Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2013-01124-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2013-01124-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2013-01124-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
7 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá D.C., siete (07) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 76001 23 33 000 2013 01124-01 (3084-2023)
Demandante: Alfonso Madroñero Buritica
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Temas: Pensión gracia. Improcedencia de la reliquidación con
factores salariales provenientes de doble vinculación
docente simultánea. Prohibición constitucional de percibir
más de una asignación del tesoro público. Tránsito
normativo entre la Constitución de 1886 y la Constitución de
1991. Principio de favorabilidad laboral: límites frente a
normas derogadas o incompatibles con la Constitución.
Facultades oficiosas del juez contencioso-administrativo.
Principio de preservación del orden jurídico. Condena en
costas
Decisión: Se confirma la sentencia apelada por cuanto al actor no le
asiste derecho a la reliquidación de su pensión gracia
teniendo en cuenta los factores salariales percibidos con
ocasión de una doble vinculación resulta incompatible con la
Constitución Política de 1991
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia de primera instancia del 19 de noviembre de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. El demandante, en ejercicio del medio de control de la referencia, solicitó
que se declare la nulidad parcial de las Resoluciones 019062 del 6 de septiembre
de 20001 —por medio de la cual la extinta Caja Nacional de Previsión Social
(CAJANAL EICE) le reconoció el pago de una pensión gracia— y 034835 del 28
de octubre de 2005 —a través de la que la mencionada entidad ordenó la
reliquidación de dicha prestación en cumplimiento de un fallo de tutela—.
1 Folios 23 al 28.
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2. Asimismo, pidió que se declare la nulidad total de las Resoluciones 54455
del 19 de noviembre de 20072 y PAP 007048 del 23 de julio de 20103, por medio
de las cuales CAJANAL EICE le negó la reliquidación de su pensión gracia
teniendo en cuenta todos los factores salariales, incluidos los percibidos con
ocasión de la doble vinculación que mantuvo durante el año anterior a haber
cumplido su estatus pensional.
3. A título de restablecimiento del derecho, requirió que se condene a la
UGPP a que le reconozca y pague la mencionada pensión tomando como base
los factores salariales que devengó por su labor ejercida simultáneamente en la
Institución Educativa Manuel Antonio Bonilla del municipio de La Victoria (Valle
del Cauca) y en el Colegio Argemiro Escobar Cardona del municipio de La Unión
de ese mismo departamento, durante el año anterior al cumplimiento de su
estatus de pensionado.
4. Igualmente, pidió que la mesada pensional obtenida por efectos de la
reliquidación sea incrementada e indexada, según lo establecido en los artículos
187, 189 y 195 del CPACA y 141 de la Ley 100 de 1993. Además, que se le
paguen los intereses cuando se den los presupuestos legales.
5. Finalmente, solicitó que de las sumas adeudadas no se le apliquen los
descuentos para efectos de EPS en forma retroactiva, como se estableció en la
sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 proferida por esta Corporación.
6. Como sustento fáctico de sus pretensiones, indicó que mediante la
Resolución 019062 del 6 de septiembre de 2000 la extinta CAJANAL EICE le
reconoció el pago de la pensión gracia a partir del 10 de noviembre de 1998, la
cual fue liquidada únicamente con la asignación básica que devengaba como
docente de la Institución Educativa Manuel Antonio Bonilla.
7. Al respecto, explicó que prestó sus servicios como docente oficial por más
de 20 años, desempeñándose simultáneamente durante el año anterior a cumplir
el estatus como profesor nacionalizado en la Institución Educativa Manuel
Antonio Bonilla del municipio de La Victoria (Valle del Cauca) —jornada
completa— y en el Colegio Argemiro Escobar Cardona del municipio de La Unión
(Valle) —jornada parcial—.
8. Sostuvo que para obtener la reliquidación de la pensión gracia con base
en todos los factores que devengó durante el año anterior al cumplimiento del
estatus pensional y teniendo en cuenta la doble vinculación aludida, interpuso
acción de tutela que fue decidida favorablemente por el Juzgado Primero Penal
del Circuito de Guadalajara de Buga a través de sentencia del 31 de marzo de
2004.
2 Archivo 46 de los antecedentes administrativos que reposa en el CD que obra en el cuaderno 2 del
expediente.
3 Folios 19 al 22.
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9. Expuso que en dicha providencia se le ordenó a CAJANAL que le
reconociera el reajuste de la prestación con la totalidad de los factores
devengados durante el año inmediatamente anterior al cumplimiento del estatus
de pensionado, desde el momento en que se consolidó el derecho y señalando
que el retroactivo se debe pagar de manera indexada y con los intereses
moratorios.
10. En cumplimiento de lo anterior, dijo que CAJANAL profirió la Resolución
034835 del 28 de octubre de 2005. No obstante, que para la reliquidación de su
pensión solo se tuvieron en cuenta los factores correspondientes a la labor que
desempeñó en la Institución Educativa Manuel Antonio Bonilla, sin incluir lo
devengado en el otro colegio.
11. Inconforme con lo anterior, el 28 de noviembre de 2006 solicitó
nuevamente ante CAJANAL que se reliquidara su pensión gracia conforme a los
argumentos previamente expuestos, pero esta se negó a través de la Resolución
54455 del 19 de noviembre de 2007 bajo el argumento de que los tiempos no
fueron simultáneos.
12. Por tanto, el 28 de abril de 2008 nuevamente pidió la reliquidación de la
prestación, la cual fue negada mediante la Resolución PAP 007048 del 23 de julio
de 2010 con fundamento en que ya se había ordenado un reajuste a su favor.
Contestación de la demanda
13. La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones
argumentando que no era posible la reliquidación de la pensión gracia del actor
porque los salarios que devengó durante el tiempo que laboró en el Colegio
Argemiro Escobar los recibió por virtud de un nombramiento de tiempo parcial,
aclarando que únicamente era factible incluir los percibidos por nombramiento en
propiedad y en jornada completa.
14. Adujo que los elementos constitutivos de salario que se tomaron como
base para la reliquidación de la pensión fueron los señalados en el artículo 1 del
Decreto 1158 de 1994 dado que el accionando adquirió su estatus pensional el
10 de noviembre de 1998, esto es, en vigencia de la Ley 100 de 1993.
15. Por último, propuso las excepciones que denominó «inexistencia de la
obligación demandada y cobro de lo no debido», «ausencia de vicios en el acto
administrativo demandado» y «prescripción».
Sentencia apelada
16. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 19
de noviembre de 2021, negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de
condenar en costas a la parte vencida.
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17. Para adoptar esa decisión, el a quo concluyó, en primer lugar, que la
pensión gracia debía liquidarse exclusivamente con los factores salariales
devengados en el año anterior a la consolidación del derecho pensional y no con
valores causados después ni con base en nuevos tiempos de servicio.
18. En segundo lugar, estimó que la simultaneidad entre la vinculación
docente principal y la desarrollada en el Colegio Argemiro Escobar no permitía
acceder a la reliquidación pretendida porque la prohibición constitucional y legal
de percibir más de una asignación del tesoro público impedía reconocer una
prestación fundada en una situación incompatible con ese régimen.
19. Añadió que esa incompatibilidad había sido, además, la razón por la cual
la Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca declaró
insubsistente al actor en el cargo de tiempo parcial mediante la Resolución del
14 de agosto de 2000, acto que seguía amparado por presunción de legalidad
mientras no fuera anulado.
20. Finalmente, el tribunal sostuvo que, aun si se dejara de lado la
incompatibilidad por doble asignación, los valores reclamados por la labor de
tiempo parcial u hora cátedra no podían incorporarse como factores salariales de
la pensión gracia porque jurídicamente correspondían a honorarios y no a salario.
Recurso de apelación
21. El demandante interpuso recurso de apelación, mediante el cual solicitó la
revocatoria de la sentencia de primera instancia.
22. Sostuvo que en el fallo impugnado se incurrió en incongruencia entre la
fijación del litigio y el desarrollo del proceso. En ese sentido, cuestionó la
improcedencia de la reliquidación reclamada fundada en la imposibilidad de
laborar simultáneamente y percibir doble remuneración del tesoro público, por
cuanto tal aspecto correspondía a una situación jurídica definida e inmodificable,
ajena al objeto del litigio, no debatida en sede administrativa ni propuesta como
excepción por la entidad demandada.
23. Por otra parte, precisó que el a quo excedió el ejercicio de su facultad
oficiosa toda vez que, de conformidad con el artículo 187 del CPACA, el juez
contencioso-administrativo debe ceñirse al debate jurídico delimitado por las
pretensiones y las excepciones. En consecuencia, no le es dable pronunciarse
sobre situaciones que, aun cuando guarden relación con la causa petendi, no
constituyen el objeto principal del proceso, como ocurrió en el presente asunto.
24. En tal contexto, explicó que el fallador no debió analizar la legalidad de la
doble vinculación, la cual, si bien actualmente podría calificarse como irregular,
tenía un sustento normativo legítimo, máxime si se considera que los
nombramientos se produjeron en la década de 1970, época en la que era habitual
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el desempeño simultáneo de dos cargos públicos especialmente cuando
correspondían a jornadas académicas distintas.
25. De igual forma, sostuvo que la sentencia apelada vulneró los principios de
primacía de la realidad e in dubio pro operario. En relación con el primero, indicó
que el tribunal omitió valorar que la realidad fáctica y procesal demostraba que al
momento de adquirir el estatus de pensionado el demandante percibía salarios
provenientes de dos instituciones educativas nacionalizadas en las cuales laboró
por más de 20 años, por lo que debían computarse la totalidad de los factores
salariales devengados durante el año inmediatamente anterior al cumplimiento
del estatus pensional.
26. En cuanto al segundo principio, afirmó que el a quo debió propender por
la defensa de sus derechos laborales y prestacionales dado que la acción
contenciosa interpuesta es de naturaleza laboral, lo que impone la obligación de
aplicar la norma más favorable al trabajador sin acudir a consideraciones que,
aunque eventualmente ciertas, no resultan determinantes para definir el derecho
reclamado.
27. Por último, el recurrente sostuvo que el magistrado ponente incurrió en
error al tomar como referente los postulados de la Constitución Política de 1991
para juzgar una situación originada en los años 1976 y 1978, esto es, con
anterioridad a la expedición de dicha Carta.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
28. El 21 de septiembre de 20234 se admitió el recurso de apelación de la
referencia y se le advirtió a la parte demandada que disponía hasta la ejecutoria
de dicha providencia para pronunciarse sobre la alzada y al Ministerio Público
que podía emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara al despacho
para sentencia.
29. En cumplimiento de lo anterior, la entidad5 solicitó confirmar el fallo de
primera instancia que negó las pretensiones de la demanda por cuanto el análisis
efectuado por el a quo se encuentra adecuado a la materia objeto de la fijación
del litigio.
30. A su turno, el Ministerio Público6 pidió confirmar la sentencia de primera
instancia porque la apelación parte de supuestos jurídicos y fácticos errados. Al
respecto, señaló que, aunque el problema consiste en establecer si procedía
reliquidar la pensión gracia con factores salariales de dos vinculaciones docentes
simultáneas, el tribunal sí podía valorar el contexto jurídico de la segunda
vinculación para resolver las pretensiones.
4 Índice 5 de SAMAI.
5 Índice 10 ibidem
6 Índice 12 ibidem.
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31. Añadió que la pensión gracia es una sola y no admite una liquidación
«doblada» con factores salariales de dos relaciones laborales distintas. Indicó
que la segunda vinculación del actor, aun si se entendiera referida a horas
cátedra, solo podía generar honorarios y no factores salariales ni prestaciones
computables para la reliquidación.
32. En consecuencia, afirmó que de una situación irregular no pueden surgir
derechos adquiridos y que, aunque el demandante sí consolidó el derecho a la
pensión gracia, no tiene derecho a que se le incluyan factores provenientes de
esa segunda prestación de servicios.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
33. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por
los artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es
competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.
Problema jurídico
34. Corresponde a la Sala determinar si la sentencia de primera instancia
desconoció los principios de congruencia, de primacía de la realidad e in dubio
pro operario y excedió las facultades oficiosas del juez contencioso-
administrativo al negar la reliquidación de la pensión gracia con fundamento en
la supuesta ilegalidad de la doble vinculación laboral —aspecto no debatido en
sede administrativa ni propuesto como excepción— así como mediante la
aplicación de criterios normativos no vigentes al momento de configuración de la
situación jurídica del demandante.
35. Además, se establecerá si para efectos del reconocimiento y liquidación
de la pensión gracia debían computarse los salarios, prestaciones y demás
factores devengados por el actor en las dos instituciones educativas en las que
laboró durante el año anterior a la consolidación de su estatus pensional.
Análisis del problema jurídico
36. La Sala anticipa su decisión de confirmar la sentencia recurrida toda vez
que no es posible reliquidar la pensión gracia del demandante, por las razones
que se expondrán a continuación.
1. ¿La sentencia apelada incurrió en incongruencia al resolver el asunto con
base en un aspecto no debatido en sede administrativa ni propuesto como
excepción?
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37. Para resolver este cuestionamiento, el artículo 103 del CPACA establece
el principio de preservación del orden jurídico como rector del proceso
contencioso-administrativo. Este principio implica el deber de sujeción a la
legalidad.
38. La interpretación de dicho principio debe hacerse junto con la regla
establecida en el artículo 187 de la misma normativa, según la cual en la
sentencia se deberá decidir sobre las excepciones propuestas o no «y sobre
cualquiera otra que el fallador encuentre probada».
39. La anterior previsión refleja una diferencia sustancial respecto del régimen
procesal contenido en el Código General del Proceso, pues flexibiliza las reglas
de congruencia de la sentencia establecidas en el artículo 281 de la Ley 1564 de
2012. Esta particularidad obedece a la naturaleza especial de los procesos
contencioso-administrativos y pone de manifiesto la intención del legislador de
conferir al juez administrativo un rol más activo en el control de legalidad de los
actos jurídicos sujetos a su conocimiento y de las decisiones que de ellos se
derivan, puesto que le permite sustentar sus decisiones en argumentos que no
hayan sido planteados por las partes7.
40. Esta orientación adquiere especial relevancia en materia pensional. En
efecto, el numeral 7 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 prevé como causal
de revisión los eventos en los que se reconozca una prestación periódica a quien
no tenía derecho a ella y el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 contempla, entre
otras, la revisión de las sentencias cuando la prestación excede lo legalmente
debido.
41. Así las cosas, la actuación del juez administrativo debe orientarse por el
principio de preservación del orden jurídico, que impone el deber de asegurar que
las decisiones judiciales sean coherentes con el marco normativo vigente y que
el reconocimiento de derechos prestacionales se funde en situaciones que
satisfagan plenamente los requisitos legales.
42. Al revisar la demanda, su contestación y la sentencia apelada, la Sala no
observa que el a quo hubiera incurrido en la incongruencia alegada puesto que
si bien el fin del litigio recae en la posibilidad de que la pensión gracia devengada
por el actor fuera reliquidada tomando en cuenta la totalidad de los factores
salariales que percibió simultáneamente en dos colegios públicos durante el año
inmediatamente anterior al cumplimiento de sus estatus pensional, ello no
impedía que el fallador estudiara las normas concernientes a la prohibición
constitucional de percibir dos salarios provenientes del tesoro público.
43. En consecuencia, no le asiste razón al apelante al afirmar que el objeto del
litigio no podría desviarse al estudio de la legalidad de las dos vinculaciones, en
7 Esta posición ha sido reiterada por esta Subsección en la sentencia del 30 de octubre de 2025, bajo el
radicado 23001-23-33-000-2017-00083-01 (2190-2025), con ponencia del magistrado Juan Camilo Morales
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tanto que, si bien el tribunal analizó la incompatibilidad de tener dos vinculaciones
de acuerdo con lo establecido en el artículo 64 de la Constitución Política de 1886
y en el artículo 128 de la Constitución Política de 1991, ello no implicó el
desconocimiento de la validez histórica de la vinculación, sino limitar sus efectos
frente a un nuevo marco constitucional.
44. Además, el mencionado análisis tuvo como finalidad encontrar un
argumento constitucional para establecer que para el momento en que la parte
demandante adquirió su estatus de pensionado, esto es, en el año de 1998,
existía una incompatibilidad de percibir dos asignaciones salariales provenientes
del erario, lo cual impedía convalidar dicha situación para ese momento con el
propósito de reconocer la reliquidación reclamada.
45. Por consiguiente, para esta Subsección el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, actuando como juez de primera instancia, no estaba imposibilitado
para negar las pretensiones de la demanda con base en argumentos que no
fueron propuestos en la demanda y la contestación habida cuenta de que el
referido artículo 187 del CPACA lo habilita para declarar probadas las
excepciones que encuentre probadas.
2. ¿Procede la reliquidación de la pensión gracia que percibe el demandante
con la inclusión de todos los factores salariales que devengó
simultáneamente en dos instituciones educativas durante el año anterior a
adquirir el estatus pensional?
46. La pensión gracia fue instituida como un beneficio mediante la Ley 114 de
1913, sin que se exigiera la realización de cotizaciones de ninguna naturaleza.
En cuanto a su forma de liquidación, el artículo 2 de dicha normativa disponía
que la prestación debía calcularse con base en la mitad del sueldo devengado
por el docente durante los dos últimos años de servicio o, en su defecto, con el
promedio de tal período en caso de variaciones.
47. No obstante, esta Corporación ha sostenido de manera uniforme que el
artículo 4 de la Ley 4 de 1966, reglamentado por el artículo 5 del Decreto 1743
del mismo año, resulta aplicable a la pensión gracia, en la medida en que no
establece excepción o restricción alguna respecto de su ámbito de aplicación.
48. Por tanto, para efectos de la liquidación de la pensión gracia debe tomarse
como base el 75% del promedio de los factores salariales percibidos
mensualmente por el docente durante el último año anterior a la consolidación
del estatus jurídico de pensionado, sin que resulte procedente exigir la
acreditación del retiro definitivo del servicio oficial.
49. A partir de lo expuesto, en el expediente obra copia de la Resolución
019062 del 6 de septiembre de 20008, a través de la cual se le reconoció al
demandante una pensión gracia a partir del 10 de noviembre de 1998, la cual fue
8 Folios 23 al 25.
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liquidada con el 75% de la asignación básica que devengó durante el año
inmediatamente anterior, en aplicación de las Leyes 33 y 62 de 1985.
50. Empero, la mencionada prestación periódica fue reliquidada por CAJANAL
a través de la Resolución 034835 del 28 de octubre de 20059, en cumplimiento
de un fallo de tutela proferido el 31 de marzo de 2004 por el Juzgado Primero
Penal del Circuito de Guadalajara de Buga (Valle)10, con la inclusión de todos los
factores salariales que devengó durante los años 1997 y 1998, con su respectiva
indexación.
51. Ahora bien, el objeto del presente litigio recae en establecer si hay lugar a
reliquidar nuevamente la referida pensión gracia con la inclusión de todos los
factores salariales que el actor devengó simultáneamente en los Colegios Manuel
Antonio Bonilla del municipio de La Victoria (Valle del Cauca) y Argemiro Escobar
Cardona de La Unión (Valle del Cauca), en especial los percibidos en este último.
52. Para efectos de demostrar las anteriores vinculaciones, por un lado, en el
expediente obra copia del Certificado de Tiempo de Servicio 38.101 del 19 de
octubre de 200611 expedido por la Secretaría de Educación del Valle del Cauca,
a través del cual se da constancia de que el demandante prestó sus servicios
entre el 11 de octubre de 1977 y el día en que se profirió dicho documento, como
docente nacionalizado de segundaria, con jornada completa, en la Institución
Educativa Manuel Antonio Bonilla del municipio de La Victoria, en virtud del
traslado efectuado por la Resolución 10 del 5 de octubre de 1977.
53. Por otro lado, se aportó copia del Certificado del 4 de marzo de 200812, a
través del cual la gerente administrativa y de gobierno de La Unión (Valle del
Cauca) dio constancia de que el demandante fue nombrado profesor de tiempo
parcial para el Colegio Argemiro Escobar Cardona de dicho municipio mediante
la Resolución 076 del 24 de mayo de 1978, para el cual prestó sus servicios hasta
el 29 de agosto del 2000.
54. Pues bien, sin que ello implique un pronunciamiento sobre la legalidad de
los actos administrativos de nombramiento que dieron lugar a la vinculación
simultánea del demandante en las instituciones educativas referidas en los
párrafos precedentes, resulta pertinente para efectos del caso concreto analizar
la procedencia de dicha situación a la luz de las normas aplicables tanto al
momento de efectuarse los nombramientos como a la fecha en que aquel adquirió
su estatus pensional.
55. El artículo 64 de la Constitución Política de 1886, vigente para la época en
que se expidieron los actos de nombramiento —1977 y 1978—, establecía la
9 Folios 3 al 7.
10 Archivo 30 de los antecedentes administrativos que reposa en el CD que obra en el cuaderno 2 del
expediente.
11 Folio 26.
12 Folio 27.
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prohibición de que una persona percibiera dos asignaciones provenientes del
tesoro público, «salvo lo que para casos especiales determinen las leyes».
56. A su turno, el artículo 1, literal a), del Decreto Ley 1713 de 1960, sustituido
por el artículo 32, literal a), del Decreto 1042 de 1978, disponía lo siguiente:
Artículo 1. Nadie podrá recibir más de una asignación que provenga del Tesoro
Público o de empresas o instituciones en que tenga parte principal el Estado, salvo
las excepciones que se determinan a continuación:
a) Las asignaciones que provengan de establecimientos docentes de carácter
oficial, siempre que no se trata de profesorado de tiempo completo;
[…]
Parágrafo. Para los efectos previstos en los ordinales a) y b) del presente Decreto,
se entiende por horario normal de trabajo la jornada de ocho (8) horas.
(Resalta la Sala)
57. A la luz de las normas transcritas, está claro que durante la vigencia de la
Constitución de 1886 era posible que un docente oficial estuviera vinculado a dos
instituciones educativas, siempre que los servicios prestados en ambas no
correspondieran a jornadas completas. Es decir, como ocurre en el presente
caso, un docente podía laborar simultáneamente en una jornada completa y en
otra de tiempo parcial, sin que ello generara la incompatibilidad que el artículo 64
de dicha Constitución pretendía evitar.
58. Ahora bien, a partir de 1991, el artículo 128 de la Constitución Política
estableció, además de la prohibición de percibir simultáneamente más de una
asignación proveniente del tesoro público o de empresas o instituciones en las
que el Estado tenga participación mayoritaria —salvo las excepciones previstas
expresamente en la ley—, la imposibilidad de desempeñar simultáneamente más
de un empleo público.
59. En desarrollo de esta disposición constitucional, el artículo 19 de la Ley 4
de 1992 dispone lo siguiente:
Artículo 19.- Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo
público, ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de
empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado.
Exceptúanse las siguientes asignaciones:
a. Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como
asesores de la rama legislativa;
b. Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o policial
de la Fuerza Pública;
c. Las percibidas por concepto de sustitución pensional;
d. Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra;
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e. Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud.
f. Los honorarios percibidos por los miembros de las juntas directivas, en razón de
su asistencia a las mismas, siempre que no se trate de mas (sic) de dos juntas.
g. Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los
servidores oficiales docentes pensionados.
PARÁGRAFO . No se podrán recibir honorarios que sumados correspondan a más
de ocho (8) horas diarias de trabajo a varias entidades.
60. Con fundamento en lo anterior, a partir de la promulgación de la
Constitución Política de 1991 no es posible que una persona ejerza
simultáneamente dos empleos públicos ni perciba más de una asignación
proveniente del tesoro público13. Asimismo, a diferencia de lo que ocurría durante
la vigencia de la Constitución de 1886 y de los Decretos 1713 de 1960 y 1042 de
1978, con la expedición de la Ley 4 de 1992 se entiende prohibido que los
docentes oficiales laboren simultáneamente en dos instituciones educativas, aun
cuando una vinculación sea de tiempo completo y la otra de tiempo parcial.
61. Es más, la anterior circunstancia llevó a que la Secretaría de Educación
del Valle del Cauca, mediante la Resolución 3020 del 14 de agosto de 200014,
declarara la insubsistencia del nombramiento en el cargo de profesor de tiempo
parcial en el Colegio Argemiro Escobar Cardona del municipio de La Unión, que
desempeñaba el demandante.
62. Así las cosas, es dable concluir que la doble vinculación que el actor
mantuvo de manera simultánea hasta el año 2000 experimentó una modificación
como consecuencia del tránsito constitucional de la Carta Política de 1886 a la
de 1991.
63. En efecto, al momento de efectuarse los nombramientos en 1977 y 1978
bajo la vigencia de la Constitución de 1886 y de los Decretos 1713 de 1960 y
1042 de 1978, dicha situación se encontraba permitida y no constituía
incompatibilidad alguna, en tanto los servicios prestados en el Colegio Manuel
Antonio Bonilla del municipio de La Victoria correspondían a una jornada
completa, mientras que los desempeñados en el Colegio Argemiro Escobar
Cardona del municipio de La Unión se desarrollaban bajo la modalidad de tiempo
parcial.
64. Sin embargo, para el momento en que el demandante adquirió su estatus
pensional —esto es, el 10 de noviembre de 1998—, ya se encontraba vigente la
13 Al respecto, véanse las siguientes providencias: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 3 de mayo de 2012, proferida bajo el
radicado 68001 23 31 000 2008 00287 01 (1896-11), con ponencia del magistrado Gerardo Arenas
Monsalve; ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 7 de noviembre de 2013, bajo el radicado 54001 23 31 000 2011 00300 01 (2567-12), con
ponencia del magistrado Gustavo Eduardo Gómez Arranguren; iii) Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 6 de abril de 2017, con radicado
23001 23 31 000 2012 00005 01 (3940-15), con ponencia de la magistrada Sandra Lisset Ibarra Vélez.
14 Archivo 44 de los antecedentes administrativos que reposa en el CD que obra en el cuaderno 2 del
expediente.
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prohibición expresa contenida en el artículo 128 de la Constitución Política de
1991, relativa a la imposibilidad de ejercer simultáneamente más de un empleo
público y de percibir más de una asignación proveniente del tesoro público.
65. En otras palabras, si bien la doble vinculación del demandante fue
jurídicamente admisible al momento de su origen bajo la Constitución de 1886,
lo cierto es que para efectos de la liquidación de la pensión gracia —derecho que
se consolidó en 1998— debía verificarse la compatibilidad de los factores
salariales con el orden constitucional vigente al momento de consolidación del
derecho, sin que ello implique desconocer la validez histórica de la vinculación,
sino limitar sus efectos frente a un nuevo marco constitucional.
66. Frente a lo anterior, el apelante sostiene que debe aplicarse el principio
de favorabilidad en el sentido de que se tenga en cuenta que, al momento de su
vinculación en ambas instituciones, dicha circunstancia se encontraba
constitucional y legalmente permitida bajo la vigencia de la Constitución de 1886.
67. Al respecto, conviene recordar que el principio de favorabilidad en materia
laboral y pensional se encuentra consagrado en el artículo 53 de la Constitución
Política de 1991, el cual establece, como principio mínimo, la aplicación de «la
situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e
interpretación de las fuentes formales del derecho».
68. Con todo, en el presente caso no resulta procedente acoger dicho
argumento de apelación por cuanto, pese a que podría plantearse una aparente
duda en la aplicación normativa entre el artículo 1, literal a), del Decreto 1713 de
1960 —subrogado por el artículo 32 del Decreto 1042 de 1978— y la Ley 4 de
1992, lo cierto es que las disposiciones que resultarían más favorables para el
demandante ya eran incompatibles con la Constitución Política de 1991 para el
momento en que se le reconoció la pensión gracia.
69. De este modo, no es posible ordenar la reliquidación pensional en los
términos propuestos por el demandante toda vez que la inclusión de factores
salariales devengados simultáneamente en dos empleos públicos contravendría
la prohibición establecida en la Carta Política de 1991, la cual, en virtud del
principio de supremacía constitucional previsto en su artículo 4, prevalece sobre
las demás disposiciones del ordenamiento jurídico que le sean incompatibles,
incluidas las anteriores a su promulgación.
70. Además, la Subsección B de esta Sección Segunda, mediante la sentencia
del 2 de mayo de 200715, al resolver un caso similar al sub lite, que a su vez fue
citada por el demandante, estableció lo siguiente:
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia
del 2 de mayo de 2007, proferida dentro del expediente 23001 23 31 1000 1999 00409 01(4027-02), con
ponencia de la magistrada Bertha Lucía Ramírez de Páez.
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[…] Es incuestionable que a partir de la expedición de esta última norma [artículo
19 de la Ley 4 de 1992], está vedado desempeñar en forma simultánea dos
cargos docentes, sin perjuicio de su dedicación, pues tal excepción no fue
contemplada por la ley, solo se permite percibir honorarios por concepto de hora
cátedra.
Por último, la ley 4ª de 1992 fue publicada en el Diario Oficial No. 40.451 el 18 de
mayo de 1992 y dispuso que empezaría a regir a partir de su promulgación, es
decir el 18 de mayo de 1992.
En el caso sub judice, el demandante alcanzó el status de pensionado el 22
de julio de 1996, cuando cumplió los cincuenta (50) años de edad, para esta
fecha había empezado a regir la Ley 4ª de 1992, es decir, cuando ya era
inconstitucional e ilegal devengar simultáneamente asignación como
docente de tiempo completo y de medio tiempo.
En consecuencia, la decisión del Tribunal de Córdoba de no tener en cuenta el
ingreso obtenido por el demandante por causa de su vinculación de medio tiempo
como factor para liquidar la pensión gracia reconocida, es válida, pues como lo ha
reiterado la Sala, una situación ilegal no puede dar lugar a la consolidación
de derecho alguno. Así las cosas, se impone la confirmación del fallo apelado.
71. De ahí que, en el presente caso, no resulta procedente acceder a la
reliquidación de la pensión gracia de la parte actora, en la medida en que el
ingreso base de liquidación de dicha prestación periódica no puede fundarse en
una situación contraria a la Constitución, como lo es haber percibido, entre el 10
de noviembre de 1997 y el 9 de noviembre de 1998, una doble asignación
proveniente del tesoro público, circunstancia que, para ese momento, ya se
encontraba prohibida.
72. Por lo tanto, se confirmará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda de la referencia, por cuanto los argumentos de
apelación propuestos han sido desestimados por esta Sala.
Condena en costas
73. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
Corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
74. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
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ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas a la parte vencida
en el proceso.
75. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirán conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
76. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante en segunda
instancia por cuanto resultó vencida en el presente caso al no haber prosperado
sus argumentos de apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366
del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado sustanciador
de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley
IV. RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 19 de noviembre de 2021, proferida
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por el señor
Alfonso Madroñero Buritica contra la UGPP.
SEGUNDO. CONDENAR en costas en segunda instancia al señor Alfonso
Madroñero Buritica. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP,
las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado sustanciador de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
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LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia se firmó electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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