Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2013-01094-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 76001-23-33-000-2013-01094-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2013-01094-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2013-01094-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
8 de febrero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D.C., ocho (08) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2013-01094-01 (5307-2022)
Demandante: Humberto Lenis Jiménez
Demandada: Policía Nacional
Tema: Sanción de destitución e inhabilidad general de 12 años a
policía que omitió indagar por procedencia de res en canal, que
era transportada en un vehículo no apto para ello
Sentencia de segunda instancia
Asunto
La Sala, en ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, decide el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia del 19 de mayo de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo de Valle del Cauca que negó las pretensiones de la demanda.
I.- Antecedentes
1.- Demanda
1.1.- Pretensiones
1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho1,
Humberto Lenis Jiménez demandó la nulidad de los actos administrativos
disciplinarios de primera y segunda instancia: (i) del 23 de agosto de 2012
proferido por la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento de
Policía del Valle, mediante el cual se le impuso sanción de destitución e
inhabilidad general por el término de 18 años, (ii) del 18 de diciembre de 2012
emitida por la Inspección Delegada 4 de la Policía, por medio del cual se modificó
parcialmente la sanción aplicada en primera instancia, porque se disminuyó la
inhabilidad general a 12 años.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se condenara a la Policía
Nacional: (i) a reintegrarlo al servicio activo, sin solución de continuidad, al cargo
que venía desempeñando y al grado que le corresponda conforme con su curso
de promoción; (ii) a pagarle los salarios, prestaciones y demás emolumentos
dejados de percibir; y (iii) a reconocerle una indemnización de 100 salarios
1 Señalado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA.
Demandante: Humberto Lenis Jiménez
Radicado: 76001-23-33-000-2013-01094-01 (5307-2022)
mínimos, por concepto del perjuicio moral, daño al buen nombre y dolor que le
causó el retiro de la institución policial.
1.2.- Fundamentos fácticos
3. Los hechos relevantes del caso son los siguientes:
3.1. Humberto Lenis Jiménez se vinculó a la Policía Nacional desde el 3 de junio
de 1996, cuando ingresó como alumno de la Escuela de Policía Simón Bolívar de
Tuluá, en donde hizo carrera hasta ascender al grado de teniente.
3.2. Para el 14 de diciembre de 2011 se encontraba adscrito a la estación de
Policía de Roldanillo (Valle), correspondiéndole prestar turno de vigilancia en
compañía del patrullero Edilson Cifuentes Tascón, desde las 09:00 p.m. hasta las
07:00 a.m., del día siguiente.
3.3. En el transcurso del turno que realizaba, fue requerido por el intendente Juan
Pablo Arias Arango, quien fungía como jefe de turno, para realizar un puesto de
control en la glorieta frente a la universidad Antonio Nariño.
3.4. A las 12:00 a.m., el convoy policial le hizo señal de pare a un vehículo camión
tipo turbo marca NPR en el cual se movilizaban 4 personas. Al detener el camión,
los policías comandados por el intendente Juan Pablo Arias Arango realizaron
requisa a Álvaro Fabián Durán Estrada, Juan Camilo Salazar Marín y José
Bernardo Betancourth Flórez, quienes se movilizaban en el automotor, y
posteriormente solicitaron la colaboración de la patrulla conformada por los
patrulleros Víctor Manuel Bedoya y David Santiago Inagán Castillo, quienes
contaban con Avantel de dotación para buscar antecedentes de los ciudadanos y
del vehículo en el que se movilizaban, comprobando que no existía ningún
antecedente.
3.5. Revisado el interior del vehículo se encontró una ternera descuartizada y al
interrogar sobre su procedencia, Álvaro Fabián Durán Estrada señaló que la res se
había atravesado en la vía e impactado el vehículo cerca a un paraje conocido
como Riofrío y que ellos la habían comprado por orden de su jefe, Diego Alonso
Aristizábal, ya que tenían un asado de despedida de fin de año para los
empleados de la empresa para la cual laboraban.
3.6. Álvaro Fabián Durán Estrada también manifestó que su empleador Diego
Aristizábal, era un empresario reconocido en la región y que era amigo personal
del coronel Carlos Antonio Gutiérrez Martínez, subcomandante del Departamento
del Policía Valle, y de Miguel Arturo Cortés Ospina, comandante del Distrito de
Policía de Roldanillo.
3.7. Durante el procedimiento policial Álvaro Durán Estrada llamó a su empleador
Diego Aristizábal, quien se trasladó a la estación de policía del municipio de La
Unión, y le manifestó al patrullero Fernando Antonio Hurtado Bolaños,
comandante de la guardia, que tenía un inconveniente en la ciudad de Roldanillo,
que le habían parado el vehículo de su propiedad en el que llevaba una res
muerta, que la había matado un vehículo y él la compró para un asado, solicitando
Demandante: Humberto Lenis Jiménez
Radicado: 76001-23-33-000-2013-01094-01 (5307-2022)
al uniformado que se comunicara con los policías que realizaban el procedimiento
con el camión de su propiedad para que le colaboraran.
3.8. En el momento en que se entrevistaban Diego Aristizábal y el patrullero
Fernando Antonio Hurtado Bolaños, Aristizábal recibió una llamada de su
empleado Álvaro Durán Estrada, y el patrullero Hurtado tomó el teléfono y habló
con el intendente Humberto Lenis, hoy demandante, explicándole que el dueño del
camión era del municipio de La Unión, que él tenía unas tierras y unos negocios,
que era colaborador con la estación de policía de La Unión, y que en ningún
momento sus trabajadores habían hurtado esa res, igualmente le explicó que
Aristizábal era muy amigo del subcomandante de Policía Valle y el comandante de
la Estación de Roldanillo en esa época, por lo que le solicitó que tratara de
colaborarle.
3.9. A continuación, el patrullero Bayron Ducuara Peña, conductor del mayor
Miguel Arturo Cortés Ospina comandante del Distrito de Roldanillo, se comunicó
por teléfono con Álvaro Fabián Durán Estrada, igualmente habló vía telefónica con
el intendente Lenis Jiménez, expresándole que conocía Durán Estrada, que él
trabajaba en La Unión y que el gerente de la empresa en la que laboraba era muy
conocido del subcomandante del Departamento, coronel Carlos Antonio Gutiérrez
Martínez, y le solicitó que le colaborara con dejarlo seguir, ya que eran personas
de bien. Tanto el intendente Lenis como el intendente Juan Pablo Arias Arango,
manifestaron que de todas maneras ellos iban a verificar y a solicitar antecedentes
de las personas y del vehículo.
3.10. Además de la conversación sostenida con el patrullero Fernando Antonio
Hurtado Bolaños, comandante de guardia de la estación de policía de La Unión, y
con el patrullero Bayron Ducuara Peña, el intendente Humberto Lenis se comunicó
con el subintendente Wilson Mosquera Quinto, que laboraba en la estación del
municipio de La Unión, interrogándolo si conocía a Diego Aristizábal y a sus
trabajadores, y qué tipo de personas eran. El subintendente Mosquera le informó
que Aristizábal era una persona muy prestante, que tenía a cargo una finca
llamada La Italia, interconectada con otras fincas de la misma propiedad,
colaborador con la policía, amigo para ese tiempo del coronel Gutiérrez y del
mayor Cortés, y que debido a la situación de orden público de la zona, el coronel
Gutiérrez había ordenado pasarle revista a los sitios en donde frecuentaba el
señor Aristizábal, pues podía ser víctima de algún atentado.
3.11. Escuchada la versión de Durán Estrada, en cuanto a que la ternera había
sido comprada por su empleador Diego Alfonso Aristizábal para celebrar la fiesta
de fin de año de los trabajadores de su empresa, constatado que Aristizábal era
una persona prestante de la región, amigo personal del subcomandante del
Departamento de Policía del Valle Cauca, coronel Carlos Antonio Gutiérrez y del
comandante del Distrito de Roldanillo, mayor Miguel Arturo Cortés, confirmado que
ni el camión ni sus ocupantes presentaban ningún tipo de antecedente penal,
aunado a que no se había reportado hurto alguno de ganado, para no perjudicar a
los ciudadanos y evitar que la carne del animal se dañara, el intendente Juan
Pablo Arias Arango, quien comandaba el procedimiento, dispuso que los
ciudadanos continuaran, presumiendo la buena fe de las personas.
Demandante: Humberto Lenis Jiménez
Radicado: 76001-23-33-000-2013-01094-01 (5307-2022)
3.12.Sin embargo, Álvaro Fabián Durán Estrada le brindó una información
contraria a su empleador Diego Aristizábal, indicando que los uniformados le
habían amenazado con dejarlos a disposición de la justicia por el delito de hurto
de ganado (abigeato), pues la ternera que llevaban en el camión era hurtada, y
que para omitir su judicialización les exigieron $500.000.
3.13. Con base en esa información, Diego Aristizábal informó telefónicamente el 21
de diciembre de 2011 al coronel Carlos Antonio Gutiérrez Martínez sobre el
presunto procedimiento irregular, y este informó, a su vez, a la Oficina de Control
Disciplinario Interno del Departamento de Policía del Valle del Cauca, para que
iniciara la investigación pertinente.
3.14. El 22 de diciembre de 2011, Diego Aristizábal presentó queja formal ante la
Policía Nacional, por medio de la cual informó los siguientes hechos acontecidos
el 14 de diciembre de 2011:
3.14.1. A las 11 de la noche recibió una llamada por parte de Harold Betancourt,
dueño de un vehículo «turbo» que distribuye frutas de su empresa a la ciudad de
Buenaventura, pidiéndole el favor de que le prestara un carro, porque había
sufrido un accidente al atravesarse un ternero en la carretera, lo que ocasionó que
el vehículo se averiara y que la ternera muriera.
3.14.2. En consecuencia, Diego Aristizábal se comunicó con su empleado Álvaro
Fabián Durán Estrada para que con 4 personas más, fueran a trasbordar la carga
a otro vehículo. Al llegar al sitio del accidente, los empledos de Aristizábal
repararon el vehículo siniestrado, por lo que no fue necesario trasbordar la carga a
otro carro. A continuación procedieron a buscar al dueño de la ternera que
ocasionó el accidente para que cubriera los costos de la reparación del vehículo.
3.14.3. Como sus empleados no encontraron al dueño de la ternera, el empresario
Aristizábal les ordenó que la subieran a uno de los vehículos, y que si el dueño
aparecía le cobraran el arreglo del carro. Al llegar al municipio de Roldanillo, los
empleados fueron detenidos por varios uniformados en un puesto de control. Los
policías no creyeron la versión del accidente y los acusaron de abigeato.
3.14.4. Al ser infomado por sus empleados de lo que estaba sucediedo, Diego
Aristizábal se dirigió a la estación de policía del municipio de La Unión para
establecer comunicación con los policías que estaban a cargo del operativo en el
municipio de Roldanillo, quienes le indicaron que sus trabajadores podían ser
judicializados por abigeato.
3.14.5. Los uniformados de la estación de policía de La Unión intercedieron ante los
policías que estaban adelantando el operativo en Roldanillo, indicándoles que
Diego Aristizábal era un reconocido empresario del municipio, que sus empleados
subieron al vehículo la ternera muerta para intentar localizar al dueño y cobrarle
los daños ocasionados al vehículo, que dejaran pasar el vehículo y lo enviara a la
estación de policía de la Unión, donde se encontraba el empresario.
Demandante: Humberto Lenis Jiménez
Radicado: 76001-23-33-000-2013-01094-01 (5307-2022)
3.14.6. El disciplinado se molestó con los uniformados de la estación de policía de
La Unión, por interceder en favor de los detenidos, y le exigió al empresario hacer
preencia en el lugar de los hechos.
3.14.7. A continuación, Diego Aristizábal se volvió a comunicar con su empleado
Álvaro Fabián Durán Estrada, quien le manifestó que el uniformado estaba muy
molesto y que le estaba pidiendo $500.000 para dejarlos pasar, por lo que se
dirigió al sitio donde estaba desarrollandose el operativo, al llegar le entregó el
dinero a su empleado y este se lo dio al uniformado y los dejó ir.
3.15. Mediante auto del 12 de enero de 2012 la Oficina de Control Disciplinario
Interno del Departamento de Policía del Valle vinculó a la indagación preliminar P-
DEVAL-2011-245 al intendente Lenis Jiménez. Por medio de auto del 23 de enero
de 2012 también se vinculó a la indagación preliminar al intendente Juan Pablo
Arias, y a los patrulleros Gilber Antonio Ospina y Edilson Cifuentes.
3.16. Por medio de auto del 7 de mayo de 2012 la referida Oficina de Control
Disciplinario Interno abrió investigación formal en contra de los intendentes Lenis
y Arias y de los patrulleros Cifuentes y Ospina.
3.17. A través de auto del 12 de junio de 2012 la autoridad disciplinaria formuló
pliego de cargos en contra de uniformados, endilgándoles a título de dolo, la
trasgresión del artículo 34.9 de la Ley 1015 de 2006: «realizar una conducta descrita
en la ley como delito, a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como
consecuencia de la función o cargo». Esto, en concordancia con el artículo 414 de la
Ley 599 de 2000 que regula el prevaricato por omisión, tipificado así: «[e]l servidor
público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones, incurrirá
en prisión de 2 a 5 años, multa de 10 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 5 años».
3.18. Para sustentar la acusación realizada al demandante, se indicó lo siguiente
en el pliego de cargos: «[e]l reproche disciplinario se funda en el hecho de que el
uniformado para la fecha del 14/12/11 durante el cuarto y primer turno de vigilancia no
actuó exclusivamente obedeciendo las órdenes del superior IT. Arias Arango, sino que
como profesional de la policía asumió con su superior el procedimiento del cual
posiblemente no adelantó un control efectivo de la situación legal de la res muerta que
transportaba Álvaro Fabián Duran Estrada, omitiendo verificar la procedencia y propiedad,
procedimiento que le era exigible, en virtud a su profesión y la omisión que desempeñaba
de contrarrestar el flagelo del abigeato en el municipio de Roldanillo; comportamiento del
disciplinado que a pesar de haber sido en principio lícito, por cuanto se encontraba
realizando un control y vigilancia del cumplimiento de las normas de tránsito pero también
la prevención de la comisión de delitos, supuestamente el procedimiento no fue del todo
ortodoxo dado que tomó otros rumbos diametralmente opuestos a la modalidad especifica
de la conducta. (…)».
3.19. En los descargos, los uniformados indicaron la falta de congruencia entre la
conducta imputada y el tipo disciplinario endilgado, así como la inexistencia de
dolo.
3.20.Por petición de la defensa, la autoridad disciplinaria ofició al Centro
Automático de Cespacho, CAD, del Departamento de Policía Valle, para que
Demandante: Humberto Lenis Jiménez
Radicado: 76001-23-33-000-2013-01094-01 (5307-2022)
informara si el 14 de diciembre de 2011, se reportó un hurto de ganado,
requerimiento que fue contestado de manera negativa.
3.21. A través de acto administrativo sancionatorio de primera instancia del 23 de
agosto de 2012, la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento de
Policía del Valle, impuso a los investigados sanción de destitución e inhabilidad
general por el término de 18 años, porque: (i) omitieron realizar las investigaciones
criminalísticas del caso para determinar la procedencia, la «situación legal» de la
ternera que llevaban en el camión Álvaro Fabián Durán Estrada, Juan Camilo
Salazar Marín y José Bernardo Betancourth Flórez, (ii) no realizaron el
procedimiento que les era exigible, en virtud de su profesión y la misión que
desempeñaban, omitiendo judicializar el caso, es decir, inmovilizar el vehículo,
incautar la semoviente descuartizada, y detener a sus tripulantes para conducirlos
dentro del término de ley ante la autoridad judicial, en los términos del artículo 82
del Código de Procedimiento Penal y 125 del Código Nacional de Tránsito, ya que,
como no portaban guías de movilización ganadera, ni permisos del ICA para
transporte de semovientes, ni documento algúno de compraventa de ganado, era
evidente que se encontraban en situación de flagrancia en la comisión de
abigeato.
3.22. El demandante apeló alegando que: (i) no se configuró el tipo disciplinario
endilgado, pues el hecho de que Álvaro Fabián Durán Estrada y sus
acompañantes, o cualquier otra persona transportara carne de res en un
automotor, para la fecha de los hechos, no era motivo suficiente para capturarlos y
ponerlos a disposición de la autoridad judicial por el delito de abigeato, ya que en
el caso concreto, aparte de la carne, los policiales no tenían ningún elemento de
juicio para asegurar que la res era robada, ya que el simple transporte de carne
sin permiso del ICA no es un delito, por lo que los investigados no estaban
legitimados para hacer efectiva la captura de los implicados, (ii) sí se desarrolló un
procedimiento para establecer la procedencia de la res, el cual se desplegó desde
el mismo momento en que los sancionado indagaron a través del Avantel los
antecedentes de los ciudadanos y del vehículo en que se movilizaban, (iii) si
dejaron ir a los ciudadanos junto con la res, se debió a que se comprobó que eran
personas honestas y que la res que llevaban consigo tenía una procedencia lícita,
y (iv) si los uniformados no ubicaron al dueño de la res para determinar si era
cierta o no la versión de Álvaro Fabián Durán Estrada, Juan Camilo Salazar Marín
y José Bernardo Betancourth Flórez, ello no podía ser objeto de reproche, porque
actuaron aplicando el principio de buena fe establecido en el artículo 83 de la
Constitución, que ordena a las autoridades presumirla en las gestiones que
realicen los particulares ante ellas.
3.23. A través de acto administrativo sancionatorio de segunda instancia del 18 de
diciembre de 2012, por la Inspeccción Delegada 4 de la Policía, modificó
parcialmente la sanción aplicada en primera instancia, disminuyendo la inhabilidad
general a 12 años.
3.24. Mediante resolución 265 del 30 de enero de 2013, el director general de la
Policía Nacional ejecutó la sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad
general por 12 años.
Demandante: Humberto Lenis Jiménez
Radicado: 76001-23-33-000-2013-01094-01 (5307-2022)
1.2.- Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales se señalaron los artículos 29 y 13 de la Constitución, 4, 5, 6, 9, 13,
18, 128, 141 y 142 de la Ley 734 de 2002 y 3, 5, 6, 11 y 13 de la Ley 1015 de
2006.
5. En el concepto de violación, el demandante señaló que la entidad vulneró su
derecho a un debido proceso, así como los principios de legalidad, presunción de
inocencia y buena fe, porque:
5.1. El punible de prevaricato por omisión exige que el sujeto activo de la acción
omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones, lo que requiere
acudir al ordenamiento jurídico a fin de establecer las funciones que debía cumplir
y que omitió el servidor público. Por lo que al demandante se le reprocha no haber
capturado a los ocupantes del vehículo y su falta de decomiso. Dicho delito exige
que el servidor público incumpla con un deber contenido en el ordenamiento
jurídico, de manera dolosa, y que en el caso del demandante, no se observa un
mandato superior que dispusiera que debían capturar y poner a disposición de la
autoridad judicial a unas personas por llevar carne en un vehículo, por lo que su
proceder no se adecua al tipo penal que se le reprochara, por lo que tampoco al
tipo disciplinario del artículo 34, numeral 9, de la Ley 1015 de 2006.
5.2. El hecho de que Álvaro Durán Estrada y sus acompañantes, o cualquier
persona transporte carne de res en un automotor, no es motivo suficiente para
capturarlos y judicializarlos por hurto de semovientes, y menos para aplicar la
detención preventiva administrativa como se dijo en los actos administrativos
sancionatorios, ya que en el caso concreto, a parte de la carne, los policías no
tenían elementos de juicio para asegurar que la res era robada, y el simple
transporte de carne sin permiso del ICA no es delito en Colombia.
5.3. La tesis de la autoridad disciplinaria no tiene asidero jurídico al no configurarse
la flagrancia de la comisión del delito de hurto, y en esa medida no procedía la
captura de los ocupantes del vehículo. Ninguna de las modalidades de la
flagrancia aplicaba al caso concreto, pues el hecho de que se llevara la carne de
res en un camión no era un hecho indicador de que sus transportadores la habían
hurtado, ya que no existía denuncia o información siquiera sumaria de que se
hubiese perpetrado un hurto de ganado y que la carne transportada era producto
de un hurto, tampoco existían voces o señalamientos de particulares que se
refieran a la procedencia ilícita de la carne. Sumado a ello, mediante oficio del 19
de julio de 2012 el jefe del CAD, se señaló que para el 14 de diciembre de 2011 no
se registró en el Departamento de Policía del Valle del Cauca, ningún antecedente
sobre casos de abigeato, hecho que indicaba que tal delito no se llevó a cabo. El
artículo 297 de la Ley 906 de 2004 señala que la captura solo procede en 3
circunstancias específicas, por orden judicial, en flagrancia y la excepcional
dispuesta por la Fiscalía General de la Nación, sin que sea aplicable ninguna de
ellas a los hechos en los que resultaron implicados los ocupantes del vehículo.
Demandante: Humberto Lenis Jiménez
Radicado: 76001-23-33-000-2013-01094-01 (5307-2022)
5.4. Sí se desarrollaron actividades investigativas para establecer si en realidad la
res tenía procedencia lícita o no, actividad que empieza a desplegarse desde el
mismo momento en que los policías investigados indagaron a través del medio
Avantel los antecedentes tanto de los ciudadanos como del vehículo. Además de
ello, tomaron contacto con policías de las estaciones de La Unión y Roldanillo para
establecer si los ocupantes del vehículo eran personas de bien y si trabajaban
para Diego Alonso Aristizábal, interrogando las calidades de este último.
5.5. Si no llamaron a sus superiores en ese momento fue porque: (i) el comandante
del puesto de control era el intendente Juan Pablo Arias Arango, quien, de
acuerdo con su autonomía como director del procedimiento y el grado que
ostentaba, tenía autonomía para decidir el caso, (ii) el procedimiento se realizó en
horas de la madrugada y no revestía tanta importancia como para perturbar el
sueño de sus superiores.
5.6. Las reglas de la lógica y la experiencia, hacen entendible que los ocupantes
del vehículo no llevaran consigo permisos del ICA para transportar la carne de la
ternera, y que la transportaran en un vehículo no apto para ello, porque (i) la venta
del animal se produjo en circunstancias fortuitas, pues ni el dueño de la ternera
tenía pensado venderla ni Diego Aristizábal comprarla, siendo una negociación
fortuita, a una hora de la madrugada en la que era imposible adquirir permiso del
ICA para transportarla, razón adicional para conducirla en un vehículo no apto, (ii)
no era lógico que ante esas circunstancias la Policía se convirtiera en «la piedra en
el zapato de unos ciudadanos de bien», exigiéndoles documentos que no poseían, ni
un vehículo especial, que tampoco era posible por perecer el animal en un
accidente de tránsito.
5.7. Por los mismos hechos generadores de la investigación disciplinaria, la
Justicia Penal Militar, a través del Juzgado 194 de Instrucción Penal Militar, abrió
indagación preliminar 189, en la que, mediante providencia del 13 de marzo de
2013 dispuso abstenerse de abrir investigación formal y se ordenó el archivo de
las diligencias.
5.8. No fue condenado por la justicia penal militar, por lo que no era posible a la
autoridad disciplinante aseverar que existió responsabilidad penal de su parte, y si
no hay responsabilidad penal, tampoco puede asegurarse la responsabilidad
disciplinaria, constituyendo violación del debido proceso por desconocimiento del
principio de presunción de inocencia. Es indiscutible la independencia de la acción
penal y la disciplinaria, pero cuando se dice que la conducta desplegada por el
servidor investigado es violar la ley penal, resulta necesario para el operador
disciplinario allegar al expediente la prueba de tal violación, es decir, la sentencia
condenatoria, y que mientras no exista, debe respetarse el principio de presunción
de inocencia, hasta tanto se desvirtúe a través de una sentencia condenatoria en
firme; y, al no existir, debió permanecer incólume ese principio.
5.9. No se demostró culpabilidad en su actuar, en atención a que, de la
investigación disciplinaria no se evidencia mala fe en su proceder. El delito de
prevaricato por omisión, es un tipo penal eminentemente doloso, que para el caso
concreto no está demostrado que el demandante haya tenido intención dañina de
Demandante: Humberto Lenis Jiménez
Radicado: 76001-23-33-000-2013-01094-01 (5307-2022)
desconocer el mandato constitucional o legal para causar un perjuicio a la
administración o a un tercero, que tampoco buscaba generar ventajas personales
para sí o para un tercero, y ante inexistencia de la prueba que demostrara el dolo,
la decisión a adoptar debió ser absolutoria, pues en el presente no existe prueba
que asegure con certeza, que el demandante actuara dolosamente.
2.- Contestación de la demanda
6. La entidad accionada se opuso a las pretensiones de la demanda porque de
conformidad con las pruebas decretadas y practicadas de manera legal, se
probaron las circunstancias de modo, tiempo y lugar diferentes de las antes
narradas, evidenciando así temeridad por parte del demandante. Además:
6.1. No hubo vulneración del debido proceso, toda vez que en las diferentes
instancias disciplinarias no se desconocieron las garantías procesales, pues no es
admisible que se alegue su violación con argumentos que ya fueron objeto de
debate en la justicia disciplinaria, en la que se observó la ley y los principios
rectores de la norma aplicable al caso, con pruebas debidamente obtenidas y en
garantía del derecho de contradicción del disciplinado en las diferentes instancias.
6.2. La jurisprudencia en varios de sus pronunciamientos ha considerado que el
medio de control utilizado por el demandante no se puede convertir en una tercera
instancia para debatir circunstancias de tiempo, modo y lugar ya controvertidos en
dos instancias disciplinarias.
6.3. Durante el proceso disciplinario se le respetó el principio de presunción de
inocencia, pues hasta el último estado procesal (notificación del fallo de segunda
instancia debidamente ejecutoriado y posterior acto administrativo de retiro), el
actor se mantuvo como miembro activo de la Policía, devengando todos los
emolumentos propios del servicio policial.
6.4. Frente a la vulneración del derecho de defensa, el demandante participó en
debida forma en todas las instancias procesales y dentro de los términos
procesales, con el acompañamiento de un abogado que contaba con todas las
facultades constitucionales y legales para ese efecto, lo cual se demuestra con el
expediente disciplinario. En relación con el derecho de contradicción, el actor
ejerció todos los recursos de ley, y su apoderado tuvo todas las facultades para
oponerse a la legalidad del decreto y práctica de los diferentes medios probatorios
que conllevaron a la toma de la decisión por el fallador de segunda instancia.
3.- La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia de primera instancia
del 19 de mayo de 2022 negó las pretensiones de la demanda -con condena en
costas-, en virtud de los siguientes argumentos:
7.1. Valoradas las pruebas practicadas durante el proceso disicplinario, se
evidenció que se atendieron los requerimientos señalados en la ley, al punto que
el actor no hizo reproche alguno, pues este pudo ejercer su derecho de audiencia
Demandante: Humberto Lenis Jiménez
Radicado: 76001-23-33-000-2013-01094-01 (5307-2022)
y de defensa técnica, fue escuchado dentro del trámite disciplinario, se decretaron,
practicaron y valoraron las pruebas, se resolvieron los argumentos de descargos y
se notificaron debidamente las decisiones preparatorias, de trámite y definitivas
emitidas dentro del procedimiento, además, tuvo la posibilidad de conocer las
actuaciones reprochadas y pronunciarse sobre ellas, y los argumentos señalados
en el pliego de cargos guardan total coincidencia con los esgrimidos en los actos
administrativos sancionatorios.
7.2. No es prerrequisito para la sanción disciplinaria un fallo penal ejecutoriado, en
razón a que ambos procesos, a pesar de ser sancionatorios, protegen intereses
totalmente distintos, pues mientras para la responsabilidad penal se resguardan
bienes sociales más amplios, en el derecho disciplinario seguido en contra de los
servidores públicos se juzga si el comportamiento se ha ceñido al cumplimiento de
los deberes.
7.3. Es es claro, de las versiones libres, declaraciones y pruebas documentales
que obran en el expediente disciplinario, que la madrugada del 14 de diciembre de
2011, el entonces intendente Lenis Jiménez, en compañía de otro intendente y
dos patrulleros, se encontraban en el municipio de Roldanillo realizando un
procedimiento de control y vigilancia, en el que detienen un vehículo en que se
transportaba una res muerta, sin que se allegara prueba alguna de su procedencia
y destino, además, sin cumplir con los requisitos de transporte de este tipo de
mercancía, y que a pesar de que ni el vehículo ni sus ocupantes tenían
antecedentes, era su obligación legal determinar de manera clara la procedencia
lícita del semoviente, y si era del caso poner a disposición de la autoridad
competente para que determinara los elementos de prueba necesarios o
suficientes para continuar o no con los procedimientos administrativos y/o
judiciales pertinentes. Contrario a ello, en el procedimiento disciplinario se
comprobó que el intendente Lenis permitió el paso del vehículo sin una verificación
de la procedencia lícita de la res, solo con la información de que se trataba de
personas de bien, empleados de un comerciante de renombre del sector y quien
decía ser amigo personal de sus superiores, circunstancias que no lo eximían en
su deber legal de verificar la legalidad o ilegalidad de la conducta irregular de los
ocupantes del vehículo.
7.4. Contrario a lo reprochado en la demanda, sí está demostrado en el
procedimiento administrativo sancionaotrio que desencadenó los actos acusados,
que la omisión del servidor público fue a título de dolo, pues como policía tuvo
conocimiento de las normas de sus competencias y el cumplimiento de su deber,
al punto que de los testimonios y pruebas arrimadas al expediente, se evidencia
que dio inicio al procedimiento policial con señalamiento de la posible comisión de
un delito, pero se decidió no continuar con el operativo con el solo hecho de que
no habían antecedentes del vehículo ni de sus ocupantes y que el propietario del
vehículo, al decir de otros policiales, era una persona de bien que colaboraba con
la institución y amigo de sus superiores, situaciones que no repercutían en la
procedencia lícita de la res que transportaban sin el lleno de los requisitos
señalados en la ley.
Demandante: Humberto Lenis Jiménez
Radicado: 76001-23-33-000-2013-01094-01 (5307-2022)
4.- El recurso de apelación
8. La parte demandante presentó recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia, con base en los siguientes argumentos:
8.1. Cuando el operador disciplinario decide responsabilizar al demandante,
afirmando que incurrió en violación a la ley penal, se está desbordando la
jurisdicción y competencia por parte del funcionario con atribuciones disciplinarias,
puesto que la reserva legal para endilgar responsabilidad penal y condenar a una
persona, recae única y exclusivamente en los jueces de la República, situación
con la cual se desborda notablemente las atribuciones establecidas en la Ley 1015
de 2006 a los operadores disciplinarios, pues para aseverar dicha situación,
necesariamente se debe esperar la sentencia definitiva emitida en su momento
por la justicia penal.
8.2. En el caso concreto, el Juzgado 194 de Instrucción Penal Militar de Tuluá,
Valle, abrió indagación preliminar, radicada bajo número 189, y mediante
providencia del 13 de marzo de 2013 dispuso abstenerse de abrir investigación
formal y ordenó el archivo de las diligencias.
8.3. Ahora, el hecho de que se le haya impuesto una condena en costas (agencias
en derecho) cuando la demanda está sustentada en supuestos facticos y jurídicos
que permiten concluir que no existe temeridad y cuando, como bien lo afirma la
Sala de decisión, no se demostró con pruebas que se hubiese incurrido en gastos
y costas en el curso de la actuación, resulta injusta.
5.- Alegatos de segunda instancia y concepto del Ministerio Público
9. Las partes y el Ministerio Público no se pronunciaron en esta etapa procesal
como consta en informe secretarial del 28 de febrero de 2023.
II.- Consideraciones
6.- Problema jurídico
10. Se circunscribe a establecer si hubo violación del derecho a un debido proceso,
así como los principios de legalidad, presunción de inocencia y buena fe, por la
indebida valoración probatoria durante el proceso disciplinario.
10.1. Para resolver el problema jurídico propuesto, la Sala (i) precisará lo atinente
al régimen disciplinario de la Policía Nacional, (ii) estudiaría los elementos de la
responsabilidad disciplinaria, (iii) aludirá a los parámetros de valoración probatoria
en el régimen disciplinario, (iv) revisará el contenido y alcance de la falta
disciplinaria señalada en el artículo 34.9 de la Ley 1015 de 2006, que alude a
«realizar una conducta descrita en la ley como delito, a título de dolo, cuando se cometa
en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo», (v) recabará en la
independencia y autonomía de las materias disciplinaria y penal, y (vi) analizára
las consecuencias de la exoneración penal en el proceso disciplinario.
Demandante: Humberto Lenis Jiménez
Radicado: 76001-23-33-000-2013-01094-01 (5307-2022)
7.- Del régimen disciplinario de los miembros de la Policía Nacional
11. De conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política, son fines
esenciales del Estado «servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la
vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia
de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas
las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado
y de los particulares». En su artículo 6 se establece que los servidores públicos son
responsables ante las autoridades por infringir la Constitución Política y las Leyes
y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
12. En virtud de las funciones específicas que cumplen los miembros de la fuerza
pública (fuerzas militares y Policía Nacional), el constituyente en los artículos 217
y 218 de la Constitución Política, facultó al legislador para determinar los
regímenes disciplinarios especiales de tales servidores.
13. En atención a lo anterior, el 7 de febrero de 2006, se expidió la Ley 1015 de
2006, por medio de la cual se profirió el nuevo régimen disciplinario para la Policía
Nacional, dentro de la cual se señalan como sus destinatarios, el personal
uniformado escalafonado y los auxiliares de Policía que estén prestando servicio
militar en la Institución Policial.
14. El artículo 20 de la citada Ley 1015 de 2006 señaló que «en lo no previsto en
esta ley, se aplicarán los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados
por Colombia, y lo dispuesto en los Códigos Disciplinario Único, Contencioso
Administrativo, Penal, Penal Militar, Procedimiento Penal y de Procedimiento Civil, en lo
que sea compatible con la naturaleza del derecho disciplinario».
15. Por su parte, el artículo 58 ibídem estableció, en desarrollo de la integración
normativa citada, que el procedimiento aplicable a los servidores públicos regidos
por la ley a la que se hizo alusión es el establecido en el Código Disciplinario
Único - Ley 732 de 2002, o en las normas que lo modifiquen o adicionen.
16. Por consiguiente, las autoridades disciplinarias, en las actuaciones que
adelanten contra los destinatarios de la Ley 1015 de 2006, deben aplicar esta
normativa en lo concerniente a la parte sustancial y el Código Disciplinario Único o
Ley 734 de 2002 en el campo procedimental, como ocurrió en el caso en concreto.
8.- Los elementos de la responsabilidad disciplinaria
17. En materia disciplinaria la responsabilidad implica el análisis de la conducta del
sujeto disciplinable desde 3 factores, a saber: la tipicidad2, la ilicitud sustancial3 y
la culpabilidad4, los cuales por el diseño y estructura del derecho disciplinario
2 Artículo 4°; 23; 43 numeral 9; 184 numeral 1 de la Ley 734 de 2002
3 Artículo 5° de la Ley 734 de 2002
4 Artículo 13; 43 # 1; 44 parágrafo de la Ley 734 de 2002
Demandante: Humberto Lenis Jiménez
Radicado: 76001-23-33-000-2013-01094-01 (5307-2022)
adquieren connotaciones especiales diferentes de los decantados por otras
manifestaciones del ius puniendi del Estado5.
8.1.- La tipicidad
18. La tipicidad como categoría dogmática del derecho disciplinario encuentra su
razón de ser en el principio de legalidad como expresión del debido proceso que
implica que nadie puede ser juzgado si no por una infracción, falta o delito descrito
previamente por la ley. En efecto, el artículo 29 de la Constitución Política impone
que «nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas
propias de cada juicio». Este principio cumple con la función de garantizar, por un
lado, la libertad y seguridad individuales al establecer en forma anticipada, clara e
inequívoca qué comportamientos son sancionados, y de otro proteger la seguridad
jurídica.
19. En lo que se refiere a la tipicidad, el régimen disciplinario se caracteriza, a
diferencia del penal, porque las conductas constitutivas de falta disciplinaria están
consignadas en tipos abiertos y en blanco, ante la imposibilidad del legislador de
contar con un listado detallado de comportamientos donde se subsuman todas
aquellas conductas que están prohibidas a las autoridades o de los actos
antijurídicos de los servidores públicos. Por lo tanto, las normas disciplinarias
tienen un complemento compuesto por disposiciones que contienen prohibiciones,
mandatos y deberes, al cual debe remitirse el operador disciplinario para imponer
las sanciones correspondientes, circunstancia que sin vulnerar los derechos de los
procesados permite una mayor adaptación del derecho disciplinario a sus
objetivos6.
20. Ahora bien, en cuanto a los tipos abiertos y los tipos en blanco7, la
jurisprudencia constitucional se ha referido a ellos de manera indistinta, para dar a
entender que se trata de aquellas descripciones legales constitutivas de falta
disciplinaria, que precisan la remisión a otras normas a fin de completar el sentido
del precepto. De manera puntual, en la sentencia C-818 de 20058, la Corte
sostuvo que los tipos abiertos son «aquellas infracciones disciplinarias que ante la
imposibilidad del legislador de contar con un listado detallado de comportamientos que se
subsumen en las mismas, remiten a un complemento normativo, integrado por todas las
disposiciones en las que se consagren deberes, mandatos y prohibiciones que resulten
aplicables a los servidores públicos. Así, la tipicidad en las infracciones disciplinarias se
determina por la lectura sistemática de la norma que establece la función, la orden o la
prohibición y aquella otra que de manera genérica prescribe que el incumplimiento de
tales funciones, órdenes o prohibiciones constituye una infracción disciplinaria». En
relación con los tipos en blanco, esa Corporación señaló que apuntan a preceptos
5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Sentencia
de 19 de febrero 2015. Rad. 11001-03-25-000-2012-00783-00. En esta providencia la Subsección
identificó y analizó los factores que determinan la responsabilidad explicando la forma como estos
influyen en la determinación de la sanción, así como las diferencias en relación con el derecho
penal.
6 Sobre la vigencia del sistema de tipos abiertos en el ámbito disciplinario ver entre otras las
sentencias C-181/02, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, y C-948 de 2002, M.P. Álvaro Tafur
Galvis
7 Sentencias C-404 de 2001, C-818 de 2005
8 Sentencia C-401 de 2001.
Demandante: Humberto Lenis Jiménez
Radicado: 76001-23-33-000-2013-01094-01 (5307-2022)
que requieren de una remisión normativa para completar su sentido9 bajo la
condición de que se «verifique la existencia de normas jurídicas precedentes que
definan y determinen, de manera clara e inequívoca, aquellos aspectos de los que
adolece el precepto en blanco».
21. El proceso de adecuación típica supone la comprobación lógica y razonada de
la relación de subsunción entre la descripción legal de la conducta disciplinable y
la desplegada por el sujeto activo, de lo cual surge a su vez, una relación de
contrariedad entre el comportamiento de quien tiene a su cargo el ejercicio de
funciones públicas y el deber presuntamente incumplido. El análisis de la tipicidad
es un apartado fundamental en la motivación del acto administrativo que impone
una sanción disciplinaria y dentro del mismo, la autoridad cuenta con un margen
de interpretación más amplio que el que se encuentra en el derecho penal, pues la
precisión con la cual deben estar descritos los comportamientos disciplinariamente
reprochables tiene una mayor flexibilidad al concebido en materia criminal, ante la
dificultad de que la ley haga un listado detallado de todas las conductas
constitutivas de falta10; como consecuencia de ello se ha avalado, desde un punto
de vista constitucional11, la inclusión de conceptos jurídicos indeterminados y la
formulación de los tipos abiertos y en blanco que están redactados con una
amplitud tal que hace necesario remitirse a otras normas en las que se encuentren
señalados los deberes, las funciones o las prohibiciones que se imponen en el
ejercicio del cargo, y que exigen un proceso de hermenéutica sistemática lógica
que demuestre en forma congruente cómo la conducta investigada se subsume en
la descrita por la ley.
22. Conviene aclarar que los conceptos jurídicos indeterminados, entendidos como
«aquellos conceptos de valor o de experiencia utilizados por el legislador, que limitan o
restringen el alcance de los derechos y de las obligaciones que asumen los particulares o
las autoridades públicas»12, son admisibles en la forma de infracciones
administrativas siempre que las remisiones a otras normas o a otros criterios
permitan determinar los comportamientos censurables, pues de permitirse que el
operador sea quien defina la conducta sancionable de manera discrecional sin
referentes normativos precisos se desconocería el principio de legalidad13.
9 Ibidem.
10 Al respecto la Corte Constitucional en la sentencia C-404 de 2001 indicó «la naturaleza de las
conductas reprimidas, los bienes jurídicos involucrados, la teleología de las facultades
sancionatorias, los sujetos disciplinables y los efectos jurídicos que se producen frente a la
comunidad, hacen que la tipicidad en materia disciplinaria admita -en principio- cierta flexibilidad»,
posición reiterada en sentencias C-818 de 2005 y C-030 de 2012
11 Sentencias de la Corte Constitucional C-393 de 2006
12 Véanse las sentencias C-818 de 2005, C-762 de 2009, C-343 de 2006, C-030 de 2012, entre
otras
13 En la sentencia C-530 de 2003, admitió que «siempre y cuando dichos conceptos sean
determinables en forma razonable, esto es, que sea posible concretar su alcance, en virtud de
remisiones normativas o de criterios técnicos, lógicos, empíricos, o de otra índole, que permitan
prever, con suficiente precisión, el alcance de los comportamientos prohibidos y sancionados. Por
el contrario, si el concepto es a tal punto abierto, que no puede ser concretado en forma razonable,
entonces dichos conceptos desconocen el principio de legalidad, pues la definición del
comportamiento prohibido queda abandonada a la discrecionalidad de las autoridades
administrativas, que valoran y sancionan libremente la conducta sin referentes normativos
precisos». reiterado en C-406 de 2004 y C-030 de 2012
Demandante: Humberto Lenis Jiménez
Radicado: 76001-23-33-000-2013-01094-01 (5307-2022)
23. Así las cosas, quien adelanta la investigación disciplinaria dispone de un
campo amplio para establecer si la conducta investigada se subsume o no en los
supuestos de hecho de los tipos legales correspondientes, y si fue cometida con
dolo o con culpa, es decir, en forma consciente y voluntaria o con violación de un
deber de cuidado, lo mismo que su mayor o menor grado de gravedad, sin que
ello sea una patente para legitimar posiciones arbitrarias o caprichosas.
8.2.- La ilicitud sustancial
24. Respecto de la antijuridicidad, que tiene que ver con el ilícito disciplinario, la
Sala acoge la jurisprudencia de la Corte Constitucional en el sentido de que, en el
derecho disciplinario, la antijuridicidad no se basa en el daño a un bien jurídico
tutelado y/o protegido, sino en el incumplimiento de los deberes funcionales del
servidor público14. Por esto ha explicado que la valoración de la lesividad de las
conductas que se han señalado como faltas disciplinarias frente al servicio público
es una tarea que compete al legislador, quien ha de realizar tal apreciación al
momento de establecer los tipos disciplinarios en la ley; en tal medida, no compete
a la autoridad disciplinaria que aplica la ley efectuar un juicio genérico de lesividad
de las conductas reprochadas -lo que ya ha realizado el legislador- sino efectuar
un juicio de antijuridicidad basado en la infracción del deber funcional, la cual -se
presume- genera de por sí un desmedro, legislativamente apreciado, sobre la
función pública encomendada al servidor público disciplinado15. De esta manera,
la relación de sujeción de los destinatarios de la acción disciplinaria con el Estado
requiere la existencia de controles que operan a manera de reglas, cuya
infracción, sin justificación alguna, consolida la antijuridicidad de la conducta; sin
que la ilicitud sustancial comprenda el resultado material, pues la ausencia de este
no impide la estructuración de la falta disciplinaria.
8.3.- La culpabilidad
25. Este factor de la culpabilidad está expresamente regulado en el artículo 13 de
la Ley 734 de 2002, el cual dispuso que en materia disciplinaria queda proscrita
toda forma de responsabilidad objetiva y las faltas sólo son sancionables a título
de dolo o culpa, lo cual significa, en términos de la jurisprudencia constitucional,
que el titular de la acción disciplinaria no solo debe demostrar la adecuación típica
y la antijuridicidad de la conducta, pues esta debe afectar o poner en peligro los
fines y las funciones del Estado, sino también le corresponde probar la
culpabilidad del sujeto pasivo, manifestando razonadamente la modalidad de la
culpa16, principio legal que deriva del mandato señalado en el artículo 29 superior
en virtud del cual toda persona se presume inocente mientras no se le haya
declarado judicialmente culpable17.
14 Sentencia C-948 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
15 Sentencia C-393-2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Sentencia
de 19 de febrero 2015, Rad.11001-03-25-000-2012-00783-00. En esta providencia la Subsección
identificó y analizó los factores que determinan la responsabilidad explicando la forma como estos
influyen en la determinación de la sanción, así como las diferencias en relación con el derecho
penal.
17 Sentencia C-155 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
Demandante: Humberto Lenis Jiménez
Radicado: 76001-23-33-000-2013-01094-01 (5307-2022)
26. El contenido de los grados de culpabilidad sancionables en materia disciplinaria
-dolo y culpa-, puede establecerse, como lo ha definido la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo18, para el dolo atendiendo al código penal -por remisión
expresa del artículo 21 de la Ley 734 de 2002- y para la culpa de conformidad con el
parágrafo del artículo 44 de la Ley 734 de 2002 en el cual se definen los
conceptos de culpa gravísima -ignorancia supina, desatención elemental o violación
manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento- y culpa grave -inobservancia del
cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones-. En ese
orden, es en el análisis de la culpabilidad donde se valora el aspecto subjetivo de
la conducta, siendo este factor el que determina si en un caso concreto se aplicó o
no responsabilidad objetiva y para el cual en nada influye o tiene importancia a
efectos de responsabilidad la causación o no de un daño.
9.- La valoración probatoria en la Ley 734 de 2002
27. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado, en lo que refiere a la
finalidad de la prueba, que «las pruebas judiciales son los medios señalados por el
legislador para crear en el juzgador la certeza o el convencimiento sobre la verdad de los
hechos que son materia de los procesos respectivos, con el fin de que el mismo aplique el
ordenamiento positivo a los casos concretos»19. De manera que el recaudo de la
prueba tiene por objetivo llevar al juez a un estado de certeza para poder proferir
un fallo sustentado en la realidad planteada por las pruebas aportadas, siempre y
cuando, estas sean debidamente valoradas conforme con las reglas y criterios que
el propio ordenamiento jurídico establece -de conformidad con las reglas de la sana
crítica-.
28. Es así que el régimen probatorio que regula los procesos disciplinarios que se
adelantan contra los servidores públicos es el fijado en la Ley 734 de 2002.
Precisamente el artículo 128 ibídem define la necesidad de que tanto el fallo
disciplinario como toda decisión interlocutoria esté fundamentada en las pruebas
legalmente producidas y aportadas por petición de cualquier sujeto procesal o de
manera oficiosa, en ese sentido, la norma es clara en determinar que la carga de
la prueba en estos procesos le corresponde al Estado, lo que le impone el deber a
la autoridad disciplinaria encontrar la verdad real de lo sucedido, lo que deriva en
la obligación efectuar una valoración ponderada y razonada de las pruebas
recaudadas durante el trámite administrativo.
29. El artículo 129 de la Ley 734 de 2002, desarrolla el principio de investigación
integral, según el cual, la pesquisa que se efectúe dentro del proceso disciplinario,
no solo debe apuntar a probar la falta del servidor público, sino, además, a
encontrar las pruebas que desvirtúen o lo eximan de responsabilidad. Lo anterior
18 Consejo de Estado, Sala Plena Contenciosa del Consejo de Estado. Consejera Ponente: Dra.
Sandra Lisset Ibarra Vélez, Auto de marzo de 2015, radicado 2014-03799-00. En esta providencia
la Sala Plena Contenciosa Administrativa del Consejo de Estado analizó el factor «culpabilidad» y
estableció que el contenido de los conceptos culpa grave y culpa gravísima tienen contenido propio
en el artículo 44, parágrafo de la Ley 734 de 2002 mientras que el concepto de dolo debe ser
observado desde el artículo 22 del código penal.
19 Sección Segunda, Subsección A, Rad. 70001-23-33-000-2013-00277-01(1498-15). Sentencia de
25 de enero de 2018; M.P. William Hernández Gómez. Actor: Ruby Del Carmen Acosta Bertel y
otros.
Demandante: Humberto Lenis Jiménez
Radicado: 76001-23-33-000-2013-01094-01 (5307-2022)
en todo caso, no exonera a la parte investigada de presentar o solicitar las
pruebas que pretenda hacer valer en su favor.
30. Sobre la apreciación de las pruebas, el artículo 140 de la Ley 734 de 2002
preceptúa que «las pruebas deberán apreciarse conjuntamente, de acuerdo con las
reglas de la sana crítica En toda decisión motivada deberá exponerse razonadamente el
mérito de las pruebas en que ésta se fundamenta», «artículo 141. apreciación integral de
las pruebas. Las pruebas deberán apreciarse conjuntamente, de acuerdo con las reglas
de la sana crítica. En toda decisión motivada deberá exponerse razonadamente el
mérito de las pruebas en que ésta se fundamenta»; mientras que el artículo 5 de la Ley
1015 de 2006 señala que «el personal destinatario de este régimen será investigado
conforme a las leyes preexistentes a la falta disciplinaria que se le endilga, ante
funcionario con atribuciones disciplinarias previamente establecido y observando las
garantías contempladas en la Constitución Política y en el procedimiento señalado en la
ley. La finalidad del proceso es la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho
sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y
garantías debidos a las personas que en él intervienen».
31. Los medios probatorios que se recauden durante la actuación administrativa
mostrarán en conjunto una realidad material que debe ser apreciada como
legalmente corresponde, según la ley disciplinaria, es decir, que la finalidad de
este procedimiento «es la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho
sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y
garantías debidos a las personas que en él intervienen», tal como lo dispone el artículo
20 de la mencionada Ley 734, y al mismo tiempo tener en cuenta que la sanción
disciplinaria «tiene función preventiva y correctiva, para garantizar la efectividad de los
principios y fines previstos en la Constitución, la ley y los tratados internacionales que se
deben observar en el ejercicio de la función pública», como lo instituye el artículo
16 ibidem.
32. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional20 el sistema de
la sana crítica o persuasión racional obliga al juzgador a establecer por sí mismo
el valor de las pruebas con base en las reglas de la lógica, la ciencia y la
experiencia. Estas reglas son las que debe tener en cuenta el operador
disciplinario y contribuyen para que las conclusiones a las cuales arribe sobre el
valor o contenido de la prueba sean legalmente válidas, pues impiden que aquel
razone a voluntad, discrecionalmente, arbitrariamente, de manera contra evidente
o dé un alcance y extensión a la prueba que no se desprenda de ella.
33. La Ley 734 de 2002 señala un nivel de certeza especial para que el operador
disciplinario pueda establecer responsabilidad y proferir fallo sancionatorio, el cual
puede observarse claramente de la lectura coordinada y conjunta de las siguientes
normas.
34. El artículo 9 ídem establece que a quien se le atribuya la comisión de una falta
disciplinaria (tipicidad) se le debe presumir inocente hasta que esta presunción
sea desvirtuada mediante la declaratoria de responsabilidad y la cual solo se
puede declarar cuando se haya eliminado «toda duda razonable», desde luego,
20 Sentencia C-202 de 2005.
Demandante: Humberto Lenis Jiménez
Radicado: 76001-23-33-000-2013-01094-01 (5307-2022)
sobre los elementos que determinan la responsabilidad (tipicidad, antijuridicidad o
ilicitud material y culpabilidad). La norma en comento señala lo siguiente:
«Artículo 9. Presunción de inocencia. A quien se atribuya una falta disciplinaria se
presume inocente mientras no se declare su responsabilidad en fallo ejecutoriado.
Durante la actuación toda duda razonable se resolverá a favor del investigado
cuando no haya modo de eliminarla».
35. En los artículos 162 y 142 de la Ley 734 de 2002, el legislador estableció el
grado de convencimiento que el material probatorio, aportado a través de los
medios de prueba válidos, debe dar al operador disciplinario para proferir dos de
las providencias más importantes del proceso disciplinario, esto es el pliego de
cargos y el fallo. Las normas en comento establecen lo siguiente:
«Artículo 162. Procedencia de la decisión de cargos. El funcionario de
conocimiento formulará pliego de cargos cuando esté objetivamente demostrada la
falta y exista prueba que comprometa la responsabilidad del investigado. Contra
esta decisión no procede recurso alguno».
«Artículo 142. Prueba para sancionar. No se podrá proferir fallo sancionatorio sin
que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la
falta y de la responsabilidad del investigado».
36. De acuerdo con las disposiciones anteriores, para que el operador disciplinario
pueda proferir el fallo y atribuir responsabilidad, debe acreditarse un nivel de
certeza, para que así se proteja el principio de presunción de inocencia.
37. Es así que el proceso administrativo sintetiza en dos finalidades, la primera
como instrumento de tutela de los derechos y garantías de los asociados y la
segunda constituye un sendero para que la administración pueda tomar una
decisión acorde con el ordenamiento jurídico, teniendo como criterio los elementos
de juicio necesarios para ello, elementos que se circunscriben como principios y
reglas, el acervo probatorio y finalmente la extensión de la jurisprudencia de
unificación del Consejo de Estado, lo anterior como una premisa al nuevo régimen
de procedimiento administrativo Ley 1437 de 2011.
38. Finalmente, advierte la Sala que la Sala Plena de esta Corporación en
sentencia de 9 de agosto de 2016, proferida en el expediente 2011-316 (1210),
definió que el control que la jurisdicción de lo contencioso administrativo ejerce
sobre los actos administrativos disciplinarios, es integral. Ello, por cuanto la
actividad del juez de lo contencioso administrativo supera el denominado control
de legalidad, para en su lugar hacer un juicio sustancial sobre el acto
administrativo sancionador, el cual se realiza a la luz del ordenamiento
constitucional y legal, orientado por el prisma de los derechos fundamentales.
39. Lo anterior porque: (i) los actos administrativos proferidos por los titulares de la
acción disciplinaria, hacen parte del ius puniendi, (ii) la garantía de la tutela judicial
efectiva en la Convención Americana de Derecho Humanos y en la Constitución
Política, (iii) la jurisdicción está estatuida para la preservación del ordenamiento
jurídico y la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la
ley, por cuanto es expresión del ejercicio del control judicial de los actos de la
administración, en el marco del Estado Social de Derecho, (v) las decisiones de
Demandante: Humberto Lenis Jiménez
Radicado: 76001-23-33-000-2013-01094-01 (5307-2022)
los servidores públicos titulares de la acción disciplinaria no son asimilables a una
decisión judicial.
40. De manera tal que, el juicio integral que en materia disciplinaria ha prohijado la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, permite controlar la valoración de la
prueba porque solo a partir de su objetiva y razonable ponderación, se puede
colegir si el acto disciplinario se encuentra debidamente motivado.
10.- Contenido y alcance de la falta señalada en el artículo 34.9 de la Ley
1015 de 2006
41. Expuesto lo anterior y teniendo en cuenta que cada uno de los presupuestos
legales que configuran la falta disciplinaria hacen parte del elemento normativo del
tipo, procede la Sala a concentrar el análisis en la estructura de la falta
disciplinaria por la que se responsabilizó a Humberto Lenis Jiménez, la cual se
encuentra contenida en el artículo 34.9 de la Ley 1015 de 2006, consistente en,
«realizar una conducta descrita en la ley como delito, a título de dolo, cuando se cometa
en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo», acudiendo por vía
de remisión a lo dispuesto en el artículo 414 de la Ley 599 de 2000 que regula el
prevaricato por omisión, tipificado así: «[e]l servidor público que omita, retarde, rehúse
o deniegue un acto propio de sus funciones, incurrirá en prisión de 2 a 5 años, multa de
10 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por 5 años».
42. De conformidad con la norma reseñada, se observa que el tipo disciplinario
consta de dos partes, la primera en la que se presenta el término «realizar»,
respecto del cual, la Real Academia de la Lengua Española,
señala, «[...] 1. tr. Efectuar, llevar a cabo algo o ejecutar una acción [...]», esto quiere
decir que la conducta se concreta en desarrollar una acción constitutiva de delito,
cometida a título de dolo, esto es con la intención de incurrir en él, al conocer la
prohibición pero a pesar de ello se decide materializar la conducta.
43. La segunda parte del tipo disciplinario citado señala: «cuando se cometa en
razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo», lo que se traduce en
que para que se configure la falta, la conducta delictiva debe desarrollarse en
razón, con ocasión o como consecuencia de la condición de miembros de la
Policía Nacional de los sujetos activos de la acción.
44. Respecto de la citada norma sea lo primero precisar, que la Corte
Constitucional en las sentencias C-124 de 2003 y C-720 de 2006, al pronunciarse
sobre la exequibilidad de idénticas disposiciones contenidad en el artículo 48.1 de
la Ley 734 de 2002, CDU, no fijó como presupuesto para la incursión en la falta
disciplinaria, la sujeción al resultado de una investigación penal, por ende no se
requiere de la existencia de sentencia condenatoria en dicha materia.
45. Por otra parte, cuando se está frente a una conducta que pueda enmarcase
dentro del artículo 48.1 del CDU o del artículo 34.9 de la Ley 1015 de 2006, el
operador disciplinario debe en primer lugar, efectuar un análisis de tipicidad, esto
es, establecer que la conducta o comportamiento cometida por el servidor público,
desde el punto de vista objetivo, se encuentre descrito como delito doloso -es decir,
Demandante: Humberto Lenis Jiménez
Radicado: 76001-23-33-000-2013-01094-01 (5307-2022)
aquellos que sólo admiten la modalidad dolosa, como es el caso del prevaricato, que
como más adelante se explicará no se consuma en conductas culposas, sino que sólo se
materializa a título de dolo-; para posteriormente definir, en el marco del proceso
disciplinario, si la conducta fue cometida con dolo o culpa, con el propósito de
imponer la respectiva sanción, en atención a lo dispuesto en el artículo 13 del
CDU, que señala que «en materia disciplinaria queda proscrita toda forma de
responsabilidad objetiva», por lo que «las faltas sólo son sancionables a título de dolo o
culpa».
10.- El delito de prevaricato por omisión
46. El artículo 414 del Código Penal, establece: «El servidor público que omita,
retarde, rehuse o deniegue un acto propio de sus funciones, incurrirá en prisión de (…)».
47. El presupuesto fáctico de la norma transcrita se encuentra constituido por dos
elementos, a saber: (i) un sujeto activo calificado, es decir, que se trate de un
servidor público; (ii) que retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus
funciones. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala
Penal, ha advertido que es indispensable que la omisión, retardo, rehusamiento o
denegación sea voluntaria, es decir, que el funcionario tenga conocimiento de que
con su «no hacer» falta a sus deberes oficiales. En consecuencia, se trata de una
actuación dolosa que demanda el conocimiento del carácter del acto omitido como
propio de las funciones constitucionales, legales o reglamentarias discernidas en
el agente.21
11.- Independencia entre el derecho disciplinario y el penal
48. La jurisprudencia ha señalado como regla general, que los principios del
derecho penal deben aplicarse a todas las formas de actividad sancionadora del
Estado22. En lo que al derecho disciplinario se refiere, se ha establecido que no es
posible que estos se incluyan totalmente en tanto las finalidades y objetivos del
derecho penal son distintos.
49. Así, el derecho disciplinario busca la protección de la organización y
funcionamiento del Estado con el fin de proteger el interés público y garantizar la
correcta gestión de la administración con parámetros éticos. En palabras de la
Corte Constitucional: «[...] La ley disciplinaria tiene como finalidad específica la
prevención y buena marcha de la gestión pública, así como la garantía del cumplimiento
de los fines y funciones del Estado en relación con las conductas de los servidores
públicos que los afecten o pongan en peligro [...]». Entretanto, la función del derecho
penal es distinta toda vez que «[...] protege el orden social en abstracto y su ejercicio
persigue fines retributivos, preventivos y resocializadores[...]23».
50. De esta manera, la normativa que rige el derecho disciplinario busca el
adecuado cumplimiento de las obligaciones funcionales por parte del servidor
público o el particular que cumple funciones públicas «[...] De allí que el derecho
disciplinario valore la inobservancia de normas positivas en cuanto ella implique el
21 Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia SP-61252017 (44958), 05/03/17.
22 Sentencia C-1161 de 2000, magistrado ponente Alejandro Martínez Caballero.
23 Sentencia T-146 de 1993.
Demandante: Humberto Lenis Jiménez
Radicado: 76001-23-33-000-2013-01094-01 (5307-2022)
quebrantamiento del deber funcional, esto es, el desconocimiento de la función social que
le incumbe al servidor público o al particular que cumple funciones públicas [...]»24.
51. Además de la diferencia en la finalidad entre el derecho penal y el disciplinario
existe otra relacionada con la tipicidad en uno y otro. En efecto, en el primero la
descripción de los hechos punibles es detallada, y el fallador no cuenta con un
margen de valoración e individualización de la conducta punible más allá de las
condiciones que indica la norma. Por el contrario, el régimen disciplinario se
caracteriza porque los comportamientos constitutivos de falta disciplinaria están
consignados en tipos abiertos, esto es «[...] descripciones incompletas de las
conductas sancionadas, o en disposiciones que no prevén la sanción correspondiente,
pero que en todo caso pueden ser complementadas por otras normas a las cuales remiten
las primeras [...]25».
52. Por tal razón, la autoridad disciplinaria debe remitirse, para completar el tipo
disciplinario, a las disposiciones que contienen prohibiciones, mandatos y deberes
para los servidores públicos, toda vez que para el legislador es imposible realizar
un listado detallado de las actuaciones en las que se incluyan todas aquellas que
están prohibidas a estos.
53. En ese orden, la autoridad disciplinaria, a diferencia de la penal, cuenta con un
amplio margen de interpretación y valoración de la falta imputada, ante la
diversidad de comportamientos que van en detrimento de la función pública y la
remisión que se hace a otras normas del ordenamiento jurídico. Sobre el particular
la Corte Constitucional expresó:
«[...] La prohibición de la conducta delictiva involucra un conjunto de patrones que
establecen una precisión tipológica en la que se describen de manera detallada los
elementos conformantes del tipo, de manera que, sujeto activo, conducta,
intención, sujeto pasivo y circunstancias llevan en el procedimiento penal a una
exhaustiva delimitación legal de las conductas; mientras que en la definición de las
faltas disciplinarias, entran en juego, elementos propios de la función pública que
interesan por sobre todo a contenidos político-institucionales, que sitúan al
superior jerárquico en condiciones de evaluar con mayor flexibilidad, y de acuerdo
con criterios que permiten un más amplio margen de apreciación [...]».
54. Conforme con lo expuesto, al operador disciplinario no le corresponde ni está
obligado a verificar de manera específica si en el caso que analiza se estructuró el
tipo penal con todo el contenido que exige la norma punitiva, y le es suficiente
determinar que el servidor público investigado incurrió objetivamente en una
actuación tipificada como delito, sancionable a título de dolo. Al respecto esta
corporación ha explicado26:
«[...] De lo esbozado, para la Sala es trasparente que la entidad demandada en su
rol de autoridad disciplinaria interna, no le correspondía -para asumir la decisión
tomada- esperar que existiera una previa decisión judicial, que calificara el tipo de
ilícito penal, ni mucho menos que condenara al disciplinado en razón del mismo;
mucho menos que el operador disciplinario tuviera la carga de establecer de
24 Ver Sentencia C-373 de 2002 magistrado ponente Jaime Córdoba Triviño.
25 Sentencia C-404 de 2001.
26 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B.
Consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez. Bogotá, D. C. 9 de julio de dos 2015. Radicación:
11001-03-25-000-2012-00189-00(0777-12). Actor: José Libardo Moreno Rodríguez. Demandado:
Nación-Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional.
Demandante: Humberto Lenis Jiménez
Radicado: 76001-23-33-000-2013-01094-01 (5307-2022)
manera expedita el tipo penal en concreto en que incurría el actor y si se cumplían
todas y cada una de las exigencias del mismo; simplemente le correspondía, como
en efecto lo hizo en el caso materia de controversia, constatar que con ocasión de
su cargo y abusando del mismo, el hoy demandante realizó objetivamente una
descripción típica consagrada en la ley como delito, sancionable a título de
dolo [...] ».
55. Así las cosas, en consideración a las diferencias en la naturaleza, principios,
características y finalidad entre el derecho disciplinario y el derecho penal, no es
necesaria la previa decisión de este último para que se defina la responsabilidad
en el primero.
12.- Consecuencias de la exoneración penal en el proceso disciplinario
56. En variada jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado,
se ha determinado que el solo hecho de que el disciplinado haya sido exonerado
de responsabilidad penal, no significa que de contera corra la misma suerte en el
proceso disciplinario, dado que ambos procesos, a pesar de que concurran en la
misma causa, protegen bienes jurídicos diferentes; como lo es en el caso del
proceso disciplinario el actuar recto y dirigido al cumplimiento de la voluntad del
Estado que deben atender los servidores públicos.
57. Así lo expresó el Consejo de Estado, citando a la Corte Constitucional,
disponiendo:
«…No por haber sido exonerado el actor de responsabilidad penal ocurra lo propio
en el campo disciplinario, por cuanto se trata de escenarios jurídicamente distintos,
pese a que tengan génesis en los mismos hechos.
Tal como lo expuso la Corte Constitucional al declarar la exequibilidad del numeral
1 del artículo 48 de Código Disciplinario Único, «El proceso penal y el disciplinario
atienden a naturaleza, materia y finalidades diferentes; [.. .] en el proceso penal el
legislador prevé distintos bienes jurídicos objeto de protección, en el disciplinario el
único bien jurídico protegido está representado por la buena marcha de la
administración, su eficiencia, su buen nombre, la moralidad pública, como también
la eficacia y la honradez de la administración pública; además, mientras en el
proceso penal la pena tiene una función de prevención general y especial, de
retribución justa, de reinserción social y de protección al condenado, en el proceso
disciplinario la sanción tiene una función preventiva y correctiva. [ ...]; además, en
materia de tipicidad la descripción de la conducta señalada en la legislación penal
no atiende a los mismos parámetros de aquella descrita por la legislación
disciplinaria, pues en ésta última el operador jurídico cuenta con un margen mayor
de apreciación.» [sentencia C- 720 de 2006].
Observa la Sala que el demandante fue exonerado de responsabilidad penal por
los delitos de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, concusión
y prevaricato por omisión mediante sentencia de segunda instancia 2 de marzo de
2010 de la sala penal del Tribunal Superior de Popayán, por cuanto no halló
certeza de que hubiera participado directamente y en concierto delictivo con los
demás condenados, es decir, por duda, pues consideró que «en su
comportamiento no se avienen [sic] a todos los elementos para calificarlo de
punible» (f. 42, cuaderno de sentencia penal), no obstante, aclaró el mismo
Tribunal que «tampoco pierde de vista esta Sala de decisión que al revisar sus
versiones injuradas [del demandante y los otros tres patrulleros que actuaron como
escoltas] no hay la contundencia exculpativa, especialmente en cuanto hace
relación con la posible intervención – así fuera de apoyo pero con conocimiento de
lo pretendido por su superior ... » (ibídem), asunto que en sede administrativa sí
Demandante: Humberto Lenis Jiménez
Radicado: 76001-23-33-000-2013-01094-01 (5307-2022)
fue investigado, valorado y arrojó como resultado la responsabilidad disciplinaria
del actor por la que fue sancionado, tal como aparece consignado en los actos
acusados, por haberse comprobado la ilicitud sustancial de la conducta, que afectó
el deber funcional a su cargo como miembro de la Policía Nacional de combatir el
delito; en tal sentido la Procuraduría concluyó que el actor y los demás implicados
en los hechos investigados actuaron con dolo «por cuanto omitieron cumplir un
acto propio de su cargo que consistía en la captura, aprehensión y puesta a
disposición de las autoridades competentes a los particulares que infringieron la
ley penal . . . quienes se movilizaban en el vehículo tractocamión de placas SNF-
465 y transportaban insumos químicos para la producción de narcóticos, que no
obstante retener el vehículo y a su conductor, ... lo trasladaron hasta el
parqueadero de la Policía de Carreteras de Cauca y posteriormente lo dejaron salir
hacia el sur del país sin judicializarlo, siendo frustrada su actuación por personal
del DAS».
Como se puede observar, la sanción disciplinaria no está relacionada con los
delitos imputados por la justicia penal sino por el incumplimiento de sus deberes
como patrullero de la Policía Nacional, cuyos motivos no fueron desvirtuados. En
tales circunstancias, la exoneración de responsabilidad penal del actor no conlleva
la misma consecuencia en materia disciplinaria.»27
13.- Estudio del caso en concreto
13.1.- Análisis de las inconformidades relacionadas con la exoneración penal
58. Los motivos de inconformidad del demandante con los actos administrativos
sancionatoros de primera y segunda instancia, radican en considerar entre otras,
que a pesar de ser indiscutible la independencia de la acción penal y la
disciplinaria, cuando la conducta desplegada por el servidor investigado es violar
la ley penal, es necesario para el operador disciplinario allegar al expediente la
prueba de tal violación, en su decir, la sentencia condenatoria, y que mientras no
exista, debe respetarse el principio de presunción de inocencia, hasta tanto se
desvirtúe a través de una sentencia condenatoria en firme. Por lo que en este
caso, al no existir condena penal, debió operar el principio de presunción de
inocencia a su favor.
59. Para la Sala, este cargo no está llamado a prosperar, porque como se estudió
en los considerandos 48 a 57 de esta providencia, un fallo penal ejecutoriado no
es prerrequisito ni elemento de la sanción disciplinaria, dado que ambos procesos,
a pesar de ser sancionatorios, protegen intereses totalmente distintos, pues
mientras para la responsabilidad penal se resguardan bienes sociales más
amplios, en el derecho disciplinario seguido en contra de los servidores públicos
se juzga si su comportamiento se ha ceñido al cumplimiento de sus deberes.
60. Así las cosas, solo era exigible a la entidad sancionadora atender los
elementos que configuran la falta disciplinaria como lo son la tipicidad,
antijuridicidad y culpabilidad de la conducta, que en el presente caso quedó
debidamente definida y tipificada, ya que el comportamiento del policía se sustrajo
del cumplimiento de su deber de verificar efectivamente la procedencia lícita o
ilícita de la res, y si era del caso poner en conocimiento de la entidad competente
para investigar o judicializar los presuntos delitos, o por lo menos identificar la
27
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 31 de enero de 2018, consejero ponente Dr. Carmelo
Perdomo Cuéter, expediente 1001-03-25-000-2012-00089-00 (0365-2012)
Demandante: Humberto Lenis Jiménez
Radicado: 76001-23-33-000-2013-01094-01 (5307-2022)
comisión de una conducta evidentemente irregular, como lo es el transporte de
una res muerta sin constancia o documento alguno que acredite su procedencia
licita; quedándose el intendente de policía, hoy demandante, tan solo con el
señalamiento de que los ocupantes del vehículo eran personas de bien que no
necesitaban hurtar el semoviente, inferencia que hace por el dicho de los mismos
ocupantes y policiales del municipio de La Unión, de que eran empleados de un
ciudadano que gozaba de buen renombre en la región, sin que tal averiguación
demostrara en forma alguna que la res fue adquirida de manera regular, ni que
fuera transportada en las condiciones señaladas en el ordenamiento jurídico;
omisión que desconoció las funciones a su cargo.
61. En conclusión, para emitir la sanción, a pesar de que el hecho típico fuera la
comisión de un delito, a la autoridad disciplinaria no le era exigible verificar la
existencia de fallo sancionatorio en materia penal en firme, que señalara de
manera inequívoca la comisión del delito de prevaricato por omisión, pues son
ámbitos sancionatorios del Estado distintos, que protegen bienes jurídicos
diferentes.
13.2.- Análisis de las inconformidades relacionadas con la vulneración de
principios de legalidad, presunción de inocencia y buena fe, por la indebida
valoración probatoria durante el proceso disciplinario
62. Frente al cargo del demandante donde señala que en la investigación
disciplinaria se desconoció el principio rector de la legalidad contenido en el
artículo 4 de la Ley 734 de 2002, así como los principios de presunción de
inocencia y buena fe, porque la conducta desplegada no se adecua al tipo
disciplinario del artículo 34.9 de la Ley 1015 de 2006, es necesario revisar la
actuación disciplinaria adelantada:
Expediente disciplinario informativo P-DEVAL-2011-245, en el que resulta
investigado el intendente Lenis Jiménez Humberto, iniciado el 21/12/2011, y se
consignaron como hechos la «presunta exigencia de dadivas por permitir que un
vehículo que transportaba una res muerta continuara el desplazamiento. Se le
reprochó a los tripulantes abigeato y por ello la exigencia de $500.000».
Así mismo, obra auto preliminar del 21 de diciembre de 201128 en el que, por
solicitud verbal del coronel Gutiérrez Martínez Carlos Antonio, subcomandante
de Policía Valle, pone en conocimiento presuntas irregularidades en cabeza de
dos patrulleros y dos intendentes de la institución, entre ellos, el demandante.
En dicho auto se dispone la apertura de investigación preliminar de carácter
averiguatorio, también se decreta como prueba escuchar la declaración del
coronel Gutiérrez Martínez.
Obran diligencias de declaración29 de las personas implicadas en los hechos
materia de declaración, tales como: Diego Alonso Aristizábal Ávila (propietario
del vehículo en que se movilizaba la res y empleador de uno de los ocupantes
del vehículo en los hechos en cuestión) Álvaro Fabián Durán Estrada
28 Visible en folios 6 y 7 del expediente
29 Visible en folios 8 a 24 del expediente
Demandante: Humberto Lenis Jiménez
Radicado: 76001-23-33-000-2013-01094-01 (5307-2022)
(ocupante del vehículo y empleado de Aristizábal), Juan Camilo Salazar Marín
(ocupante del vehículo), patrullero Mauricio Vásquez Becerra (Policía de La
Unión), José Bernardo Betancourt Flórez (ocupante del vehículo) y Harold
Eider Betancourt Flórez (ocupante del Vehículo). Todos narraron las
circunstancias ocurridas el 14 de diciembre de 2011, cuando fue detenido el
camión en el que se desplazaban a altas horas de la noche 4 ocupantes y una
res muerta.
Minuta de guardia de la Estación de Policía de Roldanillo del 14 de diciembre
de 201130.
Minuta de servicios31 de la Estación de Policía de Roldanillo, en la que se
registra que en el primer y cuarto turno del 14 de diciembre de 2011 se
encontraba el entonces intendente Humberto Lenis.
Libro de anotaciones del 14 de diciembre de 201132.
Libro de control de radios y comunicaciones de la Estación de Policía de
Roldanillo33 correspondiente a la fecha de los hechos.
Copia del libro de población de la Estación de Policía de Roldanillo del 14 de
diciembre de 201134.
Libro de anotaciones de radio operadores de la Estación de Policía de
Roldanillo, de la fecha de los hechos35.
Auto del 12 de enero de 2012 en el que se vinculó al servidor público Humberto
Lenis a la indagación preliminar P-DEVAL-211-245, como presunto
responsable de los hechos36.
Constancia de recibo de queja instaurada por Diego Aristizábal por los hechos
ocurridos el 13 y 14 de diciembre de 201137.
Declaraciones de los patrulleros: Gilber Antonio Ospina Castaño, Byron
Ducuara Peña, Víctor Manuel Bedoya Velásquez y David Santiago Inagan
Castillo38.
Declaración del coronel Carlos Antonio Gutiérrez y el mayor Miguel Arturo
Cortés39.
Auto del 7 de mayo de 2012 dentro del proceso con radicación DEVAL-2012-
76, por medio del cual se dio apertura a la investigación disciplinaria en contra
30 Visible en folios 28 a 37 del expediente
31 Visible en folios 38 a 41 del expediente
32 Visible en folios 42 y 43 del expediente
33 Visible en folios 52 a 54 del expediente
34 Visible en folios 55 a 58 del expediente
35 Visible en folios 59 a 61 del expediente
36 Visible en folios 66 a 69 del expediente
37 Visible en folios 77 a 81 del expediente
38 Visible en folios 91 a 109 del expediente
39 Visible en folios 213 a 238 del expediente
Demandante: Humberto Lenis Jiménez
Radicado: 76001-23-33-000-2013-01094-01 (5307-2022)
del hoy demandante, en conjunto con otros tres policías que participaron en la
operación, por presuntamente omitir realizar labores precisas para la
verificación de la situación legal de una res muerta que transportaba en un
vehículo turbo Álvaro Fabián Durán Estrada.40
Directiva Nacional 025 del 17 de julio de 2006, fortalecimiento en las medidas
de seguridad para el gremio ganadero, emitida por la Dirección Nacional de la
Policía, y Directiva Permanente No. 007 modificación a la directiva permanente
025 del 170706 «Fortalecimiento en las medidas de seguridad para el gremio
ganadero» del 11 de abril de 2007, en la que se dan orientaciones para mejorar
la seguridad y disminuir el riesgo frente a la delincuencia en contra de los
ganaderos41.
Copia del Decreto No. 414 de 2007 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, en el que se establece el registro de actividades ganaderas, las
obligaciones para la comercialización de ganado, requisitos para su
movilización, registro policía, documentación, entre otros controles a cargo de
la Policía Nacional42.
Evaluación del mérito del 12 de junio de 2012, mediante la cual la oficina de
control disciplinario interno de la policía, frente al intendente Humberto Lenis,
señaló como descripción y determinación de la conducta investigada, con
indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en se realizó43:
« (…) Concepto de violación
El reproche disciplinario se funda en el hecho de que el uniformado para la
fecha del 14/12/11 durante el cuarto y primer turno de vigilancia no actuó
exclusivamente obedeciendo las órdenes del superior IT. Arias Arango sino
que como profesional de la policía asumió con su superior el procedimiento
del cual presuntamente no adelanto un control efectivo de la situación legal
de la res muerta que transportaba el señor Álvaro Fabián Duran Estrada,
omitiendo verificar la procedencia y propiedad, procediendo que le era
exigible, en virtud a su profesión y la misión que desempeñaba de
contrarrestar el flagelo del abigeato en el Municipio de Roldanillo;
comportamiento del disciplinado que a pesar de haber sido en principio
lícito, por cuando se encontraba realizando un control y vigilancia del
cumplimiento de normas de tránsito pero también la prevención de la
comisión de delitos, supuestamente el procedimiento no fue del todo
ortodoxo dado que tomo otros rumbos diametralmente opuesto(s) a la
finalidad Constitucional de la Fuerza Pública.
… En ese orden de ideas debe enfatizarse que el automotor que movilizaba
la res de restrictivo transporte no contaba con la documentación que
legalizara su traslado intermunicipal, bajo esas circunstancias, hacía
necesario verificaciones que llevaran a constatar si el bovino cumplía o no
con las reglas para su transporte, y si posiblemente una eventual ilicitud
ameritaba su postura a disposición de autoridad competente procurando la
inmovilización del vehículo, lo que en el caso no sucedió, y por el contrario
se tiene que se salió aparentemente del normal procedimiento para a motu
proprio inconsultamente permitir su movilización ante la confianza ligera
que tuvo frente a las afirmaciones que hizo del vehículo truper como
40 Visible en folios 239 a 241 del expediente
41 Visible en folios 257 a 267 del expediente
42 Visible en folios 268 a 271 del expediente
43 Visible en folios 281 a 363 del expediente
Demandante: Humberto Lenis Jiménez
Radicado: 76001-23-33-000-2013-01094-01 (5307-2022)
también la de sus tripulantes, quienes al unisonó aseguraban que esta
había ocasionado un accidente de tránsito, situación que solo se
encontraba respalda con sus dichos».
Fallo disciplinario de primera instancia proferido el 23 de agosto de 2012 por el
jefe de la oficina de control disciplinario interno de la policía en el que se
identificó plenamente a los disciplinables, se indicó la situación fáctica, se
realizó un análisis probatorio, pruebas de los descargos, análisis y valoración
jurídica de los cargos y descargos, así como de las alegaciones, naturaleza de
la falta y culpabilidad de cada uno de los disciplinados. Finalmente, en el
mencionado fallo se resolvió declarar probado y no desvirtuados los cargos y
responsable al demandante en materia disciplinaria, imponiendo como sanción
la destitución e inhabilidad general por el término de 18 años. Dicha decisión
fue notificada personalmente a los sancionados44.
El apoderado de los sancionados interpuso recurso de apelación en contra del
fallo de primera instancia, para lo cual reiteró lo expresado en la contestación y
señaló que el demandante y los patrulleros sancionados que participaron en el
procedimiento en cuestión, no actuaron de manera autónoma, ya que en el
puesto de control tenían un comandante que era el intendente Arias, el cual era
de mayor jerarquía y antigüedad, y fijaba las pautas, disponiendo que se hacía
y que no, respecto de los vehículos que ingresaban al retén policial. Que el
intendente Lenis y los patrulleros, en sus calidades de subalternos del
intendente Arias, confiaban plenamente en la conducta de su superior
jerárquico y comandante, no solo por su grado, experiencia y trayectoria
institucional, sino porque sus calidades personales y morales no permitían
tacha, razón para que no presentaron objeción al procedimiento policial45.
Fallo de segunda instancia proferido por el Inspector Delegado Regional de
Policía No. 4 del 18 de diciembre de 2012, en el que se confirmó parcialmente
la decisión de primera, en tanto responsabilizó disciplinariamente al intendente
LENIS JIMENEZ HUMBERTO, pero modificó la sanción por la de destitución e
inhabilidad general por espacio de 12 años. Esta decisión fue notificada al
apoderado de los sancionados46.
63. De acuerdo con la investigación disciplinaria, la conducta del uniformado
resultó lesiva para los intereses del Estado, debido a que el comportamiento de
este debió ser acorde con la constitución y la ley, basado en los principios de la
función administrativa, pues se sustrajo del cumplimiento de su deber de verificar
efectivamente la procedencia lícita o ilícita de la res, y si era el caso, poner en
conocimiento de la entidad competente para investigar o judicializar por los
presuntos delitos, debido a que el policía se quedó tan solo con el señalamiento
de que los ocupantes del vehículo eran personas de bien, que no necesitaban
hurtar la res, y por ser empleados de un ciudadano de la región que gozaba de
buen nombre.
44 Visible en folios 433 a 535 del expediente
45 Visible en folios 433 a 535 del expediente
46 Visible en folios 560 a 572 del expediente
Demandante: Humberto Lenis Jiménez
Radicado: 76001-23-33-000-2013-01094-01 (5307-2022)
64. De las versiones libres, declaraciones y pruebas documentales que obran en el
expediente, es claro que la madrugada del 14 de diciembre de 2011 el entonces
intendente Lenis Jiménez en compañía de otro intendente y dos patrulleros, se
encontraban en el municipio de Roldanillo realizando un procedimiento de control
y vigilancia, donde detienen un vehículo en que se transportaba una res muerta,
sin que se allegara prueba alguna de su procedencia y destino, además, sin
cumplir los requisitos de transporte de este tipo de mercancía, y que a pesar de
que ni el vehículo ni sus ocupantes tenían antecedentes, si era su obligación legal
determinar de manera clara la procedencia licita del semoviente, y si era del caso
poner a disposición de la autoridad competente para que determinara los
elementos de prueba necesarios o suficientes para continuar o no con los
procedimientos administrativos y/o judiciales pertinentes. Contrario a ello, se
comprobó en el procedimiento disciplinario, que el intendente Lenis, permitió el
paso del vehículo sin una verificación de la procedencia lícita de la res, solo con la
información de que se trataba de personas de bien, empleados de un comerciante
de renombre del sector y quien decía ser amigo personal de sus superiores;
circunstancias que no lo eximían en su deber legal de verificar la legalidad o
ilegalidad de la conducta irregular de los ocupantes del vehículo.
65. Tal omisión en el cumplimiento del deber legal, como quedó demostrado,
desvirtuó la presunción de inocencia en materia disciplinaria del demandante,
adecuándose de manera clara en el tipo disciplinario, pues se sustrajo de su
obligación constitucional, legal y reglamentaria de verificar en debida forma la
eventual comisión de una conducta punible y/o el sometimiento de los ciudadanos
a las normas que regulan el transporte de carne o reses muertas, que garantizaba
la seguridad y salubridad públicas.
66. Por otro lado, queda claro para la Sala que contrario a lo reprochado en la
demanda, si está demostrado en el procedimiento administrativo que
desencadenó los actos acusados, que la omisión del servidor público fue a título
de dolo, pues como policía tuvo conocimiento de las normas de sus competencias
y el cumplimiento de su deber, al punto que de los testimonios y pruebas
arrimadas al expediente, se evidencia que dio inicio al procedimiento policial con
señalamiento de la posible comisión de un delito, pero se decidió no continuar con
el operativo con el solo hecho de que no habían antecedentes del vehículo ni de
sus ocupantes y que el propietario del vehículo, al decir de otros policiales, era
una persona de bien que colaboraba con la institución y amigo de sus superiores;
situaciones que no repercutían en la procedencia lícita de la res que transportaban
sin el lleno de los requisitos señalados en la ley.
67. En efecto, de las declaraciones de Alvaro Fabián Duran Estrada, Juan Camilo
Salazar Marín, José Bernardo Betancourth Flórez, Diego Alonso Aristizábal,
Mauricio Vasquez Becerra, Harold Eider betancourth Flórez, Bayron Ducuara
Peña, Víctor Manuel Bedoya Velázquez, David Santiago Inagán Castillo, Carlos
Antonio Gutiérrez Martínez, Miguel Arturo Cortés Ospina , fluye que en horas de la
noche del 14 de diciembre de 2011, en momentos en que se movilizaban en un
camión turbo NKR Chévrolet fueron abordados en la glorieta del municipio de
Roldanillo cerca del sitio conocido como Universidad Antonio Nariño, por los
uniformados Arias Arango Juan Pablo, Lenis Jiménez Humberto, Arias Arango
Demandante: Humberto Lenis Jiménez
Radicado: 76001-23-33-000-2013-01094-01 (5307-2022)
Juan Pablo, Cifuentes Tascon Edilson y Ospina Castaño Gilber Antonio, quienes
les pidieron los documentos y les indagaron sobre la procedencia de la ternera,
policiales que les señalaron de estar incurriendo en el delito de abigeato, que
luego de comunicarse con uniformados de la estación de policía del municipio de
La Unión, les solicitaron $500.000 para dejarlos ir.
68. En lo que corresponde al deber incumplido, se tiene lo dispuesto por el artículo
21 de la Resolución 00912 del 1 de abril de 2009 «Reglamento del Servicio de
Policía», disposición que en su artículo 35 reseñó lo que debe entenderse por
servicio de policía y la trascendencia que tiene pues «constituye en la base sobre la
que se asientan el resto de los servicios del Estado, en la medida en que estos necesitan
un entorno de respeto a la ley y el orden para funcionar adecuadamente». Ello permite
concretar que con la conducta omisiva asumida por el intendente Lenis Jiménez
se desconoció una de las finalidades del servicio: «5. Ejercer, de manera
permanente, las funciones de investigación criminal, respecto de los delitos y
contravenciones».
69. En este orden de ideas, el automotor que movilizaba la res no contaba con la
documentación que permitiera su circulación intermunicipal, bajo esas
circunstancias, era necesario adelantar verificaciones que llevaran a constatar si el
bovino cumplia o no las reglas para su transporte, lo que en el caso no sucedió, y
por el contrario se tiene que el uniformado se salió del normal procedimiento para
a motu proprio, inconsultamente permitir su movilización ante la confianza ligera
que tuvo frente a las afirmación que hizo el conductor del vehículo como también
la de sus tripulantes, quienes al unisonó aseguraban que esta habla ocasionado
un accidente de tránsito, situación que solo se encontraba respaldada con sus
dichos.
70. Ello es lo que perfila el acto negativo que por tan evidente omisión de las
funciones y atribuciones propias del cargo, no deja bien librado al encartado, pues
son estos hechos los que menoscaban el prestigio de la Policia Nacional, al omitir
el cumplimiento de las funciones que le fueron asignadas. En el caso examinado,
el Reglamento del Servicio de Policia, artículo 52, señala como finalidad la de, en
el ambito urbano, prevenir y controlar los casios contravenciones que afectan la
seguridad ciudadana.
71. En éste orden de ideas, el disciplinado actuó de forma deliberada, con
consciencia de que su conducta contrariaba la Ley, porque teniendo el deber
funcional de hacer las cosas lo mejor posible, opto por ofrecer a los tripulantes del
automotor un trato preferencial, a pesar que debía y podía actuar de un modo
distinto, siendo procedente el reproche de su actuación al desatender el
acatamiento de las normas de obligatorio cumplimiento enunciadas en
precedencia y en el acápite de tipicidad, que le imponían el deber de exigir los
requisitos que habilitan la movilización terrestre de ganado en el teritorio nacional.
Por lo anterior, en forma contundente, se tiene que él aquí asciplinado procedió
con dolo, en cuanto que conociendo las normas, en forma deberada y consciente
las haya ignorado.
Demandante: Humberto Lenis Jiménez
Radicado: 76001-23-33-000-2013-01094-01 (5307-2022)
72. Debido a lo anterior, no encuentra la Sala desvirtuada la presunción de
legalidad de la que gozan los actos administrativos por lo que se confirmará la
sentencia apelada.
14.- Costas
73. Por último, en cuanto a la condena en costas la Sala precisa que la norma que
prevé su condena en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo es el artículo
188 del CPACA que dispuso: «salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil. En todo caso, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda
con manifiesta carencia de fundamento legal».
74. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma
enunciada, no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda
el litigio y solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las
normas generales del procedimiento para su liquidación y ejecución. Por ello, a
diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez de lo
contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva respecto de
la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la medida, que
limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación
razonable de la norma. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si
existieron acciones temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso
normal de las diferentes etapas del procedimiento y de verificar que en el
expediente aparezca probado si se causaron dichas costas.
75. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal de única instancia, la Sala se abstendrá de
condenar en costas a la parte demandante en esta instancia y revocará la
sentencia de primera instancia en ese puntual aspecto.
76. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
III.- FALLA
Primero: Confírmese la sentencia del 19 de mayo de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual negó las
pretensiones de la demanda.
Segundo: Revóquese la condena en cosas impuesta al demandante en la
sentencia apelada.
Tercero: Sin condena en costas en esta instancia.
Demandante: Humberto Lenis Jiménez
Radicado: 76001-23-33-000-2013-01094-01 (5307-2022)
Cuarto: Notifíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.