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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2013-00350-01

Pensión de jubilación en el régimen de transición de la ley 33 de 1985: periodo y los factores cuando se adquiere el status en…

Fecha
8 de julio de 2021
Consejero ponente
William Hernández Gómez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2013-00350-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Modificar el numeral 3 de la sentencia del 13 de junio de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, el cual quedará así: «3. En consecuencia, condenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales, UGPP, sucesora procesal de la extinta Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal EICE, a liquidar y pagar a favor del señor Tito Burning Perea Murillo, quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía 6.154.471, la pensión de jubilación en una cuantía equivalente al 75% del promedio de los factores salariales devengados por aquel durante el tiempo que le hiciere falta para adquirir el derecho al demandante, o el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, con la inclusión de la asignación básica, prima de antigüedad y bonificación por servicios prestados, a partir del retiro definitivo del servicio pero con efectos fiscales a partir del 8 de abril de 2010 y hasta el año 2019, conforme a lo expuesto ut supra. Para el efecto, la fecha de adquisición del estatus pensional será el 21 de junio de 1999, e igualmente se deberá indexar la primera mesada pensional.» Segundo: Confirmar en todo lo demás la sentencia del 13 de junio de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió el señor Tito Burning Perea Murillo contra la UGPP. Tercero: Sin condena en costas de segunda instancia. Cuarto: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2013-00350-01

Consejero ponente: William Hernández Gómez

8 de julio de 2021

MUERTE DEL DEMANDANTE - Efectos

Debe precisarse que tal situación si bien es lamentable e indeseada, no impide la continuación del proceso en el punto en que se encuentra, debido a que dicha circunstancia no se ajusta a las causales de interrupción del proceso previstas en el artículo 159 del CGP. Lo anterior, habida cuenta de que el demandante no actuaba en causa propia sino representado judicialmente por un abogado (lo cual excluye la hipótesis prevista en el numeral 1.° del artículo 159 transcrito en pie de página), y en adición a que la sucesión procesal consagrada en el artículo 68 ibídem, no puede ser declarada de oficio, sino que él o los interesados, (esto es, los sucesores del derecho debatido), deben solicitarla con el aporte de los documentos oficiales que den lugar a esta, lo cual no ha ocurrido al menos desde el mes de enero del año 2019 cuando se canceló la cédula del señor Tito Burning Perea Murillo por muerte.

REVOCATORIA DEL ACTO DE RECONOCIMIENTO PENSIONAL POR FALSEDAD MATERIAL EN DOCUMENTO PÚBLICO AGRAVADA POR EL USO- No es óbice para resolver sobre una nueva petición de reconocimiento pensional

en el presente asunto se observa que la aludida entidad negó el reconocimiento de la pensión de jubilación a través del acto administrativo objeto de juicio, sustentado en la imposibilidad de otorgar el derecho a quien incurrió en una actuación delictuosa como lo es la falsedad en documento público, pues indicó que en el año 1997 cuando esta prestación había sido reconocida al demandante por parte del referido ente de previsión, aquel allegó con la solicitud una cédula de ciudadanía adulterada que no correspondía a la verdadera fecha de nacimiento del interesado a fin de determinar el momento en que cumplió el requisito de la edad exigido por la ley para acceder a dicho beneficio pensional. Bajo la referida perspectiva inicial sobre el contenido motivacional de la decisión cuestionada, se evidencia en primer lugar que, una negativa del reconocimiento prestacional en litigio basada solo en dicho criterio desconocería que tal prerrogativa es un servicio público esencial en lo que se refiere a la concesión de la pensión y como derecho fundamental para materializar el mínimo vital y la dignidad humana. Lo anterior en la medida en que no se demuestra una gestión más amplia por parte de la UGPP, tendiente a la verificación puntual del caso del demandante, toda vez que si bien en aquella oportunidad su actuar doloso lo conllevó a ser condenado por el delito de «falsedad material en documento público agravada por el uso», conforme se explicará en párrafos que subsiguen, y como consecuencia lógica a la privación de su libertad y a que le hubiere sido revocado el derecho pensional inicialmente reconocido.Lo cierto es que sobre el ente de previsión recaía la responsabilidad de hallar la realidad de su situación jurídica particular y no una rigurosidad puntal al esgrimir frente a la nueva petición incoada por la parte activa la improcedencia del reconocimiento de la prestación por una actuación que fue desplegada en una ocasión ajena y distinta a la señalada y frente a la cual ya había cumplido su respectivo correctivo penal. Lo expuesto, de conformidad con el principio de non bis in ídem consagrado en el inciso 4.° del artículo 29 de la Constitución Política, el cual ha sido objeto de estudio por parte de la Corte Constitucional, al indicar que, de cara a la garantía del derecho al debido proceso sancionador, nadie podrá ser juzgado dos veces por el mismo hecho, bien sea en un juicio penal, o en otro civil, fiscal o de distinta materia.

FUENTE FORMAL : CONSTITUCIÓN POLÍTICA-ARTÍCULO 29 NUMERAL 4

PENSIÓN DE JUBILACIÓN EN EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN DE LA LEY 33 DE 1985 – Periodo y los factores cuando se adquiere el status en vigencia de la Ley 100 de 1993 / INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN EN EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN PENSIONAL -Determinación

La norma aplicable a los beneficiarios de la primera parte del parágrafo 2.º del artículo 1.º de la Ley 33 de 1985 es el artículo 27 del Decreto Ley 3135 de 1968, que previó que la edad para obtener el beneficio pensional, se reitera, sería de 50 años para las mujeres y 55 para los hombres, por cuanto esta era la norma pensional anterior.(…) si bien la reciente sentencia a la que se alude se pronunció sobre la forma en que debe aplicarse el régimen de transición regulado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la subregla allí contenida sobre los factores salariales que se deben incluir en el IBL pensional debe ser extendida al caso de las personas beneficiarias de la Ley 33 de 1985 porque, precisamente, hace referencia directa a la forma en que debe interpretarse el artículo 3 ejusdem, modificado por la Ley 62 de 1985, esto es, a la taxatividad de los factores computables en materia pensional. (…)si bien el libelista podía causar el derecho a partir de la edad regulada en la Ley 6.ª de 1945, modificada por el Decreto Ley 3135 de 1968 (55 años para los hombres), al hacerse beneficiario del régimen de transición de que trata parágrafo 2.º del artículo 1.° de la Ley 33 de 1985, lo cierto es que al cumplir el requisito de la edad en el año 1999, fecha en la cual consolidó el estatus pensional, se considera que el periodo de liquidación y los factores salariales aplicables a su situación pensional son los previstos en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994. Por cuanto únicamente en el caso de haber reunido la totalidad de requisitos para obtener la prestación jubilatoria antes de la entrada del Sistema General de Pensiones regulado en la Ley 100 ejusdem, habría lugar a aplicar las reglas previstas en la Ley 33 de 1985, es decir, liquidar la pensión con las rentas y salarios sobre las cuales cotizó el señor Perea Murillo en el último año de servicio. Se suma a lo anterior, que según el certificado laboral relacionado, el demandante laboró hasta el 30 de diciembre de 1995, es decir, ya en vigencia de la Ley 100 de 1993, respecto de la cual se debían efectuar los aportes a pensión sobre los factores previstos en el Decreto 1158 de 1994. En ese orden de ideas, se reitera que la Sala Plena del Consejo de Estado definió en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 el criterio de interpretación sobre el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, según la cual «El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.(…) Por consiguiente, la pensión de jubilación del señor Tito Burning Perea Murillo bajo el régimen de transición, debía ceñirse a la edad requerida por el Decreto Ley 3135 de 1968, pero teniendo en cuenta el periodo de liquidación y los factores sobre los cuales realizó aportes según el inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y previsto en el Decreto 1158 de 1994; en este caso corresponden a la asignación básica, prima de antigüedad y bonificación por servicios.(…) al margen de las posibles situaciones dudosas que pudieron haberse generado con ocasión de la documentación falsa presentada por el demandante en el año 1997 ante la extinta Cajanal a fin de obtener el derecho a la pensión, lo cierto es que las pruebas compuestas por el registro civil de nacimiento y la cédula de ciudadanía aportadas con destino a este proceso, más las actuaciones ex officio adelantadas por parte de esta Subsección en las plataformas digitales del RUAF y la Registraduría Nacional del Estado Civil, demuestran fehacientemente la consolidación del derecho en comento a favor del interesado y por lo tanto desvirtúa la legalidad del acto administrativo cuestionado. NOTA DE RELATORÍA:

Sobre el ingreso base de liquidación de los beneficiarios del régimen de transición pensional del inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, ver: C. de E, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, rad.: 52001-23-33-000-2012-00143-01 (4403-2013) (IJ), C.P. César Palomino Cortés.

FUENTE FORMAL: LEY 33 DE 1985-ARTÍCULO 1 / LEY 6.ª DE 1945/ LEY 65 DE 1946 / DECRETO LEY 3135 DE 1968 / DECRETO LEY 3135 DE 1968 -ARTÍCULO 27

FACTORES PENSIONALES- sólo sobre los que se hubiera realizado los respectivos aportes

En cuanto al argumento esgrimido por la entidad demandada en su recurso de apelación, tendiente a demostrar la improcedencia de la orden del a quo a que dicho ente efectúe el descuento de aquellos emolumentos frente a los cuales la parte activa no hubiere realizado los correspondientes aportes con destino a pensión, la Sala estima que, toda vez que se modificará la condena de primera instancia en lo que refiere a los factores salariales a incluir y el periodo del IBL, pues únicamente serán computados aquellos que fueron objeto de cotización durante el tiempo que le hiciere falta para adquirir el derecho al demandante, o el cotizado durante todo el tiempo, y que se encuentran taxativamente señalados en el Decreto 1158 de 1994, así mismo se concluye que tampoco habrá lugar a que la UGPP realice la deducción de dichas sumas, pues para la liquidación de la prestación no se incluirán conceptos distintos a los que el demandante hubiere cotizado.

PRESCRIPCIÓN TRIENAL DE MESADAS PENSIONALES- Configuración

se advierte que fue hasta el 17 de julio de 2009 que el demandante radicó la solicitud de reconocimiento pensional ante la UGPP, por lo que a partir de ese momento se debía entender interrumpido el término prescriptivo respecto de las mesadas causadas a la fecha y tres años hacía atrás. Bajo ese entendido, es diáfano que entre el 21 de junio de 1999 (fecha en que se adquirió el estatus pensional) y el 17 de julio de 2009 (fecha de presentación de la reclamación en sede administrativa), transcurrió un periodo de más de 3 años, por lo que prescribieron las mesadas causadas desde el momento de la adquisición del estatus pensional y hasta el 16 de julio de 2006, esto es, tres años anteriores a la presentación de la reclamación administrativa.

FUENTE FORMAL.: DECRETO 3135 DE 1968 / DECRETO 1848 DE 1969
CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá, D.C., ocho (8) de julio dos mil veintiuno (2021).

Radicación número: 76001-23-33-000-2013-00350-01(4707-17)

Actor: TITO BURNING PEREA MURILLO

Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Tema: Reconocimiento pensión de vejez. Beneficiario régimen de transición del parágrafo 2.º, artículo 1.° de la Ley 33 de 1985. Prerrogativa solo edad de norma anterior.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
O-137-2021

ASUNTO

La Subsección decide los recursos de apelación formulados por las partes demandante y demandada contra la sentencia proferida el 13 de junio de 2017 por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

El señor Tito Burning Perea Murillo en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley 1437 del 2011, formuló en síntesis las siguientes:

Pretensiones

Declarar la nulidad parcial de la Resolución 18760 del 8 de octubre de 1997, específicamente en su artículo 1.°, por medio de la cual se reconoció una pensión de jubilación a favor del demandante, en una cuantía de $172.178, efectiva a partir del 30 de diciembre de 1995.
Declarar la nulidad total de los siguientes actos administrativos expedidos por la entidad demandada:

Resolución 35158 del 24 de julio de 2007, mediante la cual la entidad demandada revocó la pensión otorgada al libelista, al considerar que había sido producto de un fraude procesal con ocasión de la presentación de un documento de identidad tachado de falso.
Resolución 5165 del 13 de febrero de 2008, a través de la cual se negó la reliquidación del beneficio pensional con la inclusión de todos los factores salariales devengados por el interesado.
Resolución PAP 050033 del 25 de abril de 2011, que negó el reconocimiento de la pensión de vejez del demandante, bajo el argumento que la solicitud se presentó con documentación adulterada y por consiguiente no podría proferirse una decisión que resuelva de fondo el conflicto hasta que la justicia solvente dicha particularidad.

A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la entidad demandada reconocer y pagar en favor del señor Tito Burning Perea Murillo una pensión de jubilación en cuantía de $697.612, efectiva a partir del 21 de junio de 1999, la cual deberá ser computada sobre el total de los factores salariales percibidos por aquel durante su último año de servicios, esto es, entre el 1.° de enero de 1995 al 31 de diciembre de la misma anualidad.

Condenar a la parte pasiva a efectuar la indexación del ingreso base de liquidación desde la fecha de retiro del servicio del libelista hasta la data de adquisición del estatus pensional, lapso correspondiente desde el 29 de diciembre de 1995 al 21 de junio de 1999. Lo anterior, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 100 de 1993. Así como al desembolso de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 ejusdem, en observancia de la fecha señalada.

Supuestos fácticos relevantes

El señor Tito Burning Perea Murillo nació el 21 de junio de 1944 y cumplió 55 años de edad el 21 de junio de 1999, data para la cual adquirió el estatus de pensionado.

Adujo que ha laborado al servicio del Estado en calidad de auxiliar técnico del Ministerio de Salud, desde el 1.° de agosto de 1964 hasta el 29 de diciembre de 1995.

La extinta Cajanal profirió la Resolución 18760 del 8 de octubre de 1997 por medio de la cual reconoció una pensión de jubilación al demandante, a partir del 21 de junio de 1995. Adujo el libelista que no se tuvieron en cuenta la totalidad de los factores salariales devengados por aquel durante su último año de servicio.

Con ocasión de ello, el demandante presentó solicitud de revisión y reliquidación de su prestación, con el fin que le fuera incluido en la base reguladora de la pensión todos los conceptos que hubiere devengado el año anterior a la fecha de retiro de su labor.

Mediante la Resolución 35158 del 24 de julio de 2007, la autoridad demandada revocó el acto que reconoció la pensión de jubilación al demandante, al considerar que esta había sido obtenida por medios fraudulentos, en cuanto aquel adulteró la fecha de su nacimiento del documento de identificación. Manifestó el libelista que la notificación de este acto administrativo fue de manera irregular, toda vez que se efectuó por edicto sin haber emplazado en debida forma al recipiendario de la decisión.

De manera posterior, con la expedición de la Resolución 5165 del 13 de febrero de 2008 se negó la solicitud de reliquidación pensional instaurada por la parte activa. Contra dicho acto se interpuso recurso de reposición, el cual fue desatado de manera negativa por la autoridad demandada mediante Resolución 59520 del 4 de diciembre del mismo año.

El señor Perea Murillo ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 18760 del 8 de octubre de 1997 y 5165 del 13 de febrero de 2008, pero omitió demandar la 35158 del 24 de julio de 2007, por lo que el Juzgado Segundo Administrativo de Buenaventura resolvió declarar probada la excepción de inepta demanda por falta de integración de la proposición jurídica completa.

El anterior fallo fue apelado ante el Tribunal Administrativo del Valle, el cual confirmó la decisión proferida en primera instancia, pero esta vez al estimar la carencia de los presupuestos procesales del medio de control.

La entidad demandada presentó denuncia en contra del señor Tito Burning Perea Murillo por el delito de falsedad en documento público y fraude procesal. En consecuencia, el Juzgado Veinte Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá condenó al ciudadano a una pena de prisión de 30 meses.

El demandante requirió nuevamente el reconocimiento de la pensión de jubilación, para lo cual anexó el original del registro civil de nacimiento y copia de la cédula de ciudadanía, en los cuales se constata la fecha real de nacimiento del interesado.

El ente de previsión expidió la Resolución PAP 050033 del 25 de abril de 2011 a través de la cual negó el derecho reclamado por el libelista, bajo el argumento que mediante Informe 194 de 2006 se indicó que la cédula de ciudadanía anexada inicialmente fue adulterada, sin hacer referencia a los nuevos medios de convicción aportados con el derecho de petición incoado.

Manifestó que el señor Perea Murillo cumplió la pena impuesta por los delitos de falsedad en documento público y fraude procesal, de ello que resulte procedente el reconocimiento prestacional deprecado, al aducir que el haber incurrido en un hecho punible no constituye una razón suficiente para negar la pensión de jubilación al demandante, si además se tiene en cuenta que ya acreditó los requisitos exigidos para acceder a ella.

DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL

La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo», porque es guía y ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al emitir la sentencia debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones, las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por las partes al precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia inicial. De allí que los problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por las partes se convierten en una eficiente guía para el decreto de las pruebas, las alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos pertinentes. Por lo dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo y claro para fundamentar adecuadamente la sentencia.

Fecha de la audiencia inicial: 18 de septiembre de 2014.

Resumen de las principales decisiones

Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)

En el acta se consignó lo siguiente al momento de decidir las excepciones:

«Indica que verificado el expediente se desprende que la entidad demandada UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES UGPP no presentó excepciones previas. De igual manera y de conformidad con el artículo 180 #6 de la Ley 1437 de 2011, no encuentra probada ninguna excepción previa, por lo que continúa con la audiencia.» (Folio 263, C3 y cd obrante a folio 267 ibidem).

Se notificó la decisión en estrados y no se interpusieron recursos.

Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)

El litigio se fijó en los siguientes términos:

«[…] 1. Establecer la legalidad o ilegalidad de los actos administrativos demandados, para lo cual se deberá verificar lo siguiente: a) Determinar cuál era el régimen aplicable para acceder a la pensión de jubilación del señor Perea Murillo cuando este adquirió el status pensional. B) Determinar si el demandante, tal como lo afirma en la demanda, acredito (sic) el tiempo de servicio. C) Establecer si el accionante tiene derecho al reconocimiento de la pensión, de ser así determinar los factores salariales a incluir y si hay lugar a indexar los mismos. […]» (Folios 263 a 264, C3 y cd que reposa a folio 267 ibidem).

Se notificó la decisión en estrados y no se interpusieron recursos.

SENTENCIA APELADA

El a quo profirió sentencia escrita el 13 de junio de 2017, en la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda con fundamento en las siguientes consideraciones:

En primer lugar, hizo referencia al principio de fraus omnia corrumpit (el fraude vicia todo) que permea nuestro ordenamiento jurídico para exponer que, si bien la entidad demandada esbozó que el libelista no tiene derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación al haber incurrido en los delitos de falsedad en documento y fraude procesal, lo cierto es que en el presente caso mal se haría al privar del derecho a la pensión al señor Perea Murillo, si se observa que aquel cumplió objetivamente los requisitos trazados por el legislador para ello; pues agregó que, en caso de desconocer el aludido contexto, implicaría imponerle un castigo o pena adicional, lo cual contraría el principio del non bis in ídem (ser penado dos veces por el mismo hecho).

En segundo lugar, en cuanto a la interpretación del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, recordó que el Consejo de Estado en sentencia del 4 de agosto de 2010 precisó que la aplicación de la transición implica la observancia íntegra de las reglas contenidas en el régimen anterior aplicable a su beneficiario; como también se dispuso que para la liquidación de dicha prestación deben tenerse en cuenta todos los factores que constituyeron salario y que hubiesen sido devengados por el empleado durante el último año de servicio.

Empero, la Corte Constitucional a través de la sentencia C-258 de 2013 afirmó que el régimen de transición contemplado en el artículo 36 ejusdem comprende únicamente los elementos de edad, tiempo de servicios y monto, mientras que el IBL debe ajustarse a las disposiciones de la referida normativa. Situación anterior que, en su criterio, generaría un menoscabo al particular si se extienden los efectos de dicha providencia a casos como el presente, toda vez que en aquella oportunidad se trataba de una interpretación exclusiva para el régimen de congresistas y excluía a los regímenes especiales y exceptuados.

En tercer lugar, efectuó un análisis de las pruebas para determinar que, toda vez que el libelista para la fecha de entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985 (13 de febrero de 1985) había laborado 17 años, 4 meses y 9 días, este se hizo beneficiario del régimen de transición previsto en el parágrafo 1 del artículo 1.° de la mentada norma, por lo que le resultan aplicables las disposiciones pensionales contenidas en la Ley 6.ª de 1945, las cuales exigían 50 años de edad y 20 años de servicios para acceder al beneficio prestacional aludido.

Bajo esta consideración, concluyó que el señor Perea Murillo por lo menos desde el año 1988 había completado el tiempo de servicios, si se observa que aquel inició con la prestación de su labor desde el 1.° de agosto de 1964; y que el 21 de junio de 1994 acreditó el requisito de la edad, por lo cual en esta última calenda se consolidó el estatus pensional conforme al literal b, artículo 17 de la Ley 6.ª ejusdem. De ello que tuviera derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación en una cuantía equivalente al 75% del promedio mensual obtenido en el último año de servicios.

Como cuarta medida, consideró que, en virtud del artículo 303 del Código General del Proceso el cual previó la figura procesal de cosa juzgada, no resultaba procedente pronunciarse sobre las Resoluciones 18760 del 8 de octubre de 1997, 5165 del 13 de febrero de 2008 y 59520 del 4 de diciembre del mismo año, por cuanto los asuntos de que estas tratan ya fue objeto de controversia por el Juzgado Segundo Administrativo de Buenaventura, fallo confirmado por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca.

En todo caso, estimó que la autoridad demandada obró ajustada a la ley al expedir la Resolución 35158 del 24 de julio de 2007 mediante la cual revocó la pensión de jubilación inicialmente otorgada en favor del libelista, dado que aquel acaeció en un hecho punible tipificado en el ordenamiento como falsedad en documento. No así al negar el otorgamiento del derecho cuando aquel acreditó los requisitos para obtenerlo, como se realizó con la Resolución PAP 050033 del 25 de abril de 2011, motivo por el cual se impone declarar la nulidad de la referida decisión administrativa.

Por último, arguyó que se encontraban prescritas las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 8 de abril de 2010, puesto que la solicitud presentada por el demandante en sede administrativa data del 17 de julio de 2009 y la demanda se interpuso el 8 de abril de 2013, esto es, cuando ya habían transcurrido más de 3 años entre un evento y el otro.

Acorde con los anteriores razonamientos, el Tribunal de primera instancia profirió sentencia que se resume así: i) declaró la excepción de cosa juzgada respecto a las Resoluciones 18760 del 8 de octubre de 1997 y 5165 del 13 de febrero de 2008, y de forma oficiosa la de prescripción sobre las mesadas causadas antes del 8 de abril de 2010; ii) declaró la nulidad de la Resolución PAP 050033 del 25 de abril de 2011 expedida por la extinta Cajanal, que negó la solicitud de reconocimiento pensional a favor del libelista; iii) a título de restablecimiento del derecho, ordenó a la UGPP a liquidar y pagar al señor Tito Burning Perea Murillo la pensión de jubilación con el promedio mensual obtenido en el último año de servicios, teniendo en cuenta como fecha de adquisición del estatus el 21 de junio de 1994, como también indexar la primera mesada pensional; iv) facultó a la autoridad demandada para que efectúe los descuentos de los aportes correspondientes a pensión; v) negó las demás pretensiones de la demanda, y; vi) se abstuvo de condenar en costas.

RECURSOS DE APELACIÓN

UGPP: formuló recurso de alzada contra la decisión antes reseñada, al considerar que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 previó un régimen de transición como un beneficio para los trabajadores afiliados al régimen de prima media, de ello que al encuadrar la situación pensional del demandante en esta regulación normativa excepcional, es claro que su derecho se encuentra cobijado por la Ley 33 de 1985 en cuanto a la edad, tiempo de servicios y monto.

Empero, situación distinta ocurre en lo que atañe al ingreso base de liquidación, dado que este no fue un aspecto sometido a la transición, por lo que debe recurrirse al Sistema General de Pensiones para determinar el periodo sobre el cual debe liquidarse la prestación y al Decreto 1158 de 1994 en cuanto a los factores salariales a incluir.

De otro lado, sostuvo que el Sistema de Seguridad Social se fundamenta en los principios constitucionales de eficiencia, universalidad y solidaridad, previstos por el constituyente, con el fin de garantizar la estabilidad financiera de este. De ello que la sentencia de primer grado contraría la intención del legislador materializada en el artículo 22 de la Ley 100 de 1993 la cual se acompasa con los referidos postulados constitucionales, en el sentido de haber ordenado al ente de previsión a efectuar los descuentos sobre los emolumentos que el empleador no hubiere realizado los correspondientes aportes con destino a pensión, pues dicha obligación no puede ser trasladada a la entidad demandada.

Esbozó que la diferencia interpretativa que sostienen las altas cortes en cuanto al régimen de transición genera un menoscabo del derecho a la igualdad de los asociados, al conllevar que la misma norma sea aplicada de distinta manera a sus destinatarios. Por consiguiente, la UGPP ha adoptado el criterio desarrollado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-230 de 2015, el cual remite al inciso tercero del artículo 36 ejusdem para determinar la forma de liquidar la pensión aludida.

Por los motivos expuestos, requirió revocar la sentencia impugnada que ordenó el reconocimiento de una pensión de jubilación en aplicación de reglas que no eran las advertidas para el caso sub examine, y en consecuencia, denegar los pedimentos de la parte activa.

La parte demandante: solicitó revocar de manera parcial la decisión de primera instancia. Para el efecto, manifestó que el a quo incurrió en un error al declarar la prescripción de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 3 de febrero de 2012; ello en atención a que en la presente causa judicial el término trienal de la referida figura se interrumpió con la petición instaurada el 17 de julio de 2009, por cuanto el fenómeno prescriptivo cesó desde el 17 de julio de 2006.

Agregó que si bien la solicitud de reconocimiento pensional se radicó en sede administrativa el 17 de julio de 2009, lo cierto es que aquella fue desatada mediante resolución que data del 25 de abril de 2011 y notificada el 2 de mayo de la misma anualidad, fecha última en la cual se reanudó el término para reclamar judicialmente el derecho pretendido, como en efecto se realizó, pues la demanda fue interpuesta ante esta jurisdicción el 8 de abril de 2013, evento con el cual se alcanzó a interrumpir la prescripción aludida.

Asimismo, se remitió al artículo 2353 del Código Civil para recordar que la prescripción extintiva se previó para los casos en que el interesado no haya ejercido las acciones pertinentes para reclamar el derecho pretendido, por lo que concluyó que este es aplicable siempre y cuando quien se considera titular de la acreencia haya dejado desidiosamente que el tiempo pasara sin efectuar solicitud alguna.

Lo cual, según quedó demostrado, no enmarca la situación particular del libelista, pues aquel impetró ante la autoridad demandada la petición que instaba el reconocimiento de la pensión de jubilación objeto de controversia en esta oportunidad.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

UGPP: reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación, al afirmar que la entidad expidió los actos administrativos demandados con sujeción a los lineamientos trazados por la Ley 33 de 1985 y el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo que no habría lugar al reconocimiento prestacional instado por la parte activa, ya que no reunió los requisitos legales previstos para ello.

La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal, tal y como se advierte de la constancia secretarial a folio 327 del cuaderno 1.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos. De igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda instancia resolverá sin limitaciones cuando las partes hayan controvertido la totalidad de la sentencia, tal como sucede en el presente caso.

Cuestión previa

Antes de desarrollar el fondo del asunto sub iudice, la Sala resalta que de manera ex officio indagó por la situación actual del demandante ante el Registro Único de Afiliados (RUAF), así como en la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a partir de lo cual se pudo evidenciar que este había fallecido al parecer en el año 2019, pues así se indicó en los resultados de ambas consultas, particularmente en el certificado de cancelación de cédula por muerte emitido por esta última entidad, según Resolución 15226 del 15 de octubre de 2019, tal como se verifica a continuación:

Lo anterior se resalta en la medida en que, si bien ello no fue informado o puesto en conocimiento por el apoderado del demandante; debe precisarse que tal situación si bien es lamentable e indeseada, no impide la continuación del proceso en el punto en que se encuentra, debido a que dicha circunstancia no se ajusta a las causales de interrupción del proceso previstas en el artículo 159 del CGP.

Lo anterior, habida cuenta de que el demandante no actuaba en causa propia sino representado judicialmente por un abogado (lo cual excluye la hipótesis prevista en el numeral 1.° del artículo 159 transcrito en pie de página), y en adición a que la sucesión procesal consagrada en el artículo 68 ibídem, no puede ser declarada de oficio, sino que él o los interesados, (esto es, los sucesores del derecho debatido), deben solicitarla con el aporte de los documentos oficiales que den lugar a esta, lo cual no ha ocurrido al menos desde el mes de enero del año 2019 cuando se canceló la cédula del señor Tito Burning Perea Murillo por muerte.

Por lo expuesto, en efecto se procederá a emitir pronunciamiento de mérito conforme a la competencia habilitada para esta instancia, es decir, con base en los recursos de apelación interpuestos por la entidad demandada y el demandante.

Sobre la excepción de cosa juzgada declarada en primera instancia

En este punto, y antes de decidir de fondo la presente causa judicial, se advierte que el demandante ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de instar la anulación parcial de la Resolución 18760 del 8 de octubre de 1997 y total de las Resoluciones 35158 del 24 de julio de 2007, 5165 del 13 de febrero de 2008 y PAP 050033 del 25 de abril de 2011; y en consecuencia, le sea otorgada la pensión de jubilación, teniendo en cuenta para ello la totalidad de los emolumentos devengados durante su último año de servicios.

Sobre el punto, el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca profirió sentencia de primera instancia el 13 de junio de 2017 por medio de la cual accedió parcialmente a los pedimentos del libelo. Asimismo, de la parte resolutiva de la mentada providencia, se observa que se declaró probada la excepción de cosa juzgada frente a las Resoluciones 18760 del 8 de octubre de 1997, 5165 del 13 de febrero de 2008 y 59520 del 4 de diciembre del mismo año, al considerar que aquellas ya habían sido objeto de controversia ante esta jurisdicción con la demanda promovida por el señor Perea Murillo contra la UGPP ante el Juzgado Segundo Administrativo de Buenaventura, en el proceso con número de radicación 76109-33-31-002-2008-0147-00, y del cual tuvo conocimiento el referido Tribunal en el trámite de segunda instancia al resolver la impugnación vertical presentada por la parte activa.

Por los motivos expuestos, el a quo en el caso de marras se abstuvo de efectuar el estudio de legalidad de las actuaciones administrativas antes señaladas, y únicamente sometió a cuestionamiento la Resolución PAP 050033 del 25 de abril de 2011, por medio de la cual se negó el reconocimiento del beneficio pensional a favor del demandante; a la luz de que esta no había sido de conocimiento del juez de competencia.

Al respecto, el artículo 303 del Código General del Proceso aplicable por remisión normativa del artículo 306 del CPACA previó los elementos para la determinación de la eficacia de la cosa juzgada, los cuales se contraen a los sujetos que intervienen en el proceso, la cosa u objeto sobre el cual recaen las pretensiones de la demanda y la causa invocada para sustentar dichas pretensiones.

«Artículo 303. Cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes. […]».

Pues bien, en lo que respecta al caso de marras se evidencia que:

i) los extremos procesales de la presente litis corresponden con exactitud a los que conformaron el proceso adelantado ante el Juzgado Segundo Administrativo de Buenaventura, al ser el demandante en ambas oportunidades el señor Tito Burning Perea Murillo y la parte pasiva la extinta Cajanal, hoy UGPP;

ii) el objeto de este proceso recae parcialmente sobre el mismo que en la controversia antes referida, esto es, la anulación de las Resoluciones 18760 del 8 de octubre de 1997, 35158 del 24 de julio de 2007 y 5165 del 13 de febrero de 2008, con excepción de la PAP 050033 del 25 de abril de 2011, actos que fueron expedidos por el ente de previsión demandado. Y a título de restablecimiento del derecho, el reconocimiento de una pensión de jubilación a favor del demandante, y;

iii) la causa petendi se configura de manera idéntica en ambas actuaciones promovidas por el aquí libelista, en cuanto a los fundamentos o hechos que invocó como sustento para obtener el derecho reclamado, esto es, al aducir que si bien aquel inicialmente fue apartado del beneficio pensional reconocido por la UGPP al haber incurrido en el delito de falsedad en documento público, lo cierto es que una vez cumplida la pena impuesta con ocasión de ello, acreditó el requisito de la edad para acceder a la prestación.

De conformidad con las anteriores precisiones, esta Subsección estima pertinente en esta oportunidad analizar el sub examine y decidir la controversia en el suscitada en atención exclusiva al pedimento anulatorio de la Resolución PAP 050033 del 25 de abril de 2011 por medio de la cual se negó el reconocimiento de la pensión de vejez del demandante. Ello, en virtud de que el fenómeno de la cosa juzgada declarada en primera instancia frente a los demás actos administrativos, el cual se encuentra ajustado a derecho, implica que estos asuntos respecto de los cuales ya existe una decisión ejecutoriada, no pueden nuevamente ser presentados ante la jurisdicción, dado que esta figura ha sido concebida como una institución jurídico procesal que busca que las decisiones plasmadas en una sentencia judicial o en otra providencia, tengan el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas.

Problema jurídico

En ese orden, el problema jurídico a resolver en esta instancia se resume en las siguientes preguntas:

¿El señor Tito Burning Perea Murillo, al ser beneficiario del régimen de transición contenido en el parágrafo 2.°, inciso 1.°, del artículo 1 de la Ley 33 de 1985, tiene derecho al reconocimiento de su pensión de jubilación en una cuantía del 75% del promedio de todos los factores salariales devengados durante su último año de servicio, en aplicación de la Ley 6.ª de 1945?

¿A partir de qué momento se configuró la prescripción de las mesadas pensionales reconocidas a favor del demandante por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca?

Primer problema jurídico

¿El señor Tito Burning Perea Murillo, al ser beneficiario del régimen de transición contenido en el parágrafo 2.°, inciso 1.°, del artículo 1 de la Ley 33 de 1985, tiene derecho al reconocimiento de su pensión de jubilación en una cuantía del 75% del promedio de todos los factores salariales devengados durante su último año de servicio, en aplicación de la Ley 6.ª de 1945?

Al respecto, la Subsección sostendrá la siguiente tesis: al ser el demandante un beneficiario del régimen de transición contenido en el parágrafo 2.°, inciso 1.°, del artículo 1 de la Ley 33 de 1985, únicamente tiene derecho a que se le aplique el requisito de edad contenido en la norma anterior, como se explica a continuación.

Del derecho fundamental a la seguridad social – pensión de jubilación

La Constitución Política otorgó a la seguridad social una doble connotación desde su consagración en el artículo 48 como un servicio público de carácter obligatorio y como un derecho de rango supralegal. Esto representa para el Estado colombiano un marco de acciones encaminadas a garantizarlo, toda vez que implica la protección de bienes jurídicos como la vida y la dignidad humana, dado que permite el acceso a la asistencia social y a prestaciones para su pleno desarrollo, como es la salud y la pensión.

Aunado a lo anterior, es importante mencionar que, desde los Tratados Internacionales ratificados por Colombia se ha denotado el raigambre iusfundamental del derecho a la seguridad social, verbigracia, artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 16 de la Declaración Americana de los Derechos de la Persona, artículo 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros.

Precisamente, se resalta el párrafo 10 del artículo 2.° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), según el cual corresponde a los Estados signatarios dentro del máximo de recursos de los que dispongan, adoptar medidas encaminadas a brindar protección adecuada al derecho a la seguridad social. Dichas medidas habrán de ser diseñadas y ejecutadas de manera tal que no permitan restricciones irrazonables o desproporcionadas de acceso y «[…] en todo caso deben garantizar a toda persona un disfrute mínimo de este derecho humano […]». (Cursiva del texto original).

Ahora bien, dentro del ordenamiento jurídico, concretamente frente a la pensión, el artículo 4.° de la Ley 100 de 1993 prescribe que el servicio público de seguridad social «[…] respecto al Sistema General de Pensiones es esencial sólo en aquellas actividades directamente vinculadas con el reconocimiento y pago de las pensiones […]» (Líneas intencionales); lo cual es relevante en el presente caso dado que redunda en el reconocimiento pensional solicitado por el demandante.

Por ende, corresponde a los entes de previsión efectuar un estudio en torno al reconocimiento de la prestación deprecada por el trabajador, sin limitaciones irracionales o desproporcionadas como lo señala el PIDESC. Lo anterior conlleva una carga adicional para autoridades como la UGPP, en el sentido de velar por la verificación real de las condiciones particulares de cada solicitante y de esta forma corroborar el cumplimiento de los requisitos necesarios para acceder a las prerrogativas sociales bajo una perspectiva más garantista que restrictiva.

Empero, en el presente asunto se observa que la aludida entidad negó el reconocimiento de la pensión de jubilación a través del acto administrativo objeto de juicio, sustentado en la imposibilidad de otorgar el derecho a quien incurrió en una actuación delictuosa como lo es la falsedad en documento público, pues indicó que en el año 1997 cuando esta prestación había sido reconocida al demandante por parte del referido ente de previsión, aquel allegó con la solicitud una cédula de ciudadanía adulterada que no correspondía a la verdadera fecha de nacimiento del interesado a fin de determinar el momento en que cumplió el requisito de la edad exigido por la ley para acceder a dicho beneficio pensional.

Bajo la referida perspectiva inicial sobre el contenido motivacional de la decisión cuestionada, se evidencia en primer lugar que, una negativa del reconocimiento prestacional en litigio basada solo en dicho criterio desconocería que tal prerrogativa es un servicio público esencial en lo que se refiere a la concesión de la pensión y como derecho fundamental para materializar el mínimo vital y la dignidad humana.

Lo anterior en la medida en que no se demuestra una gestión más amplia por parte de la UGPP, tendiente a la verificación puntual del caso del demandante, toda vez que si bien en aquella oportunidad su actuar doloso lo conllevó a ser condenado por el delito de «falsedad material en documento público agravada por el uso», conforme se explicará en párrafos que subsiguen, y como consecuencia lógica a la privación de su libertad y a que le hubiere sido revocado el derecho pensional inicialmente reconocido.

Lo cierto es que sobre el ente de previsión recaía la responsabilidad de hallar la realidad de su situación jurídica particular y no una rigurosidad puntal al esgrimir frente a la nueva petición incoada por la parte activa la improcedencia del reconocimiento de la prestación por una actuación que fue desplegada en una ocasión ajena y distinta a la señalada y frente a la cual ya había cumplido su respectivo correctivo penal.

Lo expuesto, de conformidad con el principio de non bis in ídem consagrado en el inciso 4.° del artículo 29 de la Constitución Política, el cual ha sido objeto de estudio por parte de la Corte Constitucional, al indicar que, de cara a la garantía del derecho al debido proceso sancionador, nadie podrá ser juzgado dos veces por el mismo hecho, bien sea en un juicio penal, o en otro civil, fiscal o de distinta materia. Lo anterior, en los siguientes términos:

«[…] No obstante, la jurisprudencia constitucional ha extendido el principio non bis in idem a un ámbito diferente al penal, puesto que ha estimado que éste forma parte del debido proceso sancionador. De tal manera que cuando la finalidad de un régimen es regular las condiciones en que un individuo puede ser sancionado personalmente en razón a su conducta contraria a derecho, este principio es aplicable.
[…]

La función de este derecho, conocido como el principio non bis in idem, es la de evitar que el Estado, con todos los recursos y poderes a su disposición, trate varias veces, si fracasó en su primer intento, de castigar a una persona por la conducta por él realizada, lo cual colocaría a dicha persona en la situación intolerable e injusta de vivir en un estado continuo e indefinido de ansiedad e inseguridad. Por eso, éste principio no se circunscribe a preservar la cosa juzgada sino que impide que las leyes permitan, o que las autoridades busquen por los medios a su alcance, que una persona sea colocada en la situación descrita. De ahí que la Constitución prohiba (sic) que un individuo sea “juzgado dos veces por el mismo hecho.” […]»

De ello que, mal se haría al resolver una situación jurídica en la que se discuta el reconocimiento de un derecho, en observancia de aquellos comportamientos contrarios al orden público que comprometieron el actuar correcto del ciudadano, como en el caso del señor Perea Murillo, cuando estos ya han sido juzgados y absueltos. Más aún cuando se trata de derechos que se enmarcan dentro del sistema de seguridad social, como lo es el de la pensión, los cuales ostentan el carácter de ciertos, indiscutibles e irrenunciables, con el fin de instar la calidad de vida de la comunidad acorde con la dignidad humana.

Este contexto advierte la necesidad de un estudio más profuso del caso en sede judicial, por lo que si la parte activa logra demostrar el cumplimiento de los requisitos normativos para acceder a la prestación deprecada, no bastará la motivación de la entidad demandada para convalidar la presunción de legalidad que cobija a los actos cuestionados.

Por consiguiente, la Subsección examinará si el señor Tito Burning Perea Murillo acreditó las exigencias en comento. Para ello se hará referencia a la regulación aplicable al caso.

Régimen de transición pensional de la Ley 33 de 1985

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 48 de la Constitución Política, el legislador expidió la Ley 100 de 1993 que contiene el régimen de seguridad social integral conformado por los sistemas de pensiones, salud, riesgos profesionales y servicios sociales complementarios. Así que, la mentada ley creó el sistema general de pensiones cuyo propósito era unificar los requisitos para reconocer dicha prestación social a todos los habitantes del territorio nacional.

En el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 previó un régimen de transición para aquellas personas que al momento de su entrada en vigencia estaban próximas a cumplir los requisitos de la pensión de vejez con el propósito de proteger sus expectativas que podrían verse afectadas con el tránsito legislativo, así:

«[…] Lo dispuesto en el presente artículo para las personas que al momento de entrar en vigencia el régimen tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, no será aplicable cuando estas personas voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad, caso en el cual se sujetarán a todas las condiciones previstas para dicho régimen.

Tampoco será aplicable para quienes habiendo escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad decidan cambiarse al de prima media con prestación definida […]»

El régimen anterior a que alude el artículo es el previsto en la Ley 33 de 1985, en cuyo artículo 1.° de la Ley 33 de 1985 reguló el régimen pensional de los empleados oficiales, es decir, empleados públicos y trabajadores oficiales, según el cual aquellos que hubiesen prestado 20 años de servicio, continuos o discontinuos y cumpliesen 55 años de edad, tendrían derecho al pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio. Se cita el artículo a continuación:

«ARTÍCULO 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.

No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones.

En todo caso, a partir de la fecha de vigencia de esta Ley, ningún empleado oficial, podrá ser obligado, sin su consentimiento expreso y escrito, a jubilarse antes de la edad de sesenta años (60), salvo las excepciones que, por vía general, establezca el Gobierno.
PARÁGRAFO 1º. Para calcular el tiempo de servicio que da derecho a la pensión de jubilación o vejez, solo se computarán como jornadas completas de trabajo las de cuatro (4) o más horas diarias. Si las horas de trabajo señaladas para el respectivo empleo o tarea no llegan a ese límite, el cómputo se hará sumando las horas de trabajo real y dividiéndolas por cuatro (4); el resultado que así se obtenga se tomará como el de días laborados y se adicionará con los de descanso remunerado y de vacaciones, conforme a la ley.

PARÁGRAFO 2º. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente Ley.

Quienes con veinte (20) años de labor continua o discontinua como empleados oficiales, actualmente se hallen retirados del servicio, tendrán derecho cuando cumplan los cincuenta (50) años de edad, si son mujeres, o cincuenta y cinco (55), si son varones, a una pensión de jubilación que se reconocerá y pagará de acuerdo con las disposiciones que regían en el momento de su retiro.

PARÁGRAFO 3º. En todo caso, los empleados oficiales que a la vigencia de esta Ley, hayan cumplido los requisitos para obtener pensión de jubilación, se continuarán rigiendo por las normas anteriores a esta Ley.»

Conforme al precitado extracto normativo, se colige que el anterior régimen (Ley 33 de 1985) excluyó su aplicación en cuatro presupuestos que conforman un régimen de transición a saber:

Los empleados oficiales que trabajaran en actividades que por su naturaleza justificaran la excepción que la ley haya determinado expresamente, y aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones.
Los empleados oficiales que a la fecha de la presente ley hubieran cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, a quienes se continuarán aplicando las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la ley.
Los empleados oficiales que con veinte (20) años de labor continua o discontinua, se hallaran retirados del servicio, quienes tendrían derecho cuando cumplieran cincuenta (50) años de edad, si eran mujeres, o cincuenta y cinco (55) si eran varones, a una pensión de jubilación que se reconocería y pagaría de acuerdo con las disposiciones que regían al momento de su retiro.
Los empleados oficiales que a la fecha de vigencia de la ley hubieran cumplido los requisitos para obtener la pensión de jubilación, quienes continuarán rigiéndose por las normas anteriores a ella.

Por su parte, el artículo 3.º de la citada ley, modificado por el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, indicó que la base de liquidación para los aportes proporcionales a la remuneración del empleado oficial, estaría constituida por los siguientes factores: «asignación básica; gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio».

Asimismo, agregó que, en todo caso «[…] las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes […]».

Según lo anterior, quienes al 13 de febrero de 1985 tuviesen 15 años de servicio o más, tendrían como prerrogativa la posibilidad de pensionarse con la edad prevista en la norma anterior; y quienes ya contaran con 20 o más años de servicio, estuviesen retirados y solo les faltare la edad para obtener el estatus pensional, tendrían derecho a pensionarse con la norma que regía al momento del retiro.

Respecto a la primera regla transicional contenida en la Ley 33 de 1985, debe advertirse que la norma aplicable vigente antes de la citada era la Ley 6ª de 1945, que en su artículo 17 previó una pensión de jubilación para los empleados oficiales, equivalente a las dos terceras partes del promedio de los sueldos devengados en el último año de servicio para quienes acreditaran 50 años de edad y 20 de servicio, continuos o discontinuos.

Esta norma fue modificada en primer lugar por el artículo 3 de la Ley 65 de 1946, y posteriormente por el artículo 4 de la Ley 4 de 1966, este último en el sentido de que la pensión sería equivalente al 75% del promedio mensual obtenido en el último año de servicio.

En ese sentido, a partir de la Ley 4 de 1966, los empleados oficiales tendrían derecho a una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del promedio mensual de lo devengado en el último año de servicios, siempre que cumplieran 50 años de edad y 20 de servicio al Estado.

Luego, el Decreto Ley 3135 de 1968, por el cual se previó la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se reguló el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales, dispuso en su artículo 27 que los empleados públicos o trabajadores oficiales que sirvieran al Estado por 20 o más años, continuos o discontinuos, y cumpliesen 55 años en el caso de los hombres y 50 en el de las mujeres, tendrían derecho al pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados en el último año de servicio.

De modo tal que se infiere que el Decreto Ley 3135 de 1968 únicamente modificó lo concerniente a la edad para acceder al derecho pensional, respecto de los hombres, quienes podrían obtener el estatus una vez cumplieran los 55 años de edad, mientras que no hubo cambio respecto a la situación jurídica de las mujeres.

Por consiguiente, la norma aplicable a los beneficiarios de la primera parte del parágrafo 2.º del artículo 1.º de la Ley 33 de 1985 es el artículo 27 del Decreto Ley 3135 de 1968, que previó que la edad para obtener el beneficio pensional, se reitera, sería de 50 años para las mujeres y 55 para los hombres, por cuanto esta era la norma pensional anterior.

Ahora bien, el conflicto se suscita por la forma cómo se debe aplicar el régimen de transición al que alude el artículo 1.° de la Ley 33 de 1985, es decir, conforme a la interpretación literal de la normativa según la cual se garantiza el acceso a la prestación con la edad regulada en la disposición anterior; o por el contrario, se debe emplear el régimen anterior en su integridad, en virtud del principio de inescindibilidad de la norma.

Según esta última posición, las personas beneficiadas con la transición regulada en la primera parte del parágrafo 2.º del artículo 1.º de la Ley 33 de 1985 tendrían derecho a pensionarse en los términos del Decreto 3135 de 1968, es decir, con 20 años de servicio al Estado ya fueran continuos o discontinuos; 55 años de edad en el caso de los hombres y 50 en el de las mujeres; en cuantía equivalente al 75% del promedio de lo devengado durante el último año de servicio; y para efectos de la liquidación se tendrían en cuenta aquellos factores regulados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.

No obstante, si bien el Consejo de Estado en sentencia del 4 de agosto de 2010 había unificado su posición, en el sentido de indicar que al momento de efectuar el reconocimiento pensional a favor del empleado, se deben tener en cuenta, además de los factores mencionados, aquellos que constituyen salario, independientemente de la denominación que reciban, es decir, los «[…] que se cancelen de manera habitual como retribución directa del servicio […]», y no solamente los descritos en la norma antes mencionada, en sentencia del 28 agosto de 2018 modificó la posición adoptada por la Sección Segunda para acoger el planteamiento de la Corte Constitucional, en cuya jurisprudencia ha destacado la relación de correspondencia entre las cotizaciones efectuadas durante la vida laboral al Sistema General de Seguridad Social con la finalidad de no desconocer el principio de solidaridad y sostenibilidad financiera en esta materia.

El razonamiento anterior fue superado por la Sala Plena del Consejo de Estado a través de sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2018 cuando fijó como subregla que los factores salariales a incluirse en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los cuales se efectuaron aportes o cotizaciones al sistema de pensiones, al sostener que:

«[…] 101. A juicio de la Sala Plena, la tesis que adoptó la Sección Segunda de la Corporación, en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, según la cual el artículo 3 de la Ley 33 de 1985 no señalaba en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos estaban simplemente enunciados y no impedían la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de servicio, va en contravía del principio de solidaridad en materia de seguridad social. La inclusión de todos los factores devengados por el servidor durante el último año de servicios fue una tesis que adoptó la Sección Segunda a partir del sentido y alcance de las expresiones “salario” y “factor salarial”, bajo el entendido que “constituyen salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios” con fundamente, además, en los principios de favorabilidad en materia laboral y progresividad; sin embargo, para esta Sala, dicho criterio interpretativo traspasa la voluntad del legislador, el que, por virtud de su libertad de configuración enlistó los factores que conforman la base de liquidación pensional y a ellos es que se debe limitar dicha base.

102. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo considera que el tomar en cuenta solo los factores sobre los que se han efectuado los aportes, no afecta las finanzas del sistema ni pone en riesgo la garantía del derecho irrenunciable a la pensión del resto de habitantes del territorio colombiano, cuya asegurabilidad debe el Estado, en acatamiento de los principios constitucionales de universalidad y eficiencia.

103. Por el contrario, con esta interpretación (i) se garantiza que la pensión de los beneficiarios de la transición se liquide conforme a los factores sobre los cuales se ha cotizado; (ii) se respeta la debida correspondencia que en un sistema de contribución bipartita debe existir entre lo aportado y lo que el sistema retorna al afiliado y (iii) se asegura la viabilidad financiera del sistema. […]»

De acuerdo con lo anterior, si bien la reciente sentencia a la que se alude se pronunció sobre la forma en que debe aplicarse el régimen de transición regulado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la subregla allí contenida sobre los factores salariales que se deben incluir en el IBL pensional debe ser extendida al caso de las personas beneficiarias de la Ley 33 de 1985 porque, precisamente, hace referencia directa a la forma en que debe interpretarse el artículo 3 ejusdem, modificado por la Ley 62 de 1985, esto es, a la taxatividad de los factores computables en materia pensional.

Los argumentos precitados se acompasan con la posición jurisprudencial asumida por la Subsección A, en cuanto a la interpretación del régimen de transición de que trata el parágrafo 2.°, inciso 1.°, del artículo 1 de la Ley 33 de 1985, en la que se ha sostenido que:

«[…] Según lo anterior, quienes al 13 de febrero de 1985 tuviesen 15 años de servicio o más, tendrían como prerrogativa la posibilidad de pensionarse con la edad prevista en la norma anterior; y quienes ya tuviesen 20 o más años de servicio, estuviesen retirados y solo les faltare la edad para obtener el estatus pensional, tendrían derecho a pensionarse con la norma que regía al momento del retiro.

De modo tal que se infiere que el Decreto Ley 3135 de 1968 únicamente modificó lo concerniente a la edad para acceder al derecho pensional, respecto de los hombres, quienes podrían obtener el estatus una vez cumplieran los 55 años de edad, mientras que no hubo cambio respecto a la situación jurídica de las mujeres. […]»

El demandante está cobijado por el régimen de transición de la Ley 33 de 1985

De acuerdo con las anteriores consideraciones normativas y jurisprudenciales, en el sub examine se observa que el señor Tito Burning Perea Murillo laboró al servicio del Estado, así:

Lugar de prestación
Cargo
Periodo
Unidad Administrativa Especial de Campañas Directas del Ministerio de Salud.
Auxiliar técnico, código 4110, grado 05.
1.° de agosto de 1964 a 15 de enero de 1967.
Auxiliar técnico, código 4110, grado 05.
4 de agosto de 1967 a 30 de diciembre de 1995.

De acuerdo con la tabla anterior, se colige que el señor Perea Murillo al 13 de febrero de 1985, fecha de entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985, había prestado servicios al Estado durante 19 años, 11 meses y 23 días, razón por la cual se encontraba cobijado por la primera parte del parágrafo 2.º del artículo 1.° de la Ley 33 de 1985, es decir, que al haber cumplido 15 años continuos o discontinuos de servicio tenía derecho a que se le respetara la edad pensional prevista en la norma anterior.

En consecuencia, el demandante podía adquirir el estatus pensional a los 55 años de edad, los cuales acreditó el 21 de junio de 1999, toda vez que nació el 21 de junio de 1944, según copia de la cedula de ciudadanía a folio 3 del cuaderno 1.

Ahora, si bien el libelista podía causar el derecho a partir de la edad regulada en la Ley 6.ª de 1945, modificada por el Decreto Ley 3135 de 1968 (55 años para los hombres), al hacerse beneficiario del régimen de transición de que trata parágrafo 2.º del artículo 1.° de la Ley 33 de 1985, lo cierto es que al cumplir el requisito de la edad en el año 1999, fecha en la cual consolidó el estatus pensional, se considera que el periodo de liquidación y los factores salariales aplicables a su situación pensional son los previstos en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.

Por cuanto únicamente en el caso de haber reunido la totalidad de requisitos para obtener la prestación jubilatoria antes de la entrada del Sistema General de Pensiones regulado en la Ley 100 ejusdem, habría lugar a aplicar las reglas previstas en la Ley 33 de 1985, es decir, liquidar la pensión con las rentas y salarios sobre las cuales cotizó el señor Perea Murillo en el último año de servicio.

Se suma a lo anterior, que según el certificado laboral relacionado, el demandante laboró hasta el 30 de diciembre de 1995, es decir, ya en vigencia de la Ley 100 de 1993, respecto de la cual se debían efectuar los aportes a pensión sobre los factores previstos en el Decreto 1158 de 1994.

En ese orden de ideas, se reitera que la Sala Plena del Consejo de Estado definió en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 el criterio de interpretación sobre el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, según la cual «El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985». Por lo tanto, se procede a aplicar las reglas de unificación al presente caso:

REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN
«ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN.  […]
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. […]» (Subraya la sala).
Edad: nació el 21 de junio de 1944, es decir, que para el 1.° de abril de 1994 tenía 50 años, para empleados del orden nacional como es su caso.
Goza del régimen de transición por tener más de 40 años de edad y 15 años de servicios a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
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Tiempo de servicio: laboró desde el 1.° de agosto de 1964 al 15 de enero de 1967, y del 4 de agosto de 1967 al 30 de diciembre de 1995 en la Unidad Administrativa Especial de Campañas Directas del Ministerio de Salud. Al 1.° de abril de 1994 tenía 29 años, 1 mes y 11 días de servicios.
REQUISITOS PENSIÓN DE JUBILACIÓN LEY 33
«ARTÍCULO  1.° El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.» (Subraya fuera del texto)
Tiempo de servicios públicos: laboró en el sector público por 31 años, 4 meses y 29 días, comprendidos de manera interrumpida desde el 1.° de agosto de 1964 al 30 de diciembre de 1995.
Acreditó los requisitos de la pensión de jubilación de la Ley 33 de 1985, esto es, más de 20 años públicos y 55 años de edad.
Edad: cumplió 55 años el 21 de junio de 1999, se reitera que nació el 21 de junio de 1944.
PERIODO PARA LIQUIDAR LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN

La pensión de jubilación se debe liquidar con el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior.

«[…] 94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:
Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. […]»
Consolidación del estatus pensional: 21 de junio de 1999, por edad (los 20 años de servicios los cumplió el 20 de febrero de 1985)

Tiempo que faltaba para consolidarlo a la entrada en vigencia de la Ley 100: menos de 10 años (del 1.° de abril de 1994 al 21 de junio de 1999)
FACTORES SALARIALES A INCLUIR EN LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN

«[…] 96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones. […]»
Factores Decreto 1158 de 1994: a) asignación básica mensual, b) gastos de representación, c) prima técnica, cuando sea factor de salario, d) primas de antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor de salario, e) remuneración por trabajo dominical o festivo, f) remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna, g) bonificación por servicios prestados

Los factores a incluirse en el IBL son el sueldo o asignación básica, prima de antigüedad y bonificación por servicios.
Factores devengados y cotizados asignación básica mensual, viáticos, asignación adicional, prima de antigüedad, bonificación por servicios, auxilio de transporte, subsidio de alimentación, prima de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad y bonificación especial de recreación.

Por consiguiente, la pensión de jubilación del señor Tito Burning Perea Murillo bajo el régimen de transición, debía ceñirse a la edad requerida por el Decreto Ley 3135 de 1968, pero teniendo en cuenta el periodo de liquidación y los factores sobre los cuales realizó aportes según el inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y previsto en el Decreto 1158 de 1994; en este caso corresponden a la asignación básica, prima de antigüedad y bonificación por servicios.

Ahora, el demandante por medio de escrito que data del 15 de julio de 2009 requirió ante la extinta Cajanal (hoy UGPP) el reconocimiento de la pensión de jubilación, como se observa de folios 124 a 125 del cuaderno 3. Lo anterior, al estimar que acreditó los 55 años de edad y más de 20 años de servicios requeridos para la causación del derecho, pues consideró que se hizo beneficiario del régimen de transición de que trata la Ley 33 de 1985.

En consecuencia, la UGPP por medio de la Resolución PAP 050033 del 25 de abril de 2011, visible de folios 19 a 21 del cuaderno 1, desató desfavorablemente la anterior petición y negó el reconocimiento de la pensión de jubilación al señor Tito Burning Perea Murillo, al argumentar que de conformidad con el Informe 194 del 18 de agosto de 2006 emitido por el grafólogo forense del grupo especial de seguridad y asuntos penales, se concluyó que la cédula de ciudadanía del interesado era producto de una falsificación integral.

En virtud de ello, estimó que, toda vez que la solicitud de reconocimiento pensional se realizó con documentación adulterada, hasta tanto la justicia ordinaria no dirima el conflicto, no podrá proferirse una decisión de fondo que resuelva el requerimiento del trabajador.

Al margen de lo expuesto, es cierto que el demandante inicialmente, al momento de solicitar por primera vez el otorgamiento del derecho en sede administrativa, incurrió en una conducta punible tipificada en nuestro ordenamiento jurídico como falsedad en documento público, por lo que el Juzgado 20 Penal del Circuito del Circuito de Bogotá lo condenó a una pena de 30 meses por la modalidad delictuosa de «falsedad material en documento público agravada por el uso» y a la interdicción de derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la pena principal, según se verifica del Oficio 20.558 del 12 de marzo cuya anualidad no se especifica, signada por el juez coordinador del Centro de Servicios Judiciales de Bogotá, Sistema Penal Acusatorio de Paloquemao, obrante a folio 10 del cuaderno 7.

Sin embargo, también lo es que el señor Perea Murillo, conforme quedó demostrado en líneas atrás del presente acápite, consolidó su estatus pensional el 21 de junio de 1999 cuando aquel cumplió los 55 años de edad, si además se tiene en cuenta que el 20 de febrero de 1985 había cumplido los 20 años de labor requeridos.

Pues se recuerda que como beneficiario de la transición regulada en la Ley 100 de 1993 y por haber causado el derecho a la pensión en vigencia de esta, el libelista se debía pensionar con la edad regulada en el Decreto Ley 3135 de 1968, el tiempo de servicios y el monto previstos en la Ley 33 de 1985, y con el periodo de liquidación y los factores salariales contenidos en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.

Al respecto, resulta pertinente remitirnos al artículo 43 de la Ley 599 de 2000, también conocido como Código Penal, el cual se refiere a «las penas privativas de otros derechos», y dentro de ellas incluye en su numeral 1.° la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

Asimismo, el artículo 44 ejusdem define las consecuencias de la aplicación de dicha sanción, al señalar que con su imposición se pretende privar al penado de la facultad de elegir y ser elegido y del ejercicio de cualquier otro derecho político, función pública, dignidades y honores que confieren las entidades oficiales.

Pues bien, estas penas privativas de otros derechos podrán imponerse a través de sentencia que debe contener una fundamentación explícita sobre los motivos de la determinación cualitativa y cuantitativa de la sanción, como en efecto sucedió en el caso objeto de marras, según se observa del acta de audiencia de recaudo dentro del proceso adelantado ante el Juzgado 20 Penal del Circuito del Circuito de Bogotá con número de identificación 71464, visible de folios 18 a 19 del cuaderno 7, en el cual se impuso una condena accesoria al señor Tito Burning Perea Murillo de «inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas» con ocasión al delito de «falsedad material en documento público agravada por el uso», por un término idéntico al de la pena principal, esto es, 30 meses.

Establecido lo anterior, es dable colegir que la intención del legislador con la expedición de dichos lineamientos y correctivos es la de regir el ejercicio de las funciones públicas y la consecuente prestación de los servicios públicos, pues es su competencia regular la función administrativa y proteger el interés general en los términos del artículo 209 superior.

Empero, también es cierto que estas condenas tienen un límite temporal fijado por el juez de conocimiento y delimitado por la ley, pues en todo caso estas censuras accesorias se impondrán por un tiempo igual al de la pena a que accede y hasta por una tercera parte más, sin exceder el máximo fijado en el ordenamiento.

De ello que no se puede concebir esta sanción que se impone a título de un comportamiento reprochado como ilimitada, dado que aquella, dentro de su carácter accesorio, se encontrará supeditada al término de la condena principal y se entenderá ejecutada una vez se haya cumplido el lapso exigido por el juez. De allí que, una vez superada la pena imputada, el funcionario –autor del delito- sobre quien recayó la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas, pueda reincorporarse a la sociedad con el fin de que alcance de nuevo ser parte activa de la misma en iguales condiciones a los demás ciudadanos.

En armonía con lo expuesto, una consecuencia lógica de su situación particular es que debía reconocérsele la pensión de vejez requerida, si logró demostrar ya de forma auténtica y legal el cumplimiento de las exigencias normativas para el reconocimiento de esta.

Bajo este entendido y en atención al marco factual evidenciado en el caso de marras, al margen de las posibles situaciones dudosas que pudieron haberse generado con ocasión de la documentación falsa presentada por el demandante en el año 1997 ante la extinta Cajanal a fin de obtener el derecho a la pensión, lo cierto es que las pruebas compuestas por el registro civil de nacimiento y la cédula de ciudadanía aportadas con destino a este proceso, más las actuaciones ex officio adelantadas por parte de esta Subsección en las plataformas digitales del RUAF y la Registraduría Nacional del Estado Civil, demuestran fehacientemente la consolidación del derecho en comento a favor del interesado y por lo tanto desvirtúa la legalidad del acto administrativo cuestionado.

Además se reitera que no obstante el señor Perea Murillo hubiere incurrido en un delito en procura de obtener el reconocimiento de la pensión, este ya fue sometido por la justicia penal con la imposición de 30 meses de privación de la libertad, de ello que, aun tratándose de asuntos de carácter laboral en esta oportunidad, se configura la imposibilidad constitucional de condenar nuevamente al demandante por el hecho punible por la concurrencia de la misma falta, lo cual sucedería al desconocérsele el derecho reclamado, pues en este caso la parte activa demostró la consolidación de los requisitos para su procedencia.

Aunado el hecho que este derecho reviste el carácter de cierto, irrenunciable e indesistible, por lo que sería arbitrario desechar el reconocimiento de la prestación a quien demuestre haberse hecho titular de ella. Pues se recuerda que se trata de ahorros obligatorios que efectúa el trabajador durante toda su vida laboral en procura de poder gozar de un descanso remunerado cuando el proceso natural de envejecimiento humano comience a afectar su capacidad para procurarse en forma autónoma. De allí que esta prestación no puede ser restringida ni obstaculizada por cuestiones ajenas a sus obligaciones y responsabilidades con el sistema pensional.

Pues bajo la égida de la protección constitucional de la que el demandante goza, lo hallado en este escenario judicial, no solo corresponde a la verdad procesal derivada del análisis probatorio, sino también a la certeza material en punto a la real situación jurídica particular del señor Tito Burning Perea Murillo, la cual se ajusta a la premisa jurídica de las normativas que le resultan aplicables, en lo atinente al reconocimiento de la pensión de jubilación, por lo que claramente, aquella debe primar sobre la negativa por parte de la administración basada en la motivación esgrimida en la decisión cuestionada.

Ahora, conforme a los lineamientos y reglas expuestas en precedencia, es diáfano que la pensión de jubilación del demandante debe computarse con la inclusión de la asignación básica, la prima de antigüedad y la bonificación por servicios prestados, únicos factores devengados de aquellos enlistados en el artículo 3.° de la Ley 33 de 1985, modificado por el artículo 1.º de la Ley 62 del mismo año.

Por consiguiente, la pensión de jubilación del señor Tito Burning Perea Murillo debe ceñirse al cómputo de los factores sobre los cuales aportó en el tiempo que le hiciere falta para adquirir el derecho, o el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, en los términos de la sentencia de unificación jurisprudencial proferida por el Consejo de Estado el 28 de agosto de 2018, y se le debía respetar el requisito de edad para pensionarse regulada en el Decreto Ley 3135 de 1968 al ser igualmente beneficiario del régimen de transición previsto en el parágrafo 2.º del artículo 1.° de la Ley 33, y no con la totalidad de los emolumentos devengados.
Finalmente, en cuanto al argumento esgrimido por la entidad demandada en su recurso de apelación, tendiente a demostrar la improcedencia de la orden del a quo a que dicho ente efectúe el descuento de aquellos emolumentos frente a los cuales la parte activa no hubiere realizado los correspondientes aportes con destino a pensión, la Sala estima que, toda vez que se modificará la condena de primera instancia en lo que refiere a los factores salariales a incluir y el periodo del IBL, pues únicamente serán computados aquellos que fueron objeto de cotización durante el tiempo que le hiciere falta para adquirir el derecho al demandante, o el cotizado durante todo el tiempo, y que se encuentran taxativamente señalados en el Decreto 1158 de 1994, así mismo se concluye que tampoco habrá lugar a que la UGPP realice la deducción de dichas sumas, pues para la liquidación de la prestación no se incluirán conceptos distintos a los que el demandante hubiere cotizado.

En consecuencia, el debate que hubiera podido suscitarse respecto a este reparo quedó superada con la línea interpretativa que ha sido desarrollada por esta Subsección en casos en los que se debate el modo de aplicación del ingreso base de liquidación de las pensiones que se reconocieron o deben otorgarse en observancia del referido régimen de transición previsto en la Ley 33 de 1985.

En conclusión: el demandante tiene derecho a que por parte de la UGPP, le sea reconocida una pensión de jubilación de conformidad con la edad señalada en el artículo 27 del Decreto Ley 3135 de 1968, y teniendo en cuenta el periodo de liquidación y los factores sobre los cuales realizó aportes según el inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esto es, en una cuantía del 75% del promedio de los factores salariales durante el tiempo que le hiciere falta para adquirir el derecho al demandante, o el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, y con la inclusión exclusiva de la asignación básica, prima de antigüedad y bonificación por servicios.

Lo anterior se deriva de las pruebas recaudadas y practicadas a lo largo de la actuación, que consolidan de manera concomitante la verdad procesal y material del caso sub lite, al punto de enervar la legalidad del acto administrativo demandado.

Segundo problema jurídico

¿A partir de qué momento se configuró la prescripción de las mesadas pensionales reconocidas a favor del demandante por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca?

Al respecto, la Subsección sostendrá la siguiente tesis: en el caso del señor Tito Burning Perea Murillo las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 8 de abril de 2010 prescribieron porque, entre la data de la reclamación en sede administrativa y la presentación de la demanda transcurrieron más de tres años, conforme se esboza a continuación.

Generalidades de la prescripción

La prescripción es definida por la jurisprudencia como la acción o efecto de «[…] adquirir un derecho real o extinguirse un derecho o acción de cualquier clase por el transcurso del tiempo en las condiciones previstas por la ley “o en otra acepción” como concluir o extinguirse una carga, obligación o deuda por el transcurso del tiempo […]». Dicho fenómeno hace alusión directa a la pretensión, esto es, al derecho, y constituye el término particular para adquirirlo o extinguirlo.

Es decir, es el fenómeno mediante el cual el ejercicio de un derecho se adquiere o se extingue con el solo transcurso del tiempo, de acuerdo con las condiciones descritas en las disposiciones que para cada situación se dicten, bien sea en materia adquisitiva o extintiva.

Sobre el particular esta Corporación señaló:

«[…] La prescripción extintiva tiene que ver con el deber de cada persona de reclamar sus derechos en un tiempo prudencial el cual está fijado en la Ley, es decir, que los derechos que se pretenden adquiridos, para ejercerlos se tiene un lapso en el que deben ser solicitados so pena de perder dicha administración. La Corte Constitucional frente a la prescripción de derechos, en sentencia C-662 de 2004, Magistrado Ponente (…), estableció los siguientes parámetros: “La prescripción, como institución de manifiesta trascendencia en el ámbito jurídico, ha tenido habitualmente dos implicaciones: de un lado ha significado un modo de adquirir el dominio por el paso del tiempo (adquisitiva), y del otro, se ha constituido en un modo de extinguir la acción (entendida como acceso a la jurisdicción), cuando con el transcurso del tiempo no se ha ejercido oportunamente la actividad procesal que permita hacer exigible un derecho ante los jueces. A este segundo tipo de prescripción es al que hace referencia, la norma acusada. Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha reconocido que: “El fin de la prescripción es tener extinguido un derecho que, por no haberse ejercitado, se puede presumir que el titular lo ha abandonado. [...] Por ello en la prescripción se tiene en cuenta la razón subjetiva del no ejercicio, o sea la negligencia real o supuesta del titular;”. De acuerdo con lo anterior se tiene que la norma establece para el ejercicio de los derechos un tiempo determinado dentro del cual se debe solicitar su ejecución, y si transcurre dicho tiempo y no se solicitó, se traduce en la pérdida de interés para ejercerlo […]» (Subrayado y negrillas de la Sala).

Bajo esta línea de intelección, es dable inferir que:

i) la prescripción se predica del ejercicio del derecho, el cual puede adquirirse o extinguirse con el paso del tiempo;

ii) es renunciable una vez ocurrida, pues así lo señala el artículo 2514 del Código Civil: «[…] La prescripción puede ser renunciada expresa o tácitamente; pero sólo después de cumplida. […]» y;

iii) puede ser objeto de suspensión frente a algunas personas dentro de ciertas circunstancias. Así, el artículo 2530 del Código Civil indica que se suspende a favor de los incapaces y en general, de quienes se encuentran bajo tutela o curaduría. En efecto, la aludida norma determina que no se contará el tiempo de prescripción en contra de quien se encuentre en imposibilidad absoluta de hacer valer su derecho, mientras dicha imposibilidad subsista.

Efectos de la prescripción frente a la pensión de jubilación

Como bien se ha precisado, el fenómeno de la prescripción es un modo de extinguir los derechos por el paso del tiempo en el que éstos no se hayan exigido. Ahora bien, tratándose de la prescripción en materia laboral, la jurisprudencia ha dado un tratamiento especial a las prestaciones sociales periódicas, al atribuirles un carácter de irrenunciables e imprescriptibles, como es el caso del derecho a la pensión.

Lo anterior, con el fin de garantizar un pleno desarrollo de los principios constitucionales respecto a la protección y asistencia especial a las personas de la tercera edad, para así, mantener unas condiciones de vida digna, bajo el precepto del derecho a la seguridad social.

No obstante, la Sala aclara que si bien este beneficio pensional no se ve afectado por el fenómeno prescriptivo, no sucede lo mismo respecto a las mesadas pensionales causadas, pues estas pueden extinguirse si no son reclamadas dentro del término previsto por el legislador.

Respecto a ello, la Corte Constitucional ha sostenido:

«[…] Particularmente, en relación con la prescripción de las acciones laborales, esta Corporación ha advertido que el derecho a la pensión es imprescriptible, sin embargo, el Congreso puede fijar la prescripción extintiva de los derechos que surgen en virtud de un derecho fundamental.

En concreto, la jurisprudencia ha expresado que los créditos o mesadas pensionales, deben ser reclamados durante un lapso determinado de tres años, so pena de perder el derecho a recibirlos:

“Cabe agregar, que dada la naturaleza periódica o de tracto sucesivo y vitalicia de las pensiones, la prescripción resulta viable, exclusivamente, respecto de los créditos o mesadas pensionales que no se hubiesen solicitado dentro de los tres años anteriores al momento en que se presente la reclamación del derecho” […]» (Subraya la Sala).

Bajo este entendido, es diáfano que estarán afectadas por la regla general de la prescripción las mesadas pensionales que no se soliciten dentro del término previsto por la ley, porque al atribuírseles un carácter de periódicas, conlleva directamente la configuración del fenómeno prescriptivo de las mesadas causadas en dicho periodo, cuando su reclamación no se efectúe en el momento oportuno.

Término de prescripción

La prescripción respecto de derechos laborales está regulada concretamente por los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, que en su tenor literal prevén:

«Artículo 41.- Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual.»
«Artículo 102.- Prescripción de acciones.
Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.»

De los artículos citados se colige que, una vez el derecho se hace exigible el interesado cuenta con un término de 3 años para reclamarlo, el cual se interrumpe por una sola vez y por un lapso igual.

Igualmente, que presentada la petición ante la administración esta interrumpe la prescripción y a partir de ese momento, el interesado cuenta con 3 años para su reclamación en sede judicial, al cabo de los cuales su inactividad implicará la extinción de su derecho, y por ende, no será posible acceder al restablecimiento del derecho.

Por su parte, el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral, también regula el término de la prescripción, así:

«Artículo 151. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, el simple reclamo escrito del trabajador recibido por el [empleador] sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción pero solo por un lapso igual».

Como se puede observar, el artículo anterior es concordante con los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, en cuanto al término que tiene el empleado o trabajador para acudir a la autoridad competente para reclamar un derecho, lo cual se hace a través de las respectivas acciones contempladas en el ordenamiento legal correspondiente.

Interrupción de la prescripción frente al reconocimiento pensional del demandante

En el caso que nos ocupa, se advierte que el señor Tito Burning Perea Murillo elevó las siguientes solicitudes ante la UGPP:

El 17 de julio de 2009 deprecó el reconocimiento pensional al considerar que tenía derecho a la pensión jubilatoria por haber cumplido 55 años de edad y 20 de servicio, según documento obrante de folios 124 a 125, C3.

Frente a la anterior solicitud, el ente de previsión demandado negó el derecho reclamado mediante Resolución PAP 050033 del 25 de abril de 2011, visible de folios 19 a 21, C1. Dicha decisión fue puesta en conocimiento del recipiendario el día 2 de mayo de la misma anualidad, conforme al acta de notificación personal, a folio 22 ibidem.

De manera posterior, el libelista radicó la presente demanda ante esta jurisdicción en ejercicio del medio de control y nulidad del restablecimiento el 8 de abril de 2013, con el fin de obtener la anulación de los actos administrativos demandados y, como consecuencia, el reconocimiento de la pensión de vejez, conforme el acta individual de reparto, a folio 109, C1.

En ese orden de ideas, se advierte que fue hasta el 17 de julio de 2009 que el demandante radicó la solicitud de reconocimiento pensional ante la UGPP, por lo que a partir de ese momento se debía entender interrumpido el término prescriptivo respecto de las mesadas causadas a la fecha y tres años hacía atrás.

Bajo ese entendido, es diáfano que entre el 21 de junio de 1999 (fecha en que se adquirió el estatus pensional) y el 17 de julio de 2009 (fecha de presentación de la reclamación en sede administrativa), transcurrió un periodo de más de 3 años, por lo que prescribieron las mesadas causadas desde el momento de la adquisición del estatus pensional y hasta el 16 de julio de 2006, esto es, tres años anteriores a la presentación de la reclamación administrativa.

Ahora bien, se resalta que la entidad demandada a la cual se reclamó el derecho, decidió negar la petición con la expedición de la Resolución PAP 050033 del 25 de abril de 2011, ello al considerar que «[…] una vez revisada la documentación obrante en el expediente, se observa que la solicitud de reconocimiento de pensión vejez se realizó con documentación adulterada y hasta tanto la justicia ordinaria no dirima el conflicto, no podrá proferirse una decisión que resuelva de fondo el conflicto […]»; la cual fue notificada el 2 de mayo de 2011.

Inconforme con ello, la parte demandante recurrió ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo el 8 de abril de 2013, esto es, por fuera del término de 3 años previstos por el legislador para la reclamación del derecho en sede judicial. Pues, al margen de que el ente hubiere notificado la decisión 1 año, 9 meses y 15 días después a la presentación de la reclamación en sede administrativa, lo cierto es que el interesado debía esperar únicamente un lapso de 3 meses para obtener la respuesta de la administración, so pena de configurarse el silencio administrativo negativo de que trata el artículo 83 del CPACA, el cual en todo caso podía haber sido demandado ante el juez competente bajo la denominación de un acto ficto o presunto.
Por consiguiente, la Subsección estima que las mesadas pensionales anteriores al 8 de abril de 2010 prescribieron efectivamente por cuanto, si bien tenía derecho al reconocimiento pensional desde el 21 de junio de 1999, lo cierto es que correspondía al libelista acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo dentro de los 3 años siguientes al agotamiento de la vía administrativa a riesgo de que se materializara el fenómeno prescriptivo, que únicamente se interrumpe por una vez y por el término de 3 años, lo cual ocurrió porque este reclamó tener derecho a la pensión en 2009 y presentó la demanda en 2013.

En conclusión: no prosperan los argumentos expuestos por la parte demandante en su recurso de apelación respecto a la contabilización de la prescripción, por cuanto permitió que venciera el término prescriptivo al haber transcurrido más de 3 años entre la solicitud presentada en sede administrativa y la radicación de la demanda ante esta jurisdicción. Por consiguiente, deberá confirmarse la prescripción de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 8 de abril de 2010, tal como lo declaró el a quo.

Decisión de segunda instancia

Según se ha expuesto, se impone modificar la sentencia de primera instancia en el sentido que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda respecto al periodo y factores salariales aplicables a la definición del derecho pensional del demandante, toda vez que prosperan parcialmente los argumentos del recurso de apelación de la entidad demandada.

En consecuencia, se mantendrá la declaratoria de nulidad de la Resolución PAP 050033 del 25 de abril de 2011, y se modificará la orden de restablecimiento del derecho a fin condenar a la UGPP a reconocer y pagar a favor del señor Tito Burning Perea Murillo una pensión de jubilación en cuantía del 75% del promedio de los salarios devengados durante el tiempo que le hiciere falta para adquirir el derecho al demandante, o el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, y con la inclusión de la asignación básica, prima de antigüedad y bonificación por servicios, a partir del 8 de abril de 2010, por la configuración del fenómeno prescriptivo explicado ut supra, y con efectos fiscales hasta la fecha de su fallecimiento ocurrida en el año 2019, conforme se expuso en el acápite de cuestión previa del presente proveído.

De la condena en costas

En lo que respecta a la condena en costas, pese a la posición adoptada por esta Subsección en providencias del 7 de abril de 2016 , en esta oportunidad resulta necesario tener presente que la reclamación que se adelantó por la parte demandante tiene como sustento la posición jurisprudencial asumida por la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del 4 de agosto de 2010, antes citada, la cual, como se vio, se varió con posterioridad y en el transcurso de este proceso, por las providencias de Sala Plena del 28 de agosto de 2018.

Razón por la cual se estima que, al haber actuado de buena fe y al amparo de la confianza legítima surgida con ocasión del planteamiento de las reglas que jurisprudencialmente se trazaron por el máximo órgano de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, no se debe imponer condena en costas a la parte demandante, pues ello sería consecuencia del cambio jurisprudencial ocurrido durante el curso del proceso proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado y en el cual se basó la parte demandante como sustento jurisprudencial de sus pretensiones en este caso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Modificar el numeral 3 de la sentencia del 13 de junio de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, el cual quedará así:

«3. En consecuencia, condenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales, UGPP, sucesora procesal de la extinta Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal EICE, a liquidar y pagar a favor del señor Tito Burning Perea Murillo, quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía 6.154.471, la pensión de jubilación en una cuantía equivalente al 75% del promedio de los factores salariales devengados por aquel durante el tiempo que le hiciere falta para adquirir el derecho al demandante, o el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, con la inclusión de la asignación básica, prima de antigüedad y bonificación por servicios prestados, a partir del retiro definitivo del servicio pero con efectos fiscales a partir del 8 de abril de 2010 y hasta el año 2019, conforme a lo expuesto ut supra. Para el efecto, la fecha de adquisición del estatus pensional será el 21 de junio de 1999, e igualmente se deberá indexar la primera mesada pensional.»

Segundo: Confirmar en todo lo demás la sentencia del 13 de junio de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió el señor Tito Burning Perea Murillo contra la UGPP.

Tercero: Sin condena en costas de segunda instancia.
Cuarto: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

«Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo», en adelante CPACA.
Folios 98 a 99, C1.
Folios 100 a 102, C1.
Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. (2015).
Folios 259 a 270, C1.
Folios 276 a 281, C1.
Folios 282 a 284, C1.
Folios 324 a 326, C1.
ARTÍCULO 159. CAUSALES DE INTERRUPCIÓN. El proceso o la actuación posterior a la sentencia se interrumpirá:
1. Por muerte, enfermedad grave o privación de la libertad de la parte que no haya estado actuando por conducto de apoderado judicial, representante o curador ad lítem.
2. Por muerte, enfermedad grave o privación de la libertad del apoderado judicial de alguna de las partes, o por inhabilidad, exclusión o suspensión en el ejercicio de la profesión de abogado. Cuando la parte tenga varios apoderados para el mismo proceso, la interrupción solo se producirá si el motivo afecta a todos los apoderados constituidos.
3. Por muerte, enfermedad grave o privación de la libertad del representante o curador ad lítem que esté actuando en el proceso y que carezca de apoderado judicial.
La interrupción se producirá a partir del hecho que la origine, pero si este sucede estando el expediente al despacho, surtirá efectos a partir de la notificación de la providencia que se pronuncie seguidamente. Durante la interrupción no correrán los términos y no podrá ejecutarse ningún acto procesal, con excepción de las medidas urgentes y de aseguramiento. (subrayado fuera del texto)

Se reitera en este punto que la sentencia de primera instancia proferida en el proceso con el número de radicación referenciado, resolvió denegar las pretensiones de la demanda bajo el argumento que el acto administrativo que data del 8 de octubre de 1997, el cual reconoció inicialmente una pensión de jubilación a favor del interesado, fue revocado con la expedición de la Resolución 35158 del 24 de julio de 2007; de ello que se configura un imposible jurídico estudiar la sujeción de legalidad de un acto demandado que no existe en el ordenamiento, y por lo tanto que no pueda declararse su consecuente nulidad. Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 3 de marzo de 2016, expediente: 05001-23-33-000-2013-00323-01 (0578-2014) y auto del 15 de febrero de 2018 expediente: 25000-23-42-000-2013-01520-01 (3199-2015). Corte Constitucional, sentencia T-534 de 2015. Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión, magistrado ponente: Dr. Humberto Sierra Porto, Sentencia T-658 de 2008, Referencia: expedientes T-1.852.626 y T-1.911.331, Acciones de tutela instauradas por Angélica Dussan Cuellar, representante de David Gerardo Fernández Fuentes, contra Porvenir, Fondo de pensiones y cesantías S. A.; y Arnulfo Torres Gaitán contra Santander, Fondo de pensiones y cesantías S. A. y Famisanar Empresa Promotora de Salud. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Según se observa de la parte motiva de la Resolución PAP 050033 del 25 de abril de 2011, a folio 20, C1.
«Artículo 29. […] Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. […]» (Subrayas fuera del texto original). Corte Constitucional. Sentencia C-870 de 2002. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 18 de abril de 2016. Demandante: Nidia Mercado Noriega. Radicación: 23001-23-33-000-2012-00085-01(2540-13). Artículo 3 de la Ley 100 de 1993. Consejo de estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, Radicación: 25000-23-25-000-2006-07509-01(0112-09), Actor: Luis Mario Velandia. En este sentido se puede consultar, entre otras, las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015, la SU-395 de 2017 y la SU-023 de 2018 de la Corte Constitucional. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018. Expediente 2012-00143-01. Demandante: Gladis del Carmen Guerrero de Montenegro. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de mayo de 2020, demandante: Leonor Guerra Vergara, radicación: 700012333000-2013-00268-01 (3551-2014). Según se evidencia del certificado de información laboral expedido por el Ministerio de Salud, visible a folio 133 del cuaderno 7. En este punto se pone de presente que, la información del documento de identidad del demandante fue corroborada por parte de esta Subsección en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la cual da cuenta que el número serial de la cédula de ciudadanía corresponde al 6.154.471, y que esta expedida el 30 de junio de 1965, lo cual coincide con el medio de convicción pertinente aportado por el interesado. Si además se tiene en cuenta la copia del certificado de registro civil de nacimiento, visible a folio 2, C1, del cual se desprende que el señor Perea Murillo nació el 21 de junio de 1944. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018. Expediente 2012-00143-01. Demandante: Gladis del Carmen Guerrero de Montenegro. Cédula de ciudadanía visible a folio 3, C1. Según se evidencia del certificado de información laboral expedido por el Ministerio de Salud, visible a folio 133 del cuaderno 7.

Según certificación de factores salariales devengados en el último año de servicio suscrita por la subdirectora de gestión del Talento Humano del Ministerio de Salud, obrante a folio 134, C7. Si bien no se aportó prueba de los factores sobre los cuales realizó aportes el demandante para seguridad social y especialmente para pensión, no se controvierte que la entidad se encontraba sometida al imperio de la Ley y que atendió la correspondencia que debe existir entre los factores descritos en el Decreto 1158 de 1994 (toda vez que laboró hasta 1995) y aquellos frente a los que se realizaron las correspondientes cotizaciones.
«Artículo 43. Las penas privativas de otros derechos. Son penas privativas de otros derechos: 1. La inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. […]»
«Articulo 44. La inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. La pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas priva al penado de la facultad de elegir y ser elegido, del ejercicio de cualquier otro derecho político, función pública, dignidades y honores que confieren las entidades oficiales.»
Corte Constitucional. Sentencia C-329 de 2003.
«Artículo 59. Motivación del proceso de individualización de la pena. Toda sentencia deberá contener una fundamentación explícita sobre los motivos de la determinación cualitativa y cuantitativa de la pena.»
«Artículo 52. Las penas accesorias. […] En todo caso, la pena de prisión conllevará la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por un tiempo igual al de la pena a que accede y hasta por una tercera parte más, sin exceder el máximo fijado en la Ley, sin perjuicio de la excepción a que alude el inciso 2 del artículo 51.»
Corte Constitucional. SU 057 de 2018. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2 de julio de 2020, demandante: Stella Inés Herrera de Añez, radicación: 25000-23-42-000-2016-03057-01 (6158-2018). Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Demandante: Javier Enrique Muñoz Fruto. Número interno: 3404-2013. Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de 18 de octubre de 1996. Radicación: 7934. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 4 de julio de 2013. Radicación: 11001-03-25-000-2012-00301-00(1131-12). Demandante: Luz Stella Trujillo Cortés. Ver Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 7 de septiembre de 2015. Radicación: 270012333000201300346 01 (0327-2014). Demandante: Sandra Patricia Mena Martínez. Ver también sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, del 26 de marzo de 2009, radicado: 08001233100020030250001 (1134-2007). Demandante: José Luis Acuña Henríquez. Sentencia C 230 del 20 de mayo de 1998. Corte Constitucional. Expediente: D-1881. Sentencia SU 298 del 21 de mayo de 2015. Corte Constitucional. Expediente: T-4615005.
«Artículo 83. Silencio negativo. Transcurridos tres (3) meses contados a partir de la presentación de una petición sin que se haya notificado decisión que la resuelva, se entenderá que esta es negativa. […]»
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 8 de marzo de 2007, demandante: Bernardo Niño Infante, radicación: 25000-23-26-000-1995-01143-01(14850). Al respecto: «[…] Por regla general, en el derecho colombiano, el acto ficto o presunto se debe entender como respuesta negativa de lo solicitado, el cual opera tanto en relación con la petición inicial, cuestión que da lugar a la configuración del denominado silencio administrativo sustancial o inicial, como en relación con los recursos que se interponen en debida forma en vía gubernativa contra actos administrativos previos -ora expresos, ora fictos o presuntos-, caso éste en el cual se denomina silencio administrativo procesal o adjetivo […]»

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