Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2013-01092-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2013-01092-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2013-01092-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
29 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2013-01092-01 (6096-2023)1
Demandantes: Alicia María Páez Córdoba y Mariela Alarcón
Demandado: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional2
Litisconsorte
ad excludendum: Ana Francisca Yáñez de Cifuentes
Tema: Reconocimiento sustitución asignación de retiro
Sentencia segunda instancia
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por Ana Francisca Yáñez de
Cifuentes contra la sentencia proferida el 11 de agosto de 2023 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1.1.1.1. Alicia María Páez Córdoba
1. Presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo3, en orden a que se declarara la nulidad de la
Resolución 6297 del 22 de agosto de 2012 y del Oficio 1751 del 24 de mayo de
2012, por medio de los cuales Casur suspendió el trámite de la sustitución de
asignación de retiro, «con fundamento en el expediente a nombre del extinto Mayor (r)
CIFUENTES GONZALEZ JAIME».
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
1 A este proceso fue acumulado el que fue presentado en el Juzgado Séptimo Administrativo del
Circuito de Bogotá bajo el radicado 11001-33-35-007-2016-00513-00, demandante: Mariela Alarcón,
demandado: Casur. Así se dispuso en el auto proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca el 29 de julio de 2021. Samai tribunales, índice 29, actuación «Auto decreta acumulación»,
documento «1_AUTODECRETAACUMULACION(.PDF) NroActua 29».
2 En adelante Casur.
3 En adelante CPACA.
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solicitó (i) el reconocimiento de la totalidad o, en su defecto, de la parte proporcional
que le correspondiera de la sustitución de la asignación de retiro y de las
prestaciones que se causaran con ocasión del fallecimiento de su compañero
permanente, Jaime Cifuentes González, a partir del 31 de mayo de 2012; (ii) el pago
del retroactivo correspondiente; (iii) el reajuste y la indexación de las sumas que se
llegaren a causar; (iv) el cumplimiento de la sentencia en los términos de los
artículos 189 y 192 del CPACA; y (v) la condena en costas.
1.1.1.2. Mariela Alarcón
3. En ejercicio de igual medio de control presentó demanda en orden a que se
declarara la nulidad de las resoluciones 6297 del 22 de agosto de 2012, por medio
de la cual Casur suspendió el trámite de la sustitución de asignación de retiro, «con
fundamento en el expediente a nombre del extinto Mayor (r) CIFUENTES GONZALEZ
JAIME»; y 17761 del 29 de octubre de 2012, que confirmó el anterior acto
administrativo al resolver un recurso de reposición interpuesto en su contra.
Asimismo, de los oficios 012/GST-SDP del 9 de enero de 2013 y 4861/GST-SDP
del 15 de abril de 2015, por medio de los cuales dicha entidad le negó el
reconocimiento de esa prestación.
4. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho pidió
(i) el reconocimiento de la sustitución de la asignación de retiro por el fallecimiento
de su compañero permanente, Jaime Cifuentes González, desde el 31 de mayo de
2012; (ii) el reajuste y la indexación de las sumas que llegaren a causarse; (iii) el
cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA;
y (iv) la condena en costas.
1.1.2. Fundamentos fácticos
5. Alicia María Páez Córdoba señaló como hechos relevantes los siguientes:
5.1. Jaime Cifuentes González prestó sus servicios en la Policía Nacional durante
más de 30 años. Al momento de su retiro, adquirió el derecho a percibir
mensualmente una asignación de retiro en el grado de mayor, la cual recibió durante
25 años.
5.2. El 5 de mayo de 1969, inició una relación marital de hecho con Alicia María Páez
Córdoba, la que mantuvieron de manera continua durante 43 años, hasta el
fallecimiento de aquel. Dicha unión fue protocolizada mediante escritura pública
1692 del 2 de junio de 2011, otorgada en la Notaría Diecinueve del Círculo de
Bogotá.
5.3. Como fruto de su relación nacieron Caroline Catherine Páez, el 29 de enero de
1975 [fallecida el 4 de noviembre de 2006], y Diego Mauricio Cifuentes Páez, el 10
de noviembre de 1978.
5.4. Jaime Cifuentes González falleció el 31 de mayo de 2012, hecho que constaba
en el registro civil de defunción expedido por la Notaría 61 del Círculo de Bogotá e
inscrito el 1 de junio de 2012 con indicativo serial 07332755 de la Registraduría
Nacional del Estado Civil.
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5.5. En el acto administrativo demandado [sin especificar en cuál] se indicó que
Jaime Cifuentes González estaba casado con Ana Francisca Yáñez, con quien tuvo
3 hijos, todos mayores de 24 años y sin condición de invalidez que les permitiera
acceder a la sustitución de la asignación de retiro.
5.6. La convivencia entre Jaime Cifuentes González y Alicia María Páez Córdoba se
mantuvo de manera efectiva e ininterrumpida hasta la fecha del deceso del
causante. Compartieron domicilio4, circunstancia acreditada en la escritura pública
1692 de 2011 y corroborada mediante declaraciones, documentos y material
fotográfico que evidenciaban su vida en común, apoyo mutuo y solidaridad familiar.
5.7. A pesar de haberse demostrado la existencia de la unión marital de hecho y la
convivencia efectiva con el causante, la administración negó el reconocimiento de
la totalidad o de la cuota parte de la sustitución de la asignación de retiro a favor de
Alicia María Páez Córdoba, con lo que se afectó su calidad de vida, pues dependía
económicamente de dicha prestación para su manutención y bienestar.
6. Mariela Alarcón señaló como hechos relevantes los siguientes:
6.1. Jaime Cifuentes González y Mariela Alarcón conformaron una unión marital de
hecho desde el 7 de febrero de 1958 hasta el 31 de mayo de 2012, fecha en la que
este último falleció. De esa unión nacieron 5 hijos: Asdrúbal Cifuentes Alarcón [6 de
enero de 1960], Luis Jaime Cifuentes Alarcón [20 de agosto de 1962], Mario
Fernando Cifuentes Alarcón [18 de agosto de 1963], Silvana Cifuentes Alarcón [15
de noviembre de 1967] y Claudia Viviana Cifuentes Alarcón [2 de diciembre de
1982].
6.2. Durante toda la convivencia, Jaime Cifuentes González asumió el sostenimiento
económico del hogar y proporcionó alimentación, vivienda, educación y los demás
gastos necesarios para el bienestar de su compañera y de sus hijos hasta el 31 de
mayo de 2012.
6.3. En sus últimos días de vida, cuando fue hospitalizado en la Clínica de la Policía
Nacional de Bogotá, Mariela Alarcón lo acompañó y cuidó junto con sus hijos, lo que
constaba en el registro de visitas del centro médico.
6.4. Jaime Cifuentes González prestó sus servicios a la Policía Nacional «por algo
más de cincuenta años». Cumplidos los requisitos legales, Casur le reconoció una
asignación mensual de retiro equivalente al 85% del sueldo básico que devengaba,
la cual percibió hasta su fallecimiento.
6.5. El 6 de diciembre de 2012, Mariela Alarcón solicitó a Casur el reconocimiento y
pago de la sustitución de la asignación mensual de retiro que disfrutaba su
compañero permanente. Mediante Oficio 012-GST-SDP del 9 de enero de 2013, la
Subdirección de Prestaciones Sociales de la entidad le respondió que, conforme
con la Resolución 6297 del 22 de agosto de 2012, el trámite de reconocimiento de
la sustitución se encontraba suspendido, motivo por el cual la petición fue negada.
4 En la calle 24F No. 85B – 05, interior 1, apartamento 204.
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6.6. El 16 de abril de 2013, Alicia María Páez Córdoba presentó demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho en contra de Casur, con radicación 2013-298, ante
el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Bogotá.
6.7. El 3 de marzo de 2014, la Corte Constitucional, mediante fallo de tutela, amparó
transitoriamente los derechos de Ana Francisca Yáñez de Cifuentes y Alicia María
Páez Córdoba, y ordenó a Casur reconocerles una cuota de sustitución de la
asignación mensual de retiro.
6.8. En cumplimiento de ese fallo, Casur expidió el acto administrativo 6122 del 15
de julio de 2014, mediante el cual reconoció la cuota de sustitución a las
mencionadas beneficiarias.
6.9. El 2 de julio de 2014, Ana Francisca Yáñez de Cifuentes presentó demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho ante el Juzgado Octavo Oral Administrativo
de Descongestión de Bogotá, la cual fue retirada el 14 de agosto del mismo año.
6.10. Posteriormente, el 8 de enero de 2015, Mariela Alarcón reiteró su solicitud, a la
cual la entidad respondió a través del Oficio 4861 GST–SDP del 15 de abril de 2015,
en el que indicó que el reconocimiento transitorio de la cuota de sustitución había
sido otorgado a Ana Francisca Yáñez de Cifuentes, como cónyuge supérstite, y a
Alicia María Páez Córdoba, como compañera permanente, en cumplimiento del fallo
de tutela proferido por la Corte Constitucional el 3 de marzo de 2014. En varias
oportunidades, la entidad conoció de las solicitudes de Mariela Alarcón, pero las
resolvió desfavorablemente sin realizar un estudio de fondo, pese a tener
conocimiento de su reclamación desde diciembre de 2012.
6.11. Durante el trámite de revisión del fallo de tutela ante la Corte Constitucional, la
entidad omitió mencionar las solicitudes de Mariela Alarcón, quien tenía igual
derecho que las demás reclamantes.
6.12. Como consecuencia de esa omisión, la Corte Constitucional suspendió el
reconocimiento y pago de la asignación de sobreviviente derivada del fallecimiento
de Jaime Cifuentes González, con el fin de garantizar el derecho de defensa y
contradicción de Mariela Alarcón.
6.13. La negativa de Casur afectó directamente el mínimo vital de Mariela Alarcón,
quien dependía económicamente en su totalidad del ingreso que recibía de su
compañero permanente.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
1.1.3.1. Alicia María Páez Córdoba5
7. Como tales se señalaron los artículos 2, 13, 42 y 48 de la Constitución Política; 1,
2, y 3 del CPACA; la Ley 923 de 2004: y el Decreto 4433 de 2004.
8. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente:
5 Folios 56 a 61.
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8.1. Estaba plenamente soportado con pruebas documentales y testimoniales extra-
proceso que mantuvo una convivencia efectiva estable con su compañero
permanente Jaime Cifuentes González, con apoyo mutuo y vida en común, no se
trató de una relación esporádica o pasajera. Consolidaron un hogar bajo igual techo,
procrearon 2 hijos y atendieron las necesidades básicas de 4 nietos, quienes
recibieron el apoyo continuo de su progenitor y abuelo, hoy fallecido.
8.2. No desconocía que su compañero permanente estuvo casado con Ana
Francisca Yáñez de Cifuentes, con quien mantuvo una sociedad conyugal vigente,
dentro de la cual nacieron 3 hijos, todos mayores de edad. También reconoció que
el causante contribuyó con los gastos de manutención de su cónyuge.
8.3. El causante compartió su vida con 2 grupos familiares en forma simultánea. No
existió prueba alguna con soporte jurídico que desvirtuara o desmintiera la
existencia de la unión marital de hecho entre ella y Jaime Cifuentes González.
8.4. Mediante la Resolución 6297 del 22 de agosto de 2012, la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional se abstuvo de decidir sobre la sustitución de la
asignación de retiro a favor de Alicia María Páez Córdoba, por el fallecimiento de
Jaime Cifuentes González. Fundamentó su decisión en la existencia de 2
reclamantes del derecho de sustitución, una en calidad de compañera permanente
y la otra, de cónyuge. No obstante, pese a que se allegaron pruebas suficientes que
acreditaron la convivencia simultánea de ambas con el causante, la entidad omitió
reconocer el derecho reclamado y con ello vulneró derechos fundamentales como
la vida, la salud, el mínimo vital y la igualdad.
8.5. La Corte Constitucional se pronunció sobre esta materia y, concretamente,
estableció la forma de resolver casos de esta naturaleza, para lo cual indicó que la
mesada de sustitución pensional debía dividirse entre la cónyuge y la compañera
permanente en proporción al tiempo de convivencia con el causante.
1.1.3.1. Mariela Alarcón6
9. Como normas vulneradas citó los artículos 1, 2, 3, 13, 25 y 53 de la Constitución
Política y el Decreto 1212 de 1990.
10. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente:
10.1. Casur vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo vital y a la
seguridad social al haber negado el reconocimiento de la sustitución de la
asignación de retiro causada por la muerte de su compañero permanente, el mayor
Jaime Cifuentes González.
10.2. La Corte Constitucional estableció que la pensión de sobrevivientes protegía a
la familia del causante frente al desamparo económico y debía otorgarse sin
discriminación entre el matrimonio y la unión marital de hecho [sentencias T-202 de
1995, T-566 de 1998 y T-660 de 1998]. El criterio determinante para su
reconocimiento era la convivencia real y estable al momento del fallecimiento, y no
6 Samai, índice 27, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO»,
documento «10ED_EXPEDIENTE_53832024pdf(.pdf) NroActua 2», folios 449 a 457.
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la existencia de un vínculo formal.
10.3. Pese a que acreditó plenamente su convivencia pública y estable con el
causante, la entidad se abstuvo de resolver su solicitud y alegó la existencia de otra
reclamante como cónyuge, con lo que desconoció el principio de igual protección
de todas las formas de familia.
10.4. Esta decisión desconoció la jurisprudencia constitucional y los derechos
mínimos derivados de la seguridad social, los cuales eran irrenunciables e
inalienables, y constituyó una vía de hecho administrativa que debía ser anulada
para restablecer el derecho de Mariela Alarcón al reconocimiento de la sustitución
de la asignación de retiro.
1.2. Contestaciones de la demanda
1.2.1. Respecto de Alicia María Páez Córdoba
11. Casurse opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda con
fundamento en los siguientes argumentos7:
11.1. Eran ciertos los datos del causante y su condición de beneficiario de asignación
de retiro reconocida por la entidad. Si bien la demandante presentó solicitud para el
reconocimiento de la prestación, también lo hizo Ana Francisca Yáñez de Cifuentes.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 146 del Decreto 1213 de 1990, la entidad
suspendió el trámite hasta que la controversia fuera resuelta por la Jurisdicción
Contencioso-administrativa, competente para decidir sobre el conflicto entre las
reclamantes.
11.2. Propuso las siguientes excepciones: (i) falta de jurisdicción y competencia; (ii)
falta de individualización del acto, «operancia» del principio de la justicia rogada; (iii)
presunción de legalidad del acto que se suspende; y (iv) falta de invocación de
norma que presuntamente viole el derecho en disputa.
12. Ana Francisca Yáñez de Cifuentes, quien fue vinculada e intervino en el
proceso en calidad de litisconsorte ad excludendum, se opuso a la prosperidad de
las pretensiones de la demanda con fundamento en los siguientes argumentos8:
12.1. Fue la única persona que acreditó la calidad de beneficiaria de la sustitución de
la asignación de retiro, pues aportó las pruebas que demostraron su matrimonio con
el causante, la convivencia permanente y la dependencia económica respecto de
este. Dichas pruebas fueron valoradas de manera incorrecta por la entidad, lo que
condujo a un error en la decisión adoptada.
12.2. El material probatorio presentado por la «supuesta» compañera permanente,
Alicia María Páez Córdoba, no demostró la convivencia ni la existencia de una unión
marital de hecho. La escritura pública mediante la cual se declaró dicha unión era
nula de pleno derecho, toda vez que Jaime Cifuentes González manifestó tener
sociedad conyugal vigente.
7 Folios 148 a 150.
8 Folios 174 a 180.
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12.3. Por último, se configuró la excepción de falta de legitimación en la causa.
1.2.2. Respecto de Mariela Alarcón
13. Casurse opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda con
fundamento en los siguientes argumentos9:
13.1. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Bogotá no tenía competencia
para conocer del asunto, toda vez que la última unidad en la que prestó sus servicios
el uniformado se ubicaba en el departamento del Valle del Cauca. Además, en el
Tribunal Administrativo de este territorio cursaba el proceso 2013-01092-00 por
iguales causas que originaron el presente proceso. Por lo anterior, se configuraba
la excepción de falta de competencia.
1.3. La sentencia apelada10
14. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia proferida el 11 de
agosto de 2023 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y se
abstuvo de condenar en costas. Para el efecto, declaró la nulidad de las
resoluciones 6297 de 2012 y 17761 de 2012, así como de los oficios 012/GST–SDP
de 2013 y 4861/GST–SDP de 2015, actos expedidos por Casur. A título de
restablecimiento, ordenó reconocer y pagar «la pensión de sobrevivientes respecto de
la asignación de retiro reconocida al causante Jaime Cifuentes González» a favor de Alicia
María Páez Córdoba, Ana Francisca Yáñez y Mariela Alarcón, en los porcentajes y
períodos correspondientes y autorizó descontar a las 2 primeras las sumas
reconocidas mediante la Resolución 6122 de 2014.
15. Luegode realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable al asunto,
fundamentó su decisión en lo siguiente:
15.1. En el caso concreto estaba acreditado y no era objeto de controversia que a
través de la Resolución 0028 de 1977, Casur le reconoció al mayor (r) Jaime
Cifuentes González la asignación de retiro en cuantía del 85%, efectiva a partir del
25 de febrero de 1977. Asimismo, no fue objeto de debate que aquel falleció el 31
de mayo de 2012 como lo demostraba el certificado de defunción 7332755 de la
Registraduría Nacional del Estado Civil.
15.2. Se encontraba acreditada la existencia de una sociedad conyugal vigente entre
el causante Jaime Cifuentes González y Ana Francisca Yáñez, así como 2 uniones
maritales de hecho con Alicia María Páez Córdoba y Mariela Alarcón. Las 3 mujeres
convivieron de manera simultánea con aquel, todas con hijos en común y con
prueba suficiente de una relación estable hasta el momento de su fallecimiento.
15.3. Así las cosas, era procedente el reconocimiento de la « pensión de sobrevivientes»
a favor de las 3 reclamantes, en proporción al tiempo de convivencia acreditado:
29% para Alicia María Páez Córdoba [43 años], 35% para Ana Francisca Yáñez [52
9 Samai, índice 27, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO»,
documento «10ED_EXPEDIENTE_53832024pdf(.pdf) NroActua 2», folios 632 a 634.
10 Samai tribunales, índice 65, actuación «Sentencia», documento «36_SENTENCIA(.pdf) NroActua
65».
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años] y 36% para Mariela Alarcón [54 años].
15.4. No operó la prescripción de las mesadas pensionales, toda vez que todas
formularon sus reclamaciones administrativas y presentaron las respectivas
demandas dentro del término de 3 años previsto en el Decreto 3135 de 1968.
15.5. En atención a que Alicia María Páez Córdoba falleció el 9 de febrero de 2017,
era procedente el reconocimiento de la «pensión de sobrevivientes» desde el 31 de
mayo de 2012, fecha del deceso del causante, hasta la muerte de la beneficiaria.
Las mesadas causadas a su favor integraban la masa herencial. Conforme con el
parágrafo 1 del artículo 8 del Decreto 1889 de 1994, resultaba posible la
redistribución de la prestación a partir del 10 de febrero de 2017, de manera que
correspondió el 49% a Ana Francisca Yáñez y el 51% a Mariela Alarcón.
15.6. La condena en costas era improcedente, toda vez que no se acreditó su
ocurrencia, de conformidad con lo previsto en los artículos 188 del CPACA y 365
del Código General del Proceso11.
1.4. El recurso de apelación12
16. Ana Francisca Yáñez Cifuentes apeló la sentencia de primera instancia, al
considerar lo siguiente:
16.1. La sentencia del Tribunal presentaba falencias procesales que afectaban su
validez. La providencia valoró pruebas que no fueron debidamente controvertidas,
en especial las declaraciones extraproceso allegadas por Mariela Alarcón dentro de
la demanda acumulada, a las cuales se les otorgó pleno valor probatorio sin haberse
surtido las etapas procesales correspondientes, en especial la audiencia de
pruebas.
16.2. El proceso no se desarrolló conforme con el procedimiento legal, pues no se
celebró la audiencia inicial respecto de la demanda presentada por Mariela Alarcón,
pese a que en la plataforma Samai obraba solicitud de fijación de la diligencia, sin
que el despacho hubiera emitido respuesta. Ello implicó la omisión de algunas de
las actuaciones procesales relativas al proceso acumulado.
16.3. Según los registros del sistema, el proceso iniciado por Alicia María Páez
Córdoba y por la propia recurrente había ingresado al despacho para sentencia en
abril de 2017, y solo hasta noviembre de 2020 se solicitó la acumulación del proceso
promovido por Mariela Alarcón. Sin embargo, una vez ordenada dicha acumulación,
el despacho no adelantó algunas de las etapas procesales propias del trámite
correspondiente a la demanda de Mariela Alarcón, como lo eran la audiencia inicial
y de pruebas, lo que viciaba la sentencia impugnada.
16.4. Así entonces, se debía revocar la sentencia impugnada y declarar las falencias
procesales expuestas. En el evento de no ser atendida, de manera subsidiaria, se
debía revocar parcialmente la decisión para acceder a la totalidad de las
11 En lo que sigue CGP.
12 Samai Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, índice 69, actuación «RECIBE MEMORIALES
ONLINE», documento «37_MemorialWeb_Recurso(.pdf) NroActua 69».
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pretensiones de su demanda, esto es: la nulidad de las resoluciones que negaron
la sustitución pensional, el reconocimiento y pago de la asignación de retiro, las
primas y reajustes, la indexación e intereses, y negar las súplicas de Mariela Alarcón
por falta de acreditación de los requisitos legales.
1.5. Trámite en segunda instancia
17. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar13.
18. Durante el trámite de esta instancia, ante la posible configuración de una nulidad
procesal advertida por la apelante, mediante auto del 20 de noviembre de 202514 se
dispuso poner en conocimiento de Mariela Alarcón dicha eventualidad, en su
condición de posible afectada, por cuanto se advertían omisiones relevantes en el
trámite que podían comprometer el debido proceso y su derecho de defensa. En
consecuencia, se le concedió el término de 3 días siguientes a la notificación del
auto para que manifestara lo que estimara pertinente, de conformidad con el artículo
137 del CPACA, precisándose que, de guardar silencio, la irregularidad se
entendería saneada y el proceso continuaría su curso.
19. Frente a lo anterior, Mariela Alarcón, mediante memorial del 3 de diciembre de
202515, sostuvo que «dentro del proceso de la referencia, ni en primera ni en segunda
instancia, se vislumbra actuación alguna encaminada a generar nulidad», por lo que
solicitó continuar con el trámite de la segunda instancia a fin de proferir el fallo
correspondiente y confirmar la decisión recurrida. En consecuencia, el 5 de
diciembre de ese mes y año, la Secretaría de la Sección dispuso la remisión del
expediente para fallo.
1.6. Concepto del Ministerio Público
20. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
21. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente para
conocer del recurso de apelación, de conformidad con los artículos 125 y 150 del
CPACA, según los cuales «[l]as salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias»
y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos [...]».
13 Así se dispuso en el auto proferido el 26 de febrero de 2024. Samai, índice 4, actuación «Auto que
admite recurso de apelación», documento «4AUTOQUEADMITE_60962023ADMISORIOAPE(.pdf)
NroActua 4».
14 Samai, índice 33, actuación «Auto que pone en conocimiento causal de nulidad saneable»,
documento «31Autoqueponee_60962023RecSustituci(.pdf) NroActua 33».
15 Samai, índice 37, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«33_MemorialWeb_Otro-CUMPLIMIENTODEAUTO(.pdf) NroActua 37».
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2.2. Problema jurídico
22. De acuerdo con el artículo 328 del CGP, la competencia del juez de segunda
instancia está enmarcada por los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
En esas condiciones, el problema jurídico que se debe resolver en esta instancia se
contrae a determinar ¿si Ana Francisca Yáñez de Cifuentes tiene derecho al
reconocimiento exclusivo del 100% de la sustitución de la asignación de retiro
causada por el fallecimiento del mayor (r) de la Policía Nacional Jaime Cifuentes
González, ocurrido el 31 de mayo de 2012, o si, por el contrario, resulta
jurídicamente procedente mantener el reconocimiento compartido de dicha
prestación con Mariela Alarcón, sin perjuicio de los efectos patrimoniales ya
causados a favor de Alicia María Páez Córdoba, cuyo derecho fue reconocido en
primera instancia y no constituye objeto de controversia en esta alzada?
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. De la sustitución pensional del personal uniformado de la policía
nacional
23. Esta Corporación ha señalado que la muerte constituye una contingencia del
sistema de seguridad social, pues busca proteger al grupo familiar del causante de
una prestación de forma que se garantice su subsistencia, propósito con el cual se
permite el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes o la sustitución de la
prestación, con el fin de evitar un cambio sustancial en las condiciones mínimas de
vida de aquellos16.
24. En tal sentido, la sustitución es una prerrogativa a favor del núcleo familiar de un
pensionado cuando ocurre su deceso; mientras que la pensión de sobreviviente es
aquella prestación que se otorga a los familiares del afiliado que cumple con los
requisitos legalmente exigibles para ello, pero fallece; o del afiliado no pensionado
que fallece sin cumplir con los requisitos mínimos para obtener la prestación17.
25. En el marco de estos conceptos y en consideración al régimen prestacional
especial aplicable a la Fuerza Pública, la Ley 923 de 200418 estableció los criterios
generales para la fijación de las prestaciones y asignaciones de retiro aplicables a
dicho régimen especial. En lo que resulta pertinente, el artículo 3 definió los
«elementos mínimos» que deben considerarse al estructurar el régimen de
reconocimiento tanto de la asignación de retiro como de las pensiones de invalidez
y de sobrevivientes.
26. Esta norma en el numeral 3.7 del artículo 3 dispuso que «[e]l orden de beneficiarios
de las pensiones de sobrevivencia y de la sustitución de la asignación de retiro o de la
pensión de invalidez será establecido teniendo en cuenta los miembros del grupo familiar y
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 2 de
octubre de 2014, expediente 08001-23-31-000-2001-02315-01 (964-12), C.P. Gerardo Arenas
Monsalve.
17 Corte Constitucional, sentencia T-564 de 2015.
18 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno
Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución
Política».
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el parentesco con el titular». Asimismo, estableció quienes contaban con la calidad de
beneficiarios para la sustitución de la asignación de retiro o de la pensión de
invalidez en los siguientes términos:
«3.7.1. En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o
supérstite. En caso de que la sustitución de la asignación de retiro o pensión de
invalidez se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o
compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida
marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos
de cinco (5) años continuos inmediatamente anteriores a su muerte.
3.7.2. En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite,
siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante,
tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La
sustitución de la asignación de retiro o de la pensión de invalidez temporal se
pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En
este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión,
con cargo a dicha sustitución. Si tiene hijos con el causante aplicará el numeral
3.7.1.
Si respecto de un titular de asignación de retiro o pensiona do por invalidez
hubiese un compañero o compañera permanente, con sociedad anterior conyugal
no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los numerales
3.7.1 y 3.7.2. del presente numeral, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en
proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.
En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco (5) años, antes del
fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero
permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la sustitución de la asignación de
retiro o de la pensión de invalidez o de la pensión de sobreviviente será la esposa
o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión
conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero
permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al numeral
3.7.1 en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre
y cuando haya sido superior a los últimos cinco (5) años antes del fallecimiento
del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe
la sociedad conyugal vigente».
27. En desarrollo de las disposiciones contenidas en la Ley 923 de 2004, el gobierno
nacional expidió el Decreto 4433 del 31 de diciembre de 2004 19, mediante el cual
se fijó el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública. Este decreto sobre la «sustitución de la asignación de retiro o de la pensión»
en su artículo 40 estableció lo siguiente:
«Artículo 40. Sustitución de la asignación de retiro o de la pensión. A la muerte
de un Oficial, Suboficial, alumno de la escuela de formación o Soldado de las
Fuerzas Militares, Oficial, Suboficial, miembro del Nivel Ejecutivo, Agente o
alumno de la escuela de formación de la Policía Nacional, en goce de asignación
de retiro o pensión, sus beneficiarios en el orden y proporción establecidos en el
artículo 11 del presente decreto, tendrán derecho a una pensión mensual que será
pagada por la entidad correspondiente, equivalente a la totalidad de la asignación
o pensión que venía disfrutando el causante».
28. En lo que respecta al orden de beneficiarios de la «sustitución de la asignación de
retiro o de la pensión», el artículo 11 del Decreto 4433 de 2004 estableció lo siguiente:
19 «Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la
Fuerza Pública».
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«Artículo 11. Orden de beneficiarios de pensiones por muerte en servicio
activo. Las pensiones causadas por la muerte del personal de Oficiales,
Suboficiales y Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares, Oficiales,
Suboficiales, miembros del Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía Nacional, y
Alumnos de las escuelas de formación, en servicio activo, serán reconocidas y
pagadas en el siguiente orden:
11.1 La mitad al cónyuge o compañero (a) permanente sobreviviente y la otra mitad
a los hijos menores de 18 años e hijos estudiantes mayores de 18 años y hasta los
25 años si dependían económicamente del causante al momento de su muerte,
siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes y a los hijos
inválidos si dependían económicamente del causante.
11.2 Si no hubiere cónyuge o compañero (a) permanente sobreviviente, la pensión
corresponderá íntegramente a los hijos menores de 18 años e hijos estudiantes
mayores de 18 años y hasta los 25 años, siempre y cuando acrediten debidamente
su condición de estudiantes y a los hijos inválidos, si dependían económicamente
del causante.
11.3 Si no hubiere hijos, la pensión corresponderá la mitad al cónyuge o compañero
(a) permanente sobreviviente, y la otra mitad en partes iguales, para los padres que
dependían económicamente del causante.
11.4 Si no hubiere cónyuge o compañero (a) permanente sobreviviente, ni hijos, la
prestación se dividirá entre los padres, siempre y cuando dependieran
económicamente del causante.
11.5 Si no hubiere cónyuge o compañero (a) permanente sobreviviente, ni hijos, ni
padres, la pensión le corresponderá previa comprobación de que el causante era
su único sostén, a los hermanos menores de dieciocho (18) años o inválidos.
La porción del cónyuge acrecerá a la de los hijos y la de estos entre sí y a la del
cónyuge, y la de los padres entre sí y a la del cónyuge. En los demás casos no
habrá lugar a acrecimiento.
Parágrafo 1°. Para efectos de este artículo el vínculo entre padres, hijos y
hermanos será el establecido en el Código Civil, y la calificación de la invalidez de
los beneficiarios, será acreditada con fundamento en las normas del Sistema de
Seguridad Social Integral que regulan lo concerniente a la determinación de dicho
estado.
Parágrafo 2°. Para efectos de la sustitución de la asignación de retiro o de la
pensión de invalidez, cuando exista cónyuge y compañero o compañera
permanente, se aplicarán las siguientes reglas:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o
supérstite. En caso de que la sustitución de la asignación de retiro o pensión de
invalidez se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o
compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida
marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos
de cinco (5) años continuos inmediatamente anteriores a su muerte;
b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre
y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos
de 12 treinta (30) años de edad, y no haya procreado hijos con este. La sustitución
de la asignación de retiro o de la pensión de invalidez temporal se pagará mientras
el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el
beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a
dicha sustitución. Si tiene hijos con el causante se aplicará el literal anterior.
Si respecto de un titular de asignación de retiro o pensionado por invalidez hubiese
un compañero o compañera permanente, con sociedad anterior conyugal no
disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los literales a y b del
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presente parágrafo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al
tiempo de convivencia con el fallecido.
En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento
del causante entre un cónyuge o compañera o compañero permanente, la
beneficiaria o el beneficiario de la sustitución de la asignación de retiro o de la
pensión de invalidez o de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo.
Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero
hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá
reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje
proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido
superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota
parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal
vigente».
29. Conforme con la disposición, se tiene que en caso de que existiera controversia
entre la cónyuge y la compañera permanente, debe determinarse: «(i) si hubo una
vida marital y si esta perduró durante los 5 años anteriores al fallecimiento del pensionado,
(ii) si existe sociedad conyugal y si la misma se encuentra o no disuelta, (iii) si hubo o no
separación de hecho; y (iv) el tiempo de convivencia y (v) si esta fue simultánea o sucesiva
durante los 5 años anteriores a la muerte»20.
30. En lo que respecta a la pérdida de la condición de beneficiario de la sustitución
de la asignación de retiro, el artículo 12 ibidem, reguló:
«Se entiende que falta el cónyuge o compañero (a) permanente y por lo tanto se
pierde el derecho a la pensión de sobrevivientes o a la sustitución de la asignación
de retiro o de la pensión de invalidez, en cualquiera de las siguientes
circunstancias, según el caso:
12.1 Muerte real o presunta.
12.2 Nulidad del matrimonio.
12.3 Divorcio o disolución de la sociedad de hecho.
12.4 Separación legal de cuerpos.
12.5 Cuando lleven cinco (5) o más años de separación de hecho».
31. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en la Ley 923 de 2004 y su
desarrollo reglamentario contenido en el Decreto 4433 de 2004, el régimen
prestacional especial aplicable al personal uniformado de la Fuerza Pública prevé
que, cuando respecto del causante concurran una cónyuge y una compañera
permanente con derecho a percibir la sustitución pensional, la prestación se dividirá
entre ellas en proporción al tiempo de convivencia efectiva con el fallecido, de
acuerdo con las reglas allí establecidas, solución normativa que ha sido avalada por
la jurisprudencia constitucional, la cual ha sostenido que dicha interpretación es
coherente con los principios de igualdad y justicia material21.
2.5. Caso concreto
32. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 24 de agosto de 2017,
radicación: 25000-23-42-000-2013-00823-01(0717-14), M.P. William Hernández Gómez.
21 Corte Constitucional, sentencia C-1035 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Respecto de Alicia María Páez Córdoba
32.1. Mediante escritura pública 1692 del 2 de junio de 201122, otorgada en la Notaría
Diecinueve de Bogotá, se declaró la existencia de una unión marital de hecho entre
Alicia María Páez Córdoba y Jaime Cifuentes González. En dicho instrumento se
dejó constancia de que (i) convivían desde el 5 de mayo de 1969 de manera
permanente, singular, continua y estable, por un término aproximado de 42 años;
(ii) procrearon 2 hijos, Caroline Catherine y Diego Mauricio Cifuentes Páez; y (iii)
aquel había contraído matrimonio con Ana Francisca Yáñez el 18 de febrero de
1960, mientras que Alicia María Páez Córdoba no lo había hecho con ninguna otra
persona.
32.2. De conformidad con el registro civil de nacimiento 01189188 del 31 de enero de
1975 de la Notaría 1 del Círculo de Bogotá23, Caroline Catherine Cifuentes Páez
nació el 29 de enero de 1975 y sus padres eran Alicia María Páez Córdoba y Jaime
Cifuentes González.
32.3. Según registro civil de nacimiento 4000294 de la Notaría 13 del Círculo de
Bogotá24, Diego Mauricio Cifuentes Páez nació el 10 de noviembre de 1978 y era
hijo de Alicia María Páez Córdoba y Jaime Cifuentes González.
32.4. Por medio de certificación del 22 de febrero de 2012 25, la administradora de la
Agrupación de Vivienda Bosque de Modelia «IOI ETAP, LOTE 5 Y LOTE 1», informó
que «ALICIA MARIA PAEZ CORDOBA […] Y JAIME CIFUENTES GONZALEZ […]
RESIDEN COMO FAMILIA HACE MAS DE 14 AÑOS». Asimismo, que «ESTA FAMILIA
SIEMPRE HA DEMOSTRADO SENTIDO DE PERTENENCIA EN LA AGRUPACIÓN,
PARTICIPARON CIUDADANA Y COMPAÑÍA EN TODOS LOS ENVENTOS QUE SE
PROGRAMABAN» [sic].
32.5. Conforme con el registro de defunción con indicativo serial 0733275526, Jaime
Cifuentes González falleció el 31 de mayo de 2012.
32.6. El19 de julio de 2012, Alicia María Páez Córdoba le solicitó a Casur la
sustitución de la asignación de retiro por el fallecimiento de su compañero
permanente el mayor (r) de la Policía Nacional Jaime Cifuentes González, a partir
del 31 de mayo de 201227.
32.7. A través de la Resolución 6297 del 22 de agosto de 2012 28, en atención a la
anterior petición, el director general (e) de Casur consideró y resolvió lo siguiente:
«Que esta Entidad reconoció asignación mensual de retiro, a partir del 25-02-
1977, en cuantía equivalente al 85% del sueldo básico y partidas legalmente
computables para el grado, al señor [...] Mayor (r) CIFUENTES GONZALEZ
JAIME.
22 Folios 26 a 33 del cuaderno 1.
23 Folio 35 del cuaderno 1.
24 Folio 36 del cuaderno 1.
25 Folio 41 del cuaderno 1.
26 Folio 34 del cuaderno 1.
27 Folios 3 a 24 del cuaderno 1.
28 Folio 2 del cuaderno 1.
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Que según documento obrante dentro del expediente administrativo, el
mencionado señor falleció el 31-05-2012.
Que el causante según Hoja de Servicios No. 1853 del 19 de Noviembre de 1976,
figuraba casado con la señora ANA FRANCISCA YANEZ VARELA, el 14 de
Febrero de 1960.
Que con escrito radicado en esta Entidad, bajo el No. 061971 del 26-06-2012, la
señora ANA FRANCISCA YANEZ DE CIFUENTES, solicita el reconocimiento de
sustitución de asignación mensual de retiro a la cual cree tener derecho en calidad
de conyuge superstite, aportando documentos.
Que con escrito radicado en esta Entidad, bajo el No. 071876 del 19-07-2012, la
señora ALICIA MARIA PAEZ CORDOBA, solicita el reconocimiento de la
sustitución de asignación mensual de retiro a la cual cree tener derecho en calidad
de compañera permanente, a través de apoderado judicial, aportando
documentos legales pertinentes.
Que se publicó el edicto que preceptúan el Decreto 981 de 1946 y la Ley 44 de
1980.
Que analizado el material probatorio que reposa en el expediente administrativo
tanto la señora ANA FRANCISCA YAÑEZ DE CIFUENTES, como la señora
ALICIA MARIA PAEZ CORDOBA, en sus condiciones de cónyuge supérstite y
compañera permanente respectivamente, mediante declaraciones de parte y de
terceros rendidas bajo la gravedad del juramento, afirman que convivieron con el
causante hasta el día de su fallecimiento, surgiendo controversia en la
reclamación sin que ésta entidad tenga competencia para dirimir el conflicto.
Que el Decreto 1213 de 1990 establece en su artículo 146: controversia en la
reclamación: "... si se presentare controversia judicial o administrativa entre
los reclamantes de una prestación por causa de muerte, el pago de la cuota
en litigio se suspenderá hasta tanto se decida judicialmente a qué persona
corresponde el valor de esta cuota...".
Que por lo expuesto y teniendo en cuenta que tanto la señora ANA FRANCISCA
YAÑEZ DE CIFUENTES, como la señora ALICIA MARIA PAEZ CORDOBA,
solicitan el reconocimiento de la prestación, es necesario que el conflicto se dirima
mediante una acción judicial con las garantías suficientes de impugnación,
contradicción y prueba que arroje como resultado en cabeza de quien está el
derecho a reclamar la prestación, razón por la cual y de conformidad con el
Decreto 1213 de 1990, en concordancia con el Decreto 4433 de 2004, es
procedente suspender el trámite y pago del total de la prestación.
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO. Suspender el trámite de la sustitución de asignación
mensual de retiro que pueda corresponder a la señora ANA FRANCISCA YANEZ
DE CIFUENTES […], o a la señora ALICIA MARIA PAEZ CORDOBA […], de
acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
[…]» [sic].
32.8. Mediante Oficio 1751/GST-SDP del 30 de octubre de 201229, el subdirector de
Prestaciones Sociales de Casur sostuvo lo siguiente:
«En atención al asunto relacionado con el expediente administrativo del extinto
Mayor (r) CIFUENTES GONZALEZ JAIME, le informo que si bien es cierto que
mediante Escritura Pública No. 1692, del dos (2) de junio de 2011, de la Notaria
29 Folio 25 del cuaderno 1.
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19 de Bogotá, se declaro la existencia de la Unión Marital de Hecho entre su
poderdante, la señora ALICIA MARIA PÀEZ CORDOBA y el causante; no se
puede desconocer que la señora FRANCISCA YAÑEZ DE CIFUENTES, no se
hizo parte de la misma, máxime que el señor CIFUENTES GONZALEZ JAIME,
en la misma manifestó tener "estado civil casado con sociedad conyugal vigente"
por lo tanto persiste la controversia entre las citadas señoras, por cuanto las dos
manifiestan haber convivido con el causante hasta la fecha de su fallecimiento.
Adicionalmente, la señora FRANCISCA YAÑEZ DE CIFUENTES, en calidad de
cónyuge supérstite allego nuevas pruebas donde demuestra haber estado
pendiente del causante, razón por la cual para efectos de continuar con el trámite
de reconocimiento y pago de la Sustitución mensual de retiro, es indispensable
que diriman judicialmente la controversia en consideración [a] que la entidad
carece de competencia para dirimir el citado conflicto; resaltando que en el
proceso que se adelanté se hagan presente las partes con las garantías
suficientes de impugnación, contradicción y prueba, por medio de las cuales se
arroje como resultado en cabeza de quien está el derecho a devengar la
prestación, toda vez que ambas aportan pruebas que impiden esclarecer a quien
le corresponde legalmente el derecho.
En este orden de ideas el trámite de reconocimiento de Sustitución de Asignación
mensual de retiro debe permanecer suspendido hasta que se decida judicialmente
a que persona corresponde el derecho» [sic].
32.9. Por medio de la declaración juramentada extra proceso del 14 de diciembre de
201230, rendida ante la Notaría 64 del Círculo de Bogotá, Antonio María Aponte
Bonilla indicó lo siguiente:
«PRIMERO: Que bajo la Gravedad del juramento declara: A) Que conozco de vista
trato y comunicación desde hace 8 años & ALICIA MARIA PAEZ CORDOBA
identificado con cédula de ciudadanía Nro. 41.392.727 de Bogotá D.C, de estado
civil soltera, de ocupación hogar.-
SEGUNDO: Que por este conocimiento se y me consta que; A) Que ALICIA MARIA
PAEZ CORDOBA convivió en unión libre de forma permanente y bajó el mismo
techo con JAIME CIFUENTES GONZALEZ quien se identificaba con la cedula de
ciudadanía número 135.956 de Bogotá, quien falleció el día 31 del mes de mayo de
2012 en esta ciudad de Bogotá, con quien convivió en común y bajo el mismo techo
y compartió lecho, mesa y techo durante 43 años hasta el momento de su
fallecimiento (desde el día 9 del mes de mayo de 1969 hasta el día "31 del mes de
mayo del 2012); B) Que JAIME CIFUENTES GONZALEZ era de estado civil casado
separado de hecho; C) Que JAIME CIFUENTES GONZALEZ Y ALICIA MARIA
PAEZ CORDOBA de esta unión procrearon dos hijos de nombres CAROLINE
CATHERINE CIFUENTES PAEZ (quien ya es fallecida) y DIEGO MAURICIO
CIFUENTES PAEZ de 34 años de edad y no tiene ninguna discapacidad: D) Que
ALICIA MARIA PAEZ CORDOBA dependía económicamente de JAIME
CIFUENTES GONZALEZ; E) Que JAIME CIFUENTES GONZALEZ también
respondía económicamente por sus tres, nietos de nombres KATHERIN GINERY
HOSMAN CIFUENTES, JUAN SEBASTIAN FUENTES CIFUENTES Y KAROL
SARAY OTALVARO CIFUENTES, después de la muerte trágica de su madre
CAROLINE CATHERINE CIFUENTES PAEZ; F) Que desde la fecha de la muerte
del JAIME CIFUENTES GONZÁLEZ su compañera y nietas quedaron
desprotegidos» [sic].
32.10. A través de declaración juramentada extra proceso del 13 de diciembre de
201231, rendida ante la Notaría 73 del Círculo de Bogotá, Gilberto Zea Mayorga
manifestó lo siguiente:
30 Folios 42 y 43 del cuaderno 1.
31 Folio 44 del cuaderno 1.
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«PRIMERO: Que todas las declaraciones aquí rendidas las hago (cemos) bajo
la gravedad de juramento y no tengo (nemos) ningún impedimento para rendirlas
ni para suscribir esta acta y a sabiendas de las implicaciones legales que acarrea
jurar en falso.
SEGUNDO: Que estoy(amos) física y mentalmente capacitado (a,s) para rendir
esta declaración la cual es cierta.
TERCERO: Manifiesto(amos) bajo la gravedad de juramento y a sabiendas de
las sanciones penales que acarrea el perjurio que conozco de vista, trato y
comunicación de toda la vida a el(la) señor(a) ALICIA MARIA PAEZ CORDOBA
[…] y al señor JAIME CIFUENTES GONZALEZ(q.e.p.d.) […], el(la) cual falleció
el día 31 de mayo de 2012, por tal razón se y me consta que convivían en unión
libre de manera permanente e ininterrumpida, compartiendo techo, lecho y mesa
desde el día 9 de mayo de 1969 hasta el día 31 de mayo de 2012, de cuya unión
procrearon 2 hijo(as) de nombre(s) CAROLINE CATHERINE CIFUENTES
PAEZ, ya fallecida y DIEGO MAURICIO CIFUENTES PAEZ, mayor de edad, no
hay ningún hijo con discapacidad ni enfermedad. Así mismo manifiesto que el
señor Jaime siempre presentaba a la señora Alicia como su compañera
permanente y a diario se les veía en su residencia del sector de Modelia Conjunto
Residencial Bosques de Modelia de la ciudad de Bogotá, así como en eventos
sociales. Igualmente el señor JAIME CIFUENTES GONZALEZ, contribuía con
los gastos de su compañera permanente y sus nietos, a raíz del fallecimiento
trágico de su hija CAROLINE CATHERINE, quienes después de la muerte de
JAIME CIFUENTES GONZALEZ, quedaron desprotegidos por la falta de su
apoyo económico» [sic].
32.11. Fotografías
correspondientes a distintas etapas cronológicas y a eventos
familiares, como cumpleaños, graduaciones y bautizos, entre otros, de Jaime
Cifuentes González, junto a Alicia María Páez Córdoba y otros miembros de la
familia32.
32.12. A través de la sentencia T-112 de 201433, la Corte Constitucional amparó de
manera transitoria los derechos fundamentales al mínimo vital y a recibir la
sustitución de la asignación mensual de retiro de Alicia María Páez Córdoba; para
ello, dejó sin efectos la Resolución 6297 del 22 de agosto de 2012 proferida por
Casur y ordenó a la entidad expedir un nuevo acto administrativo en el que
reconociera y pagara, de forma provisional, la sustitución de la asignación mensual
de retiro del mayor (r) Jaime Cifuentes González en un 50% a favor de Ana
Francisca Yáñez de Cifuentes en su condición de cónyuge supérstite, y el otro 50%
para de Alicia María Páez Córdoba, como compañera permanente, hasta tanto la
autoridad judicial competente decidiera el asunto de manera definitiva.
Respecto de Ana Francisca Yáñez de Cifuentes
32.13. De conformidad con el registro civil de matrimonio 579 de la Registraduría de
Madrid [Cundinamarca]34, Ana Francisca Yánez de Cifuentes y Jaime Cifuentes
González contrajeron matrimonio «católico» el 14 de febrero de 1960.
32.14. Según los registros civiles de nacimiento de las notarías 1 y 3 del Círculo de
Bogotá y 1, 2 y 6 del Círculo de Cúcuta35, Laura Esther de Mongui Cifuentes Yáñez
nació el 19 de noviembre de 1960, Luis Daniel Cifuentes Yáñez el 11 de octubre de
32 Folios 45 a 21 del cuaderno 1.
33 Folios 73 a 89 del cuaderno 3.
34 Folio 20 del cuaderno 3.
35 Folios 22 a 26 del cuaderno 3.
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1961, Jaime Cifuentes Yáñez el 31 de enero de 1975, Juan Carlos Cifuentes Yáñez
el 4 de enero de 1964 y Gustavo Enrique Cifuentes Yáñez el 27 de enero de 1971,
y sus padres eran Ana Francisca Yánez Cifuentes y Jaime Cifuentes González.
32.15. Según recibos del 5 de junio de 201236, Ana Francisca Yáñez de Cifuentes le
pagó a Fredy Beltrán Osorio la suma de $1.330.000 por el servicio nocturno de
turnos de enfermería para el monitoreo y cuidado de su esposo Jaime Cifuentes
González entre el 13 y el 31 de mayo de 2012.
32.16. Conforme con el registro de defunción con indicativo serial 07332755 37, Jaime
Cifuentes González falleció el 31 de mayo de 2012.
32.17. Mediante declaración juramentada extra proceso del 25 de junio de 2012 38,
rendida ante la Notaría 64 del Círculo de Bogotá, Ana Francisca Yáñez de Cifuentes
indicó lo siguiente:
«PRIMERO: QUE BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO DECLARA: A) Que
casada y convivió de forma permanente y bajo el mismo techo con JAIME
CIFUENTES GONZALEZ […], quien falleció el día 31 del mes de mayo del 2012 en
esta ciudad de Bogotá, con quien convivió en común y bajo el mismo techo y
compartió lecho mesa y techo durante 52 años hasta el momento de su fallecimiento
(desde el día 14 del mes de febrero de 1960 hasta el día 31 del mes de mayo. del
2012) Y su último lugar de convivencia, fue […] Bogotá (lugar de residencia desde
el año 1970 hasta el día de su fallecimiento); B): Que JAIME CIFUENTES
GONZALEZ antes de fallecer era de estado civil casado: con sociedad conyugal
vigente con la suscrita; C). Que JAIME CIFUENTES GONZALEZ y ella de esta
unión procrearon cinco hijos. de nombres: LAURA ESTHER, LUIS: DANIEL, JUAN
CARLOS, JAIME Y GUSTAVO ENRIQUE CIFUENTES YAÑEZ, quienes son
mayores de edad y ninguno discapacitado: D) Que ella dependía económicamente
de JAIME CIFUENTES GONZALEZ; E) Que JAIME CIFUENTES GONZALEZ fuera
de esta unión tenía siete hijos de nombres CAROLINE CIFUENTES PAEZ (quien
ya es fallecida) MARIO CIFUENTES ALARCON, JAIME CIFUENTES ALARCON,
ASDRUBAL CIFUENTES ALARCÓN, SILVANA CIFUENTES ALARCON, VIVIANA
CIFUENTES ALARCON Y DIEGO CIFUENTES quienes son mayores de edad y
ninguno discapacitado; F) Que JAIME CIFUENTES GONZALEZ no tenía más hijos
legítimos; adoptivos ni naturales, ni reconocidos ni por reconocer, ni vivos ni
muertos por lo tanto los únicos beneficiari[ios] puesto que existen personas con
mejor o igual derecho que ellos y no conocen la existencia de otros posibles
herederos y exoneran de toda responsabilidad a la entidad, si [se]
llegasen a presentar terceros; F) Que ella no recibe pensión de ninguna entidad
pública ni privada: G) Que la ocupación de ella es hogar y no recibe ingresos por
ningún concepto. H) Que no existe albacea ni administrador de los bienes del
fallecido y no se ha iniciado proceso de sucesión […]» [sic].
32.18. Por medio de declaraciones juramentadas del 25 de junio de 2012 39, rendidas
ante la Notaría 64 del Círculo de Bogotá, María Gladys Camacho de Erazo y Clara
Eugenia Villegas Jaramillo manifestaron lo siguiente:
«PRIMERO: Que bajo la Gravedad del juramento declara: A) Que conozco de
vista trato y comunicación desde hace 38 años a ANA FRANCISCA YAÑEZ DE
CIFUENTES […], de estado civil viuda, de ocupación hogar, residente […] de
Bogotá.-
36 Folio 46 de cuaderno 3.
37 Folio 19 del cuaderno 3.
38 Folio 10 del cuaderno 2.
39 Folios 11 y 12 del cuaderno 2.
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SEGUNDO: Que por este conocimiento se y me consta que; A) Que ANA
FRANCISCA YAÑEZ DE CIFUENTES estaba casada y convivió de forma
permanente y bajo el mismo techo con JAIME CIFUENTES GONZALEZ […],
quien falleció el día 31 del mes de mayo del 2012 en esta ciudad de Bogotá, con
quien convivió en común y bajo el mismo techo y compartió lecho, mesa y techo
durante : 52 años hasta el momento de su fallecimiento (desde el día 14 del mes
de febrero de 1960 hasta el día 31 del mes de mayo del 2012) y su último lugar
de convivencia fue en […] de (lugar de residencia desde el año 1970 hasta el día
de su fallecimiento); B) Que JAIME CIFUENTES GONZALEZ antes de fallecer era
de estado civil casado con sociedad conyugal vigente con la señora ANA
FRANCISCA YANEZ, DE CIFUENTES; C) Que JAIME CIFUENTES GONZALEZ
Y ANA FRANCISCA YANEZ DE CIFUENTES de esta unión procrearon cinco
hijos. de nombres LAURA ESTHER, LUIS DANIEL, JUAN CARLOS, JAIME Y
GUSTAVO ENRIQUE CIFUENTES YAÑEZ, quienes son. mayores de edad y
ninguno discapacitado: D) Que ANA FRANCISCA YAÑEZ DE CIFUENTES
dependía económicamente de JAIME CIFUENTES GONZALEZ; E) Que JAIME
CIFUENTES GONZALEZ fuera de esta unión tenía siete hijos de nombres
CAROLINE CIFUENTES PAEZ (quien ya es fallecida) MARIO CIFUENTES
ALARCON; JAIME CIFUENTES ALARCON, ASDRUBAL CIFUENTES
ALARCON, SILVANA CIFUENTES ALARCON, VIVIANA CIFUENTES ALARCON
y DIEGO CIFUENTES PAEZ quienes son mayores de edad y ninguno
discapacitado; F) Que JAIME CIFUENTES GONZALEZ no tenía más hijos
legítimos, adoptivos ni naturales, ni reconocidos ni por reconocer, vivos ni muertos
por lo tanto los únicos beneficiaria es ANA FRANCISCA YANEZ DE CIFUENTES
puesto que no existen personas con mejor o igual derecho que ellos y no conocen
la existencia de otros posibles herederos y exoneran de toda responsabilidad a la
entidad, si [se] llegasen a presentar terceros; F) Que ANA FRANCISCA YAÑEZ
DE CIFUENTES no recibe pensión de ninguna entidad pública ni privada: G) Que
la ocupación de ANA FRANCISCA YAÑEZ DE CIFUENTES es hogar y no recibe
ingresos por ningún concepto: H) Que no existe albacea ni administrador de los
bienes del fallecido y no se ha iniciado proceso de sucesión» [sic].
32.19. A través de la Resolución 6297 del 22 de agosto de 2012 40, el subdirector de
Prestaciones Sociales de Casur resolvió «[s]uspender el trámite de la sustitución de
asignación mensual de retiro que pueda corresponder a la señora ANA FRANCISCA
YANEZ DE CIFUENTES […], o a la señora ALICIA MARIA PAEZ CORDOBA […]» [sic].
Las consideraciones de la decisión fueron transcritas con anterioridad.
32.20. Inconforme con lo decidido en el anterior acto administrativo, Ana Francisca
Yáñez de Cifuentes interpuso recurso de reposición en su contra para que se
procediera con el reconocimiento de la sustitución pensional en su favor en un
50%41. Este fue resuelto de forma negativa por el director general (e) de Casur a
través de la Resolución 17761 del 20 de octubre de 201242.
32.21. A través del Oficio S-2012-019450-JEFAT-SECSA-22 del 22 de diciembre de
201243, el coordinador de Registro y Actualización de Derechos de la Seccional de
Sanidad de Bogotá informó lo siguiente:
«[…] una vez verificada la base de datos del Subsistema de Sanidad de la Policía
Nacional, figura que la señora ANA FRANCISCA YAÑEZ VARELA, fue afiliada al
mismo a partir del 2004/03/25 en calidad de cónyuge.
En la actualidad la afiliación del señor JAIME CIFUENTES GONZALEZ
identificado con CC. 135956, dentro de la cual usted era beneficiaria, se encuentra
40 Folio 28 del cuaderno 3.
41 Folios 29 a 37 del cuaderno 3.
42 Folios 38 y 39 del cuaderno 3.
43 Folio 34 del cuaderno 3.
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cancelada por fallecimiento del titular.
De la misma forma una vez verificada la base de datos de administración de
talento humano, se observa que hasta la fecha no se ha incluido persona (s) que
hayan sido reconocidas como sustitutas de pensión del señor JAIME CIFUENTES
GONZALEZ, para así proceder a su creación como titulares en el Subsistema de
Sanidad Policial» [sic].
32.22. Fotografías que documentan diversas etapas cronológicas y eventos
significativos, como bodas y graduaciones, entre otros, de Jaime Cifuentes
González junto a Ana Francisca Yáñez y otros miembros de la familia 44.
32.23. Por medio de las declaraciones juramentadas extra proceso 3485-2014 y
3486-2014 del 10 de octubre de 201245, rendidas ante la Notaría 11 del Círculo de
Santiago de Cali, Jaime Millán Cifuentes y Alba Inés Cifuentes Millán sostuvieron lo
siguiente:
«Declaro bajo la gravedad del juramento que conozco de conocimiento, vista y trato
a la señora ANA FRANCISCA YAÑEZ DE CIFUENTES, mayor de edad, identificada
con la cedula de ciudadanía [...] desde hace 52 años y por este conocimiento se y
me consta que convivió en MATRIMONIO desde 14 DE FEBRERO 1960 con el
señor JAIME CIFUENTES GONZÁLEZ (Q.E.P.D.), quien en vida se identificaba con
la cedula de ciudadanía [...], convivieron bajo el mismo techo compartiendo techo,
lecho y mesa, en forma ininterrumpida hasta el día de su fallecimiento que ocurriera
el 31 DE MAYO de 2012, y de cuya unión existe 05 hijos LAURA ESTHER DE
MONGUI, LUIS DANIEL, JUAN CARLOS, JAIME Y GUSTAVO ENRIQUE
CIFUENTES YAÑEZ en la actualidad mayores de edad y ninguno discapacitado el
señor JAIME CIFUENTES GONZÁLEZ (Q.E.P.D.) era el encargado de velar por el
sustento económico del hogar en lo que respecta a alimento, techo, medicamentos
y demás gastos ocasionados. Declaro que el señor JAIME CIFUENTES
GONZÁLEZ no tenía más hijos reconocidos, ni por reconocer, ni en proceso de
adopción, ni matrimoniales, ni extramatrimoniales, manifiesto que la única
beneficiaria del señor JAIME CIFUENTES GONZÁLEZ es su esposa ANA
FRANCISCA YAÑEZ DE CIFUENTES. No existe personas con más o igual o mejor
derecho que el de su esposa la señora ANA FRANCISCA YAÑEZ DE CIFUENTES»
[sic].
32.24. A través de declaración juramentada para fines extra procesales del 15 de
octubre de 201446, rendida ante la Notaría 21 del Círculo de Santiago de Cali,
Clímaco Muñoz Cifuentes manifestó lo siguiente:
«MANIFIESTO PRIMERO.- Que en mi entero y cabal juicio hago la siguiente
declaración que se inserta en éste instrumento, el cual rindo bajo la gravedad del
JURAMENTO y a sabiendas de las implicaciones legales que acarrea JURAR
EN FALSO. SEGUNDO.- Que no tenemos ninguna clase de impedimento para
pronunciar esta declaración JURAMENTADA, la cual presento bajo mi única y
entera RESPONSABILIDAD. Y teniendo en cuenta que de conformidad con el
artículo 83 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL. "Las actuaciones de las
Autoridades Públicas deben ceñirse a los postulados de la buena Fe, la cual se
presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas"
TERCERO.- Que No me encuentro incursos en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o impedimento alguno, conforme a los artículos 85 y 86 de
Decreto 262 de 2000. CUARTO: EN MI CALIDAD DE SOBRINO MANIFIESTO
QUE MI TÍO EL SEÑOR JAIME CIFUENTES GONZALEZ (Q.E.P.D.) […]
CONVIVIÓ CASADO CON LA SEÑORA ANA FRANCISCA YAÑEZ DE
44 Folios 48, 50, 52 y 54 a 60.
45 Folios 94 y 95 del cuaderno 3.
46 Folio 93 del cuaderno 3.
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CIFUENTES […] DURANTE 52 AÑOS, COMPARTIENDO TECHO, LECHO Y
MESA DE FORMA CONTINUA E ININTERRUMPIDA DESDE EL AÑO 14 DE
FEBRERO DE 1960 HASTA EL DÍA DE SU FALLECIMIENTO EL DÍA 31 DE
MAYO DEL 2012, DE SU UNIÓN PROCREARON 5 HIJOS DE NOMBRES
LAURA ESTHER, LUÍS DANIEL, JUAN CARLOS, JAIME Y GUSTAVO
ENRIQUE CIFUENTES YAÑEZ (A LA FECHA MAYORES DE EDAD) Y
NINGUNA DISCAPACITADO; DECLARO QUE LA SEÑORA ANA FRANCISCA
DEPENDÍA ECONÓMICAMENTE DE SU ESPOSO JAIME, YA QUE ES DE
OCUPACIÓN AMA DE CASA Y NO RECIBE PENSION POR PARTE DE
NINGUNA ENTIDAD NI SUBSIDIOS NI TIENE INGRESOS DE ALGÚN TIPO,
MANIFIESTO QUE APARTE DE LOS AQUI NOMBRADOS DESCONOZCO LA
EXISTENCIA DE OTROS HIJOS RECONOCIDOS, POR RECONOCER,
ADOPTIVOS NI EN PROCESO DE ADOPCIÓN, POR LO TANTO NO EXISTE
NADIE CON IGUAL O MEJOR DERECHO PARA RECLAMAR QUE LA
SEÑORA ANA FRANCISCA YANEZ DE CIFUENTES.----ES TODO--» [sic].
32.25. Mediante la declaración juramentada extra proceso del 22 de octubre de
201447, rendida ante la Notaría 64 del Círculo de Bogotá, Ana Francisca Yáñez de
Cifuentes informó lo siguiente:
«[…] convivió casada de forma permanente y bajo el mismo techo con JAIME
CIFUENTES GONZALEZ quien se identificaba con la cédula de ciudadanía [...],
quien falleció el día 31 del mes de Mayo del 2012 en esta ciudad de Bogotá, con
quien convivió en común y bajo el mismo techo y compartió lecho y mesa durante
52 años hasta el momento de su fallecimiento (desde el día 14 del mes de Febrero
de 1960 hasta el día 31 del mes de Mayo del 2012); B) Que ANA FRANCISCA
YAÑEZ DE CIFUENTES y JAIME CIFUENTES GONZALEZ de esta unión
procrearon 5 hijos de nombres LAURA ESTER DE MONGUI CIFUENTES YAÑES
// LUIS DANIEL CIFUENTES YAÑEZ // JUAN CARLOS CIFUENTES YAÑEZ //
JAIME CIFUENTES YAÑEZ Y GUSTAVO ENRIQUE CIFUENTES YAÑEZ,
quienes son mayores de edad y ninguno discapacitado: C) Que ANA FRANCISCA
YANEZ DE CIFUENTES dependía económicamente de JAIME CIFUENTES
GONZALEZ; D) Que JAIME CIFUENTES GONZALEZ no tenía más hijos legítimos,
adoptivos ni naturales, ni reconocidos ni por reconocer, ni vivos ni muertos por lo
tanto la única beneficiaria es ANA FRANCISCA YAÑEZ DE CIFUENTES puesto
que no existen persona con mejor o igual derecho que ella y no conocen la
existencia de otros posibles herederos y exoneran de toda responsabilidad a la
entidad, si [se] llegasen a presentar terceros; E) Que ANA FRANCISCA YAÑEZ
DE CIFUENTES no recibe pensión de ninguna entidad pública ni privada: F) Que la
ocupación de ANA FRANCISCA YAÑEZ DE CIFUENTES es hogar y no recibe
ingresos por ningún concepto» [sic].
32.26. En la audiencia de pruebas celebrada el 16 de marzo de 201748 se recibieron
los testimonios de Alba Inés Cifuentes y Clímaco Muñoz Cifuentes, pedidos por la
litisconsorte ad excludendum [Ana Francisca Yáñez de Cifuentes], quienes en lo
particular señalaron lo siguiente:
32.26.1. Alba
Inés Cifuentes de Millán tenía la edad de 71 años, era viuda,
pensionada y vivía en Santiago de Cali. Era hermana de Jaime Cifuentes González
y aunque ella residía en dicha ciudad y él en Bogotá siempre mantuvieron
comunicación y se encontraban con regularidad gracias a los viajes entre ambas
ciudades.
32.26.2. Desde su etapa de bachillerato, conoció la relación que su hermano sostuvo
con Ana Francisca Yáñez Cifuentes, con quien posteriormente contrajo matrimonio
47 Folio 96 del cuaderno 3.
48 Folio 251 del cuaderno 1.
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y tuvo 2 hijos, Laura Esther y Luis Daniel Cifuentes.
32.26.3. La pareja nunca se separó, divorció o dejo de convivir. Durante el último año
de vida de su hermano y en su enfermedad «Ana» fue quien estuvo a su lado, él era
jubilado hace muchos años y ella era ama de casa.
32.26.4. «Jaime» y «Anita» vivieron gran parte de su relación en el barrio Modelia. Alba
Inés solo conoció a Alicia María Páez Córdoba el día del fallecimiento de su
hermano y desconocía la existencia de otros hijos que pudiera haber tenido Jaime
con Ana Francisca Yáñez de Cifuentes, así como cualquier otra relación de él con
personas distintas de «Ana».
32.26.5. Clímaco Muñoz Cifuentes residía en Santiago de Cali. Era médico de
profesión, especialista en pediatría y subespecialista en cuidado intensivo
pediátrico, y se desempeñaba laboralmente en la Clínica Imbanaco. Era sobrino de
Jaime Cifuentes González, en cuanto era hijo de su hermana.
32.26.6. A pesar de residir en ciudades distintas [Clímaco en Santiago de Cali y su tío
en Bogotá] mantenían un contacto frecuente y se visitaban de manera constante.
Conocía que su tío, quien se desempeñó como policía, sostuvo una relación con
Ana Francisca Yáñez de Cifuentes, con quien contrajo matrimonio y procreó hijos.
32.26.7. Su tío estuvo muy enfermo antes de su fallecimiento y tuvo la oportunidad de
visitarlo en 2 ocasiones, aproximadamente 5 y 2 meses antes de su deceso, en su
residencia familiar ubicada en el barrio Modelia de Bogotá, en donde estaba con su
esposa «Ana» y con algunos de sus hijos. En esas oportunidades, también se
encontraba acompañado por una «religiosa» que lo ayudó durante su enfermedad.
32.26.8. No tenía conocimiento de que su tío hubiera tenido hijos distintos de los
procreados con Ana Francisca Yáñez de Cifuentes, ni de que hubiera sostenido otra
relación sentimental.
32.26.9. «Jaime» trabajó durante algunos años en Santiago de Cali, período en el cual
compartieron de manera frecuente y durante el cual no le conoció pareja distinta de
«Ana». Indicó que la relación se mantuvo de forma continua, sin constancia de
divorcio, separación de hecho o de bienes.
Francisca» siempre se dedicó al cuidado del hogar y dependía
32.26.10. «Ana
económicamente de «Jaime».
Respecto de Mariela Alarcón
32.27. Según los registros civiles de nacimiento 7294331 de la Notaría 29 de Bogotá,
3070789 de la Notaría 3 de Cúcuta y 564399 de la Notaría 4 de Bogotá49, Claudia
Viviana Cifuentes Alarcón nació el 2 de diciembre de 1982, Silvana Cifuentes
Alarcón el 15 de noviembre de 1967 y Luis Jaime Cifuentes Alarcón el 20 de agosto
de 1962, y sus padres eran Mariela Alarcón y Jaime Cifuentes González.
32.28. El 6 de enero de 1960, Jaime Cifuentes González declaró ante la Notaría 1 del
49 Folios 5 vuelto, 6 vuelto y 7 del cuaderno 2.
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Círculo de Ocaña que el 5 de enero de 1960, a las 3:30 p. m., nació en ese
municipio, en una casa ubicada en [dirección ilegible], un niño de sexo masculino a
quien se le dio el nombre de Asdrúbal, reconocido como su hijo legítimo y de Mariela
Alarcón50.
32.29. El
24 de agosto de 1963, Jaime Cifuentes González declaró ante la
Registraduría Civil del municipio de Chaparral que el 18 de agosto de 1963, a las
6:00 p.m., nació en una casa de habitación ubicada en ese municipio un niño de
sexo masculino, a quien se le impuso el nombre de Mario Fernando, reconocido
como hijo legítimo de Jaime Cifuentes González y de Mariela Alarcón 51.
32.30. Mediante la declaración juramentada extra proceso 7411 del 4 de octubre de
201252, rendida ante la Notaría 61 del Círculo de Bogotá, Mariela Alarcón indicó lo
siguiente:
«PRIMERO: DECLARO QUE CONVIVÍ Y COMPARTÍ TECHO, LECHO Y MESA
CON MI COMPAÑERO, EL SEÑOR JAIME CIFUENTES GONZALEZ (Q.E.P.D.)
IDENTIFICADO EN VIDA CON C.C. № 135.956 DE BOGOTA DESDE EL DÍA DE
NUESTRA UNION EL DÍA 07 DE FEBRERO DE 1958 HASTA EL DÍA DE SU
FALLECIMIENTO EL DÍA EL DÍA 31 DE MAYO DE 2012.
SEGUNDO: DE DICHA UNION EXISTEN CINCO (5) HIJOS DE NOMBRES
ASDRUBAL CIFUENTES ALARCON, LUIS JAIME CIFUENTES ALARCON,
MARIO FERNANDO CIFUENTES ALARCON, SILVANA CIFUENTES
ALARCON Y CLAUDIA VIVIANA CIFUENTES ALARCON, QUIENES EN LA
ACTUALIDAD SON MAYORES DE EDAD, [...].
TERCERO: MANIFIESTO QUE NO SOY PENSIONADA Y DEPENDÍA
ECONÓMICAMENTE DE MI COMPAÑERO, EL SEÑOR JAIME CIFUENTES
GONZALEZ Y QUE SOY LA ÚNICA PERSONA CON DERECHO A RECLAMAR
LA SUSTITUCIÓN [...] EN MI CONDICIÓN DE ÚNICA Y LEGÍTIMA COMPAÑERA
Y DESCONOZCO LA EXISTENCIA DE OTRAS PERSONAS CON IGUAL O
MAYOR DERECHO A RECLAMAR» [sic].
32.31. A través de declaración juramentada para fines extra procesal 7410 del 4 de
octubre de 201253, rendida ante la Notaría 61 del Círculo de Bogotá, Yaneth Patricia
Orjuela Gómez manifestó lo siguiente:
«PRIMERO: DECLARO QUE CONOZCO DE VISTA TRATO Y
COMUNICACIÓN DESDE HACE 21 AÑOS A LA SEÑORA ALARCON
MARIELA […] Y POR DICHO CONOCIMIENTO SE Y ME CONSTA QUE
CONVIVIÓ Y COMPARTIÓ TECHO, LECHO Y MESA CON SU COMPAÑERO,
EL SEÑOR JAIME CIFUENTES GONZALEZ (Q.E.P.D.) […] DESDE EL DÍA DE
SU UNION EL 07 DE FEBRERO DE 1958 HASTA EL DÍA DEL FALLECIMIENTO
DEL SEÑOR JAIME CIFUENTES GONZALEZ, EL DÍA 31 DE MAYO DE 2012.
SEGUNDO: ME CONSTA QUE DE DICHA UNION EXISTEN CINCO (5) HIJOS
DE NOMBRES ASDRUBAL CIFUENTES ALARCON, LUIS JAIME
CIFUENTES ALARCON, MARIO FERNANDO CIFUENTES ALARCON,
SILVANA CIFUENTES ALARCON Y CLAUDIA VIVIANA CIFUENTES
50 Folio 6A del cuaderno 2.
51 Folio 6A vuelto del cuaderno 2.
52 Samai Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, índice 50, actuación «Expediente digital»,
documento «17_ED_EXPEDIENTE_2016513(.zip) NroActua 50», carpeta «2016-513», «archivo
EXPEDIENTE 2016-513», folio 34.
53 Samai Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, índice 50, actuación «Expediente digital»,
documento «17_ED_EXPEDIENTE_2016513(.zip) NroActua 50», carpeta «2016-513», «archivo
EXPEDIENTE 2016-513», folio 37.
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ALARCON, QUIENES EN LA ACTUALIDAD SON MAYORES DE EDAD.
TERCERO: ME CONSTA QUE LA SEÑORA ALARCON MARIELA DEPENDÍA
ECONÓMICAMENTE DE SU COMPAÑERO, EL SENOR JAIME CIFUENTES
GONZALEZ Y QUE ELLA ES LA ÚNICA PERSONA CON DERECHO A
RECLAMAR LA SUSTITUCIÓN PENSIONAL EN SU CONDICIÓN DE ÚNICA Y
LEGÍTIMA COMPAÑERA DE DON JAIME CIFUENTES GONZALEZ YA QUE
DESCONOZCO LA EXISTENCIA DE OTRAS PERSONAS CON IGUAL O
MAYOR DERECHO A RECLAMAR» [sic].
32.32. Mediante declaración juramentada con fines extraprocesales del 31 de julio de
201254, rendida ante la Notaría 53 del Círculo de Bogotá, Carlos Alberto Castellanos
Sánchez sostuvo lo siguiente:
«Que conocí de vista trato y comunicación desde hace OCHO (08) años, a el(la)
señor(a) JAIME CIFUENTES GONZÁLEZ quien falleció el treinta y uno (31) de
mayo de dos mil doce (2012) […], y por el conocimiento que de él(ella) tuve me
consta que vivía en UNION MARITAL DE HECHO durante CINCUENTA Y TRES
(53) años desde el nueve (09) de febrero de mil novecientos cincuenta y ocho
(1958) con el(la) señor(a): MARIELA ALARCON, [...] en su unión existen CINCO
(5) hijos de nombres: ASDRUBAL CINFUENTES ALARCON, LUIS JAIME
CIFUENTES ALARCON, MARIO FERNANDO CIFUENTES ALARCON, SILVANA
CIFUENTES ALARCON Y CLAUDIA VIVIANA CIFUENTES ALARCON, mayores
de edad, actualmente vivo. Así mismo declaro que no tengo conocimiento de otros
hijos ni adoptivos, ni legítimos, ni extramatrimoniales, ni reconocidos, ni por
reconocer, ni de personas con igual o mejor derecho que el que a MARIELA le
asiste en calidad de compañero(a) permanente.- Igualmente manifiesto que
MARIELA convivió con JAIME, bajo el mismo techo y de forma permanente e
ininterrumpida durante cincuenta y tres (53) años desde el nueve (09) de febrero
de mil novecientos cincuenta y ocho (1958) compartiendo techo, lecho y mesa
hasta el momento del fallecimiento de JAIME CIFUENTES GONZALEZ
Igualmente manifiesto que la señora MARIELA dependía económicamente de su
compañero permanente el señor JAIME CIFUENTES ALARCON para todos los
gastos de manutención». [sic].
2.6. Análisis sustancial del caso concreto
33. En el presente asunto, el a quo accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda y, en consecuencia, declaró la nulidad de los actos administrativos
expedidos por Casur, ordenó el reconocimiento y pago de «la pensión de
sobrevivientes respecto de la asignación de retiro reconocida al causante Jaime Cifuentes
González» a favor de Alicia María Páez Córdoba, Ana Francisca Yáñez y Mariela
Alarcón, en los porcentajes y períodos correspondientes y autorizó descontar a las
2 primeras las sumas reconocidas mediante la Resolución 6122 de 2014.
34. Lo anterior, toda vez que se encontraba acreditado que Casur le reconoció a
Jaime Cifuentes González la asignación de retiro mediante la Resolución 0028 de
1977, que este falleció el 31 de mayo de 2012 y que existían una sociedad conyugal
vigente con Ana Francisca Yáñez y 2 uniones maritales de hecho con Alicia María
Páez Córdoba y Mariela Alarcón, todas con convivencia simultánea y estable.
35. En consecuencia, resultaba procedente el reconocimiento de la prestación a
favor de las 3, en proporción al tiempo de convivencia acreditado: 29% para Alicia
54 Samai Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, índice 50,
actuación «Expediente digital»,
documento «17_ED_EXPEDIENTE_2016513(.zip) NroActua 50», carpeta «2016-513», «archivo
EXPEDIENTE 2016-513», folio 40.
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María Páez Córdoba, 35% para Ana Francisca Yáñez y 36% para Mariela Alarcón,
sin que operara la prescripción. Fallecida la primera el 9 de febrero de 2017, su
participación se acrecentó en 14% para la segunda y en 15% para la tercera, de
manera que la prestación se redistribuyó en 49% y 51%, respectivamente.
36. Inconforme con lo anterior, Ana Francisca Yáñez de Cifuentes apeló la decisión
de primera instancia, al considerar que debía revocarse parcialmente para acceder
a la totalidad de las pretensiones de su demanda y denegar las súplicas de Mariela
Alarcón por falta de acreditación de los requisitos legales, sin perjuicio de que, pese
al fallecimiento de Alicia María Páez Córdoba, resultara necesario examinar su
situación jurídica, en tanto existió un reconocimiento prestacional a su favor con
efectos patrimoniales.
37. Así las cosas, con fundamento en lo expuesto, la controversia en este proceso
gira en torno a establecer si Ana Francisca Yáñez de Cifuentes tiene derecho al
reconocimiento exclusivo de la sustitución de la asignación de retiro del causante
Jaime Cifuentes González, o si, por el contrario, se encontraba jurídicamente
justificado el reconocimiento y la redistribución de dicha prestación en los términos
definidos en la sentencia de primera instancia.
Respecto de Alicia María Páez Córdoba
38. Mediante escritura pública 1692 del 2 de junio de 2011, otorgada ante la Notaría
19 de Bogotá, se declaró la existencia de una unión marital de hecho entre Alicia
María Páez Córdoba y Jaime Cifuentes González. En dicho instrumento se dejó
constancia de que convivían desde el 5 de mayo de 1969, de manera permanente,
singular, continua y estable, por un término aproximado de 42 años, y que de dicha
relación procrearon 2 hijos: Caroline Catherine y Diego Mauricio Cifuentes Páez.
Asimismo, se indicó que el causante había contraído matrimonio con Ana Francisca
Yáñez en 1960, mientras que Alicia María Páez Córdoba no había celebrado vínculo
matrimonial alguno con otra persona.
39. La filiación de los hijos comunes quedó corroborada con los registros civiles de
nacimiento expedidos por las notarías 1 y 13 del Círculo de Bogotá, los cuales
acreditan que Caroline Catherine Cifuentes Páez nació el 29 de enero de 1975 y
Diego Mauricio Cifuentes Páez el 10 de noviembre de 1978, ambos como hijos de
Alicia María Páez Córdoba y Jaime Cifuentes González.
40. De igual forma, la certificación expedida el 22 de febrero de 2012 por la
administradora de la Agrupación de Vivienda Bosque de Modelia da cuenta de que
Alicia María Páez Córdoba y Jaime Cifuentes González residían como familia desde
hacía más de 14 años, con presencia activa y reconocida en la comunidad, lo que
refuerza la acreditación de una convivencia pública, estable y socialmente
reconocida.
41. Con posterioridad al fallecimiento del causante, ocurrido el 31 de mayo de 2012,
conforme con el registro civil de defunción correspondiente, el 19 de julio de 2012,
Alicia María Páez Córdoba le solicitó a Casur el reconocimiento de la sustitución de
la asignación de retiro en su calidad de compañera permanente. Si bien la entidad
suspendió el trámite mediante la Resolución 6297 de 2012, lo cierto es que dicha
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decisión obedeció a la existencia de una controversia entre reclamantes y a la falta
de competencia administrativa para dirimirla, mas no a la inexistencia del vínculo
alegado.
42. En efecto, los oficios posteriores expedidos por Casur reconocieron
expresamente la existencia de la unión marital de hecho declarada en escritura
pública y reiteró que la controversia debía resolverse en sede judicial, en
consideración de la coexistencia de reclamaciones formuladas tanto por la cónyuge
supérstite como por la compañera permanente.
43. La convivencia efectiva, ininterrumpida y prolongada también fue ratificada
mediante declaraciones juramentadas extra proceso, en las que testigos señalaron
que Alicia María Páez Córdoba convivió con el causante bajo igual techo,
compartieron lecho, mesa y vida familiar durante más de 4 décadas, hasta el
momento de su fallecimiento, con dependencia económica y reconocimiento social
del vínculo. Dichos testimonios dan cuenta, además, de que el causante asumía
responsabilidades económicas frente a su compañera, sus hijos y sus nietos.
44. Este acervo probatorio se complementa con registros fotográficos
correspondientes a distintas etapas de la vida familiar, que muestran al causante
junto a Alicia María Páez Córdoba y otros miembros de la familia en eventos sociales
y familiares, lo que refuerza la existencia de una relación pública, estable y
permanente.
45. Valga indicar, que la sentencia T-112 de 2014 de la Corte Constitucional amparó
de manera transitoria los derechos fundamentales de Alicia María Páez Córdoba al
mínimo vital y a recibir la sustitución de la asignación de retiro de forma provisional,
el 50% de la prestación a su favor, hasta tanto la autoridad judicial competente
decidiera de fondo la controversia. Este pronunciamiento constituye un
reconocimiento judicial relevante de su situación jurídica y de la seriedad de su
reclamación.
46. En consecuencia, del conjunto de las pruebas obrantes en el expediente se
encuentra plenamente acreditada la condición de compañera permanente de Alicia
María Páez Córdoba respecto del causante Jaime Cifuentes González, así como
una convivencia real, continua, estable y prolongada, con vocación de permanencia
hasta el fallecimiento de este último, lo que justifica el reconocimiento de la
sustitución de la asignación de retiro a su favor y la producción de efectos
patrimoniales derivados de dicho derecho.
Respecto de Ana Francisca Yáñez de Cifuentes
47. De conformidad con el registro civil de matrimonio 579 de la Registraduría de
Madrid [Cundinamarca], Ana Francisca Yáñez de Cifuentes y Jaime Cifuentes
González contrajeron matrimonio «católico» el 14 de febrero de 1960, vínculo que
se mantuvo vigente hasta el fallecimiento del causante.
48. La existencia de dicha relación conyugal se ve corroborada con los registros
civiles de nacimiento expedidos por distintas notarías del país, de los cuales se
desprende que de la unión matrimonial nacieron 5 hijos: Laura Esther de Mongui
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Cifuentes Yáñez (19 de noviembre de 1960), Luis Daniel Cifuentes Yáñez (11 de
octubre de 1961), Juan Carlos Cifuentes Yáñez (4 de enero de 1964), Gustavo
Enrique Cifuentes Yáñez (27 de enero de 1971) y Jaime Cifuentes Yáñez (31 de
enero de 1975), todos reconocidos como hijos de Ana Francisca Yáñez de Cifuentes
y Jaime Cifuentes González.
49. Obra en el expediente el recibo de pago del 5 de junio de 2012, mediante el cual
Ana Francisca Yáñez de Cifuentes pagó la suma de $1.330.000 por servicios
nocturnos de enfermería prestados entre el 13 y el 31 de mayo de 2012 para el
cuidado y monitoreo de su esposo, lo que da cuenta de su acompañamiento directo
y asistencia durante la etapa final de la vida del causante.
50. El registro civil de defunción, con indicativo serial 07332755, acredita que Jaime
Cifuentes González falleció el 31 de mayo de 2012 en la ciudad de Bogotá. Con
posterioridad a ello, Ana Francisca Yáñez de Cifuentes rindió declaración
juramentada extra proceso el 25 de junio de 2012 ante la Notaría 64 del Círculo de
Bogotá, en la cual manifestó, bajo la gravedad del juramento, que convivió con el
causante de manera permanente, continua e ininterrumpida durante 52 años y
compartieron techo, lecho y mesa desde la celebración del matrimonio hasta el
momento de su muerte, con sociedad conyugal vigente, dependencia económica y
residencia común en Bogotá desde el año 1970.
51. Estas afirmaciones fueron corroboradas por terceros mediante declaraciones
juramentadas rendidas por María Gladys Camacho de Erazo y Clara Eugenia
Villegas Jaramillo, quienes señalaron conocer a la pareja desde hacía varias
décadas y confirmaron la convivencia marital ininterrumpida, la dependencia
económica de Ana Francisca Yáñez de Cifuentes y la inexistencia de una
separación de hecho entre los cónyuges.
52. De igual manera, reposan en el expediente declaraciones juramentadas rendidas
en Santiago de Cali por Jaime Millán Cifuentes y Alba Inés Cifuentes Millán, así
como por Clímaco Muñoz Cifuentes, quienes coincidieron en afirmar que el
causante convivió con su esposa durante más de 5 décadas, que esta dependía
económicamente de él y que asumía las labores propias del hogar, sin percibir
ingresos ni pensión de ninguna entidad.
53. Estematerial testimonial se ve reforzado con registros fotográficos que
documentan distintas etapas de la vida familiar y social del causante junto a Ana
Francisca Yáñez de Cifuentes y sus hijos, en eventos como bodas, graduaciones y
reuniones familiares, lo cual evidencia una relación pública y socialmente
reconocida.
54. Desde el punto de vista administrativo, mediante la Resolución 6297 del 22 de
agosto de 2012, Casur suspendió el trámite de sustitución de la asignación de retiro
solicitado tanto por Ana Francisca Yáñez de Cifuentes como por Alicia María Páez
Córdoba, decisión que fue recurrida por la primera. No obstante, el recurso de
reposición fue resuelto desfavorablemente a través de la Resolución 17761 del 20
de octubre de 2012, al considerar la entidad que existía una controversia que debía
dirimirse en sede judicial.
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55. Adicionalmente, el Oficio S-2012-019450-JEFAT-SECSA-22 del 22 de diciembre
de 2012 certificó que Ana Francisca Yáñez de Cifuentes figuraba afiliada al
Subsistema de Sanidad de la Policía Nacional en calidad de cónyuge desde el año
2004 y que, tras el fallecimiento del titular, no se había registrado aún sustituto
pensional alguno.
56. A su vez, mediante la sentencia T-112 de 2014, la Corte Constitucional amparó
de manera transitoria los derechos fundamentales al mínimo vital y a la sustitución
de la asignación mensual de retiro y ordenó a Casur reconocer y pagar
provisionalmente el 50% de la prestación a favor de Ana Francisca Yáñez de
Cifuentes, en su condición de cónyuge supérstite, hasta tanto la autoridad judicial
competente resolviera de fondo la controversia suscitada entre las reclamantes.
57. En la audiencia de pruebas celebrada el 16 de marzo de 2017 se recibieron los
testimonios de Alba Inés Cifuentes de Millán y Clímaco Muñoz Cifuentes, solicitados
por la litisconsorte ad excludendum Ana Francisca Yáñez de Cifuentes, quienes
rindieron declaración sobre las circunstancias de convivencia del causante.
58. Alba Inés Cifuentes de Millán, hermana de Jaime Cifuentes González, manifestó
que, pese a residir en la ciudad de Santiago de Cali, mantuvo comunicación
permanente con su hermano y encuentros frecuentes debido a los viajes habituales
entre Cali y Bogotá. Conoció desde su etapa de bachillerato la relación de aquel con
Ana Francisca Yáñez de Cifuentes, con quien posteriormente contrajo matrimonio y
procreó hijos.
59. Señaló que la pareja nunca se separó ni se divorció y que durante el último año
de vida del causante, marcado por una grave enfermedad, fue su esposa quien lo
acompañó de manera constante, mientras él se encontraba jubilado y ella se
dedicaba a las labores del hogar. Añadió que ambos residieron por largo tiempo en
Bogotá y que solo tuvo conocimiento de la existencia de Alicia María Páez Córdoba
el día del fallecimiento de su hermano y desconocía cualquier otra relación
sentimental distinta de la sostenida con su esposa.
60. Por su parte, Clímaco Muñoz Cifuentes, sobrino del causante, señaló que,
aunque residía en Santiago de Cali, mantenía un contacto frecuente con su tío y lo
visitaba de manera regular. Conocía la relación matrimonial de Jaime Cifuentes
González con Ana Francisca Yáñez de Cifuentes, de la cual nacieron varios hijos.
Visitó a su tío en 2 oportunidades durante los meses previos a su fallecimiento, en
la residencia familiar ubicada en Bogotá, donde este se encontraba acompañado
por su esposa y algunos de sus hijos, así como por una persona «religiosa» que
colaboraba en su cuidado durante la enfermedad.
61. No tuvo conocimiento de la existencia de hijos ni de relaciones sentimentales
distintas de las mantenidas con Ana Francisca Yáñez de Cifuentes, incluso durante
el período en que el causante trabajó en la ciudad de Cali, y precisó que la relación
matrimonial se desarrolló de manera continua, sin constancia de divorcio,
separación de hecho o de bienes. Finalmente, afirmó que Ana Francisca Yáñez de
Cifuentes se dedicó de forma exclusiva al cuidado del hogar y dependía
económicamente del causante.
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62. En consecuencia, del material probatorio se encuentra acreditada la existencia
de un vínculo matrimonial válido y vigente, una convivencia efectiva, continua y
prolongada hasta el fallecimiento del causante, así como la dependencia económica
de Ana Francisca Yáñez de Cifuentes respecto de Jaime Cifuentes González,
elementos que resultan relevantes para el análisis del derecho a la sustitución de la
asignación de retiro pretendida y su eventual distribución conforme con el marco
normativo y jurisprudencial aplicable.
Respecto de Mariela Alarcón
63. En el expediente se encuentran varios registros civiles de nacimiento que dan
cuenta de la relación entre Jaime Cifuentes González y Mariela Alarcón. En efecto,
según los registros civiles expedidos por las notarías correspondientes, Asdrúbal,
Luis Jaime, Mario Fernando, Silvana y Claudia Viviana Cifuentes Alarcón nacieron
entre los años 1960 y 1982, y fueron reconocidos como hijos de ambos, lo cual
acredita la existencia de una relación familiar prolongada.
64. Adicionalmente, mediante declaración juramentada extraprocesal rendida el 4 de
octubre de 2012 ante la Notaría 61 del Círculo de Bogotá, Mariela Alarcón manifestó
que convivió con el causante desde el 7 de febrero de 1958 hasta la fecha de su
fallecimiento y compartieron techo, lecho y mesa, y que de esa unión nacieron sus
hijos. Señaló, además, que no era pensionada y que dependía económicamente de
Jaime Cifuentes González.
65. En igual sentido, Yaneth Patricia Orjuela Gómez, en declaración juramentada
extraprocesal rendida ante dicha notaría, afirmó conocer a Mariela Alarcón desde
hacía más de 20 años y le constaba que esta convivió de manera permanente con
el causante desde 1958 hasta su muerte, que de dicha unión nacieron sus hijos y
que dependía económicamente de él.
66. Por su parte, Carlos Alberto Castellanos Sánchez, en declaración juramentada
extraprocesal rendida el 31 de julio de 2012 ante la Notaría 53 del Círculo de Bogotá,
sostuvo que conoció a Jaime Cifuentes González durante varios años y le constaba
que sostuvo una unión marital de hecho prolongada, permanente e ininterrumpida
con Mariela Alarcón por más de 5 décadas, en la que compartieron techo, lecho y
mesa hasta el fallecimiento del causante, así como la existencia de hijos comunes
y la dependencia económica de esta respecto de su compañero permanente.
67. De lo anterior, se desprende que Mariela Alarcón acreditó una relación de
convivencia prolongada, estable y con vocación de permanencia con Jaime
Cifuentes González, así como la existencia de un núcleo familiar con hijos comunes
y dependencia económica, circunstancias que, al igual que ocurre respecto de las
demás reclamantes, deben ser valoradas de manera conjunta y no aislada, en
atención a la coexistencia de varios vínculos familiares relevantes durante la vida
del causante. Así pues, el acervo probatorio del expediente pone de presente la
existencia simultánea de una sociedad conyugal vigente y de uniones maritales de
hecho estables, circunstancia que resulta determinante para el análisis jurídico del
derecho a la sustitución de la asignación de retiro y su eventual distribución.
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68. De lo expuesto, se advierte que se encuentra plenamente acreditada la
existencia de una sociedad conyugal vigente entre el causante y Ana Francisca
Yáñez de Cifuentes, así como la concurrencia de 2 uniones maritales de hecho
estables y prolongadas con Alicia María Páez Córdoba y Mariela Alarcón, todas
ellas con convivencia efectiva, reconocimiento social y dependencia económica,
aunque desarrolladas de manera simultánea durante distintos períodos de tiempo.
69. Este escenario fáctico, debidamente acreditado en el proceso, descarta la
posibilidad de abordar el caso desde un esquema de exclusión automática entre las
reclamantes y plantea la necesidad de examinar el alcance del derecho a la
sustitución de la asignación de retiro cuando confluyen, de forma concurrente, una
cónyuge supérstite y compañeras permanentes con vínculos reales y prolongados
con el causante.
70. El derecho a la sustitución de la asignación de retiro en el régimen especial de la
Fuerza Pública se rige, entre otras disposiciones, por el Decreto 4433 de 2004 y las
normas que regulan el reconocimiento de prestaciones a los beneficiarios del
causante, en armonía con los principios constitucionales de igualdad, solidaridad y
protección a la familia en sus diversas formas.
71. De acuerdo con dicho marco normativo, la condición de beneficiario no se define
exclusivamente por la existencia de un vínculo formal, sino por la acreditación de
una convivencia real, estable y con vocación de permanencia, así como por la
dependencia económica respecto del causante, elementos que deben ser
apreciados de manera integral en cada caso concreto.
72. La jurisprudencia constitucional ha precisado que el derecho a la sustitución
pensional no puede ser interpretado desde una noción restrictiva o meramente
formal de familia, circunscrita exclusivamente al vínculo matrimonial, sino que debe
atender a las realidades sociales y afectivas efectivamente acreditadas en cada
caso concreto, en consonancia con el principio de protección integral de la familia
en sus diversas manifestaciones [Corte Constitucional, sentencia C-1035 de 2008].
73. En ese sentido, la Corte Constitucional ha sostenido que, cuando concurren una
cónyuge supérstite y una o más compañeras permanentes que demuestran
convivencia efectiva, estable y simultánea con el causante, no resulta jurídicamente
admisible negar de plano el derecho de estas últimas ni otorgar una prevalencia
automática al vínculo matrimonial, sino que corresponde analizar, en cada caso, las
circunstancias particulares de cada relación, tales como su duración, estabilidad e
intensidad, a fin de adoptar una decisión acorde con los principios de igualdad y
justicia material [Corte Constitucional, sentencia C-1035 de 2008].
74. Bajo ese entendimiento, la jurisprudencia constitucional ha admitido que, en los
eventos de convivencia simultánea debidamente probada, la distribución
proporcional de la prestación pensional entre quienes acreditan convivencia con el
causante, en atención al tiempo efectivamente compartido, constituye un
mecanismo idóneo para materializar los principios de igualdad y justicia material y
evitar soluciones excluyentes que desconozcan realidades familiares consolidadas,
criterio que ha sido reiterado en sede de tutela [Corte Constitucional, sentencias C-
1035 de 2008 y SU-337 de 2017].
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75. En aplicación de los anteriores criterios al caso concreto, se observa que ninguna
de las reclamantes puede ser considerada una figura meramente ocasional o
secundaria en la vida del causante, pues todas acreditaron vínculos estables,
prolongados y socialmente reconocidos, así como dependencia económica
respecto de aquel.
76. En ese contexto, a partir de la valoración integral del acervo probatorio, la Sala
advierte que el ejercicio de distribución efectuado por el a quo se sustentó en
criterios objetivos y verificables, en particular, en el tiempo efectivo de convivencia
acreditado por cada una de las reclamantes, la existencia de hijos comunes y la
convivencia durante los últimos 5 años de vida del causante. Con fundamento en
dichos elementos, la prestación se distribuyó de manera proporcional, de modo que
reflejó razonablemente la duración, estabilidad e intensidad de los vínculos
familiares concurrentes.
77. En efecto, se encuentra acreditado que (i) Alicia María Páez Córdoba convivió
con el causante por un lapso aproximado de 43 años, tuvo 2 hijos comunes y
mantuvo convivencia hasta el fallecimiento de aquel, lo que justificó la asignación
del 29% de la prestación; (ii) Ana Francisca Yáñez de Cifuentes acreditó una
convivencia marital aproximada de 52 años, con 5 hijos comunes y convivencia
efectiva hasta el deceso, lo que dio lugar al reconocimiento del 35%; y (iii) Mariela
Alarcón demostró una convivencia prolongada cercana a 54 años, igualmente con
hijos y convivencia en los últimos años de vida del causante, lo que fundamentó la
asignación del 36% de la sustitución.
78. La sumatoria de los tiempos de convivencia acreditados y su traducción
proporcional en los porcentajes asignados permitió arribar a una solución razonable
y equitativa, que refleja adecuadamente la duración, estabilidad e intensidad de
cada uno de los vínculos familiares concurrentes, sin desconocer la coexistencia
real de estos ni privilegiar de manera automática un vínculo formal sobre otros
igualmente consolidados.
79. En tal sentido, la metodología empleada por el a quo materializa los principios de
igualdad, justicia material y protección de la familia en sus diversas formas, al evitar
soluciones excluyentes y fundar la distribución en hechos plenamente probados.
Por consiguiente, no se advierte error en el cálculo del tiempo de convivencia ni en
la determinación de los porcentajes de participación asignados.
80. Asimismo, era procedente el reconocimiento de los efectos patrimoniales del
derecho causado a favor de Alicia María Páez Córdoba hasta la fecha de su
fallecimiento, en tanto las mesadas pensionales devengadas ingresaron a su masa
herencial, sin que dicho reconocimiento resulte incompatible con la posterior
redistribución de la prestación entre las beneficiarias sobrevivientes. En efecto, la
jurisprudencia de esta corporación ha precisado que el fallecimiento del beneficiario
extingue el derecho hacia el futuro, mas no los efectos patrimoniales ya causados,
los cuales se consolidan en cabeza de su sucesión, criterio reiterado, entre otras,
en la sentencia del 24 de agosto de 201755.
55Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 24 de agosto de 2017,
expediente: 25000-23-42-000-2103-00823-01(0717-2014), M.P. William Hernández Gómez.
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81. Ahora bien, con la muerte de Alicia María Páez Córdoba se extinguió su derecho
a la sustitución de la asignación de retiro aquí reconocida, circunstancia que, en
principio, habilita el acrecimiento de la prestación a favor de las demás beneficiarias
sobrevivientes.
82. Si bien el Decreto 4433 de 2004 no reguló expresamente el acrecimiento de la
sustitución pensional en los eventos de concurrencia entre la cónyuge supérstite y
la compañera permanente, dicha omisión normativa no impide acudir a las reglas
generales del sistema pensional cuando ello resulte necesario para garantizar una
solución acorde con los principios constitucionales.
83. En efecto, en aplicación del principio de favorabilidad y bajo criterios de justicia
material y equidad, resulta procedente aplicar el parágrafo 1 del artículo 8 del
Decreto 1889 de 1994, norma que prevé que, cuando se extingue el derecho de uno
de los beneficiarios, su cuota parte acrece a favor de los beneficiarios del mismo
orden, criterio que esta corporación ha acogido en casos análogos56.
84. En ese sentido, extinguida la titularidad de Alicia María Páez Córdoba por su
fallecimiento, su porcentaje debía redistribuirse entre las beneficiarias
sobrevivientes del mismo orden, esto es, Ana Francisca Yáñez de Cifuentes y
Mariela Alarcón, en proporción a los derechos previamente reconocidos.
85. Por consiguiente, la solución adoptada por el a quo, consistente en reconocer la
prestación de manera proporcional al tiempo de convivencia acreditado y disponer
su redistribución tras el fallecimiento de una de las beneficiarias, se ajusta
plenamente al marco normativo y jurisprudencial aplicable, sin que resulte
jurídicamente viable una interpretación que conduzca al reconocimiento exclusivo
del derecho en cabeza de una sola reclamante.
86. Ahora, en cuanto a la eventual prescripción de las mesadas pensionales, la Sala
observa que el fallecimiento del causante ocurrió el 31 de mayo de 2012 y que todas
las reclamantes acudieron oportunamente tanto a la vía administrativa como a la
judicial.
87. En efecto, Alicia María Páez Córdoba presentó petición el 19 de julio de 2012 y
demanda el 16 de abril de 2013; Ana Francisca Yáñez de Cifuentes formuló
reclamación administrativa el 26 de junio de 2012 y promovió demanda el 2 de julio
de 2014, la cual fue retirada al vincularse al proceso radicado 2013-01092-00; y
Mariela Alarcón radicó petición el 6 de diciembre de 2012 y presentó demanda el 13
de agosto de 2015, radicada bajo el número 2016-00513-00.
88. En consecuencia, ninguna de las interesadas dejó transcurrir el término de 3
años previsto en el Decreto 3135 de 1968 entre el deceso del causante y la
reclamación administrativa ni hasta la interposición de los respectivos medios de
control, razón por la cual no operó la prescripción de las mesadas reclamadas
56Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 24 de agosto de 2017,
expediente: 25000-23-42-000-2103-00823-01(0717-2014), M.P. William Hernández Gómez.
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Radicado: 76001-23-33-000-2013-01092-01 (6096-2023)
Demandantes: Alicia María Páez Córdoba y otra
89. Así las cosas, se confirmará la sentencia proferida el 11 de agosto de 2023 por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
2.4. Costas
90. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
3. Conclusión
91. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que en el presente asunto se
acreditó la coexistencia real y simultánea de una sociedad conyugal vigente y de
dos uniones maritales de hecho estables y prolongadas entre el causante y sus
reclamantes, todas ellas con convivencia efectiva, reconocimiento social y
dependencia económica.
92. En ese contexto, resultó jurídicamente procedente el reconocimiento de la
sustitución de la asignación de retiro de manera proporcional al tiempo de
convivencia demostrado por cada una de las reclamantes, así como el
reconocimiento de los efectos patrimoniales causados a favor de Alicia María Páez
Córdoba hasta la fecha de su fallecimiento y, a partir de ese momento, la
redistribución de su porcentaje entre las beneficiarias sobrevivientes, en aplicación
del principio de favorabilidad y de la regla general de acrecimiento prevista en el
parágrafo 1° del artículo 8 del Decreto 1889 de 1994.
93. De igual forma, se estableció que no operó la prescripción de las mesadas
pensionales, dado que las reclamaciones administrativas y los medios de control
fueron promovidos dentro del término legal.
94. En ese orden de ideas, se confirmará la sentencia proferida el 11 de agosto de
2023 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 11 de agosto de 2023 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca que accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda en el proceso promovido por Alicia María Páez Córdoba y Mariela
Alarcón, en el que fue vinculada Ana Francisca Yáñez de Cifuentes como
litisconsorte ad excludendum, por las razones expuestas en esta decisión.
Segundo. No condenar en costas en esta instancia.
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Demandantes: Alicia María Páez Córdoba y otra
Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclara voto
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
LAVM
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