el contrato de prestación de servicios y
el de carácter laboral, así:
Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos
diferentes al de prestación de servicios independientes. En efecto,
para que aquél se configure se requiere la existencia de la
prestación personal del servicio, la continuada subordinación
laboral y la remuneración como contraprestación del mismo. En
cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad
independiente desarrollada, puede provenir de una persona
jurídica con la que no existe el elemento de la subordinación laboral
o dependencia consistente en la potestad de impartir órdenes en la
ejecución de la labor contratada.
Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -
contrato de prestación de servicios y contrato de trabajo- se obtiene
que sus elementos son bien diferentes, de manera que cada uno
de ellos reviste singularidades propias y disímiles, que se hacen
inconfundibles tanto para los fines perseguidos como por la
naturaleza y objeto de los mismos.
En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que
determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación
de servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que quien
celebra un contrato de esta naturaleza, como el previsto en la
norma acusada, no puede tener frente a la administración sino la
calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones
sociales; a contrario sensu, en caso de que se acredite la
existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente
en la actitud por parte de la administración contratante de impartir
órdenes a quien presta el servicio con respecto a la ejecución de
la labor contratada, así como la fijación de horario de trabajo para
la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con
derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la
denominación de un contrato de prestación de servicios
independiente.
Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir
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subordinación o dependencia al contratista ni algo distinto del
cumplimiento de los términos del contrato, ni pretender el pago de
un salario como contraprestación de los servicios derivados del
contrato de trabajo, sino, más bien, de honorarios profesionales a
causa de la actividad del mandato respectivo.
Ahora bien, el artículo 2 del Decreto 2400 de 196813, «[p]or el cual se
modifican las normas que regulan la administración del personal civil […]»,
dispone:
Se entiende por empleo el conjunto de funciones señaladas por la
Constitución, la ley, el reglamento o asignadas por autoridad
competente que deben ser atendidas por una persona natural.
Empleado o funcionario es la persona nombrada para ejercer un
empleo y que ha tomado posesión del mismo.
Los empleados civiles de la Rama Ejecutiva integran el servicio
civil de la República.
Quienes presten al Estado Servicios ocasionales como los peritos
obligatorios, como los jurados de conciencia o de votación;
temporales, como los técnicos y obreros contratadas por el tiempo
de ejecución de un trabajo o una obra son meros auxiliares de la
Administración Pública y no se consideran comprendidos en el
servicio civil, por no pertenecer a sus cuadros permanentes.
Para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán
los empleos correspondientes, y en ningún caso, podrán
celebrarse contratos de prestación de servicios para el
desempeño de tales funciones.
La parte subrayada de la precitada disposición fue declarada exequible por
la Corte Constitucional, en sentencia C-614 de 2009, al señalar la
permanencia, entre otros criterios, como un elemento más que indica la
existencia de una relación laboral. Frente al tema, expuso:
La Corte encuentra que la prohibición a la administración pública
de celebrar contratos de prestación de servicios para el ejercicio
de funciones de carácter permanente se ajusta a la Constitución,
porque constituye una medida de protección a la relación laboral,
ya que no sólo impide que se oculten verdaderas relaciones
laborales, sino también que se desnaturalice la contratación
estatal, pues el contrato de prestación de servicios es una
modalidad de trabajo con el Estado de tipo excepcional,
concebido como un instrumento para atender funciones
ocasionales, que no hacen parte del giro ordinario de las labores
encomendadas a la entidad, o siendo parte de ellas no pueden
ejecutarse con empleados de planta o se requieran conocimientos
especializados. De igual manera, despliega los principios
constitucionales de la función pública en las relaciones
13
Modificado por el Decreto 3074 del mismo año.
13
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contractuales con el Estado, en tanto reitera que el ejercicio de
funciones permanentes en la administración pública debe
realizarse con el personal de planta, que corresponde a las
personas que ingresaron a la administración mediante el concurso
de méritos.
De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura
cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación
laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la
continuada subordinación, de lo que surge el derecho al pago de
prestaciones sociales a favor del contratista, en aplicación del principio de la
primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas en las relaciones
laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con el que
se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas
preceptuados en normas respecto de la materia.
En otras palabras, el denominado «contrato realidad» aplica cuando se
constata en juicio la continua prestación de servicios personales
remunerados, propios de la actividad misional de la entidad contratante, para
ejecutarlos en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos
de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que
desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos
contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia
de las relaciones laborales14.
De igual manera, la subsección B de esta sección segunda 15 recordó que (i)
la subordinación o dependencia es la situación en la que se exige del servidor
público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al
modo, tiempo o cantidad de trabajo, y se le imponen reglamentos, la cual
debe mantenerse durante el vínculo; (ii) le corresponde a la parte actora
demostrar la permanencia, es decir, que la labor sea inherente a la entidad,
y la equidad o similitud, que es el parámetro de comparación con los demás
empleados de planta, requisitos necesarios establecidos por la
jurisprudencia, para desentrañar de la apariencia del contrato de prestación
de servicios una verdadera relación laboral; y (iii) por el hecho de que se
14
En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, en sentencia de 27 de
enero de 2011, expediente: 5001-23-31-000-1998-03542-01 (202-10).
15
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia de 4 de febrero de 2016, expediente: 81001-23-33-000-
2012-00020-01 (316-2014).
14
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declare la existencia de la relación laboral y puedan reconocerse derechos
económicos laborales a quien fue vinculada bajo la modalidad de contrato de
prestación de servicios que ocultó una verdadera relación laboral, no se le
puede otorgar la calidad de empleado público, dado que para ello es
indispensable que se den los presupuestos de nombramiento o elección y su
correspondiente posesión, elementos de juicio que enmarcan el análisis del
tema y que se tendrán en cuenta para decidir el asunto sub examine.
2.2.1.2 Cooperativas de trabajo asociado. La Ley 79 de 1988, «Por la cual
se actualiza la legislación cooperativa», en su artículo 80, preceptúa que las
cooperativas de trabajo asociado son aquellas que vinculan el trabajo personal
de sus socios para la producción de bienes, ejecución de obras o la prestación
de servicios, puesto que son organizaciones sin ánimo de lucro pertenecientes
al sector solidario de la economía; su objeto social es el de generar y mantener
trabajo para los asociados de manera autogestionaria, con autonomía,
autodeterminación y autogobierno. En sus estatutos, según el artículo 5 del
Decreto 4588 de 2006, «Por el cual se reglamenta la organización y
funcionamiento de las cooperativas y pre cooperativas de trabajo asociado»,
se debe precisar la actividad socioeconómica que desarrollarán, encaminada
al cumplimiento de su naturaleza, en cuanto a la generación de un trabajo, en
los términos que determinan los organismos nacionales e internacionales
sobre la materia.
Este mismo Decreto, en sus artículos 16 y 17, establece la prohibición, por una
parte, de que el asociado que sea enviado por la cooperativa o precooperativa
de trabajo asociado a prestar servicios a una persona natural o jurídica, por lo
que se considerará trabajador dependiente de la que se beneficie con su
trabajo; y, por la otra, que no podrán actuar como empresas de intermediación
laboral ni disponer del trabajo de los asociados para suministrar mano de obra
temporal a un usuario o a terceros beneficiarios, o remitirlos como trabajadores
en misión con el fin de que atiendan labores de estos, o permitir que respecto
de los asociados se generen relaciones de subordinación o dependencia con
los contratantes, y en tal caso, sus directivos serán solidariamente
responsables por las obligaciones económicas que se causen a favor del
trabajador asociado.
15
No. Interno: 4219-2022
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En este sentido, se pronunció esta Corporación, en sentencia de 27 de abril
de 201616, así:
En la práctica, el trabajo asociado en algunos casos se ha utilizado
como instrumento para escapar a la legislación laboral y así eludir
las obligaciones para con los trabajadores dependientes o
subordinados. Por ello, el Legislador consagro la prohibición de que
las Cooperativas de Trabajo Asociado actúen como empresas de
intermediación laboral, dispongan del trabajo de los asociados para
suministrar mano de obra temporal a usuarios o terceros
beneficiarios, remitan a los asociados como trabajadores en misión
con la finalidad de que atiendan labores propias de un usuario o
tercero beneficiario del servicio, o permitan que respecto de los
asociados se generen relaciones de subordinación o dependencia
con terceros contratantes; y como consecuencia, estableció que el
asociado que acuda a estas prácticas se considerara trabajador
dependiente de la persona natural o jurídica que se beneficie con
su trabajo. De tal manera que el tercero contratante, la Cooperativa
y sus directivos serán solidariamente responsables por las
obligaciones económicas generadas a favor del trabajador
asociado17. Sin perjuicio de que queden incursas en causal de
disolución y liquidación y que les sea cancelada la personería
jurídica18.
Por su parte, la Corte Constitucional, en fallo T-442 de 13 de julio 201719,
reiteró:
[…] si durante la ejecución del contrato de trabajo asociado, la
cooperativa de trabajo asociado infringe la prohibición consistente
en que estas organizaciones solidarias no pueden actuar como
empresas de intermediación laboral, ni disponer del trabajo de sus
asociados para suministrar mano de obra a terceros beneficiarios,
o admitir que respecto de sus asociados se susciten relaciones de
subordinación, se debe dar aplicación la legislación laboral, y no la
legislación civil o comercial porque bajo estas hipótesis confluyen
elementos esenciales que dan lugar a la existencia de un contrato
de trabajo simulado por el contrato cooperativo20.
Así las cosas, se concluye que se defrauda la finalidad con la que se creó este
tipo de asociaciones cuando, a través del funcionamiento de una cooperativa
16
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección A, fallo de 27 de abril de
2016, expediente 66001-23-31-000-2012-00241-01 (2525-14).
17
Artículos 16 y 17 del Decreto 4588 de 2006, que reglamenta la organización y funcionamiento de las cooperativas
y pre cooperativas de trabajo asociado.
18
«Artículo 7° de la Ley 1233 de 2008. Ley por medio de la cual se precisan los elementos estructurales de las
contribuciones a la seguridad social, se crean las contribuciones especiales a cargo de las Cooperativas y Pre
cooperativas de Trabajo Asociado, con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, ICBF, y a las Cajas de Compensación Familiar, se fortalece el control concurrente y se dictan otras
disposiciones».
19
M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
20
Ver, entre otras, las sentencias: T-286 de 2003, T-445 de 2006, T-504 y 962 de 2008, T-484 de 2013 y T-531 de
2015.
16
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de trabajo asociado, se encubre el desarrollo de relaciones de labor
dependiente, es decir, cuando el cooperado presta sus servicios con el
propósito de atender funciones propias de un tercero beneficiario bajo los tres
elementos del contrato de trabajo, cuales son: (i) prestación de un trabajo o
una labor en forma personal, (ii) subordinación y (iii) contraprestación por la
función desarrollada.
2.2.2. Hechos probados
i) Mediante sentencia del 30 de noviembre de 200921, el Juzgado Segundo
Laboral de Descongestión del Circuito de Cali declaró que entre la señora
Patricia Cardona Díaz y el extinguido Instituto de Seguros Sociales «durante
el período comprendido del 1 de noviembre de 1996 hasta el 26 de junio de
2003 existió un contrato de trabajo» y ordenó el pago de las correspondientes
acreencias laborales causadas en ese lapso, decisión confirmada con
providencia de 1° de agosto de 2011 por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cali (sala laboral de descongestión) 22.
ii) Por medio de oficio de 19 de noviembre de 200323, la directora de Clínica
Rafael Uribe Uribe le comunicó a la demandante que el 30 de los mismos mes
y año vencía el contrato de prestación de servicios con la ESE Antonio Nariño.
iii) Según las certificaciones y convenio de trabajo asociado24 aportadas con
la demanda, la actora estuvo asociada a la Cooperativa de Servicios
Integrados Consentir CTA del 1° de diciembre de 2003 al 15 de noviembre de
2008, para prestar servicios como auxiliar de enfermería a la Empresa Social
del Estado Antonio Nariño en la Clínica Rafael Uribe Uribe.
Actuación administrativa
A través de escrito de 18 de noviembre de 201125, la señora Patricia Cardona
Díaz reclamó del Ministerio de Salud y Protección Social que declarara la
existencia de una relación laboral entre ella y la ESE Antonio Nariño
(liquidada), desde el «26 de junio de 2003» (sic) hasta el 31 de enero de 2010,
21
Folios 15 a 27.
22
Folios 28 a 39.
23
Folio 44.
24
Folios 40 a 43.
25
Folios 45 a 60.
17
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y el pago de las correspondientes acreencias laborales y prestaciones
sociales, sin que se diera respuesta a dicha solicitud, por lo que se configuró
el silencio administrativo negativo.
2.2.3. Caso concreto
La señora Patricia Cardona Díaz prestó servicios como auxiliar de enfermería
en la Empresa Social del Estado Antonio Nariño - Clínica Rafael Uribe Uribe
como trabajadora asociada de la Cooperativa de Servicios Integrados
Consentir CTA, del 1° de diciembre de 2003 al 15 de noviembre de 2008.
Asimismo, acude en sede de nulidad y restablecimiento del derecho para
solicitar la anulación de acto ficto, producto del silencio administrativo ante la
falta de respuesta a la reclamación presentada el 18 de noviembre de 2011,
por medio del cual el Ministerio de Salud y Protección Social se negó a declarar
la existencia de una relación laboral entre ella y la precitada ESE, desde el «26
de junio de 2003» (sic) hasta el 31 de enero de 2010, y el pago de las
correspondientes acreencias laborales y prestaciones sociales.
Lo primero que ha de advertirse es que, de conformidad con el artículo 167 del
Código General del Proceso (CGP), «incumbe a las partes probar el supuesto
de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen»,
motivo por el que quien alega la existencia de un contrato realidad debe
desplegar todas las actuaciones para llevar al juez a dicho convencimiento y,
para tal propósito, aportar todos los elementos probatorios a que haya lugar,
los que serán valorados de acuerdo con las reglas de la sana crítica.
Ahora bien, sin perjuicio del contenido de las certificaciones emanadas de la
Cooperativa de Servicios Integrados Consentir CTA, las cuales indican que la
señora Patricia Cardona Díaz, como su asociada, prestó servicios de auxiliar
de enfermería a la ESE Antonio Nariño (liquidada), por una parte, no se arrimó
al proceso documento del que se desprenda algún tipo de contrato de esa
Cooperativa de Trabajo Asociado con la desaparecida ESE, por lo que la Sala
no puede verificar los términos contractuales, las obligaciones de las partes y
ni siquiera los extremos temporales. Sobre ese aspecto, se recuerda que, de
18
No. Interno: 4219-2022
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conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación26, los contratos
estatales deben constar por escrito, lo que comporta una solemnidad que no
puede desconocerse y, en caso de no hacerse, el negocio simplemente no
existiría.
Frente a la configuración del contrato realidad, resulta oportuno precisar que
debe acreditarse la existencia de los tres elementos de la relación laboral: (i)
la prestación personal del servicio, (ii) la remuneración por el trabajo cumplido
y (iii) la subordinación y dependencia.
En ese contexto, pese a que se encuentra acreditado que la actora prestó de
manera personal el servicio, como quiera que, según indica la precitada
Cooperativa de Trabajo Asociado, ella realizó labores de auxiliar de enfermería
en la ESE Antonio Nariño (liquidada), es decir, dicha actividad fue ejecutada
por ella y no por otra persona, no se puede constatar que el trabajo de la
demandante se haya desarrollado por el lapso alegado en el libelo
introductorio o consignado en las aludidas certificaciones, al no existir prueba
que corrobore cuándo, cómo o por cuáles interregnos la ESE contrató con la
Cooperativa de Trabajo Asociado.
En lo concerniente a la contraprestación económica, en las certificaciones
de la Cooperativa de Servicios Integrados Consentir CTA, se observa que
percibió unos honorarios, en contraprestación por los servicios prestados, que
eran sufragados de manera mensual, pero no hay prueba de la compensación
de estos pagos por parte de ESE.
Respecto de la subordinación y dependencia, contrario a lo aducido por la
demandante y al análisis del a quo, no se configuró este elemento por cuanto
no se probó cuáles eran las condiciones de la labor que la señora Patricia
Cardona Díaz desempeñó en la extinguida ESE Antonio Nariño como auxiliar
de enfermería, pues, se insiste, no se cuenta con otros tipos de documento,
tales como contratos de prestación de servicios entre la institución de salud y
la cooperativa, de los que pueda establecerse en grado de certeza cuáles eran
26
Al respecto, puede verse, entre otras, la sentencia de 3 de octubre de 2012, expediente 23001-23-31-000-1998-08976-
01 (26140), C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, en la que se dijo: «[…] los contratos estatales deben constar por
escrito, pues así lo disponen los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993, al señalar que es esta la forma que deben adoptar
tales actos jurídicos para existir jurídicamente y quedar perfeccionados, es decir, para que sean válidos desde la
perspectiva estrictamente formal (requisito ad solemnitatem o ad substanciam actus). Esta exigencia es una de las
llamadas formalidades plenas de los contratos del Estado».
19
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las obligaciones a su cargo y los términos y condiciones en que se prestaba el
servicio. Tampoco aportó circulares, comunicados, oficios o cualquier otro
elemento del que pudiera inferirse quién ejercía la dirección y sujeción en la
alegada vinculación.
En este orden, ante el evidente déficit probatorio en el asunto sub examine,
concluye la Sala que no se hallan probados los elementos de la relación
laboral, esto es, la prestación personal del servicio de manera permanente, la
remuneración y la subordinación y dependencia en el desarrollo de la
actividad, por lo que, contrario a lo considerado por el Tribunal de instancia,
no es dable concluir que la liquidada ESE Antonio Nariño utilizó
equívocamente la figura contractual o una «tercerización laboral» para
encubrir la naturaleza real de una labor desempeñada por la actora, por lo que
no se configura en este caso el contrato realidad; en consecuencia, se
revocará la sentencia de primera instancia.
2.2.5. Sobre la condena en costas
De la interpretación del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, esta Sala ha sido
del criterio que la norma transcrita deja a disposición del juez valorar la
procedencia o no de la condena en costas, ya que para ello debe examinar la
actuación procesal de la parte vencida, debe tener certeza de su causación y
que la conducta desplegada adolece de temeridad y mala fe, no basta el simple
hecho de las resultas del proceso.
En el caso concreto, si bien es cierto que la parte demandante fue vencida en
el proceso, no es menos que, revisado su proceder a lo largo de la actuación,
no se evidencia temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa propia de
sus intereses, por lo que no se impondrá condena en costas.
III. DECISIÓN
En atención a lo anterior, la Sala revocará la sentencia del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, para en su lugar negarlas.
20
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Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia del 4 de marzo de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda presentada por la señora Patricia Cardona Díaz;
en su lugar, se niegan, conforme a lo indicado en la parte motiva.
SEGUNDO.- Sin condena en costas.
TERCERO.- RECONÓCESE personería al abogado MARIO JORDÁN MEJÍA
VARGAS, con tarjeta profesional 263.484 del Consejo Superior de la
Judicatura, como apoderado de la Nación – Ministerio de Salud y Protección
Social, en los términos y para los efectos del poder visible en el aplicativo
SAMAI.
CUARTO.- Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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