Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2013-01137-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2013-01137-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2013-01137-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
28 de abril de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001 23 33 000 2013 01137 01 (3030-2019)
Demandante: Patricia Celedonia Viveros
Demandado: Nación (Ministerio de Salud y de la Protección Social) y Alianza
Fiduciaria S.A. (Vocera PAR ESE Antonio Nariño)
Temas: Contrato estatal de prestación de servicios, relación laboral
subyacente o encubierta, carga de la prueba
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
_________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante,
contra la sentencia proferida el 28 de febrero de 2019, por el Tribunal
Administrativo de Valle del Cauca, por medio de la cual se declararon probadas
las excepciones i) de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el
Ministerio de Salud y de la Protección Social, y i) de «inepta demanda»; y se
inhibió para decidir de fondo sobre las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, la señora Patricia Celedonia Viveros, mediante
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 76001 23 33 000 2013 01137 01 (3030-2019)
Demandante: Patricia Celedonia Viveros
apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad del Oficio
201311100668821 del 21 de mayo de 2013, por medio del cual el coordinador del
Grupo de Administración de Entidades Liquidadas del Ministerio de Salud y de la
Protección Social negó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales
derivadas de los contratos celebrados entre el 1.º de diciembre de 2003 y el 30 de
septiembre de 2011.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó condenar a la demandada a reconocer y pagar i) las prestaciones sociales
adeudadas; ii) la sanción moratoria derivada del pago tardío de dichas
prestaciones, según lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 797 de 1949, y en
especial de las cesantías, de acuerdo con lo señalado en el artículo 99 de la Ley
50 de 1990; iii) las sumas de dinero que por aportes a seguridad social le
correspondió pagar a la demandante; iv) los valores que por aportes de
administración, fondo de solidaridad, ahorro y legalización se le descontaban por
parte de la cooperativa; v) la indexación de las sumas que admitan esta
corrección; y vi) las costas y agencias en derecho.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:
i) La señora Patricia Celedonia Viveros se vinculó al Instituto de Seguros Sociales,
Seccional Valle del Cauca, como auxiliar de enfermería en el municipio de Cali, en
la Clínica Rafael Uribe Uribe, desde el mes de abril de 2002, a través de la
suscripción de un contrato de prestación de servicios, el cual se prolongó hasta el
26 de junio de 2003.
ii) A través del Decreto 1750 de 2003, los servicios de salud administrados por el
ISS, se dividieron en diferentes empresas sociales que recibieron el personal que
venía laborando con esta sin solución de continuidad. En consecuencia, le
correspondió a la demandante vincularse con la ESE Antonio Nariño, en la que
siguió ejecutando las labores de auxiliar de enfermería desde el 26 de junio de
2
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Demandante: Patricia Celedonia Viveros
2003 hasta el 30 de septiembre de 2011.
iii) El 30 de noviembre de 2003, la ESE Antonio Nariño Liquidada, le manifestó a la
señora Viveros que si deseaba continuar prestando sus servicios en esa entidad
«debía afiliarse a una Cooperativa de Prestación de servicios». De tal manera que
desde el 1.º de diciembre de 2003, suscribió convenios asociativos de trabajo con
diferentes cooperativas hasta el 30 de septiembre de 2011.
iv) La señora Patricia Celedonia Viveros prestó sus servicios en la Clínica Rafael
Uribe Uribe, en el cargo auxiliar de enfermería y como contraprestación recibió
una retribución que se denominaba compensación, pero no percibió prestaciones
sociales legales por dichos servicios y mucho menos convencionales. Sin
embargo, sí le descontaron unas sumas de dinero que se les denominaba aportes
sociales, fondo de sostenimiento y legalización, los cuales nunca fueron
reintegrados.
v) La actora cumplía una jornada ordinaria de ocho horas diarias, siete días de la
semana, más las labores en tiempo extra que se fijaban casi a diario por cuenta
del director de la Seccional de la Clínica Rafael Uribe Uribe de Cali. También
atendía los reglamentos, obedecía órdenes sobre la forma de prestar el servicio,
tales como la atención de pacientes, manejo de medicamentos, procedimientos
administrativos e inclusive acerca del uniforme que debía portar en el trabajo.
vi) Cuando la demandante pasó realizar sus labores en la ESE Antonio Nariño,
«era beneficiaria de la última convención colectiva suscrita entre el seguro social y
los diferentes sindicatos de trabajadores a los que estaban afiliados sus
servidores, y que según lo dispuesto en la sentencia C-314 de 2004, C-349 de
2004 y T-166 de 2006, dicha convención persiste aún en su vigencia, razón por la
cual tiene derecho la señora PATRICIA CELEDONIA VIVEROS, a que se le retribuyan
las prestaciones allí contenidas».
vii) No se le retribuyó el servicio prestado en el mes de septiembre de 2008 y los
primeros 4 días de octubre de ese año, a pesar de haber laborado todos los días.
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Demandante: Patricia Celedonia Viveros
viii) Por lo anterior, el 5 de mayo de 2013, solicitó el reconocimiento de una
relación de orden laboral y el pago de todas las prestaciones sociales
correspondientes. Sin embargo, la entidad negó tal solicitud a través del acto
demandado.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales, se señalaron los artículos 13, 29, 53 y 228 de la Constitución Política;
1, 2, 3 y 4 de la Ley 79 de 1988; 32 de la Ley 80 de 1993; 6, 7, 22, 23 y 26 del
Decreto Ley 254 de 2000; 17 y 18 del Decreto 1750 de 2003; 16 del Decreto 4588
de 2006; 5 y 6 del Decreto 3870 de 2008; 17 de la Ley 1233 de 2008; y el Decreto
468 de 1990.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante expuso los
siguientes argumentos:1
i) La señora Viveros estuvo vinculada con la ESE Antonio Nariño a través contratos
con los que se pretendió encubrir la verdadera relación laboral, que se demuestra
con el simple hecho de que ostentó el empleo de auxiliar de enfermería por
espacio de más de 8 años. Además, estuvo obligada a cumplir órdenes y horarios
impuestos por el hospital en igualdad de condiciones que los empleados de
planta.
ii) El Gobierno nacional mediante el Decreto 3870 de 2008 ordenó la supresión y
liquidación de la ESE Antonio Nariño y después de culminado el proceso
liquidatorio profirió el Decreto 2752 del 4 de agosto de 2011 por el cual dispuso
que la nación asumiría el valor de las obligaciones laborales a cargo de la ESE.
1.2. Contestación de la demanda
1.2.1. La Nación (Ministerio de Salud y de la Protección Social), por intermedio de
apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las razones que se
1
Folios 121 a 140.
4
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Demandante: Patricia Celedonia Viveros
expresan a continuación: 2
i) La señora Patricia Celedonia Viveros no prestó ningún servicio para ese ente
ministerial. El contrato que aquella celebró fue con terceras personas, de forma
que la entidad no está legitimada en la causa por pasiva.
ii) Las ESE son entidades autónomas, con personería jurídica y patrimonio propio.
Además, a la liquidación del Hospital Antonio Nariño ordenado por el Decreto
3870 de 2008 que culminó el 6 de noviembre de 2009, se dio paso al patrimonio
autónomo de remanentes que administra la Sociedad Fiduciaria Alianza S.A. por
virtud del contrato de Fiducia Mercantil 013-2010, a la que se le transfirieron
activos monetarios y no monetarios destinados exclusivamente al cumplimiento
de la finalidad y actividades propias del PAR, de manera que es esta la llamada a
ser demandada.
1.2.2. La Alianza Fiduciaria S.A., vocera del Patrimonio Autónomo de
Remanentes (PAR) ESE Antonio Nariño, por intermedio de apoderado, se opuso a
la prosperidad de las pretensiones, por las razones que se expresan a
continuación:3
i) La demandante no tuvo una vinculación laboral con la ESE Antonio Nariño ni con
la Alianza Fiduciaria, sino con una cooperativa de trabajo asociado. Al respecto,
en la Sentencia C-211 de 2000, la Corte Constitucional explicó que los asociados
son simultáneamente dueños y trabajadores de la entidad, de manera que no es
posible hablar de trabajadores y empleadores ni aplicarles las normas del Código
Sustantivo del Trabajo.
ii) Por otro lado, los empleados públicos no pueden beneficiarse de pactos o
convenciones colectivas.
1.3. La audiencia inicial
2
Folios 196 a 207.
3
Folios 174 a 181.
5
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Demandante: Patricia Celedonia Viveros
En audiencia celebrada el 23 de junio de 2015, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca resolvió, entre otras, la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva propuesta por el Ministerio de Salud y de la Protección Social.4
Al respecto señaló que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley
1105 de 2006, la ESE Antonio Nariño suscribió el contrato de Fiducia Mercantil
013-2010 con la Sociedad Alianza Fiduciaria S.A., en virtud del cual asumió la
atención de las situaciones jurídicas que no estuvieran definidas al cierre de la
liquidación; no obstante, aclaró que esta «actúa en calidad de vocera del PAR ESE
Antonio Nariño, y no como parte dentro del presente proceso».
Además, indicó que el acto demandado fue expedido por el coordinador del Grupo
de Administración de Entidades Liquidadas del Ministerio de Salud y de la
Protección Social, por manera que esta es la entidad llamada a comparecer en el
proceso. En tal sentido, denegó la excepción propuesta.
1.4. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia proferida el 28
de febrero de 2019, declaró probadas las siguientes excepciones: i) falta de
legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Ministerio de Salud y de la
Protección Social; e ii) «inepta demanda». Además, se inhibió para decidir de
fondo sobre las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, se pronunció en
estos términos:5
i) De acuerdo con lo dispuesto en la Sentencia C-029 de 2011, el artículo 35 de la
Ley 254 de 2000 y el Decreto 2752 de 2011, la carga del pasivo laboral era del
patrimonio autónomo de remanentes administrado por la Alianza Fiduciaria S.A.;
razón por la cual, el Ministerio no está llamado a responder por las pretensiones
de la demanda. En esa medida, se debe declarar probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva propuesta por este último.
4
Folios 231 a 244.
5
Folios 296 a 308.
6
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ii) Comoquiera que la solicitud elevada por la demandante en sede administrativa
para reclamar la existencia de la relación laboral, se efectuó ante el Ministerio de
Salud y de la Protección Social, en forma oficiosa se demostró «la excepción de
ineptitud de la demanda por indebido agotamiento de la vía gubernativa». En
consecuencia, la Alianza Fiduciaria no ha tenido oportunidad de pronunciarse
sobre las pretensiones de la demanda y no ha proferido un acto sobre el cual
pueda realizarse un pronunciamiento judicial y el consecuente control de
legalidad.
1.5. El recurso de apelación
La señora Patricia Celedonia Viveros, por conducto de apoderado, interpuso
recurso de apelación6 y lo sustentó así:
i) La sentencia proferida por el a quo desconoció que la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Salud y de la Protección
Social ya había sido resuelta en la audiencia inicial, que al quedar ejecutoriada
hizo tránsito a cosa juzgada, cuyo efecto es que el asunto no pueda ser debatido
nuevamente. Además, el Decreto 2752 de 2011 dispuso que era la nación quién
asumiría las obligaciones laborales insolutas a cargo de la ESE Antonio Nariño.
ii) La Alianza Fiduciaria fue vinculada en su calidad de vocera y administradora
del fideicomiso PAR ESE Antonio Nariño y si el a quo consideraba que esta era
quien debía responder debió hacer uso de sus facultades oficiosas para
encaminar el proceso y vincular directamente a la entidad como litisconsorte
necesario, al tratarse de la discusión sobre derechos laborales.
1.6. Alegatos de conclusión en segunda instancia
1.6.1. La demandante
6
Folios 324 a 330.
7
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Demandante: Patricia Celedonia Viveros
La señora Patricia Celedonia Viveros, por conducto de apoderado, reafirmó lo
sostenido en el libelo introductorio y en el recurso de alzada. 7
1.6.2. La demandada
La Nación (Ministerio de Salud y de la Protección Social), por intermedio de su
apoderado, solicitó confirmar lo decidido en primera instancia, con fundamento en
lo expuesto en la contestación de la demanda.8
1.7. El ministerio público
El agente delegado ante esta Sección no rindió concepto según se desprende de
la constancia secretarial del 28 de abril de 2021.9
2. Consideraciones
2.1. Cuestión previa
La legitimación en la causa se ha entendido como el vínculo que existe entre los
sujetos procesales frente a la pretensión; es decir, concierne a la posibilidad de
formular excepciones u oponerse al reconocimiento de una situación en particular,
siempre y cuando las partes cuenten «con interés en la relación jurídica sustancial
debatida en el proceso».10
A su turno, se ha explicado que la legitimación en la causa se puede abordar
desde dos perspectivas, a saber:11 una de hecho o procesal12 y otra material o
sustancial,13 cuya diferencia está dada por lo siguiente:
7
Índice 15, aplicativo Samai.
8
Índice 14, aplicativo Samai.
9
Folio 344.
10
Consejo de Estado, Sección Tercera, providencia de 25 de septiembre de 2013, radicado 25000
23 26 000 1997 5033 01 (20.420), M.P. Enrique Gil Botero.
11
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de mayo de 2018, radicado: 05001 23 31
000 2008 00576 01, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
12
Así se le denomina en la sentencia de antes mencionada.
13
Op cit.
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Demandante: Patricia Celedonia Viveros
[…] la legitimación en la causa ha sido estudiada en la jurisprudencia y la doctrina y
para los juicios de cognición desde dos puntos de vista: de hecho y material. Por la
primera, legitimación de hecho en la causa, se entiende la relación procesal que se
establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión
procesal; es decir es una relación jurídica nacida de una conducta, en la
demanda, y de la notificación de ésta al demandado; quien cita a otro y le
atribuye está legitimado de hecho y por activa, y a quien cita y le atribuye está
legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la
demanda. En cambio, la legitimación material en la causa alude a la participación
real de las personas, por regla general, en el hecho origen de la formulación de
la demanda, independientemente de que haya demandado o no, o de que haya
sido demandado o no. Es decir, todo legitimado de hecho no necesariamente será
legitimado material, pues sólo están legitimados materialmente quienes participaron
realmente en los hechos que le dieron origen a la formulación de la demanda. [Resalta
la Sala].
Teniendo en cuenta lo anterior, esta Sala ha admitido que la falta de legitimación
en la causa no impide que el juez pueda pronunciarse de fondo sobre las súplicas
de la demanda, precisamente, en razón a que la aludida legitimación constituye
un elemento de la pretensión y no de la acción.
Así las cosas, en el presente caso primero se analizará la situación objeto de
debate, esto es, si entre la señora Patricia Celedonia Viveros y la ESE Antonio
Nariño existió una relación laboral encubierta o subyacente, y, posteriormente, de
ser el caso, se definirá, a quién corresponde asumir el pago de las prestaciones
sociales derivadas de aquella.
2.2. El problema jurídico
De conformidad con lo anterior, la Sala debe establecer lo siguiente: i) si entre la
señora Patricia Celedonia Viveros y la ESE Antonio Nariño liquidada, existió una
verdadera relación laboral que tenga como consecuencia el reconocimiento y
pago de las prestaciones sociales que no devengó durante el tiempo en que
permaneció vinculada contractualmente y, ii) si en efecto el Ministerio de Salud y
de la Protección Social está legitimado en la causa para asumir la condena
impuesta.
2.3. Marco normativo
9
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Demandante: Patricia Celedonia Viveros
De conformidad con la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, de 9 de
septiembre de 2021, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el marco
normativo y jurisprudencial para determinar la existencia de las relaciones
laborales encubiertas o subyacentes es el siguiente:
El Preámbulo de la Constitución Política de 1991 declara como valores, objetivos
y principios de la Nación «la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la
igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico,
democrático y participativo que asegure un orden político, económico y social
justo». A su vez, los artículos 13 y 25 ejusdem desarrollan, como derechos
fundamentales, la igualdad y el trabajo digno:
Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un
trabajo en condiciones dignas y justas.
Aunado a estos preceptos, el artículo 53 constitucional consagra como derechos
fundamentales de los trabajadores, entre otros, los siguientes: i) igualdad de
oportunidades; ii) remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y
calidad de trabajo; iii) estabilidad en el empleo; iv) irrenunciabilidad a los
beneficios mínimos establecidos en normas laborales; v) facultades para transigir
y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; vi) situación más favorable al
trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes
formales de derecho; y, vii) primacía de la realidad sobre formalidades
establecidas por los sujetos de las relaciones laborales.
Ahora, el mismo artículo 53, además, expresa que los convenios internacionales
sobre el trabajo, debidamente ratificados por el Estado, forman parte de la
legislación interna (bloque de constitucionalidad laboral). En ese sentido, en el
ámbito del derecho internacional, la igualdad laboral fue consagrada por la
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Demandante: Patricia Celedonia Viveros
Constitución de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-14 a través del
principio de «salario igual por un trabajo de igual valor», el cual fue
desarrollado por el artículo 2 del Convenio 111 de la misma organización,15 en
cuya virtud «todo miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a
formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos
adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de
oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de
eliminar cualquier discriminación a este respecto».
Asimismo, como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Pacto de San José́ de Costa Rica), Colombia ratificó el «Protocolo de
San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
materia de derechos económicos, sociales y culturales», adoptado en San
Salvador, el 17 de noviembre de 1988, el cual, en sus artículos 6 y 7, consagra el
derecho al trabajo como «(...) la oportunidad de obtener los medios para llevar
una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita
libremente escogida o aceptada», de manera que todos los Estados parte deben
garantizar, como mínimo, «(...) unas condiciones justas, equitativas y
satisfactorias (...)», y, en particular «una remuneración que asegure como mínimo
a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos
y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna
distinción».
Las disposiciones citadas generan al Estado colombiano el deber de otorgar esas
garantías mínimas para la materialización del derecho al trabajo, pues los
artículos 1 y 2 del citado Protocolo de San Salvador16 establecieron la obligación
de los Estados parte de adoptar las medidas necesarias en su ordenamiento
interno, para efectivizar los derechos que en el Protocolo se reconocen, entre
ellos, el trabajo. En consecuencia, ni la ley, ni mucho menos los contratos, los
acuerdos o los convenios laborales pueden menoscabar la libertad, la dignidad
humana o los derechos de los trabajadores en Colombia.
14
Aprobada el 11 de abril de 1919.
15
Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
11
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Demandante: Patricia Celedonia Viveros
Retornando al ordenamiento nacional, el artículo 122 de la Constitución, al
señalar que «no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o
reglamento, y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén
contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el
presupuesto correspondiente», define una característica esencial de las
relaciones laborales de naturaleza legal y reglamentaria y constituye fundamento
constitucional para prohibir la suscripción de contratos de prestación de servicios
para vincular personas en el desempeño de funciones propias o permanentes de
las entidades estatales.
A su turno, el Código Sustantivo de Trabajo, en sus artículos 23 y 24, recoge a
nivel legal, como elementos que configuran la relación laboral, los siguientes: i) la
actividad personal del trabajador; ii) la continuada subordinación o dependencia
del trabajador respecto del empleador; y, iii) un salario como retribución del
servicio. Con base en estos presupuestos, esta corporación ha determinado la
existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios, pues a falta
de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece el
ordenamiento, junto con los principios fundamentales del artículo 53 superior,
para hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan
laboralmente con el Estado.
Así las cosas, con base en estos presupuestos, esta corporación ha determinado
la existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios, pues a
falta de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece el
ordenamiento, junto con los principios fundamentales del artículo 53 superior,
para hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan
laboralmente con el Estado.
2.3.1. El contrato estatal de prestación de servicios
El contrato estatal de prestación de servicios, por ser uno de los instrumentos de
gestión pública y de ejecución presupuestal más importantes de la Administración
para satisfacer sus necesidades y asegurar el cumplimiento de los fines del
12
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Demandante: Patricia Celedonia Viveros
Estado, es un tipo de negocio jurídico que expresamente recoge el estatuto
general de contratación pública; se trata, por tanto, de un contrato típico, pues
está definido en el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que
establece lo siguiente:
3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad.
Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades
no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable.
Adicionalmente, la regulación del contrato de prestación de servicios ha sido
complementada por otras disposiciones legales y reglamentarias, entre las cuales
destacan las contenidas en la Ley 1150 de 2007 y en los decretos reglamentarios
855 de 1994, 1737, 1738 y 2209 de 1998, 2170 de 2002, 66 de 2008, 2474 de
2008, 2025 de 2009, 4266 de 2010 y 734 de 2012; muchas de ellas modificadas,
subrogadas, derogadas e incluso compiladas en el Decreto 1082 de 2015, 16 cuyo
Libro 2, Parte 2, Título 1, reúne, hoy en día, la mayor parte de las disposiciones
reglamentarias de las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007.
Así pues, con base en las anteriores disposiciones de rango legal y reglamentario
que complementan su regulación, y de un amplio acervo jurisprudencial de esta
corporación, se pueden considerar como características del contrato estatal de
prestación de servicios las siguientes:
i) Solo puede celebrarse por un «término estrictamente indispensable» y para
desarrollar «actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad», y no cabe su empleo para la cobertura indefinida de necesidades
permanentes o recurrentes de esta.
ii) Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en estos
casos, la entidad deberá justificar, en los estudios previos, porqué las actividades «no
puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados».17
16
«Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de
planeación nacional»,
17
Por ejemplo, cuando no exista personal de planta para realizar las labores, o, existiendo, es
necesario un apoyo externo por exceso de trabajo; o porque el personal de planta carece de la
13
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Demandante: Patricia Celedonia Viveros
iii) El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la labor
encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta subordinación o
dependencia. De ahí que el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de 1993 determina que
«En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales». 18
A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y
contratista es una relación de coordinación de actividades, la cual implica que el
segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del
objeto contractual, como puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de
recibir una serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes.
2.2.2. Criterios para identificar la existencia de una relación laboral
encubierta o subyacente por contratos de prestación de servicios
Si bien el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 establece que los contratos
de prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni generan la
obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales, la jurisprudencia de
esta corporación y de la Corte Constitucional ha admitido que tal disposición no es
aplicable cuando se demuestran los elementos configurativos de un contrato de
trabajo.
Esto es así, en virtud del mandato superior (artículo 53) que consagra la
prevalencia de la realidad frente a las formas, caso en el cual debe concluirse que
si bajo el ropaje externo de un contrato de prestación de servicios se esconde una
auténtica relación de trabajo, esta da lugar al surgimiento del deber de retribución
de las prestaciones sociales a cargo de la Administración. No obstante, aun
cuando se acrediten los mencionados elementos del contrato de trabajo, lo que
emerge entre el contratista y la entidad es una relación laboral, por lo que, en
experticia o conocimiento especializado necesario para llevar a buen término la actividad
encomendada a la entidad.
18
Ahora bien, a pesar de los términos imperativos en que aparece redactada la citada norma, es
posible que en la práctica se configure una relación laboral, pues el contrato de trabajo es de
realidad, y para perfeccionarlo rige el principio de prevalencia de la realidad sobre las formas. Al
respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-154 de 1997, declaró la exequibilidad
condicionada del segundo inciso del numeral 3º del artículo 32, indicando que «las expresiones
acusadas del numeral 3º del artículo 32 de la Ley exequibles, salvo que se acredite por parte del
contratista la existencia de una relación laboral subordinada».
14
Radicado: 76001 23 33 000 2013 01137 01 (3030-2019)
Demandante: Patricia Celedonia Viveros
ningún caso, será posible darle la categoría de empleado público a quien prestó
sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el artículo 122 de la
Carta Política.19
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala conjuntó las siguientes manifestaciones
como parámetros o indicios de la auténtica naturaleza que subyace a cada
vinculación contractual.
2.3.2.1. Los estudios previos. En el caso del contrato estatal de prestación de
servicios profesionales, que es la modalidad que se examinó en el marco de la
sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, el análisis del sector depende del
objeto del contrato y de las condiciones de idoneidad y/o experiencia que
permiten contratar a la persona natural o jurídica que está en condiciones de
desarrollarlo. No obstante, al ser un contrato temporal, el término por el cual se
celebra debe estar consignado en los estudios previos dentro del objeto
contractual.
Sobre el particular, en la citada sentencia de unificación se precisó lo siguiente:
[…] para poder determinar si los contratos de prestación de servicios celebrados con
un mismo contratista, de manera continuada o sucesiva, guardan entre sí rasgos
inequívocos de identidad, similitud o equivalencia, que permitan concluir que todos
ellos forman parte de una misma cadena o tracto negocial de carácter continuado y
permanente, que desborda el «término estrictamente indispensable» del artículo 32 de
la Ley 80 de 1993, los demandantes deberán demostrar, con fundamento en los
estudios previos y demás documentos precontractuales y contractuales, que el objeto
de dichos contratos, las necesidades que se querían satisfacer, las condiciones
pactadas al momento de su celebración y las circunstancias que rodearon su
ejecución, develan la subyacencia de una verdadera relación laboral encubierta y el
consiguiente desconocimiento de sus derechos laborales y prestacionales, por haber
fungido, en la práctica, no como simples contratistas, autónomos e independientes,
sino como verdaderos servidores en el contexto de una relación laboral de raigambre
funcionarial.
2.3.2.2. Subordinación continuada. De acuerdo con el artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador constituye
19
Al respecto, ver entre otras la sentencia de esta Sección de 13 de mayo de 2010; radicado
76001-23-31-000-2001-05650-01(0924-09); C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez
15
Radicado: 76001 23 33 000 2013 01137 01 (3030-2019)
Demandante: Patricia Celedonia Viveros
el elemento determinante que distingue la relación laboral de las demás
prestaciones de servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al
empleado el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o
cantidad de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder
disciplinario. No obstante, la subordinación es un concepto abstracto que se
manifiesta de forma distinta según cuál sea la actividad y el modo de prestación
del servicio.20
A este respecto, como indicios de la subordinación, la sentencia consolidó las
siguientes circunstancias:
i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la
entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el
surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, la
Sala Plena estimó necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador debe
valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los
empleados de planta.
ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una
jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación,
y, por consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas actividades
de la Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.)
habitualmente requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos para
atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de
trabajo puede ser indicio de la existencia de una subordinación subyacente, tal
circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual convenido.
iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través
de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al
modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el
ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi,21 la dirección y control efectivo de
las actividades del contratista constituye uno de los aspectos más relevantes para
identificar la existencia o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que
debe probar el demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y
disciplinario de la entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia
decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto
contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga una actividad de control,
vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se
aleje de un ejercicio normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado
como un indicio claro de subordinación.
20
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 24 de abril de 2019;
radicado 08001-23-33-000-2013-00074-01(2200-16); C.P. William Hernández Gómez.
21
A este respecto: Guerrero Figueroa Guillermo: Manual del derecho del trabajo. Bogotá,
Leyer,1996, págs. 54 y 55.
16
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Demandante: Patricia Celedonia Viveros
iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio personal
contratado consista en el cumplimiento de funciones o en la realización de tareas
idénticas, semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a los
funcionarios o empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la existencia
de una relación laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de
esas labores confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que
se refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo.
2.3.2.3. Prestación personal del servicio. Como personal natural, la labor
encomendada al presunto contratista debe ser prestada de forma personal y
directamente por este;22 pues, gracias a sus capacidades o cualificaciones
profesionales, fue a él a quien se eligió y no a otro; por lo que, dadas las
condiciones para su ejecución, el contratista no pudo delegar el ejercicio de sus
actividades en terceras personas. 23
2.3.2.4. Remuneración. Por los servicios prestados, el presunto contratista ha
debido recibir una contraprestación económica, con independencia de si la
entidad contratante fue la que directamente la realizó. Lo importante aquí es el
carácter fijo o periódico de la remuneración del trabajo. En la práctica, esta
retribución recibe el nombre de honorarios, los cuales pueden acreditarse a través
de los recibos que, por dicho concepto, enseñen los montos que correspondan a
la prestación del servicio contratado.
2.3.3. Reglas de la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021
2.3.3.1. Primera regla. El «término estrictamente indispensable», al que alude
el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, tiene lugar en la fase
precontractual, pues es en esta donde la entidad contratante aproxima, en función
del objeto a contratar y de los recursos disponibles, el tiempo máximo que estima
«imprescindible» para su ejecución. En otras palabras, la vigencia del contrato
debe ser por el tiempo necesario para ejecutar el objeto contractual convenido, y
22
Código Sustantivo del Trabajo, literal b) del artículo 23: [Es uno de los elementos esenciales del
contrato de trabajo] «La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo».
23
Al respeto, véase, entre otras sentencias, la del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B; de 1 de marzo de 2018; radicado 2013-00117-01 (3730-2014); C.P. Carmelo
Perdomo Cuéter.
17
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Demandante: Patricia Celedonia Viveros
este debe estar sujeto al principio de planeación, que encuentra su manifestación
práctica «en la elaboración de los estudios previos a la celebración del negocio
jurídico, pues es allí donde deberán quedar motivadas con suficiencia las razones
que justifiquen que la Administración recurra a un contrato de prestación de
servicios».24
En ese sentido, la Sala unificó el sentido y alcance del «término estrictamente
indispensable» como aquel que aparece expresamente estipulado en la minuta
del contrato de prestación de servicios, que de acuerdo con los razonamientos
contenidos en los estudios previos, representa el lapso durante el cual se espera
que el contratista cumpla a cabalidad el objeto del contrato y las obligaciones que
de él se derivan, sin perjuicio de las prórrogas excepcionales que puedan
acordarse para garantizar su cumplimiento.
Sumado a lo anterior, no puede olvidarse que el principio de planeación está
relacionado directamente con el principio de legalidad, cuya observancia en la
formulación de los documentos que conforman la etapa precontractual, en cada
proceso de selección pública, es manifestación de una correcta y trasparente
planeación. En este sentido, la exigencia de introducir un «término estrictamente
indispensable» para la ejecución del objeto convenido en la etapa precontractual
no es un requisito de forma; es un elemento esencial del principio de planeación –
y en consecuencia del de legalidad- en cuanto determina la duración del negocio
jurídico.25
2.3.3.2. Segunda regla. La Sala consideró adecuado establecer un periodo de
treinta (30) días hábiles como indicador temporal de la no solución de
continuidad entre contratos sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se
itera, constituya una «camisa de fuerza» para el juez contencioso que, en cada
caso y de acuerdo con los elementos de juicio que obren dentro del plenario,
24
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C; sentencia de 2 de diciembre de 2013;
radicado 11001-03-26-000-2011-00039-00(41719); C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
25
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de febrero de 2009, expediente: 16.130.
18
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habrá de determinar si se presentó o no la rotura del vínculo que se reputa
laboral.
Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:
Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 80
de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una
misma persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de una
auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad entre el
contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha en que
inicie la ejecución del otro, no han transcurrido más de treinta (30) días hábiles,
siempre y cuando se constate que los objetos contractuales y las obligaciones
emanadas de ellos son iguales o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas
necesidades.
Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los efectos
jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar de haberse
presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la prescripción de
los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. En el evento
contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno extintivo respecto de
algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en la cual no procederá el
reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales que de aquellos hubiesen
podido generarse.
Asimismo, en la sentencia se reiteró que «(...) cualquier asunto que involucre
periodos contractuales debe analizarse siguiendo los parámetros que la Sentencia
de Unificación del 25 de agosto de 2016, [Expediente 0088-15, CESUJ2, C.P.
Carmelo Perdomo Cuéter], la cual estableció, a efectos de declarar probada la
excepción de prescripción en los contratos de prestación de servicios», lo
siguiente:
(…) en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno determinado y
que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a cada uno de ellos
habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de finalización, puesto que uno de los
fundamentos de la existencia del contrato realidad es precisamente la vocación de
permanencia en el servicio.
[...]
(…) quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en consecuencia,
el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del principio de la primacía de la
realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro del término de tres años
contados a partir de la terminación de su vínculo contractual. (Negrillas fuera del texto)
19
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En suma, la tesis que actualmente impera en la Sección Segunda, en materia de
prescripción de derechos derivados del contrato realidad (o relación laboral
encubierta o subyacente), es que esta tiene ocurrencia, exclusivamente, cuando
no se presenta la reclamación del derecho, por parte del contratista, dentro de los
3 años siguientes a la terminación del vínculo develado como laboral.26
2.3.3.3. Tercera regla. Finalmente, en la tercera regla, la Sección Segunda
consideró «improcedente la devolución de los aportes a la Seguridad Social
en salud efectuados por el contratista en exceso», por «constituir estos aportes
obligatorios de naturaleza parafiscal». Lo anterior, comoquiera que el contratista
debe sufragar dicha contribución, en tanto está obligado por la ley a efectuarla, y,
por lo tanto, no es procedente ordenar su devolución, aunque se haya declarado
la existencia de una relación laboral encubierta.
Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en los
términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los
artículos 270 y 271 ejusdem, para todos los casos que se encuentren en estudio
en la vía judicial y administrativa. En tal virtud, se procede a resolver el caso
concreto a la luz de dichos parámetros.
2.4. Hechos probados
De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro el proceso, se
establece lo siguiente:
Entre diciembre de 2003 y el 30 de abril de 2007, la señora Patricia Celedonia
Viveros fue asociada de la Cooperativa de Trabajo Asociado Desarrollo
Empresarial, «prestando sus servicios como AUX ENFERMERÍA, en la ESE ANTONIO
26
En igual sentido, mediante Auto del 11 de noviembre de 2021, la Sección Segunda aclaró que el
término de la solución de continuidad unificado solo cobra relevancia si se configuran los
elementos establecidos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, pues, de no estarlo, no
existe una relación laboral cuya duración deba ser examinada.
20
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NARIÑO CLÍNICA RAFAEL URIBE URIBE», según certificó el gerente «cta desarrollo
empresarial».27
Desde el 1.º de mayo de 2008, la actora realiza «sus actividades de trabajo
autogestionario como auxiliar de enfermería en la Clínica Rafael Uribe Uribe y la
IPS Caprecom U.T Comfenalco Valle – UNILIBRE», tal y como hizo constar el
gerente de la Cooperativa de Trabajo Asociado Prestadores de Servicios
Profesionales. En el certificado no se señaló la fecha de terminación del
contrato.28
Desde el 16 de noviembre de 2008, la señora Viveros está vinculada a la
Cooperativa de Trabajo Asociado Solidez «y tiene asignado un puesto de trabajo
en la IPS Caprecom Clínica Rafael Uribe Uribe Unión Temporal Comfenalco Valle
– Unilibre desempeñando actividades de auxiliar de enfermería». Así lo certificó la
representante legal de la cooperativa el 14 de julio de 2009. En el documento no
se indicó la fecha en que finalizó la prestación del servicio.29
Desde el 1.º de mayo de 2010, la demandante presta sus servicios en la
cooperativa de Médicos y Enfermeras Comef CTA como trabajador asociado y «se
desempeña en el proceso de quirúrgicas como auxiliar de enfermería, según
contrato de prestación de servicios en las áreas asistenciales suscrito con la
corporación Comfenalco Valle – Unilibre», de acuerdo con lo señalado por la
asistente administrativa de la cooperativa el 13 de julio de 2010. En este elemento
probatorio no se registró la fecha de finalización del vínculo contractual.30
El 5 de mayo de 2013,31 la señora Patricia Celedonia Viveros solicitó al Ministerio
de Salud y de la Protección Social el reconocimiento de una relación de orden
laboral y el pago de todas las prestaciones sociales correspondientes.32
27
Folio 20.
28
Folio 19.
29
Folio 18.
30
Folio 17.
31
Tal y como lo reconoce la entidad en la contestación de la demanda al señalar que «es cierto»
el hecho 23. Folio 197.
32
Folios 24 a 30.
21
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Demandante: Patricia Celedonia Viveros
El 21 de mayo de 2013, el coordinador del Grupo de Administración de Entidades
Liquidadas emitió el Oficio 201311100668821 a través del cual negó la petición
anterior.33 Como fundamento de su decisión, señaló que la demandante no
presentó reclamación oportuna ni extemporánea ante el proceso liquidatorio de la
ESE Antonio Nariño. Además, sostuvo que la relación laboral que se pretende
acreditar se desarrolló con cooperativas de trabajo asociado y no con la entidad
liquidada.
Obran en el expediente recibos de pago expedidos por las cooperativas de trabajo
con las que estaba asociada por los meses de febrero, marzo y abril de 2004;
mayo y noviembre de 2006; julio, agosto, octubre y noviembre de 2008; enero,
agosto y noviembre de 2009; julio, septiembre y octubre de 2010; abril y junio de
2011.34
El 1.º de septiembre de 2015, se celebró la audiencia de pruebas en la que se
recibió los testimonios de las señoras Socorro Ruiz Prado y Briggite Rubio Charry,
así como el interrogatorio a la señora Patricia Celedonia Viveros. 35
2.5. Caso concreto. Análisis de la Sala
El primer problema jurídico planteado se circunscribe a establecer si existió entre
la señora Patricia Celedonia Viveros y la ESE Antonio Nariño una relación laboral
encubierta o subyacente que permita el reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales que no devengó durante el tiempo en que permaneció
vinculada contractualmente.
La Sala advierte que no existe certeza dentro del expediente de cuál fue el
extremo temporal en el que se desarrollaron los contratos objeto de controversia,
ya que no obra un medio de prueba idóneo que acredite suficientemente la
existencia de una vinculación entre la parte demandante y la ESE Antonio Nariño
33
Folio 32.
34
Folios 3 a 16.
35
Folios 270 a 275.
22
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Demandante: Patricia Celedonia Viveros
por medio de contratos de prestación de servicios, mediante una vinculación legal
y reglamentaria, por contrato de trabajo o a través de empresas de intermediación
laboral de los cuales pueda reconocerse, eventualmente, una relación de trabajo
continua e ininterrumpida.
Lo anterior, si se tiene en cuenta que al proceso no se allegaron los contratos
celebrados con las aludidas empresas, y si bien se aportaron certificados que dan
cuenta de su vinculación, de su contenido no se pueden determinar los extremos
de la relación, tanto temporal como de su objeto y obligaciones a efectos de
analizar cuáles eran las funciones desempeñadas por la demandante y si, en
virtud de ellas, esta se encontraba sometida a algún tipo de subordinación.
Tampoco obra prueba de la remuneración recibida durante el tiempo en que la
señora Viveros prestó sus servicios en la ESE. Sobre dicho aspecto, no se logró
determinar si percibió honorarios, compensaciones o salarios por concepto de los
servicios prestados a la entidad demandada y si bien en el expediente obran
recibos de pago expedidos por las cooperativas, estos no corresponden a todo el
periodo reclamado, esto es, el comprendido entre el 1.º de diciembre de 2003 y el
30 de septiembre de 2011, en la medida en que se aportaron solo los
concernientes a ciertos meses.
Así las cosas, además de no conocerse con certeza el período en el cual la
demandante desarrolló actividades ante la entidad demandada, tampoco se pudo
determinar cuál fue el objeto contractual, ni las condiciones de tiempo, modo y
lugar en las que se debía ejecutar, ni si este se desplegaba en forma autónoma e
independiente. Estos aspectos son necesarios para definir si en efecto la relación
con la ESE Antonio Nariño era laboral.
En este punto, valga agregar que la demandante tampoco solicitó en el libelo que
la autoridad judicial requiriera las entidades involucradas a efectos de que
allegaran las documentales que se echan de menos, siendo necesario para la
acreditación de sus afirmaciones y con el fin de evaluar sus pretensiones.
23
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Demandante: Patricia Celedonia Viveros
En ese orden, las únicas pruebas que se recaudaron en el expediente fueron los
certificados expedidos por las empresas de intermediación laboral a los que ya se
hizo referencia y los testimonios de las señoras Socorro Ruiz Prado y Briggite
Rubio Charry, que dan cuenta de que la accionante estuvo vinculada al ISS
«desde el 2002»36 y ha prestado sus servicios a la ESE Antonio Nariño «hasta la
fecha» en el cargo de auxiliar de enfermería; que desde el año 2003 desarrolló
«funciones de enfermería» a través de cooperativas de trabajo; que se sometía a
un horario de acuerdo con la agenda de turnos establecida por las jefes
coordinadoras del piso en el que trabajaba; y que no podía ser reemplazada con
otra persona, de manera que las ausencias debía justificarlas, so pena de recibir
un llamado de atención.37
Sin embargo, a través de dicha prueba testimonial no se pueden establecer las
circunstancias en las que se llevaban a cabo las labores de enfermería, aunado al
hecho de que sus afirmaciones no encuentran respaldo en las pruebas
documentales allegadas, pues, como se dijo, se echan de menos los contratos
que puedan servir para determinar la naturaleza de la relación existente entre la
demandante y las cooperativas de trabajo de las cuales fue asociada, y que a su
juicio no se fundó en una verdadera relación cooperativa.
Así, el escaso acervo probatorio allegado al plenario solo consigue demostrar la
prestación personal del servicio de la demandante, como auxiliar de enfermería
para la ESE Antonio Nariño, mas no es posible establecer con total certeza las
fechas en que ello ocurrió, si se cumplió de manera continua, si existió
remuneración, subordinación y permanencia del servicio.
Tampoco obra prueba que permita concluir con total certeza que existiera entre la
ESE y las cooperativas algún tipo de contrato o convenio, a partir del cual se
pudiera inferir la relación laboral alegada que manifiesta realizó en la Clínica
Rafael Uribe Uribe, pues según algunos de los certificados, la labor la desarrolló
allí y en «la IPS Caprecom U.T Comfenalco Valle – UNILIBRE».
36
Así lo afirmó la señora Socorro Ruiz Prado.
37
Así lo afirmó la señora Briggite Rubio Charry.
24
Radicado: 76001 23 33 000 2013 01137 01 (3030-2019)
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Así, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del
Proceso38 los supuestos fácticos alegados por la demandante, con los cuales
pretendía demostrar la existencia de una relación de orden laboral, implicaba
necesariamente que al proceso se trajeran todos los elementos probatorios que le
generasen al fallador la certeza de lo afirmado, de tal forma que al no cumplirse
con la carga probatoria que le correspondía asumir, es forzoso concluir que no se
encuentran acreditados los supuestos en que se funda la demanda, de manera
que corresponde denegar las pretensiones.
De acuerdo con lo anterior, para la Sala resulta innecesario estudiar el segundo
problema jurídico propuesto, relacionado con la legitimidad del Ministerio de Salud
y de la Protección Social para asumir las condenas en aquellos casos en los que
se demuestre que la ESE tuvo una relación laboral encubierta con uno de sus
contratistas.
Sin embargo, en gracia de la discusión, y teniendo en cuenta los argumentos
esbozados en el recurso de apelación, es del caso aclarar que en reciente
pronunciamiento, esta Sala determinó que en efecto al Ministerio de Salud y de la
Protección Social le asiste la responsabilidad de asumir la carga de las condenas
impuestas a la liquidada ESE Antonio Nariño, bajo los argumentos que se extraen
a continuación:39
En ese orden de ideas, la Fiduprevisora S.A., en su calidad de administradora del
patrimonio autónomo de la liquidada ESE Antonio Nariño, únicamente está obligada a
responder hasta el monto en que fue constituida la fiducia, razón por la cual toda
obligación que exceda el valor del fideicomiso no le corresponderá asumir a dicha
sociedad sino que deberá ser complementado o suplido por la entidad del orden
nacional que sea designada por la normativa que se profiera para dichos efectos, en el
evento de que se hubieren agotado los recursos de ese patrimonio autónomo.
Ahora bien, nótese que conforme lo establece la cláusula segunda del Otrosí 11 al
contrato de fiducia mercantil 013 de 2010 suscrito entre la ESE Antonio Nariño en
liquidación y la Sociedad Alianza Fiduciaria SA, cedido en favor del Ministerio de Salud
38
«Artículo 177. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen […]».
39
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 4 de noviembre de 2021,
exp. 52001-23-31-000-2011-00200-01(0570-17) M. P. William Hernández Gómez
25
Radicado: 76001 23 33 000 2013 01137 01 (3030-2019)
Demandante: Patricia Celedonia Viveros
y Protección Social y la FIDUPREVISORA SA, esta última entidad «quedara
exonerada expresamente del manejo, seguimiento y administración de los procesos
vigentes que fueron entregados por el Liquidador de la extinta Empresa Social del
Estado y de los notificados con posterioridad al cierre del proceso liquidatario que
estaban a cargo del Patrimonio Autónomo de Remanentes, en los cuales se
adelantaba la defensa judicial de la Extinta Empresa Social del Estado, del Patrimonio
Autónomo de Remanentes y/o de Fiduprevisora S.A., procesos que se entregaran a la
Dirección Jurídica del Ministerio de Salud y Protección Social, para que continué con la
defensa judicial de los mismos, manteniendo las demás obligaciones [...]».
En conclusión: El Ministerio de Salud y Protección Social es la entidad encargada de
reconocer y pagar, a título indemnizatorio, las prestaciones sociales derivadas de la
existencia de la relación laboral entre la accionante y la ESE Antonio Nariño, en virtud
del Otrosí 11 al contrato de fiducia mercantil 013 de 2010; como quiera que le fueron
entregados los procesos adelantados en contra de la extinta ESE y las demás
obligaciones contenidas en el aludido contrato.
2.5. De la condena en costas
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016,40 respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo. El
primero, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la
condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del
Código General del Proceso; y el segundo, en cuanto se requiere que el juez
revise si ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con
el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada
dentro del proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad
de las partes.
Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según
sea la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e
intensidad de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en
40
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-
01 (1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández
Gómez.
26
Radicado: 76001 23 33 000 2013 01137 01 (3030-2019)
Demandante: Patricia Celedonia Viveros
materia de costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación
no estará atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas
(incluidas las agencias en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y
que procede condenar en costas tanto en primera como en segunda instancia.
Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en el numeral 8.° del
artículo 365 del Código General del Proceso, 41 la Sala condenará en costas de
segunda instancia a la parte demandante, teniendo en cuenta que el recurso de
apelación que interpuso fue resuelto en forma desfavorable y que la entidad
presentó alegatos de conclusión.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al asunto que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, la Sala considera que las pretensiones de la demanda deben
despacharse desfavorablemente, toda vez que la parte demandante no logró
demostrar los elementos de una relación laboral encubierta. No obstante, se
revocará el ordinal primero de la sentencia apelada en tanto declaró que el
Ministerio de Salud y de la Protección Social no estaba legitimado en la causa por
pasiva pues no era el responsable de asumir la carga de las condenas impuestas
a la liquidada ESE Antonio Nariño.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar el ordinal primero de la sentencia del 28 de febrero de 2019,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del proceso
41
«1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso (…) 8. Solo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
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Radicado: 76001 23 33 000 2013 01137 01 (3030-2019)
Demandante: Patricia Celedonia Viveros
instaurado por la señora Patricia Celedonia Viveros en contra de la ESE Antonio
Nariño, respecto a la declaratoria de la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva. En consecuencia, se dispone:
Segundo. Negar las pretensiones de la demanda interpuesta, por las razones
expuestas en la parte considerativa de esta providencia.
Tercero. Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante, las
cuales se deben liquidar por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
(SLVA)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
28
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