Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2013-00124-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2013-00124-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2013-00124-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
22 de junio de 2023
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Radicado: 76001-23-33-000-2013-00124-01 (0222-2023)
Demandante: Iván González González
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-000-2013-00124-01 (0222-2023)
Demandante: IVÁN GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Demandada: CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL1
Vinculada: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL
Temas: Homologación nivel ejecutivo de la Policía Nacional. Pago de
primas, subsidios y cesantías que percibía en su condición de
suboficial de la Policía Nacional. Principios de inescindibilidad
de la ley y de progresividad. CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia proferida el ocho (8) de septiembre de dos mil veintidós (2.022) por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
El señor IVÁN GONZÁLEZ GONZÁLEZ, obrando por medio de apoderado
debidamente constituido, instauró demanda en contra de la CAJA DE SUELDOS
DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y con el fin de
que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad del Oficio 521/GAG-SDP del 1° de febrero de 2.012,
proferido por el director general de Casur, mediante el cual se negó el reajuste,
reliquidación y pago de la asignación de retiro, con la inclusión de los factores
1 En adelante Casur.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicado: 76001-23-33-000-2013-00124-01 (0222-2023)
Demandante: Iván González González
previstos en el Decreto 1212 de 1.990 y que como consecuencia, se ordene a la
demandada reajustar la asignación de retiro que percibe el señor Iván González
González con la inclusión de las primas de actividad y antigüedad, el subsidio
familiar en su totalidad, la bonificación por buena conducta, las cesantías y demás
emolumentos regulados en el Decreto 1212 de 1.990, con base en el sueldo
básico devengado al momento de retiro y con el grado de subcomisario, pues
aquel no se estableció en el Decreto 1091 de 1.995.
Que se reconozcan, reajusten, liquiden y paguen los aumentos salariales
conforme al IPC, así como la respectiva indexación. Que se paguen los intereses
de mora a partir de la causación de las partidas computables en la asignación de
retiro, esto es, desde el 10 de febrero de 2010 y hasta que se pague el reajuste y
que se dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192, 193 y
195 del CPACA.
HECHOS
Que el señor Iván González González prestó sus servicios a la Policía Nacional
por un lapso de 23 años, 3 meses y 6 días, esto es, entre el 4 de abril de 1988 y el
16 de diciembre de 2.010.
Que mediante Resolución 6201 del 1° de septiembre de 1.988 fue dado de alta del
respectivo curso en el grado de agente. Luego, el 30 de enero de 1.992 a través
de la Resolución 608 fue ascendido como suboficial, y a partir del 4 de abril de
1.994, por medio de Resolución OA-1-062 se homologó al nivel ejecutivo.
Que Casur le reconoció la asignación de retiro mediante la Resolución 1403 del 17
de marzo de 2.011, incluyendo un sueldo básico, las doceavas de las primas de
retorno a la experiencia, de navidad, de servicios y de vacaciones, y subsidio de
alimentación, sin tener en cuenta «los demás derechos adquiridos», esto es, la
prima de antigüedad, la prima de actividad, la prima de actualización, la
bonificación por buena conducta y el subsidio familiar, así como el reajuste del
IPC.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida mediante auto del 9 de agosto de 2.013 y notificada a
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Demandante: Iván González González
las entidades demandadas. La Policía Nacional contestó, proponiendo la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, pues el demandante ya
se encuentra percibiendo asignación de retiro, por lo que quien debe responder
por las pretensiones invocadas es Casur.
Por auto del 11 de agosto de 2.021 se procedió a: i) incorporar al proceso las
pruebas documentales aportadas por las partes, ii) fijar el litigio y iii) correr traslado
a las partes para alegar de conclusión, en los términos del artículo 182A del
CPACA, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2.021, luego, se dictó
sentencia, la cual fue apelada dentro del término oportuno por el demandante.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 8 de
septiembre de 2.022, negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en
las siguientes consideraciones:
Que el Consejo de Estado2 en reiterada jurisprudencia ha sostenido que, si bien
quienes se homologaron al nivel ejecutivo se les eliminaron algunos emolumentos,
se consagraron otros y se previó una asignación básica muy superior, por lo que,
observado en su conjunto el régimen salarial y prestacional consignado en el
Decreto 1091 de 1.995 no representa una desmejora a las condiciones de los que
antes se reglaban por el Decreto 1212 de 1.990.
Que, conforme a las pruebas aportadas, al computar los tiempos de servicios del
demandante como agente alumno, agente y suboficial, antes de ser homologado
al nivel ejecutivo, no cumplía los 15 años de servicio requeridos, de conformidad
con el artículo 144 del Decreto 1212 de 1.990, para adquirir el derecho a la
asignación de retiro, por lo que consolidó su situación pensional en vigencia del
Decreto 1091 de 1.995, el cual debe aplicarse en su integridad, conforme al
principio de inescindibilidad.
Que el libelista no tiene derecho a la reliquidación de la asignación de retiro con la
inclusión de las partidas establecidas en el Decreto 1212 de 1.990 (régimen
2 Para tal fin citó las sentencias Sección Segunda, Subsección B, del 11 de abril de 2018,
radicación: 25000-23-42-000-2014-03982-01(1766-17) y Subsección A, del 7 de octubre de 2021,
radicación 25000-23-42-000-2013-06454-01(1353-17).
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Demandante: Iván González González
prestacional de los suboficiales de la Policía Nacional), habida cuenta de que
cumplió con la totalidad de los requisitos pensionales bajo la vigencia de los
Decretos 1091 de 1.995 y 4433 de 2.004.
Que tampoco es procedente el reajuste de la asignación de retiro con base en el
IPC, de conformidad con los artículos 14 y 279 de la Ley 100 de 1993, pues dicha
normativa es aplicable a los pensionados o retirados de la Fuerza Pública que ya
contaban con asignación de retiro entre los años 1.997 a 2.004, pues a partir de
que entró a regir el Decreto 4433 de 2.004, se retomó el principio de oscilación, tal
y como ocurrió al reconocerle la prestación al interesado el 14 de marzo de 2.011.
Finalmente, condenó en costas a la parte demandante.
RECURSO DE APELACIÓN
Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación
en los siguientes términos:
Que sí hubo desmejora en el presente asunto, pues es evidente que al tener en
cuenta el subsidio familiar por encima de un 30% para los suboficiales según el
artículo 68 del decreto 1212 de 1.990 y 0% a los integrantes del nivel ejecutivo, así
como una gran diferencia en la prima de actividad entre dichos regímenes, se
acredita un claro menoscabo prohibido por la ley, es por ello, que Casur debió
aportar al proceso los cuadros comparativos entre un subcomisario y un sargento
viceprimero con antigüedad o tiempo de desempeño en la labor policial, para
poder que se profiriera un fallo objetivo.
Que no se puede omitir en la asignación de retiro el pago de las prestaciones
salariales que ya había devengando, habida cuenta de que los derechos laborales
son irrenunciables, no son conciliables e imprescriptibles; mucho menos con el
pretexto de mejorar el sueldo básico, porque conforme se demostró en el plenario,
ninguna de las primas y demás prebendas que supuestamente trajo el nivel
ejecutivo pueden superar las establecidas y protegidas por el legislador y que
resultan más favorables al libelista.
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Radicado: 76001-23-33-000-2013-00124-01 (0222-2023)
Demandante: Iván González González
Que conforme lo señaló el Consejo de Estado3 es claro que los miembros de la
Policía Nacional que fueron homologados lo hicieron bajo la firme convicción de la
confianza legítima que les brindaba la administración a través de esta entidad, la
buena fe que es un principio constitucional, y que no se iban a desmejorar sus
condiciones laborales y prestacionales, lo cual no ocurrió, circunstancia que va en
contravía de la irrenunciabilidad de los derechos laborales, contemplada en el
artículo 53 superior.
Que tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han sostenido que el
principio de inescindibilidad debe ceder ante el de la favorabilidad, más aun
cuando se devengan primas y emolumentos salariales que son suprimidos de
manera unilateral y sin sustento de un acto administrativo, igualmente cuando se
impone de manera posterior un grado que no existía al momento de la creación de
dicha carrera, o además se eliminan de la asignación de retiro factores salariales
que ya se devengaba, lo cual constituye un menoscabo en el reconocimiento
salarial percibido, y posteriormente en el monto de la asignación de retiro.
Realizó un cuadro comparativo respecto de las primas y demás emolumentos que
percibe un suboficial con un miembro del nivel ejecutivo, con el fin de aseverar que
la entidad dejó de pagarle solo en el año 2.007 la suma de $5.382.626 por
concepto de subsidio familiar, si se tiene en cuenta el grado de intendente jefe o
sargento primero (suboficial), y así sucesivamente con los demás factores que no
le fueron reconocidos. Que, si bien existe una gran diferencia del salario básico
entre los que se homologaron y los suboficiales, ello no se compensa con las
primas que se omitieron pagar.
Finalmente, expuso que el criterio objetivo de imposición de costas, se sustenta no
solo en el sentido del fallo, o de la intervención de la contraparte, sino que se
demuestra de manera real dentro del proceso, los gastos de apoderamiento,
auxiliares de justicia que intervinieron, pago de edictos etc., situación que no
acontece en el presente asunto, pues el abogado interviniente de parte de la
Policía Nacional, es funcionario de la misma y por tanto devenga su propio salario
derivado del erario; y Casur no contestó la demanda ni acudió en el curso del
proceso, motivo por el cual no debieron imponerse.
3 En este sentido citó apartes de la sentencia del 14 de diciembre de 2011, radicado: 11001-03-25-
000-2005-00244-01 (10067-2005).
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Demandante: Iván González González
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
Una vez presentado el recurso de apelación por la parte demandante, al estar
dentro del término procesal correspondiente, mediante auto del 30 de enero de
2.023 se admitió el recurso de alzada y, en concordancia con el artículo 212 del
CPACA y el ordinal 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2.021 a través del cual se
modificó el artículo 247 del CPACA, se dispuso que por Secretaría, dentro de los
10 días siguientes a la ejecutoria de la mencionada providencia, pasara el
expediente al Despacho para dictar sentencia, salvo que las partes presentaran
solicitud probatoria.
El Agente del Ministerio Público no rindió concepto.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
El problema jurídico se circunscribe a determinar si el demandante tiene derecho a
que la Policía Nacional le reconozca y pague las primas, subsidios y cesantías que
venía percibiendo en su condición de suboficial de la Policía Nacional, conforme al
Decreto 1212 de 1.990 a pesar de que voluntariamente se homologó al nivel
ejecutivo de la mencionada entidad cuyo régimen salarial y prestacional está
consagrado en el Decreto 1091 de 1.995.
Marco normativo y jurisprudencial
De la carrera del nivel ejecutivo de la Policía Nacional
El artículo 1° de la Ley 180 del 13 de enero de 1.9954, modificó el artículo 6 de la
Ley 62 de 1.9935, consagrando el nivel ejecutivo de la Policía Nacional como parte
de la estructura de dicha Institución e incluyéndolo como nuevo personal que la
conformaría.
4 «Por la cual se modifican y expiden algunas disposiciones sobre la Policía Nacional y del Estatuto
para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional y se otorgan facultades extraordinarias
al Presidente de la República para desarrollar la Carrera Policial denominada Nivel Ejecutivo.».
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«Por el cual se modifican las normas de carrera del personal de oficiales y suboficiales de la
Policía Nacional y se dictan otras disposiciones».
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Demandante: Iván González González
Por su parte, el artículo 7 de la Ley 180 en mención, concedió facultades
extraordinarias al presidente de la República para regular, entre otros aspectos,
las asignaciones salariales, primas y prestaciones sociales del nivel ejecutivo; el
cual indicó en el parágrafo lo siguiente: «[…] La creación del Nivel Ejecutivo no podrá
discriminar ni desmejorar, en ningún aspecto, la situación actual de quienes estando al
servicio de la Policía Nacional ingresen al Nivel Ejecutivo. […]».
Posteriormente, se expidió el Decreto 132 de 1.9956, en el cual se consagró: i) la
posibilidad de que los agentes y suboficiales en servicio activo ingresaran al
nivel ejecutivo, (artículos 12 y 13); ii) la sujeción del personal que ingresara al
referido nivel, al régimen salarial y prestacional determinado por el Gobierno
Nacional (artículo 15) y; iii) señaló que el ingreso al nivel ejecutivo no podrá
discriminar, ni desmejorar, en ningún aspecto la situación de quienes están al
servicio de la Policía Nacional (artículo 82).
En desarrollo de la Ley 4ª de 1.992, se promulgó el Decreto 1091 de 1.995, «Por
el cual se expide el Régimen de Asignaciones y Prestaciones para el personal del Nivel
Ejecutivo de la Policía Nacional, creado mediante el Decreto 132 de 1995»7 a través del
cual se regularon los salarios y prestaciones del personal del nivel ejecutivo.
Seguidamente, el artículo 10 del Decreto 1791 de 2.0008, consagró la posibilidad
para los agentes de ingresar al nivel ejecutivo y, en el parágrafo ibidem se señaló
que: «[…] El personal de Suboficiales y de Agentes de que tratan los artículos 9 y 10º del
presente Decreto, se someterán al régimen salarial y prestacional establecido para la
carrera del Nivel Ejecutivo […]».
El aparte transcrito, fue objeto de pronunciamiento de exequibilidad por la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-691 de 2003, providencia en la que se
resaltó que: i) el traslado de agentes y suboficiales al nivel ejecutivo era voluntario;
ii) la sujeción a un régimen especial con el cambio de nivel era completamente
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«Por el cual se desarrolla la carrera profesional del nivel ejecutivo de la Policía Nacional»,
7 En desarrollo de lo dispuesto en el literal d) del artículo 1º de la Ley 4ª de 1992, que indica: «El
Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en esta ley, fijará el
régimen salarial y prestacional de: […]
d) Los miembros de la Fuerza Pública.».
8 «Por el cual se modifican las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo,
Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional». Esta norma fue declarada inexequible, en varias de
sus disposiciones, a través de la Sentencia C-253 de 2003.
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Demandante: Iván González González
válido y; iii) en todo caso, las normas contenidas en la Ley 180 de 1.995 y
concordantes, impedían el desmejoramiento de las condiciones salariales y
prestacionales de quienes venían ya vinculados con la Policía y procedían a optar
por el traslado al nivel ejecutivo.
Adicionalmente, en dos oportunidades el Consejo de Estado, en sede de control
abstracto de legalidad, se pronunció sobre la protección a que hace referencia el
parágrafo del artículo 7 de la Ley 180 de 1.995 y el artículo 82 del Decreto 182 del
mismo año.
Así, en la sentencia del 14 de febrero de 2007, proferida por la Sección Segunda,
se declaró la nulidad del artículo 51 del Decreto 1091 de 1.995, en el cual se
reguló la asignación de retiro para el nivel ejecutivo por considerar que esta
materia no podía ser definida en sus líneas generales y fundamentales por el
presidente de la República, sino por el legislador a través de una ley marco.
Por su parte, en la providencia de la Sección Segunda, del 12 de abril de 2012, se
pronunció sobre la legalidad del parágrafo 2 del artículo 25 del Decreto 4433 de
2004, que preceptuó nuevamente la asignación de retiro de los miembros del nivel
ejecutivo.
En dicha oportunidad, se declaró la nulidad de la disposición demandada, además
se precisó que uno de los cargos en que se fundó la demanda consistió en afirmar
que con dicha disposición se vulneraron los derechos de los agentes y suboficiales
que se incorporaron al nivel ejecutivo al haber incrementado el tiempo requerido
para acceder a la asignación de retiro (en comparación con los Decretos 1213 y
1212 de 1.990, respectivamente). Lo anterior, de acuerdo con el mandato de no
regresividad y con la protección de derechos adquiridos9, el literal a) del artículo 2
de la Ley 4ª de 1992.
Ahora bien, esta Corporación en sentencia de 9 de octubre de 200810, tuvo la
oportunidad de pronunciarse respecto de los principios de favorabilidad e
inescindibilidad y la protección de los derechos adquiridos de quienes se
homologaron y señaló que, si bien es cierto el cambio de régimen salarial y
9 Artículos 48 y 58 Constitucionales.
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 9 de
octubre de 2008, radicación 25000-23-25-000-2000-06793-01, expediente 3021-2004, magistrado
ponente: Jesús María Lemos Bustamante.
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Demandante: Iván González González
prestacional implicaba la pérdida de una prima específica o de unos beneficios
laborales, al mismo tiempo conllevaba la ganancia de otros.
De conformidad con lo anterior es posible afirmar que no se desconoció la
protección de garantías de agentes y suboficiales que se incorporaron
voluntariamente al nivel ejecutivo de la Policía Nacional, y que no puede
adelantarse un estudio de la situación al margen de los principios de
inescindibilidad y favorabilidad, ya que, analizado en su integridad, el régimen
salarial y prestacional establecido en el Decreto 1091 de 1.995 no desmejoró sus
condiciones laborales11.
Quienes se acogieron al nivel ejecutivo vieron aumentados sus ingresos, dando
aplicación al principio de progresividad pues no solamente se mantuvieron sus
condiciones salariales y prestacionales, sino que fueron mejoradas. Ello traduce
que no se desconocen los derechos adquiridos cuando se trata del cambio
voluntario de régimen.
Pese a que es evidente que en el régimen salarial y prestacional del nivel ejecutivo
no se contemplaron los mismos emolumentos que en el régimen de oficiales,
suboficiales y agentes, se crearon unas nuevas primas y se consagró una
asignación básica mensual muy superior en relación con los grados de agentes y
suboficiales.
Entonces, para que se pueda predicar una verdadera desmejora, es necesario que
la misma se hubiera presentado en el momento en que empezó a regir el nivel
ejecutivo, pues tal como se señaló anteriormente, no existe derecho a un régimen
prestacional inmodificable o que no pueda variarse, por lo que posteriormente se
pudieron presentar diferentes cambios que hayan equiparado el nivel ejecutivo y el
de suboficiales, o incluso que hayan permitido obtener una mayor remuneración
en este último.
Acorde con lo anterior, se expondrá el comparativo de salarios de los suboficiales
en el año de 199412 frente a los salarios de los grados equivalentes en el nivel
11
Tesis que ha sido pacífica por parte de la Sección, se pueden consultar las sentencias:
Subsección A: del 3 de diciembre de 2020, radicados: 25000-23-42-000-2016-04653-01 (5663-18)
y 25000-23-42-000-2016-04652-01 (0966-18); del 9 de septiembre de 2021, radicado: 25000-23-
42-000-2014-01465-01(3340-16); Subsección B: del 21 de octubre de 2021, radicado: 05001-23-
33-000-2014-01927-01(1843-19); del 25 de noviembre de 2021, radicado: 13001-23-33-000-2013-
00117-01(3103-15) entre otras.
12 Decreto 65 de 1994 Por el cual se fijan los sueldos básicos para el personal de Oficiales y
Suboficiales de las Fuerzas Militares, Oficiales, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional,
personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional y Empleados Públicos del Ministerio de Defensa,
las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, se establecen bonificaciones para Alféreces,
Guardiamarinas, Pilotines, Grumetes y Soldados, se modifican las comisiones y se dictan otras
disposiciones en materia salarial.
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Radicado: 76001-23-33-000-2013-00124-01 (0222-2023)
Demandante: Iván González González
ejecutivo de la Policía Nacional13 con el fin de identificar de qué manera se
impactó la situación salarial y prestacional de los miembros de ambos grados:
• Cabo segundo a subintendente
Cabo segundo Devengado Subintendente Devengado
-Sueldo básico $149.900 -Sueldo Básico $ 280.000
-Sub. Familiar 30% $44.970 -Sub. Familiar 5% $ 14.000
-Prima actividad 33% $44.970 -Sub. Alimentación $ 9.680
-Prima servicios $132.255 -Prima del nivel ejecutivo 20% $ 56.000
-Sub. Alimentación $9.680 -Prima retorno a la experiencia $ 0.
• Prima navidad $264.510 -Prima de servicios $ 144.840
-Prima de vacaciones $132.255 -Prima de navidad $ 370.322
-Prima de antigüedad 10% Prima de vacaciones $ 150.875
-Distintivo por buena $14.990
conducta 1%
$1.499
Total $ 795.029 Total $ 1.025.717
• Cabo primero a subintendente
Cabo primero Devengado Subintendente Devengado
-Sueldo básico $156.430 -Sueldo Básico $ 280.000
-Sub. Familiar 30% $46.929 -Sub. Familiar 5% $ 14.000
-Prima actividad 33% $46.929 -Sub. Alimentación $ 9.680
-Prima servicios $132.965 -Prima del nivel ejecutivo 20% $ 56.000
-Sub. Alimentación $9.680 -Prima retorno a la experiencia $ 0.
• Prima navidad $265.931 -Prima de servicios $ 144.840
-Prima de vacaciones $132.255 -Prima de navidad $ 370.322
-Prima de antigüedad 10% Prima de vacaciones $ 150.875
-Distintivo por buena $15.643
conducta 1%
$1.564
Total $ 808.326 Total $ 1.025.717
• Sargento segundo a intendente
Sargento segundo Devengado Intendente Devengado
-Sueldo básico $163.820 -Sueldo Básico $ 330.000
-Sub. Familiar 30% $49.146 -Sub. Familiar 5% $ 16.500
-Prima actividad 33% $49.146 -Sub. Alimentación $ 9.680
-Prima servicios $139.247 -Prima del nivel ejecutivo 20% $ 66.000
-Sub. Alimentación $9.680 -Prima retorno a la experiencia
• Prima navidad $278.494 1% $ 3.300
-Prima de vacaciones $139.247 -Prima de servicios $ 171.490
-Prima de antigüedad 10% -Prima de navidad $ 434.856
-Distintivo por buena $16.382 Prima de vacaciones $ 178.635
conducta 1%
$1.638
Total $ 846.800 Total $ 1.210.461
13Para realizar la comparación se toman la totalidad de los factores salariales a lo que tienen
derecho, a modo de ejemplo un subsidio familiar del 30% para el nivel de agentes y suboficiales y
del 5% para el nivel ejecutivo, así mismo, las equivalencias señaladas en los artículos 12 y 13 de la
Ley 180 de 1995.
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Radicado: 76001-23-33-000-2013-00124-01 (0222-2023)
Demandante: Iván González González
• Sargento viceprimero a intendente
Sargento viceprimero Devengado Intendente Devengado
-Sueldo básico $182.850 -Sueldo Básico $ 330.000
-Sub. Familiar 30% $54.855 -Sub. Familiar 5% $ 16.500
-Prima actividad 33% $54.855 -Sub. Alimentación $ 9.680
-Prima servicios $155.422 -Prima del nivel ejecutivo 20% $ 66.000
-Sub. Alimentación $9.680 -Prima retorno a la experiencia
• Prima navidad $310.845 1% $ 3.300
-Prima de vacaciones $155.422 -Prima de servicios $ 171.490
-Prima de antigüedad 10% -Prima de navidad $ 434.856
-Distintivo por buena $18.285 Prima de vacaciones $ 178.635
conducta 1%
$1.828
Total $ 944.042 Total $ 1.210.461
• Sargento primero a subcomisario
Sargento primero Devengado Subcomisario Devengado
-Sueldo básico $215.100 -Sueldo Básico $ 380.000
-Sub. Familiar 30% $64.530 -Sub. Familiar 5% $ 19.000
-Prima actividad 33% $64.530 -Sub. Alimentación $ 9.680
-Prima servicios $182.835 -Prima del nivel ejecutivo 20% $ 76.000
-Sub. Alimentación $9.680 -Prima retorno a la experiencia
• Prima navidad $365.670 1.5% $ 5.700
-Prima de vacaciones $182.835 -Prima de servicios $ 197.690
-Prima de antigüedad 10% -Prima de navidad $ 505.014
-Distintivo por buena $21.510 Prima de vacaciones $ 205.927
conducta 1%
$2.151
Total $ 1.108.941 Total $ 1.399.011
-Sargento mayor a comisario
Sargento mayor Devengado Comisario Devengado
-Sueldo básico $251.300 -Sueldo Básico $ 440.000
-Sub. Familiar 30% $75.390 -Sub. Familiar 5% $ 22.000
-Prima actividad 33% $75.390 -Sub. Alimentación $ 9.680
-Prima servicios $213.605 -Prima del nivel ejecutivo 20% $ 88.000
-Sub. Alimentación $9.680 -Prima retorno a la experiencia
• Prima navidad $427.210 2% $ 8.800
-Prima de vacaciones $213.605 -Prima de servicios $ 229.240
-Prima de antigüedad 10% -Prima de navidad $ 585.482
-Distintivo por buena $25.130 Prima de vacaciones $ 238.791
conducta 1%
$2.513
Total $ 1.293.823 Total $ 1.621.993
Ahora, al realizar una comparación de forma integral «en virtud del principio de
inescindibilidad de la norma», la Subsección concluye que con la homologación de
los agentes y suboficiales del nivel ejecutivo de la Policía Nacional no se vulneró el
mandato de no regresividad, toda vez que sus miembros se beneficiaron
ampliamente al cambiar de régimen, por lo siguiente:
1.- Analizados los cuadros, se evidencia una mejora ostensible en el salario básico
con ocasión del ingreso al nivel ejecutivo. Además, conforme a los decretos
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Demandante: Iván González González
anuales14 proferidos por el Gobierno Nacional para la regulación de los sueldos
básicos del nivel ejecutivo y de los agentes y suboficiales de la Policía Nacional, la
proporción de los salarios en relación con la asignación básica del grado de
general es muy superior en el nivel ejecutivo que en los regímenes de agentes y
suboficiales.
En esa medida, la consecuencia lógica es que la mejora salarial incida
positivamente en la liquidación de las asignaciones de retiro del citado régimen.
2.- A pesar de que el régimen del nivel ejecutivo de la Policía Nacional no
consagró las primas de antigüedad, de actividad, la bonificación por buena
conducta y el subsidio de transporte, lo cierto es que creó nuevas asignaciones y
primas, tales como: la prima del nivel ejecutivo y la prima de retorno a la
experiencia, como una forma de compensar las extinguidas primas de actividad y
antigüedad, respectivamente, las cuales, les generaron a quienes voluntariamente
se incorporaron a dicho régimen mayores ingresos mensuales e incluso un
incremento en las partidas computables para la asignación de retiro.
3.- Se modificó el sistema de liquidación de las cesantías (pasó de un régimen
retroactivo a un régimen anual), sin que por ello se genere un desmejoramiento
prestacional, toda vez que a la fecha del traslado se reconoció el beneficio
causado hasta ese momento al interesado y a partir de la homologación se
liquidaron las cesantías anualmente junto con sus respectivos intereses, es decir,
esta prestación se mantuvo en el régimen del nivel ejecutivo.
4.- En cuanto al subsidio familiar el régimen del nivel ejecutivo modificó la
cobertura, incluyó en su reconocimiento a los hijos legítimos, extramatrimoniales,
adoptivos e hijastros, hermanos y padres, excluyó a las cónyuges y compañeras
permanentes, no obstante, no puede hablarse de una desmejora, en la medida
que continuó reconociéndose y cancelándose en porcentajes similares.
5.- Se mantuvieron el subsidio de alimentación, la prima de servicios, la prima de
navidad y la prima de vacaciones, con la diferencia que en el régimen del nivel
ejecutivo de la Policía Nacional se ampliaron las partidas que hacen parte de sus
14 Decretos 842 de 2012, 1050 de 2011, 1530 de 2010, 737 de 2009, 673 de 2008, 1515 de 2007,
407 de 2006, 923 de 2005, 4158 de 2004, 3552 de 2003, 745 de 2002, 2737 de 2001, 2724 de
2000, 0062 de 1999, 0058 de 1998, 122 de 1997, 107 de 1996 y 133 de 1995.
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Demandante: Iván González González
bases de liquidación, lo que se vio reflejado en un aumento en las asignaciones
mensuales de actividad y en las liquidaciones de las asignaciones de retiro.
6.- Con esta medida, el legislador desarrolló los postulados del Estado Social de
Derecho, atendió los mandatos que en materia de seguridad social consagra la
Carta Política, aumentó los beneficios laborales sin trasgresión del principio de
progresividad, toda vez que se encuentra amparado por la prohibición de
discriminar o desmejorar sus condiciones salariales y prestacionales señalado en
el artículo 2 de la Ley 4.ª de 1992 y las normas que crearon e implementaron el
Nivel Ejecutivo en la Policía Nacional.
7.- Con la homologación voluntaria al nivel ejecutivo de la Policía Nacional no se
vulneraron los derechos adquiridos, ni las expectativas legítimas. Ello, toda vez
que el reconocimiento salarial y prestacional solicitado y su incidencia en el
reconocimiento de la asignación de retiro, no se consolidó bajo la vigencia de los
Decretos 1212 y 1213 de 1.990 y en esa medida no creó un derecho subjetivo en
favor de sus titulares que deba ser respetado en el régimen del nivel ejecutivo de
la Policía Nacional.
Además, porque en asuntos similares en donde se discutió el tema de los
derechos adquiridos y expectativas legítimas de las personas que voluntariamente
se homologaran a un nuevo régimen salarial y prestacional, la Corte
Constitucional15, fue enfática en determinar que no se configuran, toda vez que al
modificarse la situación existente al momento de la homologación y acceder a
beneficios salariales contemplados en otra normativa, sin que se presente una
derogación del anterior régimen, implica que los individuos se ubican en una
situación salarial y prestacional diferente, que obedece a otro sistema de
remuneración, sin que puedan mantener los derechos regidos por el régimen
anterior.
8.- Finalmente, al no presentarse la desmejora salarial y prestacional, resulta
innecesario la realización del test de no regresividad, desarrollado por la Corte
Constitucional.
15 Sentencia C-789 de 20 de octubre de 2011.
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Demandante: Iván González González
Resolución al caso concreto
Del reajuste solicitado
Al proceso fueron allegados los siguientes medios probatorios:
Acorde con la hoja de servicio visible a folio 17, se tiene que el señor Iván
González González prestó sus servicios a la Policía Nacional por espacio de 23
años, 3 meses y 7 días, de la siguiente manera:
Régimen Desde Hasta
Agente alumno 04/04/1988 30/09/1988
Agente 01/10/1988 30/01/1992
Suboficial 31/01/1992 28/02/1994
Nivel ejecutivo 01/03/1994 21/12/2010
En este documento se estableció que percibió los siguientes emolumentos: sueldo
básico, prima de servicio, prima de navidad, prima vacacional, prima de retorno a
la experiencia, subsidio de alimentación y prima del nivel ejecutivo.
Que mediante Resolución 1403 del 14 de marzo de 2.011, la Caja de Sueldos de
la Policía Nacional reconoció asignación de retiro al demandante, en cuantía
equivalente al 81% del sueldo básico de actividad para el grado y partidas
computables, efectiva a partir del 21 de marzo de la mencionada anualidad. Ello,
de conformidad con lo regulado en los Decretos 1091 de 1.995 y 4433 de 2.00416.
Ahora, al realizar el análisis integral de las normas y no factor por factor, se
concluye que el régimen del nivel ejecutivo al que se acogió voluntariamente el
demandante, es favorable a sus intereses prestacionales.
En efecto, obsérvese como durante la permanencia del demandante en el régimen
de agente, no cumplió con el tiempo consagrado en el artículo 31 del Decreto
1213 de 1.990, esto es, 10 años (pues solo estuvo 3 años y 3 meses
aproximadamente), tampoco el exigido por la normativa que rige para los
suboficiales, a la luz de lo previsto en el artículo 71 del Decreto 1212 de 1.990, es
16 Folios 14 y 15.
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Demandante: Iván González González
decir, 10 años (permaneció un poco más de 2 años), por consiguiente, no se
causó el derecho a la prima de antigüedad. Por el contrario, con el régimen del
nivel ejecutivo devengó la prima de retorno a la experiencia.
Respecto a la prima de actividad, si bien es cierto que el demandante dejó de
percibirla en el mes de marzo de 1994 (cuando se homologó), lo cierto es que, en
compensación, le fue reconocida la prima del nivel ejecutivo en cuantía superior al
valor devengando por concepto de prima de actividad (conforme lo analizado en
párrafos anteriores). Por lo tanto, respecto de tal concepto, no se aprecia una
desmejora de su situación laboral con ocasión de su homologación al nuevo
régimen previsto para el nivel ejecutivo.
Finalmente, en cuanto al subsidio familiar, como se analizó en precedencia, no
puede hablarse de una desmejora, en la medida que continuó reconociéndose y
cancelándose en porcentajes similares.
Frente a lo anterior, correspondía a la parte demandante demostrar la desmejora o
discriminación salarial o prestacional alegada, lo que no ocurrió, ya que no es
dable tomar factores aislados para hacer la comparación pretendida, sino revisar
integralmente el régimen.
Igualmente, no puede esta Sección, como lo pretende el demandante, tomar el
salario que devengó en el nivel ejecutivo (con el cual se evidenció el mayor
beneficio) y los factores que percibía como suboficial, pues esto equivaldría a
crear un tercer régimen, vulnerando así el principio de inescindibilidad de la
norma.
En suma, el demandante no fue desmejorado salarial ni prestacionalmente en
virtud de su homologación al nivel ejecutivo, teniendo en cuenta que el nuevo
régimen del Decreto 1091 de 1.995 le reportó mayores beneficios de acuerdo con
lo probado dentro del plenario, conforme lo concluyó el a quo.
Según se ha expuesto, se confirmará la sentencia apelada.
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Radicado: 76001-23-33-000-2013-00124-01 (0222-2023)
Demandante: Iván González González
De la condena en costas en primera instancia objeto de apelación
Bajo el criterio señalado en la sentencia del 7 de abril de 2.016, y en atención a las
consideraciones allí expuestas, las cuales se acogen en su integridad con el
propósito de resolver la presente controversia, se observa que la condena en
costas realizada por el tribunal de instancia, se efectuó en aplicación al artículo
365 del Código General del Proceso y la Ley 1437 de 2.011, es decir, que se
impuso en atención a que la parte demandante fue vencida en el proceso, pues no
prosperaron las pretensiones de la demanda, sin que sea necesario y mucho
menos relevante si la parte actuó de mala fe o con temeridad.
En igual sentido, se advierte que en el expediente quedó demostrado que las
demandadas sí ejercieron la defensa durante el trámite de primera instancia, toda
vez que la Policía Nacional allegó memorial de contestación de la demanda17 y
Casur alegó de conclusión18. En consecuencia, es dable concluir que sí
confluyeron los criterios objetivo y valorativo para que el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca impusiera una condena al respecto, a cargo de la parte
demandante al haber resultado vencida.
En conclusión, y en atención del criterio del objetivo fijado por esta Sección, el a
quo no incurrió en ningún desacierto valorativo al imponer la condena en costas en
contra de la parte activa, en la medida en que se demostró que i) esta resultó
vencida en aquella oportunidad, al haberse denegado las pretensiones de la
demanda; y, ii) las autoridades demandadas intervinieron en el trámite de primera
instancia.
En consecuencia, se confirmará la sentencia también en este sentido.
De la condena en costas en segunda instancia
En atención a lo señalado por esta Subsección en fallos anteriores, y en
concordancia con lo dispuesto en los numerales 1 y 8 del artículo 365 del Código
17
Folios 144 a 172.
18
Actuación registrada en la plataforma Samai Tribunales, visible en el índice 39.
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Radicado: 76001-23-33-000-2013-00124-01 (0222-2023)
Demandante: Iván González González
General del Proceso,19 la Sala se abstendrá de condenar en costas de segunda
instancia al demandante, pues, pese a que no prosperó el objeto del recurso de
alzada, la parte demandada no actuó en esta instancia debido a que no se habilitó
la etapa correspondiente para el efecto conforme al artículo 67 de la Ley 2080 de
2021 a través del cual se modificó el artículo 247 del CPACA.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el ocho (8) de septiembre de dos mil
veintidós (2.022) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que negó las
pretensiones de la demanda.
Segundo. Sin condena en costas de segunda instancia.
Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen y realizar las respectivas
anotaciones en el portal SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
19«1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
17
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