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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2013-00396-01

Fecha
4 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2013-00396-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR, la sentencia del 6 de diciembre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. 28 En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: “1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código”. 29 “CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO “3.1.3. Segunda instancia. “Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia”. 30 El cual corresponde a la suma de $707’969.549. Folio 154 del cuaderno 1. 31 A cuyo tenor: “Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas (…)”. 11 Radicación: 76001-23-33-000-2013-00396-01 (64.512) Actor: Yorman Andrés Catillo Prado y otros Demandado: INVIAS y otros Referencia: Medio de control de reparación directa SEGUNDO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte actora, para lo cual se fija por concepto de agencias en derecho, la suma de tres millones quinientos treinta y nueve mil ochocientos cuarenta y siete mil pesos ($ 3’539.847), que corresponden al 0.5% del valor de las pretensiones negadas en la sentencia. TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 76001-23-33-000-2013-00396-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

4 de septiembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 76001-23-33-000-2013-00396-01 (64.512)
Actor: Yorman Andrés Catillo Prado y otros
Demandado: INVIAS y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

Temas: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR SEÑALIZACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
– Falta de legitimación en la causa por pasiva – deber de señalización a cargo de quien
ejecutaba la obra pública - Se configuró en el presente caso.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora
en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, a través de la cual negó las pretensiones de la demanda.

Se demanda la reparación de un daño causado como consecuencia de la indebida
señalización de una obra pública que produjo un accidente de tránsito en el que
resultó lesionado el demandante principal.

I. SENTENCIA APELADA

1. Corresponde a la sentencia ya identificada, mediante la cual el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca decidió la demanda de reparación directa
presentada el 18 de abril de 20131 por los señores Yorman Andrés Castillo Prado
(lesionado), Luis Armando Castillo Moreno (padre), Luz Stella Prado Cardona
(madre), Diego Armando Castillo Prado (hermano), Alberto Pernía Arrechea (tío),
Hermila Arrechea Moreno y Alba Rosa Cardona de López (abuelas), en contra del
Instituto Nacional de Vías -en adelante INVIAS-, el departamento del Valle del
Cauca y el municipio de Pradera, con el fin de que se les declarara solidaria y
patrimonialmente responsables por las lesiones que sufrió el primero de los
nombrados el 9 de junio de 2011, en un accidente de tránsito.

2. Como fundamento fáctico de las pretensiones, indicaron que en la fecha
indicada, en momentos en que el señor Yorman Andrés se desplazaba en horas de
la noche en su motocicleta por la vía que del municipio de Pradera conduce a
Candelaria, Valle, colisionó con un montículo de escombros producto de unas obras

1 Folio 152 del cuaderno 1.

Radicación: 76001-23-33-000-2013-00396-01 (64.512)
Actor: Yorman Andrés Catillo Prado y otros
Demandado: INVIAS y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

que se realizaban en esa vía, los cuales carecían de señalización y se encontraban
en la mitad del carril por donde él transitaba.

3. Como consecuencia de ello, fue trasladado de forma inmediata al Hospital San
Roque del municipio de Pradera, donde le prestaron los primeros auxilios y ante la
gravedad de sus lesiones, fue remitido al Hospital Universitario del Valle, donde le
diagnosticaron trauma craneoencefálico severo, trauma cerrado de tórax y
abdomen, por lo que fue sometido a varios procedimientos quirúrgicos y quedó con
varias secuelas importantes en su lenguaje y audición, por lo cual debía recibir
terapias de manera vitalicia; además sufrió la pérdida de su capacidad laboral en
un 66.55%.

4. Manifestaron que las entidades accionadas estaban llamadas a reparar los
perjuicios causados a título de falla en el servicio, por cuanto i) no atendieron los
deberes normativos de señalización que advirtieran a los conductores de los
peligros y riesgos que comportaba dejar ese tipo de material en la vía pública; y, ii)
omitieron su deber de vigilancia de la carretera en la que ocurrió el pluricitado
siniestro2.

La defensa

5. El municipio de Pradera se opuso a las pretensiones de la demanda, para cuyo
efecto se limitó a proponer la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva, tras afirmar que, según el certificado expedido por el secretario de
infraestructura del departamento del Valle, la vía Pradera – Candelaria se
encontraba a cargo de dicho ente departamental3.

6. El departamento del Valle del Cauca señaló que las pretensiones no tenían
vocación de prosperidad, debido a que en el sub lite no se demostró el nexo causal
existente entre el daño alegado -las lesiones sufridas por Yorman Castillo- y la
conducta omisiva en la que supuestamente incurrió esa entidad -indebida
señalización de los escombros-. Finalmente, alegó su falta de legitimación en la
causa, en atención a que la vía en la cual ocurrió el siniestro estaba a cargo del
INVIAS y no de ese ente territorial4.

7. El INVIAS soportó su defensa en las excepciones de: i) falta de legitimación en
la causa por pasiva, al señalar que la vía objeto de cuestionamiento no era de su
competencia, por cuanto no hacía parte de la red de carreteras primarias a cargo
de la Nación y, ii) culpa exclusiva de la víctima, tras considerar que la causa eficiente
y determinante del daño fue la conducta imprudente del señor Yorman Andrés
quien, de haberse desplazado a la velocidad reglamentaria, hubiera tenido la
capacidad de maniobrar y evitar cualquier obstáculo, máxime si esa carretera era
una recta y se encontraba en buen estado5.

2 Folios 145 a 155 del cuaderno 1.
3 Folios 174 a 176 del cuaderno 1.
4 Folios 189 y 194 del cuaderno 1.
5 Folios 206 a 216 del cuaderno 1.

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Radicación: 76001-23-33-000-2013-00396-01 (64.512)
Actor: Yorman Andrés Catillo Prado y otros
Demandado: INVIAS y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

8. Luego de surtirse el debate probatorio6, en la oportunidad para alegar, la parte
actora insistió la configuración de una falla en el servicio de las demandadas por la
indebida señalización de la vía donde ocurrió el siniestro7. Por su parte, el INVIAS
reiteró, en idénticos términos, los argumentos esbozados en la contestación de la
demanda8.

9. El departamento del Valle del Cauca, el municipio de Pradera y el Ministerio
Público guardaron silencio9.

La decisión

10. Mediante sentencia proferida el 6 de diciembre de 2018, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda, tras
encontrar configurada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
de las entidades demandadas, así como el hecho exclusivo de la propia víctima.

11. Manifestó que si bien se acreditó que el accidente se produjo por la indebida
señalización de los escombros que se encontraban en la vía que de Pradera
conduce a Candelaria -la cual se encuentra a cargo del departamento del Valle del
Cauca-, lo concreto era que, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 4 del
Manual de señalización Vial, la entidad responsable de advertir sobre los peligros
que existían en la vía producto de la obra que se estaba realizando era
ACUAVALLE SA ESP, la cual se encontraba desarrollando la construcción del
acueducto de Pradera – La Tupia Grupo 1, en ejecución del contrato No. 395-06.

12. De otro lado, concluyó que a pesar de que la iluminación de esa vía estaba a
cargo del departamento del Valle del Cauca, la ausencia de dicho elemento no
resultó determinante en la ocurrencia del siniestro, en tanto que el croquis del
accidente develó que la señal de “vía cerrada” que se encontraba a 250 metros de
distancia de los escombros fue esquivada por Yorman Andrés y, de no haber
contado con la visibilidad suficiente, hubiese impactado directamente con aquella.
Dicha circunstancia, a su juicio, reveló una conducta imprudente por parte de la
víctima quién, a pesar de advertir la existencia de la señal, omitió cambiar el tránsito
de la vía que hubiese podido evitar la colisión, hecho imputable exclusivamente a
su propio actuar10.
6 En la audiencia inicial llevada a cabo el 2 de abril de 2014 (folios 235 a 243 ibidem), el Tribunal decretó las

siguientes pruebas: Documentales: i) registros civiles de nacimiento de los actores; ii) informe policial de
accidente No. 0215103; iii) historia clínica del hospital San Roque; iv) constancia de incapacidad; v) historia
clínica y epicrisis del hospital Universitario del Valle y de la Corporación Comfenalco del Valle Universidad Libre;
vii) evaluación de fonoaudiología; viii) evolución terapéutica realizada por la IPS TIAN; IX) dictamen proferido
por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca; x) 3 fotografías; xi) manual de señalización
vial; xii) conciliación extrajudicial; xiii) constancia expedida por el secretario de infraestructura del Valle. Folios
1 a 144 y 173 del cuaderno del cuaderno 1.
Testimoniales: i) Eunice Triviño Hoyos, Luz Edith Mueces Ortega, Óscar Morales Medina y Carlos Alfonso
Álvarez Gutiérrez. CD obrante a folio 154A.
Finalmente, ofició: i) a la dirección territorial del INVIAS, con el fin de que certificara a cargo de quién se
encuentra el mantenimiento, conservación y señalización de la vía Pradera – Candelaria y, ii) Acuavalle SA
ESP, para que informe si el día de los hechos, se estaba realizando alguna obra. Folios 245, 269, 270, 275,
276, 278 y 279del cuaderno 1.
7 Folios 259 a 264 del cuaderno 1.
8 Folios 252 a 258 del cuaderno 1.
9 Folio 265 del cuaderno 1.
10 Folios 321 a 339 del cuaderno del Consejo de Estado.

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Radicación: 76001-23-33-000-2013-00396-01 (64.512)
Actor: Yorman Andrés Catillo Prado y otros
Demandado: INVIAS y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

II. EL RECURSO INTERPUESTO

13. En su apelación, la parte demandante cuestionó la valoración probatoria
realizada por el a quo; para ese efecto puso de presente la complejidad de
establecer en cabeza de qué entidad estaba a cargo la obra, en tanto que en el
lugar del siniestro no existía ningún tipo de señalización que advirtiera sobre la clase
de trabajo que se estaba realizando y el responsable de éste, tan es así que las
demandadas, en la audiencia de conciliación prejudicial, no lograron aportar
documento alguno que acreditara la situación advertida.

14. Agregó que, a pesar de que las pruebas que militan en el proceso demuestran
que se trataba de una vía perteneciente a la red secundaria, era de resorte del
departamento del Valle del Cauca, entidad que no realizó una investigación con el
objetivo de establecer la obra que se estaba adelantando, o si se había firmado
algún permiso o si se había suscrito un contrato para la ejecución de la misma.

15. Así, consideró que el aludido ente territorial también está llamado a responder
patrimonialmente junto con la empresa que contrató la obra -quien no fue llamada
en garantía como tampoco fue vinculada a este proceso como litisconsorte
necesario-, dado que omitió su deber de vigilar la vía en la que ocurrió el mentado
el suceso.

16. Por otro lado, frente a la conducta imprudente de Yorman Andrés, manifestó
que no se podía desconocer que en el croquis del accidente se consignó que las
señales que habían en la carretera eran insuficientes para alertar a los conductores
sobre el obstáculo con el que se estrelló.

17. Finalmente, cuestionó el hecho de que el a quo no le hubiese atribuido
responsabilidad alguna al departamento del Valle del Cauca por la falta de
iluminación del trayecto en el que acaeció el siniestro, a pesar de que dicha omisión
se encontraba debidamente respaldada en el informe del accidente11.

18. En el término para alegar de conclusión en la segunda instancia12, el municipio
de Pradera insistió en su falta de legitimación 13 . El departamento del Valle del
Cauca agregó que no estaba llamada a responder por los daños cuyo resarcimiento
se persigue, en tanto que la causa eficiente y determinante del daño no se produjo
por falta de conservación y/o mantenimiento de la vía en la que ocurrió el accidente,
sino que la misma sobrevino por la ejecución de un contrato de obra en la carretera
a cargo de la empresa ACUAVALLE S.A. E.S.P.14.

19. La parte actora y el Ministerio Público guardaron silencio15.

11 Folios 347 a 357 del cuaderno del Consejo de Estado.
12 Folio 365 del cuaderno del Consejo de Estado.
13 Folios 368 a 369 del cuaderno del Consejo de Estado.
14 Folios 379 a 380 del cuaderno del Consejo de Estado.
15 Folio 398 del cuaderno del Consejo de Estado.

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Radicación: 76001-23-33-000-2013-00396-01 (64.512)
Actor: Yorman Andrés Catillo Prado y otros
Demandado: INVIAS y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

III. CONSIDERACIONES

20. Surtido el trámite procesal sin que se observe causal de nulidad o vicio que
impida dictar sentencia, procede la Sala a resolver el recurso interpuesto.

Problema jurídico

21. En los términos del recurso de apelación, el aspecto central que será materia
de análisis y determinación se circunscribe a verificar si el departamento del Valle
del Cauca está o no legitimado para responder patrimonialmente por el daño
alegado. Establecido lo anterior, se procederá a analizar si la conducta de la víctima
determinó el siniestro causante del daño alegado.

22. Es del caso precisar que la sentencia de primera instancia resultó incongruente,
al analizar de manera extra petita si el referido accidente de tránsito tuvo su causa
en la supuesta deficiente iluminación de la vía, por tal motivo, la Sala no efectuará
estudio alguno sobre los argumentos esbozados por la recurrente frente a este
aspecto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 305 del Código de Procedimiento
Civil y 16, aplicable a este asunto por la remisión prevista en el artículo 306 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 17.

23. Finalmente, se advierte que la Sala no efectuará pronunciamiento alguno sobre
la declaratoria de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto del INVIAS
y el municipio de Pradera, Valle, habida cuenta de que dicho aspecto no fue
cuestionado por la parte actora en el recurso de alzada.

Caso concreto

24. La Sala parte por señalar que confirmará la decisión de primera instancia, dado
que el departamento del Valle no era la entidad responsable de instalar la
señalización debida en la zona donde ocurrió el siniestro, puesto que ese era un
deber a cargo ACUAVALLE S.A. E.S.P., entidad que se encontraba realizando la
construcción del acueducto Pradera - La Tupia, tal como pasa a analizarse.

25. La legitimación material supone la conexión fáctica o jurídica entre las partes y
los hechos constitutivos de la controversia; por consiguiente, ésta solamente se
predica respecto de las personas que participaron realmente en los hechos que han
16 “Art.305.- Modificado. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las
pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este Código contempla, y con las
excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda,
ni por causa diferente a la invocada en ésta. Si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le
reconocerá solamente lo último. En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo
del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre
que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión,
y cuando éste no proceda, antes de que entre el expediente al despacho para sentencia, o que la ley permita
considerarlo de oficio”.
17“ARTÍCULO 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el

Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.

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Radicación: 76001-23-33-000-2013-00396-01 (64.512)
Actor: Yorman Andrés Catillo Prado y otros
Demandado: INVIAS y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

dado lugar a la instauración de la demanda. Así, tratándose del extremo pasivo, la
legitimación en la causa de hecho se vislumbra a partir de la imputación que la
demandante hace al extremo demandado y la material puede verificarse como
consecuencia del estudio probatorio dirigido a establecer si su conducta -activa u
omisiva- generó el daño cuyo resarcimiento se persigue -régimen subjetivo de
responsabilidad-, o si procede una imputación jurídica en aplicación de los títulos
objetivos de responsabilidad patrimonial.

26. De acuerdo con lo probado en el proceso, se acreditó con el informe de tránsito
suscrito por un agente de policía que, el 9 de junio de 2011, a las 19:10 p.m., el señor
Yorman Andrés Castillo Prado, en momentos en que se transportaba en una
motocicleta, sufrió un accidente al colisionar con un montículo de escombros que se
encontraban en la vía que de Pradera conduce a Candelaria, sector “avícola Santa
Ana”. Sobre las características de esa carretera, se indicó que se trataba de una vía
recta, plana, de doble sentido, con una calzada, dos carriles en asfalto; además, se
encontraba en buen estado y seca, contaba con la señal de tipo SRO-01 y, a pesar
de no tener iluminación artificial, la visibilidad de la vía no se encontraba disminuida.

27. En el referido informe no se plasmó la hipótesis del accidente y en las
observaciones se indicó que “la persona lesionada la remitió bomberos voluntarios
de Pradera al centro hospitalario y remitida al hospital universitario de Cali, la
colisión fue con escombros en la vía”18.

28. El croquis que representa el siniestro revela que 250 metros antes de la obra,
se había instalado una señal de “vía cerrada”; además, que material con el que
colisionó el señor Castillo Prado estaba encerrado por una cita reflectiva y
delineadores tubulares. Así se ilustró el accidente, con las correspondientes
convenciones19:

18 Folios 18 a 20 del cuaderno 1.
19 Ibidem.

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Radicación: 76001-23-33-000-2013-00396-01 (64.512)
Actor: Yorman Andrés Catillo Prado y otros
Demandado: INVIAS y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

29. Se probó que, como consecuencia de lo anterior, el referido demandante
padeció “trauma craneoencefálico severo, trauma cerrado de tórax y abdomen” que
le implicó un grado de invalidez del 66.55%20.

30. En relación con la construcción y mantenimiento de la referida vía donde
acaeció el siniestro, el secretario de Infraestructura del departamento del Valle del
Cauca, mediante oficio del 22 de febrero de 2013 informó al Secretario de
Planeación del municipio de Pradera que dicho trayecto hacía parte de la red
secundaria y estaba a cargo de ese ente departamental21. La anterior información
fue reiterada por el director territorial de INVIAS, en oficios Nos. DT-VAL-20744 del
23 de abril de 2014 y DT-VAL-23329 del 7 de mayo siguiente22.

31. Sobre el tipo de obra que se estaba ejecutando en el lugar de los hechos, se
allegó el oficio AC-GER-7040 del 12 de septiembre de 2014, mediante el cual el
gerente de ACUAVALLE S.A. E.S.P. informó que, para el 9 de junio de 2011, se
hallaba realizando la construcción del acueducto Pradera – La Tupia Grupo 1.

32. En relación con la ejecución de la referida obra pública, en el proceso reposan
las declaraciones de los testigos Luz Edith Mueces Ortega, Oscar Morales Medina
y Carlos Alfonso Álvarez Gutiérrez, quienes eran habitantes del sector y coincidieron
al manifestar que para el día en que ocurrió el accidente, en el tramo en el que
ocurrió el siniestro se estaba adelantando una obra, por lo que había una
excavación y que, por esa razón, existía un montículo de tierra y escombros que no
contaba con una señalización clara. A pesar de que desconocían cuál era la entidad
encargada de desarrollar la obra, el señor Álvarez Gutiérrez puso de presente que
aquella se estaba efectuando para cambiar la tubería del acueducto, pues “se
encontraba en la orilla de la pavimentada”23.

33. Frente a la realización de trabajos o intervención en las vías, el artículo 679 del
Código Civil establece que nadie podrá construir en los bienes públicos -cuyo
dominio pertenece al Estado- si no cuenta con un permiso especial emitido por la
autoridad competente. Asimismo, la Ley 142 de 1994, por medio de la cual se
estableció el régimen de los servicios públicos domiciliarios, en el inciso segundo
del artículo 57 dispone que cuando sea necesario, entre otras cosas, ocupar
temporalmente la vía para la conducción de acueducto o alcantarillado, la empresa
interesada deberá solicitar el permiso respectivo a la entidad pública
correspondiente24.

20 Folios 120 a 123 del cuaderno 1.
21 Folio 173 del cuaderno 1.
22 Folios 245 y 251 del cuaderno 1.
23 CD obrante a folio 154A.
24 “ARTÍCULO 57. Facultad de imponer servidumbres, hacer ocupaciones temporales y remover obstáculos.

Cuando sea necesario para prestar los servicios públicos, las empresas podrán pasar por predios ajenos, por
una vía aérea, subterránea o superficial, las líneas, cables o tuberías necesarias; ocupar temporalmente las
zonas que requieran en esos predios; remover los cultivos y los obstáculos de toda clase que se encuentren en
ellos; transitar, adelantar las obras y ejercer vigilancia en ellos; y, en general, realizar en ellos todas las
actividades necesarias para prestar el servicio. El propietario del predio afectado tendrá derecho a
indemnización de acuerdo a los términos establecidos en la Ley 56 de 1981, de las incomodidades y perjuicios
que ello le ocasione.
“Las líneas de transmisión y distribución de energía eléctrica y gas combustible, conducciones de acueducto,
alcantarillado y redes telefónicas, podrán atravesar los ríos, caudales, líneas férreas, puentes, calles, caminos

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Radicación: 76001-23-33-000-2013-00396-01 (64.512)
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Demandado: INVIAS y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

34. A su vez, el Decreto 1469 de 2010 -a través del cual se reglamentó las
disposiciones relativas a las licencias urbanísticas-, en su artículo 13, numerales 1°
y 2° inciso primero, literal a -vigente para la época de los hechos-, consagraban que
para la construcción, rehabilitación, reparación, modificación y/o ampliación de
instalaciones y redes para la provisión de servicios públicos domiciliarios, la
empresa interesada deberá requerir una licencia de intervención del espacio público
ante la autoridad responsable de la vía.

35. Sobre esa base normativa, si bien al proceso no se allegó el respectivo permiso
o la autorización otorgada a ACUAVALLE S.A. E.S.P., el cual, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 3° del citado Decreto, no le corresponde expedir al
departamento del Valle del Cauca -aunque tenga su cargo la vía en la que ocurrió
el suceso-, sino al municipio o distrito en el que se realizó, lo concreto es que, de
conformidad con las normas expuestas en precedencia, dicha empresa debía contar
con la autorización respectiva pues, de no ser así, no hubiese podido efectuar la
construcción del acueducto Pradera – La Tupia Grupo 1, en tanto que el mismo es
indispensable para que las empresas de servicios públicos puedan intervenir el
espacio público con el propósito de realizar los trabajos correspondientes en sus
redes.

36. Aclarado lo anterior, se infiere que ACUAVALLE S.A. E.S.P., en desarrollo de
su objeto social, por su cuenta y riesgo, estaba ejecutando una obra y, en tal virtud,
era la entidad responsable de señalizar la obra que estaba ejecutando de
conformidad con lo reglado en el artículo 101 de la Ley 769 de 2002 25 -vigente al
momento del siniestro-, artículo 101, el cual establece que cuando se deba
adelantar trabajos que alteren la circulación en las vías públicas, el interesado en la
labor no solo debe obtener la autorización correspondiente por parte de la autoridad
competente sino que también está obligado a señalizar el lugar de la obra a través
de dispositivos preventivos, reglamentarios e informativos.

37. En el artículo 102 de la mentada ley, se estipuló que todo el material de trabajo
y escombros en la vía sería manejado por el responsable de la labor, “debidamente

y cruzar acueductos, oleoductos, y otras líneas o conducciones. La empresa interesada, solicitará el permiso
a la entidad pública correspondiente; si no hubiere ley expresa que indique quien debe otorgarlo, lo hará
el municipio en el que se encuentra el obstáculo que se pretende atravesar”.
25 “ARTÍCULO 101. NORMAS PARA REALIZAR TRABAJOS EN VÍA PÚBLICA. Siempre que deban

efectuarse trabajos que alteren la circulación en las vías públicas, el interesado en tal labor obtendrá en
forma previa la autorización correspondiente de la autoridad competente y señalizará el sitio de labor
mediante la colocación de señales preventivas, reglamentarias e informativas que han de iluminarse en
horas nocturnas (…)
Toda persona de derecho público o privado interesada en realizar alguna intervención en la vía pública pondrá
en conocimiento de la autoridad de tránsito local la licencia que se le conceda para tal propósito, el lugar de la
intervención y su duración estimada con una antelación no inferior a ocho (8) días, para que ésta le autorice y
tome las medidas oportunas para mitigar el impacto que en la circulación pueda producir la intervención,
pudiendo, si así lo amerita la índole de la labor, restringir o suspender el tránsito por la vía, disponiendo su
traslado a trayectos alternos, y señalizándola de acuerdo con las restricciones que determine la autoridad
competente.
Una vez terminada la intervención, es responsabilidad de la persona de derecho público o privado, el retiro de
todos los dispositivos de control de tránsito utilizados, so pena de ser multado por la autoridad de tránsito
competente. En los eventos previstos en los incisos anteriores el interesado deberá presentar junto con su
solicitud un plan de señalización y desvíos, que debe ser aprobado por la autoridad competente.
PARÁGRAFO. El Ministerio de Transporte determinará, los elementos y los dispositivos de señalización
necesarios en las obras de construcción”.

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aislado, tomando las medidas para impedir que se disemine por cualquier forma, o
que limite la circulación de vehículos o peatones (…) y será debidamente
señalizado”, pues de no proceder de conformidad, sería sancionado por la
Secretaría de Tránsito.

38. Por su parte, la Resolución 1050 de 2004 -vigente para la época de los hechos-
, a través de la cual el Ministerio de Transporte adoptó el manual sobre Dispositivos
para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas, en su capítulo IV
alusivo a la señalización de calles y carreteras afectadas por obras, estableció que,
cuando se ejecuten trabajos de construcción, rehabilitación, mantenimiento o
actividades relacionadas con servicios públicos en una determinada vía que afecten
la circulación de vehículos y personas, dichas situaciones debían ser atendidas con
el objetivo de reducir el riesgo de accidentes y hacer más ágil y expedito el tránsito
de los usuarios, procurando los riesgos en la vía. Así, se estipuló que competía “a la
entidad contratante [entendiéndose como la que está ejecutando la obra] establecer
la responsabilidad de la instalación de señales en las obras que se realicen en la vía
o en zonas adyacentes a ella”, por manera que debía ubicar todos los dispositivos
necesarios para la regulación del tránsito con anterioridad al inicio de la obra, los
cuales debían permanecer durante la ejecución de la misma y ser retirarlos una vez
cesaran las condiciones que dieron origen a su instalación.

39. A su turno, la Sección Tercera de esta Corporación ha precisado que, por regla
general, el título de imputación es el de falla del servicio cuando se ha omitido el
deber legal de conservación y el mantenimiento de la vía, que incorpora la
obligación de señalización de la misma26.

40. Bajo ese designio probatorio y normativo, se impone concluir que si bien el
departamento del Valle del Cauca tenía a su cargo la vía en la que ocurrió el
siniestro, lo cierto es que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 101 y
102 de la Ley 769 de 2002 y en el capítulo IV de la Resolución 1050 de 2004, la
responsable de instalar la señalización necesaria para advertir el peligro y evitar la
ocurrencia de accidentes era ACUAVALLE S.A. E.S.P., pues, según el oficio No.
AC-GER-7040, “para el 9 de junio de 2011, dicha sociedad se encontraba
realizando la construcción del acueducto Pradera – La Tupia Grupo 1 (K0+000 A
K5+ 550) cuyas abscisas terminaban en el sector Avícola Santa Ana”.

41. Por consiguiente, como la intervención de la vía por parte de ACUAVALLE S.A.
ESP hacía parte de la ejecución propia de su objeto social, en tanto el mismo
comprende el diseño, planeación, construcción, prestación y administración de los
servicios públicos de acueducto y alcantarillado, entre otros 27 , aquella estaba
llamada a cumplir con el contenido obligacional referente a la correcta, oportuna y
adecuada instalación de las señales de advertencia pertinentes en el lugar en
donde se adelantaba la obra y se presentó el accidente, por manera que era la
llamada a responder patrimonialmente por el daño alegado por los actores; sin
26 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 11 de julio de 2013, exp. 25830, M.P.:

Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación, sentencia del 22
de febrero de 2017, exp. 38832, M.P: Marta Nubia Velásquez Rico.
27 Así se expresó en el certificado de existencia y representación de la mentada sociedad.

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Radicación: 76001-23-33-000-2013-00396-01 (64.512)
Actor: Yorman Andrés Catillo Prado y otros
Demandado: INVIAS y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

embargo, en tanto esa entidad no fue demandada en este proceso, se torna en
improcedente cualquier tipo de análisis de responsabilidad en su contra.

42. De otra parte, en relación con el departamento del Valle del Cauca, la parte
actora alegó en su contra un incumplimiento del deber de vigilancia de la vía; sin
embargo, conforme quedó establecido anteriormente, el único llamado a responder
por la señalización de la vía era la persona encargada de adelantar los trabajos
públicos; además, en el proceso no milita elemento de juicio que permita evidenciar
que esa entidad territorial suscribió algún contrato o convenio con ACUAVALLE
S.A. ESP para adelantar la construcción del pluricitado acueducto, a partir de lo
cual pudiera predicarse una responsabilidad solidaria por ser la beneficiaria de la
obra.

43. En todo caso, reitera y resalta la Sala que correspondía realizar una adecuada
señalización de la obra, relevando así a la entidad territorial de efectuar algún tipo
de supervisión, puesto que -como se indicó- la Ley 142 de 1994 y el Decreto 1469
de 2010, en armonía con la Ley 769 de 2002 y la Resolución 1050 de 2004, radican
en cabeza de la empresa de servicios públicos domiciliarios ese contenido
obligacional.

44. Al lado de lo anterior, debe resaltarse que el accidente que causó el siniestro
objeto de la litis, no se causó por una supuesta falta de vigilancia por parte del Valle
del Cauca respecto de la vía, sino que el mismo se produjo como consecuencia de
un choque contra un montículo de tierra y escombros.

45. De conformidad con lo expuesto y contrario a lo afirmado por la parte recurrente,
para la Sala es claro que el daño le es imputable a ACUAVALLE S.A. E.S.P. y,
comoquiera que no fue demandada en este proceso, no resulta procedente analizar
su responsabilidad patrimonial.

46. Finalmente, la Sala no entrará a analizar el cuestionamiento efectuado por la
parte actora relativo a la conducta imprudente del demandante, habida cuenta de
que al no haberse acreditado la legitimación de la demandada, resulta improcedente
establecer si en el sub judice se configuró o no la causal eximente de responsabilidad
advertida.

47. En virtud de lo expuesto, al no haberse acreditado la relación sustancial entre
el ente departamental y la indebida señalización de la obra que ocasionó el
accidente objeto de análisis, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia
que negó las pretensiones de la demanda, tras evidenciarse la falta de legitimación
en la causa de la entidad accionada.

Costas

48. De conformidad con lo establecido en el artículo 188 del CPACA, la liquidación
y ejecución de la condena en costas se sujetará a las reglas del Código de
Procedimiento Civil. En este orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto en el

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Radicación: 76001-23-33-000-2013-00396-01 (64.512)
Actor: Yorman Andrés Catillo Prado y otros
Demandado: INVIAS y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

numeral 1 del artículo 365 del CGP28, la Sala condenará en costas en esta instancia
a la parte demandante, toda vez que en esta providencia se resuelve
desfavorablemente el recurso de apelación por ella interpuesto.

49. Adicionalmente, considerando que el artículo 361 ejusdem prevé que las costas
están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados causados
durante el trámite de la controversia, así como por las agencias en derecho, las
cuales, se fijan con observancia de las tarifas establecidas por el Consejo Superior
de la Judicatura en el Acuerdo No. 1887 de 200329, en esta instancia, se fijan las
agencias en un monto de tres millones quinientos treinta y nueve mil ochocientos
cuarenta y siete mil pesos ($ 3’539.847) a cargo de la parte demandante y a favor
del departamento del Valle del Cauca, que corresponden al 0.5% del valor de las
pretensiones negadas en la sentencia30.

50. Cabe agregar que, en este caso, el porcentaje de 0,5% obedece a la alta
cuantía de las pretensiones económicas de la demanda que fueron negadas, que
ascendieron a la suma de $707’969.549 y, en aplicación del parágrafo 3° del
artículo 3 del Acuerdo 1887 de 2003, que señala que “las tarifas por porcentaje se
aplicarán inversamente al valor de las pretensiones”; amén de que aplicar otro
porcentaje mayor resultaría demasiado oneroso para los demandantes.

51. Ante esta definición, se impone la liquidación de las costas de manera
concentrada por parte del Tribunal de origen, en los términos del artículo 366 del
Código General del Proceso31.

PARTE RESOLUTIVA

52. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR, la sentencia del 6 de diciembre de 2018, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

28 En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas

se sujetará a las siguientes reglas:
“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos
especiales previstos en este código”.
29 “CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

“3.1.3. Segunda instancia.
“Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la
sentencia”.
30 El cual corresponde a la suma de $707’969.549. Folio 154 del cuaderno 1.
31 A cuyo tenor: “Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que

haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que
le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las
siguientes reglas (…)”.

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Radicación: 76001-23-33-000-2013-00396-01 (64.512)
Actor: Yorman Andrés Catillo Prado y otros
Demandado: INVIAS y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

SEGUNDO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte actora, para lo
cual se fija por concepto de agencias en derecho, la suma de tres millones
quinientos treinta y nueve mil ochocientos cuarenta y siete mil pesos ($ 3’539.847),
que corresponden al 0.5% del valor de las pretensiones negadas en la sentencia.

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Aclaración de voto

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

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