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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-000-2013-01002-01

Fecha
19 de mayo de 2022
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-000-2013-01002-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia apelada proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, el 8 de agosto de 2019. 2. Sin condena en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 76001-23-33-000-2013-01002-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

19 de mayo de 2022

Radicado: 76001-23-33-000-2013-01002-01 (25763)
Demandante: APUESTAS AZAR S.A.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 76001-23-33-000-2013-01002-01 (25763)
Demandante APUESTAS AZAR S.A.
Demandado MUNICIPIO DE ZARZAL
Temas Sanción por no declarar. Impuesto a los juegos de suerte y
azar. Derogatoria del tributo por la Ley 643 de 2001.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia del 8 de agosto de 2019, proferida por el Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle del Cauca, que decidió:
«PRIMERO.- Declarar la nulidad de los actos administrativos demandados, a saber.
1) Resolución No. 130.32.01.05.04.003, de fecha febrero 27 de 2013, “por medio de la cual
se tiene por no presentada la declaración del impuesto a los juegos de suerte y azar por
parte de apuestas azar s.a., para el año gravable 2.007, y se impone una sanción por no
declarar”.
2) Resolución No. 130.32.01.05.04.004, de fecha febrero 27 de 2013, “por medio de la cual
se tiene por no presentada la declaración del impuesto a los juegos de suerte y azar por
parte de apuestas azar s.a., para el año gravable 2.008, y se impone una sanción por no
declarar”.
3) Resolución No. 130.32.01.05.04.005, de fecha febrero 27 de 2013, “por medio de la cual
se tiene por no presentada la declaración del impuesto a los juegos de suerte y azar por
parte de apuestas azar s.a., para el año gravable 2.009, y se impone una sanción por no
declarar”.
4) Resolución No. 130.32.01.05.04.006, de fecha febrero 27 de 2013, “por medio de la cual
se tiene por no presentada la declaración del impuesto a los juegos de suerte y azar por
parte de apuestas azar s.a., para el año gravable 2.010, y se impone una sanción por no
declarar”.
5) Resolución No. 130.32.01.05.04.007, de fecha febrero 27 de 2013, “por medio de la cual
se tiene por no presentada la declaración del impuesto a los juegos de suerte y azar por
parte de apuestas azar s.a., para el año gravable 2.011, y se impone una sanción por no
declarar”.
6) Resolución No. 130.32.01.05.04.009, de fecha febrero 27 de 2013, “por medio de la cual
se tiene por no presentada la declaración del impuesto a los juegos de suerte y azar por
parte de apuestas azar s.a., para el año gravable 2.012, y se impone una sanción por no
declarar”.
7) Resolución No. 130.32.01.05.04.011, de fecha ABRIL 25 DE 2013, “por medio del cual
se resuelve un recurso”.
8) Resolución No. 130.32.01.05.04.012, de fecha ABRIL 25 DE 2013, “por medio del cual
se resuelve un recurso”.
9) Resolución No. 130.32.01.05.04.013, de fecha ABRIL 25 DE 2013, “por medio del cual
se resuelve un recurso”.
10) Resolución No. 130.32.01.05.04.014, de fecha ABRIL 25 DE 2013, “por medio del cual
1

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Demandante: APUESTAS AZAR S.A.

se resuelve un recurso”.
11) Resolución No. 130.32.01.05.04.015, de fecha ABRIL 25 DE 2013, “por medio del cual
se resuelve un recurso”.
12) Resolución No. 130.32.01.05.04.016, de fecha ABRIL 25 DE 2013, “por medio del cual
se resuelve un recurso”.
6.- (SIC) Como consecuencia de las anteriores declaraciones la sociedad Apuestas Azar
S.A. no está obligada a pagar la sanción por no declarar correspondiente a los años
gravables de 2007 a 2012.
7.- (SIC) Sin condena en costas en esta instancia”»1

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

El 11 de octubre de 2012, la Secretaría de Hacienda Municipal profirió la Resolución
Nro. 130.32.01.02.633, mediante la cual formuló emplazamiento previo por no
declarar el impuesto “sobre billetes, tiquetes, boletas de rifas, apuestas y premios”, a la
sociedad Apuestas Azar S.A., por los periodos correspondientes a los años 2007,
2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.

La demandante tiene por objeto social “la explotación económica y comercial del juego de
apuestas permanentes chance (…) y la explotación y operación económica y comercial de toda clase
de juegos de suerte y azar2” y celebró con el departamento del Valle del Cauca el
Contrato de Concesión para operar el juego de apuestas permanentes en esa
jurisdicción territorial, que comprende entre otros, el municipio de Zarzal3.

Presentada la respuesta al emplazamiento, el 27 de febrero de 2013, la entidad
demandada impuso sanción por no declarar mediante las Resoluciones Nros.
130.32.01.05.04.003, 130.32.01.05.04.004, 130.32.01.05.04.005, 130.32.01.05.04.006,
130.32.01.05.04.007, 130.32.01.05.04.009, por los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
y 2012, respectivamente.

No obstante haberse interpuesto el recurso de reconsideración contra cada una de
las resoluciones, el 25 de abril de 2013, la demandada confirmó las sanciones por
no declarar mediante las Resoluciones Nros. 130.32.01.05.04.011;
130.32.01.05.04.012; 130.32.01.05.04.013; 130.32.01.05.04.014; 130.32.01.05.04.015; y
130.32.01.05.04.016, respectivamente.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN JUDICIAL

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), Apuestas Azar S.A. formuló las
siguientes pretensiones4:
«Por medio de la presente demanda pretendo que el H. Tribunal Administrativo declare la
NULIDAD de las siguientes resoluciones que fueron proferidas por la parte demandada,
mediante las cuales el Municipio de Zarzal impone sanciones a APUESTAS AZAR S.A., “…
por no declarar”, y que se declare el consecuencia (sic) restablecimiento del derecho a favor
de la actora:
1) Resolución No. 130.32.01.05.04.003, de fecha FEBRERO 27 DE 2013, “POR MEDIO DE

1 Folios 781 a 782 del cuaderno principal 1A.
2 Certificado de existencia y representación legal (fl 26 vto a 50 cp1).
3 Contratos de Concesión (fl. 34 a cp1)
4 Folios 2 a 3 del cuaderno principal; folios 335 a 338 del cuaderno principal 1 A, adecuación de la demanda.
2

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Radicado: 76001-23-33-000-2013-01002-01 (25763)
Demandante: APUESTAS AZAR S.A.

LA CUAL SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A
LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR POR PARTE DE APUESTAS AZAR S.A., PARA
EL AÑO GRAVABLE 2.007 Y SE IMPONE UNA SANCIÓN POR NO DECLARAR”. Esta
resolución fue notificada por correo recibido en APUESTAS AZAR S.A. en fecha MARZO
11 de 2013, según consta en el sello visible en la parte inferior del respaldo de su última
página y en el correspondiente “REPORTE DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA” de la
empresa demandada, el cual se anexa junto con el sobre en el que llegó la mencionada
resolución y la correspondiente “guía” de correo “POSTEXPRESS”. 2) Resolución No. 130.32.01.05.04.004, de fecha FEBRERO 27 DE 2013, “POR MEDIO DE
LA CUAL SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A
LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR POR PARTE DE APUESTAS AZAR S.A., PARA
EL AÑO GRAVABLE 2.008 Y SE IMPONE UNA SANCIÓN POR NO DECLARAR”. Esta
resolución fue notificada por correo recibido en APUESTAS AZAR S.A. en fecha MARZO
11 de 2013, según consta en el sello visible en la parte inferior del respaldo de su última
página y en el correspondiente “REPORTE DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA” de la
empresa demandada, el cual se anexa junto con el sobre en el que llegó la mencionada
resolución y la correspondiente “guía” de correo “POSTEXPRESS”. 3) Resolución No. 130.32.01.05.04.005, de fecha FEBRERO 27 DE 2013, “POR MEDIO DE
LA CUAL SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A
LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR POR PARTE DE APUESTAS AZAR S.A., PARA
EL AÑO GRAVABLE 2.009 Y SE IMPONE UNA SANCIÓN POR NO DECLARAR”. Esta
resolución fue notificada por correo recibido en APUESTAS AZAR S.A. en fecha MARZO
11 de 2013, según consta en el sello visible en la parte inferior del respaldo de su última
página y en el correspondiente “REPORTE DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA” de la
empresa demandada, el cual se anexa junto con el sobre en el que llegó la mencionada
resolución y la correspondiente “guía” de correo “POSTEXPRESS”. 4) Resolución No. 130.32.01.05.04.006, de fecha FEBRERO 27 DE 2013, “POR MEDIO DE
LA CUAL SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A
LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR POR PARTE DE APUESTAS AZAR S.A., PARA
EL AÑO GRAVABLE 2.010 Y SE IMPONE UNA SANCIÓN POR NO DECLARAR”. Esta
resolución fue notificada por correo recibido en APUESTAS AZAR S.A. en fecha MARZO
11 de 2013, según consta en el sello visible en la parte inferior del respaldo de su última
página y en el correspondiente “REPORTE DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA” de la
empresa demandada, el cual se anexa junto con el sobre en el que llegó la mencionada
resolución y la correspondiente “guía” de correo “POSTEXPRESS”. 5) Resolución No. 130.32.01.05.04.007, de fecha FEBRERO 27 DE 2013, “POR MEDIO DE
LA CUAL SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A
LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR POR PARTE DE APUESTAS AZAR S.A., PARA
EL AÑO GRAVABLE 2.011 Y SE IMPONE UNA SANCIÓN POR NO DECLARAR”. Esta
resolución fue notificada por correo recibido en APUESTAS AZAR S.A. en fecha MARZO
11 de 2013, según consta en el sello visible en la parte inferior del respaldo de su última
página y en el correspondiente “REPORTE DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA” de la
empresa demandada, el cual se anexa junto con el sobre en el que llegó la mencionada
resolución y la correspondiente “guía” de correo “POSTEXPRESS”. 6) Resolución No. 130.32.01.05.04.009, de fecha FEBRERO 27 DE 2013, “POR MEDIO DE
LA CUAL SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A
LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR POR PARTE DE APUESTAS AZAR S.A., PARA
EL AÑO GRAVABLE 2.012 Y SE IMPONE UNA SANCIÓN POR NO DECLARAR”.

Esta
resolución fue notificada por correo recibido en APUESTAS AZAR S.A. en fecha MARZO
11 de 2013, según consta en el sello visible en la parte inferior del respaldo de su última
página y en el correspondiente “REPORTE DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA” de la
empresa demandada, el cual se anexa junto con el sobre en el que llegó la mencionada
resolución y la correspondiente “guía” de correo “POSTEXPRESS”. 7) Resolución No. 130.32.01.05.04.011, de fecha ABRIL 25 DE 2013, “POR MEDIO DE LA
CUAL SE RESUELVE UN RECURSO”. Esta resolución fue notificada por correo recibido
en APUESTAS AZAR S.A. el día 30 DE ABRIL DE 2013, según consta en el sello visible
en la parte posterior de la primera página, y en el reverso de su primera página, y en el
“REPORTE DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA” de la sociedad demanda (SIC), el cual
se anexa junto con el sobre en el cual llegó la mencionada resolución y la correspondiente
“guía” del correo “POSTEXPRESS”. 3

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Radicado: 76001-23-33-000-2013-01002-01 (25763)
Demandante: APUESTAS AZAR S.A.

8) Resolución No. 130.32.01.05.04.012, de fecha ABRIL 25 DE 2013, “POR MEDIO DE LA
CUAL SE RESUELVE UN RECURSO”. Esta resolución fue notificada por correo recibido
en APUESTAS AZAR S.A. el día 30 DE ABRIL DE 2013, según consta en la parte
posterior de la primera página, y en el “REPORTE DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA”
de la sociedad demanda (SIC), el cual se anexa junto con el sobre en el cual llegó la
mencionada resolución y la correspondiente “guía” del correo “POSTEXPRESS”.
9) Resolución No. 130.32.01.05.04.013, de fecha ABRIL 25 DE 2013, “POR MEDIO DE LA
CUAL SE RESUELVE UN RECURSO”. (SIC) según consta en el sello visible en la parte
posterior de la primera página, y en el “REPORTE DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA”
de la sociedad demanda (SIC), el cual se anexa junto con el sobre en el cual llegó la
mencionada resolución y la correspondiente “guía” del correo “POSTEXPRESS”.
10) Resolución No. 130.32.01.05.04.014, de fecha ABRIL 25 DE 2013, “POR MEDIO DE LA
CUAL SE RESUELVE UN RECURSO”. Esta resolución fue notificada por correo recibido
en APUESTAS AZAR S.A. el día 30 DE ABRIL DE 2013, según consta en el sello visible
en la parte posterior de la primera página, y en el “REPORTE DE CORRESPONDENCIA
RECIBIDA” de la sociedad demanda (SIC), el cual se anexa junto con el sobre en el cual
llegó la mencionada resolución y la correspondiente “guía” del correo “POSTEXPRESS”.
11) Resolución No. 130.32.01.05.04.015, de fecha ABRIL 25 DE 2013, “POR MEDIO DE LA
CUAL SE RESUELVE UN RECURSO”. Esta resolución fue notificada por correo recibido
en APUESTAS AZAR S.A. el día 30 DE ABRIL DE 2013, según consta en el sello visible
en la parte posterior de la primera página, y en el “REPORTE DE CORRESPONDENCIA
RECIBIDA” de la sociedad demanda (SIC), el cual se anexa junto con el sobre en el cual
llegó la mencionada resolución y la correspondiente “guía” del correo “POSTEXPRESS”.
12) Resolución No. 130.32.01.05.04.016, de fecha ABRIL 25 DE 2013, “POR MEDIO DE LA
CUAL SE RESUELVE UN RECURSO”. Esta resolución fue notificada por correo recibido
en APUESTAS AZAR S.A. el día 30 DE ABRIL DE 2013, según consta en el sello visible
en la parte posterior de la primera página, y en el “REPORTE DE CORRESPONDENCIA
RECIBIDA” de la sociedad demanda (SIC), el cual se anexa junto con el sobre en el cual
llegó la mencionada resolución y la correspondiente “guía” del correo “POSTEXPRESS”.

Para estos efectos, invocó como normas violadas el artículo 730 (numeral 4) del
Estatuto Tributario y el artículo 49 de la Ley 643 de 2001. Los cargos de nulidad se
resumen así:

1. Imposición de sanciones sin establecer previamente las bases gravables.

Señaló la actora que el municipio de Zarzal impuso las sanciones por no declarar
sin haber expedido previamente la liquidación de los impuestos, por lo que no existía
base para determinar la sanción, incurriendo así en la causal de nulidad prevista en
el numeral 4º del artículo 730 del Estatuto Tributario.

Por lo anterior, consideró que se ha violado los principios de buena fe, transparencia
y certeza en el derecho, y se configura la causal de revocación de los numerales 1º
y 3º del artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, por manifiesta oposición a la ley y agravio injustificado a una
persona.

2. Prohibición de gravar el monopolio.

Argumentó que conforme al artículo 49 de la Ley 643 de 2001, los departamentos,
municipios y el Distrito Capital, tienen expresamente prohibido gravar los juegos de
suerte y azar con impuestos, tasas o contribuciones, fiscales o parafiscales distintos
de los establecidos en esa ley; prohibición que ya existía antes de la mencionada

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ley, dado que se encontraba establecida en el artículo 6º de la Ley 1ª de 19825.

Conforme con lo anterior, las resoluciones impugnadas fundamentaron sus
decisiones en el gravamen a los billetes, tiquetes y boletas de rifas, apuestas y
premios, aplicando normas derogadas o inaplicables, tales como: el literal c) del
artículo 3º de la Ley 33 de 1968, que fue derogado en lo pertinente por el artículo
49 de la Ley 643 de 20016; los artículos 227 y 228 del Decreto 1333 de 1986, que
según la Corte Constitucional se encuentran vigentes, siempre que se hubieren
adoptado en la entidad territorial con anterioridad a la expedición de la Ley 643 de
20017. Agregó que al no existir el chance antes de 1982, tampoco podían existir
impuestos territoriales sobre ese juego y, respecto de otros juegos (rifas, billetes,
etc.) las citadas normas son inaplicables, en tanto contrarían lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley 643 de 2001.

En atención al régimen propio de los juegos de suerte y azar, señaló que la Corte
Constitucional8, para el caso del chance, indicó que es válido que no se cobre
ninguna clase de tributo, tasa o contribución municipal o departamental, al tratarse
de una actividad regulada bajo un régimen especial con cargas y derechos de
explotación que son propiedad de los departamentos; consideración que también
resulta aplicable a los demás juegos de suerte y azar.

Recalcó que la Corte Constitucional acepta que en los departamentos y municipios
se prohíba imponer gravámenes a los juegos de suerte y azar, señalando que
mediante sentencia C-584 de 2001, se indicó que todas las normas que establecían
el impuesto al juego estaban derogadas.

Oposición a la demanda

El municipio de Zarzal no contestó la demanda9.

Sentencia apelada

El Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca declaró la nulidad de los
actos administrativos demandados, con base en lo siguiente:

Determinó que el municipio expidió los actos acusados con fundamento en los
artículos 7 de la Ley 12 de 1932, 12 de la Ley 69 de 1946, 3 de la Ley 33 de 1968,
227 y 228 del Decreto Ley 1333 de 1986, los cuales se encuentran derogados.

A estos efectos, se remitió a lo concluido por la Corte Constitucional respecto de
estas disposiciones, así:

Señaló que mediante sentencia C-537 de 1995, la corte se declaró inhibida para
conocer de la demanda contra el artículo 7 de la Ley 12 de 1932, por considerar que
su creación fue temporal, y extraordinaria y por tanto dejó de producir efectos, de
manera que la remisión que a esta norma hacían leyes posteriores (Ley 69 de 1946
5 Sobre esta norma, se citó la Sentencia C-521 del 15 de octubre de 1997, MP. José Gregorio Hernández
Galindo.
6 La actora citó la Sentencia C-584 del 6 de junio de 2001, MP. Álvaro Tafur Galvis, en la que la Corte se
inhibió de fallar por carencia actual de objeto.
7 Se citan las sentencias C-537 del 23 de noviembre de 1995, MP. Hernando Herrera Vergara; C-1191 del 15
de noviembre de 2001, MP. Rodrigo Uprimny Yepes.
8 La actora no identificó un pronunciamiento específico al respecto.
9 Constancia secretarial a folio 593 del cuaderno principal 1-A.
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y Ley 33 de 1968) no la revivían.

Agregó que, mediante sentencia C-584 de 2001, la Corte Constitucional también se
declaró inhibida para pronunciarse sobre la exequibilidad del artículo 12 de la Ley
69 de 1946, artículo 3º de la Ley 33 de 1968 literal c) y artículos 227 y 228 del
Decreto 1333 de 1986, por considerar que tales disposiciones habían sido
derogadas por el artículo 49 de la Ley 643 de 2001, que prohibió a los
departamentos, distritos o municipios, gravar con impuestos, tasas o contribuciones,
fiscales o parafiscales, distintos de los consagrados en dicha ley, los juegos de
suerte y azar. Además de que en el artículo 61 de esta última ley, se dispuso la
derogatoria de todas las disposiciones que le fueran contrarias.

Señaló igualmente que mediante sentencia C-1191 de 2001 se declaró exequible el
artículo 49 de la Ley 643 de 2001, que consagra la prohibición de gravar el
monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar.

Destacó la sentencia también que la ley 1819 de 2016 “ratificó” expresamente la
derogatoria del impuesto contenido en todas las normas en que se fundamentan los
actos acusados, concluyendo que de tiempo atrás existía una derogatoria tácita de
los preceptos que establecían impuestos a los juegos de apuestas permitidas.

Con fundamento en lo anterior, el Tribunal concluyó que el municipio de Zarzal,
carecía de competencia para expedir los actos acusados.

Finalmente, advirtió que la entidad demandada, al momento de imponer la sanción
por no declarar, además de no precisar la base, señaló que la sanción sería la
establecida en el artículo 643 del Estatuto Tributario, sin especificar el monto o el
porcentaje a aplicar.

Sobre la condena en costas, se abstuvo de imponerlas por no encontrarse
demostradas.

Recurso de apelación

El municipio de Zarzal presentó recurso de apelación contra la anterior decisión, con
los siguientes argumentos:

Consideró que la prohibición contenida en el artículo 6 de la Ley 1 de 1982, está
referida a que, a partir de la expedición de esa ley, no se pueden crear nuevos
impuestos sobre las apuestas, juegos de suerte y azar. Así lo entendió la Corte
Constitucional en la sentencia C-521 de 1997, que fue enfática en señalar que debe
respetarse el régimen tributario existente antes de la Ley 1ª de 1982.

Señaló que la Ley 643 de 2001 fue objeto de control constitucional mediante
sentencia C-1191 de 2001, que reiteró lo expuesto en la sentencia C-521 de 1997,
en el sentido de que «tal restricción no implica exención ni tratamiento preferencial alguno sobre
impuestos ya creados, de propiedad de las entidades territoriales, sino la unificación del esquema
tributario», por lo que en esa providencia quedó claro que a pesar de haberse
promulgado la Ley 643 de 2001, deben respetarse los impuestos territoriales que
habían sido creados con antelación, en tanto están amparados en los artículos 294
y 362 de la Constitución Política.

Por lo anterior, consideró que la sentencia C-1191 de 2001 permite inferir que las
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Leyes 69 de 1946 y 33 de 1968, y los artículos 227 y 228 del Decreto 1333 de 1986,
están vigentes.

Además, que conforme con la sentencia de la Corte Constitucional, C-169 de 2004,
la Ley 643 de 2001 tiene la categoría de ordinaria, sin tener un nivel jerárquico
superior a las leyes que antecedieron en esta materia.

Con fundamento en la sentencia del Consejo del Estado del 11 de agosto de 2011
(Exp. 17785)10, señaló que con la entrada en vigencia de la Ley 643 de 2001, no se
derogó expresa ni tácitamente las normas que dieron origen al impuesto de juegos
de suerte y azar.

Sobre el punto, sostuvo que el artículo 60 de la Ley 643 de 2001, permite inferir que
la citada normativa entra a regir “sin perjuicio del régimen tributario vigente”, y que así
también lo entendió el Consejo de Estado en las sentencia del 14 de octubre de
2004 (Exp. 13830), y del 5 de octubre de 2006, exp. 14527, CP Ligia López Díaz.

Además, señaló que no es admisible que las entidades11 cuyo objeto sea la
explotación de los juegos de suerte y azar deban estar exentas del pago de
impuestos, para lo cual citó la sentencia C-587 de 1995 y la sentencia C-332 de
2010, añadiendo que el mismo Consejo de Estado ha aceptado que la actividad de
explotación del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar no es incompatible
con la facultad que ostentan la entidades municipales y el Distrito Capital para exigir
el impuesto de juegos permitidos12. Y afirmó que el citado precedente jurisprudencial
es de obligatorio cumplimiento.

Alegatos de conclusión

Las partes, demandante y demandada, presentaron alegatos de conclusión en los
siguientes términos:

La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda,
destacando la falta de competencia de la entidad demandada al expedir los actos
administrativos.

La parte demandada, reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación,
y agregó con respecto a la falta de la base para imponer la sanción, que la tasación
o cuantificación puede perfectamente llevarse a cabo en un momento procesal
posterior a la resolución sanción, afirmando que el demandante confunde las
exigencias de la resolución sanción con las de la liquidación oficial de aforo.

El Ministerio publico no se pronunció

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Corresponde a la Sala juzgar la legalidad de las resoluciones mediante las cuales
se impuso a la sociedad Apuestas Azar S.A. la sanción por no declarar el impuesto

10 En igual sentido, se refirió a las sentencias del 25 de abril de 2016, exp. 2015-02768; del 11 de agosto de
2011, exp. 2007-00114.
11 Sobre el tema, citó la sentencia del Consejo de Estado del 26 de septiembre de 2002, exp. 12669, CP Juan
Ángel Palacio Hincapié.
12 Sentencia del 12 de abril de 2007, exp. 15382, CP María Inés Ortiz Barbosa, y del 25 de abril de 2016, exp.
2015-02768.
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“sobre billetes, tiquetes, boletas de rifas, apuestas y premios”, por los años 2007, 2008, 2009,
2010, 2011 y 2012, y sus confirmatorias.

En los términos del recurso de apelación, corresponde determinar si son
procedentes la sanciones por no declarar el impuesto “sobre billetes, tiquetes, boletas de
rifas, apuestas y premios” a que se refieren los artículos 7 de la Ley 12 de 1932, 12 de
la Ley 69 de 1946, 3 (numeral c) de la Ley 33 de 1968 y, 227 y 228 del Decreto 1333
de 1986.

Para dilucidar el asunto debatido, es menester partir de la Ley 12 de 1932 que en
su artículo 7 creó el impuesto de juegos permitidos, en los siguientes términos:
“Con el objeto de atender al servicio de los bonos del empréstito patriótico que emita el
Gobierno establécese los siguientes gravámenes:
(…)
2. Un impuesto del cinco por ciento (5 por 100) sobre el valor de los billetes de rifas y del
diez por ciento (10 por 100) del valor de los billetes de lotería que componen cada sorteo.
(…)

Si bien, este impuesto fue establecido con carácter temporal, cuya finalidad era
arbitrar recursos para la guerra con Perú, el mismo fue restablecido por la Ley 69
de 1946 en su artículo 12, así:
ARTICULO 12 Restablécese el impuesto del diez por ciento (10%) sobre el valor de cada
boleta o tiquete de apuestas en toda clase de juegos permitidos a que se refiere el ordinal 1°
del articulo 7° de la Ley 12 de 1932.

Tras lo anterior, este impuesto fue entregado a los municipios y al Distrito Especial
de Bogotá́ , mediante el artículo 3º de la Ley 33 de 1968, en la forma como sigue:
“Artículo 3. A partir del 1º. de enero de 1969 serán propiedad exclusiva de los Municipios y
del Distrito Especial de Bogotá los siguientes impuestos que se causen en sus respectivas
jurisdicciones:
(…)
c) El impuesto sobre billetes, tiquetes y boletas de rifas y apuestas, y premios de las mismas,
a que se refieren las Leyes 12 de 1932 y 69 de 1946 y demás disposiciones
complementarias.”

Luego, el Decreto Ley 1333 de 1986 (régimen político y Municipal), estableció en su
artículo 227 que el impuesto se encontraba vigente de conformidad con la Ley 69
de 1946 y, al hilo de esto, señaló el artículo 228 que el impuesto era de propiedad
exclusiva de los municipios y del Distrito Especial de Bogotá́ .

Sin embargo, conforme con el pronunciamiento de la Corte Constitucional todas
estas disposiciones perdieron vigencia, lo que resulta muy relevante en el caso
concreto. La primera de ellas, artículo 7 de la Ley 12 de 1932 por haberse
establecido con carácter transitorio (C-521 de 1997) y, los otros preceptos, Ley 69
de 1946 artículo 12, Ley 33 de 1968 artículo 3º literal c) y los artículos 227 y 228 el
Decreto Ley 1333 de 1986 en virtud de la expedición de la Ley 643 de 2001 ”por la
cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar”.

Esto último fue concluido dentro del juicio de constitucionalidad que se adelantaba
contra tales disposiciones, en el que la Corte se declaró inhibida justamente por

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considerar que las mismas habían quedado derogadas por la Ley 643 de 2001,
veamos los apartes pertinentes de la sentencia C-584 de 2001:
“3. Derogatoria del gravamen al que refieren las normas enjuiciadas
Antes de entrar en el análisis de fondo sobre las normas acusadas corresponde a la Corte
examinar si procede o no el juicio de constitucionalidad, toda vez que se habría
producido la derogatoria de éstas por la Ley 643 de 2000.
En efecto, estando en curso el trámite del presente proceso y después de haberse proferido
el auto admisorio de la demanda se expidió la Ley 643 de 2000 (sic) “por la cual se fija el
régimen propio del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar”.
3.1. Sobre el particular advierte la Corporación que la referida ley, en el capítulo X
denominado “Régimen Tributario”, artículo 49, señala:
“Prohibición de Gravar el Monopolio. Los juegos de suerte y azar a que se refiere la
presente ley no podrán ser gravados por los departamentos, distrito o municipios, con
impuestos, tasas o contribuciones, fiscales o parafiscales distintos a los consagrados
en la presente ley. La explotación directa o a través de terceros de los juegos de suerte
y azar de que trata la presente ley no constituye hecho generador del Impuesto sobre
las Ventas IVA.” (Subraya y destaca la Corte)
(…)
Así mismo, el artículo 61 de la ley en comento en cuanto a la vigencia de ésta y derogatorias
dispone: “La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias” (Subraya la Corte)”
Así las cosas, no cabe duda sobre la derogatoria de las disposiciones acusadas, toda
vez que el régimen tributario y los aspectos relacionados con la explotación,
organización y administración del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar,
entre los cuales se cuentan las apuestas hechas en máquinas electrónicas tragamonedas -
MET- y bingos, son materias reguladas íntegramente en la Ley 643 de 2001, por lo que de
conformidad con reiterada jurisprudencia constitucional, carecería de objeto realizar un
pronunciamiento de fondo sobre las normas demandadas, en tanto éstas han desaparecido
del ordenamiento jurídico.” (énfasis y subrayado de la Sala).

A más de lo señalado por la Corte, es de tener en cuenta que la citada Ley 643,
estableció en su artículo 1º, el monopolio rentístico, que se concreta en la facultad
exclusiva del Estado para explotar, administrar, operar, controlar y fiscalizar, todas
las modalidades de juegos de suerte y azar, cuyo alcance en los términos de la Ley
es el siguiente:
“ARTICULO 5o. DEFINICIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR. Para los efectos de la
presente ley, son de suerte y azar aquellos juegos en los cuales, según reglas
predeterminadas por la ley y el reglamento, una persona, que actúa en calidad de jugador,
realiza una apuesta o paga por el derecho a participar, a otra persona que actúa en calidad
de operador, que le ofrece a cambio un premio, en dinero o en especie, el cual ganará si
acierta, dados los resultados del juego, no siendo este previsible con certeza, por estar
determinado por la suerte, el azar o la casualidad.
(…)

Estos juegos de suerte y azar pueden revestir las siguientes modalidades:
ARTÍCULO 11. LOTERIA TRADICIONAL. Es una modalidad de juego de suerte y azar
realizada en forma periódica por un ente legal autorizado, el cual emite y pone en circulación
billetes indivisos o fraccionados de precios fijos singularizados con una combinación numérica
y de otros caracteres a la vista obligándose a otorgar un premio en dinero, fijado previamente
en el correspondiente plan al tenedor del billete o fracción cuya combinación o aproximaciones
preestablecidas coincidan en su orden con aquella obtenida al azar en sorteo público
efectuado por la entidad gestora.
(…)

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ARTICULO 21. APUESTAS PERMANENTES O CHANCE. Es una modalidad de juego de
suerte y azar en la cual el jugador, en formulario oficial, en forma manual o sistematizada,
indica el valor de su apuesta y escoge un número de no más de cuatro (4) cifras, de manera
que si su número coincide, según las reglas predeterminadas, con el resultado del premio
mayor de la lotería o juego autorizado para el efecto, gana un premio en dinero, de acuerdo
con un plan de premios predefinido y autorizado por el Gobierno Nacional mediante decreto
reglamentario.
(…)
ARTÍCULO 27. RIFAS. Es una modalidad de juego de suerte y azar en la cual se sortean, en
una fecha predeterminada premios en especie entre quienes hubieren adquirido o fueren
poseedores de una o varias boletas, emitidas en serie continua y puestas en venta en el
mercado a precio fijo por un operador previa y debidamente autorizado.
(…)
ARTÍCULO 31. JUEGOS PROMOCIONALES. Son las modalidades de juegos de suerte y
azar organizados y operados con fines de publicidad o promoción de bienes o servicios,
establecimientos, empresas o entidades, en los cuales se ofrece un premio al público, sin que
para acceder al juego se pague directamente.
(…)
ARTÍCULO 32. JUEGOS LOCALIZADOS. Son modalidades de juegos de suerte y azar que
operan con equipos o elementos de juegos, en establecimientos de comercio, a los cuales
asisten los jugadores como condición necesaria para poder apostar, tales como los bingos,
video bingos, esferódromos, máquinas tragamonedas, y los operados en casinos y similares.
Son locales de juegos aquellos establecimientos en donde se combinan la operación de
distintos tipos de juegos de los considerados por esta ley como localizados o aquellos
establecimientos en donde se combina la operación de juegos localizados con otras
actividades comerciales o de servicios”.

La ley determinó como titulares de esas rentas a los departamentos, el Distrito
Capital y los municipios, salvo por los recursos destinados a la investigación en
áreas de la salud que pertenecen a la nación (artículo 2º.). En esa medida, las
señaladas entidades territoriales perciben rentas por la explotación de todas las
modalidades de juegos de suerte y azar.

Tal como lo destacó la Corte, en el artículo 49, la ley, expresamente prohibió que
los juegos de suerte y azar fueran gravados por las entidades territoriales con
tributos “distintos” a los establecidos en la Ley 643 de 2001, la cual solo autorizó en
su artículo 48 un impuesto sobre las loterías foráneas, así:

ARTÍCULO 48. IMPUESTOS DE LOTERIAS FORANEAS Y SOBRE PREMIOS DE
LOTERIA. La venta de loterías foráneas en jurisdicción de los departamentos y del Distrito
Capital, genera a favor de estos y a cargo de las empresas de lotería u operadores autorizados
un impuesto del diez por ciento (10%) sobre el valor nominal de cada billete o fracción que se
venda en cada una de las respectivas jurisdicciones.

Visto esto en contexto, resulta claro que a excepción de este impuesto sobre las
loterías foráneas (autorizado por la propia ley para los departamentos y el Distrito
Capital), los departamentos, municipios y Distritos, tienen prohibido gravar los
juegos de suerte y azar.

Establecido lo anterior, se hace menester retomar el tema de la derogatoria de tales
disposiciones para destacar que esta Corporación se pronunció en tal sentido
mediante sentencia del 30 de agosto de 201613, oportunidad en la cual se dijo:
“Así pues, de lo anterior se deriva que con la expedición de la Ley 643 de 2001 se entienden
derogadas las normas que establecían el impuesto de juegos permitidos que recaía sobre el

13 Sentencia del 30 de agosto de 2016, exp.21834, CP Martha Teresa Briceño de Valencia.
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valor de las boletas o tiquetes de apuesta de toda clase de juegos permitidos y que, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 49 ibidem, la potestad tributaria de los municipios frente a la
explotación de juegos de suerte y azar se restringe a los impuestos previstos en la misma ley,
sin que de su articulado pueda establecerse que el legislador haya autorizado la imposición
de gravámenes como el de industria y comercio, sin perjuicio de que el legislador autorice la
imposición de tributos a actividades relacionadas con el monopolio, como de hecho ocurrió
con el artículo 62 de la Ley 863 de 2003.”

Si bien, en tal oportunidad se analizó el impuesto de Industria y Comercio
establecido sobre los juegos de suerte y azar, resulta aplicable el análisis allí
desarrollado en torno a la derogatoria de las normas que establecían el impuesto
en cuestión.

Súmese a lo anterior la expresa ratificación de la derogatoria de las disposiciones
que establecían el “impuesto sobre billetes, tiquetes y boletas de rifas y apuestas, y premios de
las mismas”, que fue efectuada por la Ley 1819 de 2016, a la cual alude el Tribunal;
si bien se trata de un precepto posterior a la época de los hechos, presenta especial
relevancia, habida cuenta de que la derogatoria no fue dispuesta como un hecho
nuevo, sino que “ratificó” la derogatoria, lo que significa el reconocimiento de que a
la fecha de expedición de la ley, esto ya había ocurrido.

A continuación, el texto del artículo 376 de la Ley 1819 de 2016:

ARTÍCULO 376. Vigencias y derogatorias. La presente ley rige a partir de su promulgación,
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias y en especial las siguientes:
(…)

11. Se ratifica de manera expresa la derogatoria del impuesto contenido en las
siguientes disposiciones: el numeral 1 del artículo 7 de la Ley 12 de 1932, el artículo
12 de la Ley 69 de 1946, el literal c) del artículo 3 de la Ley 33 de 1968, y los artículos
227 y 228 del Decreto-ley 1333 de 1986. (énfasis de la Sala).

Descendiendo al caso concreto, se advierte que la entidad demandada, sustentó en
los siguientes preceptos, los actos demandados que fueron expedidos en el año
2013:

“Que teniendo en cuenta que el impuesto de suerte y azar es procedente y susceptible de
cobro según lo establecido en la ley 33 de 1968, Artículo 3 Literal C, Ley 643 de 2001, Artículo
60, Decreto 1333 de 1986 en sus artículos 227 y 228 (…)”

Con lo anterior, se pone de presente que, las disposiciones que constituyen el
fundamento de los actos impugnados, salvo por el artículo 60 de la Ley 643 de 2001,
son las mismas que la Corte señaló como derogadas por la citada Ley 643, al igual
que esta Corporación mediante la sentencia referenciada del 30 de agosto de 2016,
derogatoria que por demás fue ratificada por la Ley 1819 de 2016, lo que en criterio
de la Sala resulta suficiente para no dar prosperidad a la apelación, en tanto al haber
sido derogadas las disposiciones resultaban inaplicables a partir de la vigencia de
la Ley, expedida el 16 de enero de 2001.

Ahora, el alcance que fue establecido de la Ley 643 de 2001, en el sentido de dejar
sin vigencia las normas que establecieron el impuesto y otorgaron su titularidad a
los municipios y al Distrito de Bogotá, descarta de suyo que, la previsión del artículo
60: “…sin perjuicio de la aplicación del régimen tributado (sic) vigente, sea la de mantener el
impuesto, como lo plantea la entidad demandante, en tanto, que continuar los
municipios exigiendo el impuesto a partir de la Ley 643, contravendría

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flagrantemente la prohibición contenida en su artículo 48 que prohíbe a las
entidades territoriales gravar los juegos de suerte y azar, con impuestos diferentes
a los autorizados en la propia ley, que como se advirtió en apartes anteriores, solo
resulta predicable respecto de las loterías foráneas en los términos previstos en el
artículo 49 ibídem.

Por todo lo expuesto, se confirmará la sentencia apelada.

Sobre la condena en costas.

No se impondrá condena en costas porque no fue demostrada su causación, tal
como lo exige el artículo 365 del Código General del Proceso, aplicable en virtud
del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia apelada proferida por el Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle del Cauca, el 8 de agosto de 2019.

2. Sin condena en costas en esta instancia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

12

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