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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2013-00588-02

Fecha
1 de julio de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2013-00588-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Confírmase parcialmente la sentencia de 30 de agosto de 2019 proferida por 14 Expediente 76001-23-33-000-2013-00588-02 (2836-2020) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Absalón Escobar Domínguez contra el municipio de San Juan Bautista de Guacarí (Valle del Cauca) el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las súplicas de la demanda incoada por el señor Absalón Escobar Domínguez contra el municipio de San Juan Bautista de Guacarí (Valle del Cauca), por las razones expuestas en la parte motiva. 2º. Revócase el ordinal segundo de la parte decisoria del fallo de primera instancia, que condenó en costas al accionante, de acuerdo con la motivación. 3º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2013-00588-02

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

1 de julio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., primero (1º) de julio de dos mil veintidós (2022)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 76001-23-33-000-2013-00588-02 (2836-2020)
Demandante : Absalón Escobar Domínguez
Demandado : Municipio de San Juan Bautista de Guacarí (Valle del
Cauca)
Tema : Contrato realidad

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el demandante
contra la sentencia de 30 de agosto de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que negó las súplicas de la demanda dentro
del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 El medio de control (ff. 51 a 76 y 82 a 86). El señor Absalón Escobar
Domínguez, por conducto de apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo a incoar medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho conforme al artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
contra el municipio de San Juan Bautista de Guacarí (Valle del Cauca), para que
se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.

1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad del oficio SRH-1000-037- de 21 de
febrero de 2013, mediante el cual la secretaría de desarrollo institucional del
ente territorial accionado negó la existencia de un vínculo laboral con el actor.

A título de restablecimiento del derecho, se ordene al demandado (i) sufragar
las sumas tasadas por el actor en la demanda por concepto de primas de
servicios, vacaciones y navidad; cesantías, sus intereses y sanción moratoria por
su pago tardío; auxilios de transporte y alimentación y el valor en dinero de las
dotaciones entre el 2 de enero de 2005 y el 31 de enero de 2010; y (ii) cancelar
«[…] al fondo de pensiones […] los aportes que se causaron […] durante el
término de la relación laboral». Lo anterior, con la actualización de los montos
adeudados y el pago de las costas procesales.

1.3 Fundamentos fácticos. Relata el actor que prestó servicios personales y

Expediente 76001-23-33-000-2013-00588-02 (2836-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Absalón Escobar Domínguez contra el municipio de
San Juan Bautista de Guacarí (Valle del Cauca)

remunerados bajo continua subordinación y dependencia al municipio de San
Juan Bautista de Guacarí (Valle del Cauca), como mensajero, desde el 2 de
enero de 2005 hasta el 31 de enero de 2010, a través de contratos de prestación
de servicios.

Que el 19 de noviembre de 2012 y el 14 de febrero de 2013 pidió del accionando
el reconocimiento de una relación laboral y el pago de prestaciones sociales, lo
que le fue negado con el acto acusado.

1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por el acto administrativo demandado los artículos 1, 2, 25 y 53 de la
Constitución Política; 17 de la Ley 6ª de 1945, 1 de la Ley 65 de 1946, 99 de la
Ley 50 de 1990, 2 de la Ley 244 de 1995, 1 del Decreto 1160 de 1947 y 17, 33,
58 y 60 del Decreto 1042 de 1978,

Asevera que la entidad accionada desconoce la precitada normativa y con ello
la primacía de la realidad sobre las formas, pues desdibujó la verdadera relación
contractual al pactar, por medio de contratos y órdenes de prestación de
servicios, la ejecución permanente de las funciones de auxiliar administrativo.

1.5 Contestación de la demanda (ff. 109 a 119). El municipio accionado, por
conducto de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda; frente a los
hechos dice que unos son ciertos, algunos de manera parcial, otros son falsos y
los demás no constituyen situaciones fácticas; y formuló las excepciones
denominadas «inexistencia del derecho», «cobro de lo no debido» y «caducidad
de la acción».

Arguye que no se configuran los elementos para que se dé la existencia de una
relación laboral, pues los contratos de prestación de servicios con el actor fueron
temporales, su actividad no era de la esencia del funcionamiento del ente estatal
y aquellos tuvieron lugar por la falta de personal de planta para desarrollar
determinada función, respecto de la cual se pagaron en forma puntual los
honorarios pactados.

1.6 La providencia apelada (ff. 249 a 264). El Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, en sentencia de 30 de agosto de 2019, negó las súplicas de la
demanda (con condena en costas), al considerar que «[…] no se demuestra que
la entidad demandada a través de sus funcionarios en sus distintos niveles
administrativos, de manera permanente e inequívoca hubiere emitido órdenes
insoslayables, ni menos que estas fueran alejadas al cumplimiento de las
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Expediente 76001-23-33-000-2013-00588-02 (2836-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Absalón Escobar Domínguez contra el municipio de
San Juan Bautista de Guacarí (Valle del Cauca)

obligaciones del objeto contractual […]» (sic), tampoco se observa «[…] que
la labor desarrollada por el demandante debía ser ejecutada de manera
permanente y subordinada, fundamentalmente, cuando no se prueba que la
actividad estuviera precedida de órdenes permanentes o continuas por parte
del contratante o del cumplimiento de horario […]» (sic) y, por el contrario¸ se
establece que «[…] la vinculación fue esporádica […]».

1.7 El recurso de apelación (ff. 270 a 288). El actor, por conducto de
apoderado, interpuso recurso de apelación, puesto que «[c]ontrario a lo
expuesto por el Tribunal, en el proceso que nos ocupa sí obra presunción de la
subordinación o dependencia […] porque el [accionante] prestó sus servicios
personales en la institución educativa “PEDRO VICENTE ABADÍA” y cumplió
entre otras actividades las de mensajería y vigilancia […]» (sic), por 5 años.

II. TRÁMITE PROCESAL

El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 4 de febrero de
2020 (f. 290) y admitido por esta Corporación a través de auto de 30 de
noviembre de 2021 (f. 296), en el que se dispuso la notificación personal al
agente del Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los
artículos 198 (numeral 3) y 201 del CPACA.

2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, con providencia de 7 de marzo de 2022 (f. 298), para que aquellas
alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad aprovechada por el
demandante para reiterar sus argumentos de apelación1, en cuanto a que se
encuentran demostrados los elementos de la relación laboral y «[…] es lógico
inferir que no es posible que durante un periodo de cinco (5) años una persona
natural preste sus servicios personales a una persona jurídica desempeñándose
como mensajero y vigilante, sin que en el cumplimiento de estas funciones se
presente el elemento de la continuada subordinación o dependencia, pues la
lógica enseña que el mensajero va a donde lo envíen, y no […] donde él a su
libre albedrío quiera ir, porque ello desnaturaliza su función o actividad de
mensajería […]» (sic).

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Memorial adjuntado a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
3

Expediente 76001-23-33-000-2013-00588-02 (2836-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Absalón Escobar Domínguez contra el municipio de
San Juan Bautista de Guacarí (Valle del Cauca)

III. CONSIDERACIONES.

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA a esta
Corporación le compete conocer del presente litigio, en segunda instancia.

3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación, corresponde
en esta oportunidad a la Sala determinar si al demandante le asiste razón jurídica
o no para reclamar del municipio de San Juan Bautista de Guacarí (Valle del
Cauca) el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales no devengadas
durante el tiempo que permaneció vinculado como contratista, en aplicación del
principio de «primacía de la realidad sobre formalidades»; o, por el contrario,
si los contratos de prestación de servicios que celebró con dicha entidad se
ajustan a la normativa legal vigente, por cuanto no se configuró una relación
laboral.

3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del primer problema jurídico
planteado en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis
normativo a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto
del caso concreto.

En principio, cabe precisar que respecto de los contratos estatales de prestación
de servicios, la Ley 80 de 1993, en su artículo 32 (numeral 3), dispone:

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con
personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones
sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.

Posteriormente, este artículo fue modificado por los Decretos 165 de 1997, 2209
de 1998 y 2170 de 2002, que precisaron «solo se realizarán para fines
específicos o no hubiere personal de planta suficiente para prestar el servicio
a contratar».

Es decir, que el contrato de prestación de servicios es aquel por el cual se vincula
excepcionalmente a una persona natural con el propósito de suplir actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para
desarrollar labores especializadas que no pueden asumir el personal de planta y
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Expediente 76001-23-33-000-2013-00588-02 (2836-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Absalón Escobar Domínguez contra el municipio de
San Juan Bautista de Guacarí (Valle del Cauca)

que no admite el elemento de subordinación por parte del contratista, toda vez
que debe actuar como sujeto autónomo e independiente bajo los términos del
contrato y de la ley contractual.

Por su parte, la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad de las
expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o» y «en ningún caso
[…] generan relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en el
precitado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en sentencia C-154
de 1997, precisó las diferencias entre el contrato de prestación de servicios y el
de carácter laboral, así:

Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al
de prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se
configure se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la
continuada subordinación laboral y la remuneración como
contraprestación del mismo. En cambio, en el contrato de prestación de
servicios, la actividad independiente desarrollada, puede provenir de una
persona jurídica con la que no existe el elemento de la subordinación
laboral o dependencia consistente en la potestad de impartir órdenes en la
ejecución de la labor contratada.

Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de
prestación de servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus elementos
son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades
propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines
perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos.

En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que
determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de
servicios, pues en el plano legal debe entenderse que quien celebra un
contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no
puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista
independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario sensu, en
caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o
dependiente consistente en la actitud por parte de la administración
contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a
la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de
trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo
con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la
denominación de un contrato de prestación de servicios independiente.

Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o
dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los
términos del contrato, ni pretender el pago de un salario como
contraprestación de los servicios derivados del contrato de trabajo, sino,
más bien, de honorarios profesionales a causa de la actividad del mandato
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Expediente 76001-23-33-000-2013-00588-02 (2836-2020)
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Absalón Escobar Domínguez contra el municipio de
San Juan Bautista de Guacarí (Valle del Cauca)

respectivo.

Ahora bien, el artículo 2 del Decreto 2400 de 19682, «[p]or el cual se
modifican las normas que regulan la administración del personal civil […]»,
dispone:

Se entiende por empleo el conjunto de funciones señaladas por la
Constitución, la ley, el reglamento o asignadas por autoridad competente
que deben ser atendidas por una persona natural.

Empleado o funcionario es la persona nombrada para ejercer un empleo
y que ha tomado posesión del mismo.

Los empleados civiles de la Rama Ejecutiva integran el servicio civil de
la República.

Quienes presten al Estado Servicios ocasionales como los peritos
obligatorios, como los jurados de conciencia o de votación; temporales,
como los técnicos y obreros contratados por el tiempo de ejecución de un
trabajo o una obra son meros auxiliares de la Administración Pública y
no se consideran comprendidos en el servicio civil, por no pertenecer a
sus cuadros permanentes.

Para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los
empleos correspondientes, y en ningún caso, podrán celebrarse contratos
de prestación de servicios para el desempeño de tales funciones.

La parte subrayada de la precitada disposición fue declarada exequible por la
Corte Constitucional, en sentencia C-614 de 2009, al señalar la permanencia,
entre otros criterios, como un elemento más que indica la existencia de una
relación laboral. Frente al tema, expuso:

La Corte encuentra que la prohibición a la administración pública de
celebrar contratos de prestación de servicios para el ejercicio de funciones
de carácter permanente se ajusta a la Constitución, porque constituye una
medida de protección a la relación laboral, ya que no sólo impide que se
oculten verdaderas relaciones laborales, sino también que se
desnaturalice la contratación estatal, pues el contrato de prestación de
servicios es una modalidad de trabajo con el Estado de tipo excepcional,
concebido como un instrumento para atender funciones ocasionales, que
no hacen parte del giro ordinario de las labores encomendadas a la
entidad, o siendo parte de ellas no pueden ejecutarse con empleados de
planta o se requieran conocimientos especializados. De igual manera,
despliega los principios constitucionales de la función pública en las
relaciones contractuales con el Estado, en tanto reitera que el ejercicio de

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Modificado por el Decreto 3074 del mismo año.
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Expediente 76001-23-33-000-2013-00588-02 (2836-2020)
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Absalón Escobar Domínguez contra el municipio de
San Juan Bautista de Guacarí (Valle del Cauca)

funciones permanentes en la administración pública debe realizarse con
el personal de planta, que corresponde a las personas que ingresaron a la
administración mediante el concurso de méritos.

De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura
cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral,
esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada
subordinación, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a
favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en
el artículo 53 de la Constitución Política, con el que se propende por la garantía
de los derechos mínimos de las personas preceptuados en normas respecto de
la materia.

En otras palabras, el denominado «contrato realidad» aplica cuando se
constata en juicio la continua prestación de servicios personales remunerados,
propios de la actividad misional del ente estatal contratante, para ejecutarlos
en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo
sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las
necesidades de coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos,
para configurar dependencia y subordinación propia de las relaciones
laborales3.

De igual manera, en reciente decisión la subsección B de esta sección segunda 4
recordó que (i) la subordinación o dependencia es la situación en la que se
exige del servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento,
en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, y se le imponen reglamentos,
la cual debe mantenerse durante el vínculo; (ii) le corresponde a la parte actora
demostrar la permanencia, es decir, que la labor sea inherente a la entidad, y
la equidad o similitud, que es el parámetro de comparación con los demás
empleados de planta, requisitos necesarios establecidos por la jurisprudencia,
para desentrañar de la apariencia del contrato de prestación de servicios una
verdadera relación laboral; y (iii) por el hecho de que se declare la existencia
de la relación laboral y puedan reconocerse derechos económicos laborales a
quien fue vinculado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios
que ocultó una verdadera relación laboral, no se le puede otorgar la calidad de
empleado público, dado que para ello es indispensable que se den los

3
En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, en sentencia de 27
de enero de 2011, expediente: 5001-23-31-000-1998-03542-01 (202-10).
4
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia de 4 de febrero de 2016, expediente: 81001-23-
33-000-2012-00020-01 (316-2014).
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Absalón Escobar Domínguez contra el municipio de
San Juan Bautista de Guacarí (Valle del Cauca)

presupuestos de nombramiento o elección y su correspondiente posesión,
elementos de juicio que enmarcan el análisis del tema y que se tendrán en
cuenta para decidir el asunto sub examine.

3.4 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las
peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que
gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al
plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se
destaca:

a) El accionante prestó servicios de apoyo a la gestión administrativa al
municipio de San Juan Bautista de Guacarí (Valle del Cauca), según contrato
de prestación de servicios 92 suscrito el 3 de agosto de 2009, con un plazo de
ejecución de 5 meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio de la
misma fecha, cuyo objeto era «APOYO A LA MUNICIPALIDAD DE GUACARÍ
EN ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA PEDRO VICENTE ABADÍA […]» (sic) [ff. 128 a 131].

b) Certificaciones expedidas el 23 y 24 de mayo de 2013 por la rectora, el
técnico operativo y el coordinador de la Institución Educativa Pedro Vicente
Abadía (ff. 21 y 22), según las cuales el accionante prestó sus servicios como
«técnico administrativo» con funciones de «Mensajería» y «Bibliotecario»
«desde el año 2005 hasta el 2010» mediante «contratos a término fijo», de
acuerdo con el convenio pactado con la alcaldía de San Juan Bautista de
Guacarí.

c) Oficios de 1° de febrero y 26 de noviembre de 2009 dirigido al alcalde de
San Juan Bautista de Guacarí, mediante los cuales el técnico pagador de la
Institución Educativa Pedro Vicente Abadía relaciona el «personal de oficios
varios» «para el pago» de los meses de enero y noviembre de 2006, en el que
se menciona al demandante (f. 25).

d) Planillas de la Institución Educativa Pedro Vicente Abadía de la nómina del
personal en «comisión por parte de la alcaldía» de enero, febrero, marzo, abril,
junio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2008, en las que se encuentra
relacionado el actor (ff. 27 a 37).

e) Escrito de 14 de noviembre de 2012, con sellos de recibido de 19 de los
mismos mes y año y 14 de febrero de 2013 (ff. 38 y 39), a través del cual el
actor reclamó del municipio accionando el reconocimiento de las respectivas
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prestaciones sociales generadas entre el 2 de enero de 2005 y el 31 de enero de
2010, por las labores desempeñadas como auxiliar administrativo en la
Institución Educativa Pedro Vicente Abadía.

d) Por medio de oficio SRH-1000-037- de 21 de febrero de 2013 (f. 13 c.1), la
secretaría de desarrollo institucional de San Juan Bautista de Guacarí negó lo
solicitado en la letra anterior, para lo cual adujo que de conformidad con lo
previsto en la Ley 80 de 1993 los contratos estales son solemnes y no se «[…]
aporta […] prueba de la existencia de un acuerdo de voluntades previo y que
este se haya elevado por escrito», por lo que no hay lugar al reconocimiento de
las prestaciones sociales que ahora depreca.

De las pruebas relacionadas en el acápite anterior, se tiene que (i) el demandante
suscribió contrato de prestación de servicios el 3 de agosto de 2009 con el
municipio de San Juan Bautista de Guacarí (Valle del Cauca), para desempeñar
labores de auxiliar administrativo, que se desarrolló en la institución educativa
Pedro Vicente Abadía, el cual tuvo un plazo de ejecución de 5 meses; y (ii) el
19 de noviembre de 2012 y 14 de febrero de 2013 reclamó de dicho ente
territorial el reconocimiento de las respectivas prestaciones sociales generadas
entre el 2 de enero de 2005 y el 31 de enero de 2010, lo que le fue negado con
el acto administrativo demandado.

En principio, ha de advertirse que, contrario a lo alegado en la demanda, el único
período acreditado por el accionante es el comprendido entre el 3 de agosto de
2009 y el 3 de enero de 2010, toda vez que esta Corporación no evidencia prueba
alguna que ofrezca certeza sobre otros contratos suscritos, sus fechas y
condiciones en los demás lapsos reclamados.

Lo anterior, en atención a que, por una parte, las certificaciones expedidas por
la rectora, el técnico operativo y el coordinador de la Institución Educativa
Pedro Vicente Abadía, según las cuales el demandante prestó sus servicios
como «técnico administrativo» con funciones de «Mensajería» y
«Bibliotecario», «desde el año 2005 hasta el 2010» mediante «contratos a
término fijo», de conformidad con el convenio pactado con la alcaldía de San
Juan Bautista de Guacarí, no son claras respecto de los contratos en virtud de
los cuales se vinculó y su duración.

Por tanto, el período de prestación de servicios probado fue del 3 de agosto de
2009 al 3 de enero de 2010, tal como lo coligió el a quo, respecto del cual se
analizará la configuración de los elementos de la relación laboral.
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Absalón Escobar Domínguez contra el municipio de
San Juan Bautista de Guacarí (Valle del Cauca)

Asimismo, resulta oportuno precisar que, de acuerdo con el referido contrato de
prestación de servicios, su objeto fue brindar «APOYO A LA MUNICIPALIDAD
DE GUACARÍ EN ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDRO VICENTE ABADÍA […]» (sic).

De igual modo, se encuentra demostrada, con la copia del contrato de prestación
de servicios y las certificaciones expedidas por la institución educativa Pedro
Vicente Abadía, la existencia de dos de los elementos de la relación laboral, por
un lado, (i) la prestación personal del servicio, por cuanto efectivamente el
demandante fue contratado por el ente municipal como auxiliar administrativo,
según el objeto contractual ya relatado, lo que implica que fue quien prestó el
servicio; por otro, (ii) la remuneración por el trabajo cumplido, comoquiera
que en el contrato de prestación de servicios se estipuló un «valor del contrato
y forma de pago» con cargo a los recursos presupuestales de la entidad, es
decir, el monto de dinero que tenía derecho a recibir y la modalidad del pago,
lo que comporta la remuneración pactada por el servicio o el trabajo prestado,
independientemente de su denominación (honorarios o salario), que le era
pagada de manera mensual, según la suma acordada. Sin embargo, cabe anotar
que, pese a que no se aportó prueba de los pagos recibidos, el ente demandado
no lo controvirtió ni se opuso a ello, razón por la cual ha de entenderse que sí
los efectuó, al cumplir sus obligaciones contractuales.

En lo concerniente a (iii) la subordinación, como último elemento de la
relación laboral, resulta procedente examinar la naturaleza de las funciones
desempeñadas por el actor en el ente demandado y su verdadero alcance, con el
fin de establecer si existió o no.

En el caso sub examine el contrato de prestación de servicio aportado no
especifica las funciones que debía cumplir el contratista, por lo que la única
prueba que da cuenta de ello son las certificaciones expedidas por la rectora, el
técnico operativo y el coordinador de la Institución Educativa Pedro Vicente
Abadía, que indican que el demandante tenía funciones de «Mensajería» y
«Bibliotecario», las cuales, además de no estar relacionadas entre sí, tampoco
convencen acerca de la dependencia a la que supuestamente estaba sometido el
accionante, pues no se puede establecer si cumplía un horario, cuántos días a la
semana trabajaba, si existía o no un cargo de planta similar en la entidad y si era
autónomo en el desarrollo de las tareas fijadas.

Aunado a lo anterior, como no se puede establecer cuántas horas al día prestaba
sus servicios el demandante a la mencionada institución educativa, tampoco es
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San Juan Bautista de Guacarí (Valle del Cauca)

dable determinar si le implicaba exclusividad o no y eso le permitía tener otro
tipo de empleos o contratos, hecho que sumado a la circunstancia de que se
aportó un único contrato con vigencia de 5 meses, no permite deducir la
continuidad de la tarea contratada con el ente territorial, por lo que el análisis
probatorio que realizó el a quo se encuentra ajustado a derecho.

Resulta oportuno recordar que, según el marco jurídico que antecede, la
previsión normativa del artículo 32 (inciso 3º) de la Ley 80 de 1993 se trata de
una presunción que debe ser desvirtuada y, por ende, analizado el material
probatorio conforme a las reglas de la sana crítica, esta Corporación concluye
que no le asiste razón al actor en reclamar la existencia de una relación laboral
con el municipio de San Juan Bautista de Guacarí (Valle del Cauca), toda vez
que no se probó la configuración del elemento de la subordinación, por la
ausencia de la potestad de imponer cantidad de trabajo y de órdenes en el
desarrollo directo de sus actividades, circunstancias estas connaturales a dicho
elemento5, sino que, por el contrario, cumplió el objeto contractual pactado.

Se aclara que el principio de coordinación, ínsito en los contratos de prestación
de servicios, consiste en la sincronización de las actividades que ejerce el
contratista con las directrices que imparte el contratante para la ejecución
eficiente y eficaz, por lo que es indispensable que exista una concertación
contractual, en la que aquel cumple su contrato con independencia, sin embargo,
en armonía con las condiciones necesarias impuestas por su contraparte,
respecto de las cuales esta ejerce control, seguimiento y vigilancia al pacto
suscrito.

Diferente es la subordinación, en virtud de la cual existe una sujeción del
trabajador hacia su empleador y, en tal sentido, este cuenta en todo momento
con la posibilidad de disponer del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la
obligación correlativa de obedecerle. En efecto, el empleador impone las
condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios elementos o
instrumentos, para que el trabajador desarrolle sus labores, sin que le asista
ningún tipo de independencia.

Por consiguiente, en el presente caso puede hablarse de coordinación, habida
cuenta de que el desempeño de las funciones por parte del actor no estaba sujeto
a la imposición de medidas y/o órdenes del demandado sin tener la posibilidad

5
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia de 11 de mayo de 2020, expediente 20001-23-
31-000-2011-00341-01 (2001-13).
11

Expediente 76001-23-33-000-2013-00588-02 (2836-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Absalón Escobar Domínguez contra el municipio de
San Juan Bautista de Guacarí (Valle del Cauca)

de disponer del trabajo de aquel, lo que demuestra, se insiste, la ausencia del
elemento de la subordinación.

Así las cosas, actividades como presentar informes mensuales respecto de la
ejecución del contrato y otras funciones de índole administrativo dentro de la
organización de una dependencia no pueden considerarse, per se, como
circunstancias que comportan el elemento de la subordinación, en la medida en
que hacen parte de la ejecución y de las relaciones de coordinación propias de
los contratos de prestación de servicios, a la luz de lo previsto en el artículo 32
de la Ley 80 de 1993, norma que también prevé una presunción iuris tantum,
tal como lo ha determinado esta Corporación6:

Dicha normatividad contempló una presunción iuris tantum, al establecer
que en ningún caso estos contratos- entiéndase contratos de prestación de
servicios- generan relación laboral ni reconocimiento de prestaciones
sociales.

Las presunciones generan una de dos situaciones: quien alega la
presunción para fundar su derecho desplaza la carga de la prueba en cabeza
de su adversario o bien que quien alega la presunción le niegue a su
adversario por entero la facultad de acudir a prueba alguna que demuestre
la no existencia del hecho decisivo.

De esta suerte, las presunciones relevan de la carga probatoria a los sujetos
a favor de quienes operan. Una vez demostrado aquello sobre lo cual se
apoyan, ya no es preciso mostrar valiéndose de otros medios de prueba lo
presumido por la ley. En ese orden, el artículo 166 del Código General del
Proceso aplicable por remisión del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011,
regula las presunciones establecidas por ley señalando que “… el hecho
legalmente presumido se tendrá por cierto, pero admitirá prueba en
contrario cuando la ley lo autorice.”

Así las cosas, la presunción contenida en el artículo transcrito al no tener
el carácter de ser iuris et de iure, es decir, de pleno derecho, puede ser
controvertida y desvirtuada, de tal manera que, en asuntos como el
presente, quien pretenda la declaratoria de existencia de una relación
laboral que subyace de la ejecución de contratos de prestación de servicio,
con base en el principio consagrado en el artículo 53 de la Carta Superior
de la primacía de la realidad sobre las formas, tiene el deber de acreditar
los elementos configurativos de la relación laboral en especial, la
subordinación a fin de poder quebrantar la presunción que sobre esta
modalidad de contrato estatal recae.

6 Sección segunda, subsección B, sentencia de 25 de mayo de 2017, expediente 66001-23-33-000-2013-00468-
01 (2093-15).
12

Expediente 76001-23-33-000-2013-00588-02 (2836-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Absalón Escobar Domínguez contra el municipio de
San Juan Bautista de Guacarí (Valle del Cauca)

A guisa de corolario de lo que se deja consignado, se tiene que el accionante,
en su condición de contratista, no logró acreditar las condiciones para la
existencia del denominado «contrato realidad» que invoca, pues no demostró
que a través del contrato de prestación de servicios suscrito se desdibujaron las
características propias de este tipo de vínculo, para convertirse en una relación
laboral distinguida por la permanencia y continuidad en su ejecución y la
correspondiente subordinación.

Por último, dado que el demandante en el recurso de apelación solicita se
revoque en su integridad el fallo de primera instancia, incluida la condena en
costas, la Sala estima al respecto que el a quo aplicó de manera restrictiva lo
dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso (CGP), por
remisión expresa del artículo 188 del CPACA, a la parte vencida, pues no
estudió aspectos como la temeridad o mala fe en la que esta pudo incurrir, sino
que adoptó esa decisión con el único fundamento de que la norma en mención
preceptuaba de manera inexorable la imposición de tal condena. En este sentido,
se pronunció esta Corporación, en sentencia de 1.º de diciembre de 20167, así:

En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en costas
en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:

Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil.

La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial
gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción
es entendida por la Real Academia Española como «2. tr. Deliberar,
determinar, mandar lo que ha de hacerse».

Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas no
presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo 366 del CGP).

En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones (civil,
comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en materia de
costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP), corresponde al juez de
lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición

7
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01
(1908-2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, actor: Ramiro Antonio Barreto Rojas, demandada:
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).
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Expediente 76001-23-33-000-2013-00588-02 (2836-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Absalón Escobar Domínguez contra el municipio de
San Juan Bautista de Guacarí (Valle del Cauca)

de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar
paso a una aplicación razonable de la norma.

Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida
esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso
normal de las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea
manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción,
recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios
a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso,
incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos
o fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas;
se entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan
transcripciones o citas deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).

Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses del demandante,
se tiene que ejerció de forma legítima el reclamo por la vía judicial del
derecho que le asistía de acceder a la pensión gracia, pues con base en el
ordenamiento que la rige y los lineamientos jurisprudenciales en la
materia, así lo consideró.

Por consiguiente, esta Sala considera que la referida normativa deja a
disposición del juez la procedencia o no de la condena en costas, puesto que
para ello debe examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar
su causación y no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron
desfavorables a sus intereses, pues dicha imposición surge después de tener
certeza de que la conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala
fe, actuación que, se reitera, no desplegó el a quo, por lo que, al no predicarse
tal proceder de la parte accionante, se revocará la condena en costas.

Con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados
en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones
sobre el particular, se confirmará parcialmente el fallo de primera instancia, que
negó las pretensiones, toda vez que no se logró desvirtuar la presunción de
legalidad de que está revestido el acto administrativo acusado, y se revocará la
condena en costas impuesta al actor.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º. Confírmase parcialmente la sentencia de 30 de agosto de 2019 proferida por
14

Expediente 76001-23-33-000-2013-00588-02 (2836-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Absalón Escobar Domínguez contra el municipio de
San Juan Bautista de Guacarí (Valle del Cauca)

el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las súplicas de la
demanda incoada por el señor Absalón Escobar Domínguez contra el municipio
de San Juan Bautista de Guacarí (Valle del Cauca), por las razones expuestas
en la parte motiva.

2º. Revócase el ordinal segundo de la parte decisoria del fallo de primera
instancia, que condenó en costas al accionante, de acuerdo con la motivación.

3º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en Sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

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