Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2013-00301-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2013-00301-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2013-00301-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
19 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2013-00301-01 (1949-2023)
Demandante: Oscar Poveda Caicedo
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
Tema: No aplicación de la sentencia SU-556 de 2014 para limitar
salarios y prestaciones sociales dejados de recibir en empleo de
periodo fijo.
Decisión: Confirmar sentencia de primera instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. En esta oportunidad se resolverá el recurso de apelación presentado por la
entidad demandada contra la sentencia de fecha 31 de agosto de 2022, proferida
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda y se condenó en costas a la parte
vencida.
I. ANTECEDENTES
2. Pretensiones. La parte actora solicitó la nulidad del Decreto nro. 0919 del 4 de
junio de 2012, por medio del cual se efectuó el nombramiento del señor Luís
Fernando Giraldo Quintero como gerente en propiedad del Hospital Isaías Duarte
Cancino de Cali.
3. A título de restablecimiento del derecho exigió lo siguiente: i) su designación en
el mencionado cargo, por haber obtenido la segunda mayor puntuación en el
proceso meritocrático; ii) el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de
percibir desde el 5 de junio de 2012 y hasta que quede ejecutoriada la providencia
que resuelva de fondo el asunto y; iii) la indemnización de los daños morales
causados a su núcleo familiar.
4. Hechos. La Junta Directiva de la E.S.E. Hospital Departamental Isaías Duarte
Cancino, en cumplimiento de la Ley 1122 de 2007 y sus modificaciones, abrió
convocatoria para proveer el cargo de gerente.
5. Después de surtir las etapas correspondientes, la mencionada Junta expidió el
Acuerdo nro. 1.2.006 del 4 de junio de 2012, en la que conformó la terna de los
candidatos que obtuvieron los mayores puntajes, así:
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Demandante: Oscar Poveda Caicedo
Luís Fernando Giraldo Quintero 89.2%
Oscar Poveda Caicedo 80.7%
Teresa Lemus Restrepo 78%
6. Ese mismo día, mediante el Decreto nro. 0919, la gobernadora encargada del
departamento del Valle del Cauca nombró al señor Luís Fernando Giraldo Quintero
como gerente del hospital, por obtener la calificación más alta.
7. El escogido acreditó el cumplimiento del requisito de formación académica con
fotocopia de su diploma de ingeniero industrial de la Corporación Autónoma de
Occidente, lo cual no satisface los requisitos exigidos en el Decreto 785 de 2005.
8. Tan cierto es lo anterior que el señor Giraldo Quintero se presentó para las
convocatorias de gerente de los hospitales San Rafael de Zarzal y Mario Correa
Rengifo, pero fue inadmitido por esta misma razón.
9. Fundamentos de derecho. Para la parte actora, la decisión cuestionada
infringió los siguientes artículos: 22 del Decreto 785 de 2005; la Ley 909 de 2004; y
34 y 35 de la Ley 734 de 2002. Al exponer el concepto de violación, sostuvo que el
acto administrativo demandado fue expedido en contravía de las normas en que
debía fundarse y con desviación de poder, conforme se expone a continuación.
10. La Ley 909 de 2004 y el Decreto 785 de 2005, dan cuenta que el empleo de
gerente de las Empresas Sociales del Estado es catalogado como de libre
nombramiento y remoción.
11. El artículo 22 de esta última norma establece que una de las exigencias para el
cargo de gerente de una Empresa Social del Estado de segundo nivel, es haber
obtenido el título universitario en áreas de la salud, economía, administración o
jurídica, de no ser así, el nombramiento es nulo.
12. En vista de que el título del señor Luís Fernando Giraldo Quintero es de
ingeniero industrial, no podía ser nombrado como gerente del Hospital
Departamental Isaías Duarte Cancino, esto es así, porque el título obtenido no se
enmarca dentro de los núcleos básicos del conocimiento de las áreas mencionadas,
sino en el núcleo de ingeniería.
13. Contestación de la demanda1. Dentro del término legal, el departamento del
Valle del Cauca ejerció su derecho de contradicción y defensa en los siguientes
términos:
14. El Decreto nro. 0919 del 4 de junio de 2012 fue un acto administrativo que
cumplió con el lleno de los requisitos y formalidades exigidos por la ley, ya que la
entidad encargada del concurso adelantó el estudio y verificación de las hojas de
1 Folios 223 a 244 del PDF 2020162292, el cual puede ser descargado en la plataforma SAMAI del expediente
de primera instancia.
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Demandante: Oscar Poveda Caicedo
vida de cada unos de los aspirantes al cargo de gerente en propiedad de la E.S.E.
Hospital Departamental Isaías Duarte Cancino, sin advertir ninguna irregularidad.
15. Por tal motivo, la gobernadora de la época nombró al señor Luís Fernando
Giraldo Quintero en el empleo antedicho.
16. La anterior decisión también se basó en el concepto NAL-CE-2009-00611 del
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, el cual sitúa a los ingenieros
industriales en el área administrativa, por lo tanto, no había incumplimiento alguno.
17. En otro aspecto, la entidad demandada afirmó que el medio de control adecuado
para controvertir el nombramiento del gerente de la ESE no era el de nulidad y
restablecimiento del derecho, sino la acción de nulidad electoral.
18. Así las cosas, propuso las excepciones de «inepta demanda», «carencia del
derecho e inexistencia de la obligación», «caducidad de la acción» e «innominada».
19. Sentencia de primera instancia2. El 31 de agosto de 2022, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia en la que accedió parcialmente
a las súplicas de la demanda y condenó en costas a la parte vencida. Con tales
propósitos, concluyó lo siguiente:
20. Una vez revisado el artículo 22.4 del Decreto 785 de 2005, el Manual Específico
de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la planta de cargos
del Hospital Isaías Duarte Cancino y la convocatoria para proveer el cargo de
gerente de las Empresas Sociales del Estado de segundo nivel de atención, se
advirtió que el empleo en cita demanda formación en el núcleo básico de las áreas
de la salud, economía, administración y jurídica.
21. Al revisar la hoja de vida del señor Luís Fernando Giraldo Quintero se observó
que posee el título en ingeniería industrial, formación que no se adscribe a las
citadas áreas del conocimiento, sino a las de ingeniería, arquitectura, urbanismo y
afines.
22. En ese orden de ideas, aquel, al no acreditar los requisitos exigidos para
acceder al cargo de gerente de la E.S.E. Hospital Departamental Isaías Duarte
Cancino, no podía ser nombrado en dicho empleo.
23. En consecuencia, el tribunal declaró la nulidad del Decreto nro. 0919 del 4 de
junio de 2012, por contradecir lo dispuesto en las normas que regulan la materia.
24. Frente al restablecimiento del derecho, el operador judicial, al tener en cuenta
que era imposible la designación del demandante como gerente del hospital,
precisamente porque el empleo era para un periodo de cuatro (4) años, el cual había
finalizado, ordenó a la entidad demandada a que le pagara al señor Poveda Caicedo
2 PDF 1_760012333001SENTEN, contentivo del expediente digital el cual puede ser descargado en la opción
de gestionar documentos de la plataforma SAMAI, del tribunal de primera instancia.
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los salarios y prestaciones sociales dejadas de recibir entre el 5 de junio de 2012 y
el 31 de marzo de 2016, es decir, el periodo durante el cual debió haber ejercido
ese empleo.
25. Finalmente, al no encontrar elementos probatorios que justificaran la causación
de los perjuicios morales reclamados, el tribunal negó su petición, al considerar el
incumplimiento de la carga prevista en el artículo 167 del Código General del
Proceso.
26. Recurso de apelación3. Inconforme con el restablecimiento del derecho
ordenado en la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
el apoderado del citado departamento presentó el siguiente reproche:
27. El operador judicial emitió el fallo sin considerar los matices y factores
consignados en la sentencia SU-556 de 2014 para la tasación de los salarios y
prestaciones sociales dejadas de percibir. Aunque esta providencia unificada hace
referencia a los cargos en provisionalidad, no es menos cierto que se refiere a
situaciones que afectan directamente cargos públicos.
28. En ese orden de ideas, solicitó la aplicación de la sentencia de unificación y, en
consecuencia, se modifique el reconocimiento ordenado en primera instancia.
29. Trámite correspondiente a la segunda instancia. La admisión del recurso4.
Mediante Auto de 29 de agosto de 2023 se admitió el recurso de apelación. Dentro
de la oportunidad prevista en la ley no se registraron actuaciones de las partes ni
del agente del Ministerio Público que actúa ante esta corporación.
30. Control de legalidad5. Luego de las revisiones de rigor, no se advierte ninguna
causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que se
resolverá la alzada, previas las siguientes:
II. CONSIDERACIONES
31. Competencia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,6 esta Sala de
Subsección es competente para resolver el recurso de apelación.
32. Problema jurídico. Corresponde a la Sala determinar si ¿Es procedente
modificar el restablecimiento del derecho ordenado por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca en la decisión apelada, de acuerdo con los parámetros
establecidos en la sentencia SU-556 de 2014?
3
PDF 21_RECIBEMEMORIALES_RECURSODEAPELACIÓN, contentivo del expediente digital el cual puede
ser descargado en la opción de gestionar documentos de la plataforma SAMAI, del tribunal de primera instancia.
4 Actuación visible en el índice 18 de la plataforma SAMAI.
5 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el
control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos
nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes».
6 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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33. El caso concreto. Interrogante único: ¿Es procedente modificar el
restablecimiento del derecho ordenado por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca en la decisión apelada, de acuerdo con los parámetros establecidos en la
sentencia SU-556 de 2014?
34. Para resolver el problema planteado, la Sala considera pertinente realizar un
análisis sobre la naturaleza del empleo de gerente de las Empresas Sociales del
Estado, pues de ello dependerá la aplicación de la sentencia SU-556 de 2014, toda
vez que dicha providencia, en principio, se refiere a quienes desempeñan en
provisionalidad, cargos de carrera administrativa.
35. Naturaleza del cargo de gerente de las Empresas Sociales del Estado. El
constituyente estableció como regla general que los empleos en los órganos y
entidades del Estado son de carrera administrativa, exceptuando los de elección
popular, los de periodo fijo, los de libre nombramiento y remoción, los trabajadores
oficiales, entre otros7. Así, la Constitución Política estableció diversas categorías del
empleo público a partir de la naturaleza de las entidades y de las funciones que
desempeñan las personas que laboran en ellas.
36. En ese sentido, el ingreso a la función pública, por regla general y por expresa
disposición constitucional8, se realiza mediante concurso de méritos, mecanismo
que brinda protección a quienes adquieren el derecho a ser nombrados luego de la
superación satisfactoria de las etapas del proceso de selección.
37. Dicha protección ha trascendido de la esfera constitucional, al punto que se
irrigó a las disposiciones de rango legal9 y reglamentaria que amparan los derechos
laborales de los empleados de carrera administrativa y de aquellas personas que,
sin serlo, ostentan el derecho por haber aprobado el concurso de mérito. Asimismo,
el propio constituyente10 previó que por la naturaleza de ciertas actividades que
despliega el Estado puedan existir regímenes de carrera administrativa especiales
o mecanismos de selección propios que redunden en el mérito.
38. Pero en otro extremo, los empleos de libre nombramiento y remoción son una
de las excepciones a la regla general y se convierten en una tipología dentro de la
función pública relacionada con la dirección, conducción y orientación de las
instituciones oficiales. De ahí que se predique que este tipo de cargos son de
confianza y manejo. Así las cosas, es la ley la que de manera expresa determina
qué cargos son de libre nombramiento y remoción dentro de las plantas de personal
de las entidades públicas.
39. En materia del sector salud, la Ley 100 de 1993, en su artículo 192, dispuso
que los nombramientos de los directores de hospitales públicos debían ser
efectuados por el jefe de la respectiva entidad territorial, de terna presentada por la
7 Artículo 125 C.P.
8 Ibídem.
9 Ley 909 de 2004 (norma que derogó a la Ley 443 de 1998); Ley 270 de 1996, entre otras.
10 Artículo 217 C.P.
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junta directiva del hospital, para períodos de tres años11. Asimismo, el artículo 194
de la misma ley estableció que los servicios de salud debían prestarse a través de
Empresas Sociales del Estado, concebidas como una categoría especial de
entidades públicas descentralizadas, dotadas de personería jurídica, patrimonio
propio y autonomía administrativa y financiera.
40. En este orden, el artículo 5º de la Ley 909 de 200412, describe dentro de las
tipologías de empleos que, a nivel descentralizado del orden territorial, los gerentes
o directores de dichas entidades, corresponden a cargos que por definición son de
libre nombramiento y remoción.
41. De lo anterior se puede colegir que el cargo de Gerente de una Empresa Social
del Estado, al pertenecer a una entidad descentralizada, es de libre nombramiento
y remoción. A esta misma conclusión llegó la Sección Quinta13 de esta corporación
en su jurisprudencia, cuando afirmó:
«En primer lugar, se impone precisar, que el empleo de director o gerente de las
ESE constituye un cargo de confianza, pues maneja políticas públicas, en este caso,
relacionadas con la prestación del servicio de salud y tiene asignadas funciones
directivas, de conducción o manejo institucional, lo que significa que se pueda
catalogar como de libre nombramiento y remoción»
42. Ahora bien, al revisar la sentencia SU-556 de 2014, observa la Sala que las
reglas allí fijadas en relación con la limitación del reconocimiento de salarios y
prestaciones sociales dejados de percibir se refieren específicamente a quienes
ocupaban cargos de carrera administrativa en provisionalidad. No obstante, si bien
esta corporación ha considerado en algunos casos que dicha limitación puede
extenderse a servidores de libre nombramiento y remoción —habida cuenta de la
menor estabilidad que caracteriza estos empleos—, lo cierto es que en el presente
asunto su aplicación resultaría incompatible con la expectativa de estabilidad
derivada del ordenamiento legal, particularmente de lo previsto en el artículo 28 de
la Ley 1122 de 2007.
43. En el caso de marras, el tribunal ordenó a título de restablecimiento del derecho
el reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de recibir
desde el nombramiento del señor Luís Fernando Giraldo Quintero hasta que se
terminó el periodo de 4 años. Es decir, que atendió el marco legal de la estabilidad
laboral prevista en el ordenamiento jurídico.
44. En otras palabras, el pago de los emolumentos causados no puede ser limitado
de acuerdo con los parámetros vertidos en la aludida sentencia de unificación, pues
en este caso, al tratarse de un servidor público de periodo, se le debe garantizar,
cuanto menos, que la indemnización que por tales conceptos deba recibir
corresponda con el tiempo durante el cual debió ejercer la función.
11 Posteriormente, mediante el artículo 28 de la Ley 1122 de 2007, se incrementó a 4 años el periodo.
12 por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se
dictan otras disposiciones.
13 Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P: Luis Alberto Álvarez Parra, sentencia del 9 de junio de 2022
expedida dentro del proceso identificado con el radicado nro. 47001-23-33-000-2022-00034-01.
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45. Por lo que sigue, y ante la no prosperidad del cargo formulado en la alzada, se
confirmará la sentencia de primera instancia.
46. Condena en costas. La modificación del artículo 188 del CPACA., efectuada
por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por
parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar
de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
47. La pretensión del legislador fue instar la condena en costas cuando la demanda
carezca manifiestamente de fundamento legal, únicamente en asuntos de interés
público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede
dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás
asuntos en los que no se ventila un interés público, lo dispuesto en el artículo 188
del CPACA., se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia deberá imponer
costas sobre la parte vencida en el proceso, y su liquidación y ejecución se regirá
por las normas del CGP.14
48. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP. teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
49. En consecuencia, se condenará en costas en esta instancia a la parte
demandante, por cuanto en la presente decisión no se acogieron los argumentos
planteados en el recurso de apelación por ella presentado. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP., las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de fecha 31 de agosto de 2022, por medio
de la cual el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, presentó el señor Oscar Poveda Caicedo en contra
del departamento del Valle del Cauca.
SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandada. Para
el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
14 La redacción original de la norma se refiere al Código de Procedimiento Civil, sin embargo, en la actualidad
corresponde al Código General del Proceso.
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Demandante: Oscar Poveda Caicedo
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
TERCERO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
decisión devolver el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.
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