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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2012-00392-01

Fecha
20 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2012-00392-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, expediente 0088-2015. 8 www.consejodeestado.gov.co Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Radicado: 76001-23-33-000-2012-00392-01 (5952-2022) Demandante: Elssy Garzón Rodríguez PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 28 de julio de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Decisión. SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia al Departamento del Valle del Cauca a favor de la Señora Elssy Garzón Rodríguez. Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2012-00392-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

20 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho- Ley 1437 de 2011
Radicación: 76001-23-33-000-2012-00392-01 (5952-2022)
Demandante: Elssy Garzón Rodríguez
Demandado: Departamento del Valle del Cauca y otros1

Temas: Obligación de realizar cotizaciones con destino al sistema de
seguridad social en pensiones a favor de las personas que
desarrollan funciones docentes a través de contratos de
prestación de servicios.

Decisión: Confirma la sentencia de primera instancia porque la
jurisprudencia ha señalado que la labor docente lleva ínsita la
continuada subordinación.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el Departamento del Valle del
Cauca contra la sentencia de primera instancia del 28 de julio de 2022 proferida por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

I. ANTECEDENTES
Demanda

1. La señora Elssy Garzón Rodríguez interpuso demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que se declare la
nulidad de los siguientes actos administrativos:

• Oficio núm. DA-135 del 24 de abril de 2009 proferido por el municipio de
Sevilla.
• Actos fictos presuntos generados por la falta de respuesta a los derechos de
petición elevados ante el departamento del Valle del Cauca2 y el Fondo
Nacional Prestaciones Sociales del Magisterio3.
• Acto ficto derivado del silencio administrativo frente al recurso de reposición y,
en subsidio apelación, interpuesto contra los formatos 2010-Pens-014821 de
30 de septiembre de 2010, presentado ante el departamento de Valle del
Cauca.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó: i) que se declare la existencia
de una relación laboral entre las partes sin solución de continuidad en los lapsos en
los que estuvo vinculada a través de un contrato de prestación de servicios; ii) se
reconozca y pague la pensión de jubilación; iii) que se ordene el pago de las mesadas
retroactivas, con los reajustes legales e indexación hasta su cancelación efectiva; y
iv) se dé cumplimiento a lo estipulado en los artículos 173,176,177,178 y ss del CCA.4

1
Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales (FOMAG) y
Municipio de Sevilla
2
Derecho de petición elevado el 25 de marzo de 2009, consecutivo 20151.
3
Derecho de petición presentado el 30 de marzo de 2010, radicado 2010-PENS-014821.
4
Según acápite de declaraciones y condenas de la demanda.

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Radicado: 76001-23-33-000-2012-00392-01 (5952-2022)
Demandante: Elssy Garzón Rodríguez

3. Como hechos relevantes, la demandante indicó que nació el 23 de noviembre
de 1952 y que prestó sus servicios como docente en el municipio de Sevilla y en
veredas aledañas. Tales vinculaciones se efectuaron mediante órdenes de
prestación de servicios y nombramientos provisionales.

4. Como concepto de violación argumentó que los actos acusados infringieron
normas superiores5, por cuanto desempeñó las mismas funciones que el personal
docente de planta. En consecuencia, invocó el principio de primacía de la realidad
sobre las formas, argumentando que, pese a la apariencia contractual, existió una
verdadera relación laboral.

Contestación de la demanda

5. El FOMAG se opuso a las pretensiones, al señalar que a la demandante no
le fue reconocida la pensión de jubilación prevista en la Ley 33 de 1985, por no
cumplir los requisitos exigidos en dicha norma.

6. Propuso como excepciones la falta de legitimación en la causa por pasiva, la
prescripción, la inexistencia de la obligación y la caducidad

7. El municipio de Sevilla precisó que no existió vínculo laboral con la
demandante y que las órdenes de prestación de servicios respondieron a la
necesidad de atender requerimientos del Ministerio de Educación Nacional y del
departamento del Valle del Cauca.

8. Como excepciones propuso: inexistencia de identidad entre el objeto de la
petición administrativa y las pretensiones jurisdiccionales, cosa juzgada,
inadecuación de la acción, inexistencia de vínculo laboral, falta de legitimación en la
causa por pasiva, incumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de
jubilación, ausencia de firma de aceptación del poder por el apoderado y la excepción
innominada.

9. El departamento del Valle del Cauca indicó que la demandante nunca ha
sido funcionaria de esa entidad y que la relación sostenida tuvo naturaleza
contractual, motivo por el cual no le asiste derecho a prestaciones laborales.

10. Propuso como excepción la inexistencia de la obligación.

Decisión de las excepciones previas

11. En la audiencia inicial celebrada el 12 de diciembre de 20136, se declararon no
probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva,
prescripción, caducidad, cosa juzgada y demanda en forma. Esta decisión no fue
objeto de recursos.

5
Artículos 1,2,4,23,25,29,48, y 53 de la Constitución Política; Ley 60 de 1963 Decreto 2277 de 1979;
Ley 33 de 1985; Decreto 01 de 1884; Ley 80 de 1993; y Ley 115 de 1994.
6
Folios 222 a 232.

2
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Demandante: Elssy Garzón Rodríguez

La sentencia apelada

12. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 28 de
julio de 2022, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda al encontrar
acreditada la continuada subordinación en la prestación de los servicios como
docente7.

13. Por tal razón, declaró la existencia de una relación laboral entre la señora
Elssy Garzón Rodríguez con el municipio de Sevilla entre el 1 de diciembre de 1980
y 31 de diciembre de 2002 (en sus diferentes modalidades y con las debidas
interrupciones), y adicionalmente entre esta y el departamento de Valle del Cauca
entre el 7 de enero y el 30 de noviembre de 2003, tal como consta en la siguiente
tabla:

Entidad contratante Lapso Tipo de vinculación
Municipio de Sevilla 1 de diciembre de 1980 a 31 de Auxilio educativo (docente)
diciembre de 1991
Municipio de Sevilla 1 de enero a 31 de diciembre de Contrato de prestación de
1992 servicio(docente)
Municipio de Sevilla 1 de enero a 31 de diciembre de Contrato de prestación de
1993 servicio(docente)
Municipio de Sevilla 5 de enero de 1994 a 31 de Convenio contractual núm. 20
diciembre de 2002 (docente)
Departamento del Valle 7 de enero a 30 de noviembre de Órdenes de prestación de
del Cauca 2003 servicio
(docente)
Departamento del Valle 7 de enero de 2003 a 15 de Nombramiento docente
del Cauca septiembre de 2004 provisional
Departamento del Valle 16 de septiembre de 2004 a 21 de Nombramiento docente
del Cauca agosto de 2005 provisional

14. Con base en el acervo probatorio, estableció que la prestación del servicio se
desarrolló bajo condiciones de dependencia y subordinación frente al municipio y el
departamento, además de la remuneración periódica derivada de dicha labor.

15. Para acreditar el vínculo contractual con el departamento del Valle del Cauca,
el Tribunal observó que, aunque no se allegaron los contratos o convenios
interadministrativos celebrados entre dicha entidad y el municipio de Sevilla, las
órdenes de pago incorporadas al expediente evidencian que los recursos utilizados
para remunerar la labor docente de correspondiente a los servicios prestados por la
demandante provenían del departamento del Valle del Cauca.

16. Lo anterior obedece a que, tratándose de un municipio no certificado, la
prestación del servicio educativo —a partir del año 2003— quedó a cargo del
departamento, incluidas las obligaciones relacionadas con el pago de los honorarios
del personal docente. En consecuencia, la Sala concluyó que la demandante
desempeñó funciones docentes misionales propias de las entidades territoriales, en
condiciones equivalentes a las de los docentes de planta. Tal afirmación se
encuentra respaldada tanto en los testimonios y documentos obrantes en el
expediente como en lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia C-555

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Índice 73 de SAMAI del Tribunal

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Demandante: Elssy Garzón Rodríguez

de 1994.

17. Igualmente, se estableció que la demandante se encontraba subordinada a
diversas autoridades del sector educativo: el municipio de Sevilla, la Secretaría de
Educación Municipal, la Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca,
los rectores, los jefes de núcleo e incluso el alcalde municipal. Estas autoridades
impartían instrucciones sobre el modo, lugar, tiempo y cantidad de trabajo, horarios
de asistencia y disponibilidad para la prestación del servicio, así como directrices
emanadas del Ministerio de Educación Nacional.

18. El Tribunal resaltó que dicha subordinación se mantuvo durante todo el
periodo de vinculación, al tratarse de un servicio de naturaleza misional y
permanente, que podía ser desempeñado por servidores públicos o personal de
planta, sin tener carácter excepcional o temporal.

19. En consecuencia, señaló que el tiempo total acreditado por la demandante
deberá computarse para efectos pensionales, y la entidad correspondiente efectuará
las cotizaciones retroactivas ante la administradora de pensiones a la cual se
encuentre afiliada o haya efectuado aportes en calidad de contratista.

20. Así mismo, ordenó a la demandante acreditar las cotizaciones que realizó al
Sistema General de Pensiones durante el periodo de vinculación; y, en caso de que
no existan aportes o se adviertan diferencias en su contra, deberá cancelar o
completar el porcentaje que legalmente le correspondía como trabajadora.

21. El Tribunal precisó que no se estudiará la pretensión de reconocimiento
pensional en calidad de empleada pública, por cuanto la jurisprudencia del Consejo
de Estado ha sostenido que la declaración judicial de existencia de una relación
laboral no otorga per se la calidad de empleada pública.

22. Por último, se abstuvo de condenar en costas.

El recurso de apelación

23. El departamento del Valle del Cauca8 interpuso recurso de apelación contra
la sentencia de primera instancia, argumentando que la demandante mantuvo un
vínculo exclusivamente contractual con el municipio de Sevilla, y que solo con la
entrada en vigencia de la Ley 715 de 2001, al no haber sido certificado dicho
municipio, la administración del servicio público educativo fue asumida por el
departamento del Valle del Cauca.

24. Señaló que, con la aplicación de la referida ley, el departamento se vio en la
necesidad de atender la prestación del servicio educativo en ese territorio. Para ello,
encontró personal docente vinculado mediante órdenes de prestación de servicios y,
con el propósito de no interrumpir la continuidad del servicio, mantuvo temporalmente
dichas vinculaciones hasta obtener autorización para la ampliación de la planta de
personal.

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Índice 78 de SAMAI del Tribunal

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Demandante: Elssy Garzón Rodríguez

25. En ese sentido, indicó que en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993
se permitió la suscripción de contratos de prestación de servicios para llevar a cabo
actividades que no se pudieran colmar con el personal de planta, como fue el caso
de la llevada a cabo por la actora.

26. Adicionalmente, adujo que no se probó que la demandante hubiese
presentado reclamación alguna durante el tiempo en que estuvo vinculada como
contratista, lo que, a su juicio, evidencia conformidad con la modalidad contractual
asumida. En ese sentido, consideró que la posterior reclamación judicial revela
actuación de mala fe, en tanto pretende obtener los beneficios de un cargo de carrera
administrativa.

27. El municipio de Sevilla9 presentó recurso de apelación, el cual fue rechazado
por extemporáneo.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

28. Por auto del 6 de julio de 202310 se admitió el recurso de apelación interpuesto
por la parte entidad demandada contra la sentencia de primera instancia.

29. Las partes del proceso y el ministerio público guardaron silencio en segunda
instancia.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

30. De conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo
de Estado es competente para resolver el recurso de apelación.

Problema jurídico

31. La Sala debe resolver si, en efecto, durante el periodo comprendido entre el 7
de enero y el 30 de noviembre de 2003, la señora Elssy Garzón Rodríguez mantuvo
una relación laboral con el departamento del Valle del Cauca, a pesar de que su
vinculación se efectuó mediante órdenes de prestación de servicios y su relación
inicial fue con el municipio de Sevilla.

Análisis del problema jurídico

32. La Sala confirmará la decisión apelada, puesto que las pruebas obrantes en
el expediente acreditan la existencia de una relación contractual entre el
departamento del Valle del Cauca y la señora Elssy Garzón Rodríguez durante el
período comprendido entre el 7 de enero y el 30 de noviembre de 2003. En
consecuencia, corresponde ordenar las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social
en Pensiones, conforme con lo establecido por esta corporación en la sentencia de

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Índice 79 de SAMAI del Tribunal
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Índice 5 de SAMAI de Consejo de Estado

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unificación del 25 de agosto de 2016 y por la Corte Constitucional en la sentencia C-
555 de 1994.

33. En ese sentido, y en relación con el recurso interpuesto por el departamento
del Valle del Cauca, se advierte que la demandante fue vinculada mediante Orden
de Prestación de Servicios, en ejecución del Convenio Interadministrativo núm.
0001-32 de 7 de enero de 2003, suscrito entre la Gobernación del Valle del Cauca y
el municipio de Sevilla.

34. De las cláusulas de dicho convenio se evidencia que el municipio actuaba
como intermediario, mientras que la Gobernación giraba los recursos necesarios
para el pago de los servicios prestados.

35. El artículo 41 de la Ley 715 de 2001 establece que, para el año 2003, el
servicio público de educación de los municipios no certificados debía ser asumido
por los departamentos, garantizando la continuidad en la prestación del servicio
educativo.

36. En concordancia, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-918 de
2002, señaló que durante el traspaso de la administración de instituciones
educativas, las entidades territoriales deben garantizar la continuidad en la
prestación del servicio y, para ello, suscribir convenios interadministrativos que
permitan mantener a los docentes en sus funciones.

37. Como se señaló previamente, en la sentencia de unificación de 25 de agosto
de 2016, esta corporación señaló que la labor docente se ejerce en condiciones de
subordinación en los siguientes términos:

«En lo que se refiere a la vinculación de docentes a través de contratos de
prestación de servicios, sea lo primero advertir que el artículo 2 del Decreto ley
2277 de 1979 define como docente a quien ejerce la profesión de educador, es
decir, “…el ejercicio de la enseñanza en planteles oficiales y no oficiales de
educación en los distintos niveles de que trata este Decreto. Igualmente incluye
esta definición a los docentes que ejercen funciones de dirección y coordinación
de los planteles educativos, de supervisión e inspección escolar, de programación
y capacitación educativa, de consejería y orientación de educandos, de educación
especial, de alfabetización de adultos y demás actividades de educación formal
autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional, en los términos que
determine el reglamento ejecutivo”.

Asimismo, les impone la citada normativa una serie de obligaciones y
prohibiciones, entre las que se destacan: (i) “Cumplir las órdenes inherentes a sus
cargos que les impartan sus superiores jerárquicos”, (ii) “Cumplir la jornada laboral
y dedicar la totalidad del tiempo reglamentario a las funciones propias de su cargo”
y (iii) no “…abandonar o suspender sus labores injustificadamente o sin
autorización previa”.

La mencionada definición de la labor docente fue reafirmada por el artículo 104 de
la Ley 115 de 1994 (ley general de educación) al prever que “El educador es el
orientador en los establecimientos educativos, de un proceso de formación,
enseñanza y aprendizaje de los educandos...”, norma en la que además se

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consideró al servicio educativo como público y de responsabilidad de la Nación y
de las entidades territoriales, debidamente reglamentado por el gobierno nacional,
por intermedio del Ministerio de Educación Nacional en coordinación con las
secretarías de educación departamentales, municipales y distritales, bajo el
denominado plan nacional de desarrollo educativo de revisión decenal.

Ahora bien, en relación con las actividades y/o funciones de los docentes
temporales y docentes – empleados públicos, en el parágrafo primero del artículo
6° de la Ley 60 de 1993 se dispuso un régimen transitorio de seis años, con el
objeto de incorporar progresivamente a las plantas de personal a aquellos
vinculados por medio de contratos de prestación de servicios, precepto que
alentaba la disparidad entre dichos regímenes jurídicos y fue objeto de censura
constitucional en la sentencia C-555 de 1994 por infracción al artículo 13 superior,
ya que con la citada incorporación progresiva de los “docentes-contratistas” se
afianzaba su vocación de permanencia sin discusión alguna y “… la semejanza
material de su actividad respecto a la que desempeñan los demás maestros y
profesores”, pues de mantenerse la norma, se permitiría una desigualdad material
prohibida en la Constitución Política.

La Corte Constitucional, en las consideraciones del citado fallo, sostuvo además
que la aplicación del principio de la realidad sobre las formalidades establecidas
por los sujetos de las relaciones laborales, de conformidad con “Las
características asociadas a la celebración de contratos administrativos de
prestación de servicios con docentes temporales, por las notas de permanencia y
subordinación que cabe conferir a la actividad personal que realizan, pueden servir
de base para extender a ésta la protección de las normas laborales”.

Este criterio coincide con la línea jurisprudencial consolidada de las subsecciones
de esta Sala, en el sentido de que la labor del docente contratista no es
independiente, sino que el servicio se presta de manera personal y subordinada
al cumplimiento de los reglamentos propios del servicio público de la educación.

Igualmente, es menester anotar que la actividad docente no se desarrolla en virtud
de la coordinación imperante en los contratos de prestación de servicios,
comoquiera que se cumple conforme a las instrucciones, directrices y
orientaciones de sus superiores en el centro escolar, la secretaría de educación
territorial y el Ministerio de Educación Nacional, es decir, no bajo su propia
dirección y gobierno, de lo cual se infiere que la subordinación y la dependencia
se encuentran inmersas en dicha labor, esto es, connaturales al ejercicio docente
sujeto a los reglamentos propios del magisterio.

A manera de conclusión y de acuerdo con los derroteros trazados por ambas
subsecciones, dirá la Sala que la vinculación de docentes bajo la modalidad de
prestación de servicios, no desvirtúa el carácter personal de su labor ni mucho
menos es ajena al elemento subordinación existente con el servicio público de
educación, en razón a que al igual que los docentes – empleados públicos (i) se
someten permanentemente a las directrices, inspección y vigilancia de las
diferentes autoridades educativas, por lo que carecen de autonomía en el ejercicio
de sus funciones, (ii) cumplen órdenes por parte de sus superiores jerárquicos y
(iii) desarrollan sus funciones durante una jornada laboral de acuerdo con el
calendario académico de los establecimientos educativos estatales en los que
trabajen, motivo por el cual en virtud de los principios de primacía de la realidad
sobre las formalidades e igualdad, los docentes-contratistas merecen una

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protección especial por parte del Estado»11.

38. En atención a lo anterior, y debido a la imposibilidad de ejercer la actividad de
docente en condiciones de autonomía, se confirmará la decisión de ordenar al
departamento del Valle del Cauca la realización de cotizaciones al sistema de
seguridad social en pensiones de la señora Elssy Garzón Rodríguez en el lapso
comprendido entre el 7 de enero y el 30 de noviembre de 2003, período en el
que estuvo vinculada con dicha entidad territorial a través de contratos de
prestación de servicios.

La condena en costas en segunda instancia

39. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.

40. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.

41. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

42. En consecuencia, se impondrán costas al departamento del Valle del Cauca
en segunda instancia, por cuanto se niegan totalmente las peticiones del recurso de
apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias
en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley

FALLA:

11
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unificación del 25 de agosto de 2016, expediente 0088-2015.

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Demandante: Elssy Garzón Rodríguez

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 28 de julio de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Decisión.

SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia al Departamento del Valle
del Cauca a favor de la Señora Elssy Garzón Rodríguez. Para tal efecto, las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia
y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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