Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2012-00659-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2012-00659-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2012-00659-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
17 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación: 76001-23-33-000-2012-00659-01 (5357-2024).
Demandante: Alexander Fory Angulo.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
y otros1.
Tema: Traslado de detective del extinto Departamento Administrativo de
Seguridad - DAS a la Policía Nacional – desmejora de las
condiciones laborales.
Decisión: Confirmar sentencia de primera instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. En esta oportunidad se resolverá el recurso de apelación presentado por la parte
actora contra la sentencia del 19 de julio del 2024, a través de la cual el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
2. Pretensiones2. Con la demanda se solicitó a nulidad parcial de la Resolución
nro. 00271 del 1.º de febrero de 2012, mediante la cual el accionante fue
incorporado a la planta del personal no uniformado de la Policía Nacional, en cuanto
las condiciones de ese ingreso desconocieron sus derechos salariales,
prestacionales, pensionales y de carrera administrativa; así mismo se pidió la
anulación del Oficio que le notificó dicha vinculación, por vulneración del debido
proceso, al no precisar las condiciones laborales y de seguridad social aplicables.
3. Igualmente, pretende la inaplicación por inconstitucional e ilegal de las diversas
disposiciones contenidas en los Decretos 4057, 233, 234, 235, 236 y 237 de 2012,
expedidos en el marco de la supresión del DAS, al considerar que su aplicación
produjo una desmejora de sus condiciones laborales y desconoció los derechos
adquiridos derivados de su régimen especial de carrera y de seguridad social como
detective del DAS.
4. Solicitó declarar que, para todos los efectos salariales, prestacionales y de
seguridad social, no existió solución de continuidad entre el servicio prestado en el
DAS y el ejecutado posteriormente en la Policía Nacional.
1 Nación – Presidencia de la República, Fiduciaria la Previsora S.A en calidad de sucesora procesal del DAS
liquidado.
2 Folios 79-90 del expediente.
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Demandante: Alexander Fory Angulo
5. Como restablecimiento del derecho reclamó el reconocimiento y conservación de
las condiciones salariales, prestacionales, pensionales y de carrera que tenía en el
extinto DAS, incluyendo factores como la prima de riesgo, auxilio de transporte,
subsidio de alimentación, bonificaciones, primas legales, vacaciones y demás
beneficios económicos; así mismo, que se reliquiden las prestaciones sociales
causadas durante su vinculación al DAS incorporando la prima de riesgo como
factor salarial.
6. En materia pensional, que se le preserve el régimen especial de pensión por
actividades de alto riesgo aplicable a los detectives del DAS, manteniendo las
condiciones de cotización y los beneficios previstos en dicho régimen, de manera
que no se vea obligado a pensionarse bajo las reglas generales de la Ley 100 de
1993.
7. Asimismo, que se le conserven los derechos derivados del régimen especial de
carrera administrativa del DAS, incluyendo la antigüedad, los derechos de ascenso,
las oportunidades de promoción y las equivalencias de cargos o, en subsidio, que
se le indemnice por la pérdida de tales beneficios.
8. Finalmente, que se condene a la Presidencia de la República, al DAS en
Supresión y/o a la Policía Nacional al reconocimiento y pago de todas las diferencias
salariales, prestacionales, pensionales y de carrera dejadas de percibir como
consecuencia de la incorporación, junto con su indexación, actualización e intereses
legales.
9. De manera subsidiaria, si no es posible restablecer los derechos reclamados, se
ordene el pago de una indemnización integral por los perjuicios ocasionados por la
pérdida del régimen especial de carrera, del régimen especial de seguridad social,
de las oportunidades de ascenso y de las diferencias salariales, prestacionales y
pensionales derivadas de su incorporación a la Policía Nacional.
10. Hechos3. Se señalaron como tales los siguientes:
11. El demandante ingresó al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) el
11 de julio de 2002 en el cargo de Detective 208-06, inicialmente en período de
prueba y posteriormente inscrito en el Régimen Especial de Carrera mediante
Resolución 1620 del 8 de septiembre de 2003. Durante su permanencia en la
entidad prestó servicios en distintas dependencias y seccionales, desempeñando
funciones de policía judicial, inteligencia, extranjería, protección, migración,
identificación y apoyo a la Fiscalía General de la Nación.
12. Indicó que laboró en el DAS durante nueve años, seis meses y veinte días, sin
recibir sanciones disciplinarias ni licencias no remuneradas, y que durante todo ese
tiempo cotizó al régimen pensional de alto riesgo. Y que, pese a cumplir los
3 Folios 90-92, ib.
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requisitos para ascender conforme a la normativa interna, nunca fue promovido
dentro de la entidad.
13. Expuso que mientras estuvo vinculado al DAS percibió una remuneración
integrada por asignación básica, prima especial de riesgo equivalente al 35% del
salario y subsidio de alimentación, además de diversas prestaciones y
bonificaciones. Además, indicó que sus aportes a seguridad social y demás
descuentos eran inferiores a los que posteriormente se le aplicaron en la Policía
Nacional.
14. Con ocasión de la supresión del DAS, el 31 de enero de 2012 fue notificado de
su incorporación a la planta de personal del Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional. Mediante Resolución nro. 00271 del 1.º de febrero de ese año fue
incorporado al cargo de técnico de identificación y registro, código TIR I-2, grado 05.
15. Sostuvo que esa incorporación generó una desmejora en sus condiciones
laborales, salariales, prestacionales y pensionales, pues aunque su asignación
básica aumentó, dejó de percibir beneficios como la prima de riesgo y el subsidio
de alimentación, al tiempo que se incrementaron los descuentos por seguridad
social, reduciendo el ingreso neto recibido mensualmente.
16. Afirmó que la nueva vinculación desconoció los derechos adquiridos que
ostentaba como funcionario del DAS, particularmente el régimen especial de carrera
administrativa y el régimen especial de seguridad social y pensión de alto riesgo.
Igualmente, no se le respetó la antigüedad acumulada ni las posibilidades de
ascenso que habría alcanzado de haber permanecido en la entidad suprimida.
17. Fundamentos de derecho. Se señalaron como infringidas las siguientes
disposiciones: artículos 1°, 2°, 13°, 25°, 39°, 53, 55, 83, 93 y 125 de la Constitución
Política; 8° del Convenio 095 de la O.I.T.; 23 y 24 de la Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre; 6, 7 y 9 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales; Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1042 de
1978, 1045 de 1978, 451 de 1984, 1933 de 1989, 2146 de 1989, 2147 de 1989,
2200 de 1989, 1835 de 1994, 2646 de 1994, 1137 de 1994, 2759 de 2000; Leyes
909 de 2004 y 1444 de 2011.
18. Al desarrollar el concepto de violación sostuvo que los actos administrativos
acusados vulneraron los derechos constitucionales y legales relacionados con el
trabajo, la igualdad, la seguridad social y la carrera administrativa, al desconocer las
garantías laborales que debían preservarse con ocasión de la supresión del DAS.
19. Adujo que la incorporación del señor Alexander Fory Angulo a la Policía
Nacional se realizó en contravía de la Ley 1444 de 2011 y del Decreto 4057 de
2011, pues no se respetaron los derechos adquiridos derivados de su régimen
especial de carrera ni de su régimen especial de seguridad social y pensión de alto
riesgo, lo que le ocasionó una desmejora salarial, prestacional y pensional.
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20. Igualmente, afirmó que el Oficio mediante el cual se le notificó su incorporación
carecía de motivación suficiente, debido a que no precisó las condiciones laborales,
salariales, prestacionales, pensionales y de carrera administrativa que regirían su
vinculación en la nueva entidad, configurándose una falsa motivación y una
expedición irregular del acto.
21. Asimismo, señaló que se vulneró el principio de legalidad, por cuanto las
entidades demandadas expidieron los actos cuestionados sin observar las normas
que protegían los derechos de los detectives del DAS en materia de carrera
administrativa, ascensos, antigüedad y seguridad social.
22. Finalmente, solicitó la inaplicación de los Decretos 233, 234, 235, 236 y 237 de
2012 por ser inconstitucionales e ilegales, pues consideró que desarrollaron de
forma errónea el proceso de supresión del DAS y ocasionaron la pérdida de
derechos salariales, prestacionales, pensionales y de carrera administrativa que el
demandante había consolidado durante su vinculación a esa entidad.
23. Contestación de la demanda4. La Presidencia de la República sostuvo que no
tenía conocimiento de los hechos narrados, ya que el demandante nunca prestó sus
servicios a dicha entidad. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso
las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva y adolecer la
demanda de un defecto formal que tiene que ver con la designación de las partes.
24. Por su parte la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional5
indicó que algunos hechos son ciertos y otros no le constan. Se opuso a las
pretensiones y solicitó denegar las mismas, ya que los actos atacados fueron
expedidos por autoridad competente y en cumplimiento de los requisitos de ley.
25. A su vez, la UNP6se opuso a todas y cada una de las pretensiones de la
demanda. Señaló que no le costa ninguno de los hechos, pues si bien esta entidad
fue una de las asignatarias de las funciones que estuvieron a cargo de DAS, estas
fueron asignadas específicamente en el Decreto Ley 4057 de 2014, por lo que no
todo lo que estaba en cabeza de la extinta entidad quedó a cargo de la UNP. Que
también se asignaron funciones a Migración Colombia, a la Fiscalía General de la
Nación y a la Policía Nacional, y en el presente caso el demandante fue incorporado
en esta última institución. Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva.
26. Inicialmente, mediante el auto proferido en audiencia inicial se dispuso la
vinculación de Fiduprevisora S.A. como litisconsorte necesario. No obstante, dicha
entidad interpuso recursos de reposición y en subsidio apelación contra esa
decisión. Estos fueron resueltos mediante auto del 3 de septiembre de 2018, en el
que el a quo revocó aquella determinación y dejó sin efectos la aludida vinculación7.
4 Folios 290-304 y 309-316 del expediente.
5 Folios 320-325, ib.
6 Folios 344-349, ib.
7 Folios 483-485, ib.
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27. Sentencia de primera instancia8. Es la dictada el 19 de julio de 2024, a través
de la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la
demanda. Con tales fines y luego de referenciar el proceso de supresión del
Departamento Administrativo de Seguridad - DAS y lo consagrado en el Decreto
Ley 4057 de 2011, concluyó que:
28. Tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han reconocido la
validez constitucional de la supresión del DAS. Según la jurisprudencia, las reformas
administrativas pueden modificar estructuras institucionales y regímenes laborales
siempre que respeten los derechos adquiridos de los trabajadores. No obstante, la
protección de los derechos adquiridos no implica que deban mantenerse
indefinidamente todos los beneficios de un régimen especial perteneciente a una
entidad que desaparece jurídicamente.
29. El tribunal explicó que los funcionarios del DAS tenían derecho a conservar su
estabilidad laboral y a ser incorporados sin solución de continuidad, pero no tenían
un derecho adquirido a permanecer de manera permanente bajo el régimen especial
de carrera del DAS. En la sentencia C-098 de 2013 la Corte señaló que una vez
desaparece la entidad para la cual fue creado un régimen especial, el legislador no
está obligado a conservar ese sistema para el futuro.
30. Respecto de la prima especial de riesgo, examinó la normativa expedida para
regular la incorporación de los exfuncionarios del DAS. Encontró que el Decreto 236
de 2012 dispuso expresamente que la asignación básica de los nuevos cargos en
la Policía Nacional incluiría la asignación básica que recibía el funcionario en el DAS
más la prima de riesgo correspondiente. En consecuencia, tal emolumento no
desapareció, sino que fue integrado al salario básico del cargo al cual fue
incorporado el empleado.
31. La sentencia concluyó que no existió una disminución salarial pues, aunque la
estructura de remuneración cambió, los beneficios económicos que antes se
pagaban de manera separada fueron incorporados en la nueva asignación básica.
Incluso, recordó que la misma norma previó que cuando la asignación básica del
nuevo cargo resultara inferior al valor total percibido anteriormente, la diferencia
debía reconocerse mediante una bonificación mensual individual por
compensación, con naturaleza salarial.
32. Al analizar las pruebas del expediente, la Sala encontró acreditado que el
demandante fue incorporado en la Policía Nacional como técnico de identificación y
registro y que conservó su inscripción en carrera administrativa. Igualmente,
observó que el actor no demostró de manera suficiente la existencia de una pérdida
salarial efectiva o la disminución concreta de las prestaciones que justificara
declarar la nulidad de los actos demandados.
33. Frente a las reclamaciones relacionadas con la seguridad social y régimen
pensional de alto riesgo, se indicó que no se aportaron elementos probatorios que
8 Índice 78 de la plataforma SAMAI de primera instancia.
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demostraran una modificación real de sus aportes o una afectación concreta de sus
derechos pensionales.
34. En cuanto a las pretensiones dirigidas a conservar el régimen especial de
carrera administrativa del DAS, obtener ascensos supuestamente pendientes y
mantener las reglas propias de esa entidad, la Sala sostuvo que dichas solicitudes
no podían prosperar. Señaló que, conforme a la normativa de incorporación y a la
jurisprudencia constitucional los exfuncionarios del DAS quedaron sometidos al
régimen de carrera vigente en la entidad receptora. Lo protegido era la continuidad
laboral y la condición de carrera, pero no la supervivencia del régimen especial de
una entidad que dejó de existir.
35. Con base en dichas consideraciones, concluyó que los actos administrativos
demandados conservaban su presunción de legalidad, que no se probó una
desmejora salarial, prestacional o pensional y que tampoco se demostró la
vulneración de derechos de carrera administrativa. En consecuencia, decidió negar
todas las pretensiones de la demanda.
36. Recurso de apelación9. Oportunamente el apoderado de la parte demandante
recurrió la anterior decisión en los siguientes términos:
37. El fallo desconoció la justicia material, valoró erróneamente los hechos
probados y aplicó una interpretación incorrecta de las normas y de la jurisprudencia
reciente sobre seguridad social y derechos laborales.
38. El tribunal no resolvió adecuadamente los puntos centrales planteados en la
demanda ni valoró de manera suficiente las pruebas aportadas, la decisión privilegió
aspectos formales sobre la realidad material del caso y omitió pronunciarse sobre
la afectación de los derechos pensionales del demandante.
39. Lo anterior, ya que al momento de la supresión del DAS el actor se encontraba
próximo a cumplir los requisitos para acceder al régimen pensional especial
aplicable a los funcionarios de carrera de dicha entidad, especialmente bajo los
Decretos 1933 y 2147 de 1989. Por ello, tenía derecho a la protección derivada de
las garantías pensionales y laborales previstas para los servidores cercanos a
pensionarse.
40. En este contexto, la incorporación del actor a la Policía Nacional generó una
grave desmejora en sus condiciones de seguridad social, pues pasó de un régimen
especial de alto riesgo a uno general, perdiendo la posibilidad de pensionarse en el
corto plazo y viéndose obligado a continuar cotizando hasta cumplir la edad prevista
en la Ley 100 de 1993, lo que vulneró derechos adquiridos y el principio de
favorabilidad laboral.
41. La Ley 790 de 2002, la Ley 1444 de 2011 y el Decreto 4057 de 2011 obligaban
a garantizar y respetar los derechos laborales, prestacionales y de carrera de los
9 Índice 83, ib.
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funcionarios afectados por la supresión del DAS, garantías que no fueron
observadas, pues la reubicación implicó la pérdida de beneficios propios de su
carrera y de su régimen pensional especial.
42. El demandante desempeñó funciones de detective en el DAS, actividad
catalogada como de alto riesgo y que justificaba el reconocimiento de beneficios
pensionales especiales, respaldados por el pago de la prima de riesgo y al ser
trasladado a la Policía Nacional desaparecieron las condiciones necesarias para
mantener dicho régimen, afectando directamente sus expectativas pensionales.
43. Por lo expuesto, solicitó la revocatoria de la sentencia apelada, la nulidad de los
actos administrativos demandados y el reconocimiento del derecho del actor a
conservar las garantías pensionales y laborales derivadas de su condición de
funcionario de carrera del DAS próximo a pensionarse bajo el régimen especial
correspondiente.
Trámite correspondiente a la segunda instancia
44. La admisión del recurso. Mediante auto de 3 de diciembre de 202410 se
admitió la alzada. Ninguna de las partes se pronunció dentro del término del
traslado.
45. Control de legalidad11. Luego de las revisiones de rigor, no se advierte ninguna
causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que se
resolverá la alzada, previas las siguientes:
II. CONSIDERACIONES
46. Competencia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,12 esta Sala de
Subsección es competente para resolver el recurso de apelación de marras.
47. Problema jurídico. De conformidad con los argumentos planteados en la
alzada, la Sala deberá establecer si ¿la incorporación del demandante a la planta
de personal de la Policía Nacional, con ocasión de la supresión del DAS, vulneró su
derecho a conservar el régimen especial de carrera y pensional de alto riesgo del
Decreto 1933 de 1989, de forma que resulte procedente inaplicar los Decretos
Leyes 4057 de 2011 y 233 a 237 de 2012, respecto de su situación prestacional?
10 Actuación visible en el índice 4 de la plataforma SAMAI.
11 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «[a]gotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el
control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos
nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes».
12 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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48. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto.
49. Sobre la supresión del DAS y la incorporación de sus funcionarios en
otras entidades.
50. La Ley 1444 de 2011 otorgó facultades extraordinarias al presidente de la
República para reorganizar la estructura de la administración pública, facultándolo
para crear, escindir, fusionar y suprimir departamentos administrativos, así como
para reasignar funciones y competencias entre entidades del orden nacional 13. En
ejercicio de dichas atribuciones se expidió el Decreto Ley 4057 de 2011, mediante
el cual se dispuso la supresión del Departamento Administrativo de Seguridad
(DAS) y el traslado de sus funciones a diferentes organismos del Estado.
51. Dentro de las funciones reasignadas, el artículo 3 del Decreto Ley 4057 de 2011
trasladó al Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional la función prevista en
el numeral 12 del artículo 2 del Decreto 643 de 2004, relacionada con el manejo de
los registros delictivos y de identificación nacionales y la expedición de certificados
judiciales. De esta forma, las actividades desarrolladas por el DAS en esta materia
pasaron a ser ejercidas por la Policía Nacional, junto con las demás atribuciones
que se derivaran de dicha función.
52. En cuanto a la situación de los servidores públicos vinculados al DAS, el artículo
6 del Decreto Ley 4057 de 2011 dispuso la supresión de los empleos asociados a
las funciones trasladadas y ordenó la incorporación de los funcionarios que las
desempeñaban en las plantas de personal de las entidades receptoras. La norma
estableció que dicha incorporación debía efectuarse sin solución de continuidad y
conservando la condición de carrera administrativa o de provisionalidad que
ostentaran en el DAS.
53. Asimismo, previó una protección especial para los servidores que acreditaran la
condición de padre o madre cabeza de familia, persona con discapacidad o próximo
a pensionarse, permitiéndoles permanecer en la planta de personal del DAS en
supresión hasta el cierre definitivo de la entidad.
54. Esta garantía encuentra sustento en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002, que
consagra la denominada protección especial o “retén social”, conforme a la cual no
pueden ser retirados del servicio, en procesos de renovación de la administración
pública, las madres cabeza de familia sin alternativa económica, las personas con
limitaciones físicas, mentales, visuales o auditivas y los servidores que se
encuentren próximos a consolidar su derecho pensional.
55. Por su parte, el artículo 7 del Decreto Ley 4057 de 2011 reguló el régimen
aplicable a los servidores incorporados, estableciendo que el régimen salarial,
prestacional, de carrera y de administración de personal sería el vigente en la
entidad receptora. De manera particular, respecto del personal incorporado al
13 artículo 18, literales a) y d), ibidem.
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Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, la disposición señaló que el
régimen salarial y prestacional sería fijado por el presidente de la República.
56. Igualmente, se dispuso que la asignación básica de los nuevos cargos
comprendería la asignación básica y la prima de riesgo que percibían los
funcionarios en el DAS y, en aquellos eventos en que la remuneración del empleo
de destino resultara inferior, se reconocería una bonificación mensual individual por
compensación con incidencia salarial. La misma disposición garantizó la
conservación de los derechos de carrera administrativa de los servidores
incorporados, aunque sometiéndolos en adelante al régimen de carrera propio de la
entidad receptora.
57. La constitucionalidad de este régimen fue analizada por la Corte
Constitucional14, que declaró ajustada a la Carta Política la regulación relativa a la
incorporación de los exservidores del DAS. La corporación reiteró que la finalidad
esencial de la carrera administrativa consiste en garantizar la estabilidad de los
empleados públicos y el acceso a la función pública con base en el mérito. Sin
embargo, precisó que dicha estabilidad no tiene carácter absoluto, en la medida en
que la administración puede reorganizar su estructura y suprimir entidades o
empleos cuando las necesidades del servicio así lo exijan.
58. En ese contexto, la Corte sostuvo que la protección derivada de la carrera
administrativa frente a la supresión de una entidad no puede extenderse más allá
de la incorporación, reincorporación o indemnización del servidor afectado. Según
la providencia, aun cuando el trabajador conserva su derecho a la estabilidad laboral
mediante la reubicación en otra entidad, ello no implica la permanencia indefinida
de las condiciones especiales del régimen de carrera propio de la entidad
desaparecida.
59. Asimismo, la Corte señaló que los beneficios de ascenso, permanencia o retiro
previstos en un régimen especial de carrera extinguido no constituyen derechos
adquiridos susceptibles de ser trasladados automáticamente a la nueva entidad. En
palabras de ese tribunal, una vez desaparece la entidad para la cual fue creado un
régimen especial, también dejan de existir las reglas particulares que lo
sustentaban, salvo que el legislador disponga expresamente lo contrario. Al
respecto señaló:
«[…] Ahora bien, debe aclararse que los beneficios de ascenso y retiro de un
régimen especial de carrera extinto, no constituyen derechos adquiridos para los
servidores vinculados a éste, toda vez que la estabilidad de estos cargos públicos y
el acceso de los ciudadanos a la Administración Pública, tendrá vigencia mientras
subsista el régimen o la entidad que lo sustenta. Lo anterior por cuanto una vez
extinguida la entidad para el cual fue creado el régimen de carrera, éste
desaparece del ordenamiento jurídico, junto con sus beneficios, salvo
disposición especial del legislador.
En efecto, el legislador no está obligado a trasladar los beneficios
contemplados en un régimen que ha perdido vigencia, en virtud de la
14 Sentencia C-098 del 27 de febrero de 2013.
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supresión de la entidad a la que se aplicaba, a aquellos trabajadores que con
el fin de garantizar su derecho a la estabilidad laboral fueron reubicados en
otro organismo. Lo anterior por cuanto, se reitera, (i) la estabilidad laboral de los
empleados de carrera no es absoluta y no se antepone a la reestructuración de la
administración, y (ii) la supresión de una entidad no solo implica que el organismo
desaparezca de la estructura de la administración pública, sino también la cesación
o el traslado de sus funciones, de su personal y de su régimen especial de carrera,
en caso de existir […]». (Subrayas intensionales).
60. Con fundamento en estas consideraciones, la Corte concluyó que el proceso de
supresión del DAS respetó los derechos adquiridos, la estabilidad laboral y el debido
proceso de sus servidores, al prever mecanismos de incorporación a entidades
afines y, cuando correspondiera, el reconocimiento de indemnizaciones. Sin
embargo, precisó que no existe obligación constitucional de mantener en el tiempo
los beneficios propios de un régimen especial cuya vigencia terminó con la
desaparición de la entidad que le servía de soporte.
61. En consecuencia, la línea jurisprudencial consolidada establece que la
incorporación de exservidores del DAS a entidades como el Ministerio de Defensa
Nacional – Policía Nacional implicó la conservación de sus derechos de carrera
administrativa y de estabilidad en el empleo, pero también la sujeción al régimen
salarial, prestacional y de carrera vigente en la entidad receptora. Por ello,
únicamente pueden mantenerse aquellos derechos que se encuentren
efectivamente consolidados en el patrimonio del servidor, mientras que los
beneficios asociados al régimen especial del DAS desaparecen con la extinción de
la entidad, salvo disposición legal expresa en contrario.
62. Con sustento en lo anterior, la Sala resolverá el interrogante arriba formulado.
63. Caso concreto – resolución del interrogante: ¿la incorporación del
demandante a la planta de personal de la Policía Nacional, con ocasión de la
supresión del DAS, vulneró su derecho a conservar el régimen especial de carrera
y pensional de alto riesgo del Decreto 1933 de 1989, de forma que resulte
procedente inaplicar los Decretos Leyes 4057 de 2011 y 233 a 237 de 2012,
respecto de su situación prestacional?
64. Previo a resolver este cuestionamiento, la Subsección advierte que dentro del
paginario están demostrados los siguientes hechos relevantes y que dicen relación
con lo que aquí se debate:
• Mediante Resolución nro. 01620 del 8 de septiembre de 2003, el entonces
Director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) inscribió en el
escalafón del régimen especial de carrera de la entidad, entre otros
funcionarios, al señor Alexander Fory Angulo en el cargo de detective, código
208-06 (folios 553 a 555 del cuaderno 3).
• Conforme al certificado expedido por el Grupo de Gestión Humana del
Archivo General de la Nación, el señor Alexander Fory Angulo prestó sus
servicios al DAS desde el 11 de julio de 2002 hasta el 1.º de febrero de 2012,
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Demandante: Alexander Fory Angulo
desempeñando como último cargo el de detective, código 208-06 (folio 556
del cuaderno 3).
• A través de la Resolución nro. 00271 del 1.º de febrero de 2012 fueron
incorporados de manera directa a la planta de personal no uniformado del
Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, prevista en los Decretos
4165 de 2011 y 2035 de 2012, varios servidores provenientes del DAS en
supresión, dentro de los cuales se encontraba el demandante, identificado
en la posición 135 del respectivo listado, en el cargo de técnico de
identificación y registro, código I-2, grado 4 (folios 5 a 18 del cuaderno 1).
• En el extracto de hoja de vida expedido el 14 de febrero de 2019 por el Grupo
de Talento Humano de la Policía Metropolitana de Cali, se registra que el
actor fue vinculado a la planta de personal no uniformado de la Policía
Nacional a partir del 1.º de febrero de 2012 y que, para la fecha de expedición
del documento, acumulaba 7 años y 13 días de servicio en dicha institución.
En el mismo documento consta que nació el 2 de abril de 1977 (folio 545 del
cuaderno 3).
• Según certificación suscrita el 27 de diciembre de 2018 por la tesorera
general de la Policía Nacional, el demandante percibió durante el mes de
enero de 2018, por concepto de asignación básica y bonificación de seguro
de vida, la suma de $2.047.374 (folio 520 del cuaderno 3).
• Obra igualmente el certificado de salarios correspondiente al año 2018, en el
que se relacionan los ingresos percibidos por el demandante durante dicha
anualidad (folios 520 a 527 del cuaderno 3).
• Asimismo, reposa certificación expedida por la Comisión Nacional del
Servicio Civil (CNSC), en la que se indica que el demandante se encuentra
inscrito y actualizado en el Registro Público de Carrera Administrativa,
inicialmente en el DAS en el cargo de detective y, posteriormente, en la
Policía Nacional en el empleo de técnico de identificación y registro (folio 529
del cuaderno 3).
• Finalmente, obra la Certificación Electrónica de Tiempos Laborados (CETIL),
en la que constan los tiempos de servicio prestados por el actor en entidades
públicas, así como los valores devengados durante dichos períodos (folios
557 a 562 del cuaderno 3).
65. Revisado el acervo probatorio y el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante, la Sala advierte que la inconformidad planteada se circunscribe a que,
en su criterio, la incorporación del actor a la Policía Nacional desconoció los
derechos derivados del régimen especial de carrera y pensional aplicable a los
funcionarios del DAS. Al respecto, sostuvo:
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«[…] Lo que se demanda no es la reubicación laboral por haber sido trasladadas las
funciones que cumplía el DAS. Las pretensiones están encaminadas a que se
inaplique el decreto respecto de mi poderdante, ya que fue excluido del llamado
régimen especial, cuando era obligación del DAS proteger sus derechos
adquiridos y no enviarlo a una entidad que no tiene régimen de carrera, con lo
cual perderá el derecho a pensionarse bajo las normas a las que tiene derecho,
es decir, los Decretos 1933 y 2147 de 1989 […]». (Negrilla fuera del texto.).
66. En consecuencia, el análisis de esta instancia se limita a determinar si el
demandante consolidó un derecho adquirido a pensionarse bajo el régimen especial
previsto en el Decreto 1933 de 1989 y las demás disposiciones que lo desarrollan.
67. El recurrente sostuvo que el a quo desconoció las normas y la jurisprudencia
relativas a la protección especial de los servidores próximos a pensionarse,
conocida como retén social.
68. Señaló que, dada su condición de detective del extinto DAS y su proximidad al
cumplimiento de los requisitos pensionales, debió ser reubicado respetando la
especialidad de su cargo. A su juicio, su incorporación a la Policía Nacional lo
sometió al régimen general previsto en la Ley 100 de 1993, obligándolo a
pensionarse a los 62 años, pese a que considera que debía conservar el régimen
especial contemplado en los Decretos 1933 y 2147 de 1989.
69. Para resolver este planteamiento, resulta necesario acudir al artículo 12 de la
Ley 790 de 2002, que consagra una protección especial en favor de determinados
servidores públicos durante los procesos de renovación o reestructuración de la
administración pública. En particular, la norma prohíbe el retiro del servicio de los
denominados prepensionados, entendidos como aquellos servidores que hayan
cumplido la totalidad de los requisitos para acceder a la pensión o que estén
próximos a cumplirlos dentro de los tres (3) años siguientes, así como de otros
sujetos especialmente protegidos allí señalados.
70. De acuerdo con esta disposición, la protección reconocida a los prepensionados
consiste en la prohibición de retirarlos del servicio cuando, al momento de la
reestructuración administrativa, hayan cumplido los requisitos para acceder a la
pensión o estén próximos a cumplirlos dentro del término previsto por la ley.
71. Por tanto, dicha garantía opera frente a decisiones de desvinculación del
servicio y no respecto de situaciones en las que el servidor es incorporado o
reubicado en otra entidad del Estado, manteniendo vigente su relación legal y
reglamentaria, aun cuando ello implique la modificación del régimen laboral o
prestacional aplicable.
72. En el presente caso está acreditado que el demandante se desempeñó como
detective, código 208, grado 6, en el DAS y que, con ocasión de la supresión de
dicha entidad, fue incorporado sin solución de continuidad a la planta de personal
no uniformado de la Policía Nacional en el cargo de técnico de identificación y
registro, código I-2, grado 4. En consecuencia, no se produjo su desvinculación del
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servicio, sino únicamente el cambio de la entidad empleadora, conservando su
vínculo con el Estado y la posibilidad de continuar efectuando cotizaciones para
efectos pensionales.
73. Así las cosas, la protección prevista en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002 no
resulta aplicable en los términos propuestos por el demandante, pues su situación
no correspondió a un retiro del servicio, sino a una incorporación en otra entidad
pública. Por el contrario, la medida adoptada garantizó la continuidad de su relación
laboral, finalidad que precisamente persigue la figura del retén social.
74. En efecto, al estudiar un supuesto fáctico y jurídico similar en sede de tutela 15,
esta corporación precisó que la protección prevista en el artículo 12 de la Ley 790
de 2002 no resulta aplicable cuando el exservidor del DAS es incorporado a una de
las entidades receptoras de sus funciones, pues en tales eventos no se configura
una desvinculación del servicio. Asimismo, destacó que la permanencia en la planta
residual del DAS tampoco garantizaba la conservación del régimen especial
aplicable a quienes desempeñaban actividades de alto riesgo, toda vez que, tras la
supresión de la entidad, dichas funciones fueron trasladadas a los organismos
receptores. En ese contexto, sostuvo:
«[…] Visto lo anterior, considera la Sala que no es aplicable al caso concreto del
accionante la figura contemplada en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002, toda vez
según el artículo antes transcrito del Decreto 4057 de 2011, el retén social está
previsto para los casos en que no es posible incorporar a los funcionarios del DAS
en otras de las entidades receptoras, como es la Unidad Nacional de Protección
según el artículo 3 del mismo cuerpo normativo.
Lo anterior porque está demostrado que el accionante fue trasladado a la
Unidad Nacional de Protección, como quiera que las funciones que
desempeñaba en el DAS fueron asignadas a la entidad antes señalada, motivo
por el cual no es posible predicar que es beneficiario del retén social a la luz
de lo previsto en el artículo 6º, inciso 4º del referido decreto.
(...)
En ese orden de ideas, contrario a lo que pueda considerar el accionante, el hecho
de que permanezca en la planta de personal del DAS le puede ocasionar la pérdida
de los beneficios del régimen especial de actividades de alto riesgo previsto para los
detectives de dicha entidad, pues, una vez suprimida, las funciones de esa
naturaleza fueron trasladadas a otras entidades.
Sobre este punto debe aclararse que ser beneficiario de dicho régimen especial no
depende del cargo que se ocupe, sino de las funciones efectivamente
desempeñadas, de manera que la sola permanencia en la planta de personal del
DAS, ejerciendo funciones distintas a las de detective, no garantiza el cumplimiento
del requisito legal de veinte (20) años de servicios prestados en actividades de alto
riesgo para acceder a la pensión. […]». (Negrilla fuera del texto).
75. Conforme a la jurisprudencia citada, la protección laboral invocada por el
demandante no resulta procedente para sustentar la conservación del régimen
prestacional especial previsto para los servidores del extinto DAS. En efecto, aquel
15 Sentencia del 3 de mayo de 2012, expediente nro. 25000-23-24-000-2012-00199-01.
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no fue retirado del servicio, sino incorporado a una entidad receptora en un cargo
equivalente, circunstancia que implicaba su sometimiento al régimen de carrera y
de seguridad social propio de la Policía Nacional, tal como lo dispone el artículo 7.º
del Decreto 4057 de 2011. Esta disposición fue declarada exequible por la Corte
Constitucional mediante la sentencia C-098 de 2013.
76. Precisamente, en dicha providencia la Corte Constitucional señaló que la
supresión del DAS y la consecuente incorporación de sus servidores a las entidades
receptoras no imponía al Estado la obligación de mantener inalteradas las
condiciones prestacionales vigentes en la entidad suprimida. No obstante, precisó
que dicho proceso debía respetar los derechos adquiridos que hubieran ingresado
al patrimonio jurídico de los funcionarios afectados.
77. En consecuencia, el hecho de que con ocasión de su incorporación a la Policía
Nacional se le hubiese aplicado al demandante un régimen pensional distinto al que
regía para los detectives del DAS no constituye, por sí mismo, una vulneración de
sus derechos. Tal modificación obedeció a la supresión de la entidad y a la
desaparición del régimen especial que le era propio, el cual únicamente podía
mantenerse respecto de situaciones jurídicas consolidadas, mas no frente a simples
expectativas legítimas.
78. Sobre este aspecto, la Corte Constitucional, en la sentencia C-098 de 2013, al
examinar los efectos derivados de la supresión del DAS y la incorporación de sus
servidores a las entidades receptoras, precisó:
«[…] De conformidad con la jurisprudencia constitucional, los derechos adquiridos
tienen rango constitucional, razón por la cual ninguna disposición normativa de
inferior jerarquía puede contener orden alguna que implique su desconocimiento. En
este sentido, el artículo 58 de la Carta es preciso al afirmar que se garantizarán la
propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles,
los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores; al igual
que, en materia laboral, el artículo 53 resulta expreso cuando señala que la ley, los
contratos, los acuerdos y los convenios de trabajo no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.
Esta orden no es ajena a los procesos de reestructuración de la administración
pública y, en ellos, deben respetarse los derechos que han ingresado
definitivamente en el patrimonio jurídico de sus titulares.
[...]
Las meras expectativas, es decir, las situaciones jurídicas no consolidadas en
cabeza de sus futuros titulares, pueden ser discrecionalmente modificadas
por el legislador de acuerdo con la evaluación que haga de las necesidades
públicas.
[...]
Así mismo, ha de tenerse en cuenta que la jurisprudencia en materia laboral ha
precisado la concordancia entre el concepto de derechos adquiridos establecido en
el artículo 58 de la Carta y la noción de condición más beneficiosa derivada del
artículo 53 constitucional, para concluir que son únicamente los derechos
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adquiridos, y no las meras expectativas, los que no pueden ser modificados
por el legislador.
[...]
Así, el derecho se ha adquirido cuando las hipótesis descritas en la ley se
cumplen en cabeza de quien lo reclama, es decir, cuando los presupuestos
legales se han configurado plenamente. Por el contrario, las expectativas
jurídicas o situaciones no consolidadas corresponden a aquellos eventos en
los cuales los supuestos fácticos para la adquisición del derecho aún no se
han realizado.
[...]
Por disposición expresa del artículo 58 de la Constitución, los derechos adquiridos
son intangibles y no pueden ser desconocidos por leyes posteriores, sin perjuicio de
que estas puedan modificar o incluso extinguir derechos respecto de los cuales los
individuos tengan apenas una simple expectativa.
Ni la ley ni las autoridades administrativas o judiciales pueden modificar situaciones
jurídicas consolidadas conforme a leyes anteriores, pero sí pueden hacerlo respecto
de meras expectativas. […]». (Negrilla de la Sala).
79. A partir de este precedente, resulta claro que, aun en escenarios de
reestructuración administrativa, como la supresión del DAS, la protección
constitucional se extiende únicamente a aquellas situaciones jurídicas plenamente
consolidadas en cabeza del servidor público por haberse cumplido la totalidad de
los requisitos legales para su reconocimiento. Por el contrario, cuando tales
presupuestos no se han materializado, se está en presencia de una mera
expectativa susceptible de modificación por el legislador mediante la adopción de
un nuevo régimen laboral, prestacional o de carrera administrativa.
80. Corresponde entonces determinar si, para el momento de la supresión del DAS
y de la incorporación del demandante a la Policía Nacional, este había consolidado
alguna situación jurídica que debiera prevalecer frente al nuevo régimen aplicable.
81. En primer lugar, y sin que exista controversia en esta instancia sobre los
derechos de carrera administrativa del actor, se encuentra acreditado que aquel se
hallaba inscrito en el respectivo registro, tal como consta en la certificación visible a
folio 529 del expediente. Asimismo, resulta evidente que tales derechos fueron
respetados por las entidades demandadas, pues su vínculo legal y reglamentario se
mantuvo vigente mediante su incorporación a un cargo equivalente en la planta de
personal no uniformado de la Policía Nacional, de conformidad con lo dispuesto en
el Decreto 236 de 2012.
82. Ahora bien, aunque el demandante sostiene que en la Policía Nacional no existe
un régimen de carrera administrativa equivalente al que tenía en el DAS, lo cierto
es que dicha institución cuenta con un régimen propio, desarrollado, entre otras
disposiciones, en el Decreto 1792 de 2000 y el Decreto Ley 91 de 2007, al cual
quedó sometido como consecuencia de su incorporación mediante la Resolución
00271 del 1.º de febrero de 2012.
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83. Así las cosas, al haber conservado su inscripción en carrera administrativa y
continuar vinculado al Estado en un cargo sujeto al régimen especial de la entidad
receptora, se concluye que el derecho adquirido asociado a su estabilidad laboral
fue plenamente respetado.
84. Distinta es la situación respecto de la alegada consolidación del derecho a
pensionarse bajo el régimen especial previsto en los Decretos 1933 de 1989 y 1047
de 1978, aspecto que exige verificar si el demandante había cumplido los requisitos
establecidos en dichas disposiciones antes de la supresión del DAS.
85. En relación con este punto, el artículo 10 del Decreto 1933 de 1989 dispone que
los detectives del DAS se regirán, en materia de pensión de jubilación, por las reglas
previstas en el Decreto Ley 1047 de 1978.
86. A su turno, los artículos 1.º y 2.º del Decreto Ley 1047 de 1978 establecen que
tendrán derecho a la pensión de jubilación los servidores que acrediten la
aprobación del curso de formación en dactiloscopia impartido por el DAS y, además,
cumplan las exigencias de tiempo de servicio allí previstas.
87. De dichas normas se desprende que el reconocimiento de la prestación exige:
i) haber aprobado el curso de formación en dactiloscopia; ii) acreditar veinte (20)
años de servicio continuos o discontinuos en dichas funciones, sin consideración a
la edad; o iii) acreditar dieciocho (18) años de servicio y cincuenta (50) años de
edad, siempre que el beneficiario continúe vinculado al DAS.
88. Al revisar el material probatorio obrante en el expediente, la Sala advierte que
no existe evidencia de que el demandante hubiese acreditado la aprobación del
referido curso de formación. Adicionalmente, se encuentra demostrado que para el
31 de enero de 2012, fecha inmediatamente anterior a su incorporación a la Policía
Nacional, únicamente registraba 9 años, 6 meses y 19 días de servicio en el DAS y
contaba con 34 años.
89. Lo anterior evidencia que, para ese momento, el actor no cumplía ninguno de
los requisitos exigidos por el régimen especial que invoca, pues no acreditaba ni el
tiempo de servicio ni la edad requerida para acceder a la prestación pensional allí
prevista.
90. En consecuencia, la prerrogativa prestacional cuya protección reclama no se
encontraba consolidada al momento de la supresión del DAS. Se trataba, por tanto,
de una mera expectativa legítima y no de un derecho adquirido incorporado a su
patrimonio jurídico, razón por la que podía ser válidamente afectada por los cambios
normativos derivados del proceso de reestructuración administrativa.
91. Bajo este entendido, tampoco resulta procedente invocar el principio de
favorabilidad consagrado en el artículo 53 de la Constitución para mantener
indefinidamente la aplicación de un régimen especial cuyos requisitos no habían
sido satisfechos. Como lo precisó la Corte Constitucional, dicho principio no tiene la
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virtualidad de transformar expectativas en derechos adquiridos ni de impedir la
aplicación de modificaciones normativas constitucionalmente válidas.
92. Por consiguiente, no existe fundamento jurídico para inaplicar los Decretos
Leyes 4057 de 2011, 233, 234, 235, 236 y 237 de 2012, expedidos en desarrollo de
la supresión del DAS, con el propósito de mantener al demandante bajo el régimen
prestacional especial de dicha entidad.
93. En conclusión, no se acreditó la vulneración de ningún derecho adquirido del
demandante relacionado con el régimen especial de carrera o de seguridad social
del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), particularmente
respecto de la pensión especial regulada por los Decretos 1933 de 1989 y 1047 de
1978.
94. En ese orden, la posibilidad de pensionarse en el futuro bajo dicho régimen
constituía una mera expectativa susceptible de modificación en virtud del proceso
de reestructuración administrativa avalado por la Corte Constitucional en la
sentencia C-098 de 2013. Por ello, no procede la inaplicación de los Decretos Leyes
4057 de 2011, 233, 234, 235, 236 y 237 de 2012 respecto de la situación
prestacional del demandante.
95. Finalmente, tampoco prospera el argumento del recurrente según el cual su
incorporación a la Policía Nacional implicó un desmejoramiento de sus condiciones
laborales por haber pasado de desempeñarse como detective del DAS a ejercer
funciones en un cargo perteneciente a la planta de personal no uniformado de dicha
institución.
96. Al respecto, la Sala advierte que la inconformidad planteada parte de una
apreciación subjetiva sobre las funciones actualmente desempeñadas por el
demandante, pero no demuestra la existencia de una vulneración concreta de sus
derechos de carrera administrativa o de estabilidad laboral. Por el contrario, el
material probatorio obrante en el expediente evidencia que, con ocasión de la
supresión del DAS, el actor no fue desvinculado del servicio, sino incorporado sin
solución de continuidad a la planta de personal de la Policía Nacional, conservando
su condición de servidor público y los derechos inherentes a su inscripción en
carrera administrativa.
97. Debe recordarse que la incorporación de los servidores provenientes del DAS
obedeció a una decisión legislativa y administrativa derivada de la supresión de
dicha entidad, proceso que fue desarrollado mediante los Decretos Leyes 4057 de
2011, 233, 234, 235, 236 y 237 de 2012. En este contexto, la equivalencia de cargos
y la ubicación de los funcionarios en las entidades receptoras no suponía la
reproducción exacta de las funciones previamente ejercidas, sino la continuidad del
vínculo laboral bajo las condiciones jurídicas propias de la entidad de destino,
aspecto que, como se explicó, fue avalado por la Corte Constitucional en la
sentencia C-098 de 2013.
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98. Así las cosas, el solo hecho de que el demandante hubiese recibido formación
especializada como detective o que actualmente desempeñe funciones distintas a
las desarrolladas en el DAS no constituye, por sí mismo, una afectación antijurídica
ni evidencia un desmejoramiento laboral susceptible de invalidar el proceso de
incorporación. Aún más, la parte actora no acreditó que la nueva vinculación
hubiese implicado una disminución arbitraria de sus derechos de carrera, la pérdida
de su estabilidad laboral o la vulneración de alguna situación jurídica consolidada
que mereciera especial protección constitucional.
99. En este orden de ideas, y en atención a que los cargos formulados por el
recurrente no prosperaron, la Sala confirmará la sentencia de primer grado.
100. Condena en costas. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada
por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por
parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar
de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
101. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.
102. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
103. En consecuencia, se condenará en costas en esta instancia a la parte
demandante, por cuanto resultó vencida en el presente proceso. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
104. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 19 de julio del 2024, a través de la cual el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda
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Demandante: Alexander Fory Angulo
que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
promovió el señor Alexander Fory Angulo en contra de la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Policía Nacional y otros.
SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandante. Para
el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
TERCERO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
decisión DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CONSTANCIA. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.
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