Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2013-00825-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 76001-23-33-000-2013-00825-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2013-00825-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 76001-23-33-000-2013-00825-01
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
3 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., tres (3) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 76001-23-33-000-2013-00825-01 (69.972)
Demandante: Eduardo Cruz Montesdeoca y otro
Demandado: Nación-Rama Judicial
Proceso: Reparación Directa
ERROR JURISDICCIONAL-Actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y violatoria del debido proceso. ERROR
JURISDICCIONAL-Se deben interponer los recursos ordinarios procedentes y la providencia debe estar en
firme. CADUCIDAD EN REPARACIÓN DIRECTA-El término se contabiliza a partir del día siguiente al de la
ocurrencia de acción u omisión causante del daño. CADUCIDAD POR ERROR JURISDICCIONAL-El término
para intentar la demanda en reparación directa comienza a partir del momento en que adquiere firmeza la
providencia. INMUNIDAD JURISDICCIONAL DE LOS ESTADOS-Noción y alcance. NORMA EXTRANJERA-
Se debe acreditar conforme al art. 188 CPC. FALTA DE JURISDICCION SOBRE NACIONES EXTRANJERAS-
Se configura en ausencia de acreditación de un acto iure gestionis. GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA-
Procedencia (art. 44 L.1395 de 2010) y ultraactividad del art. 386 CPC.
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia del 30 de septiembre de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión Oral,
mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
SÍNTESIS DEL CASO
Con ocasión de las controversias surgidas entre el señor Eduardo Cruz
Montesdeoca y la empresa «China National Machinery & Equipment Import & Export
Corporation», en el marco del contrato de agencia comercial suscrito el 15 de junio
de 1985, aquél interpuso acción civil ordinaria contra la referida empresa y la
República Popular de China. Luego de surtirse el proceso en primera instancia y de
emitirse un fallo condenatorio sin que este fuera recurrido, el Tribunal Superior de
Cali decidió el grado jurisdiccional de consulta y declaró la nulidad de lo actuado por
falta de jurisdicción, en decisiones del 16 de julio de 2007 y del 8 de junio de 2011.
Radicación:76001-23-33-000-2013-00825-01 (69.972)
Demandante: Eduardo Cruz Montesdeoca y otro
Demandado: Nación- Rama Judicial
Proceso: Reparación Directa
Con relación a los anteriores eventos, los demandantes en reparación directa
alegan que, a través de las providencias mencionadas, el Tribunal Superior de Cali
incurrió en un error jurisdiccional, causándoles perjuicios frente a los cuales debe
responder la entidad demandada.
ANTECEDENTES
La demanda
El 6 de agosto de 20131 el señor Álvaro Vélez Álvarez, a nombre propio y fungiendo
como apoderado judicial de los señores Eduardo Cruz Montesdeoca y Luis Fidel
Rumie, interpuso medio de control de reparación directa contra la Nación-Rama
Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, elevando las siguientes
pretensiones:
(…) 1. Declárese a LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL- CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA -DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL,
representada en la ciudad de Cali por la DOCTORA CLARA INÉS RAMÍREZ
SIERRA, patrimonialmente responsable de la totalidad de los daños antijurídicos y
de los perjuicios materiales y morales causados a los señores EDUARDO CRUZ
MONTESDEOCA, LUIS FIDEL MORENO RUMIE y al suscrito, ALVARO VÉLEZ
ÁLVAREZ, derivados de los (2) ERRORES JURISDICCIONALES de derecho en que
incurrió el Tribunal Superior de Cali , mediante la parte motiva del auto de Junio 8 de
2011 y mediante el auto de Septiembre 27 de 2011, en que se sustentan estas
pretensiones principales, al no dar por terminada la 2da instancia derivada de la
consulta de la sentencia de 1era instancia #025 de abril 12 de 2004, desde julio 12/10,
en que entró en vigencia el Art. 44 de la Ley 1395 de 2010, decidiendo en contrario
del mismo Art. 44 de la Ley 1395 de 2010, del Art. 40 de la Ley 153 de 1887(…)
2. Condenar como consecuencia de la declaración anterior, a LA NACIÓN- RAMA
JUDICIAL- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL representada en la ciudad de Cali por la
DOCTORA CLARA INÉS RAMÍREZ SIERRA a pagar a los señores EDUARDO
CRUZ MONTESDEOCA, LUIS FIDEL MORENO RUMIE y al suscrito ÁLVARO
VÉLEZ ÁLVAREZ, el monto actualizado de los siguientes valores (…)
Como pretensiones subsidiarias, propuso:
1. Declárese a LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL- CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA -DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL,
representada en la ciudad de Cali por la DOCTORA CLARA INÉS RAMÍREZ
SIERRA, patrimonialmente responsables de la totalidad de los daños antijurídicos
y de los perjuicios materiales y morales causados a los señores EDUARDO CRUZ
MONTESDEOCA, LUIS FIDEL MORENO RUMIE y al suscrito, ALVARO VÉLEZ
ÁLVAREZ, derivados de los (2) ERRORES JURISDICCIONALES de derecho en
que incurrió el Tribunal Superior de Cali, mediante el auto de Julio(sic) 16/07 y
mediante el auto de junio 8 de 2011, en que se sustentan éstas primeras
pretensiones subsidiarias , por decidir en contrario del Inc. 3° del Art. 143 del C.P.C.,
1 Folios 277-362 CP Demanda. Subsanación CD a folio 400 CP
2
Radicación:76001-23-33-000-2013-00825-01 (69.972)
Demandante: Eduardo Cruz Montesdeoca y otro
Demandado: Nación- Rama Judicial
Proceso: Reparación Directa
del Art. 145 del C.P.C., del auto de Octubre 13 decretó la 1a nulidad procesal, del
Núm. 3° del art. 144 del C.P.C. y del Art. 260 C.P.C.
2. Condenar como consecuencia de la declaración anterior, a LA NACIÓN-
RAMA JUDICIAL- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL representada en la ciudad de Cali
por la DOCTORA CLARA INÉS RAMÍREZ SIERRA a pagar a los señores
EDUARDO CRUZ MONTESDEOCA, LUIS FIDEL MORENO RUMIE y al suscrito
ÁLVARO VÉLEZ ÁLVAREZ, el monto actualizado de los siguientes valores (…)
Vale precisar que en la demanda también se elevaron pretensiones subsidiarias,
secundarias2 y terciarias3, en las que se reclama la responsabilidad patrimonial
incurrida por las demandadas en relación con otros errores jurisdiccionales, en los
autos proferidos el 16 de julio de 2007 y el 8 de junio de 2011, por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali.
Como fundamento fáctico se expuso que, ante el Juzgado 15 Civil del Circuito de
Cali, se adelantó la primera instancia del proceso ordinario propuesto por el señor
Eduardo Cruz Montesdeoca contra «China National Machinery & Equipment Import
& Export Corporation» y la República Popular China. Dentro del referido proceso se
profirió sentencia de primera instancia el 12 de abril de 2004, mediante la cual el
2 (…) Declárese a LA NACION -RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL, representada en la ciudad de Cali por la
DOCTORA CLARA INÉS RAMÍREZ SIERRA, patrimonialmente responsable de la totalidad de los daños
antijurídicos y de los perjuicios materiales y morales causados a los señores EDUARDO CRUZ
MONTESDEOCA, LUIS FIDEL MORENO RUMIE y al suscrito, ALVARO VELEZ ALVAREZ, derivados del error
jurisdiccional de derecho en que incurrió el Tribunal Superior de Cali, mediante el auto de Junio 8 de 2011, en
que se sustentan éstas segundas pretensiones subsidiarias, por decidir en contrario a las diferentes fuentes del
Derecho Internacional Público citadas en los hechos en que se fundamentan éstas segundas pretensiones 157
subsidiarias, como también por decidir en contrario del Num. 2º del Art 189 de la Constitución Nacional, de la
posición del Estado Colombiano a través de la Ex Canciller Dra. Carolina Barco Isakson respecto de la
inmunidad jurisdiccional de los Estados en su documento titulado “Memoria al Congreso Nacional 2003-2004”,
a la Convención de las Naciones Unidas de Diciembre 2 de 2004 sobre las inmunidades jurisdiccionales de los
Estados y de sus bienes, a la Sentencia C-137/96, Magistrado Ponente: Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ,
a la sentencia C-200/99, Magistrado Ponente: Dr. CARLOS GAVIRIA DIAZ, a la sentencia de Revisión T-932
de 2010, M.P. Dr. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA, a la Sentencia T-883 de Agosto 25/05 Magistrado Ponente:
Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL Acción, al Auto de Diciembre 13/07, M.P. CAMILO TARQUINO GALLEGO y al
Auto de Julio 28 de 2011, M.P. EDGARDO VILLAMIL PORTILLA..(…)
3 (…)Declárese a LA NACION -RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION
EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL, representada en la ciudad de Cali por la DOCTORA CLARA
INÉS RAMÍREZ SIERRA, patrimonialmente responsable de la totalidad de los daños antijurídicos y de los
perjuicios materiales y morales causados a los señores EDUARDO CRUZ MONTESDEOCA, LUIS FIDEL
MORENO RUMIE y al suscrito, ALVARO VELEZ ALVAREZ, derivados de los 11 errores jurisdiccionales de
derecho y de orden fáctico en que incurrió el Tribunal Superior de Cali, mediante los Autos de Julio 16/07 y de
Junio 8 de 2011, en que se sustentan éstas terceras pretensiones subsidiarias, por no considerar un hecho
debidamente probado mediante el Contrato de Agencia Comercial de fecha Junio 15 de 1985 y mediante las
pruebas documentales por las cuales se acreditó la existencia y representación legal de la empresa “CHINA
NATIONAL MACHINERY IMPORT & EXPORT CORPORATION” y por decidir en contrario del Art. 10 de la
Resolución #2201 de 1997 del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, de los Artículos 5, 9 y 19 del
Decreto 856 de 1994, de los Artículos. 484, 485 y 486 del C. de Comercio, del Art. 3º de la Convención de Viena
de Abril 18/61 sobre Relaciones Diplomáticas entre Estados, del Num. 2º del Art. 7º de la Convención de Viena
de Mayo 23/69 sobre Derecho de los Tratados, del auto de Abril 30/07, por medio del cual se aceptó el
desistimiento de las pretensiones de la demanda contra la empresa “CHINA NATIONAL MACHINERY &
EQUIPAMENT IMPORT & EXPORT CORPORATION, de las diferentes fuentes de Derecho Internacional
Público citadas en los hechos en que se fundamentan éstas terceras pretensiones subsidiarias y de la sentencia
del Consejo de Estado de Julio 25/85, exp. 8108 Consejera: DRA. AYDEÉ ANZOLA DE LINARES.(…)
3
Radicación:76001-23-33-000-2013-00825-01 (69.972)
Demandante: Eduardo Cruz Montesdeoca y otro
Demandado: Nación- Rama Judicial
Proceso: Reparación Directa
Juzgado 15 Civil del Circuito de Cali accedió a las pretensiones de la demanda y
condenó a la República Popular China y a la empresa «China National Machinery &
Equipment Import & Export Corporation» al pago de la suma de $USD 7.550.222.oo
millones de dólares, «(…) como consecuencia de no haber pagado las obligaciones
que según la ley colombiana le correspondía cancelar al señor EDUARDO CRUZ
MONTESDEOCA, derivadas del Contrato de “Agencia Comercial” suscrito el día 15
de junio de 1985 (…)».
Si bien contra el anterior fallo no se interpusieron recursos, la decisión del juzgado
fue objeto del grado jurisdiccional de consulta, por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cali, con auto del 17 de abril de 2004. En desarrollo del trámite de
consulta, el mencionado tribunal declaró la nulidad de lo actuado por indebida
representación de la empresa demandada, «China National Machinery & Equipment
Import & Export Corporation», en decisión del 17 de abril de 2006, que fue recurrida
y revocada por decisión del 13 de octubre de 2006 –con la cual se ordenó continuar
el procedimiento de consulta–.
En el mismo proceso, se expidió el auto del 16 de julio de 2007, donde se declaró
la nulidad de todo lo actuado por falta de jurisdicción. Esta decisión se confirmó por
auto del 8 de junio de 2011 –que resolvió el recurso de súplica contra el proveído
del 16 de julio de 2007–. Providencias en las que, según lo expresado en la
demanda, se incurrió en error jurisdiccional. Al respecto, se adujo que estas
decisiones y aquella con la cual se declaró la nulidad de lo actuado por indebida
representación, recayeron sobre el mismo objeto: la aptitud de la empresa «China
National Machinery & Equipment Import & Export Corporation» para acudir al
proceso ordinario tramitado ante el Juzgado 15 Civil del Circuito de Cali.
Al respecto, en la demanda se consideró que dentro del proceso civil se logró
acreditar que la empresa «China National Machinery & Equipment Import & Export
Corporation», de acuerdo con las normas del derecho internacional público, actuó
como un órgano de la República Popular de China y celebró un acto de comercio
con el señor Cruz Montesdeoca. Se expuso también que las anteriores
circunstancias excluían la aplicación del principio de inmunidad jurisdiccional y, en
esta línea argumentativa, se aseguró que, con sujeción al artículo 3 de la
Convención de Viena del 18 de abril de 1961 y el artículo 7 de la Convención de
Viena del 23 de mayo de 1969, quien debía comparecer al proceso, en
4
Radicación:76001-23-33-000-2013-00825-01 (69.972)
Demandante: Eduardo Cruz Montesdeoca y otro
Demandado: Nación- Rama Judicial
Proceso: Reparación Directa
representación de la referida sociedad, era el embajador de la República Popular
de China en Colombia.
En este sentido, se objetó que en el proceso civil no se le otorgara valor probatorio
a los documentos que se encontraban en idioma extranjero y que permitían
establecer la existencia y representación legal de la empresa «China National
Machinery & Equipment Import & Export Corporation», como lo eran: i) el Certificado
de existencia y representación legal expedido por la Dirección Nacional de
Administración de Comercios e Industrias de la República Popular de China, que
expresa su propiedad estatal y su representación legal, por parte del señor XI
Jiacheng; ii) el poder otorgado por este último al señor Dong Xue Quing, para ejercer
su representación en Colombia y iii) la certificación del 26 de mayo de 1999 de la
Cancillería Colombiana en la que consta que el señor Huang Shinkang, ejerce la
representación legal de la República Popular de China, en su calidad de
«Embajador Extraordinario y plenipotenciario».
Se agregó que en las decisiones mediante las cuales fue declarada la nulidad de lo
actuado, se incurrieron en errores jurisdiccionales, pues no tuvieron en cuenta que
por auto del 30 de abril de 2007 se resolvió la solicitud de desistimiento del
demandante, en el sentido de tenerse por único demandado a la República Popular
de China. Adujo que el desistimiento tuvo por finalidad otorgarle claridad al tribunal
en relación con la ausencia de una indebida representación de la empresa china,
por parte del embajador de esa nación. Además expuso que, contrario a lo
expresado por el tribunal, la carga de acreditar la ley extranjera no recaía sobre la
actora sino sobre la autoridad judicial.
Al referirse a la decisión que resolvió el recurso de súplica, consideró que esta no
valoró los reproches concernientes a la aptitud del embajador de la República
Popular de China para representar los intereses de la empresa China, ni que el vicio
de indebida representación resultó saneado, por haber actuado la mencionada
sociedad el 8 de noviembre de 2005 en el proceso civil, sin proponer dicha nulidad.
Arguyó que las decisiones acusadas resolvieron el litigio asumiendo que la acción
ejercida fue el enriquecimiento sin causa, cuando debía analizarse el contrato de
agencia comercial del 15 de junio de 1985. Finalmente, se alegó que la sentencia
del 25 de abril de 2004, que resolvió el asunto en primera instancia, quedó en firme
5
Radicación:76001-23-33-000-2013-00825-01 (69.972)
Demandante: Eduardo Cruz Montesdeoca y otro
Demandado: Nación- Rama Judicial
Proceso: Reparación Directa
porque la Ley 1395 de 2010 derogó la parte final del inciso primero del artículo 386
de C.P.C., que contempló la figura de la consulta para el proceso ordinario civil.
Contestación de la Nación-Rama Judicial4
Por intermedio de apoderado judicial, la Nación-Rama Judicial se opuso a las
pretensiones de la demanda. Se refirió al marco jurídico del error jurisdiccional para
indicar que, si bien el mismo se analiza bajo un régimen subjetivo de falla del
servicio, se debe consultar la autonomía del juez y, en este sentido, solo resulta
procedente declarar la responsabilidad patrimonial del Estado frente a actuaciones
subjetivas, caprichosas, arbitrarias y flagrantemente violatorias del debido proceso.
Por tal motivo, consideró que en este caso no se configuró responsabilidad
patrimonial, porque las decisiones judiciales objetadas fueron idóneas, eficientes y
adecuadas.
Sentencia de primera instancia
Por sentencia del 30 de septiembre de 20225, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, Sala Segunda de Decisión Oral, negó las pretensiones de la demanda.
Como problema jurídico, estimó que se debía establecer si las decisiones
contenidas en autos del 16 de julio de 2007 y del 8 de junio de 2011, contenían
errores fácticos o normativos al declarar la nulidad de todo lo actuado, por falta de
jurisdicción.
Así, luego de exponer el marco jurídico de la responsabilidad patrimonial del Estado
por la acción u omisión de sus agentes judiciales, se dispuso a examinar si las
decisiones del 16 de julio de 2007 y de 8 de junio de 2011, incurrieron en un error
jurisdiccional. En lo que se refiere la primera, la Sala de decisión encontró que al
declararse la nulidad de lo actuado por la falta de jurisdicción, en la providencia del
Tribunal Superior de Cali no se incurrió en un error jurisdiccional, pues la actora no
demostró la existencia de un acto de comercio que configurara una excepción al
principio de inmunidad jurisdiccional y, por ende, habilitara a los jueces nacionales
para conocer del litigio propuesto con la demanda civil.
4 Folios 416-418 CP
5 SAMAI T.A. Índice 00045
6
Radicación:76001-23-33-000-2013-00825-01 (69.972)
Demandante: Eduardo Cruz Montesdeoca y otro
Demandado: Nación- Rama Judicial
Proceso: Reparación Directa
Además, el a quo expuso que: i) contrario a lo alegado por la parte demandante, la
acción civil dirigida contra la República Popular de China no recaía sobre un contrato
de agencia comercial, sino que se reclamó de esta el enriquecimiento sin causa
derivado de dicho contrato; ii) el demandante en el proceso civil fue impreciso sobre
la prueba de la existencia y representación de la empresa «China National
Machinery & Equipment Import», pese a que tenía la carga de demostrar el
contenido de la ley extranjera, sin que fuera el deber del tribunal civil suplir dicha
falencia a través de una prueba de oficio; iii) se recordó que el demandante en el
proceso civil desistió de las pretensiones frente a la empresa y solicitó que solo se
tuviera como demandada a la República Popular de China, con lo cual el
pronunciamiento de la nulidad por falta de jurisdicción se restringe a dicha parte
procesal.
En lo que respecta al análisis sobre la configuración de un error jurisdiccional en el
auto del 8 de junio de 2011 –que resolvió el recurso de súplica contra el proveído
del 16 de julio de 2007, confirmándolo–, el tribunal reiteró varias de las conclusiones
respecto la decisión de 2007 y agregó que en la referida decisión no se dejaron de
resolver los cuestionamientos propuestos en el recurso. Por el contrario, el a quo
señaló que a través del recurso el demandante pretendió que se reabriera el debate
sobre el desistimiento parcial de las pretensiones de la demanda y se volviera a
vincular la empresa china al proceso. Precisado esto, el tribunal consideró que las
manifestaciones del referido auto estuvieron de acuerdo con la problemática
propuesta y tuvieron su fundamento en la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia, con lo cual no se configuró un defecto susceptible de constituir error
jurisdiccional.
Por último el tribunal descartó –contrario a lo sugerido por el demandante– que la
sentencia del 25 de abril de 2004, proferida por el Juzgado 15 Civil del Circuito de
Cali, hubiera quedado en firme ante la supuesta improcedencia de la consulta de
dicho fallo, con la entrada en vigor de la Ley 1395 de 2010. Al respecto, indicó que
el artículo 44 de dicha ley y el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 permitieron la
ultraactividad del artículo 386 del Código de Procedimiento Civil, que habilitó al
Tribunal Superior de Cali para conocer dicho asunto en grado jurisdiccional de
consulta.
Recurso de apelación
7
Radicación:76001-23-33-000-2013-00825-01 (69.972)
Demandante: Eduardo Cruz Montesdeoca y otro
Demandado: Nación- Rama Judicial
Proceso: Reparación Directa
La parte demandante interpuso recurso de apelación, en el cual solicitó que se
revocara la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se accediera a las
pretensiones de la demanda. Objetó la decisión del Tribunal Administrativo por
haber considerado que no se configuró un error jurisdiccional en las decisiones
judiciales. Estimó que el a quo y las decisiones judiciales acusadas no valoraron
que en virtud de contrato de agencia comercial celebrado el 15 de junio de 1985 la
República Popular China, a través de la empresa de propiedad estatal «China
National Machinery & Equipment Import», se sometió expresamente a ley
colombiana, renunció a su inmunidad de jurisdicción y acogió la jurisdicción de los
jueces colombianos.
Le reprochó a la decisión del Tribunal Administrativo el haber considerado que en
el proceso civil no se acreditó la existencia y representación de la empresa «China
National Machinery & Equipment Import». Ello al señalar que en el expediente
obraba reconocimiento de la firma en el contrato de Agencia Comercial, por parte
del señor Ma Shikui –representante legal de la empresa china–, en diligencia de
presentación personal y reconocimiento de firma del 21 de octubre de 1985, ante el
Notario Quinto del Círculo de Cali. Resaltó que existían afirmaciones contradictorias
entre las decisiones que llegaron a declarar la nulidad por falta de jurisdicción, con
respecto a la valoración, la existencia y representación de la aludida sociedad.
Subrayó que la empresa china demandada civilmente resultaba ser un órgano por
el cual actuó la República Popular de China, afirmación que sustentó en la
jurisprudencia de esta Corporación. Asimismo, adujo que a las demandadas en el
proceso civil les resultaba aplicable lo relativo al régimen de inmunidad restringida6,
afirmando que ambas naciones (República de Colombia y la República Popular
China) suscribieron el 14 de septiembre de 2005, la Convención de las Naciones
Unidas sobre Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y sus Bienes. Por ende,
consideró que la República Popular de China, a través de la empresa «China
National Machinery & Equipment Import», celebró un acto de comercio con el señor
Eduardo Cruz Montesdeoca, que habilitaba a la jurisdicción colombiana a
pronunciarse sobre sus controversias. De igual forma, adujo que al haber actuado
6 Punto en el que se refirió a las sentencias C-137 de 1996, C-200 de 1999, T-883 de 2005 y T-932 de 2010 de
la Corte Constitucional. Así como a los autos 13 de diciembre de 2007, del 8 de septiembre de 2009 del 28 de
julio de 2011] de la Corte Suprema de Justicia [ Sin que aclarara los radicados, que reconocen el principio de
inmunidad jurisdiccional restringida.
8
Radicación:76001-23-33-000-2013-00825-01 (69.972)
Demandante: Eduardo Cruz Montesdeoca y otro
Demandado: Nación- Rama Judicial
Proceso: Reparación Directa
en el proceso civil el 18 de octubre de 2005, sin alegar la nulidad procesal decretada,
la empresa china subsanó el vicio de indebida representación, además de haberse
negado a entregar al Tribunal prueba de su existencia y representación legal.
Por último, alegó que la decisión del tribunal aplicó erróneamente el parágrafo 44
de la Ley 1395 de 2010, en relación con la procedencia de la consulta del fallo,
porque con la entrada en vigor de la referida disposición, el Tribunal Superior de
Cali habría perdió competencia y jurisdicción.
Trámite en la segunda instancia
El 2 de mayo de 2023 el tribunal concedió el recurso de apelación7 y el 23 de junio
de 2023 este fue admitido8. Luego, el 12 de julio de 20239, el apoderado de la
demandante allegó escrito por el cual se permitió «complementar el recurso de
apelación», respecto al cual se pronunció el Despacho por auto del 31 de mayo de
202410, en el sentido de que no sería tomada en cuenta la complementación del
recurso. Dicha parte procesal elevó nuevos memoriales el 21 de junio de 202411,
con el objeto de que al fallar se tuvieran en cuenta decisiones de la Corte Suprema
de Justicia y de la Corte Constitucional.
A propósito de los memoriales de la demandante, se aclara que la etapa otorgada
para que los sujetos procesales se pronuncien en relación con el recurso de
apelación, se agota hasta la ejecutoria del auto admisorio de la alzada (numeral 4
art. 247 CPACA, modificado por el art. 67 de la Ley 2080 de 202112). En el presente
asunto el término transcurrió hasta el 14 de julio de 202313 y, en vista de que en
dicha oportunidad la parte demandante solo allegó memorial el 12 de julio de 2023,
el escrito arrimado se tendrá como sus alegaciones de conclusión, sin que dicha
consideración se extienda a los memoriales presentados el 21 de junio de 2024. Se
resalta que la Nación-Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio.
7 Indice SAMAI 0049 TA
8 Folio 489 CP.
9 Índice SAMAI 00011
10 Índice SAMAI 00015
11 Índice SAMAI 00020
12 «(…) ARTÍCULO 247. TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIAS. <Artículo
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> El recurso de apelación
contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento:
(…) 4. Desde la notificación del auto que concede la apelación y hasta la ejecutoria del que la admite en segunda
instancia, los sujetos procesales podrán pronunciarse en relación con el recurso de apelación formulado por los
demás intervinientes. (…)»
13 Teniendo en cuenta que la notificación por estado se efectuó el 11 de julio de 2023 índice 0007 SAMAI
9
Radicación:76001-23-33-000-2013-00825-01 (69.972)
Demandante: Eduardo Cruz Montesdeoca y otro
Demandado: Nación- Rama Judicial
Proceso: Reparación Directa
Alegatos de conclusión parte demandante
En el memorial allegado el 12 de julio de 2023, la parte demandante, pese a que
denominó su escrito «complementación del recurso de apelación», se remitió a
insistir en los cargos elevados con el recurso de apelación.
CONSIDERACIONES
1. Como la demanda se presentó el 6 de agosto de 2013, el régimen aplicable es el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –en
adelante CPACA–. Conforme al artículo 308 del CPACA, este código empezó a regir
el 2 de julio de 2012 y sólo se aplica a los procedimientos y actuaciones
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se
instauren, con posterioridad a su entrada en vigencia, es decir, a partir del mentado
2 de julio de 2012. Adicionalmente, conforme al artículo 306 de este código, en los
aspectos no contemplados se seguirá el Código General del Proceso –en adelante
CGP– en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones
que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
I. Presupuestos procesales
Jurisdicción y competencia
2. La jurisdicción contencioso administrativa conoce de las controversias
cuando se demande la ocurrencia de un daño, cuya causa sea una acción u omisión
de una entidad estatal según el artículo 104 del CPACA. El Consejo de Estado es
competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el
artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 del CGP, según el cual
conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera
instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es
competente en razón a la cuantía, pues el valor de la pretensión material mayor
supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 152.6 del CPACA, esto es, $294’750.
000.oo millones de pesos14.
14 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de [2013], [$589. 500.oo], por 500.
10
Radicación:76001-23-33-000-2013-00825-01 (69.972)
Demandante: Eduardo Cruz Montesdeoca y otro
Demandado: Nación- Rama Judicial
Proceso: Reparación Directa
Medio de control procedente
3. La reparación directa (art. 140 CPACA) es el medio de control idóneo para
perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño
invocado proviene de una actuación u omisión de los agentes judiciales (art. 90 de
la CN y arts. 65 y ss. de la Ley 270 de 1996). En este caso procede este medio de
control por reclamarse la reparación de un daño causado por un supuesto error
jurisdiccional, materializado en los autos del 16 de julio de 2007 y del 8 de junio de
2011, expedidos por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y que
declararon la nulidad de lo actuado por falta de jurisdicción, en el proceso civil
adelantado bajo el radicado No. 1999-00572-01.
Demanda en tiempo
4. De acuerdo con el artículo 164.2 del CPACA, se cuenta con un término de
«(…) dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción
u omisión causante del daño, (…) o de cuando el demandante tuvo o debió tener
conocimiento de este si fue en fecha posterior (…)». En lo que toca a la oportunidad
de la demanda, con el escrito introductorio se allegó Certificación de la Secretaría
del Juzgado 15 Civil del Circuito de Cali del 4 de julio de 201315, acreditando con
ella que la decisión del 8 de junio de 2011 –por la cual el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cali, Sala Civil, resolvió el recurso de súplica sobre el auto de 16
de julio de 2007– adquirió ejecutoria el 12 de julio de 2011.
En este sentido, la demanda se interpuso de forma oportuna, al considerarse que el
cómputo del término de caducidad estuvo suspendido entre el 10 de julio y el 6 de
agosto de 201316, de acuerdo a lo precisado en constancia de la Procuraduría 18
Judicial II para Asuntos Administrativos17.
Legitimación en la causa
15 Folios 2 y 3 CP.
16 Misma fecha en la cual se radicó la demanda.
17 Ff. 274-276 CP.
11
Radicación:76001-23-33-000-2013-00825-01 (69.972)
Demandante: Eduardo Cruz Montesdeoca y otro
Demandado: Nación- Rama Judicial
Proceso: Reparación Directa
5. En el presente caso, los integrantes de la parte demandante están
legitimados en la causa, como se deriva de la calidad de demandante en el proceso
civil de radicado No. 1999-00572-01 del señor Eduardo Cruz Montesdeoca, cuya
demanda fue admitida en el referido proceso por auto del 1 de julio de 1999 del
Juzgado Quince Civil del Circuito de Cali18. Por otro lado, el interés que le asiste en
este proceso a los señores Álvaro Vélez Álvarez y Luis Fidel Moreno deriva de su
calidad de cesionarios de una fracción de los derechos litigiosos del señor Cruz
Montesdeoca, la cual fue aceptada por el Juzgado Quince Civil del Circuito de Cali,
por auto del 18 de septiembre de 200119.
6. Comoquiera que el error jurisdiccional que se endilga frente a las decisiones
proferidas por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, la Nación-Rama
Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, cuenta con legitimación en
la causa por pasiva en los términos del artículo 159 del CPACA20.
Problema jurídico
7. Vista la demanda, se evidencia que las pretensiones principales se dirigen a
que se declare la responsabilidad patrimonial por los errores jurisdiccionales en los
que habría incurrido el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali en la decisión
del 27 de septiembre de 201121, y en la “parte motiva del auto de junio 8 de 2011 al
no dar por terminada la segunda instancia”. Por su parte, las pretensiones
subsidiarias primarias, secundarias y terciarias tocan lo pertinente a las decisiones
emitidas por el referido tribunal en autos del 16 de julio de 2007 y del 8 de junio
2011, que declararon la nulidad de lo actuado por falta de jurisdicción, con las cuales
se acusó de haber incurrido en errores jurisdiccionales.
8. En este sentido, el pronunciamiento de esta Sala de decisión, con sujeción a lo
alegado en el recurso de apelación propuesto por la parte actora, se dirigirá a
establecer si se configuró un error jurisdiccional en la decisión del 27 de septiembre
de 2011 y la parte motiva del auto del 8 de junio de 2011, al no dar por terminada la
18 Folio 43-44 CP.
19 Folio 48 CP. -
20 ARTÍCULO 159. CAPACIDAD Y REPRESENTACIÓN.(…) El Presidente del Senado representa a la Nación
en cuanto se relacione con la Rama Legislativa; y el Director Ejecutivo de Administración Judicial la representa
en cuanto se relacione con la Rama Judicial, salvo si se trata de procesos en los que deba ser parte la Fiscalía
General de la Nación.(…)
21 Folio 261 CP.
12
Radicación:76001-23-33-000-2013-00825-01 (69.972)
Demandante: Eduardo Cruz Montesdeoca y otro
Demandado: Nación- Rama Judicial
Proceso: Reparación Directa
segunda instancia en el proceso civil conocido por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cali.
9. En caso de no tener prosperidad las anteriores pretensiones, en esta instancia
deberá analizarse si en las decisiones del 16 de julio de 2007 del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cali, decisión unitaria, y del 8 de junio de 2011 de la Sala
Dual, que declararon la nulidad de lo actuado en el proceso civil de radicado 1999-
572-00, se incurrió en un error jurisdiccional susceptible de configurar la
responsabilidad extracontractual imputable a la Nación-Rama Judicial.
II. Análisis de la Sala
La responsabilidad patrimonial del Estado por error jurisdiccional
10. En lo que concierne a los daños que se pueden originar de la función de
administrar justicia, con la Constitución Política de 1991 (art. 90) y su desarrollo en
la Ley Estatutaria de Administración de Justicia (L. 270 de 1996), se consagraron
en el derecho positivo los eventos típicos de la responsabilidad del estado derivada
de la prestación de este servicio público. Con lo cual se dejó atrás la inmunidad
patrimonial del Estado en la materia22, en los escenarios de i) su defectuoso
funcionamiento; ii) el error jurisdiccional; y iii) la privación injusta de la libertad (art.
65 ejusdem23).
11. En relación con el error jurisdiccional, el legislador lo definió en el artículo
66 de la Ley 270 de 199624, como aquel (…) cometido por una autoridad investida
de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso,
22 Consejo De Estado, Sala de Lo Contencioso Administrativo Sección, Tercera Subsección C, CP: Enrique Gil
Botero Bogotá D.C., 26 de marzo de dos mil catorce (2014) Radicación número: 13001-23-31-000-1997-12710-
01(30300) [Fundamento de derecho 2.2]«(…) Ahora bien, este evento de responsabilidad patrimonial no ha sido
del todo pacífico, pues desde que la jurisprudencia lo concibió como posibilidad, se han tejido teorías a favor, y
en contra; es decir, no ha tenido una aceptación uniforme al interior del Consejo de Estado. En un primer
momento, tuvo una negación absoluta, sustentada esta negativa, en la intangibilidad de la cosa juzgada. Por
ejemplo, la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia de 10 de noviembre de 1967 (exp. 867),
hizo referencia a ella como “presupuesto fundamental de la sociedad y también dogma político”. Asimismo, la
Sala Plena, en sentencia de 16 de diciembre de 1987 (exp. R-12), señalaba que “la fuerza de la verdad legal”
que manifestaba la actividad jurisdiccional a través de las sentencias parecía “excluir toda responsabilidad
fundamentada sobre la falta6”. Luego, hubo una exigencia de consagración, que se consideró como necesaria
ante la existencia del artículo 40 del Código de normativa Procedimiento Civil, el que establecía la
responsabilidad subjetiva del juez, lo cual imposibilitó un progreso en este sentido.(…)»
23 (…) ARTÍCULO 65. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. El Estado responderá patrimonialmente por
los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.
En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración
de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad. (…).
24 (…) ARTÍCULO 66. ERROR JURISDICCIONAL. Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad
jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia
contraria a la ley. (…).
13
Radicación:76001-23-33-000-2013-00825-01 (69.972)
Demandante: Eduardo Cruz Montesdeoca y otro
Demandado: Nación- Rama Judicial
Proceso: Reparación Directa
materializado a través de una providencia contraria a la ley (…) (subrayado por fuera
del texto original). Por su parte, el antecedente de la Corporación ha precisado que
el error jurisdiccional se configura (…) cuando se atribuyen falencias en las que se
incurre a través de providencias judiciales por medio de las cuales se interpreta, se
declara o se hace efectivo el derecho subjetivo (…)25.
Igualmente, el artículo 67 ejusdem26 determinó como presupuestos para la
declaratoria de responsabilidad estatal por error jurisdiccional los siguientes:
(…) 1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos
en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando
ésta se produzca en virtud de una providencia judicial.
2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme. (…)
Además de los anteriores presupuestos, la jurisprudencia del Consejo de Estado
aclaró que los recursos judiciales que se debían interponer se trataban de los
recursos ordinarios, sin que se asigne la carga al usuario de la administración de
justicia de hacer uso de recursos extraordinarios27.
12. Ahora bien, en lo que respecta al alcance de la expresión «contraria a la ley»
–a efecto de las decisiones susceptibles de un error jurisdiccional–, la jurisprudencia
aclaró que tiene cabida en 2 hipótesis: i) una primera, al configurarse un error
fáctico en la decisión, por incurrir en una equivocación entre la realidad procesal y
la decisión judicial28; o ii) un error normativo, por residir en una aplicación
distorsionada del derecho.
Al respecto, si bien resulta claro que las autoridades judiciales están sometidas al
imperio de la ley (art. 230 C.P.), la apreciación de dicho deber no puede desconocer
el margen de discrecionalidad que concede el principio de autonomía judicial (art.
25Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, CP: Mauricio
Fajardo Gómez, Sentencia del 23 de febrero de 2012, Rad: 19001-23-31-000-1999-00529-01(22888)[
Fundamento de derecho 2.1].
26 (…) ARTÍCULO 67. PRESUPUESTOS DEL ERROR JURISDICCIONAL. El error jurisdiccional se sujetará a
los siguientes presupuestos:1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos
en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en
virtud de una providencia judicial. 2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme. (…).
27 Consejo De Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, CP: Ramiro De
Jesús Pazos Guerrero, Sentencia del 28 de septiembre de 2015, Rad: 08001-23-31-000-1998-01668-
01(33733)[Fundamento de derecho III]Allí se expresó que debía entenderse que los recursos de ley que
menciona el artículo 67 de la Ley 270 de 1996 son los medios ordinarios de impugnación y no los recursos
extraordinarios.
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 19
de noviembre de 2021, C.P. Nicolás Yepes Corrales, rad: 2008-003091-02 (42.018)[ Fundamento de derecho
6.2] (…) A título de ilustración puede ser los escenarios donde: (…)i) no valoró un hecho debidamente probado,
que era fundamental para adoptar una decisión de fondo; ii) consideró que un hecho era fundamental, cuando
realmente no lo era; iii) no decretó una prueba conducente para determinar un hecho relevante y solucionar el
caso concreto; iv) adoptó la decisión judicial con fundamento en un hecho que era falso(…)
14
Radicación:76001-23-33-000-2013-00825-01 (69.972)
Demandante: Eduardo Cruz Montesdeoca y otro
Demandado: Nación- Rama Judicial
Proceso: Reparación Directa
228 C. Política y art. 5 L. 270 de 199629) a las autoridades jurisdiccionales, para
valorar las pruebas e interpretar el alcance de las disposiciones jurídicas aplicables
a los casos que conocen30. De allí que, con el objetivo de conciliar estos conceptos,
la jurisprudencia de esta corporación, con apoyo en precedente de la Corte
Constitucional31, valore que la decisión judicial susceptible de calificarse como un
error jurisdiccional debe ser fruto de una actuación subjetiva, o caprichosa
arbitraria, o flagrantemente violatoria del debido proceso, sin que jamás pueda
corresponder a una simple equivocación o desacierto que parta de la libre
interpretación jurídica.
13. Por otro lado, como en todo proceso de responsabilidad patrimonial del
Estado, además de los anteriores presupuestos el demandante deberá acreditar
que la decisión causó un daño cierto y además, antijurídico32.
Caso concreto
14. Vista la demanda, se evidencia que las pretensiones principales se dirigen a
que se declare que, la decisión del 27 de septiembre de 2011 del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cali, decisión unitaria33, incurrió en error jurisdiccional por no
haber permitido dar por terminada la segunda instancia. Si bien, en las pretensiones
29 ARTÍCULO 5. AUTONOMIA E INDEPENDENCIA DE LA RAMA JUDICIAL. La Rama Judicial es
independiente y autónoma en el ejercicio de su función constitucional y legal de administrar justicia.
Ningún superior jerárquico en el orden administrativo o jurisdiccional podrá insinuar, exigir, determinar o
aconsejar a un funcionario judicial para imponerle las decisiones o criterios que deba adoptar en sus
providencias.
30 Consejo De Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, CP: Nicolás
Yepes Corrales, Sentencia del19 de noviembre de 2021, Rad: 66001-23-31-000-2008-00309-02(42018)[
Fundamento de derecho6.3.2]. (…)Además, es importante resaltar que la Constitución Política en sus artículos
228 y 230 consagró la autonomía e independencia judicial en aras de garantizar el correcto funcionamiento de
las instituciones que administran justicia, de manera que, si bien se entiende que la actividad judicial está
sometida al imperio de la constitución y la ley, lo cierto es que la norma Superior reconoce en los citados artículos
que el juez goza de discrecionalidad para valorar el derecho que sea aplicable al caso concreto, lo que le otorga
un margen de autonomía e independencia. En especial, teniendo presente que “pueden existir vías jurídicas
distintas para resolver un caso concreto que [también] son admisibles [y] compatibles con las garantías y
derechos fundamentales de los sujetos procesales” .(…)
31 Corte Constitucional, Sentencia 5 de febrero de 1996, CP Vladimiro Naranjo Mesa, C-037 de 1996 [
Fundamento de derecho 3] (…) Dentro de este orden de ideas, se insiste, es necesario entonces que la
aplicabilidad del error jurisdiccional parta de ese respeto hacía la autonomía funcional del juez. Por ello, la
situación descrita no puede corresponder a una simple equivocación o desacierto derivado de la libre
interpretación jurídica de la que es titular todo administrador de justicia. Por el contrario, la comisión del error
jurisdiccional debe enmarcarse dentro de una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente
violatoria del debido proceso, que demuestre, sin ningún asomo de duda, que se ha desconocido el principio de
que al juez le corresponde pronunciarse judicialmente de acuerdo con la naturaleza misma del proceso y las
pruebas aportadas -según los criterios que establezca la ley-, y no de conformidad con su propio arbitrio. En
otras palabras, considera esta Corporación que el error jurisdiccional debe enmarcarse dentro de los mismos
presupuestos que la jurisprudencia, a propósito de la revisión de las acciones de tutela, ha definido como una
"vía de hecho".(…) Sentencia del 12 de junio de 2002, MP Marco Gerardo Monroy Cabra Criterio reiterado en
C-455 de 2002 [ Fundamento de derecho 9]
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección C, C.P. Nicolás Yepes Corrales,
Sentencia del 19 de noviembre de 2021, rad: 2008-00309-02 (42018).
33 Folio 261 CP.
15
Radicación:76001-23-33-000-2013-00825-01 (69.972)
Demandante: Eduardo Cruz Montesdeoca y otro
Demandado: Nación- Rama Judicial
Proceso: Reparación Directa
principales se hizo mención de las motivaciones de la decisión del 8 de junio de
2011, se recalca por la Sala que la decisión del 27 de septiembre de 2011 hizo
referencias a estas y el análisis del error jurisdiccional recae sobre decisiones
judiciales en firme, sin que pueda recaer exclusivamente sobre sus motivaciones.
15. Precisado lo anterior y examinada el auto del 27 de septiembre de 201134, se
advierte que por esta decisión el Tribunal autorizó la expedición de copias y negó la
solicitud de terminación del trámite de la consulta. Respecto al segundo punto,
estimó la solicitud como improcedente en virtud de lo decidido en proveído de la
Sala de Decisión Dual (auto del 8 de junio de 2011).
Examinado el contenido de dicho auto, se verifica que sustancialmente la decisión
de dar terminado el proceso civil no se adoptó en la referida providencia, sino al
momento de declararse la nulidad procesal por falta de jurisdicción –decisión a la
cual hizo referencia–. En ese sentido, deben tenerse por improcedentes las
pretensiones principales y el examen de la Sala se restringirá a determinar la
configuración de un error jurisdiccional en las decisiones del 16 de julio de 2007 y
del 8 de junio de 2011, las cuales fueron objeto de reproche en las pretensiones
subsidiarias primarias, secundarias y terciaras de la demanda.
16. En lo que se refiere al objeto de la apelación, en esta se reprochó que la
decisión del tribunal haya descartado la configuración de un error jurisdiccional en
las decisiones enjuiciadas, sin haber considerado que: i) dada la calidad de la
empresa «China National Machinery & Equipment Import & Export Corporation»
como empresa de propiedad de la República Popular de China, al suscribir un
contrato de agencia comercial, se sobreentiende que dicha Nación –a través de la
referida sociedad– ejerció un acto de comercio que se enmarca como una excepción
al principio de inmunidad jurisdiccional; ii) Las decisiones acusadas se adoptaron,
cuando de la vigencia del parágrafo del artículo 44 de la Ley 1395 de 2010 se
desprendía que la decisión de instancia había adquirido firmeza sin necesidad de
agotarse el grado de consulta.
17. En lo que respecta al proceso civil, en el expediente obra copia de la
demanda interpuesta por Eduardo Cruz Montesdeoca, a través de apoderado
34Folio 255 CP
16
Radicación:76001-23-33-000-2013-00825-01 (69.972)
Demandante: Eduardo Cruz Montesdeoca y otro
Demandado: Nación- Rama Judicial
Proceso: Reparación Directa
judicial –el señor Álvaro Vélez Álvarez–. Por dicho escrito se pretendió declarar que
la República Popular China y la empresa «China National Machinery & Equipment
Import & Export Corporation» (…) se han enriquecido sin justa causa, en la suma
que resulte, probada, como consecuencia de no haber pagado la liquidación de las
Comisiones que debieron cancelarle al señor, derivadas del Contrato de “Agencia
Comercial” suscrito el 15 de junio de 1985 (…).
18. Asimismo, se allegó sentencia del 12 de abril de 2004, proferida por el
Juzgado 15 Civil del Circuito de Cali35, por la cual se condenó a la República Popular
de China y a la empresa «China National Machinery & Equipment Import & Export
Corporation» al pago de $ 7.550.222 Dólares Americanos. La cual se notificó por
edicto fijado el 16 de abril de 2004 y desfijado el 20 de abril de 200436.
19. Asimismo, se acreditó que, por decisión del 17 de abril de 200437, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali admitió la consulta de la sentencia del 12 de
abril de 2004, proferida por el Juzgado 15 Civil del Circuito. Dentro del referido
trámite el Tribunal Superior del Distrito Judicial, por auto del 31 de agosto de 200538,
ofició al Ministerio de Relaciones para que, por conducto del Cónsul Colombiano de
la República Popular de China, certificara la existencia y representación legal de la
empresa «China National Machinery & Equipment Import & Export Corporation», así
como determinara si la referida sociedad tenía personería jurídica propia o si la
empresa se asimilaba a las empresas industriales y comerciales del Estado
Colombiano y quién era su representante legal para efectos judiciales
20. En ausencia de respuesta, el anterior exhorto fue reiterado el 24 de octubre
de 200539, el cual fue objeto de respuesta por Oficio CNNAJ60163 del 25 de octubre
de 200540 de la Coordinadora de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones
Exteriores, en la cual se allegó respuesta de la referida empresa china, indicando
que según traducción no oficial esta indicó «(…) que desde hace más de 10 años
no tienen relaciones comerciales con ninguna empresa o persona en nuestro país
y que no tienen la obligación de ofrecer el documento solicitado (…)».
35 Ff. 52-95CP
36 Ff. 96 y 97 CP
37 Folio 97 CP
38 Folio 98CP
39 Folio 100 CP
40 Ff. 103-108 CP
17
Radicación:76001-23-33-000-2013-00825-01 (69.972)
Demandante: Eduardo Cruz Montesdeoca y otro
Demandado: Nación- Rama Judicial
Proceso: Reparación Directa
21. En virtud de las anteriores circunstancias, por auto del 17 de abril de 2006 el
Tribunal del Distrito Judicial de Cali41, Decisión Unitaria, declaró la nulidad de todo
lo actuado a partir del auto de 1° de julio de 1999, con fundamento en la causal de
nulidad de indebida representación (núm. 7 del art. 140 del CPC). Contra la anterior
decisión, la parte demandante interpuso el recurso de súplica, que fue resuelto por
decisión del 13 de octubre de 2006 de la Sala Dual de dicho tribunal, con la cual
revocó el auto del 17 de abril de 2006, considerando que la nulidad por indebida
representación solo puede alegarse por la persona afectada (inc. 3 del art. 143 del
CPC) y se trata de una causal saneable que no podía declararse en la forma que lo
hizo la decisión recurrida. Pese a revocar la anterior decisión, en dicha providencia
se advirtió que los documentos aportados para acreditar la existencia y
representación de dicha sociedad no cumplieron los requisitos previstos, en el art.
480 del C. Co y los artículos 102,188, 258,259 y 260 del C.P.C., para valorarse
como pruebas de dichos hechos.
22. Posterior a la decisión enunciada, la parte demandante, con memorial
radicado el 18 de abril de 2007, desistió de las pretensiones de la demanda elevadas
contra la empresa «China National Machinery & Equipment Import & Export
Corporation»42. Solicitud que fue aceptada por el tribunal, a través de auto del 30
de abril de 200743.
23. Agotados los anteriores hechos, se profirieron las decisiones objeto de la
demanda, en primer lugar, por decisión del 16 de julio de 2007 el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cali44 declaró la nulidad de todo lo actuado, por estimar que
el Estado Colombiano no cuenta con jurisdicción para conocer la demanda que se
proponía contra la República Popular China. En la referida decisión se estimó que,
en virtud del principio de inmunidad jurisdiccional, no podía adelantarse proceso
judicial contra la República Popular de China, al tenerse que no se configuró
ninguna excepción a dicho principio, como lo podía ser un «acto de comercio» o
«iure gestionis», in extenso refirió la decisión:
41 FF. 106-117 CP. Se transcribe la parte Resolutiva: (…) RESUELVE.
1° Negar la petición elevada por el apoderado judicial del demandante en escrito de 21 de noviembre de 2005.
2° Declarar la nulidad de todo lo actuado a partir del auto de 1° de julio de 1999 inclusive.
3° Ordenar al juez de primera instancia que renueve la actuación invalidada y para efectos de la prueba de la
existencia y representación de la CHINA ANTIONAL MACHINERY IMPORT & EXPORT CORPORATION, exija
al demandante el pleno cumplimiento de los dispuestos en los siguientes art. 72-211,77-3 y 78.
4° Condenar en costas al demandante. Tásense(…)
42 Ff. 123-139 CP
43 Ff. 140-142 CP
44 Ff. 143-172 CP
18
Radicación:76001-23-33-000-2013-00825-01 (69.972)
Demandante: Eduardo Cruz Montesdeoca y otro
Demandado: Nación- Rama Judicial
Proceso: Reparación Directa
«(…) En ese marco el demandante debía demostrar que la ley extranjera que regula
la existencia y representación de CHINA NATIONAL MACHINERY & EQUIPMENT
IMPORT & EXPORT y con base en ésta presentar las condignas pruebas. Así
claramente lo dispone el núm. 3 del artículo 77 del C.P.C. que se aplica en esta
materia, por cuanto COLOMBIA y la REPÚBLICA POPULAR CHINA no tienen un
tratado vigente al respecto y quien conoce del proceso es un juez colombiano.
Además, recuérdense que conforme lo dispone el art.188 del C.P.C. (…)
Al proceso tampoco trajo el demandante la prueba de la ley sobre empresas
industriales de propiedad del pueblo y si admite o no distinción entre el Estado y las
entidades que realizan transacciones comerciales, con el fin de establecer inmunidad
jurisdiccional. (…)
Considera el TRIBUNAL que no existe la prueba de la representación de la CHINA
NATIONAL MACHINERY & EQUIPMENT IMPORT & EXPORT CORPORATION. Hay
un principio prueba de que para septiembre de 1993 el Sr. XI JIACHENG era el
representante legal (véase folio 183 aportado por el propio demandante), que se
constituye como criterio orientador para establecer la plena prueba; pero fue
abandonado para asumir, sin prueba alguna, que el señor Embajador también
representaba esta sociedad. (…)
En suma, pende como una terrible incógnita en este proceso, saber si en verdad hay
tal empresa, si tiene autonomía jurídica y administrativa, quien es su representante,
si el contrato de agencia lo firmó un representante de esta EMPRESA o le es
inoponible … (…)
Todo esto lleva a que el TRIBUNAL concluya que no está demostrado que la
REPÚBLICA POPULAR CHINA haya actuado como un comerciante más en este
caso, que se haya dejado su investidura de ente político para en un acto de iure
gestiones realizar negocios con el señor CRUZ MONTESDEOCA. Si ello es así, no
existe el supuesto hecho que pueda subsumirse en la siguiente excepción a la
inmunidad jurisdiccional: cuando el Estado realiza una transacción mercantil con una
persona natural o jurídica extranjera. En consecuencia, ni el JUEZ 15 CIVIL DEL
CIRCUITO DE CALI, ni este TRIBUNAL, ni ningún juez colombiano, tienen jurisdicción
para juzgar a la REPÚBLICA POPULAR CHINA en este caso. (…)»
24. La anterior decisión fue objeto del recurso de súplica por la actora45, con
memorial del 22 de agosto de 2007, que fue resuelto por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cali, Sala Dual, en auto del 8 de junio de 201146, a través del
cual confirmó la decisión recurrida. En dicha providencia, coincidió con las
consideraciones de la decisión atacada, en el sentido de considerar configurada la
nulidad de lo actuado por falta de jurisdicción, al verificarse que no se había
acreditado que la República Popular de China hubiese realizado un acto de carácter
mercantil «que permita perforar tal inmunidad».
45 Ff. 173-210 CP.
46 Ff248-253
19
Radicación:76001-23-33-000-2013-00825-01 (69.972)
Demandante: Eduardo Cruz Montesdeoca y otro
Demandado: Nación- Rama Judicial
Proceso: Reparación Directa
A lo que agregó, que los razonamientos del recurso resultaban impertinentes, al
dirigirse a cuestionamientos sobre las diferencias entre el enriquecimiento sin causa
y sin justa causa, así como a la representación internacional del Estado, en cuanto
a la legitimidad en la causa y la aptitud para ser parte, o en relación a la prueba de
la existencia y representación de la sociedad «China National Machinery &
Equipment Import & Export Corporation». Dichos argumentos se utilizaron para
sustentar la configuración del principio de inmunidad jurisdiccional, pero resultaban
inanes después de desistimiento de las pretensiones, en relación con la empresa
china.
Ello, al tenerse que las imputaciones elevadas contra la misma, relativas al
enriquecimiento sin causa, no versaban sobre actos iure gestionis, que permitieran
desconocer el principio de inmunidad jurisdiccional. Respecto de esta última
decisión la parte demandante solicitó la aclaración y complementación47, la cual fue
negada por improcedente en auto del 28 de junio de 201148
25. Expuesto el contenido de las decisiones, a partir de las cuales se endilga el
error jurisdiccional, la Sala advierte que para resolver el problema jurídico deberá
establecer si se configuró un error por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Cali, cuando encontró configurada la inmunidad jurisdiccional de la República
Popular de China en las decisiones enjuiciadas en el caso de la referencia. En lo
que toca este principio, el antecedente de esta corporación49 ha reconocido que la
inmunidad jurisdiccional corresponde a (…) la sustracción del órgano o del sujeto
de la relación internacional de la jurisdicción donde se encuentra ubicado o donde
ejerce funciones (…)50; se trata de un privilegio o prerrogativa y exención del cual
pueden gozar los Estados, las organizaciones internacionales, así como jefes de
47 Ff. 254-257 CP
48 Ff.258-259 CP
49 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 26 de marzo de 2009, rad: 250002326000200602062-01
(34460), CP Myriam Guerrero Escobar] Retomada en, Subsección C, sentencias del 4 de junio de 2015, rad:
250002315000200401141-01(33.776),CP Olga Mélida Valle De De la Hoz(E) [ Fundamento de derecho 1];
Subsección B, Sentencia del 10 de junio de 2022, rad: 25000233600020130219301 (58.690), CP Fredy Ibarra
Martínez [Fundamento de derecho 1]; Sección Primera, Sentencia del 20 de agosto de 2019, rad:
110010324000201900295-00CP Oswaldo Giraldo López[ Fundamento de derecho 2.2.1.2. y 2.2.1.3.] . Ver
también Subsección A, Sentencia del 31 de marzo de 2023, Sentencia del 31 de marzo de 2023, rad:
180012331000201100117-01,
50 Ibidem. Allí también se claro que este tipo de inmunidad se puede bifurcar e 2 nociones: i) unidad de
juzgamiento o jurisdicción propiamente dicha) e inmunidad de ejecución.
20
Radicación:76001-23-33-000-2013-00825-01 (69.972)
Demandante: Eduardo Cruz Montesdeoca y otro
Demandado: Nación- Rama Judicial
Proceso: Reparación Directa
estado, funcionarios diplomáticos y consulares, e incluso buques y aeronaves
estatales51.
26. Dicha prerrogativa encuentra su fundamento en la igualdad de soberanía de
los Estado en el ámbito internacional52 y en la costumbre internacional53. Frente a
la inmunidad en los agentes diplomáticos y funcionarios consulares también se
cuenta con las Convenciones de Viena de los años 1961 y 1963, aprobadas por
Colombia mediante las Leyes 6 de 197254 y 17 de 197155. No obstante, en lo que
hace a esta inmunidad cuando se encuentra referida al Estado en concreto, la
Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, en el año 2004, la denominada
Convención sobre las Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y sus Bienes,
que fue puesta a consideración de los Estados Miembros en 2005 sin que a la fecha
haya entrado en vigor56 –contrario a lo expresado por la actora en el recurso de
apelación, en donde daba por hecho que esta Convención ya se encuentra
surtiendo efectos–.
Sin embargo, el mencionado tratado recoge la costumbre internacional existente
sobre la materia, siendo la inmunidad de jurisdicción de los Estados un principio
generalmente aceptado en la práctica judicial de los Estados57; de allí que este ha
tenido aplicación de conformidad con el derecho internacional consuetudinario. En
ese orden, la Corte Constitucional se ha referido a esta cuestión, en los siguientes
términos:
51 Mata Prates C. (2015). Inmunidad de Jurisdicción de los Estados: Alcance y Vigencia (Esquema Preliminar).
Periodos ordinarios de sesiones, 3 al 12 de agosto de 2015, Río de Janeiro. Comité Jurídico Interamericano
(OEA).
52 Al respecto en sentencia de la Corte Constitucional se precisó: SU443-2016, , MP Gloria Stella Ortiz Delgado
[Fundamentos de derecho 3 -28] [Fundamento de derecho 6] (…) 6. Conforme al derecho internacional
contemporáneo los Estados gozan de igualdad en el ejercicio de su soberanía, especialmente a partir de la
década de los 60, tras el período de descolonización. El problema consiste en determinar la manera como se
debe garantizar esta igualdad soberana cuando un Estado desarrolla actividades dentro del territorio de otro, o
cuando las actividades de un Estado afectan los intereses de otro. Para regular el alcance de la jurisdicción que
puede ejercer un Estado sobre otro, o sobre sus bienes, los Estados han reconocido una serie de inmunidades,
tanto en el derecho internacional como en el derecho interno. En consonancia con lo dicho sobre los tipos de
facultades que componen el ejercicio de la jurisdicción, las inmunidades correspondientes se pueden clasificar
como una inmunidad frente al ejercicio de la jurisdicción propiamente dicha, y otra frente a la ejecución, de la
ley y las decisiones judiciales, como se explicará a continuación (…)
53 Como ejemplo del reconocimiento de esta costumbre internacional, la Corte Constitucional suele citar la
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en el caso Schooner Exchange v. M’Faddon
de 1812, en la cual la Corte afirma que carece de jurisdicción en virtud de la regla de inmunidad de jurisdicción
sobre las personas y bienes de otros Estados soberanos.
54 Por la cual se aprueba la "Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas hecha en Viena el 18 de abril
de 1961".
55 Por la cual se aprueba la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, suscrita el 24 de abril de 1963.
56 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). WIPO Lex, Tratados: Convención sobre las
inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes (No ha entrado en vigor aún). [Consultado el 11,
diciembre, 2024]. Disponible en Internet: <https://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/details/259>.
57 Esther, Mathieu (2010), Inmunidad de Jurisdicción de los Estados, RECORDIP, Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
21
Radicación:76001-23-33-000-2013-00825-01 (69.972)
Demandante: Eduardo Cruz Montesdeoca y otro
Demandado: Nación- Rama Judicial
Proceso: Reparación Directa
Sobre el particular, es importante anotar que, tal y como lo hizo explícito esta
Corporación en la Sentencia T-462 de 2015, la Asamblea General de Naciones
Unidas tuvo como propósito desarrollar progresivamente las normas en materia de
inmunidad, cristalizar la costumbre en formación, y codificar aquellas normas
consuetudinarias existentes. En consecuencia, encargó de esta tarea a la Comisión
de Derecho Internacional, que inició un Proyecto de Artículos sobre la materia. En
1978, el Grupo de Trabajo sobre inmunidades sostuvo que existía una gran
dispersión en la materia, y que la prueba de costumbres internacionales al respecto
se encontraba principalmente en las decisiones judiciales de los Estados.
Posteriormente, en 1991, la Comisión de Derecho Internacional presentó a la
Asamblea General el Proyecto de Artículos como parte de su informe de sesiones,
en el que: i) establece los alcances de la inmunidad de jurisdicción y sus
excepciones, y ii) hace comentarios en notas al pie, que proveen evidencia respecto
del carácter consuetudinario de algunas de las disposiciones del proyecto, cuando
es del caso. Por lo tanto, el Proyecto de Artículos provee evidencia de que ciertas
normas pueden considerarse costumbre internacional existente, otras son
costumbres internacionales en proceso de cristalización, y otras son propuestas de
desarrollo progresivo (convencional) del derecho internacional.
10. Retomando las consideraciones de la Sentencia T-462 de 2015, se advierte
que, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 38.1 b) del Estatuto de la Corte
Internacional de Justicia, las disposiciones del Proyecto de Artículos que
corresponden a una codificación de la costumbre internacional existente, son
vinculantes. Por otro lado, las disposiciones que corresponden a una labor de
cristalización de una costumbre internacional eventualmente pueden llegar a resultar
jurídicamente vinculantes como costumbre, en caso de que cumplan con los
requisitos de esta fuente de derecho internacional, que se estudiarán más adelante.
Finalmente, los artículos que corresponden a un desarrollo progresivo sólo
resultarían vinculantes si los Estados deciden adoptarlos como normas que hacen
parte de un tratado internacional, de acuerdo con lo contemplado en el artículo 38.1
a) del mencionado Estatuto.
11. Actualmente, con base en el Proyecto de Artículos, la Asamblea General de la
ONU aprobó la Convención sobre las Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados
y de sus Bienes de 2004 que se encuentra abierta para firmas y ratificaciones de los
Estados miembros. Pese a que el referido tratado aún no ha entrado en vigor, pues
no se han efectuado las ratificaciones necesarias para ello, lo cierto es que las
disposiciones que correspondan a la codificación de una costumbre internacional
resultan vinculantes para los Estados como costumbre, en virtud del literal b) del
numeral 1º del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia 58.
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia también ha explicado lo siguiente:
La inmunidad jurisdiccional es una regla-prerrogativa procesal -reconocida
como costumbre internacional, se aclara que Colombia no ha adherido a la
Convención de 200459-, que se apoya en los principios de soberanía,
igualdad jurídica, independencia y autonomía de los Estados.60 Ha de
advertirse que esta regla ha tenido un nutrido desarrollo. En un principio, fue
58 Corte Constitucional, sentencia SU-443 del 18 de agosto de 2016.
59 Recuérdese que las fuentes del Derecho Internacional, de carácter principal, son los Tratados y la Costumbre
(artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia).
60 Se destaca la Convención de las Naciones Unidas sobre Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y sus
Bienes de 2004-. Empero, se aclara, este instrumento no ha sido ratificado por Colombia. Esto es, no se puede
«hoy tenerla como fuente de derecho interno por mucho que contenga preceptos del derecho internacional
consuetudinario». CSJ ATC de 23 de marzo de 2011, Rad. 00521-00. El mismo criterio se sostuvo,
recientemente, en sentencia de exequátur de 27 de noviembre de 2015 (SC16431).
22
Radicación:76001-23-33-000-2013-00825-01 (69.972)
Demandante: Eduardo Cruz Montesdeoca y otro
Demandado: Nación- Rama Judicial
Proceso: Reparación Directa
concebida con un carácter absoluto. En efecto, se ha afirmado que «(...) no
solamente los agentes diplomáticos tienen inmunidad y jurisdicción, con las
salvedades referidas, sino que también la tienen los estados, según principios
y costumbres de derecho internacional, sobre todo porque no resultaría lógico
que la tuviere el agente diplomático y no la tuviese el Estado acreditante. Y,
por lo demás, se ha sostenido por la doctrina internacional, que los estados
deben gozar de inmunidad de jurisdicción»61. Así y todo, ha sido objeto de
morigeración62 (v.gr. a propósito de subreglas, que albergas aspectos
funcionales del concepto63 o, incluso, toleran la hipótesis misma de renuncia
del Estado a su prerrogativa64). En definitiva, si se negase la morigeración -
subregla- de la inmunidad de jurisdicción -regla-, se aceptaría “sin reservas
que los Estados acreditantes desarrollan para todos los casos actos propios
de la misión diplomática y consular (ius imperium), sin distinguir de aquellas
del derecho privado (ius gestionis).”65. 66
27. Ahora bien, en el antecedente de estas corporaciones y del Consejo de
Estado67, se ha indicado que dicha inmunidad no es absoluta, en la medida que se
ha acogido la teoría de la inmunidad relativa, la cual está dirigida a diferenciar la
calidad en la que actúa el Estado, en las relaciones internacionales, con la finalidad
de distinguir los actos revestidos de imperium o realizados en función del poder
público –iure imperio–, de los actos de gestión –iure gestionis–, que son los que
pese a realizarse por el Estado no se inscriben en la realización de su función propia
en el ámbito internacional, pues se desarrollan en el mismo plano de los particulares
–actos puramente comerciales o administrativos, por ejemplo– y por ende no están
revestidos de alguna prerrogativa.
Para distinguir entre los anteriores actos, esta Corporación adoptó un criterio
objetivo-finalista –con apego a la lectura del tema por parte de la Corte
61 CSJ, Autos del 12 de junio y 12 de agosto de 1992. Y Auto del 7 de junio de 1996, exp. 6134.
62 En la STC0004-2016 -reiterada en STC2835-2021-, se sostuvo que «las inmunidades jurisdiccionales
otorgadas a las sedes extranjeras de otro país no pueden ser absolutas». Providencias que fueron nuevamente
recogidas en AC2387-2018. En la sentencia SC3383-2022 se especificaron los casos excepcionales en que se
pueden estudiar de fondo las controversias ventiladas contra otros estados ante esta Corte.
También se ha calificado como “excepcional” tal morigeración. CC sent. T-462 de 2015.
63 Se hace, por ejemplo, referencia a los actos “jure imperii” y “jure gestionis”. De manera puntual se han
señalado los asuntos laborales y de seguridad social, los “asuntos relacionados con actividades comerciales o
industriales”, a bienes muebles e inmuebles “ajenos, en todo caso, a la función diplomática o consular.” CSJ
AC2387-2018. Véase también a: CC sents. T-814/11 y T-901/13
64 CSJ AC3349-2020. Esto es, un Estado, amprándose en la inmunidad de jurisdicción, no podría sustraerse
del pacto arbitral firmado por él mismo, «en tratándose de actos «iure gestionis.» La renuncia, por lo demás,
podría estar englobada dentro de la extensa autonomía de la voluntad de ese Estado. Piénsese, por ejemplo,
en el dépeçage, a propósito del amplio tema de la contratación internacional. Cfr. Antonio Aljure Salame. El
contrato internacional. Universidad del Rosario, Legis, Bogotá, 2011, pp. 55 y 97.
65 CSJ STC-03672-2017.
66 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, auto del 13 de septiembre de 2023, rad. 11001-
02-03-000-2022-02569-00.
67 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 26 de marzo de 2009, rad: 250002326000200602062-01
(34460), CP Myriam Guerrero Escobar]
23
Radicación:76001-23-33-000-2013-00825-01 (69.972)
Demandante: Eduardo Cruz Montesdeoca y otro
Demandado: Nación- Rama Judicial
Proceso: Reparación Directa
Constitucional68–, en el sentido que la exclusión de la jurisdicción interna no opera
por la sola existencia de la prerrogativa en un instrumento de derecho internacional,
sino que dicha inmunidad debe interpretarse con relación a la finalidad para la que
fue otorgada o establecida. Así, en la jurisprudencia de las altas cortes se identifican
casos en los que la inmunidad jurisdiccional encuentra excepciones, como es el
caso de las obligaciones de carácter laboral69 y los actos de comercio70.
Circunstancias que también han sido tratadas por la doctrina nacional:
Hasta bien entrado el siglo XX, este principio de derecho internacional no admitía
ninguna excepción: en cada relación jurídica en la cual figuraba un Estado (el Estado
del foro) ante cuyos tribunales se interponía una acción en contra de otro Estado (el
Estado demandado), dichos tribunales no tenían más recurso que rechazar in limine
la procedencia de la acción, con fundamento en la norma de derecho internacional
general o consuetudinario según la cual los estados extranjeros gozan de inmunidad
de jurisdicción. Pero con el incremento de las relaciones comerciales e intercambios
económicos de toda índole, la situación comenzó a cambiar y se pasó de un régimen
de inmunidad absoluta a uno de inmunidad restringida, bajo el cual la norma general
sigue siendo la de la inmunidad, pero se admiten ciertos casos en los cuales, por
diferentes razones, ésta se exceptúa y el Estado extranjero queda sujeto a la
jurisdicción de los tribunales del Estado del foro, en condiciones idénticas a las de
los particulares.
(…)
Como se dijo, en materia de inmunidad de jurisdicción del Estado la teoría de la
inmunidad absoluta ya no es de recibo en el derecho internacional y ha sido
remplazada por la figura de la inmunidad restringida. El rationale de esta postura es
que, en el mundo contemporáneo, son cada vez más frecuentes los casos en los
que los estados actúan en calidad de particulares y no en calidad de entidades
soberanas. Cuando se presenta una relación jurídica entre un particular y un Estado
que tiene la vocación de estar regida por el derecho privado —como es el caso típico
de una transacción comercial— no existe justificación alguna para invocar una regla
propia del derecho público, como es la que prevé la inmunidad de jurisdicción.
Adicionalmente, si se permitiera que dicha regla sea aplicada en todos los casos, el
particular quedaría en una situación de desigualdad y desventaja y se vería privado
de los recursos legales que normalmente le ofrece la legislación del Estado donde
se ejecutó la transacción o, más generalmente, del Estado que posee jurisdicción
sobre la misma.
68 Corte Constitucional, Sentencia del 3 de diciembre de 2013, T-901-2013, MP María Victoria Calle Correa [
Fundamentos de derecho 23- 24], Sentencia del 18 de agosto de 2016; SU/443-2016, MP Gloria Stella Ortiz
Delgado [ Fundamentos de derecho 3 -28]
69 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia del 1 de agosto de 2012, exp. 53995 MP
Luis Gabriel Miranda Buelvas. Corte Constitucional Sentencia del 27 de julio de 2021 M.P Jorge Enrique Ibañez
Najar, T-242-2021 (…) En particular, esta Corte ha definido algunas limitaciones a la inmunidad de los agentes
de Estados extranjeros y organismos de derecho internacional que se encuentren en el territorio nacional, en
concreto, en materia laboral. Así, la inmunidad jurisdiccional estará limitada cuando: (i) se comprometan
“derechos laborales y prestacionales de connacionales y residentes permanentes del territorio nacional”, y (ii)
cuando un Estado extranjero celebra un contrato laboral con un nacional colombiano. Esto, debido a que,
primero, el Estado debe someterse irrestrictamente a las normas laborales internas. Segundo, el Estado o sus
agentes se obligan a asumir el riesgo de vejez, “mediante la afiliación del trabajador al Instituto de Seguros
Sociales o incluso a otras entidades de previsión social que cubran tal riesgo”.69(…)
70 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, STCC004-2016, Sentencia de tutela del 13 de enero de
2016, MP Luis Armando Tolosa Villabona.
24
Radicación:76001-23-33-000-2013-00825-01 (69.972)
Demandante: Eduardo Cruz Montesdeoca y otro
Demandado: Nación- Rama Judicial
Proceso: Reparación Directa
De esta forma, se abrió camino en la práctica estatal la distinción entre las
actuaciones que corresponden al ejercicio de las prerrogativas del poder público del
Estado, o acta jure imperio y las actuaciones que el Estado realiza en condición
similar a la de los particulares, o acta jure gestionis. Mientras las primeras siguen
cubiertas por la inmunidad de jurisdicción absoluta, según las normas tradicionales,
las segundas representan excepciones taxativas a dichas normas, con el resultado
de que sobre ellas los tribunales del Estado del foro tienen jurisdicción y pueden
entrar a ejercerla sin violar por ello el derecho internacional.71
De esta manera, la inmunidad de jurisdicción de los estados no es una regla
absoluta, ya que tiene singular excepción cuando el Estado extranjero se comporta
como un particular. Por ejemplo, al realizar transacciones comerciales, contratar
trabajadores o cuando le causa una lesión a una persona o un daño a sus bienes72.
28. Descendiendo al caso en concreto, en las decisiones adoptadas por el
Tribunal Superior de Cali, que declararon la nulidad de lo actuado por falta de
jurisdicción, en el proceso con rad. 1999-00572-01, se valoró lo relativo al principio
de inmunidad jurisdiccional de la controversia y la posible configuración de una
excepción a este principio.
29. Realizadas las anteriores precisiones, para el momento de los hechos el
Estado colombiano, en principio, carecía de jurisdicción para someter ante sus
jueces nacionales asuntos relativos a los actos de la República Popular China, salvo
aquellos que tuvieran la calidad de actos de iure gestionis, donde el estado
extranjero actúa como un particular; de donde se abría paso la inmunidad
restringida. No obstante, antes de realizar dicha calificación jurídica, resultaba
necesario acreditarse en el proceso que el «acto» que se predica fue «iure
gestionis» y probarse la calidad de quien manifestó la voluntad en relación con el
mismo, a efecto de constatar si quien presuntamente comprometió a la República
Popular de China contaba con la potestad de representar a la referida nación y
obligarla. En efecto este deber probatorio le competía al demandante en los
términos del artículo 177 del CPC, sin que las disposiciones relativas a la práctica
de pruebas en el extranjero (art. 193 CPC) constituyera una variación en dicha
carga, para imponerla sobre el juzgador –como argumenta la parte actora–.
71 Quintana Aranguren, J. J., & Guzmán Carrasco, G. (2006). De espaldas al derecho internacional: Colombia y
la inmunidad de jurisdicción de los estados. International Law: Revista Colombiana De Derecho Internacional,
4(8). Bogotá.
72 Ibídem.
25
Radicación:76001-23-33-000-2013-00825-01 (69.972)
Demandante: Eduardo Cruz Montesdeoca y otro
Demandado: Nación- Rama Judicial
Proceso: Reparación Directa
Pese a lo anterior, en el proceso civil en el que se emitieron las decisiones
enjuiciadas, el demandante dio lugar a múltiples imprecisiones y contradicciones
que impedían determinar con certeza los anteriores elementos. En efecto, y aunque
en este proceso se alega que su objeto recaía sobre el contrato de agencia
comercial, las pretensiones expresadas en la demanda civil contra la República
Popular China se dirigían a reprochar el enriquecimiento sin causa de la referida
nación73, escenario en el que no habría resultado posible constituir la inmunidad
jurisdiccional, ante la inexistencia de un acto que justifique el desplazamiento
patrimonial. No obstante, lo anterior, de entenderse que la demanda conservaba por
objeto la declaratoria de incumplimiento del referido contrato de agencia comercial,
no se evidencia que el demandante, dentro del proceso civil, lograra acreditar un
acto imputable a la República Popular de China susceptible de constituir una
excepción al principio de inmunidad jurisdiccional.
30. Recuérdese que al momento de decidirse la nulidad por falta de jurisdicción,
en el proceso civil, el demandante había desistido de las pretensiones elevadas
contra la sociedad «China National Machinery & Equipment Import & Export
Corporation»; no obstante en el recurso de apelación se persistió en asimilar la
referida sociedad a la República Popular de China y que entonces esta nación
renunció a su inmunidad jurisdiccional en el contrato de agencia comercial, premisas
que no se acreditaron en este litigio ni en el civil dentro del cual se profirieron las
decisiones enjuiciadas. Para poder predicarse dichos efectos, resultaba necesario
demostrar la existencia y representación de la sociedad mercantil y allegar prueba
de la ley extranjera con la que se acreditara que dicha empresa podía representar
directamente a la República Popular China.
En lo referente a este punto, en cuanto a la existencia y representación de una
sociedad domiciliada en el extranjero, como lo era «China National Machinery &
Equipment Import & Export Corporation», el artículo 486 del C. Co74 establece que
73 Expresamente se formularon así: (…) Declárese que la “REPÚBLICA POPULAR CHINA “ y la Empresa
“China National Machinery & Equipment Import & Export Corporation” Se han enriquecido sin justa causa en la
suma que resulte probada, como consecuencia de no haber pagado la liquidación de las Comisiones que
debieron cancelarle al señor EDUARDO CRUZ MOTESDEOCA , derivada del “Contrato de Agencia Comercial”
suscrito el día 15 de junio de 1985. (…)
74 (…) Artículo 486. Prueba de la existencia de la sociedad extranjera - cámara de comercio - superintendencia
La existencia de las sociedades domiciliadas en el exterior de que trata este Título y las cláusulas de los
estatutos se probarán mediante el certificado de la cámara de comercio. De la misma manera se probará la
personería de sus representantes. La existencia del permiso de funcionamiento se establecerá mediante
certificado de la correspondiente Superintendencia. (…)
26
Radicación:76001-23-33-000-2013-00825-01 (69.972)
Demandante: Eduardo Cruz Montesdeoca y otro
Demandado: Nación- Rama Judicial
Proceso: Reparación Directa
se debe probar mediante Certificado de la Cámara de Comercio, si planea
establecer negocios permanentes en Colombia.
Sin embargo, con la demanda civil no se allegó dicho documento y, por el contrario,
con el objeto de acreditar dicha calidad, obran en el expediente como pruebas
trasladadas las siguiente piezas: i) Formulario de Registro de Proponentes
“Formulario Único” de la sociedad «China National Machinery & Equipment Import
& Export Corporation»75 firmado por Dung Xue Quing y sin suscripción por parte del
representante de la Cámara de Comercio; ii) Copia auténtica de la Licencia de
Negocios de la «Corporacion Nacional de Importación de Maquinarias y Equipos de
China», expedida por la Dirección Nacional de Administración de Comercio e
Industrias de la República Popular China, con su traducción –no oficial–, donde se
indica que el representante legal es el señor XI Jiacheng; el anterior documento se
acompañó del iii) Certificado de autenticidad de la República Popular de China en
la República de Colombia del 20 de septiembre de 199676; iv) Poder del 15 de mayo
de 1998, otorgado a Dong Xue Quing por parte del señor XI Jiacheng para
representar a la referida empresa China, junto con su traducción no oficial y
certificado notarial de la República Popular de China de autenticidad del 24 de mayo
de 1996 (traducido) y autenticado por el Consulado de Colombia en Beijing el 10 de
junio de 199677; y v) copia auténtica del certificado del 15 de marzo de 1993 de la
Dirección General de Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia, que certifica que al señor Huan Shikang como representante de la
República Popular China (ilegible).
31. Valorados los anteriores documentos por la Sala, como lo apreció el Tribunal
Superior de Cali, no tienen el mérito para acreditar la existencia y representación de
la sociedad «China National Machinery & Equipment Import & Export Corporation»,
de conformidad a la ley colombiana, en la medida que no se aportó el certificado de
que trata el artículo 486 del C.Co. –en caso de tratarse de una sociedad con
negocios permanentes en Colombia–. De otra parte, si los anteriores documentos
podían dar cuenta de la existencia y representación conforme a leyes extranjeras,
el contenido de dichas normas debía acreditarse en los términos de los artículos
75 Ff. 25-30 CP
76 Folio 35 CP
77 Ff. 36- 41
27
Radicación:76001-23-33-000-2013-00825-01 (69.972)
Demandante: Eduardo Cruz Montesdeoca y otro
Demandado: Nación- Rama Judicial
Proceso: Reparación Directa
188 de CPC78 en el referido proceso civil, lo que no ocurrió, al margen del análisis
de autenticidad y aptitud probatorias de los documentos producidos por autoridades
extranjeras (ej: 25979 y 26080 CPC). De igual manera, al interior del proceso civil la
Sala Unitaria del Tribunal Superior del Distrito Judicial, por auto del 14 de octubre
de 200581, exhortó al Ministerio de Relaciones Exteriores a obtener certificación de
la existencia y representación de la empresa, en los siguientes términos:
(…) ENVIAR exhorto al Ministerio de Relaciones Exteriores para que por conducto del Cónsul Colombiano
en la República Popular de China, a través de la autoridad correspondiente en ese país, certifique la
existencia y representación legal de la empresa China National Machinery & Equipment Import & Export
Corporation, así mismo para que manifieste si esta empresa tiene personería jurídica propia o la empresa
se asimila a las empresas industriales y comerciales del Estado Colombiano y quien es su representante
legal para efectos judiciales (artículo 23 Ley 446 de 1998, artículo 35 C.Civil) (…)
El anterior exhorto fue objeto de respuesta en Oficio CNN A.J. 60163 del 25 de
octubre de 200582, de la Coordinadora de Asuntos Consulares del Ministerio de
Relaciones Exteriores, que remitió Oficio de la Embajada de Colombia en Beijing
con la respuesta suministrada por la empresa «China National Machinery &
Equipment Import & Export Corporation», de la cual relató: «(…) en la que indican,
según traducción no oficial que desde hace más de 10 años no tienen relaciones
comerciales con ninguna empresa en nuestro país y que no tienen la obligación de
ofrecer el documento solicitado (…)».
32. Previsto lo anterior, resultó imposible la incorporación al expediente civil de
las pruebas que pudieran servir para acreditar, como lo sugiere el demandante, que
la empresa «China National Machinery & Equipment Import & Export Corporation»
compartía personería jurídica con la República Popular de China, y más aún su
existencia y representación legal, asuntos que en principio le competía obtener al
78 Artículo 188 Código de Procedimiento Civil (…) El texto de normas jurídicas que no tengan alcance nacional
y el de las leyes extranjeras, se aducirá al proceso en copia auténtica de oficio o a solicitud de parte.
La copia total o parcial de la ley extranjera deberá expedirse por la autoridad competente del respectivo país,
autenticada en la forma prevista en artículo 259. También podrá ser expedida por el Cónsul de ese país en
Colombia, cuya firma autenticará el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Cuando se trate de ley extranjera no escrita, ésta podrá probarse con el testimonio de dos o más abogados del
país de origen.(…)
79 (…) Artículo 259 Documentos otorgados en el extranjero. Los documentos públicos otorgados en país
extranjero por funcionario de éste o con su intervención, deberán presentarse debidamente autenticados por el
cónsul o agente diplomático de la República, y en su defecto por el de una nación amiga, lo cual hace presumir
que se otorgaron conforme a la ley del respectivo país. La firma del cónsul o agente diplomático se abonará por
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consulares de un país amigo, se
autenticará previamente por el funcionario competente del mismo y los de éste por el cónsul colombiano.
80 (…)Artículo 259 Documentos en idioma extranjero: Para que los documentos extendidos en idioma distinto
del castellano puedan apreciarse como prueba, se requiere que obren en el proceso con su correspondiente
traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor
designado por el juez; en los dos primeros casos la traducción y su original podrán ser presentados
directamente. (…)
81 Folio 100 CP
82 Ff. 103-108 CP.
28
Radicación:76001-23-33-000-2013-00825-01 (69.972)
Demandante: Eduardo Cruz Montesdeoca y otro
Demandado: Nación- Rama Judicial
Proceso: Reparación Directa
demandante en los términos del art. 177 de CPC y su obtención por fuera del
territorio colombiano reposa sobre la cooperación de las autoridades extranjeras al
no poderse extender las facultades jurídicas de los jueces colombianos por fuera de
territorio del Estado Colombiano.
33. De otra parte, al haberse solicitado y aceptado el desistimiento de las
pretensiones dirigidas contra la sociedad «China National Machinery & Equipment
Import & Export Corporation» al interior del proceso civil, por auto del 30 de abril de
2007, esta Sala comparte lo precisado por la Sala Dual del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cali al resolver el recurso de súplica (auto del 8 de junio de
201183; esto en el sentido de que no era necesario referirse al tema de la existencia
y representación de dicha sociedad, para pronunciarse en torno a la nulidad del
proceso por falta de jurisdicción. A este efecto se insiste que, en dicho momento
procesal tampoco se acreditó que la mencionada empresa –de conformidad a
norma extranjera– compartiera su personería jurídica con la República Popular de
China, elemento necesario en la línea argumentativa del demandante, para
demostrar la existencia de una excepción al principio de inmunidad jurisdiccional.
34. Conclusión que no contradice lo analizado por el a quo, al estimar que hubo
un pronunciamiento sobre la existencia y representación por parte del Tribunal pero
la decisión medular se concentró en determinar si fue acreditada la configuración
de un «acto jurídico mercantil» por parte de la República Popular de China,
afirmación que el recurrente acusó de no tener coherencia frente a la motivación de
las decisiones tachadas de incurrir en un error jurisdiccional84. A juicio de la Sala, la
decisión de primera instancia apreció correctamente el contenido de la decisión que
resolvió la súplica en el proceso civil, al recordarse que un pronunciamiento de fondo
sobre la existencia y representación de la empresa «China National Machinery &
Equipment Import & Export Corporation», requería tener prueba de la norma
extranjera, con lo cual las reflexiones sobre el tema, necesariamente, recaerían
sobre consideraciones de orden procesal y probatorio que impedían determinar la
83 FF. 218-219 CP..In extenso allí se precisó: (…) E inane resulta igualmente el debate sobre la falta de prueba
de la existencia y representación de la sociedad China Nacional Machinery & Equipment Import & Export
Corporation y de las leyes que se echan de menos en el auto suplicado porque estos argumentos no son el
sustento mismo sin razones para sostener la inmunidad jurisdiccional del Estado demandado pues lo cierto es
que sólo de aceptarse la tesis de inmunidad restringida y en la medida que se hubiera demostrado que la
sociedad era el Estado -lo que no puede deducirse del hecho de tener la característica de propiedad estatal
como se indica en el documento visible a folio 183 C1 o que obraba por su cuenta, podría concluirse que a
través de ella el Estado realizó la transacción comercial -agencia comercial- que en forma indirecta sustenta la
pretensión de enriquecimiento sin causa perdiendo tal inmunidad (…)
84 “Tercera causal de revocatoria” Tesis 1
29
Radicación:76001-23-33-000-2013-00825-01 (69.972)
Demandante: Eduardo Cruz Montesdeoca y otro
Demandado: Nación- Rama Judicial
Proceso: Reparación Directa
existencia y representación de la misma. En consecuencia, no se entrevé una falta
de coherencia entre ambas decisiones ni una ausencia de motivación en la decisión
de la Sala Dual, que identificó la anterior circunstancia.
35. De igual forma, no puede dársele mérito a los argumentos del recurrente en
donde afirma que la nulidad declarada por autos del 16 de julio de 2007 y del 8 de
junio 2011, se haya saneado en los términos del artículo 144.1 del CPC por mediar
actuación de la empresa «China National Machinery & Equipment Import & Export
Corporation» sin que se hubiere alegado tal nulidad85. Al margen de tener la
respuesta otorgada al Oficio CNN A.J. 60163 del 25 de octubre de 2005 –ver ut
supra– como una actuación procesal de las demandadas, vale indicar que el recurso
de apelación erró en la identificación de la causal de nulidad procesal que sirvió de
sustento a los autos tachados de incurrir en un error jurisdiccional, pues estos se
refirieron a la consagrada en artículo 140.1 del CPC86, por falta de jurisdicción.
En este sentido, las decisiones del Tribunal declararon una nulidad procesal que no
resulta subsanable en los términos del último inciso del artículo 144 del CPC. A
diferencia de lo que ocurre de la nulidad por indebida representación de las partes
–art. 140.7 CPC–, de la cual se resalta que en la actuación civil enjuiciada se tuvo
por improcedente, por decisión del 13 de octubre de 2006 de la Sala Dual de
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali –ver ut supra–.
36. En este sentido se insiste que, frente al contrato de agencia comercial
suscrito por los señores Ma Shikui, Gerente Diputado Director de China y el señor
Eduardo Cruz Montesdeoca del 15 de junio de 199587, no se acreditó que este
cobijaba o resultaba imputable a la República Popular de China, de tal forma que
no podía tenerse como un acto iure gestionis que sirviera de excepción al principio
de inmunidad jurisdiccional de la referida nación. Ello sin que las consideraciones
jurisprudenciales88 relativas a la representación jurídica de la nación colombiana
puedan extenderse a otras naciones y ordenamientos jurídicos, como lo sugiere el
recurrente frente a la República Popular de China. Se recalca en este punto que al
85 “Séptima causal de revocatoria tesis 1”.
86Artículo 140. Causales de nulidad:El proceso es nulo en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:
1. Cuando corresponda a distinta jurisdicción. (…) 7. Cuando es indebida la representación de las partes.
Tratándose de apoderados judiciales esta causal sólo se configurará por carencia total de poder para el
respectivo proceso.
87 Ff. 28-32CP
88 “Cuarta Causal de revocatoria” Tesis 1 allí se refirió a la sentencia: Consejo de Estado 25 de julio de 1985
Exp. 8108 CP Aydeé Anzola Linares.
30
Radicación:76001-23-33-000-2013-00825-01 (69.972)
Demandante: Eduardo Cruz Montesdeoca y otro
Demandado: Nación- Rama Judicial
Proceso: Reparación Directa
interior del proceso civil nunca se acreditó el contenido de la norma extranjera en
los términos del artículo 188 del CPC y tampoco la diligencia de presentación
personal y reconocimiento de firma del 21 de octubre de 1985, ante el Notario Quinto
del Círculo de Cali, relevó al demandante de acreditar el contenido de la norma
foránea, como lo sugiere el recurso.
37. De este modo, al pronunciar la decisión de nulidad del proceso por haberse
configurado la causal prevista en numeral 1 del artículo 140 del CPC, el Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Cali no incurrió en una decisión subjetiva, caprichosa
o arbitraria susceptible de calificarse como un error jurisdiccional, en especial,
cuando en el referido proceso, la autoridad judicial adelantó gestiones para obtener
pruebas sobre la existencia y representación legal de la empresa china demandada.
Razón por la cual, la Sala confirmará lo dicho en este aspecto en la sentencia de
primera instancia.
38. Ahora bien, en lo relativo a la competencia del Tribunal Superior de Cali para
asumir el conocimiento del asunto resuelto por el Juzgado 15 Civil de Circuito de
Cali, a juicio de esta Sala tampoco se configuró el defecto endilgado en la demanda.
En efecto, el artículo 386 del Código de Procedimiento Civil89 que establecía el
trámite de consulta, fue derogado por el artículo 44 de la Ley 1395 de 201090 frente
a las consultas de sentencias condenatorias adversas a quien estuvo representado
por curador ad litem. En lo que refiere a este punto, el artículo 40 de la Ley 153 de
1887 precisó sobre el tiempo de aplicación de las leyes procesales lo siguiente:
89(…) Artículo 386. Procedencia del trámite Las sentencias de primera instancia adversas a la Nación, los
departamentos, los distritos especiales y los municipios, deben consultarse con el superior siempre que no sean
apeladas por sus representantes o apoderados. Con la misma salvedad deben consultarse las sentencias que
decreten la interdicción y las que fueren adversas a quien estuvo representado por curador ad lítem, excepto
en los procesos ejecutivos. (…)
90 (…) ARTÍCULO 44. Se derogan el inciso 2o del parágrafo 3o del artículo 101, el numeral 2 de artículo 141, el
inciso 2o del artículo 377, el numeral 5 del artículo 392, el inciso 2o de numeral 6 del artículo 393, los
artículos 398, 399, 401, 405, el Capítulo l “Disposiciones Generales del Título XXII Proceso Abreviado de la
Sección I. Los procesos Declarativos del Libro III. Los procesos y la expresión. Con la misma salvedad deben
consultarse las sentencias que decreten la interdicción y las que fueren adversas a quien estuvo representado
por curador ad lítem, excepto en los procesos ejecutivos del artículo 386 del Código de Procedimiento Civil; los
artículos 51 a 97 del Decreto 2303 de 1989; y el artículo 4o, los incisos 1o y 2o y el parágrafo 3o del artículo 8o
de la Ley 721 de 2001.
PARÁGRAFO. Las modificaciones a los artículos 366, 396, 397, 432, 433, 434 y 439, la derogatoria de los
artículos 398, 399, 401, 405 y del Capítulo I Disposiciones Generales, del Título XXII. Proceso Abreviado, de la
Sección I. Los procesos Declarativos, del Libro III. Los procesos del Código de Procedimiento Civil y la
modificación al artículo 38 de la Ley 640 de 2001, entrarán en vigencia a partir del 1o de enero de 2011 en forma
gradual a medida que se disponga de los recursos físicos necesarios, según lo determine el Consejo Superior
de la Judicatura, en un plazo máximo de tres años. Los procesos ordinarios y abreviados en los que hubiere
sido admitida la demanda antes de que entren en vigencia dichas disposiciones, seguirán el trámite previsto por
la ley que regía cuando se promovieron.(…)
31
Radicación:76001-23-33-000-2013-00825-01 (69.972)
Demandante: Eduardo Cruz Montesdeoca y otro
Demandado: Nación- Rama Judicial
Proceso: Reparación Directa
«ARTÍCULO 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.
Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias
que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación.»
Valorada la anterior disposición evidencia la Sala que, al momento de admitirse el
grado jurisdiccional de consulta por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Cali, el 17 de abril de 2004, aún no había entrado en vigencia el artículo 44 de la
Ley 1395 de 2010. Con lo cual, a juicio de esta Sala, el artículo 386 CPC debía
aplicarse de forma ultraactiva, en los términos del artículo 40 de la Ley 153 de 1887–
actualmente modificado por el artículo 624 del CGP91–. En otras palabras, la
actuación judicial –grado jurisdiccional de consulta– debía agotarse hasta su
consolidación, con aplicación de las normas vigentes a su inicio.
Frente a la aplicación de la ley procesal en el tiempo, en lo relativo a la ultraactividad
de esta, la jurisprudencia constitucional conceptuó:
(…) La ultraactividad de la ley es un problema de aplicación de la ley en el tiempo y
está íntimamente ligada al principio de que todo hecho, acto o negocio jurídico se rige
por la ley vigente al momento de su ocurrencia, realización o celebración. Dentro de la
Teoría General del Derecho, es clara la aplicación del principio "Tempus regit actus",
que se traduce en que la norma vigente al momento de sucederse los hechos por ella
prevista, es la que se aplica a esos hechos, aunque la norma haya sido derogada
después. Esto es lo que explica la Teoría del Derecho, la denominada ultractividad de
las normas, que son normas derogadas, que se siguen aplicando a los hechos
ocurridos durante su vigencia. Este fenómeno se presenta en relación con todas las
normas jurídicas, cualquiera que sea su naturaleza: civil, comercial, penal, etc.
Y claro, el legislador bien podrá ordenar también que ciertas disposiciones legales
formalmente derogadas, continúen produciendo efectos en torno a determinadas
hipótesis, dada la favorabilidad que ellas puedan reportar a sus
destinatarios. Poniéndose de relieve una coexistencia material de reglas sobre un
mismo punto, de suerte que mientras la nueva ley se enerva bajo la figura de la
inaplicación, por su parte la antigua ley prolonga su existencia al tenor de la
ultraactividad, que es, ni más ni menos, que la metaexistencia jurídica de una norma
derogada, por expresa voluntad del legislador. La cláusula general de competencia del
Congreso de la República así lo avala, en tanto lo irradia de facultades para crear,
mantener, modificar o derogar la legislación que estime oportuna y conveniente;
siempre y cuando lo haga en consonancia con los parámetros constitucionales vistos,
dentro de los cuales militan el debido proceso y el derecho a la igualdad (…) 92
91 ARTÍCULO 624. Modifíquese el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual quedará así:
“Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores
desde el momento en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las
diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron
las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los
incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.
La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la
demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad”.
92 Corte Constitucional, Sentencia del 17 de septiembre de 2002, C-763 de 2002, CP Jaime Araujo Rentería [
Fundamento de derecho 1] citada en Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 8 de
32
Radicación:76001-23-33-000-2013-00825-01 (69.972)
Demandante: Eduardo Cruz Montesdeoca y otro
Demandado: Nación- Rama Judicial
Proceso: Reparación Directa
De conformidad con lo anterior, no pueden ser de recibo los argumentos elevados
en el recurso de apelación, que tachan de errónea la interpretación efectuada por el
a quo y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali frente a la vigencia y alcance
del artículo 44 de la Ley 1395 de 2010, en las decisiones tachadas de error
jurisdiccional. Contrario a lo alegado, la entrada en vigor de la referida disposición
no supuso la falta de jurisdicción del Tribunal ni la firmeza de la decisión de primera
instancia proferida por el Juzgado Quince Civil del Circuito de Cali el 12 de abril de
2004, pues simplemente no resultaba aplicable, en virtud de la ultraactividad de la
ley procesal prevista por el art. 40 de la Ley 153 de 1887.
Si bien en la alzada se objetó que dicho principio resultaba limitado por el contenido
del artículo 699 de CPC93 a casos taxativos, en virtud de lo que se denominó la
“ultraactividad relativa”, el recurso le otorga un alcance equivocado a esta
disposición, la cual limitó su objeto a la entrada en vigor del Código de
Procedimiento Civil. Así, al prevalerse de la anterior disposición para indicar que la
ultraactividad abarcaba los recursos pendientes de resolverse y no el grado
jurisdiccional de consulta, el recurrente le otorgó un alcance desmedido a dicha
disposición, la cual no se refirió a la entrada en vigor de la Ley 1395 de 2010, ni
supuso una modificación del artículo 40 de la Ley 153 de 1887. Con lo cual no se
desvirtuaron las consideraciones del a quo.
Por consiguiente, los cargos relativos a la firmeza de la decisión del del 12 de abril
de 2004 y la ausencia de la competencia del Tribunal Superior de Cali para asumir
el grado jurisdiccional de consulta, no tienen el mérito suficiente para configurar un
error jurisdiccional frente a las decisiones que declararon la nulidad del proceso por
falta de jurisdicción. De esta manera, la Sala confirmará la sentencia recurrida.
octubre de 2020, STC8258-2020 Radicación n.° 11001-02-03-000-2020-02601-00.y en Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 21 de junio de 2018, Rad: 25000-23-24-000-
2010-00112-01 CP Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
93 Artículo 699 El presente código entrará en vigencia el primero de julio de mil novecientos setenta y uno. En
los procesos iniciados antes, los recursos interpuestos, la práctica de las pruebas decretadas, los términos que
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por
las leyes vigentes cuando se interpuso el recurso, se decretaron las pruebas, empezó a correr el término, se
promovió el incidente o principió a surtirse la notificación.
33
Radicación:76001-23-33-000-2013-00825-01 (69.972)
Demandante: Eduardo Cruz Montesdeoca y otro
Demandado: Nación- Rama Judicial
Proceso: Reparación Directa
Costas
39. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011,
en la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por el Código General del Proceso.
El artículo 365 del CGP señala que hay lugar a condenar en costas a la parte
vencida en un proceso o a quien se resuelve desfavorablemente el recurso. El
artículo 361 ibidem establece que las costas «(…) están integradas por la totalidad
de las expensas y gastos sufragados durante el curso de proceso y por las agencias
en derecho (…)». Estas últimas, vale aclarar, serán determinadas por las tarifas
que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura.
El numeral 8 del artículo 365 del CGP dispone que «solo habrá lugar a costas cuando
en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
En relación con las agencias en derecho correspondientes a esta instancia, el
numeral 1 del mismo artículo establece que «se condenará en costas a la parte
vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación». Asimismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo
366 del mismo estatuto, se tiene en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la
gestión realizada, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales si las
hubiere.
En atención a lo dicho, la Sala no fijará suma de agencias en derecho en segunda
instancia a cargo de la parte demandante, por observarse que, en el desarrollo de
esta etapa procesal, la demandada no efectuó actos de gestión judicial.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión Oral, del 30 de
septiembre de 2022, por los motivos expuestos en esta providencia
34
Radicación:76001-23-33-000-2013-00825-01 (69.972)
Demandante: Eduardo Cruz Montesdeoca y otro
Demandado: Nación- Rama Judicial
Proceso: Reparación Directa
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de
forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/document
os/evalidador. Igualmente puede acceder al aplicativo de validación
escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al
expediente, los abogados tienen la responsabilidad de
registrarse en el sistema Samai.
35
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.