Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2013-00450-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2013-00450-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 76001-23-33-000-2013-00450-01
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas
19 de julio de 2023
Radicado: 76001-23-31-000-2013-00450-01 (59386).
Demandante: Coimpa y Cía. Ltda. (En liquidación).
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitrés (2023)
Radicado número: 76001-23-31-000-2013-00450-01(59386).
Demandante: Coimpa y Cía. Ltda. (En liquidación).
Demandada: La Nación Fiscalía General de la Nación.
-
Referencia: Medio de control de reparación directa.
Tema 1. Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.
Subtema 1.1. Juicio de imputación nexo causal no acreditado.
-
Subtema 1.2. Precedente y antecedente judicial.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección resuelve los recursos de apelación interpuestos por la Nación -
Fiscalía General de la Nación y la parte demandante en contra de la sentencia
proferida el 28 de febrero de 2017 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. SÍNTESIS
En mayo de 1998, los Estados Unidos de Norteamérica solicitaron al Estado colombiano
su asistencia judicial para bloquear unas cuentas bancarias de la empresa Coimpa y
Cía. Ltda., en cumplimiento de una medida cautelar decretada por un órgano judicial
del país requirente que, justamente, adelantaba una investigación por la posible
comisión del delito de lavado de activos. La Fiscalía General de la Nación de
Colombia hizo efectiva la petición de asistencia judicial y, así se lo hizo saber a su
homóloga estadounidense. Así mismo, la Fiscalía colombiana inició, por su propia
cuenta un proceso de extinción de dominio, el cual culminó con el archivo de las
diligencias y la declaración de nulidad de todo lo actuado, en razón a que los bienes
ya habían sido cautelados por el país extranjero. En septiembre de 2010, con base en
un comunicado que envió un funcionario de la embajada de los Estados Unidos, la
Fiscalía de Colombia levantó el bloqueo y por orden del país foráneo, realizó la
entrega de los títulos judiciales a la comentada empresa, quien, luego, presentó
demanda contra el Estado colombiano, por considerar que la devolución del dinero
consignado en las cuentas bancarias, desconoció los rendimientos económicos que
se hubieren producido por el tiempo en que se prolongó la medida cautelar.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda'
La empresa Coimpa y Cía. Ltda. (en adelante, Coimpa) presentó demanda, en
ejercicio del medio de control de reparación directa, con la pretensión de que esta
Jurisdicción declare que la Nación Fiscalía General de la Nación es responsable
-
del daño antijurídico que le produjo como consecuencia del defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, que pudo suscitarse con ocasión
del trámite de asistencia judicial que prestó la Fiscalía del Estado colombiano, a la
1
Demanda. Folios 35 a 42, cuaderno 1.
1
e
Expediente: 76001-23-31-000-2013-00450-01 (59386)
Demandantes: Coimpa y Cía. Ltda. (En liquidación)
investigación adelantada en contra de la demandante por el Tribunal del Distrito de
Columbia de los Estados Unidos, en el expediente 98-0434, respecto de la supuesta
comisión del delito de lavado de activos.
En consecuencia, la empresa accionante deprecó que se condenara a la
demandada a cancelar: i) por concepto de perjuicios morales, la suma equivalente
a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) a favor de "todos los
socios de la empresa y representantes legales ( ... ) como consecuencia del
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, dada la declaratoria de
INOCENCIA, en la acción penal a favor de la empresa y sus socios y representantes
legales"2; y u) por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro
cesante, los intereses bancarios compuestos sobre los dineros congelados desde
el mes de marzo de 1998 como capital así: "Del banco;:coopdesarrollo cuenta No.
7119-70089-7 hoy Banco de Bogotá $55.664.496.01 hasta que se pague. Los
capitales se entregaron el 31 de Diciembre de 2012".
2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia
Admitida la demanda4, notificada la anterior decisión5 y corridos los traslados que
la ley ordena, la parte demandada no presentó escrito de contestación la
demanda6.
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca celebró audiencia inicial7, en la que:
i) no encontró algún evento constitutivo de causal de nulidad en el proceso; u)
agotó la oportunidad conciliatoria ordenada en el artículo 180 de la Ley 1437 de
2011, la cual se declaró fallida, ante la inasistencia de la demandada a la diligencia;
iii) decretó las pruebas requeridas por la parte demandante; y iv) fijó el objeto
del litigio, en el sentido de advertir que, como "la contraparte no compareció se
tendrá como hechos los descritos en el libelo demandatorio"8 y, por ende, el litigio
quedó circunscrito a los hechos de la demanda.
En la audiencia de pruebas9, el Tribunal corrió traslado a las partes para que
alegaran de conclusión, y al Ministerio Púbico para que emitiera su concepto. Así
lo hizo la empresa demandante10, mientras quela demandada y el Ministerio Público
guardaron silencio11.
2.3. La sentencia recurrida
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia el 28 de febrero
de 201712, en la que declaró responsable a la Nación Fiscalía General de la -
Nación "por los perjuicios materiales causados a los demandantes""; y, en
consecuencia, condenó a la demandada a pagar, por concepto de lucro cesante,
la suma de $128.527.577 a favor de la empresa .Coimpa y Cía. Ltda. —En
liquidación— y, negó las demás pretensiones de la demnda.
2
¡bid. Folio 37, cuaderno 1.
¡bid.
Auto admisorio de la demanda. Folios 44, cuaderno 1.
Diligencias de notificación del auto admisorio. Folios 51 y 52, cuaderno 1
6
Constancia secretarial. Folio 58, cuaderno 1.
Audiencia inicial. Folios 65 a 68, cuaderno 1.
8 ¡bid. Folio 67, cuaderno 1.
Audiencia de pruebas. Folios 71 a 73, cuaderno 1.
10
Alegatos de conclusión en primera instancia. Folios 74 a 77, cuaderno 1.
11
Constancia secretarial. Folio 78, cuaderno 1.
12
Sentencia de primera instancia. Folios 109 a 119, cuaderno principal.
13
¡bid. Folio 119, cuaderno principal.
2
Expediente: 76001-23-31-000-2013-00450-01 (59386)
Demandantes: Coimpa y Cía. Ltda. (En liquidación)
Como sustento de su decisión, el juez de primera instancia determinó la existencia
de un daño antijurídico causado al demandante bajo el título de imputación del daño
especial, al no reconocerle a su favor "los frutos civiles y la pérdida del poder
adquisitivo del dinero 1,14 que se produjeron por el tiempo que estuvieron bloqueadas
las cuentas bancarias (14 años, 7 meses y 15 días). En ese sentido, indicó que lo
procedente era "indexar a valor presente el capital inicial y reconocer los intereses
legales por el lapso de tiempo antes mencionado a título de perjuicio material en la
modalidad de lucro cesante"15 . Para la liquidación de la condena, estableció que no
concedería el interés bancario compuesto, sino los intereses legales y la
actualización de la suma dineraria retenida por la Fiscalía, desde el 21 de mayo de
1998. Además, tuvo en cuenta el interés generado por la pérdida de la rentabilidad
del dinero, en cuanto al periodo que duró su retención, según lo preceptuado en el
artículo 2232 del Código Civil.
Por otra parte, el Tribunal no encontró acreditada la indemnización de perjuicios
morales deprecada en la demanda.
2.4. Los recursos de apelación
2.4.1. La Nación Fiscalía General de la Nación, el 30 de marzo de 2017,
-
sustentó su recurso de apelación16, con fundamento en los siguientes cargos
contra la sentencia de primera instancia:
2.4.1.1. La Fiscalía General de la Nación, al congelar las cuentas bancarias de la
empresa demandante, satisfizo los protocolos relacionados con la colaboración
internacional establecida entre Estados Unidos y Colombia, para enfrentar el delito
de lavados de activos.
2.4.1.2. Los socios de Coimpa fueron procesados en los Estados Unidos, y el
Estado colombiano solo prestó su colaboración para retener los dineros de la
compañía.
2.4.1.3. La incautación de los dineros que se encontraban en las cuentas bancarias
de la empresa demandante no tuvo su origen en una determinación adoptada por
la Fiscalía General de la Nación del Estado colombiano, sino en una decisión de la
Fiscalía de los Estados Unidos de Norteamérica o de la "Corte Estadounidense"17;
situación que, además, respondía a los acuerdos celebrados entre ambos países,
específicamente lo que involucra las investigaciones por la comisión del delito de
lavado de activos.
2.4.1.4. La Fiscalía General de Colombia no es responsable de la retención injusta
de las sumas dinerarias de la empresa actora, ni del pago de los intereses causados
con ocasión del anterior suceso, en la medida en que el órgano investigador
únicamente cumplió lo ordenado por la "Fiscalía Estadounidense "18 , por lo que es a
esta última a quien se le puede atribuir el daño causado.
2.4.1.5. En este caso concurre el hecho de un tercero, como causal exonerativa de
la responsabilidad del Estado, dado que la Fiscalía del Estado colombiano no
adoptó decisiones sobre los dineros incautados, por iniciativa propia, sino que
14
¡bid. Folio 117, cuaderno principal.
15
¡bid.
16
Recurso de apelación interpuesto por la Nación - Fiscalía General de la Nación. Folios 138 a 140, cuaderno
principal.
17
¡bid. Folio 139, cuaderno principal.
18 ¡bid.
3
Expediente: 76001-23-31-000-2013-00450-01 (59386)
Demandantes: Coimpa y Cía. Ltda. (En liquidación)
prestó su colaboración para que se ejecutara lo .decidido por "la Fiscalía
Estadounidense".
2.4.2. La parte actora, en su escrito de apelación radicado el 4 de abril de 201719,
expuso estos cargos contra la decisión de primera instancia, relacionados
exclusivamente con las pretensiones condenatorias de la demanda:
2.4.2.1. Coimpa era "una empresa boyante, con gran impulso comercial y
empresarial, que se dedicaba a negocio de comercio exterior, cumpliendo a
cabalidad con la ley (...) establecida1,20. Así las cosas,.:para la indemnización por
lucro cesante, no era procedente liquidar el capital de la empresa a partir de "unas
pírricas sumas, que no se compadecen con la labor comercial"21 que ejercía la
empresa, es decir, conforme al índice de precios del consumidor.
2.4.2.2. Para la tasación de los perjuicios materiales, por lucro cesante, el juez de
primera instancia debió reconocer los rendimientos financieros de los dineros sobre
los que pesó la medida cautelar, de conformidad con lo establecido en la Ley 793
de 2002. La sentencia proferida por el Consejo de Estdo el 24 de junio de 2015
(exp.26.193) fue clara en indicar que los bienes incautados deben ser entregados
con sus rendimientos financieros.
2.4.2.3. No debió negarse el reconocimiento de los perjtcios morales, ya que estos
estaban suficientemente demostrados por el solo hecho de que la empresa, por causa
de la medida cautelar que soportó, padeciera dificultades para acceder a las dinámicas
del comercio nacional e internacional. También es de destacar que la sociedad rechazó
al representante legal, a los socios y a los empleados deJa empresa, al momento de
incriminados como "lavadores de dólares para las mafias dl narcotráfico"22.
2.5. Conciliación
Según lo prescrito en el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010, el Tribunal convocó a
audiencia de conciliación23, la cual fue evacuada el 2 demayo de 201724, y hubo de
declararse fallida.
2.6. Trámite relevante en segunda instancia
Esta Corporación, el 19 de julio de 2017, admitió 'los recursos de apelación
propuestos25; y, el 28 de febrero de 2018, corrió traslado a las partes para que
alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera concepto26.
La Nación Fiscalía General de la Nación27 y la parte actora28, en sus alegaciones
-
conclusivas, reiteraron los cargos planteados en cada uno de sus recursos de
apelación.
19
Recurso de apelación interpuesto por la parte demandante. Folios 141 a 143, cuaderno principal.
.
20 ¡bid. Folio 141, cuaderno principal.
21
¡bid.
22 Ibid. Folio 142, cuaderno principal.
23 Auto que convocó a audiencia de conciliación judicial. Folio 146, cuaderno principal.
24 Audiencia de conciliación judicial. Folios 151 a 153, cuaderno principal.;.
25 Auto admisorio del recurso de apelación. Folio 160, cuaderno principal.
26 Auto que corrió traslado para que alegaran de conclusión en segunda instancia. Folio 171, cuaderno principal.
27 Alegatos de conclusión en segunda instancia de la Nación - Fiscalía G&neral de la Nación. Folios 173 a 187,
cuaderno principal. .
28 Es del caso precisar que la parte actora presentó sus alegatos de conclusión antes del auto que corrió traslado
para alegar de conclusión. Folios 163 a 166, cuaderno principal.
4
Expediente: 76001-23-31.000-2013-00450-01 (59386)
Demandantes: Coimpa y Cía. Ltda. (En liquidación)
El Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado, Nicolás Yepes
Corrales, emitió concepto, en el sentido de requerir que esta Colegiatura
confirmara el fallo de primera instancia29.
La parte actora guardó silencio para alegar de conclusión 30, pero, en escrito
posterior, solicitó la extensión de jurisprudencia y la prelación de fallo31.
El magistrado de esta Subsección, Nicolás Yepes Corrales, manifestó, el 28 de
marzo de 202232, que se encontraba impedido para conocer del asunto, por haber
rendido concepto de la controversia objeto de estudio, como agente del Ministerio
Público.
El Despacho Sustanciador profirió auto el 29 de marzo de 202233 en el que
rechazó la solicitud de extensión de jurisprudencia, negó la petición de prelación de
fallo, y declaró fundado el impedimento manifestado por el magistrado, Nicolás
Yepes Corrales.
III. PROBLEMAS JURÍDICOS
3.1. De acuerdo con el artículo 320 del Código General del Proceso ("CGP") -
aplicable en esta instancia conforme al artículo 40 de la Ley 153 de 1887— el
"recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida,
únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para
que el superior revoque o reforme la decisión "34-35. En razón a ello, la competencia
funcional de la Sala, como juzgador de segunda instancia, se limita a "pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley", como lo
establece el artículo 328 del CGP. Sin embargo, como la misma norma lo establece,
"cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones".
Al punto, recuerda la Sala que, de acuerdo con la jurisprudencia unificada de esta
Sección, el juzgador tiene la potestad de "pronunciarse oficiosamente sobre todas
aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales
como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de
la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos
de su inconformidad con la providencia censurada1,36.
29
Concepto del Ministerio Público. Folios 188 a 197, cuaderno principal.
30
Constancia secretaria¡. Folio 198, cuaderno principal.
31
Índice 18 de la sede electrónica para la gestión judicial del Consejo de Estado conocida como "SAMA¡".
Certificado: 2AOCAF8EB5E703F4 E3D2ACDF1 1 F63693 95DB37CB802BCC49 21500F2F936DA312.
32
Índice 25 de la sede electrónica para la gestión judicial del Consejo de Estado conocida como "SAMA¡".
Certificado: C12000E1 CE1 9C74B 09DF1 EA6718CF382 5CB5EAB813452DB71 C08F78AB1345138015.
33 Auto que resolvió el impedimento. Folios 199 a 202, cuaderno principal.
34
"Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las
anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 11 Sin embargo, los recursos interpuestos, la
práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren
comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se reqirán por las leyes
vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o
diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las
notificaciones. (...)". (subrayado fuera del texto original).
35
Cfr. CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de junio
de 2014, exp. 25000-23-36-000-2012-00395-01(1J).
36
CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia de unificación del 6 de abril de 2018, exp. 46005.
5
Expediente: 76001-23-31-000-2013-00450-01 (59386)
Demandantes: Coimpa y Cía. Ltda. (En liquidación)
3.2. Visto lo anterior, la Sala observa, a partir de una lectura integral de los acápites
de hechos37 y súplicas de la deman da, concordante con lo planteado en el escrito
de alzada de la parte actora, que la causa petendi del daño objeto de las
pretensiones resarcitorias, giró en torno a la falta de reconocimiento de los
rendimientos financieros causados por el tiempo en que estuvieron bloqueadas las
cuentas bancarias de Coimpa. Asimismo, que los cargos del recurso de apelación
formulado por la demandada están dirigidos a definir cuál es la autoridad a la que
debe atribuírsele la lesión que tuvo lugar en el patrimonio del afectado; y las
reclamaciones de la empresa demandante, en sede de apelación, a controvertir la
condena reconocida en primera instancia. Por consiguiente, como no fue objeto de
la apelación la existencia del daño reclamado en la demanda, así como el carácter
antijurídico de dicha lesión, esta Subsección pasará directamente al juicio de
imputación, de tal manera que, en respuesta al contenido de los escritos de alzada,
resuelva los siguientes problemas jurídicos:
¿La imposibilidad de percibir los rendimientos financieros, como consecuencia de
la medida cautelar que se impuso sobre los dineros consignados en unas cuentas
bancarias, comporta un daño imputable a la Nación Fisçalía General de la Nación?
-
o ¿está acreditada la causal exonerativa de responsabilidad del Estado conocida
como "hecho de un tercero"?
En el evento de que la respuesta al anterior problema jurídico sea afirmativa, habrá
que responder los siguientes interrogantes, vinculados ala tasación de los perjuicios
deprecados en la demanda:
¿La parte actora acreditó la configuración de los perjuiqlos morales?
¿La indemnización reconocida por el juez de primera instancia, por concepto de
perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, satisfizo los parámetros
jurisprudenciales de esta Corporación y estuvo acorde con la normatividad aplicable
al caso objeto de estudio?
IV. CONSIDERACIONES
4.1. Sobre los presupuestos de la sentencia de mérito
4.1.1. La Sala procede a resolver los problemas atinentes al fondo de la Litis, habida
consideración de la competencia que le asiste para ello en atención a lo previsto
en los artículos 152 y 157 del CAPACA39.
4.1.2. Frente a la oportunidad para ejercer el medió de control, el literal i) del
artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 ordena que, el término para formular
pretensiones en sede de reparación directa es de 2 años, que se cuentan a partir
del día siguiente al acaecimiento de la acción u omisión causante del daño, o de
cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del menoscabo, si fue en
data posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha
de su ocurrencia. La Jurisprudencia del Consejo de Estado ha indicado que es
37 "Efectivamente el señor Fiscal 26 FERNANDO AREVALO, ORDENÓ CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DE
2012 por petición del suscrito la entrega de los títulos de mi cliente, dando cumplimiento de entrega a todos los
cuentahabientes vinculados a OPERACIÓN CASABLANCA, según el ofiáio del Fiscal de los Estado Unidos y
de hecho me hicieron entrega de 1 TITULO POR VALOR DE $55.664.49.01 EL 31 de diciembre de 2012, SIN
HABER ORDENADO LOS INTERESES BANCARIOS CAUSADOS POR RAZON DEL TIEMPO COMO O
RODENA LA LEY Y LA NORMA ESTABLECIDA". (Negrilla fuera del tixto). Demanda. Folio 38, cuaderno 1.
38
Ver numeral 2.1. de esta providencia.
39 Conforme a las pretensiones de la demanda, aquellas superan la cuantía de quinientos salarios mínimos
exigibles para el año 2012 ($567.700.000), en consideración a que, tan solo una de las pretensiones se elevó
por ese quantum.
6
Expediente: 76001-23-31-000-2013-00450-01 (59386)
Demandantes: Coimpa y Cía. Ltda. (En liquidación)
posible que, en específicas ocasiones, el daño se prolongue con posterioridad al
momento del acaecimiento de los hechos que sirven de fundamento para las
pretensiones, sin que esto signifique que la vigencia del medio de control se
postergue de manera indefinida, pues el inicio del cómputo deberá empezar a partir
del día siguiente a su configuración, esto es, la fecha en que fenece el suceso o
fenómeno que genera el daño, porque, de no ser así, se confundiría a aquél con
sus secuelas o efectos.
En este caso, Coimpa considera que la Fiscalía General de la Nación de Colombia
prestó de manera defectuosa el servicio de administración de justicia, al no
reconocerle a su favor los rendimientos financieros generados por la medida
cautelar que pesó sobre sus cuentas bancarias. En ese orden, la contabilización del
término que debía cumplir la demandante para el ejercicio oportuno del medio de
control, conforme al mencionado parámetro jurisprudencia¡, corrió a partir del día
siguiente en que feneció el suceso o fenómeno que generó el daño, que, en este
caso, no es otro que el momento en el que la fiscalía del Estado colombiano levantó
la referida medida y efectuó la correspondiente devolución del título judicial al aquí
accionante. Pues bien, la empresa demandante, en varios apartes de la demanda,
afirma que ese evento generador del menoscabo concluyó el 31 de diciembre de
201240 y que hay medio de prueba que acredite tal acontecimiento41. Sin embargo,
de la revisión del expediente en este contencioso no resulta posible observar un
documento que revele ese suceso. Aun así, en el folio 13 del cuaderno 1 del plenario
está la copia de un título de depósito judicial a favor de Coimpa, que da cuenta de
la orden de pagar al representante legal de la empresa desde el 9 de enero de
2013, la suma dineraria bloqueada por el trámite de asistencia judicial; así que, en
criterio de esta Subsección, se entenderá que esta última fecha corresponde al
momento a partir de la cual se debe contabilizar la oportunidad para acudir al medio
de control de reparación directa. Entonces, como la parte demandante solicitó la
audiencia de conciliación prejudicial el 4 de febrero de 201342 y presentó la
demanda el 7 de mayo del mismo año43, el derecho de acción se ejerció
oportunamente.
4.1.3. Esta decisión tendrá tal alcance respecto de Coimpa, que la Sala encuentra
legitimada en la causa por activa, al demostrar que sus cuentas bancarias fueron
objeto de bloqueo, como consecuencia de la asistencia judicial formulada por los
Estados Unidos de Norteamérica al Estado colombiano. En lo que atañe al extremo
pasivo de la litis, está legitimada la Nación, representada por el Fiscal General de
la Nación o su delegado, por tratarse de la autoridad que, vía asistencia judicial,
prestó su colaboración para que se hiciera efectiva y, posteriormente, se levantara
la medida cautelar decretada por un tribunal de los Estados Unidos.
4.2. Hechos probados relevantes para la solución de los problemas jurídicos
Conforme a las pruebas documentales decretadas y practicadas en este
contencioso, con atención a los principios de contradicción y publicidad, fueron
acreditados los siguientes hechos:
40
'( ... ) Y ORDENA REINTEGRAR INMEDIATAMENTE LOS DINEROS CONGELADOS, CONCORDANTE
CON LA RESOLUCIÓN DEL 2 DE MARZO DE 2011 OCTUBRE DE 2010, Y CUYA ENTREGA material se
celebró el día 31 de Diciembre Octubre (sic) de 2012, proferida por LA FISCALÍA 26 UNIDAD (sic)".
(negrilla en el texto). Demanda. Folio 35, cuaderno 1. "CUARTO: Efectivamente el señor Fiscal 26 FERNANDO
AREBALO, ORDENÓ CON FECHA 31 DE DCIEMBRE DE 2012 por petición del suscrito la entrega de los títulos
de mi cliente". Demanda. Folio 38, cuaderno 1.
41 V. MEDIOS DE PRUEBA
( ... ) 4.) Resolución del 31 de diciembre de 2012 Fiscalía 26 Extinción de Dominio
y Contra Lavado de Activos". (Negrilla en el texto). Demanda. Folio 40, cuaderno 1.
42
La audiencia de conciliación prejudicial se celebró el 20 de marzo y el 18 de abril de 2013, la cual se declaró
fallida, por no estar presente la parte convocante. Acta de conciliación prejudicial. Folios 4 a 6, cuaderno 1.
'
Demanda. Folio 42, cuaderno 1.
7
Expediente: 76001-23-31-000-2013-00450-01 (59386)
Demandantes: Coimpa y Cía. Ltda. (En liquidación)
4.2.1. Los Estados Unidos de Norteamérica, entre 1995 y 1998, adelantaron una
investigación conocida como "Operación Casablanca", cuyo objetivo era identificar
las instituciones financieras y las empresas que daban apariencia de legalidad a los
dineros que eran producto de las actividades de narcotráfico desplegadas por
estructuras criminales en Colombia y en México.
4.2.2. Con motivo de la Operación Casablanca, el Tribur?al del Estado de Columbia
de los Estados Unidos adelantó un proceso judicial en contra de Coimpa y de otras
empresas, que correspondió al expediente C.A. No. 980434, por la supuesta
comisión del delito de lavado de activos. En el trámite de aquel proceso, se decretó
una medida cautelar consistente en bloquear las cuentas bancarias de la empresa
aquí demandante y de los demás implicados44.
4.2.3. Los Estados Unidos de Norteamérica, el 19 de mayo de 1998, presentó ante
el Estado colombiano una carta rogatoria o una petición de asistencia judicial, en la
que requería la ejecución de la mentada medida cautelar45; solicitud que fue
satisfecha por la Fiscalía General de la Nación de Colombia.
4.2.4. Una de las fiscalías delegadas en Colombia inició el trámite de extinción de
dominio en contra de Coimpa; no obstante, el 18 de noviembre de 199846, declaró
la nulidad de todo lo actuado, al tener en cuenta la investigación que se estaba
surtiendo en territorio estadounidense y la medida cautlar allí adoptada.
4.2.5. La Fiscalía 26 de la Unidad Nacional para la Extinción de Dominio.y Contra el
Lavado de Activos, el 26 de febrero de 2008 y el 9 dejunio de 2010, ofició a la
oficina de asuntos internacionales de la Fiscalía, para eféctos de conocer la decisión
que la autoridad norteamericana haya emitido en el proceso que suscitó el bloqueo
de las cuentas bancarias.
4.2.6. Un Agregado Judicial Adjunto de la Embajada 'de los Estados Unidos en
Colombia, el 10 de septiembre de 201048, solicitó al Director de Asuntos Internacionales
de la Fiscalía General de la Nación de Colombia que liberara las cuentas bloqueadas y
devolviera los fondos a los cuentahabientes, por cuanto el proceso que cursaba en el
país norteamericano culminó el 5 de febrero de 2010.
4.2.7. La Fiscalía 26 de la Unidad Nacional para la Extinción de Dominio y Contra el
Lavado de Activos, en Colombia, por medio de resolución proferida el 2 de marzo
de 201149 ordenó la entrega de los títulos representativos de los dineros incautados
de la sociedad, la cual se hizo efectiva el 9 de enerodé 201350, según lo expuesto
en el acápite de vigencia del medio de control en esta povidencia.
4.3. Sobre el juicio de imputación
El artículo 90 de la Constitución Política de Colombiá establece que el Estado
responderá patrimonia¡mente por los daños antijurídiccs causados por la acción u
omisión de las autoridades públicas. Así, para que se configure la responsabilidad
patrimonial del Estado, deben concurrir dos (2) presupuestos: (i) un daño antijurídico
44 Comunicación. Folios 18
y 19, cuaderno 1.
45
Resolución del 2 de marzo de 2011. Folio 22, cuaderno 1.
46
¡bid. Folio 23, cuaderno 1.
41 ¡bid. Folios 23 y 24, cuaderno 1.
48
Comunicación. Folios 14 y 15, cuaderno 1.
49 Resolución de¡ 2 de marzo de 2011. Folios 22 a 25, cuaderno 1.
50
Copia del titulo de depósito judicial. Folio 13, cuaderno 1.
8
Expediente: 76001-23-31-000-2013-00450-01 (59386)
Demandantes: Coimpa y Cía. Ltda. (En liquidación)
y (u) su imputación al Estado por la acción u omisión de autoridades públicas.
En consonancia con la anterior disposición constitucional, esta Corporación ha
establecido que el Estado será responsable del defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia, regulado en el artículo 69 de la Ley 270 de 1996,
cuando no esté presente una providencia judicial de la cual se derive un daño
antijurídico por un error judicial o por la privación injusta de la libertad, pero existen
fallas en la prestación del servicio de administración de justicia que producen
menoscabos al patrimonio de los usuarios51. Para encontrar que la falla del servicio
judicial es atribuible a la administración, no basta con identificar una simple
eqúivocación conceptual en la que pueda incurrir el juzgador, sino que es menester
establecer la comisión de unas conductas abiertamente contrarias a derecho o
escandalosamente ilegales en el tráfico jurisdiccional, entendido éste como el
conjunto de las acciones u omisiones propias de lo que es la función de juzgar y
hacer ejecutar lo juzgado; y así luego verificar que aquellos comportamientos son
endilgables al proceder del aparato judicial, integrado no solo por los
funcionarios, sino también por los particulares investidos de facultades
jurisdiccionales, de los empleados judiciales, de los agentes y de los auxiliares
judiciales52.
En este orden de ideas, la responsabilidad por el defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia, por regla general, se enmarca en la teoría general de la
falla del servicio y, por lo tanto, solo en caso de haberse probado dicha falla podría
deducirse la responsabilidad patrimonial del Estado. Lo anterior, sin perjuicio de
que, si es el caso, las condiciones específicas de la litis permitan acudir a un régimen
objetivo de responsabilidad estatal53.
Como ya lo mencionamos, en este caso el daño antijurídico se encuentra
representado en la imposibilidad de acceder a los rendimientos financieros que la
parte actora debió percibir, por causa de la medida cautelar que una autoridad
judicial extranjera impuso sobre sus cuentas bancarias, y que la Fiscalía hizo
efectiva a través del mecanismo de asistencia judicial, regulado en la Convención
de las Naciones Unidas "contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias
Sicotrópicas".
Frente a lo anterior, cabe indicar que una conferencia de las Naciones Unidas
celebrada en la ciudad de Viena (Austria), el 20 de diciembre de 1988, arrojó como
resultado la adopción de la "Convención contra el Tráfico Ilícito de
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas" (o Convención de 1988), con el
propósito, entre otros, de enfrentar, a través de la cooperación entre las partes de
la convención, a los particulares o a las estructuras criminales que procuraban dar
apariencia de legalidad a los recursos generados por actividades ilícitas como el
tráfico de estupefacientes (conducta punible conocida como lavado de activos o
blanqueo de dineros). Para el cumplimiento de aquella finalidad, y evitar que una de
las partes ejecutara en el territorio de otra parte, competencias reservadas a las
autoridades de esa otra parte, por su derecho interno (artículo 2°), el artículo 7° de
la referida norma internacional reguló el evento de la "asistencia judicial
recíproca", en el que las autoridades de un Estado pueden requerir la colaboración
a sus similares de otro Estado, para que estos últimos lleven a cabo diligencias o
actuaciones provenientes de una investigación o proceso judicial originado en el
estado inicial, por la supuesta comisión de conductas punibles como el lavado de
51
CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de¡ 29 de marzo de 2019, exp. 43683.
52
CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencias de¡ 29 de marzo de 2019, exp. 43683; de¡ 27 de enero
de 2012, exp.22205; y de¡ 20 de noviembre de 2017, exp. 34577.
53 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU-072 de 2018.
9
Expediente: 76001-23-31-000-2013-00450-01 (59386)
Demandantes: Coimpa y Cía. Ltda. (En liquidación)
activos o el tráfico ilegal de estupefacientes. Estas diligencias, entre otras, pueden
comprender la recepción de testimonios, la presentación de documentos judiciales,
la ejecución de incautaciones e inspecciones y cualquier otra que esté autorizada
por el derecho interno de la parte que efectúa la asistencia judicial.
El Estado colombiano, en nuestra legislación interna, ratificó el anterior tratado
internacional mediante la Ley 67 de 1993. La Corte Constitucional, en la sentencia
C-176 de 1994, que efectuó el control de constitucionalidad de la anterior norma,
precisó que la asistencia judicial reciproca debe responder al orden legal y judicial
de Colombia, para prevenir abusos; y que, por razones de interés público, puede
ser procedente no acceder a este método de cooperación internacional.
Pues bien, con base en este marco normativo internacional y el escenario
jurisprudencia¡ que se desprende del título de imputación del defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, la Sala encuentra que no es posible
endilgar el daño antijurídico, objeto de las pretensiones indemnizatorias de la
demanda, a la actuación de la Fiscalía General de la Nación del Estado colombiano,
por las razones que se expondrán a continuación:
En primer lugar, resulta indiscutible que el tiempo en qué se prolonga el bloqueo de
unas cuentas bancarias, como consecuencia de una medida cautelar decretada en
un trámite judicial, enrostra una pérdida de valor del dinero consignado en aquellos
depósitos financieros (causada por factores como la inflación, los riesgos, entre
otros) a la que no es posible para el propietario brindar una respuesta efectiva, por
encontrarse imposibilitado de ejercer, al menos de manera temporal, la disposición
económica de aquellos recursos. Asimismo, que, ante tal circunstancia, es
procedente un reconocimiento económico a favor de la víctima directa, que no solo
permita reparar los perjuicios que se hubieren producido por aquella interdicción
temporal, sino que logre mantener en el tiempo el valor del dinero, desde su
capacidad para comprar o intercambiar bienes y servicios.
Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación de Colombia no es el responsable de
haber producido dicho menoscabo patrimonial, dado que no fue la autoridad que
inició una investigación o un proceso judicial en contra de Coimpa, que hubiera
dado lugar, por parte del órgano instructor, a la imposición de la medida cautelar
que pesó sobre las sumas dinerarias de propiedad del aquí demandante. Fue el
Tribunal del Estado de Columbia de los Estados Unidos que, en el marco de un
trámite judicial, adoptó una decisión encaminada a.. afectar temporalmente la
disposición económica de los bienes de la parte actora, mientras se definía su
posible participación en la comisión del delito de lavado,-de activos. Es cierto que el
trámite de asistencia judicial impulsó a la Fiscalía, por su propia cuenta, a iniciar un
proceso de extinción de dominio; sin embargo, esta investigación fue motivo de
archivo y de declaración de nulidad de todo lo actuado, justamente por el trámite
judicial que ya se estaba surtiendo en territorio extranjero y porque en el mismo ya
se había proferido medida cautelar sobre los bienes de Coimpa, así que la actuación
del órgano investigador, por todos los motivos expuestos no tuvo incidencia en la
producción del daño.
En segundo lugar, la intervención del órgano investigador del Estado colombiano
solo se redujo a materializar una solicitud de asistencia judicial formulada por
los Estados Unidos, en la que se le requirió el bloqueo de unas cuentas de Coimpa
en instituciones financieras de Colombia, como respuesta a una orden judicial
decretada en el referido país de Norteamérica. Es decir, el proceder de la Fiscalía
colombiana partió del reconocimiento y ejecución de una decisión derivada de un poder
jurisdiccional extranjero, que únicamente buscaba satisfacer un escenario de
10
a
Expediente: 76001-23-31-000-2013-00450-01 (59386)
Demandantes: Coimpa y Cía. Ltda. (En liquidación)
colaboración o de asistencia mutua entre Estados, que permitiera adelantar
diligencias necesarias para el desarrollo de un proceso, y fuera del territorio del
estado requirente. En resumen, la función de la demandada en ese evento fue
meramente asistencial y supeditada a lo que se decidiera en la actuación principal,
es decir, a lo que definiera la autoridad judicial del Estado Norteamericano quien
tenía el control y el poder jurisdiccional para decidir cuándo levantar la medida.
Adicional a lo anterior, al tener en cuenta la postura planteada en sede de apelación
por la parte actora, podría suponerse que a la Fiscalía General de la Nación de
Colombia le es atribuible el daño antijurídico, por no satisfacer las cargas
preceptuadas en el inciso tercero del artículo 12 de la Ley 793 de 2002 o, si es
el caso, en la Ley 333 de 1996, que regulan el proceder del órgano investigador en
procesos de extinción de dominio sobre bienes adquiridos de manera ilícita,
específicamente en la posibilidad de decretar y ejecutar la adopción de medidas
cautelares. No obstante, tal conclusión no es válida, por cuanto la aludida
normativa responde al escenario en el que la Fiscalía de Colombia promueve la
acción de extinción de dominio, oficiosamente o por información que se le haya
suministrado, y, en el desarrollo de ese trámite judicial, decreta medidas cautelares
sobre los bienes materia de instrucción, o solicita al juez competente la adopción de
aquellas medidas; y, en este caso, por lo ya expresado, no hay presencia de algún
proceso iniciado por la fiscalía colombiana, y mucho menos la imposición de
medidas cautelares que provengan de la determinación de esa autoridad; así que
tales disposiciones normativas resultan inaplicables para el juicio de imputabilidad
del daño.
Todo lo expuesto lleva a concluir que la parte demandante no demostró la relación
de causalidad entre el daño antijurídico del cual se procura una indemnización y la
actuación de la Fiscalía General de la Nación de Colombia (artículo 177 del Código
de Procedimiento Civil). Además, que esta Sala, en consecuencia, queda
relevada de emitir un pronunciamiento en relación con la causal de
exoneración de responsabilidad estatal invocada por la Fiscalía en su escrito
de apelación (hecho de un tercero), comoquiera que, si no está acreditada la
atribución de la lesión patrimonial en cabeza de la demandada, no existen razones
para identificar, en concreto, otro responsable. Entonces, por sustracción, resulta
inane realizar el estudio de ese cargo.
Ahora, esta Sala reconoce que, en otra controversia por hechos similares a los
expuestos en la demanda de este contencios054, se efectuó un pronunciamiento de
fondo55, en cumplimiento a una orden de tutela impartida por la Subsección 6 de la
Sección Tercera del Consejo de Estado56, y que, respecto del sentido de su
decisión, resulta distinto al que es determinado en esta ocasión. Sin embargo, de
tal circunstancia no puede predicarse una afectación a la seguridad jurídica, a la
confianza legítima o al derecho a la igualdad, por desconocimiento del precedente
judicial horizontal, en tanto que esa otra decisión judicial no era vinculante para
el momento de resolver el caso objeto de estudio, por no revelarse como una
sentencia de unificación proferida una autoridad judicial de la misma jerarquía, o dar
54 Los antecedentes de esa controversia se resumen de la siguiente manera: En 1998, el Estado americano solicitó
asistencia judicial para que se congelaran algunas cuentas de la Comercializadora Joval Ltda., solicitud que dio origen
en la Fiscalía 27, al expediente 077 que culminó con la declaración de la nulidad de todo lo actuado, el archivo de las
diligencias, y la orden de dejar a disposición de la Fiscalía 26 los dineros sobre los que recayó la medida cautelar. En
septiembre de 2010, con base en un comunicado que envió el funcionario de la embajada americana, la Fiscalía levantó
la medida y ordenó la entrega de los títulos judiciales a la referida Comercializadora.
55 Sentencia del 12 de abril de 2021, exp. 76001-23-31-000-2011-01532-01(51660).
56 Sentencia del 16 de noviembre de 2021, exp. 11001-03-15-000-2021-06765-00. Esta providencia no fue
objeto de impugnación ni fue seleccionada por la Corte Constitucional.
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Expediente: 76001-23-31-000-2013-00450-01 (59386)
Demandantes: Coimpa y Cía. Ltda. (En liquidación)
cuenta de una decisión reiterada en el mismo sentido por parte de 'esta
Corporación57.
Lo que puede denotarse de ese otro pronunciami ento efectuado por esta
Subsección es la presencia de un antecedente, que, según la Corte Constitucional,
se refiere a "una decisión de una controversia anterior a la que se estudia, que
puede tener o no algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero (...) que
contiene algunos puntos de Derecho (e.g. conceptos, interpretaciones de preceptos
legales, etc.) que guían al juez para resolver el caso objeto de estudio"58. Esa
misma Colegiatura ha indicado que este carácter orientador de los antecedentes
no exime al juez de valorarlos al momento de fallar, así como tampoco de
argumentar las razones para apartarse de ellos, en virtud de los principios de
transparencia e igualdad59.
Pues bien, de estos dos casos puede advertirse una identidad fáctica, pero ello no
es suficiente para que en ambos se oriente, de manera análoga, el juicio de
responsabilidad del Estado, por cuanto hay elementos de análisis que habilitan al
juez administrativo para abordar una lectura diferente a la controversia anterior, a
saber: i) el fallo de tutela proferido por la Subsección B de la Sección Tercera de
esta Corporación exigió a esta Subsección la aplicación de la Ley 793 de 2002, para
efectos de no incurrir en un defecto sustantivo por inaplicación de la norma, y en
este caso ya quedó zanjada lá discusión para no tener en cuenta aquella regulación
normativa; y u) las variables presentadas en cada conflicto jurídico, respecto de la
identificación de la causa petendi, y el recaudo de pruebas de cada uno de los
expedientes, permite conducir a la observancia dispar;' de la consumación de los
hechos y de la solución de los casos. Muestra de ello, como se observó en el
examen de vigencia del medio de control, se encuentra en identificar el instante
preciso en que se hizo efectiva la entrega de los títulos judiciales a sus
causahabientes.
Por los motivos expuestos, que impiden avanzar hacia el examen de los
perjuicios deprecados por la parte actora, la Subsección revocará el fallo de
primera instancia y, en su lugar, negará las pretensiones de la demanda.
V. COSTAS
El concepto de costas procesales está íntimamente relaconado con todos los gastos
o expensas necesarios o útiles dentro de una actuación de esa naturaleza, que se
denominan gastos ordinarios; de igual manera, incluye las agencias en derecho que
corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento de la parte vencedora en
el litigio. El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que "la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil". En ese orden de ideas, el numeral 1° del artículo 365
del CGP prevé que "[s]e condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a
quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja,
súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales
previstos en este código".
De acuerdo con las anteriores consideraciones y en atención a que se resolverá
desfavorablemente el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
57
Gaceta del Congreso 1173 de 2009, tomado de "Las sentencias de unificación y el mecanismo de extensión
de la jurisprudencia". Publicación realizada por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. 2014.
Léase también en el Concepto del 10 de diciembre 2013 con número de radicación 11001-03-06-000-2013-
00502-00(2177) emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.
58
CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia T-737 de 2015. Fundamento 28.'
59 Negrilla en el texto. CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia T-714 de 2013.
12
Expediente: 76001-23-31-000-2013-00450-01 (59386)
Demandantes: Coimpa y Cía. Ltda. (En liquidación)
contra el fallo de primera instancia, resulta procedente condenar a la apelante a pagar
las costas causadas en ambas instancias; erogación económica que deberá ser
liquidada, de manera concentrada, por el Tribunal de primera instancia, de
conformidad con el artículo 366 de¡ CGP.
Ahora bien, esta Sala fija agencias en derecho por 0.1%, de acuerdo con las tarifas
establecidas en el Acuerdo No. 1887 de 2003 expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura60.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVÓCASE la sentencia proferida el 28 de febrero de 2017 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. En su lugar: NIÉGUESE las
pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: CONDÉNASE EN COSTAS a la parte demandante a pagar las costas
causadas en ambas instancias, para lo cual, el Tribunal de primera instancia deberá
dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 366 del CGP, teniéndose en cuenta
que en esta instancia se fijaron agencias en derecho por 0.1% del valor de las
pretensiones.
TERCERO: Ejecutoriada la presente sentencia, DEVUÉLVASE el expediente al
Tribunal de origen para lo de su cargo.
Cópiese, Notifíquese, Cúmplase
11
L
JAIME EÑ1UE RODRÍGUEZ NAVAS GUILLERMO SÁNCH UQUE
Magistrado Ma' rado
Aclaración de voto.
Cfr. Rad. 58.890-18 #2.
60
Acuerdo No. 1887 de 2003, articulo 3.1.3. "Segunda instancia. Sin cuantía: Hasta siete (7) salarios mínimos
mensuales legales vigentes; Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) dé¡ valor de las pretensiones
reconocidas o negadas en la sentencia".
13
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