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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2013-00736-01

Fecha
23 de junio de 2022
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2013-00736-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Modificar los ordinales primero y segundo de la sentencia proferida el 13 de diciembre de 2018 por el Tribunal Administrativo el Valle del Cauca que accedió parcialmente las pretensiones de la demanda y en su lugar, se dispone: «PRIMERO.- DECLÁRESE la nulidad parcial de las Resoluciones Nos. 1503 del 27 de agosto de 2012 y 2020 del 09 de noviembre del mismo año proferidas por el DISTRITO DE BUENAVENTURA. SEGUNDO.- Como consecuencia de la anterior declaración y a título de establecimiento del derecho, ORDÉNESE al DISTRITO DE BUENAVENTURA pagar a favor del señor OMAR CASQUETE GÓMEZ la suma correspondiente a las cesantías anualizadas causadas para los años 2003 a 2005, debidamente proporcionales al tiempo laborado. Las sumas canceladas por este concepto deberán ser objeto del ajuste de valor consagrado en el artículo 187 del CPACA.» Segundo: Adicionar el ordinal segundo BIS para declarar probada de oficio la excepción de prescripción extintiva del derecho frente a la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías correspondiente a las anualidades 2003 a 2005. Tercero: Revocar el ordinal tercero por lo expuesto en la parte motiva. Cuarto: Confirmar en todo lo demás la sentencia. Quinto: Condenar en costas de la segunda instancia a la parte demandante y a favor de la demandada, las cuales se liquidarán por el a quo. Sexto: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en la aplicación “SAMAI”.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2013-00736-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

23 de junio de 2022

Radicación: 76001-23-33-000-2013-00736-01 (6133-2019)
Demandante: Omar Casquete Gómez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-000-2013-00736-01 (6133-2019)
Demandante: OMAR CASQUETE GÓMEZ
Demandada: MUNICIPIO DE BUENAVENTURA Y OTRO

Tema: Cesantías y sanción moratoria Leyes 50 de 1990 y 244 de 1995,
modificada por la Ley 1071 de 2006 (docente).

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011

ASUNTO

La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado decide los recursos de
apelación interpuestos por las partes demandante y demandada, en contra de la
sentencia proferida el 13 de diciembre de 2018 por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda presentada.

DEMANDA

El señor Omar Casquete Gómez, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011,
formuló, en síntesis, las siguientes:

Pretensiones1

1. Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos expedidos por el alcalde
distrital de Buenaventura: i) Resolución 1503 del 27 de agosto de 2012, por medio
del cual le negó al señor Casquete Gómez la liquidación y pago de sus prestaciones
sociales y ii) Resolución 2020 del 9 de noviembre de 2012, que confirmó en todas
sus partes el anterior acto.

2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
ordenar a la Secretaría de Educación del distrito de Buenaventura pagar al señor
Omar Casquete Gómez: i) las cesantías correspondientes a los años 2003 a 2005,
con los intereses de la misma; ii) la sanción moratoria consagrada en el numeral 3
del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por el no pago oportuno del auxilio de cesantías
anualizadas hasta el pago efectivo de las cesantías; iii) la indemnización moratoria
contemplada en el parágrafo del artículo 5.° de la Ley 1071 de 2006, que modificó
y adicionó la Ley 244 de 1995, por el no pago oportuno del auxilio de cesantías,
desde el 12 de marzo de 2011 y hasta el 17 de julio de 2013; y iv) las costas
procesales conforme al «artículo 171 del CCA».
1 Folios 13 a 15.

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Radicación: 76001-23-33-000-2013-00736-01 (6133-2019)
Demandante: Omar Casquete Gómez

Fundamentos fácticos relevantes2

1. El señor Omar Casquete Gómez trabajó como docente de la Secretaría de
Educación del distrito de Buenaventura desde el 28 de abril de 2003 y hasta el 31
de diciembre de 2007, fecha en la cual se expidió el Decreto 263 del 31 de
diciembre de 2007, por medio del cual se desvinculó a todos los docentes adscritos
a esta.

2. El libelista solicitó el 30 de diciembre de 2010 ante la entidad demandada la
liquidación y pago de sus prestaciones sociales durante el tiempo en que estuvo
vinculada a esta, en razón a que solo procedió a su vinculación ante el Fomag a
partir del 28 de noviembre de 2005.

3. La alcaldía distrital de Buenaventura, a través de las Resoluciones 1503 del 27 de
agosto y 2020 del 9 de noviembre, ambas del año 2012, resolvió de forma negativa
su solicitud, bajo el argumento de que la acción para solicitar por vía judicial sus
derechos estaban prescritos.

DECISIONES RELEVANTES EN LA PRIMERA INSTANCIA

En el marco de la parte oral del proceso, bajo la Ley 1437 de 2011, la principal función
de la audiencia inicial es la de establecer el objeto del proceso y de la prueba. En esta
etapa se revelan los extremos de la demanda o de su reforma, de la contestación o de
la reconvención. Además, se conciertan las principales decisiones que guiarán el
juicio.

Con fundamento en lo anterior, se realiza el siguiente resumen de la audiencia inicial
en el presente caso, a modo de antecedentes:

Fecha de la audiencia inicial: 19 de abril de 20163.

Resumen de las principales decisiones

Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)

En el acta se consignó lo siguiente al momento de decidir las excepciones:

«[…] Para los procesos bajo el radicado No. 2013-00736-00, 2013-00741-00 y 2013-
001749-00 se formularon las excepciones de prescripción del derecho, falta de legitimación
por pasiva, cobro de lo no debido y la genérica (folios 146 a 150, folios 125 a 129, folios
131 a 135, respectivamente).

No obstante, es preciso anotar que las excepciones de prescripción del derecho y falta de
legitimación por pasiva, formuladas por el Municipio (sic) de Buenaventura, si bien se
encuentran en la lista que establece el artículo 180 numeral 6° del CPACA, atendiendo su
naturaleza no será objeto de pronunciamiento por parte del Despacho en esta etapa
procesal, toda vez que tienen relación directa con el fondo del asunto, razón por la cual se
resolverán con la sentencia.

Por otro lado, se encontró que las partes vinculadas como litisconsortes necesarios de la
demanda, NACIÓN -MINEDUCACIÓN NACIONAL - FONDO DE PRESTACIONES
SOCIALES DE EL (sic) MAGISTERIO y AGENCIA NACIONAL DE LA DEFENSA JURÍDICA

2 Folios 12 y 13.
3 Folios 243 a 254 .

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Radicación: 76001-23-33-000-2013-00736-01 (6133-2019)
Demandante: Omar Casquete Gómez

DEL ESTADDO, no presentaron escrito alguno dentro del término legal establecido.»
(Negrillas y mayúsculas sostenidas del texto original)

Se notificó la decisión en estrados y las partes no interpusieron recursos.

Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)

El litigio se fijó en los siguientes términos:

«[…] ¿Es procedente declarar la nulidad de los actos administrativos proferidos por la
Alcaldía Distrital de Buenaventura, mediante los cuales se negó el reconocimiento y pago
de cesantías y sus respectivos intereses a favor de los señores […] OMAR CASQUETE
GÓMEZ […]? En consecuencia, si hay lugar al reconocimiento del derecho y a cargo de
quién estaría la obligación de pago?»

Se notificó la decisión en estrados y no se presentaron recursos.

SENTENCIA APELADA4

El a quo profirió sentencia escrita el 13 de diciembre de 2018 en la que se accedió
parcialmente a las pretensiones, con fundamento en las siguientes consideraciones:

En primer lugar, el tribunal determinó que las cesantías anualizadas deprecadas por
el señor Omar Casquete Gómez, correspondiente a los años 2003 a 2005, son
imprescriptibles, pero que al momento de su desvinculación surgió la obligación del
pago de las cesantías definitivas, las cuales, sí son objeto del fenómeno prescriptivo,
siempre y cuando la mora fuere causada por un acto atribuible al empleado.

En ese sentido, precisó que se alega una desvinculación del demandante desde el 31
de diciembre de 2007; empero, advierte que el 9 de enero de 2008 fue nombrado como
docente en período de prueba, por lo que en principio no se creería que existió una
ruptura de la relación laboral. Sin embargo, de conformidad con la fecha de su afiliación
al Fomag, señaló que hubo una separación del vínculo laboral entre él y el ente
territorial, a partir del 27 de noviembre de 2005, pues desde el día 28 siguiente hubo
un cambio de la entidad responsable de las acreencias laborales, por lo que las
cesantías se convirtieron en definitivas y como no encontró que la omisión en su pago
sea por causa del demandante, señaló que, no podía aplicarse el fenómeno
prescriptivo de estas.

En cuanto a la sanción moratoria contenida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
señaló que no le son aplicables a los docentes dado que están regulados por un
régimen especial contenido en la Ley 91 de 1989 y como sustento de ello, transcribió
apartes de la sentencia del 24 de agosto de 2018, proferida dentro del proceso con
radicado 08001-23-33-000-2014-00174-01 (1653-2016) por esta Sección.

Respecto a la indemnización moratoria por el no pago de las cesantías definitivas,
resaltó que la sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, estimó que los docentes
son catalogados como servidores públicos y, por lo tanto, tenía derecho a la sanción
consagrada en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006. Destacó que en el mismo
sentido se pronunció la Corte Constitucional en sentencia SU-336 del 18 de mayo de
2017.

4 Folios 295 a 319.

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Radicación: 76001-23-33-000-2013-00736-01 (6133-2019)
Demandante: Omar Casquete Gómez

En virtud de ello y en atención a los dispuesto en los artículos 4 y 5 de la Ley 1071 de
2006, sostuvo que la administración tenía 15 días contados desde la presentación de
la solicitud de liquidación de cesantías para expedir el acto administrativo; 5 días para
la ejecutoria del acto de reconocimiento por cuanto la petición fue radicada en vigencia
del Decreto 01 de 1984 y otros 45 días hábiles contados desde le fecha en que quedó
en firme el acto administrativo para efectuar el pago de las cesantías.

De esta manera indicó que la solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías se
radicó el 30 de diciembre de 2010, el Distrito de Buenaventura tenía hasta el 21 de
enero de 2011 para resolverla y que al sumarle los 5 días de su ejecutoria, más los 45
días para su pago, el término vencía el 4 de abril de 2011; no obstante, el acto se
emitió sólo hasta el 27 de agosto de 2012, sin que se evidencie el pago efectivo del
auxilio de cesantías definitivas, entre las que se encuentran aquellas anualizadas,
causadas en los años 2003 a 2005.

Así las cosas, con fundamento en el Acto Legislativo 3 del 1.° de julio de 2011 que
modificó los artículos 344, 339 y 346 de la Constitución Política y que las Leyes 244
de 1995 y 1071 de 2006 no determinaron un límite a la causación de la sanción
moratoria, propuso, con fundamento en la sentencia del 25 de agosto de 2016,
proferida en el expediente 08001-23-31-000-2011-00628-01 (0528-2014), que la
indemnización prescribe en el término de 3 años, en aplicación al artículo 151 del CST
y, por consiguiente, declaró que la sanción se configuró desde el 5 de abril de 2011 y
hasta el 5 de abril de 2014 en virtud de la prescripción5.

Por último, dispuso que era el distrito de Buenaventura quién tenía la responsabilidad
de incorporar al señor Casquete Gómez al Fomag, pues de lo contrario, estaba
obligado a responder por la totalidad de las prestaciones que se causen hasta la
efectiva afiliación y para ello, indicó que para liquidar la sanción moratoria debía
tenerse en cuenta la asignación básica vigente en la fecha en que se produjo la
desvinculación de la libelista al distrito de Buenaventura. Así mismo, negó la
indexación solicitada por improcedente, sin perjuicio del ajuste al valor y se abstuvo de
condenar en costas a la parte vencida.

RECURSOS DE APELACIÓN

La parte demandada6 sostuvo que no es responsable del pago de cualquier
reclamación que surja frente a las cesantías del demandante, sino el Ministerio a través
el Fomag, según lo dispuesto por la Ley 91 de 1989 y el artículo 1.° del Decreto 3752
de 2003.

Frente a la prescripción, sostuvo que debían regirse por la prescripción trienal general
del artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral y los Decretos 3135 de 1968 y
1848 de 1969, por lo que en el caso concreto como la reclamación se efectuó en el
año 2010 y el derecho reclamado se causó el 1.° de noviembre de 2004 de acuerdo
con lo señalado en el artículo 1.° del Decreto 3752 de 2003, las cesantías y la

5 Sobre el particular, se transcribe el siguiente aparte de la sentencia objeto de apelación: «Teniendo en cuenta

que, en Sentencia de Unificación […] del 25 de agosto de 2016 […] se estableció que la sanción moratoria prescribe
en un término de 3 años, en aplicación del artículo 151 del CST, contado a partir desde que se hace exigible dicha
obligación; se estima viable tomar dicho término como un límite en la causación de este concepto cuando la entidad
responsable no ha efectuado el pago, y se sigue extendiendo su configuración en el tiempo […]
Por consiguiente, en el presente asunto se ha configurado una sanción moratoria desde el 09 de marzo de 2011
hasta el 09 de marzo de 2014, fecha para la cual se cumplen los 3 años señalados en el planteamiento anterior
[…]»
6 Folios 331 a 333.

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Demandante: Omar Casquete Gómez

indemnización se encuentran prescritos y con ello, procede la declaratoria de la
excepción denominada prescripción del derecho.

La parte demandante7 manifestó su inconformidad frente a la sentencia impugnada,
en primer lugar, al limitar de manera arbitraria e ilegal la indemnización moratoria
consagrada en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 que disponen como sanción un
día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas
y cuando solo basta acreditar para ello, la no cancelación dentro del término previsto
en la ley.

En ese sentido, señaló que no comparte la decisión tomada por el tribunal, pues con
ella, se infringió principios como los del imperio de la ley, equilibrio procesal y de
favorabilidad al limitar el pago de la sanción a los 3 años contados a partir de la fecha
en que debió efectuarse el pago por la parte demandada, más cuando a la fecha aún
no se han cancelado las cesantías correspondientes a los años 2003 a 2005 y sus
respectivos intereses.

Refirió que en la sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, con radicado 73001-
23-33-000-2014.00580-01 (4961-2015), se hizo referencia respecto a que la sanción
es una multa a cargo del empleador y a favor del empleado para resarcir los daños
que se causan con el incumplimiento en el pago de la liquidación y de la prohibición
de indexar los valores correspondientes a la sanción moratoria, pero no sobre la
limitación del cumplimiento al ser un tema que no está en discusión dado que el mismo
artículo 5.° de la Ley 1071 de 2006 es claro en señalar que es hasta que se haga
efectivo el pago.

En segundo lugar, adujo que, al negar las demás pretensiones, dentro de las cuales
está la sanción moratoria contemplada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, se
desconoce que las cesantías y los intereses a las cesantías de los años 2003 a 2005,
se causaron cuando no se había vinculado al Fomag, por lo que es claro que no le era
aplicable la Ley 91 de 1989.

Atendiendo las anteriores consideraciones solicitó revocar el numeral tercero y cuarto
del fallo y disponer en su lugar el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por
el no pago oportuno de las cesantías reguladas en el artículo 5.° de la Ley 1071 de
2006 y hasta que se haga efectivo el pago de la prestación social así mismos el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria regulada en el artículo 99 de la Ley 50
de 1990, hasta la fecha de terminación de la relación laboral.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA

El distrito de Buenaventura8 refirió que el docente, contrario a lo expuesto por el a
quo, permaneció en su cargo, sin solución de continuidad, ya que este no se vio
afectada con la nacionalización de la educación y, en ese sentido, con fundamento en
la sentencia del 18 de enero de 2018, proferida en el proceso con radicado 19001-33-
31-000-2011-00305-01 (1753-16), que fue clara en señalar que la responsabilidad para
asumir el pago de las acreencias laborales del personal docente, como son las
cesantías definitivas aquí reclamadas, están en cabeza del Fomag, también reconoció
que era de su obligación pagarle al Fondo dichas sumas, previa reclamación de este,
sin que lo hubiere hecho.

7 Folios 334 a 336.
8 Según se advierte en memorial adjunto a la plataforma SAMAI, visible a índice 14.

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A su vez, indicó que la prestación pretendida esta prescrita, para lo cual reiteró que la
reclamación administrativa fue radicada en el año 2010 y el derecho reclamado se
causó desde el 1.° de noviembre de 2004 de acuerdo al Decreto 3752 de 2003 y, por
lo tanto, la petición se hizo pasado los 3 años para que se configure la prescripción
extintiva.

Adicionalmente, sostuvo que según la sentencia de unificación CE-SUJ004 de 2016,
la docente tuvo la posibilidad de ejercer su derecho de reclamación en el momento en
que se le resolvió sobre el reconocimiento de las prestaciones adeudadas como
consecuencia del cese definitivo de sus actividades, situación que ocurrió en diciembre
de 2007, con lo cual se hubiera generado la necesidad del Fondo de agotar la
actuación respectiva ante el distrito, omisión que originó la mora en el pago de las
cesantías deprecadas, causa que es atribuible a la libelista y con ello la procedencia
del fenómeno prescriptivo.

De conformidad con lo anterior, solicitó revocar el fallo de primer grado.

El parte demandante y el ministerio Público guardaron silencio, según consta en
constancia secretarial visible a folio 366.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver los
recursos de apelación interpuestos. De igual forma, según el artículo 328 del Código
General del Proceso, por haber sido apelada por ambas partes el juez de segunda
instancia puede resolver sin limitaciones los argumentos expuestos en los recursos.

Problemas jurídicos

Con fundamento en los anteriores argumentos, los problemas jurídicos se resumen en
las siguientes preguntas:

1. ¿Operó la prescripción de las cesantías del señor Omar Casquete Gómez,
correspondientes a las anualidades 2003 a 2005?

2. ¿Les asiste derecho a los docentes oficiales a reclamar el pago de la sanción
moratoria prevista en las Leyes 50 de 1990, 344 de 1996 y el Decreto 1582 de 1998,
por la consignación tardía de las cesantías anualizadas?

En caso afirmativo, ¿Operó el fenómeno de la prescripción extintiva sobre el
derecho a la sanción moratoria que le asistía a la demandante por la consignación
tardía de las cesantías anualizadas?

3. ¿Se acreditó en el sub lite el derecho a reclamar la sanción moratoria por el pago
tardío de sus cesantías definitivas?

En caso afirmativo ¿Operó el fenómeno de la prescripción extintiva sobre el
derecho a dicha sanción?

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4. ¿Es el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio la entidad llamada
a asumir el pago de la condena que resulte de la reclamación efectuada por la
demandante?

Primer problema jurídico

¿Operó la prescripción de las cesantías del señor Omar Casquete Gómez,
correspondientes a las anualidades 2003 a 2005?

Sobre el particular, la Sala sostendrá la siguiente tesis: En el presente caso no se
configuró la prescripción extintiva del derecho a las cesantías correspondientes a las
anualidades 2003 a 2005, como se expondrá a continuación:

De la exigibilidad de las cesantías anualizadas y definitivas.

La sentencia CE-SUJ004 de 2016 proferida el 25 de agosto de 2016 por esta Sección,
tuvo por objeto unificar jurisprudencia frente a las controversias que rodeaban el
reconocimiento de las cesantías, para el efecto realizó el siguiente estudio:

«[…] Ahora bien, diferentes tesis se han planteado en relación con la extinción del derecho
a las cesantías, así: i) según la cual, mientras la relación laboral se encuentre vigente, no
se produce la extinción de las mismas, sino que el término prescriptivo empieza a correr a
partir de la ruptura del vínculo laboral; ii) la que predica que se aplica la prescripción extintiva
del derecho al transcurrir 3 años sin hacer la reclamación, sin consideración a la terminación
de la relación laboral, y iii) la que sostiene que se trata de un derecho imprescriptible.
[…]
Los distintos enfoques sobre la materia, hacen necesaria la definición de una postura
unificada, previo el siguiente análisis:
[…]
Ahora bien, con la modificación que surgió con el cambio de liquidación de esa prestación,
a ser realizada en forma anual, al empleador le corresponde liquidar las cesantías cada año
con corte a 31 de diciembre, y efectuar la consignación de las sumas producto de esa
liquidación en el fondo que el empleado elija, a más tardar, el 15 de febrero del año
siguiente9. A partir de ese momento, las sumas liquidadas y consignadas por concepto de
cesantías, ingresan al patrimonio del empleado, pues son destinadas a la cuenta individual
que a nombre del empleado se ha creado en el fondo administrador de cesantías que este
haya elegido.
Tales sumas se van incrementando año a año producto de la liquidación y consignación
que al empleador le corresponde en virtud de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 99
de la Ley 50 de 1990, generando un “ahorro” en su cuenta individual que, salvo las
excepciones de ley10, será retirado al momento en que quede cesante.
El ahorro así constituido, puede ser reclamado por el empleado en el mismo instante de
quedar cesante, pues precisamente esa es la causal principal para el retiro de las cesantías
o, incluso en una fecha posterior a ella, sin que esté sujeto a término alguno para retirar el
monto que ha sido depositado en la cuenta a su favor durante la relación laboral. Siendo
así, en modo alguno se puede afirmar que pierde, en virtud del término extintivo, el ahorro
que durante su trayectoria laboral se haya consignado en el fondo respectivo.
Ahora bien, en el evento en que la administración no hubiera dado cumplimiento a los
estrictos términos legales que la ley concede para la liquidación y/o consignación de las
cesantías en la fecha que la ley impone, tampoco podría aplicarse la figura extintiva en
perjuicio del trabajador, pues ello implicaría que el incumplimiento del deber legal por parte

9 Artículo 99, numeral 3 de la Ley 50 de 1990.
10 Según las cuales se pueden hacer retiros parciales, con destino a compra o remodelación de vivienda, educación,

entre otros.
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Demandante: Omar Casquete Gómez

del empleador redundaría en su propio beneficio y en contra del empleado, imponiendo a
este una carga desproporcionada que no tiene porqué soportar, es decir, la extinción de su
derecho producto de la negligencia de su empleador.
[…]
Así las cosas, ha de concluirse que respecto de las cesantías anualizadas, en el marco de
la Ley 50 de 1990, no se aplica el fenómeno de prescripción, pues la obligación de su
consignación en una fecha determinada surge de pleno derecho, en virtud de lo dispuesto
en la ley, que le concede al empleador un término perentorio para realizar el depósito en el
fondo administrador al que esté afiliado el empleado y la omisión en el cumplimiento de ese
término no puede redundar en la afectación de los derechos del empleado.

No obstante, cuando se trata de la consignación de las cesantías definitivas, si la mora no
se produce por negligencia del empleador, sino por una causa atribuible al empleado, sí
procede el fenómeno prescriptivo, pues en tal caso, la omisión de este último en cumplir los
requerimientos que el empleador hace para disponer su pago, no puede constituir un
beneficio a su favor.
En los anteriores términos se precisa que las cesantías anualizadas no están sometidas al
fenómeno prescriptivo, mientras que las definitivas sí están sujetas a ese fenómeno.»

Visto lo anterior, se concluye:

i) Cuando se trata de cesantías anualizadas no se puede hablar de prescripción del
derecho hasta tanto no se rompa la relación laboral, pues la obligación de su
consignación en una fecha determinada está dispuesta por la misma ley, que le
concede al empleador un término perentorio para realizar el depósito en el fondo
administrador al que esté afiliado el empleado y la omisión en el cumplimiento de ese
término no puede redundar en la afectación de los derechos del empleado.

ii) En consecuencia, las cesantías anualizadas se hacen exigibles a partir del 15 de
febrero del año siguiente a su causación, fecha en la que debieron ser consignadas en
el fondo administrador de cesantías correspondientes y no prescriben siempre que la
relación laboral se encuentre vigente, pues considerar lo contrario devendría en una
vulneración de los derechos laborales del empleado quien no debe soportar las cargas
del incumplimiento de la obligación correspondiente a la administración.

iii) Empero, una vez la relación laboral se encuentre finalizada, se convierten definitivas
y cesa la obligación del empleador de cancelar la prestación antes del 15 de febrero
del año correspondiente, por lo que, a partir del retiro del servicio del empleado, el
reclamó de las anualidades en mora se encuentra sujeto al término prescriptivo del
derecho, en tanto es el beneficiario quien debe cumplir los requerimientos que el
empleador hace para disponer su pago, omisión que no puede constituir un beneficio
a su favor.

Del caso concreto

De acuerdo con los anteriores razonamientos, corresponde a la Sala determinar si a la
demandante le prescribió el derecho al reconocimiento y pago de las cesantías e
intereses de las mismas, por las anualidades de 2003 a 2005.

Al respecto, se observa que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en la
audiencia inicial decretó como prueba oficiar al Fomag para que dicha entidad allegara
certificación de la fecha en que fue afiliado el señor Casquete Gómez. Atendiendo el
requerimiento probatorio decretado por el a quo, la directora de afiliaciones y recaudos
del Fondo allegó certificación del 24 de mayo de 2016 en la que se advierte (f. 273):

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Demandante: Omar Casquete Gómez

Así mismo, que mediante Decreto 2495 del 26 de diciembre de 200211, el señor Oscar
Casquete Gómez fue nombrado de manera provisional, en el cargo de docente del
municipio de Buenaventura y tomó posesión del mismo el 28 de abril de 2003, según
Acta de Posesión 2003-0837.12

De igual forma, se advierte que por Decreto 261 del 31 de diciembre de 2007 se
nombró al libelista en período de prueba en el cargo de docente especialidad de
educación física recreación y deportes, puesto del cual tomó posesión el 9 de enero
de 2008, según Acta de Posesión 115.13

A su vez, se cuenta con el Decreto 384 del 9 de septiembre de 200814, por medio del
cual se nombró en propiedad al demandante como docente al haber superado con
satisfacción la evaluación por periodo de prueba y se dispuso su inscripción o
reconocimiento en el escalafón docente. Según el Acta de Posesión 120215, tomó
posesión del cargo el 2 de octubre de 2008.

Además, según extracto de intereses a las cesantías del Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio Fiduprevisora S.A.16, de fecha 30 de mayo de 2012, se
advierte de los giros e intereses a las cesantías correspondientes al señor Casquete
Gómez en los años 2007 a 2011. Tal documento no contiene novedad alguna respecto
de los años 2003 a 2005.

También, se observa que el demandante radicó solicitud el 30 de diciembre de 2010,
tendiente a que le fueran reconocidas y pagadas sus prestaciones sociales, dentro de
las que se encuentran las cesantías e intereses a las cesantías, conforme se infiere
de las Resoluciones 1503 del 27 de agosto de 2012 y 2020 del 9 de noviembre de
2012 visibles a folios 2 a 4 y 20 a 22 del expediente.

Igualmente, obra Resolución 1503 del 27 de agosto de 201217, por medio de la cual el
alcalde del distrito de Buenaventura resolvió de manera negativa las pretensiones de
la solicitud, teniendo en cuenta que la petición de reconocimiento y pago de las
cesantías fue radicada en el año 2010 y que el derecho reclamado se causó desde el
1.° de noviembre de 2004, de acuerdo a lo señalado en el Decreto 3752 de 2003, por
lo que los derechos por él adquiridos con la relación laboral estaban prescritos; además
declaró agotada la vía gubernativa. La decisión fue notificada el 30 de agosto de
201218.

11 Folios 91 a 94.
12 Folio 95.
13 Folio 96, 106 a 111.
14 Folio 97 a 99.
15 Folio 135.
16 Folio 52.
17 Folios 20 a 22.
18 Folio 24.

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Demandante: Omar Casquete Gómez

Contra el anterior acto administrativo la libelista interpuso recurso de reposición a fin
de que se revoque el acto administrativo anterior «[…] y en su lugar se ordene la
liquidación y pago de las cesantías definitivas, intereses y sanción moratoria a la que haya
lugar, argumentando que la Alcaldía Distrital de Buenaventura debe tener encuentra la
obligación de responder por los períodos en los cuales sus poderdantes no estuvieron afiliados
al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.»19 Mediante la Resolución 12021 del 9
de noviembre de 201220, el alcalde distrital resolvió no reponer el acto administrativo
anterior y lo confirmó en todas sus partes; el mismo fue notificado el 20 de diciembre
de 201221.

En el asunto bajo estudio se tiene que el señor Omar Casquete Gómez edifica la
reclamación de reconocimiento y pago de las cesantías y sus intereses correspondiente
a las anualidades 2003 a 2005, en el hecho de que el distrito de Buenaventura procedió
a vincularla al Fomag a partir del 28 de noviembre de 2005, sin que le fueran
reconocidas las cesantías correspondientes a tal lapso.

En esa medida, de conformidad con la prueba anteriormente descrita se observa que
la libelista en efecto se vinculó al Fomag a partir del 28 de noviembre de 2005 con
régimen de cesantías anualizadas, por lo que están dados los supuestos de hecho
invocado por ella para sustentar su pretensión de reconocimiento de los aludidos
auxilios, afirmación que tampoco fue desvirtuada en el proceso.

Ahora bien, a fin de resolver el problema jurídico es del caso señalar que el
demandante alega una desvinculación como docente del ente territorial demandado
desde el 31 de diciembre de 2007; empero, no existe documental que acredite su retiro
definitivo del servicio en dicha data y, por el contrario, conforme a las pruebas
relacionadas en precedencia ha estado vinculado como docente, por lo menos, hasta
la fecha en que se expidió el certificado del 24 de mayo de 2016.

Bajo ese entendido y contrario a lo señalado por el a quo, no puede la Sala determinar
que la ruptura laboral se dio un día anterior a su afiliación al Fomag (27 de noviembre
de 2005), pues la incorporación al citado Fondo lo fue solo para efectos de garantizar
y efectuar el pago de las prestaciones económicas de los docentes, sin que ello
implique la cesación de sus funciones.

Ahora, en lo concerniente a la jurisprudencia antes referida, las cesantías anualizadas
no prescriben si la relación laboral se encuentra vigente y una vez la relación laboral
se encuentre finalizada, el auxilio de tal carácter se convierte en definitivo y cesa la
obligación del empleador de cancelar la prestación antes del 15 de febrero del año
correspondiente, por lo que, a partir del retiro del servicio del empleado, la reclamación
de las anualidades en mora se encuentran sujetas al término prescriptivo del derecho.

En ese sentido y teniendo en cuenta que no se advierte terminación alguna de la
relación laboral, el reconocimiento y pago de las cesantías anualizadas causadas en
los años 2003 a 2005 son imprescriptibles.

Segundo problema jurídico

¿Les asiste derecho a los docentes oficiales a reclamar el pago de la sanción
moratoria prevista en las Leyes 50 de 1990, 344 de 1996 y el Decreto 1582 de 1998,
por la consignación tardía de las cesantías anualizadas?

19 Folio 2.
20 Folios 2 a 4.
21 Folio 4.

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Demandante: Omar Casquete Gómez

En caso afirmativo ¿Operó el fenómeno de la prescripción extintiva sobre el derecho
a la sanción moratoria que le asistía a la demandante por la consignación tardía de
las cesantías anualizadas?

Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: en virtud del principio de favorabilidad,
es viable aplicar a los docentes las disposiciones que contiene la Ley 50 de 1990, en
materia de sanción moratoria por la consignación extemporánea de las cesantías
anuales como pasa a explicarse y, bajo ese entendido, de de conformidad con los
elementos probatorios que obran en el plenario, y a la luz de la sentencia de
unificación proferida por la Sección Segunda de esta Corporación el 25 de agosto de
2016, aclarada a través de sentencia de unificación del 6 de agosto de 2020, la
sanción por mora en la consignación del auxilio de cesantías reclamada en el sub lite
se encuentra prescrita, como se expondrá a continuación:

Del marco jurídico aplicable a los docentes oficiales en materia de cesantías

En lo que respecta al personal docente, se debe indicar que el artículo 3 de la Ley 91
de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio como « una
cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin
personería jurídica, cuyos recursos serán manejados por una entidad fiduciaria estatal o de
economía mixta, en la cual el Estado tenga más del 90% del capital» que estaría a cargo del
pago de las prestaciones sociales22 que se causaran a favor del personal docente
nacional y nacionalizado, a partir de la promulgación de esa ley.

La aludida norma, en su artículo 1, numeral 3, precisó que los docentes territoriales
son aquellos «vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de
1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975» y
en el artículo 2 ibidem reguló lo relativo al reconocimiento de sus prestaciones, en los
siguientes términos:

«Artículo 2º.- De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975, la Nación y las entidades
territoriales, según el caso, asumirán sus obligaciones prestacionales con el personal
docente, de la siguiente manera:
[…]
5.- Las prestaciones sociales del personal nacional y nacionalizado que se causen a partir
del momento de la promulgación de la presente Ley, son de cargo de la Nación y serán
pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; pero las entidades
territoriales, la Caja Nacional de Previsión Social, el Fondo Nacional de Ahorro o las
entidades que hicieren sus veces, pagarán al Fondo las sumas que resulten adeudar hasta
la fecha de promulgación de la presente Ley a dicho personal, por concepto de las
prestaciones sociales no causadas o no exigibles.» (Subraya la Sala)

En lo que tiene que ver con el reconocimiento de las cesantías, el artículo 15 ibidem
prescribió lo siguiente:

«3. Cesantías:
A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes
de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre
el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso
contrario sobre el salario promedio del último año.
B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1.° de enero de 1990 y para los docentes
nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las

22 De acuerdo con el artículo 5, numeral 1, de la Ley 91 de 1989.

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cesantías generadas a partir del 1.° de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas
cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin
retroactividad, equivalente a la suma que resulte de aplicar la tasa de interés, que de
acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio
de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal
nacional docente, acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas
generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional. (Subraya la Sala).»

Ahora bien, la Ley 812 de 2003, por la cual se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo
2003-2006, en su artículo 81 señaló que el régimen prestacional de « los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público
educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley».

Con fundamento en lo anterior y con el objeto de lograr la afiliación de los docentes
territoriales al aludido fondo, con el Decreto Nacional 3752 de 2003 se dispuso:

«Artículo 1°.- Personal que debe afiliarse al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio. Los docentes del servicio público educativo que estén vinculados a las plantas
de personal de los entes territoriales deberán ser afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, previo el cumplimiento de los requisitos y trámites
establecidos en los artículos 4° y 5° del presente decreto, a más tardar el 31 de octubre de
2004.
Parágrafo 1°.- La falta de afiliación del personal docente al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio implicará la responsabilidad de la entidad territorial nominadora por
la totalidad de las prestaciones sociales que correspondan, sin perjuicio de las sanciones
administrativas, fiscales y disciplinarias a que haya lugar.
Parágrafo 2°.- Los docentes vinculados a las plantas de personal de las entidades
territoriales de manera provisional deberán ser afiliados provisionalmente al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio mientras conserve su nombramiento provisional.

Artículo 5°. Trámite de la afiliación del personal de las entidades territoriales. Presentada la
solicitud de afiliación por parte de la entidad territorial, dentro de los sesenta (60) días
siguientes, se adelantará el siguiente procedimiento:
1. Elaboración del cálculo actuarial que determine el total del pasivo prestacional,
presentando de manera separada cesantías y pensiones, del personal docente que se
pretende afiliar y, por tanto, el valor de la deuda de la entidad territorial con el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Tal cálculo será elaborado, con cargo a los recursos del Fondo, por parte de la sociedad
fiduciaria encargada del manejo de sus recursos y la respectiva entidad territorial de
conformidad con los parámetros que señale el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
para el efecto.
2. Definido el monto total de la deuda, previa revisión del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, este será comunicado a la entidad territorial por parte de la sociedad fiduciaria
encargada del manejo de los recursos del Fondo. Tal comunicado deberá indicar,
adicionalmente, el plazo y la forma de pago que deberá ajustarse, en todo caso, a lo
establecido en el artículo 1° de la Ley 549 de 1999. El monto a pagar por vigencia se cubrirá
con los recursos que traslade el FONPET al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio. Si estos recursos no fueren suficientes, la entidad territorial aportará de sus
recursos hasta cubrir la totalidad de las obligaciones corrientes que correspondan.
3. El Ministerio de Educación Nacional, en su calidad de fideicomitente de la fiducia
mercantil por medio de la cual se administran los recursos del Fondo Nacional de
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Prestaciones Sociales del Magisterio, ejercerá la interventoría del mismo.» (Subrayas de
la Sala)

En armonía con el marco normativo reseñado en precedencia, la Subsección había
sostenido la tesis de que los docentes oficiales, si bien servidores públicos en toda
regla, no están amparados por las disposiciones de liquidación anual de las cesantías
consagradas en la Ley 50 de 1990, comoquiera que la aplicación de tales previsiones
con destino a los empleados territoriales surgió de la Ley 344 de 1996, en cuyo artículo
13 les hizo extensivas las normas vigentes en materia de cesantías, pero hizo la
salvedad de que ello era «sin perjuicio de lo estipulado en la Ley 91 de 1989», lo que se
traduce en que lo allí dispuesto no cobijó al personal docente.

Esa postura también había sido desarrollada por la Corte Constitucional, al estudiar el
ajuste del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 a los postulados de la Carta, pues en
sentencia C-928 de 200623 señaló que la forma de realizar el cálculo y pago de las
cesantías a favor de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio no era igual al dispuesto en la Ley 50 de 1990. En aquella ocasión,
puntualizó además que ello redundaba en una violación del derecho a la igualdad
porque «simplemente la manera como se liquidan y pagan aquellos24 es distinta a la regulada
en la Ley 50 de 1990, sin que por ello se configure discriminación alguna».

En efecto, sobre ese particular, la Corte Constitucional en sentencia SU-098 de 201825
sostuvo que el «hecho de que los docentes se encuentren amparados por un régimen
especial, no implica el desconocimiento de su calidad de trabajadores del Estado, y menos
aún si se trata de la aplicación de una norma de carácter laboral que comporta un beneficio,
caso en el cual prevalece la interpretación que reporte el mayor beneficio para el empleado,
pues ésta será la que se ajuste a los postulados del artículo 53 de la Carta Política».

De igual manera, en la sentencia en cita, la Corte señaló que aunque los jueces han
adoptado una postura jurídicamente razonable y justificada al negar el derecho a la
sanción moratoria, esta excluye otra posible interpretación, en virtud de la cual sí los
ampara la sanción moratoria por la no consignación de cesantías de conformidad con
lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, la cual es «más
favorable respecto de los derechos laborales de los docentes oficiales», máxime cuando «el
ámbito de aplicación de la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990 se extiende a todos los
empleados públicos. Así lo establece el Decreto 1252 de 2000». Y finalmente, concluyó:

«[…] Realizada la anterior aclaración, esta Corporación considera que, en el régimen
anualizado, aplicable al caso de los docentes vinculados después de 1990 y 1996, es lógico
que se exija la afiliación y el pago oportuno del auxilio de cesantías, ya que la consignación
es la manera de garantizar el acceso a la prestación. Sin duda, este sistema solo
puede ser equitativo si las personas pueden contar con su pago de forma oportuna
para poder disponer de la prestación en cualquiera de los eventos en que se permite,
esto es, ante el desempleo, para financiar la educación propia, de compañeros
permanentes, de los hijos o dependientes y para la adquisición, construcción, mejora
o liberación de bienes raíces destinados a su vivienda.
Adicionalmente, cabe anotar que, como quedó visto, una interpretación restrictiva de la
aplicación de la sanción moratoria incurriría en un trato desigual de los docentes
frente a otros trabajadores del Estado que gozan de la sanción como garantía de la
prestación. Esta distinción viola el derecho a la igualdad toda vez que los docentes
tendrían un derecho limitado por tener una categoría específica dentro de los

23 Corte Constitucional, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
24 Refiriéndose a diferentes prestaciones, entre ellas las cesantías.
25 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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trabajadores estatales, lo cual no constituye un motivo valido en sí mismo para negar
su acceso.
[…]
Como se advirtió, los docentes se encuentran en la categoría de los empleados
públicos y no existe razón que justifique que en su calidad de trabajadores no tengan
derecho, de la misma forma que los demás servidores públicos, a que sus
prestaciones sociales sean canceladas en tiempo. Una interpretación contraria no
protegería a estas personas en la misma forma que a otros servidores públicos, lo cual
tendría como consecuencia la restricción de su posibilidad de gozar de la garantía del pago
oportuno del auxilio de cesantías y, a su vez, de las protecciones ya mencionadas que se
derivan de esa prestación.
[…]
Sumado a lo anterior, el régimen especial al que está sometido el actor no contempla
la sanción que solicita, situación distinta sería que su régimen lo contemplara o que,
en su lugar, se estableciera otro tipo de beneficios o sanciones, lo cual, en este caso
no se evidencia. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que
hipótesis como las que ahora se encuentran bajo estudio pueden desconocer el
derecho a la igualdad.
[…]
De conformidad con todo lo expuesto, en consonancia con el principio de favorabilidad
procede aplicar lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 ya
que la Ley 91 de 1989 no contempla de manera expresa sanción por la no
consignación de las cesantías en el FOMAG. […]» (Resalta la Subsección)

Recientemente, en sentencia SU-332 de 201926 esa Corporación también concluyó
que:

«[…] 52. En síntesis, con base en la jurisprudencia constitucional, es posible concluir
que (i) el pago oportuno de las cesantías es una garantía de todos los trabajadores,
protegida por la Constitución; (ii) los miembros del Magisterio gozan de un régimen
prestacional especial, en razón de la labor que desarrollan y su vinculación con el Estado;
(iii) los docentes oficiales se pueden catalogar como empleados públicos, en razón de las
funciones que desarrollan, el régimen de carrera al que se encuentran sometidos y la
vinculación mediante nombramiento, que da lugar a una relación legal y reglamentaria; (iv)
los docentes oficiales, en tanto empleados públicos, tienen derecho al
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías. […]»
(Negrillas de la Sala)

Bajo el anterior derrotero, la Subsección ha considerado viable acoger el criterio de
favorabilidad aplicado en sede constitucional, para resolver las controversias
relacionadas con el reconocimiento de sanción moratoria por la consignación tardía de
las cesantías anuales a los docentes, al amparo de lo dispuesto en el artículo 99 de la
Ley 50 de 1990. Por ende, se aplicará el anterior criterio a fin de determinar si la
demandante es beneficiaria de la sanción pretendida en la demanda.

La postura adoptada en la sentencia unificación del 25 de agosto de 2016,
aclarada a través de sentencia de unificación del 6 de agosto de 2020

En lo que atañe a la ocurrencia del fenómeno de la prescripción extintiva frente a la
sanción moratoria por la consignación tardía del auxilio de las cesantías anualizadas,
la Sección Segunda de esta Corporación unificó el criterio jurisprudencial a través de
la sentencia del 25 de agosto de 201627, aclarada en providencia, también de
unificación, del 6 de agosto de 202028. En dicha oportunidad, señaló que la penalidad

26 Corte Constitucional, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Rad.: 08001-23-31-000-2011-00628-01 (0528-2014).
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Rad.: 08001-23-33-000-2013-00666-01 (0833-2016).

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en comento está sometida a la prescripción trienal, al tenor de los dispuesto en el
artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral y que el momento a partir del cual
procede la reclamación de la misma corresponde al día en que se configura la mora
respecto de la obligación originaria, esto es, desde el 15 de febrero del año en que se
debió realizar la consignación de las cesantías anualizadas.

De conformidad con la tesis de unificación, pese a no existir una norma expresa que
contemple un término de prescripción para la penalidad ante la tardanza en el depósito
de las cesantías anualizadas a que tiene derecho el trabajador, sobre las mismas
opera el fenómeno de prescripción trienal, como se indica a continuación:

«[…] Como se señaló en forma previa, los salarios moratorios, que están a cargo del
empleador que incumpla su obligación de consignar las cesantías en el término que la ley
concede, no son accesorios a la prestación “cesantías”.
Si bien es cierto se causan en torno a ellas, no dependen directamente de su
reconocimiento, ni hacen parte de él; pues su causación es excepcional, está sujeta y
deviene del incumplimiento u omisión del deber legal consagrado a cargo del empleador,
están concebidas a título de sanción, por la inobservancia de la fecha en que se debe
efectuar la consignación de esa prestación.
Como hacen parte del derecho sancionador y a pesar de que las disposiciones que
introdujeron esa sanción en el ordenamiento jurídico, no consagran un término de
prescripción, no puede considerarse un derecho imprescriptible, pues bien es sabido que
una de las características del derecho sancionador es que no pueden existir sanciones
imprescriptibles.
Siendo así y como quiera que las Subsecciones A y B han aplicado la prescripción trienal
en asuntos relativos a sanción moratoria, se considera que no hay controversia alguna
sobre ese particular; no obstante, sí es del caso precisar que la norma que se ha de invocar
para ese efecto, es la consagrada en el Código de Procedimiento Laboral, artículo 151,
que es del siguiente tenor literal:
“Artículo 151. -Prescripción. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán
en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el patrono, sobre un derecho o
prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción pero sólo por un lapso
igual.”
La razón de aplicar esta disposición normativa y no el término prescriptivo consagrado en
los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, previamente citados, consiste en que tales
decretos en forma expresa señalan que la prescripción allí establecida, se refiere a los
derechos de que tratan las referidas normas, entre los cuales no figura la sanción moratoria,
pues para la época de su expedición, la sanción aludida no hacía parte del ordenamiento
legal, la que solo fue creada a partir de la consagración del régimen anualizado de las
cesantías, en virtud de la Ley 50 de 1990. […].» (Negrillas del texto, subrayas propias).

Ahora, frente al momento en que surge el derecho a reclamar el reconocimiento y
pago de la sanción por mora de que trata el numeral 3, del artículo 99 de la Ley 50 de
1991, la providencia de unificación de fecha 06 de agosto de 2016, sentó las siguientes
reglas jurisprudenciales:

«i) El momento a partir del cual se contabiliza el término de la prescripción de la sanción
moratoria del régimen anualizado de cesantías -Ley 50 de 1990, es desde su causación y
exigibilidad, es decir, 15 de febrero de la anualidad siguiente, por ende, la reclamación
administrativa deberá presentarse dentro de los tres años siguientes, so pena de
configurarse la prescripción extintiva.

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ii) En el evento en que se acumulen anualidades sucesivas de mora en la consignación de
cesantías del régimen de Ley 50 de 1990, el término prescriptivo de la sanción deberá
contabilizarse de manera independiente por cada año, de tal modo que el empleado
dispone de 3 años contados a partir del 15 de febrero del año siguiente a su causación
para reclamar la sanción moratoria correspondiente, so pena de su extinción. […]»

Línea interpretativa que tuvo como fundamento los siguientes planteamientos:

«[…] De acuerdo con lo previsto en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, el
legislador impuso al empleador una fecha precisa para que consigne las cesantías
anualizadas de sus empleados, esto es, el 15 de febrero del año siguiente a aquél en que
se causaron, y precisa que “el empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un
día de salario por cada retardo”.
Determinar una fecha expresa para que el empleador realice la consignación respectiva y
prever, a partir del día siguiente, una sanción por el incumplimiento en esa consignación,
implica que la indemnización moratoria que surge como una nueva obligación a cargo del
empleador, empieza a correr desde el momento mismo en que se produce el
incumplimiento.
Por ende, es a partir de que se causa la obligación -sanción moratoria- cuando se hace
exigible, por ello, desde allí, nace la posibilidad de reclamar su reconocimiento ante la
administración, pero si la reclamación se hace cuando han transcurrido más de 3 años
desde que se produjo el incumplimiento, se configura el fenómeno de prescripción, así sea
en forma parcial.
La anterior interpretación además es consecuente con el hecho de que de conformidad con
lo previsto en el inciso 1 del artículo 104 de la Ley 50 de 1990, el empleador debe entregar
al trabajador un certificado sobre la cuantía de la liquidación realizada con corte a 31 de
diciembre de cada año, y teniendo en consideración que los Fondos administradores de
cesantías están en la obligación de informar al afiliado, los saldos de su cuenta individual.
Con fundamento en lo anterior, se puede afirmar que si el empleado conoce la liquidación
anual que efectúa el empleador y el saldo de su cuenta individual de cesantías, forzoso es
concluir que tiene conocimiento del hecho mismo de la consignación anualizada o la
omisión de la misma por parte de su empleador, lo que implica que tiene conocimiento de
que este ha incurrido en mora y por tal motivo se impone a su cargo la obligación de
reclamarla oportunamente, so pena de que se aplique en su contra el fenómeno de la
prescripción. […]» (Subraya la Subsección)

Vale mencionar que al proferirse la sentencia de unificación del 6 de agosto de 2020
se le dio efectos retrospectivos, es decir, que se aplica a todos los casos pendientes
de resolverse tanto en sede administrativa como en sede judicial.

El caso concreto

En el asunto bajo estudio, tal como se reseñó en los antecedentes de esta providencia,
el demandante perseguía la sanción moratoria por la no cancelación oportuna del
auxilio de cesantías correspondiente a los años 2003 a 2005 con el artículo 99 de la
Ley 50 de 1990.

Ahora bien, como ya se explicó en acápite anterior, es viable, en virtud del principio de
favorabilidad, aplicar a los docentes las disposiciones que contiene la Ley 50 de 1990,
en materia de sanción moratoria por la consignación extemporánea de las cesantías
anuales. Por ende, se aplicará el anterior criterio a fin de determinar si la demandante
es beneficiaria de la sanción pretendida en la demanda.

Así, en relación a la sanción moratoria del sistema anualizado de cesantías se hace
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Demandante: Omar Casquete Gómez

exigible a partir del día siguiente a aquel en que vence el plazo consagrado en el
artículo 99 de la Ley 50 de 1990, por ende, desde el 15 de febrero de la anualidad
siguiente, el empleado dispone de tres años para reclamar ante la administración el
reconocimiento de la penalidad, so pena de verse afectado por el medio extintivo de
la prescripción.

Así, se tiene que la sanción moratoria respecto a la última anualidad en mora
reclamada, esto es, el 2005, se hizo exigible el 15 de febrero de 2006, por lo que, en
los términos del artículo 151 CPT29 el demandante contaba con tres años para
reclamarla, los cuales vencían, el 15 de febrero de 2009; empero, elevó petición en
ese sentido el 30 de diciembre de 2010, por lo que resulta imperioso concluir que el
derecho que le asistía al libelista para reclamar la sanción moratoria de las cesantías
para el año 2005, y por fuerza las que le antecedieron, se encuentra extinto.

En ese orden de ideas, se declarar la prescripción extintiva formulada por el distrito
demandado respecto de la sanción por mora en la consignación del auxilio de
cesantías.

No obstante, y bajo el entendido de que el a quo en su providencia ordenó reconocer
la sanción moratoria por el no pago de las cesantías definitivas, se procederá a analizar
si la demandante tiene derecho a su reconocimiento o no.

Tercer problema jurídico

¿Se acreditó en el sub lite el derecho a reclamar la sanción moratoria por el pago
tardío de sus cesantías definitivas?

En caso afirmativo ¿Operó el fenómeno de la prescripción extintiva sobre el derecho
a dicha sanción?

Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: el libelista no acreditó el derecho de
para reclamar la sanción moratoria por el pago tardío de sus cesantías al momento de
radicar su reclamación ante la administración distrital.

En lo que atañe a los aspectos que resultan relevantes para desatar la alzada, se
advierte que el señor Casquete Gómez pretende se le reconozca la sanción moratoria
regulada en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 al haberse desvinculado del
servicio mediante el Decreto 263 del 31 de diciembre de 2007, por lo cual, el 30 de
diciembre de 2010 elevó petición de reconocimiento de sus cesantías definitivas.

Sin embargo, cómo se advirtió, el libelista no demostró que en dicha fecha se hubiese
retirado del servicio docente, y por el contrario sí se acreditó que mantuvo su
vinculación como docente.

En virtud de lo anterior se desprende entonces que, para el momento en que el libelista
presentó su reclamación ante la administración, aun se encontraba vinculado
laboralmente y, por lo tanto, no le era dable reclamar el reconocimiento de dicha
penalidad, por la supuesta omisión del pago de las cesantías definitivas en su favor.

29 «ARTICULO 151. PRESCRIPCION. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años,

que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador,
recibido por el {empleador}, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción
pero sólo por un lapso igual.»
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Demandante: Omar Casquete Gómez

Así las cosas, es de entendimiento de la Sala, luego del estudio de la demanda, junto
con el material probatorio adosado al dossier, que lo realmente pretendido por el señor
Omar Casquete Gómez era la sanción moratoria por la no consignación oportuna de
las cesantías de las anualidades 2003 a 2005, indemnización que, si bien se causó,
se configuró la prescripción extintiva del derecho como ya se explicó.

Cuarto problema jurídico

¿Es el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio la entidad llamada a
asumir el pago de la condena que resulte de la reclamación efectuada por la
demandante?

Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: El Decreto 3752 de 2003, en los
parágrafos 1.° y 2.° del artículo 1.º determina quién debe responder por las
prestaciones sociales de los educadores antes de su vinculación al Fomag. En efecto,
la norma en cita, señala:

«Artículo 1º. Personal que debe afiliarse al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio. Los docentes del servicio público educativo que estén vinculados a las plantas
de personal de los entes territoriales deberán ser afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, previo el cumplimiento de los requisitos y trámites
establecidos en los artículos 4° y 5° del presente decreto, a más tardar el 31 de octubre de
2004.
Parágrafo 1º. La falta de afiliación del personal docente al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio implicará la responsabilidad de la entidad
territorial nominadora por la totalidad de las prestaciones sociales que
correspondan, sin perjuicio de las sanciones administrativas, fiscales y disciplinarias
a que haya lugar.
Parágrafo 2°. Los docentes vinculados a las plantas de personal de las entidades
territoriales de manera provisional deberán ser afiliados provisionalmente al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio mientras conserve su
nombramiento provisional.» (Subrayas y negrillas de la Sala).

Conforme a la norma expuesta, es el distrito de Buenaventura quien debe asumir el
pago de las cesantías correspondientes a las anualidades de 2003 a 2005, por cuanto
la responsable para afiliar a los educadores al Fomag recae únicamente en la
administración territorial.

Decisión de segunda instancia

Según se ha expuesto, se impone modificar los ordinales primero y segundo de la
sentencia del 13 de diciembre de 2018 que accedió parcialmente las pretensiones de
la demanda y en su lugar, se dispone:

«PRIMERO.- DECLÁRESE la nulidad parcial de las Resoluciones Nos. 1503 del 27 de
agosto de 2012 y 2020 del 09 de noviembre del mismo año proferidas por el DISTRITO DE
BUENAVENTURA.
SEGUNDO.- Como consecuencia de la anterior declaración y a título de establecimiento del
derecho, ORDÉNESE al DISTRITO DE BUENAVENTURA pagar a favor del señor OMAR
CASQUETE GÓMEZ la suma correspondiente a las cesantías anualizadas causadas para
los años 2003 a 2005, debidamente proporcionales al tiempo laborado. Las sumas
canceladas por este concepto deberán ser objeto del ajuste de valor consagrado en el
artículo 187 del CPACA.»

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Demandante: Omar Casquete Gómez

Así mismo, se adicionará un ordinal para declarar probada de oficio la excepción de
prescripción extintiva del derecho frente a la sanción moratoria por la no consignación
oportuna de las cesantías correspondiente a las anualidades 2003 a 2005.

Finalmente, se revocará el ordinal tercero por lo expuesto en la parte motiva, que
ordenó reconocer y pagar la sanción moratoria por el no pago de las cesantías
definitivas en favor del señor Casquete Gómez, y se confirmará en todo lo demás la
sentencia impugnada.

De la condena en costas

Esta Subsección en providencias del 7 de abril de 201630 sentó posición sobre la
condena en costas en vigencia del CPACA, en aquella oportunidad se determinó el
criterio objetivo-valorativo para la imposición de condena en costas por lo siguiente:

a) El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al
pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo valorativo» –CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá» sobre
costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien
para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el expediente
el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal
y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y
con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Se
recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará
atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte
vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y
generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e intensidad de la
participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas,
por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP 31, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.

De conformidad con lo señalado, en el presente caso la Sala condenara en costas
procesales de segunda instancia a la parte demandante, pues si bien ambas partes
apelaron la sentencia de primera instancia, el recurso de la entidad territorial
demandada fue resuelto parcialmente a su favor e intervino ante esta Corporación.

30 Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, Expedientes: 4492-2013, Actor: María del Rosario Mendoza

Parra y 1291-2014, Actor: José Francisco Guerrero Bardi.
31 «Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el

juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la
providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con
sujeción a las siguientes reglas: […]»
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Demandante: Omar Casquete Gómez

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Modificar los ordinales primero y segundo de la sentencia proferida el 13 de
diciembre de 2018 por el Tribunal Administrativo el Valle del Cauca que accedió
parcialmente las pretensiones de la demanda y en su lugar, se dispone:
«PRIMERO.- DECLÁRESE la nulidad parcial de las Resoluciones Nos. 1503 del 27 de
agosto de 2012 y 2020 del 09 de noviembre del mismo año proferidas por el DISTRITO DE
BUENAVENTURA.
SEGUNDO.- Como consecuencia de la anterior declaración y a título de establecimiento
del derecho, ORDÉNESE al DISTRITO DE BUENAVENTURA pagar a favor del señor
OMAR CASQUETE GÓMEZ la suma correspondiente a las cesantías anualizadas
causadas para los años 2003 a 2005, debidamente proporcionales al tiempo laborado. Las
sumas canceladas por este concepto deberán ser objeto del ajuste de valor consagrado en
el artículo 187 del CPACA.»

Segundo: Adicionar el ordinal segundo BIS para declarar probada de oficio la
excepción de prescripción extintiva del derecho frente a la sanción moratoria por la no
consignación oportuna de las cesantías correspondiente a las anualidades 2003 a
2005.

Tercero: Revocar el ordinal tercero por lo expuesto en la parte motiva.

Cuarto: Confirmar en todo lo demás la sentencia.

Quinto: Condenar en costas de la segunda instancia a la parte demandante y a favor
de la demandada, las cuales se liquidarán por el a quo.

Sexto: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes en la aplicación “SAMAI”.
Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.

Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Ausente en comisión
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

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