Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-33-000-2013-00217-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-33-000-2013-00217-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 76001-23-33-000-2013-00217-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
30 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C, treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación núm.: 76001-2333-000-2013-00217-01
Demandante: Productora Nacional Avícola S.A.
Demandada: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -
DIAN
Tema: Infracción cambiaria por indebida canalización de
divisas derivada de una operación de exportación.
Prescripción de la acción sancionatoria. Reiteración
jurisprudencial
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en audiencia
inicial realizada los días 19 de febrero de 2014 y 28 de abril de esa anualidad,
mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
I.1. La demanda1
I.1.1. Las pretensiones
1. La sociedad Productora Nacional Avícola S.A. (en adelante Pronavícola), en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en
el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20112 instauró demanda en la cual
solicitó:
“[…] I. Que se declaren nulos por ser contrarios a la Constitución y a la ley los actos
administrativos producidos por DIAN - Seccional Aduanas Cali que imponen sanción
cambiaria a PRODUCTORA NACIONAL AVICOLA S.A. consistente en una multa
por valor de setecientos seis millones trescientos noventa y un mil cuatrocientos
ochenta y ocho pesos ($706.391.488) por no canalizar a través del mercado cambiario
operaciones obligatoriamente canalizables. Esos actos administrativos son:
Resolución Sanción No. 01-88-236-408-610-11 del 23 de octubre de 2012 y
Resolución No. 0007 del 27 de marzo de 2012.
1
El presente expediente se encuentra digitalizado en el índice 31 de SAMAI. Cfr. Fols. 112 a 133 del cuaderno 1.
2
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
2
Radicación núm.: 76001-2333-000-2013-00217-01
Demandante: Productora Nacional Avícola S.A.
II. Que como consecuencia de la nulidad de los actos administrativos atrás
individualizados se restablezca en su derecho a PRODUCTORA NACIONAL
AVICOLA S.A. declarando lo siguiente:
a) Que PRODUCTORA NACIONAL AVICOLA S.A. no es deudora de sanción por no
canalizar a través del mercado cambiario el valor correspondiente al valor agregado
de los endeudamientos externos mencionados. […]” (negrilla del texto).
I.1.2. Los hechos
2. Sostuvo que la sociedad Pronavícola, mediante facturas núm. 106097 de 9 de
abril de 2008, 106838 de 19 de mayo de 2008, 106832 de 25 de agosto de 2008,
106837 de 25 de agosto de 2008 y 106839 de 25 de agosto de 2008, vendió a
Alimentación Balanceada C.A. de Venezuela (en adelante Alibal) pollitas (aves) tipo
“[…] Lohmanm […]”.
3. Explicó que esas mercancías fueron exportadas bajo declaraciones de
exportación definitivas núm.: 0311981133240 del 22 de mayo de 2008,
0311981134392 del 27 de mayo de 2008, 0311981159072 del 4 de septiembre de
2008, 0311981160613 del 24 de septiembre de 2008 y 0311981160614 del 24 de
septiembre de 2008.
4. Adujo que conforme a los términos de negociación establecidos entre
Pronavícola y Alibal el pago de estas facturas debía realizarse dentro de los 60 días
posteriores al despacho de la mercancía, esto es, los días 21 de julio de 2008, 27
(sic) de julio de 2008, 3 de noviembre de 2008, 24 de noviembre de 2008 y 24 de
noviembre de 2008, respectivamente.
5. Señaló que como los reembolsos no sucedieron en las fechas anteriormente
relacionadas, la sociedad actora reportó las anteriores operaciones como
endeudamiento externo otorgado a no residentes, a través de los Formularios 7
núm.: 04001006925 del 22 de mayo de 2009, 04001006926 de 22 de mayo de 2009,
04001007163 del 29 de julio de 2009, 04001007164 del 29 de julio de 2009 y
04001007165 del 29 de julio de 2009.
6. Resaltó que, mediante comunicación del 18 de enero de 2010, Alibal informó que
no podía hacer el pago de las mercancías, aduciendo que: i) la Comisión de
Administración de Divisas (en adelante CADIVI) no había considerado la
Autorización de Liquidación de Divisas (ALD) para las referidas importaciones y; ii)
la existencia de un bloqueo comercial entre Colombia y Venezuela para el momento
de las negociaciones el cual retrasó la obtención de la ALD.
7.Afirmó que, teniendo en cuenta el estado de las relaciones bilaterales entre
Colombia y Venezuela, Pronavícola decidió reclasificar la deuda como de difícil
cobro y provisionarla en un 100% procediendo a su posterior castigo.
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Radicación núm.: 76001-2333-000-2013-00217-01
Demandante: Productora Nacional Avícola S.A.
8.Subrayó que el 6 de abril de 2010, Pronavícola solicitó al Departamento de
Cambios Internacionales del Banco de la República la cancelación de los
endeudamientos externos por cartera incobrable.
9. Sostuvo que el 14 de mayo de 2010, el Banco de la República, mediante
comunicación núm. DCIN-08786, informó que tomaría nota de las cancelaciones
para efectos estadísticos y que daría traslado a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, DIAN para determinar el cumplimiento del régimen cambiario
en la referida operación.
10.Adujo que el 16 de julio de 2010, la Jefe del Grupo Interno de Trabajo de Control
Cambiario de la DIAN solicitó a Pronavícola copia de las declaraciones de
exportación definitivas, las facturas de exportación y los soportes de los
endeudamientos externos, los cuales fueron entregados el 25 de agosto de 2010,
mediante el radicado núm.: 00010715.
11. Agregó que, mediante auto de formulación de cargos del 24 de junio de 2011,
la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Aduanas Cali
propuso sanción por presunta violación de los artículos 7 y 23 de la Resolución
Externa 8 de 2000, por no canalizar a través del mercado cambiario el valor total de
USD 363.705 correspondiente al valor del agregado de los endeudamientos
externos antes referidos.
12. Recalcó que la División de Gestión de Liquidación DIAN Aduanas Cali, mediante
Resolución 1-88-241-601-007 de 27 de marzo de 2012, resolvió imponer sanción a
Pronavícola por valor de $706.391.488, por haber infringido lo dispuesto en los
artículos 7. y 23 de la Resolución Externa 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco
de la República.
13.Anotó que la Jefe de la División Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de
Aduanas de Cali expidió la Resolución 01-88-236-408-610-11 del 23 de octubre de
2012, a través de la cual resolvió el recurso de reconsideración.
I.1.3. Las normas violadas y el concepto de la violación
I.1.3.1. Las normas violadas
14. La parte actora invocó como vulnerados: el preámbulo y los artículos 2, 4, 6, 29,
83, 84 y 228 de la Constitución Política; 66, 84 y 206 a 214 del Código Contencioso
Administrativo; 1, 4, 6, 7, 8, 9, 15 y 23 de la Resolución Externa 8 de 2000 expedida
por la Junta Directiva del Banco de la República y; los puntos 4, 4.2 y 5.1.10 de la
Circular Reglamentaria Externa DCIN 83 de 2008 del Banco de la República.
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Radicación núm.: 76001-2333-000-2013-00217-01
Demandante: Productora Nacional Avícola S.A.
I.1.3.2. Concepto de violación
Improcedencia de la sanción
15. Sostuvo que la DIAN impuso una sanción a la sociedad actora por no canalizar a
través del mercado cambiario el valor de USD $363,705 correspondiente al valor
agregado de endeudamientos externos derivados de las operaciones de
exportación núm.: 04001006925 del 22 de mayo de 2009, 04001006926 de 22 de
mayo de 2009, 04001007163 del 29 de julio de 2009, 04001007164 del 29 de julio
de 2009 y 04001007165 del 29 de julio de 2009.
16. Anotó que la parte demandada no tuvo en cuenta que la sociedad Pronavícola
no recibió divisas por parte del comprador del exterior, Alibal, debido a: i) la facultad
discrecional de la Comisión de Administración de Divisas de Venezuela, CADIVI
para autorizar la venta de dólares para el pago de las operaciones internacionales;
ii) el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela y; iii)
el bloqueo comercial entre los dos países, situaciones que resultan ajenas a la
voluntad de las partes para cumplir con los términos de las negociaciones iniciales.
17. Señaló que, ante la tardanza en el desembolso de los pagos por parte del
comprador del exterior, Pronavícola reportó conforme al punto 4.2. de la Circular
Reglamentaria Externa DCIN 83 de 2008 del Banco de la República las operaciones
como endeudamiento externo otorgado a no residentes.
18. Resaltó que en la respuesta otorgada por Alibal Venezuela a las solicitudes de
pago elevadas por Pronavícola el 18 de enero de 2010, enviada en su momento a
la DIAN y aportada ahora como prueba, se aducía la imposibilidad en realizar los
giros debido a la ya compleja situación política entre Colombia y Venezuela,
escenario que era de conocimiento público para el año 2009, tal y como lo
demuestra el “[…] Reporte de Operaciones con solicitudes pendientes de pago
CADIVI de Septiembre 2009 […]” emitido por la Oficina de Proexport en Caracas.
19. Destacó que la situación que llevó a Pronavícola a solicitar la cancelación de
créditos informados ante el Banco de la República por la imposibilidad de
recuperación constituía un hecho notorio reconocido por la misma Administración.
20. Subrayó que Pronavícola realizó sin éxito, y en reiteradas ocasiones, el cobro de
cartera pendiente de pago por parte de Alibal, a tal punto que se contrató el servicio
de un abogado en Venezuela quien informó que debido a que las razones de no
pago correspondían a factores externos, cualquier acción legal al respecto sería
improductiva.
21. Mencionó que, ante la negativa de pago por parte del deudor y teniendo en
cuenta que Pronavícola agotó todos los medios posibles para recuperar la cartera
vencida, se estaba frente a una deuda manifiestamente perdida o sin valor de
acuerdo con la definición prevista en el artículo 79 del Estatuto Tributario.
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Radicación núm.: 76001-2333-000-2013-00217-01
Demandante: Productora Nacional Avícola S.A.
Existencia de impedimentos jurídicos para cumplir con la obligación de
reintegro
22. Refirió que Pronavícola no evadió la obligación de reintegro y, por el contrario,
asumió la debacle causada por el deterioro de las relaciones políticas entre
Colombia y Venezuela durante el año 2009 que llevaron al gobierno Venezolano, a
través de la Comisión de Administración de Divisas – CADIVI a no autorizar la venta
de moneda extranjera para el pago de las operaciones internacionales realizadas
por sus nacionales. Ante ese hecho, la parte actora procedió a cancelar los
endeudamientos externos registrados con ocasión de las exportaciones realizadas
y, consecuentemente, a castigar la correspondiente cartera.
23. Argumentó que la situación presentada por el comprador del exterior obedece a
un caso fortuito. Al respecto, sostuvo que las medidas adoptadas por el Gobierno
Venezolano para sustituir el comercio con Colombia no solo afectaron a Pronavícola
sino a un gran número de exportadores nacionales, quienes debieron asumir las
pérdidas asociadas y redireccionar sus productos hacia otros mercados
internacionales, según lo señaló el estudio desarrollado por el Banco de la
República en el año 2010.
24. Anotó que la actora no contaba con acciones legales que le permitiesen recuperar
la cartera pendiente con Alibal, por cuanto la sociedad del exterior se veía reglada
por preceptos gubernamentales que restringían giros de divisas hacia Colombia por
concepto de importaciones. De ahí que el incumplimiento en el pago y en la
canalización obedecieron a causas externas del comprador y del vendedor.
Extemporaneidad en la notificación del pliego de cargos y la prescripción de
la acción sancionatoria
25. Consideró que de conformidad con el artículo 4 del Decreto 1092 de 21 de junio
de 19963, el pliego de cargos debe notificarse dentro de los tres (3) años siguientes
a la fecha en que ocurrieron los hechos constitutivos de infracción y, para el caso
en concreto debía tenerse en cuenta la fecha de las declaraciones de exportación
definitivas por cuanto estas fueron las operaciones que dieron origen al registro de
endeudamientos externos informados por la sociedad.
26. Explicó que las declaraciones de exportación definitivas motivo de investigación
fueron las siguientes: 31198133240 de 22 de mayo de 2008, 311981134392 de 27
de mayo de 2008, 311981159072 de 4 de septiembre de 2008, 311981160613 de
24 de septiembre de 2008 y 311981160614 de 24 de septiembre de 2008.
27.Sostuvo que el auto de formulación de cargos fue notificado el 29 de junio de
2011, es decir, por fuera del plazo de tres (3) años siguientes a la fecha en que
ocurrieron los hechos frente a las declaraciones de exportación 31198133240 de 22
3
“ […] Por el cual se establece el Régimen Sancionatorio y el Procedimiento Administrativo Cambiario a seguir por la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.[…]”.
6
Radicación núm.: 76001-2333-000-2013-00217-01
Demandante: Productora Nacional Avícola S.A.
de mayo de 2008 y 311981134392 de 27 de mayo de 2008, pues “[…] el término
reglamentario para estas llegaba hasta el 22 de mayo de 2011 y hasta el 27 de
mayo de 2011, respectivamente. […]”.
Validez del certificado del revisor fiscal como prueba
28. Explicó que el certificado del revisor fiscal acredita que el gasto de cartera se
encuentra registrado en la contabilidad, el cual resulta válido de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 777 del Estatuto Tributario, 50 del Código de Comercio y
la doctrina de la Superintendencia de Sociedades, la cual transcribió.
I.2. La contestación de la demanda4
Improcedencia de la sanción
29. La DIAN sostuvo que Pronavícola tenía la obligación de canalizar a través del
mercado cambiario el valor total de la exportación efectuada con Alibal, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Resolución Externa 8 de 2000.
30. Anotó que el artículo 15 de la Resolución Externa 8 de 2000 de la Junta Directiva
del Banco de la República establece el deber para los residentes en el país de
canalizar a través del mercado cambiario las divisas provenientes de sus
exportaciones.
31. Expuso que el artículo 23 de la Resolución Externa 08 de 2000 de la Junta
Directiva del Banco de la República establece que cuando se pretenda extinguir
obligaciones del deudor mediante dación de pago se requerirá autorización expresa
del Banco de la República en cada caso.
32. Manifestó que Pronavícola no aportó prueba del cumplimiento del artículo 23 de
la Resolución Externa 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República,
puesto que solicitó la cancelación de los créditos externos, con el argumento de que
la cartera se había tornado en incobrable. Con ello, la sociedad actora incurrió en
infracción del régimen cambiario al pretender declarar extinguida la obligación del
deudor en el exterior, sin atender lo previsto en el artículo 23 de la referida
resolución.
33. Informó que el deudor en el exterior aceptó el saldo adeudado y su disposición
a pagarlo e informó estar adelantando las gestiones para el pago de las facturas
respectivas ante la CADIVI. De ahí que el acreedor en Colombia no puede pretender
extinguir la deuda, condonándola, sin canalizar la operación.
4
Cfr. Fols. 170 a 185 del Cuaderno 1.
7
Radicación núm.: 76001-2333-000-2013-00217-01
Demandante: Productora Nacional Avícola S.A.
Existencia de impedimentos jurídicos para cumplir con la obligación de
reintegro
34. Argumentó que la fuerza mayor o el caso fortuito, para producir el efecto
liberatorio esperado por el deudor, debe cumplir los siguientes elementos: “[…] a)
No ser imputable al deudor, b) No haber concurrido con una culpa de este, sin la
cual no se habría producido el perjuicio inherente al cumplimiento contractual: c) ser
irresistible, en el sentido que no haya podido ser impedido y que haya colocado al
deudor —dominado por el acontecimiento— en la imposibilidad absoluta (no
simplemente en la dificultad ni en la imposibilidad relativa) de ejecutar la obligación:
d) haber sido imprevisible, es decir que no haya sido suficientemente probable para
que el deudor haya debido razonablemente precaverse contra él, aunque por lo
demás haya habido con respecto al acontecimiento de que se trate, como lo hay
con respecto a toda clase de acontecimiento una posibilidad vaga de realización
(Cas. Civ. jul. 5/35) (Cas. Civ.,Sent. jul. 4/2002, exp. 6461). […]”.
35. Adujo que, si bien el deudor extranjero enfrentó dificultades para efectuar el
pago derivadas de la situación comercial y económica existente entre Colombia y
Venezuela, dichas circunstancias resultan coyunturales y no tenían la entidad
suficiente para producir el efecto liberatorio de la deuda. Por ende, mal hacía el
exportador en solicitar la cancelación de los endeudamientos externos, pues lo que
correspondía era otorgar la ampliación del plazo de endeudamiento a fin de que
cuando, una vez se haya efectuado el pago, Proavícola realizara la respectiva
canalización.
36. En suma, advirtió que la imposibilidad de pago no era absoluta, no
configurándose una situación de fuerza mayor.
La validez del certificado del revisor fiscal
37. Añadió que el certificado del revisor fiscal fue expedido con sustento en la
información extraída de los balances de comprobación de la compañía, los cuales
no se encuentran auditados y carece de soportes contables. Por ende, no era
posible otorgarle valor probatorio de conformidad con el artículo 777 del Código de
Comercio y la jurisprudencia del Consejo de Estado.
38.Sostuvo que para la procedencia de la deducción de deudas perdidas o sin valor
debe acreditarse el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 40 del
Decreto 187 de 1975.
39. Precisó que la condonación constituye la renuncia del acreedor a su derecho de
crédito, lo cual provoca la extinción de la deuda, y esta puede ser expresa o tácita.
A su juicio, esta figura se presentó dado que la sociedad actora, sin agotar el
procedimiento para el castigo de la cartera, desistió unilateralmente del cobro de
esta.
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Radicación núm.: 76001-2333-000-2013-00217-01
Demandante: Productora Nacional Avícola S.A.
I.3. La sentencia de primera instancia5
40. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en la audiencia inicial realizada
los días 19 de febrero de 2014 y 28 de abril de esa anualidad, profirió fallo en el cual
accedió a las pretensiones de la demanda, en el siguiente sentido:
“[…] 1. DECLARAR la nulidad de los actos administrativos contenidos en
Resolución Sanción No. 1-88-241-601-007 del 27 de marzo de 2012, “Por medio
de la cual se impone sanción por no canalizar a través del mercado cambiario
operaciones obligatoriamente canalizables”. Y Resolución No. 01-88-236-408-610-
11 del 23 de octubre de 2012 “por medio de la cual se resuelve un recurso de
reconsideración”, como consecuencia y a título de restablecimiento de derechos.
2 DECLARAR que PRONAVICOLA S.A. no es deudora de sanción por no
canalización a través del mercado cambiario el valor correspondiente al valor
agregado de los endeudamientos externos mencionados.
3. ORDENASE la cancelación de la radicación y archivo del expediente abierto por
la Dirección Seccional de Aduanas de Cali a Pronavícola S.A. por concepto de
sanción por no canalizar a través del mercado cambiario operaciones
obligatoriamente canalizables.
4 CONDENAR en costas a la parte vencida, mismas que serán liquidadas por
Secretaría de conformidad con el artículo 188 del C.P.A.C.A, en armonía con el
artículo 392 del C.P.C. y las agencias en derecho se fijan en suma de seiscientos
dieciséis mil pesos ($616.000 pesos) equivalentes a un (1) SMMLV. […]” (negrilla
del texto).
41. De acuerdo con la fijación del litigio, el a quo analizó como problemas jurídicos
los consistentes en definir si: i) se presentó la extemporaneidad en la notificación
del pliego de cargos y, en consecuencia, si operó el fenómeno de la prescripción
prevista en el artículo 4. del Decreto 1092 de 1996 y; ii) resulta procedente la sanción
por no canalizar a través del mercado cambiario operaciones obligatoriamente
canalizables.
Extemporaneidad en la notificación del pliego de cargos y la prescripción de
la acción sancionatoria
42. Explicó que los hechos constitutivos de la infracción ocurrieron en momentos
distintos, en el siguiente sentido:
5
Cfr. Fols. 194 a 220 del cuaderno 1.
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Radicación núm.: 76001-2333-000-2013-00217-01
Demandante: Productora Nacional Avícola S.A.
43. Mencionó que operó la prescripción en relación con las declaraciones de
exportación 0311981133240 del 22 de mayo de 2008 y 311981134392 del 27 de
Mayo de 2008, por lo que debía analizar el argumento relacionado con la
inexistencia de la sanción correspondientes a las declaraciones 311981159072 del
4 de septiembre de 2008, 311981160613 del 24 de septiembre de 2008 y
311981160614 del 24 de septiembre de 2008.
Improcedencia de la sanción
44. Explicó que de conformidad con el artículo 23 de la Resolución Externa 8 de
2000, surge la obligación de canalizar a través del mercado cambiario operaciones
en moneda extranjera.
45. Afirmó que la sociedad actora no estaba obligada a lo imposible, puesto que los
dineros producto de operaciones comerciales nunca ingresaron ni solventaron
acreencias abiertas.
46. Expuso que, si bien no se trata de un caso fortuito o fuerza mayor, era claro que
la situación de bloqueo comercial existente entre ambos países era un hecho notorio
que impedía el cumplimiento de una obligación contractual o legal. Por ende, no
debía agotarse el procedimiento previsto en el artículo 23 de la Resolución 8 de
2000 del Banco de la República ya que este se encuentra previsto para situaciones
cambiarias normales o habituales.
47. Sostuvo que el Banco de la República no autorizó de manera ágil la cancelación
de los endeudamientos externos de manera expedita teniendo en cuenta el
momento que se presentaba en el comercio internacional, lo cual supera las cargas
que un ciudadano debe soportar.
48. En suma, advirtió que no existía mérito para sancionar a la sociedad actora sobre
la base de dineros que nunca entraron a la órbita económica ni tributaria de la parte
demandante.
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Radicación núm.: 76001-2333-000-2013-00217-01
Demandante: Productora Nacional Avícola S.A.
I.4. El recurso de apelación6
49. La DIAN, por conducto de apoderado judicial, presentó recurso de apelación
con el fin de que la sentencia de primera instancia sea revocada.
Extemporaneidad en la notificación del pliego de cargos y la prescripción de
la acción sancionatoria
50. Resaltó que en el presente caso no operó el fenómeno de la prescripción
cambiaria con relación a las operaciones de endeudamiento externo, puesto que la
prescripción debía contarse a partir del momento en que el interesado decidió
extinguir la obligación por un medio diferente autorizado por el régimen cambiario,
en este caso el castigo de cartera.
51. Aseguró que el hecho generador de la conducta surgió en el momento en que
la actora solicitó la cancelación de los endeudamientos externos activos reportados
por el no pago, a través del Oficio núm. DER BOG 174446 de 19 de abril 2010.
52. A partir de la anterior premisa, mencionó que a partir de ese momento -19 de
abril de 2010-, la DIAN debía notificar el auto de formulación de cargos, plazo que
vencía el 19 de abril de 2013. Como este acto administrativo fue notificado el 29 de
junio de 2011, no operó la prescripción de la acción sancionatoria.
Inexistencia de la sanción
53. Argumentó que la sociedad Pronavícola incumplió con el deber de canalizar a
través del mercado cambiario el valor total de la exportación, conforme lo exige el
artículo 7 de la Resolución Externa 8 de 2000.
54. Enfatizó que el artículo 15 de la Resolución Externa 8 de 2000, establece el
deber para los residentes en el país de canalizar a través del mercado cambiario las
divisas provenientes. Además, prevé que si el plazo para la cancelación del
comprador en el exterior es superior a doce (12) meses y la cuantía excede los USD
10.000, el correspondiente crédito debe informarse al Banco de la República dentro
de los doce (12) meses siguientes a la declaración de exportación definitiva,
mediante el Formulario 7 “[…] Información de endeudamiento Externo otorgado a
no residente. […]”.
55. Sostuvo que el artículo 23 de la citada resolución establece la obligatoriedad
para los residentes en el país de obtener autorización expresa del Banco de la
República, cuando se pretendan extinguir las obligaciones del deudor mediante
dación en pago.
56.Refirió que la sociedad Pronavícola no aportó prueba del acatamiento de esta
norma lo que dio lugar a que se adelantara una investigación por infracción del
6
Cfr. Fols. 222 a 228 del cuaderno principal.
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Radicación núm.: 76001-2333-000-2013-00217-01
Demandante: Productora Nacional Avícola S.A.
régimen cambiario, puesto que solicitó la cancelación de créditos externos activos
con el argumento de que la cartera se había tornado incobrable, sin dar
cumplimiento al artículo 23 de la Resolución Externa 8 de 2000 que exige la
autorización del Banco de la República.
57. Destacó que dentro del acervo probatorio se obtuvo, entre otras pruebas, el
escrito del deudor en el exterior en el cual este aceptaba el saldo adeudado y su
disposición a pagarlo e indicó que estaba gestionando ante la CADIVI el pago de
las respectivas facturas. Por ende, mal podía el acreedor en Colombia pretender
extinguir la deuda condonándola y no canalizando la operación en el mercado
cambiario.
58. Anotó que el hecho de que el deudor extranjero estuviera adelantando los
trámites necesarios ante la CADIVI desdibujaba el elemento de la irresistibilidad de
la fuerza mayor, pues las circunstancias que impedían efectuar el pago eran
coyunturales y relativas, no absolutas.
59. Describió que la fuerza mayor o caso fortuito, conforme al artículo 1 de la Ley
95 de 16 de noviembre de 1980 es “[…] el imprevisto a que no es posible resistir,
como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de
autoridad ejercidos por un funcionario público. Etc. […]”. Además, la jurisprudencia
de la Corte Suprema exige que el hecho no sea imputable al deudor, ser imprevisible
e irresistible.
60. Recalcó que los problemas derivados de la política en materia internacional
entre Colombia y Venezuela no tenían la entidad suficiente para producir el efecto
liberatorio de la deuda y lo procedente era ampliar los plazos de los endeudamientos
y que Pronavícola canalizara las divisas, una vez se efectuaran los pagos.
61. Anotó que no se presentó una situación de fuerza mayor como eximente de
responsabilidad cambiaria, porque la imposibilidad de pago por parte del deudor no
era absoluta.
62. Alegó que la deuda no podía calificarse como de difícil cobro en sentido
tributario, dado que el deudor extranjero reconocía la obligación y que estaba
gestionando su pago. Esta situación impedía reconocer la deducción de pérdida en
recuperación de cartera con fundamento en el artículo 146 del Estatuto Tributario,
toda vez que la deducción no se enmarca en los supuestos en esta norma.
63. Señaló que las autoridades que ejercen control como la DIAN se encuentran
revestidas de jurisdicción y competencia para aplicar las normas sancionatorias, por
infracción al régimen cambiario, atendiendo lo dispuesto en los Decretos 1092 de
1996 y 1074 de 1999.
64. Cuestionó la condena en costas impuesta en su contra en la sentencia apelada,
al considerar que no se demostró que esa entidad haya obrado con temeridad o
mala fe.
12
Radicación núm.: 76001-2333-000-2013-00217-01
Demandante: Productora Nacional Avícola S.A.
65. Al respecto, aclaró que los actos demandados se expidieron como resultado de
la investigación adelantada en contra de Pronavícola, la cual se adelantó con
sustento en el artículo 6. de la Constitución Política, con apego al principio de
legalidad y al amparo de la normatividad que resulta aplicable.
I.5. El trámite del recurso de apelación
66. El recurso de apelación fue concedido por el magistrado sustanciador en primera
instancia a través de auto de 15 de julio de 20147.
67. El consejero sustanciador del proceso, a través de auto de 28 de septiembre de
20158 admitió el recurso y mediante proveído de 7 de junio de 2016, corrió traslado
a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que, de
considerarlo pertinente, rindiera concepto.
68. La parte demandante9 solicitó que la sentencia de primera instancia sea
confirmada, insistiendo en los argumentos expuestos a lo largo en el proceso.
69. La DIAN10, por su parte, reiteró los argumentos del escrito de apelación para lo
cual argumentó que: i) no operó la prescripción de la acción sancionatoria y; ii) no
se presentó una situación de caso fortuito o fuerza mayor porque si bien se
presentaron circunstancias que impedían el pago del cliente en el extranjero, la
situación coyuntural en materia internacional entre Colombia y Venezuela no tenían
la entidad suficiente para producir el efecto liberatorio de la deuda.
70. El Ministerio Público, en esta etapa procesal, guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
71. Para decidir la presente controversia, la Sala decidirá los siguientes aspectos: i)
la competencia; ii) los actos administrativos acusados; iii) los problemas jurídicos;
iv) el marco normativo de la infracción cambiaria por indebida canalización de
divisas derivada de una operación de exportación; v) elementos de relevancia
probatoria; vi) el estudio del caso concreto y; vii) condena en costas en segunda
instancia.
II.1. Competencia
72. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política,
en el artículo 150 de la Ley 1437 y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo
7
Cfr. Fol. 231 del cuaderno principal.
8
Cfr. Fol. 268 del cuaderno principal.
9
Cfr. Fol. 281 a 284 del cuaderno principal.
10
Cfr. Fol. 273 a 276 del cuaderno principal.
13
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de 201911, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 202412, la Sección
Primera del Consejo de Estado es competente para conocer de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.
II.2. Los actos demandados
73. La Resolución 1-88-241-601-007 de 27 de marzo de 201213, mediante la cual la
Jefe de la División de Gestión de Liquidación de la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales impuso una sanción a la sociedad Pronavícola, la cual resolvió
lo siguiente:
“[…] ARTICULO PRIMERO.- Imponer a la sociedad PRODUCTORA NACIONAL
AVICOLA S.A., con NIT 890.321.213-9, sanción cambiaria consistente en una multa
por valor de SETECIENTOS SEIS MIL MILLONES (sic) TRESCIENTOS NOVENTA
Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE ($706.391.488),
por violación a lo dispuesto por los artículos 7 y 23 de la Resolución Externa 08 de
2000 de la Junta Directiva del Banco de la República, por no canalizar a través del
mercado cambiario el valor de USD 363.705, correspondientes al valor agregado de
los endeudamientos externos Nos.: 04001007164 de Julio 29 de 2009 por valor de
USD 83.580, 04001007163 de Julio 29 de 2009 por valor de USD 83.580,
04001007165 de Julio 29 de 2009 por valor de USD 83.580, 04001006925 de Mayo
22 de 2009 por valor de USD 33.225 y 04001006926 de Mayo 22 de 2009 por valor
de USD 79.740, derivados de las operaciones de comercio exterior según
Declaraciones de Exportación definitivas Nos. 31198133240 de 22/05/2008 por valor
de USD 79.740; 311981134392 de 27/05/2008 por valor de USD 33.225;
311981159072 de 04/09/2008 por valor de USD 83.580; 311981160613 de
24/09/2008 por valor de USD83.580 y 311981160614 de 24/09/2008 por valor de
USD83.580.
ARTICULO SEGUNDO.- De conformidad con lo señalado en los artículos 15 y 16 del
Decreto 2245 de 2011 notificar por correo certificado la presente Resolución al
representante legal de la sociedad PRODUCTORA NACIONAL AVICOLA S.A., con
NIT 890.321.213-9, a la dirección reportada en el RUT: MEDIACANOA KILÓMETRO
8 VIA BUGA - BUENAVENTURA, del Municipio de Yotoco, Valle del Cauca. […]”.
74. La Resolución 01-88-236-408-610-11 de 23 de octubre de 201214 a través de la
cual resolvió el recurso de reconsideración, en el siguiente sentido:
“[…] ARTICULO PRIMERO: Corregir el artículo primero de la Resolución No.1-88-
241-601-007 de marzo 27 de 2012, de conformidad con lo expuesto anteriormente, el
cual quedara (sic) así:
“ARTICULO PRIMERO: Imponer a la sociedad PRODUCTORA NACIONAL
AVICOLA S.A. con NIT.890.321.213-9, la sanción cambiaria consistente en una multa
por valor de SETECIENTOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS OCHNTA Y OCHO PESOS MCTE. ($706.391.488), por violación
a lo dispuesto por los articulo 7 y 23 de la Resolución Externa 08 de 2000 de la Junta
Directiva del Banco de la República, por no canalizar a través del mercado cambiario
el valor de USD 363.705, correspondientes al valor agregado de los endeudamientos
externos Nos. 04001007164 de julio 29 de 2009 por valor de USD83.580,
11
“[…] Reglamento Interno del Consejo de Estado […]”.
12
“[…] Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los
artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90 […]”.
13
Cfr. Fol. 138 a 156 del cuaderno de antecedentes administrativos.
14
Cfr. Fol. 178 a 208 del cuaderno de antecedentes administrativos.
14
Radicación núm.: 76001-2333-000-2013-00217-01
Demandante: Productora Nacional Avícola S.A.
04001007163 de julio 29 de 2009 por valor de USD83.580, 04001007165 de julio 29
de 2009 por valor de USD83.580, 04001006925 de Mayo 22 de 2009 por valor de
USD33.225 y 04001006926 de Mayo 22 de 2009 por valor de USD79.740, derivados
de las operaciones de comercio exterior según declaraciones de Exportación
definitivas Nos. 31198133240 de 22/05/2008 por valor de USD79.740; 311981134392
de 27/05/2008 por valor de USD33.225; 311981159072 de 04/09/2008 por valor de
USD83.580; 311981160613 de 24/09/2008 por valor de USD83.580 Y 311981160614
de 24/09/2008 por valor de USD83.580.”
ARTICULO SEGUNDO: Los demás artículo (sic) de la Resolución No.1-88-241-601-
007 de marzo 27 de 2012, quedaran igual. […]”.
II.3. Los problemas jurídicos
75.De acuerdo con los artículos 32015 y 32816 de la Ley 1564 de 12 de julio de
201217, el problema jurídico consiste en determinar si:
a) Operó el fenómeno de la prescripción de la acción sancionatoria previsto en el
artículo 4 del Decreto 1092 de 1996, puesto que, de acuerdo con la demanda, el
pliego de cargos se notificó por fuera del plazo de tres (3) años siguientes a la fecha
en que ocurrieron los hechos constitutivos de la infracción.
b) Se presentó una situación constitutiva de fuerza mayor o caso fortuito como
causal eximente del cumplimiento del deber de la sociedad actora de canalizar, a
través del mercado cambiario, los endeudamientos externos núm.: 04001006925
del 22 de mayo de 2009, 04001006926 de 22 de mayo de 2009, 04001007163 del
29 de julio de 2009, 04001007164 del 29 de julio de 2009 y 04001007165 de 29 de
julio de 2009.
c) Se debe confirmar o revocar el numeral 4. de la sentencia de primera instancia
en cuanto condenó en costas a la DIAN, parte vencida en este proceso.
II.4. Marco normativo de la infracción cambiaria por indebida canalización de
divisas derivada de una operación de exportación
76. ElDecreto Ley 2245 de 2011 “[…] Por el cual se establece el Régimen
Sancionatorio y el Procedimiento Administrativo Cambiario a seguir por la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales[…]”, prevé que las disposiciones de ese
decreto se aplicarán para la determinación y sanción de las infracciones al régimen
cambiario, cuya vigilancia y control corresponde a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales.
77. La infracción cambiaria, en los términos de la norma, es una contravención
administrativa a las disposiciones constitutivas del régimen cambiario “[…] vigentes
15
“[…] ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la
cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque
o reforme la decisión. […]”.
16
“[…] ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley […]”.
17
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.
15
Radicación núm.: 76001-2333-000-2013-00217-01
Demandante: Productora Nacional Avícola S.A.
al momento de la transgresión, a la cual corresponde una sanción cuyas finalidades
son el cumplimiento de tales disposiciones y la protección del orden público
económico. […]”18.
78. La parte demandada, en aplicación del principio de favorabilidad, impuso a la
sociedad Pronavícola sanción de multa por haber incurrido en la infracción
contemplada en el numeral 3. del artículo 3. del Decreto Ley 2245 de 2011, que
señala:
“[…] Artículo 3°. Sanción. Las personas naturales o jurídicas y demás entidades
asimiladas a estas que infrinjan el régimen cambiario respecto de operaciones y
obligaciones cuya vigilancia y control sea de competencia de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales, serán sancionadas con la imposición de multa
que se liquidará de la siguiente forma:
[…]
Operaciones canalizables a través del mercado cambiario
[…]
3. Por extinguir las obligaciones sujetas a obligatoria canalización por medios
diferentes a los autorizados por el régimen cambiario, se impondrá una multa del
ciento por ciento (100%) del monto extinguido. […]” (negrilla del texto y subrayado
fuera del texto).
79. De acuerdo con la descripción realizada por la norma, se observa que la
conducta se encuentra integrada por la siguiente estructura semántica: i) verbo:
extinguir; ii) complemento directo: obligaciones sujetas a obligatoria canalización y;
iii) complemento circunstancial de modo: por medios diferentes a los autorizados
por el régimen cambiario. Para comprender lo anterior, resulta necesario entrar a
analizar cuáles son las obligaciones sujetas a obligatoria canalización y cuál es el
medio que el régimen cambiario autoriza para que estas obligaciones se extingan
válidamente.
80. El artículo 1.º del Decreto 1735 de 2 de septiembre de 1993 “[…] Por el cual se
dictan normas en materia de cambios internacionales […]” prevé que son
operaciones de cambio todas las comprendidas dentro de las categorías señaladas
en el artículo 4.º de la Ley 9ª de 1991, y específicamente, enlista las “[…] 1.
Importaciones y exportaciones de bienes y servicios […]”. Por su parte, el artículo
4.º del Decreto 1735 señala que únicamente las operaciones que allí se indican
deben canalizarse a través del mercado cambiario, dentro de las cuales se
enumeran nuevamente: “[…] 1. Importaciones y exportaciones de bienes […]”.
81. En concordancia con estas disposiciones, la Junta Directiva del Banco de la
República expidió la Resolución Externa 8 de 200019, que define la declaración de
cambio así:
18
Artículo 1.
19
“[…] Por la cual se compendia el régimen de cambios internacionales. […]”.
16
Radicación núm.: 76001-2333-000-2013-00217-01
Demandante: Productora Nacional Avícola S.A.
“[…] Artículo 1o. DECLARACION DE CAMBIO. La declaración de cambio es la
información de los datos mínimos de las operaciones de cambio canalizadas por
conducto del mercado cambiario, suministrada por los residentes y no residentes
que realizan las operaciones de cambio y transmitida al Banco de la República por
los intermediarios del mercado cambiario y los titulares de cuentas de
compensación.
Parágrafo. El Banco de la República adoptará mediante reglamentación general los
términos, condiciones y procedimientos aplicables a la declaración de cambio y a
las operaciones de qué trata la presente resolución. Así mismo, podrá solicitar la
información adicional que considere pertinente para el seguimiento de las
operaciones de cambio […]”.
82. De conformidad con el artículo 6 de la Resolución Externa 8 de 2000, el mercado
cambiario está constituido por “[…] la totalidad de las divisas que deben canalizarse
obligatoriamente por conducto de los intermediarios autorizados para el efecto o a
través del mecanismo de compensación previsto en esta resolución. También
formarán parte del mercado cambiario las divisas que, no obstante estar exentas de
esa obligación, se canalicen voluntariamente a través del mismo [...]”.
83. Dentro de las operaciones que deben canalizarse obligatoriamente a través del
mercado de valores, el artículo 7.º de la Resolución Externa 8 de 2000, enlistó “[…]
1. Importación y exportación de bienes. […]” y “[…] 2. Operaciones de
endeudamiento externo celebradas por residentes en el país, así como los costos
financieros inherentes a las mismas. […]”.
84. Frente al régimen de las exportaciones, el artículo 15 ibidem señala que “[…] Los
residentes deberán canalizar a través del mercado cambiario las divisas
provenientes de sus exportaciones. […].
85. La citada norma reconoce la posibilidad a los exportadores a conceder un plazo
a los compradores del exterior a pagar las exportaciones. De esta manera, “[…]
Cuando el plazo otorgado al comprador del exterior sea superior a doce (12) meses,
contados a partir de la fecha de la declaración de exportación, el correspondiente
crédito deberá informarse al Banco de la República dentro de los doce (12) meses
siguientes a la fecha de la declaración de exportación, cuando su monto supere la
suma de diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US$10.000), o su
equivalente en otras monedas. […]”.
86. Por su parte, el artículo 23 de la Resolución Externa 8 de 2000 al regular el
endeudamiento externo dispone:
“[…] Artículo 23o. CANALIZACION. Los ingresos y egresos de divisas por
concepto de operaciones de crédito en moneda extranjera obtenidos u otorgados
por residentes en el país deben canalizarse a través del mercado cambiario. El
Banco de la República, mediante reglamentación de carácter general, podrá
indicar excepciones a la anterior obligación. Cuando se pretenda extinguir las
obligaciones del deudor mediante dación en pago, se requerirá autorización
expresa del Banco de la República en cada caso. […]”.
17
Radicación núm.: 76001-2333-000-2013-00217-01
Demandante: Productora Nacional Avícola S.A.
87. En consonancia con lo anterior, el numeral 4. de la Circular Reglamentaria
Externa DCCIN 083 de 16 de diciembre de 200420 dispone lo siguiente:
“[…] 4. EXPORTACIONES DE BIENES
Los residentes deberán canalizar a través del mercado cambiario las divisas
provenientes de sus exportaciones, incluidas las que reciba en efectivo
directamente del comprador del exterior, dentro de los seis (6) meses
siguientes a la fecha de su recibo, correspondientes tanto a exportaciones
ya realizadas como a las recibidas en calidad de pago anticipado por futuras
exportaciones de bienes.
[…]
En las situaciones que impiden o hayan impedido jurídicamente a los
exportadores el cumplimiento de la obligación de reintegro de divisas (fuerza
mayor, caso fortuito, inexistencia o inexigibilidad, entre otras), no será
exigible la canalización del mismo a través del mercado cambiario.
[…]” (negrilla fuera del texto).
88.En lo relativo a los créditos activos concedidos por los exportadores, la
normatividad supra agrega:
“[…] 4.2. CRÉDITOS ACTIVOS CONCEDIDOS POR LOS EXPORTADORES Los
residentes colombianos podrán conceder plazo para la cancelación de sus
exportaciones a los compradores del exterior.
Si el plazo otorgado es superior a doce (12) meses o el pago de la exportación por
las circunstancias previstas en el artículo 15o de la R.E. 8/2000 J. D., excede dicho
plazo contado a partir de la fecha de la declaración de exportación definitiva, la
operación debe ser informada al Banco de la República cuando el monto de la
declaración de exportación supere la suma de diez mil dólares de los Estados
Unidos de América (USD10.000.oo) o su equivalente en otras monedas.
La obligación de informar debe cumplirse por el exportador dentro de los doce (12)
meses siguientes a la fecha de la declaración de exportación definitiva
presentando, directamente ante un intermediario del mercado cambiario que el
exportador utilice voluntariamente, el Formulario No. 7 “Información de
endeudamiento externo otorgado a no residentes” junto con la declaración de
exportación definitiva de acuerdo con las instrucciones del punto 5.2 de esta
circular. […]”.
89. Finalmente, la Circular Reglamentaria Externa DCCIN 083 de 16 de diciembre
de 2004 dispone lo siguiente en relación con la cancelación de créditos:
“[…] 5.1.10. Cancelación de créditos
Las obligaciones originadas en operaciones de endeudamiento externo se
extinguen mediante el pago de divisas a través del mercado cambiario, lo cual se
demuestra con el diligenciamiento de las declaraciones de cambio que los
obligados deben presentar ante el intermediario del mercado cambiario que
canalice la operación o, ante el Banco de la República cuando se efectúe el pago
20
https://d1b4gd4m8561gs.cloudfront.net/sites/default/files/paginas/circular832004.pdf
18
Radicación núm.: 76001-2333-000-2013-00217-01
Demandante: Productora Nacional Avícola S.A.
directamente en el exterior por parte del titular de una cuenta corriente de
compensación.
[…]
Cuando se pretenda extinguir las obligaciones de endeudamiento externo y de
financiación de importaciones y/o exportaciones de bienes a un plazo igual o
inferior a seis (6) meses o doce (12) meses, respectivamente, mediante dación en
pago, se requerirá autorización previa del Banco de la República en cada
caso. Para el efecto, el interesado deberá presentar la solicitud al Departamento
de Cambios Internacionales, anexando la información sobre las condiciones en
que se va a desarrollar la operación.
[…]
En las situaciones que impidan o hayan impedido jurídicamente a los
deudores el cumplimiento de la obligación de pago de operaciones de
endeudamiento externo (fuerza mayor, caso fortuito, inexistencia o
inexigibilidad), no será exigible la canalización del mismo a través del
mercado cambiario. Estas situaciones deben ser demostradas ante la
autoridad de control y vigilancia del régimen cambiario.
[…]” (negrilla fuera del texto).
90. De acuerdo con el recuento normativo anterior, se desprende lo siguiente:
i) En el régimen cambiario existen unas operaciones cambiarias, incluidas las
exportaciones de bienes que deben ser canalizadas, es decir, negociadas a través
del mercado cambiario.
ii) El mercado cambiario está constituido por la totalidad de las divisas que deben
canalizarse por conducto de los intermediarios autorizados para el efecto o a través
del mecanismo de compensación y también por las divisas que no obstante estar
exentas de esa obligación se canalicen voluntariamente a través de este.
iii) Los residentes en Colombia deben canalizar, a través del mercado cambiario, las
divisas provenientes de sus exportaciones. Además, se reconoce la posibilidad a
los exportadores a conceder un plazo a los compradores del exterior para pagar las
exportaciones, pero en caso de que el plazo otorgado al comprador del exterior sea
superior a doce (12) meses, contados a partir de la fecha de la declaración de
exportación, el correspondiente crédito deberá informarse al Banco de la República
dentro de los doce (12) meses siguientes a la fecha de la declaración de
exportación, cuando su monto supere la suma de diez mil dólares (USD 10.000) o
su equivalente en dicha moneda.
iv) El régimen jurídico cambiario permite que se presenten situaciones que impidan
o hayan impedido jurídicamente a los deudores el cumplimiento de la obligación de
pago, por mediar situaciones de fuerza mayor, caso fortuito, inexistencia o
inexigibilidad, entre otras, en cuyos eventos no resulta exigible la canalización del
pago a través del mercado cambiario.
19
Radicación núm.: 76001-2333-000-2013-00217-01
Demandante: Productora Nacional Avícola S.A.
v) La infracción descrita en el numeral 3. del artículo 3 del Decreto Ley 2245 de 2011
no se presenta si se demuestra válidamente ante la autoridad de control y vigilancia
del régimen cambiario alguna de las situaciones impeditivas del cumplimiento de la
obligación de pago, tales como la “[…] fuerza mayor, caso fortuito, inexistencia o
inexigibilidad, entre otras […]”.
vi) Cuando se pretenda extinguir las obligaciones de endeudamiento externo y de
financiación de importaciones y/o exportaciones de bienes a un plazo igual o inferior
a seis (6) meses o doce (12) meses, respectivamente, mediante dación en pago, se
requerirá autorización previa del Banco de la República en cada caso.
II.5. Elementos de relevancia probatoria
91. En el presente caso se encuentra acreditado lo siguiente:
92. La sociedad Pronavícola mediante facturas núm. 106097 de 9 de abril de 2008,
106838 de 19 de mayo de 2008, 106832 de 25 de agosto de 2008, 106837 de 25
de agosto de 2008 y 106839 de 25 de agosto de 2008, vendió a Alimentación
Balanceada C.A. de Venezuela (en adelante Alibal) pollitas (aves) tipo “[…]
Lohmanm […]”, a las que les correspondió los siguientes números de exportación
definitivas21:
Factura Declaración de exportación Fecha de vencimiento
Factura 106097 0311981133240 de 22 de mayo de 2008 21 de julio de 2008
de 9 de abril de
2008
Factura 106838 0311981134392 de 27 de mayo de 2008 23 de julio de 2008
de 19 de mayo de
2008
Factura 106832 0311981159072 de 4 de septiembre de 3 de noviembre de 2008
de 25 de agosto 2008
de 2008
Factura 106837 0311981160613 de 24 de septiembre de 24 de noviembre de 2008
de 25 de agosto 2008
de 2008
Factura 106839 0311981160614 de 24 de septiembre de 24 de noviembre de 2008
de 25 de agosto 2008
de 2008
93. Los reembolsos no sucedieron en las fechas anteriormente relacionadas, por lo
que la sociedad actora reportó las anteriores operaciones como endeudamiento
externo otorgado a no residentes, a través de los Formularios 7 núm.: 04001006926
del 22 de mayo de 2009, 04001006925 de 22 de mayo de 2009, 04001007165 del
29 de julio de 2009, 04001007163 del 29 de julio de 2009 y 04001007164 del 29 de
julio de 2009, respectivamente22.
94. A través de correos de 13 de enero de 2009 y 24 de julio de 2009 23, la sociedad
Pronavícola solicitó al cliente en el exterior, información sobre el pago de las
21
Cfr. Fols. 34 a 54 del cuaderno de antecedentes administrativos.
22
Cfr. Fols. 34 a 54 del cuaderno de antecedentes administrativos.
23
Cfr. Fols. 59 y 60 del cuaderno de antecedentes.
20
Radicación núm.: 76001-2333-000-2013-00217-01
Demandante: Productora Nacional Avícola S.A.
facturas, por tener información de la negación de alguna de las operaciones por
parte de CADIVI.
95. Mediante comunicación del 18 de enero de 201024, Alibal informó que no podía
hacer el pago de las mercancías, aduciendo lo siguiente:
“[…] a.) La Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), organismo que regula
el control de cambio en nuestro país, no ha considerado la Autorización de
Liquidación de Divisas (ALD), para las mencionadas importaciones, aspecto que no
permite realizar los pagos correspondientes, a pesar de haber presentado la
solicitud sin defectos. b.) Actualmente se presenta un bloqueo comercial entre
Colombia y Venezuela, el cual retrasa indefinidamente la obtención del ALD,
pues no se prevé que en el corto, mediano o largo plazo, la situación entre
ambos países llegue a términos amigables. c.) Debido a la antigüedad del saldo
adeudado, y a que las razones de no pago escapan de nuestro alcance, a la fecha,
no es viable realizar el pago. […]”.
96. El6 de abril de 201025, Pronavícola solicitó al Departamento de Cambios
Internacionales del Banco de la República la cancelación de los endeudamientos
externos por cartera incobrable “[…] por motivo de la decisión de nuestro cliente
Alimentación Balanceada C.C. en Venezuela, de no cancelar las facturas
correspondientes a dichas operaciones por no tener la autorización de las divisas
por parte de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). […]”.
97. El 6 de abril de 201026, la sociedad actora presentó una solicitud de cancelación
de registros de deuda externa por cartera incobrable ante el Banco de la República.
98. El 19 de abril de 2010, mediante Oficio DER BOG 17444327, el Banco de Bogotá
solicitó al Departamento de Registros y Procesos Cambiarios del Banco de la
República su colaboración para la cancelación de unos registros por concepto de
cartera incobrable.
99. El 14 de mayo de 201028, el Banco de la República, mediante comunicación
núm. DCIN-08786, informó que tomaría nota de las cancelaciones para efectos
estadísticos y que daría traslado a la DIAN para determinar el cumplimiento del
régimen cambiario en la referida operación.
100. A través de Requerimiento de Información 1 88 238 423 456 335 de 17 de junio
de 2010, la DIAN solicitó copia de las declaraciones de exportación definitivas, las
facturas de exportación y los soportes de los endeudamientos externos.
101. Medianteoficio de 8 de febrero de 201129, la Gerente de Alimentación
Balanceada Alibal informó que las facturas 106097 de 9 de abril de 2008, 106838
de 19 de mayo de 2008, 106832 de 25 de agosto de 2008, 106837 de 25 de agosto
24
Cfr. Fol. 114 del cuaderno de antecedentes.
25
Cfr. Folios 56 a 57 del cuaderno de antecedentes.
26
Cfr. Folio 55 del cuaderno de antecedentes.
27
Cfr. Fol. 7 del cuaderno de antecedentes.
28
Cfr. Fol. 58 del cuaderno de antecedentes.
29
Cfr. Fol. 77 del cuaderno de antecedentes.
21
Radicación núm.: 76001-2333-000-2013-00217-01
Demandante: Productora Nacional Avícola S.A.
de 2008 y 106839 de 25 de agosto de 2008 “[…] se encuentran pendientes para su
cancelación, debido a que están siendo gestionadas por ante (sic) la comisión de
adquisición de divisas CADIVI. […]”.
102. A través de auto de formulación de cargos del 24 de junio de 201130, la División
de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Aduanas Cali propuso
sanción por presunta violación de los artículos 7 y 23 de la Resolución Externa 8 de
2000, por no canalizar a través del mercado cambiario el valor total de USD 363.705,
correspondiente al valor del agregado de los endeudamientos externos antes
referidos. El anterior auto fue notificado el 29 de junio de 201131.
103. La sociedad actora mediante memorial de 26 de agosto de 2011 32 allegó escrito
de descargos.
104. La División de Gestión de Liquidación DIAN Aduanas Cali, mediante Resolución
1-88-241-601-007 de 27 de marzo de 2012, resolvió imponer sanción a Pronavícola
por valor de $706.391.488 por haber infringido lo dispuesto en los artículos 7 y 23
de la Resolución Externa 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República.
105. La Jefe de la División Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Aduanas de
Cali, mediante la Resolución 01-88-236-408-610-11 del 23 de octubre de 2012,
resolvió el recurso de reconsideración.
II.6. El estudio del caso concreto
Extemporaneidad en la notificación del pliego de cargos y la prescripción de
la acción sancionatoria
106. La parte actora adujo que operó el término de prescripción previsto en el artículo
4 del Decreto 1092 de 1996, pues el pliego de cargos debió notificarse dentro de los
tres (3) años siguientes a la fecha en que ocurrieron los hechos y, para el caso en
concreto, debía tenerse en cuenta la fecha de las declaraciones de exportaciones
definitivas.
107. El a quo sostuvo que el término de tres (3) años para notificar el auto de
formulación de cargos debía contarse desde la fecha de ocurrencia de los hechos,
esto es, desde el momento en que se expidieron las declaraciones de exportación
definitivas 0311981133240 del 22 de mayo de 2008, 0311981134392 del 27 de
mayo de 2008, 0311981159072 del 4 de septiembre de 2008, 0311981160613 del
24 de septiembre de 2008 y 0311981160614 del 24 de septiembre de 2008.
108. A partir de la anterior premisa, manifestó que operó la prescripción solo frente
a las declaraciones de exportación definitivas 0311981133240 del 22 de mayo de
2008, 0311981134392 del 27 de mayo de 2008.
30
Cfr. Fol. 89 a 94 del cuaderno de antecedentes.
31
Cfr. Fol. 95 del cuaderno de antecedentes.
32
Cfr. Fols. 96 a 109 del cuaderno de antecedentes.
22
Radicación núm.: 76001-2333-000-2013-00217-01
Demandante: Productora Nacional Avícola S.A.
109. La DIAN, por su parte, argumentó que el término de prescripción de la acción
sancionatoria debía computarse desde el momento en que la sociedad actora
solicitó al Banco de la República la cancelación de los endeudamientos externos
activos reportados por no pago “[…] lo cual efectúa mediante oficio con radicado del
citado Banco Nro. DER BOG 174446 de 2010 de abril 19 de 2010 […]”. En
consecuencia, el término de prescripción de tres (3) años para notificar el auto de
formulación de cargos vencía el 19 de abril de 2013, por lo que, al ser notificado el
29 de junio de 2011, no operó la prescripción.
110. Para resolver lo anterior debe la Sala analizar, en primer lugar: i) la normatividad
que resulta aplicable en el sub examine y; ii) el caso concreto.
• La normatividad que rige la prescripción de la acción sancionatoria en
el presente caso
111. En primer lugar, la Sala debe definir cuál es la norma aplicable que rige la
prescripción de la acción sancionatoria, dado que la investigación se adelantó en
vigencia del Decreto 1092 de 1996; sin embargo, en el transcurso de la investigación
se presentó un tránsito en la legislación con ocasión de la expedición del Decreto
Ley 2245 de 2011.
112. El artículo 4 del Decreto 1092 de 1996, sobre la prescripción de la acción
sancionatoria, señala:
“[…] Artículo 4. Prescripción de la acción sancionatoria. La imposición de
sanciones cambiarias requiere la formulación previa de un pliego de cargos a
los presuntos infractores, el cual deberá notificarse dentro de los tres (3) años
siguientes a la fecha en que ocurrieron los hechos constitutivos de infracción.
En las infracciones continuadas el anterior término se contará a partir de la
ocurrencia del último hecho constitutivo de la infracción.
Dentro del año siguiente al vencimiento del término de respuesta al pliego de
cargos, deberá expedirse y notificarse la resolución sancionatoria, previa la
práctica de las pruebas a que hubiere lugar.
La prescripción podrá decretarse de oficio o a solicitud del investigado […]” (negrilla
fuera del texto).
113. De acuerdo con la referida norma, la acción sancionatoria prescribe en dos
momentos procesales distintos: i) el primero, cuando transcurridos tres (3) años
siguientes a la fecha en que ocurrieron los hechos constitutivos de la infracción, la
DIAN no ha notificado el pliego de cargos y; ii) el segundo, cuando transcurrido un
(1) año al vencimiento del término para dar respuesta al pliego de cargos, la DIAN
no ha notificado la resolución sancionatoria.
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Radicación núm.: 76001-2333-000-2013-00217-01
Demandante: Productora Nacional Avícola S.A.
114. La Sección Primera del Consejo de Estado33, en relación con el alcance de esa
norma, ha señalado:
“[…] 36. Atendiendo la norma transcrita es posible determinar que la acción
sancionatoria cambiaria prescribe en dos momentos procesales distintos: i) cuando
transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente a la fecha en que ocurrieron
los hechos constitutivos de la infracción, la U.A.E. DIAN no ha notificado al infractor
el pliego de cargos; y, ii) cuando transcurrido un año, contado desde el día siguiente
a la oportunidad para dar respuesta al pliego de cargos, la U.A.E. DIAN no ha
notificado la resolución sancionatoria. […]”.
115. Se debe resaltar que a través del Decreto Ley 2245 de 201134, se amplió el
término de la prescripción, precisando que la imposición de sanciones cambiarias
requiere la formulación previa de un auto de formulación de cargos a los presuntos
infractores, el cual deberá notificarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la
fecha en que ocurrieron los hechos constitutivos de infracción. Además, señala que
dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento del término de respuesta al
auto de formulación de cargos deberá expedirse y notificarse la resolución
sancionatoria o de terminación de la investigación, según sea el caso, previa la
práctica de las pruebas a que hubiere lugar.
116. El artículo 42 del Decreto Ley 2245 de 2011 señala que “[…] Los procesos
iniciados y los recursos interpuestos antes de la entrada en vigencia del presente
decreto, se regirán por las normas vigentes al momento de su iniciación o
interposición. […]”.
117. En el sub examine, y de acuerdo con el recuento probatorio realizado
previamente, se evidencia que los hechos generadores de la infracción ocurrieron
con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto Ley 2245 de 2011 – la cual se
produjo el 28 de junio de 2011- derivados del incumplimiento de los artículos 7 y 23
de la Resolución Externa 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República.
118. En consecuencia, la norma que rige la prescripción de la acción sancionatoria
en el presente caso es la prevista en el artículo 4.º del Decreto 1092 de 1996, la
cual resulta más favorable al investigado. A propósito del principio de favorabilidad,
la Corte Constitucional, en sentencia C- 181 de 2002, lo siguiente:
“[…] “En materia sancionatoria, el principio de que la ley rige las situaciones de
hecho que surgen durante su vigencia se traduce en la máxima jurídica nullum
crimen, nulla poena sine lege, cuya consagración constitucional se encuentra
en el artículo 29 de la Carta que dispone: “nadie podrá ser juzgado sino
conforme a leyes preexistentes al acto se le imputa” (art. 29, C.P.). El claro
mandato que se incluye en la carta señala que, por regla general, la norma aplicable
en un caso determinado es aquella que se encuentra vigente al momento de la
33
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de febrero de 2021, CP:
Hernando Sánchez Sánchez. radicado núm.: 05001-23-31-000-2011-01496-01. Ver igualmente: Consejo de Estado Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de abril de 2009, CP: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta,
Radicación número: 25000‐23‐24‐000‐2002‐00421‐01.
34
“[…] Por el cual se establece el Régimen Sancionatorio y el Procedimiento Administrativo Cambiario a seguir por la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales. […]”.
24
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Demandante: Productora Nacional Avícola S.A.
comisión del hecho imputado, lo que en otros términos significa que los efectos de la
norma jurídica no son retroactivos.
[…]
Ahora bien, el principio del que se viene hablando, aquél que prescribe que la ley
aplicable a una situación fáctica es la vigente al momento de su acaecimiento, tiene
como fin primordial la protección del principio de la seguridad jurídica, pilar
fundamental del orden público. No obstante, la tradición jurídica ha reconocido la
posibilidad de establecer una excepción a tal precepto para permitir que situaciones
de hecho acaecidas bajo la vigencia de una ley sean reguladas por otra.
La Corte se refiere en estos términos al principio de favorabilidad, según el cual,
una situación de hecho puede someterse a la regulación de disposiciones
jurídicas no vigentes al momento de su ocurrencia cuando, por razón de la
benignidad de aquellas, su aplicación se prefiere a las que en, estricto sentido,
regularían los mismos hechos. […]”. (Negrilla fuera del texto).
• La prescripción en el presente caso
119. En el sub examine, se encuentra probado que la parte demandada impuso
sanción de multa a la sociedad actora por haber infringido los artículos 7 y 23 de la
Resolución Externa 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República, por
no haber canalizado a través del mercado cambiario el valor de USD 363.705.
120. En este sentido, la Resolución -88-236-408-610-11 de 23 de octubre de 2012,
que resolvió el recurso de reconsideración, señaló:
“[…] Antes de continuar con la evaluación a las razones expuestas por el recurrente,
se precisa evaluar en primera instancia los hechos que dieron origen a la vulneración
del hecho y de derecho así:
Según la evaluación al acervo probatorio y a los infolios que conforman el presente
expediente se logra determinar que la sociedad PRODUCTORA NACIONAL
AVICOLA S.A realizó exportaciones a su cliente en Venezuela. ALIMENTACIÓN
BALANCEADA ALIBAL CA, durante el año 2008. Para tal fin expidió las facturas:
De conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Resolución 8 de 2000, para
el exportador se generó la obligación de canalizar a través del mercado cambiario el
valor total de la exportación equivalente a USD 363.705, toda vez que la norma en
cita señala:
“(…) Artículo 7o. OPERACIONES. LAS SIGUIENTES OPERACIONES DE CAMBIO
DEBERAN CANALIZARSE OBLIGATORIAMENTE A TRAVES DEL MERCADO
CAMBIARIO:
1. Importación y exportación de bienes.
2.
3….
25
Radicación núm.: 76001-2333-000-2013-00217-01
Demandante: Productora Nacional Avícola S.A.
(...)”
De igual manera el artículo 15 de la R.E 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de
la Republica establece el deber para los residentes en el país de canalizar a través
del mercado cambiario las divisas provenientes de sus exportaciones y además
consagra que si el plazo para la cancelación del comprador en el exterior fuere
superior a 12 meses, contados a partir de la fecha de declaración de exportación, el
correspondiente crédito deberá informarse al Banco de la República cuando la cuantía
sea superior a diez mil dólares de los Estados Unidos de América (USD10.000) dentro
de los 12 meses siguientes de la declaración de exportación definitiva mediante el
formulario 7 denominado “Información de Endeudamiento Externo otorgado a no
residentes”.
Así mismo cabe señalar que se encuentra en los infolios del presente expediente que
la sociedad recurrente cumpliendo con el procedimiento cambiario estableció los
siguientes endeudamientos externos:
04001006925 de mayo 22 de 2009
04001006926 de mayo 22 de 2009
04001007163 de julio 29 de 2009
04001007164 de julio 29 de 2009
04001007165 de julio 29 de 2009
Sobre las solicitudes anteriores existe la obligatoriedad normativa para los residentes
en el país, establecida en el artículo 23 de la Resolución Externa 08 de 2000 de la
Junta Directiva del Banco de la República, la cual establece que: “Los ingresos y
egresos de divisas por concepto de operaciones de crédito en moneda extranjera
obtenidos u otorgados por residentes en el país deben canalizarse a través del
mercado cambiario. El Banco de la República, mediante reglamentación de carácter
general, podrá indicar excepciones a la anterior obligación. Cuando se pretenda
extinguir las obligaciones del deudor mediante dación en pago, se requerirá
autorización expresa del Banco de la República en cada caso”.
Procedimiento que debió acatar el exportador (PRONAVICOLA S.A) y de acuerdo al
acervo probatorio allegado al proceso, no se encuentra prueba del acatamiento a esta
norma, de donde surge que la investigación realizada por el GIT Cambiario de la
Dirección Seccional de Aduanas de Cali, y que fuera propuesta en relación con el
insumo aportado por la Dirección de Cambios Internacionales del Banco de la
Republica mediante oficio DCIN 08786 de mayo 14 de 2010, diera resultado positivo,
toda vez que PRONAVICOLA S.A, solicitó la cancelación de los créditos externos
activos, mediante oficio de abril 6 del 2010, dirigido al Banco de la Republica
con el argumento que la cartera se había tornado incobrable, con lo cual incurre
dicha firma en infracción al régimen cambiario al pretender declarar extinguida
la obligación de pago del deudor en el exterior, sin atender lo establecido en el
artículo 23 de la Resolución Externa 08 de 2000 de la Junta Directiva del Banco
de la República. […]”.
De otra parte el numeral 4.2 de la Resolución DCIN 83 de 2004 y sus modificaciones,
expedida por la Junta Directiva del Banco de la República, reglamentaria de la
Resolución 8 de 2000, advierte que los residentes colombianos podrán conceder
plazo para la cancelación de sus exportaciones a los compradores del exterior.
En el desarrollo de la investigación cambiaria adelantada por la División de esta
Seccional se obtuvo entre otras pruebas, escrito del deudor en el exterior en el cual
acepta el saldo adeudado y acepta su disposición a pagarlo, es decir el residente en
el exterior acepta la deuda y expresa su ánimo de pagarla, además señala, estar
gestionando ante la CADIVI las respectivas facturas ( folio 73), mal puede el acreedor
26
Radicación núm.: 76001-2333-000-2013-00217-01
Demandante: Productora Nacional Avícola S.A.
en Colombia pretender extinguir la deuda, condonándola y no canalizando tal
operación. […]”. (Subrayado del texto y negrilla fuera del texto).
121. De acuerdo con lo anterior, el hecho constitutivo de la infracción viene
determinado por la solicitud de 6 de abril de 2010 a través del cual Pronavícola
solicitó al Departamento de Cambios Internacionales del Banco de la República la
cancelación de los endeudamientos externos por cartera incobrable.
122. En efecto, el 6 de abril de 2010, Pronavícola solicitó al Departamento de
Cambios Internacionales del Banco de la República la cancelación de los
endeudamientos externos por cartera incobrable “[…] por motivo de la decisión de
nuestro cliente Alimentación Balanceada C.C. en Venezuela, de no cancelar las
facturas correspondientes a dichas operaciones por no tener la autorización de las
divisas por parte de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). […]”.
123. En consecuencia, la DIAN tenía hasta el 6 de abril de 2013 para notificar el
pliego de cargos. Ahora, la parte demandada notificó el referido auto el día 29 de
junio 2011, por lo que se concluye que no se presentó la prescripción de la acción
sancionatoria.
124. Por lo tanto, le asiste razón a la parte demandada en relación con este primer
argumento de la alzada.
La improcedencia de la sanción
125. A juicio de la sociedad actora se presentó una situación constitutiva de caso
fortuito o fuerza mayor que impedía a Pronavícola efectuar el cumplimiento del
deber de canalizar, a través del mercado cambiario, los endeudamientos externos
04001006925 de 22 de mayo de 2009, 04001006926 de 22 de mayo de 2009,
04001007163 de 29 de julio de 2009, 04001007164 del 29 de julio de 2009 y
04001007165 de 29 de julio de 2009.
126. El a quo sostuvo que, si bien la situación derivada del bloqueo comercial
existente entre Colombia y Venezuela no constituía una situación de caso fortuito o
fuerza mayor, la sociedad actora no estaba obligada a lo imposible puesto que los
dineros producto de operaciones comerciales nunca ingresaron ni solventaron
acreencias abiertas con ocasión de la situación comercial entre Colombia y
Venezuela marcada por la incertidumbre. De ahí que la parte demandada no podía
exigir a la parte demandante dar cumplimiento al procedimiento previsto en el
artículo 23 de la Resolución Externa 8 de 2000, dado que este se encuentra previsto
en situaciones cambiarias normales.
127. En suma, consideró que la obligación de canalización de divisas en un término
razonable se tornó de imposible recaudo para la sociedad actora. Luego, entonces,
no existía mérito para sancionar a la demandante sobre la base de dineros que
nunca entraron a la órbita económica ni tributaria de la demandante.
27
Radicación núm.: 76001-2333-000-2013-00217-01
Demandante: Productora Nacional Avícola S.A.
128. El artículo 64 del Código Civil señala que “[…] Se llama fuerza mayor o caso
fortuito el imprevisto o que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto,
el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario
público, etc. […]”.
129. De conformidad con la citada norma, la situación constitutiva de la fuerza mayor
o caso fortuito debe ser un hecho imprevisible e irresistible, capaz de determinar y
justificar el incumplimiento o inejecución de determinado deber u obligación por
parte de este. Esta Corporación, en sentencia de 29 de octubre de 199935, señaló:
“[…] Los elementos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito como
eximente de responsabilidad han sido precisados por la doctrina y la
jurisprudencia, como las circunstancias de haber sido imprevisto el hecho y
la irresistibilidad. El primero consiste en que el hecho invocado como fuerza mayor
o caso fortuito, corresponde a un suceso que escapa a las previsiones normales,
esto es que no haya sido tenido en cuenta por el afectado, siempre y cuando no se
derive en modo alguno de la conducta culpable del obligado, precedente o
concomitante con el hecho. La irresistibilidad radica en que ante las medidas
adoptadas, le fue imposible al deudor evitar que el hecho se presentara, por
escapar por entero a su control. Por ello, la existencia o no del hecho alegado
como fuerza mayor, depende necesariamente de las circunstancias de si el
deudor empleó o no la diligencia y cuidado debidos para prever ese hecho o
para evitarlo, si fuere previsible. […]”. (Negrilla fuera del texto).
130. En otra oportunidad, la Sección Tercera36 definió los requisitos de irresistibilidad
e imprevisibilidad, en los siguientes términos:
“[…] En cuanto tiene que ver con (i) la irresistibilidad como elemento de la causa
extraña, la misma consiste en la imposibilidad del obligado a determinado
comportamiento o actividad para desplegarlo o para llevarla a cabo; en otros
términos, el daño debe resultar inevitable para que pueda sostenerse la ocurrencia
de una causa extraña, teniendo en cuenta que lo irresistible o inevitable deben ser
los efectos del fenómeno y no el fenómeno mismo -pues el demandado podría, en
determinadas circunstancias, llegar a evitar o impedir los efectos dañinos del
fenómeno, aunque este sea, en sí mismo, irresistible, caso de un terremoto o de
un huracán (artículo 64 del Código Civil) algunos de cuyos efectos nocivos, en
ciertos supuestos o bajo determinadas condiciones, podrían ser evitados-.
En lo referente a (ii) la imprevisibilidad, suele entenderse por tal aquella
circunstancia respecto de la cual "no sea posible contemplar por anticipado su
ocurrencia"37, toda vez que “[P]rever, en el lenguaje usual, significa ver con
anticipación"38, entendimiento de acuerdo con el cual el agente causante del daño
sólo podría invocar la configuración de la causa extraña cuando el hecho alegado
no resulte imaginable antes de su ocurrencia, cuestión de suyo improbable si se
tiene en cuenta que el demandado podría prefigurarse, aunque fuese de manera
completamente eventual, la gran mayoría de eventos catalogables como causa
extraña antes de su ocurrencia, más allá de que se sostenga que la imposibilidad
de imaginar el hecho aluda a que el mismo jamás hubiera podido pasar por la
mente del demandado o a que éste deba prever la ocurrencia de las circunstancias
35
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 29 de octubre de 1999, MP: Daniel Manrique Guzman, radicado núm.:
CE-SEC4-EXP1999-N9626.
36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, MP: Mauricio Fajardo Gomez, sentencia de
26 de marzo de 2008, radicado núm.: 85001-23-31-000-1997-00440-01(16530).
37
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 20 noviembre de 1989, Jurisprudencia y Doctrina, tomo
XIX, Bogotá, Legis, p. 8.
38
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 26 mayo de 1936, Gaceta Judicial, tomo XLIII, p. 581.
28
Radicación núm.: 76001-2333-000-2013-00217-01
Demandante: Productora Nacional Avícola S.A.
que resulten de más o menos probable configuración o a que se entienda que lo
imprevisible está relacionado con el conocimiento previo de un hecho de
acaecimiento cierto.
[…]”.
Y, por otra parte, en lo relacionado con (iii) la exterioridad de la causa extraña, si
bien se ha señalado que dicho rasgo característico se contrae a determinar que
aquella no puede ser imputable a la culpa del agente que causa el daño o que el
evento correspondiente ha de ser externo o exterior a su actividad, quizás sea lo
más acertado sostener que la referida exterioridad se concreta en que el
acontecimiento y circunstancia que el demandado invoca como causa extraña
debe resultarle ajeno jurídicamente, pues más allá de que sostener que la causa
extraña no debe poder imputarse a la culpa del agente resulta, hasta cierto punto,
tautológico en la medida en que si hay culpa del citado agente mal podría
predicarse la configuración -al menos con efecto liberatorio pleno- de causal de
exoneración alguna, tampoco puede perderse de vista que existen supuestos en
los cuales, a pesar de no existir culpa por parte del agente o del ente estatal
demandado, tal consideración no es suficiente para eximirle de responsabilidad,
como ocurre en los casos en los cuales el régimen de responsabilidad aplicable es
de naturaleza objetiva, razón por la cual la exterioridad que se exige de la causa
del daño para que pueda ser considerada extraña a la entidad demandada es una
exterioridad jurídica, en el sentido de que ha de tratarse de un suceso o
acaecimiento por el cual no tenga el deber jurídico de responder la accionada. […]”.
131. En el plenario y de la revisión de las pruebas obrantes en el expediente, la
sociedad actora aportó copia de los siguientes documentos para demostrar que se
encontraba en una situación constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor:
132. i)Nota periodística que tiene como título: “[…] Deuda a Exportadores
Colombianos […]39”, la cual explica la dificultad que enfrentaban los exportadores
colombianos en el año 2009 para recibir pagos desde Venezuela, debido a la falta
de aprobación de la autorización de liquidación de las divisas por parte de CADIVI.
Este documento detalla, además, los principales sectores que resultaron afectados,
a través de la siguiente gráfica:
39
Cfr. Fol. 9 del cuaderno principal.
29
Radicación núm.: 76001-2333-000-2013-00217-01
Demandante: Productora Nacional Avícola S.A.
133. ii) El estudio titulado “[…] Borradores de Economía. El Comercio Colombo
Venezolano: características y evolución reciente […]”, Edición 602 de 201040, el cual
refleja la evolución del comercio entre Colombia y Venezuela entre los años 2004 a
2008, y da cuenta que a partir del segundo semestre de 2009 se empezaron a
adoptar algunas medidas restrictivas de los flujos comerciales desde Colombia,
entre ellas, mencionó las demoras en los pagos por las exportaciones colombianas,
afectando sectores como los automóviles, textiles, alimentos y químicos.
134. En el presente caso no se discute la existencia de una situación de bloqueo
comercial existente entre Colombia y Venezuela para la época en que se realizaron
las exportaciones, el cual fue un hecho admitido por la DIAN tanto en su escrito de
contestación y en los actos acusados.
135. En el sub examine, la cuestión se contrae a determinar si esa situación
constituye un hecho imprevisible e irresistible como causal eximente del deber legal
en cabeza de la sociedad actora de canalizar las operaciones a través del mercado
cambiario de divisas provenientes de las exportaciones.
136. Al respecto, resulta importante señalar que esta Sección, en reciente sentencia
de 11 de diciembre de 202541, en un asunto de similares supuestos fácticos y
jurídicos, consideró que la sociedad actora se encontraba en una situación
constitutiva de fuerza mayor o caso fortuito que le impedía dar cumplimiento a la
obligación de canalizar en debida forma, al señalar:
“[…] 105. La Sala comparte la conclusión del tribunal, en el sentido de que en el
presente caso se presentó una situación constitutiva de caso fortuito o de fuerza
mayor que le impedía a la sociedad Pronavícola efectuar el cumplimiento del deber
de canalizar, a través del mercado cambiario, los endeudamientos externos
04001006153 y 04001006154 de 5 de diciembre de 2008, derivado de la situación
de bloqueo comercial existente entre Colombia y Venezuela para la época en que
se realizaron las operaciones, circunstancia que hizo inviable que CADIVI, como
organismo encargado de la administración del régimen cambiario en Venezuela,
autorizara la liquidación de las divisas de las referidas importaciones.
106. Nótese que la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) fue un
organismo encargado de la administración del régimen cambiario en Venezuela,
creada por la Ley de Ilícitos Cambiarios de 200542 encargada de otorgar la
Autorización de Liquidación de Divisas (ALD).
107. La situación descrita, a juicio de la Sala, constituye un hecho irresistible
porque demuestra que el pago de las facturas en ese país se vio interrumpido por
los bloqueos comerciales entre Colombia y Venezuela, por una decisión de una
entidad del Estado de ese país, situación que originó que la solicitud presentada por
la empresa Alimentación Balanceada de Venezuela quedara congelada, como
resultado, se insiste, de una decisión de un organismo gubernamental que tenía a
su cargo la tarea de otorgar la autorización de las divisas.
40
Cfr. Fols. 10 a 24 del cuaderno principal.
41
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de diciembre de 2025, CP:
Germán Eduardo Osorio Cifuentes, radicado núm.: 6001-23-31-000-2013-00300-01.
42
Consulta https://docs.venezuela.justia.com/estatales/distrito-capital/leyes/ley-contra-los-ilicitos-cambiarios-sep-14- 005.pdf.
30
Radicación núm.: 76001-2333-000-2013-00217-01
Demandante: Productora Nacional Avícola S.A.
108. Además de ello, se trata de un hecho imprevisible, toda vez que el bloqueo
comercial entre Colombia y Venezuela es un hecho intempestivo, que se produjo de
manera abrupta, pues de acuerdo con lo documentado en el estudio aportado al
proceso, las relaciones entre ambos países se desarrollaban en un estado de
estabilidad, hasta el segundo semestre del 2009, cuando se empezaron a adoptar
unas medidas restrictivas como las demoras en los pagos por las exportaciones
colombianas, afectando sectores como los automóviles, textiles, alimentos y
químicos.
109. En consecuencia, el rompimiento de las relaciones comerciales entre ambos
países que originó que la CADIVI se negara a autorizar las divisas, ubicó a la
sociedad Avícola en una situación de imposibilidad de dar cumplimiento con el deber
de canalizar las divisas a través del mercado cambiario y, en todo caso, se debe
resaltar que esta sociedad adelantó las gestiones necesarias para el cobro, según
da cuenta de ello los correos electrónicos aportados en el expediente.
110. En estas condiciones, a juicio de la Sala, se presentó el supuesto previsto
en el numeral 4. de la Circular Reglamentaria Externa DCIN 083 de 16 de
diciembre de 2008, el cual señalaba que cuando se presenten situaciones que
impiden o hayan impedido jurídicamente a los exportadores el cumplimiento
de la obligación de reintegro de divisas (fuerza mayor, caso fortuito,
inexistencia o inexigibilidad, entre otras), no será exigible la canalización de
este, a través del mercado cambiario. […]” (negrilla del texto).
137. Así las cosas, tal y como se indicó en aquella oportunidad, la situación descrita
por la sociedad actora reúne las condiciones de ser irresistible e imprevisible y, por
ende, se ubicó en el supuesto previsto en el numeral 4. de la Circular Reglamentaria
Externa DCIN 083 de 2008, el cual señalaba que cuando se presenten situaciones
que impiden o hayan impedido jurídicamente a los exportadores el cumplimiento de
la obligación de reintegro de divisas (fuerza mayor, caso fortuito, inexistencia o
inexigibilidad, entre otras), no será exigible la canalización de este, a través del
mercado cambiario.
138. En este escenario, el rompimiento de las relaciones comerciales entre ambos
países que originó que la CADIVI se negara a autorizar las divisas, ubicó a la
sociedad Avícola en una situación de imposibilidad de dar cumplimiento con el deber
de canalizar las divisas a través del mercado cambiario. Resulta claro, entonces,
que el incumplimiento en el pago y, por ende, en la canalización del mismo obedeció
a causas externas ajenas a la voluntad tanto del comprador como del vendedor.
139. Igualmente, como lo señaló la referida sentencia, el hecho de que la sociedad
Alimentación Balanceada haya reconocido que las facturas emitidas por la sociedad
Pronavícola se encuentran pendientes de cancelación debido a que están siendo
gestionadas ante la Comisión de Administración de Divisas de Venezuela, no
desvirtúa la existencia de la situación constitutiva de fuerza mayor o caso fortuito.
Este documento demuestra el reconocimiento de una obligación expresa por parte
de dicha empresa y la voluntad de gestionar su pago ante la CADIVI, pero no tiene
el efecto de restar validez a la situación de fuerza mayor o caso fortuito, la cual se
encuentra demostrada.
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Radicación núm.: 76001-2333-000-2013-00217-01
Demandante: Productora Nacional Avícola S.A.
140. Igualmente, como lo consideró la citada sentencia, la sociedad actora tampoco
se ubicó en el supuesto previsto en el artículo 23 de la Resolución Externa 8 de
2000, que señala que cuando se pretenda extinguir la obligación de pago con el
deudor en el exterior mediante la dación de pago se debe contar con la autorización
expresa del Banco de la República, por la razón de que la actora no solicitó la
cancelación de los endeudamientos por dación en pago, sino con ocasión de la
situación de bloqueo existente entre Colombia y Venezuela.
141. Por lo expuesto, se concluye que le asistió razón al a quo al considerar que la
sanción impuesta carecía de fundamento ya que la canalización de divisas se tornó
de imposible recaudo para la sociedad exportadora, por lo que esta no podía ser
sancionada sobre la base de dineros que nunca entraron a la esfera económica y
tributaria de la demandante.
142. En consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia, en cuanto
declaró la nulidad de los actos demandados y accedió al restablecimiento del
derecho solicitado, pero por los motivos señalados.
II.6.3. La condena en costas
143. Le corresponde a la Sala definir si se debe confirmar o revocar el numeral 4. de
la sentencia de primera instancia en cuanto condenó en costas a la DIAN, parte
vencida en este proceso.
144. El artículo 188 de la Ley 1437 establece que, salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil43.
145. El artículo 361 de la Ley 1564 dispone que “[…] Las costas están integradas por
la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por
las agencias en derecho […]”.
146. El artículo 365 numeral 8., ibidem señala que, solo existirá condena en costas
cuando se acredite que se causaron y en la medida de su comprobación dentro del
proceso respectivo.
147. En el presente caso no era procedente condenar en costas a la DIAN, parte
vencida en la primera instancia, toda vez que no existe prueba de su comprobación,
por lo que se revocará el numeral 4. de la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca en audiencia inicial realizada los días 19 de
febrero de 2014 y 28 de abril de esa anualidad y, en su lugar, se negará la condena
en costas.
43
Hoy Código General del Proceso.
32
Radicación núm.: 76001-2333-000-2013-00217-01
Demandante: Productora Nacional Avícola S.A.
II.7. Condena en costas en segunda instancia
148. De acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437, en
concordancia con el artículo 361 y 365 (numeral 8.°44) de la Ley 1564 y atendiendo
al criterio objetivo-valorativo, la Sala no condenará en costas a la parte demandada,
por cuanto las mismas no se encuentran probadas
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR el numeral 4. de la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca en audiencia inicial realizada los días 19 de
febrero de 2014 y 28 de abril de esa anualidad. En su lugar, NEGAR la condena en
costas, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.
TERCERO: Sin costas en esta instancia.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
44
“[…] 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.
[…]”.
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