Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-000-2013-01143-02
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Principio de congruencia de la sentencia: significados. Interna y Externa
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-000-2013-01143-02
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 76001-23-33-000-2013-01143-02
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
5 de agosto de 2021
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA – Significados. Interna y Externa / VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA – No prospera
El artículo 281 del CGP dispone que «[l]a sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la Ley». (…) el principio de congruencia de la sentencia, en sus dos significados: como armonía entre la parte motiva y resolutiva del fallo (congruencia interna) y como conformidad entre la decisión y lo pedido por las partes en la demanda y su contestación (congruencia externa). Respecto de dicho principio, la Sala ha expuesto que busca la protección del derecho de las partes a obtener una decisión judicial certera sobre el asunto puesto a consideración del juez, al igual que la salvaguarda del debido proceso y del derecho de defensa de las partes, cuya actuación procesal se dirige a controvertir los argumentos y hechos expuestos en la demanda, tratándose del demandante, y en la contestación, si la posición procesal es la del demandado. Además, garantiza que el juez solo se pronunciará respecto de lo discutido y no fallará ultra petita, decisiones que van más allá de lo pedido, ni extra petita, al reconocer algo que no se solicitó, toda vez que la decisión se tomará de acuerdo con las pretensiones y excepciones probadas a lo largo del desarrollo del proceso. En el presente caso, la Sala advierte que los argumentos planteados por la parte actora no se refieren a que el tribunal haya fallado extra o ultra petita el asunto sometido a su consideración. Por el contrario, lo que el apelante pone de presente es la presunta omisión en la que habría incurrido el a quo en relación con emitir pronunciamiento frente a las peticiones subsidiarias planteadas en la reforma a la demanda, circunstancia que no atañe a la congruencia de la sentencia, pues conforme al artículo 287 del CGP, aplicable por expresa remisión del artículo 306 del CPACA, cuando se presente dicho evento, lo procedente, es que de oficio o a petición de parte se adicione la sentencia. Agréguese a lo anterior que esa misma disposición prevé la posibilidad que el juez de segunda instancia complemente la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado, como ocurre en el caso concreto, razón por la cual, lo procedente, en esta etapa procesal, es verificar la ocurrencia de la omisión señalada por la parte actora y, de ser el caso, complementar la providencia del tribunal, emitiendo pronunciamiento sobre las pretensiones no resueltas. Por lo anterior, se concluye que el argumento propuesto por la parte apelante no está relacionado con la congruencia de la sentencia, razón por la cual, este cargo no prospera.
FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 (C.G.P.) – ARTÍCULO 281 / LEY 1564 DE 2012 (C.G.P.) – ARTÍCULO 287
EXPEDICIÓN DEL REQUERIMIENTO ESPECIAL ADUANERO PARA PROPONER LIQUIDACIÓN OFICIAL DE CORRECCIÓN – Término / EXTEMPORANEIDAD EN LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ESPECIAL ADUANERO – Alcance. No genera pérdida de la competencia de la autoridad aduanera / EXPEDICIÓN DE LA LIQUIDACIÓN OFICIAL DE CORRECCIÓN – Término / SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO – No configuración
En lo que interesa para el caso concreto, los artículos 507 y 509 del Decreto 2685 de 1999, establecen que la autoridad aduanera podrá formular requerimiento especial aduanero para proponer liquidación oficial de corrección. Para el efecto, dispondrá de 30 días una vez identificada la causal o causales que dan lugar a la expedición de la liquidación oficial. La Sala ha precisado «que el plazo de 30 días dispuesto para la formulación del requerimiento aduanero, no es preclusivo, toda vez que respecto de su inobservancia el legislador no previó ninguna consecuencia. En efecto, si bien ese término es obligatorio para la Administración, su incumplimiento no invalida la decisión, porque no existe disposición alguna que establezca que la pretermisión de dicho plazo da lugar a la pérdida de competencia de la DIAN para continuar con el procedimiento sancionatorio por infracción a la legislación aduanera, e imponer la sanción correspondiente. Y, ello es así porque el artículo 519 del Estatuto Aduanero, norma que regula el incumplimiento de los términos en el procedimiento aduanero, solo establece el silencio administrativo positivo, sobre aquellos plazos fijados para decidir de fondo, (…)» [Negrillas originales]. De modo que, la extemporaneidad en la formulación del requerimiento especial aduanero no produce ningún efecto sobre la competencia de la autoridad aduanera, tampoco afecta la validez de la actuación administrativa y, por lo mismo, no da lugar a que se configure el silencio administrativo positivo en los términos del artículo 519 del Decreto 2685 de 1999, entendido como el fenómeno en virtud del cual la ley contempla que, en determinados casos, ante la falta de decisión de la Administración frente a peticiones o recursos presentados por los administrados, el acto presunto hace que el administrado vea satisfecha su pretensión como si la autoridad la hubiera resuelto de manera favorable. Por lo expuesto, se concluye que la extemporaneidad en el requerimiento especial aduanero no da lugar a que se configure el silencio administrativo positivo, motivo por el cual, no prospera este cargo. (…) El inciso segundo del artículo 512 del Decreto 2685 de 1999 prevé que el término con el que cuenta la autoridad aduanera para «expedir» la liquidación oficial de corrección es de 45 días contados a partir del día siguiente a la respuesta del requerimiento especial aduanero, término que se aplica «siempre y cuando no se practiquen pruebas», pues en dicho evento, ese término empezará a contarse a partir del día siguiente al vencimiento del periodo probatorio, que de acuerdo con el inciso cuarto del artículo 511 del citado decreto, es de dos (2) meses si las pruebas se practican en el país y de tres (3) meses cuando deban practicarse en el exterior. En relación con el silencio administrativo positivo asociado a la liquidación oficial de corrección, el artículo 519 del Decreto 2685 de 1999, establece que este se configura cuando dicho acto no se expida dentro del término fijado en el artículo 512 ibídem, contabilizado en la forma prevista en la citada norma, dependiendo si hubo lugar o no a la práctica de pruebas. Caso en el cual, la declaración de importación adquiere firmeza. (…) De acuerdo con la anterior relación, la Sala advierte que la Liquidación Oficial de Corrección No. 01-88-241-06.39-001 del 8 de enero de 2013, se expidió dentro del término establecido en el artículo 512 del Decreto 2685 de 1999, modificado por el artículo 30 del Decreto 2557 de 2007, comoquiera que en dicho trámite se profirió el auto de pruebas notificado el 5 de septiembre de 2012, que dispuso la apertura del periodo probatorio por dos (2) meses, esto es, hasta el 5 de noviembre de 2012, fecha a partir de la cual se comienzan a contabilizar los 45 días a los que se refiere la citada norma para que la autoridad aduanera expida el acto definitivo.
Término que, en el caso concreto, vencía el 11 de enero de 2013, resultando claro que no se configuró el silencio administrativo positivo alegado por la parte actora, razón por la cual, no prospera este cargo.
FUENTE FORMAL: DECRETO 2685 DE 1999 (ESTATUTO ADUANERO) – ARTÍCULO 507 / DECRETO 2685 DE 1999 (ESTATUTO ADUANERO) – ARTÍCULO 509 / DECRETO 2685 DE 1999 (ESTATUTO ADUANERO) – ARTÍCULO 511 / DECRETO 2685 DE 1999 (ESTATUTO ADUANERO) – ARTÍCULO 512 / DECRETO 2685 DE 1999 (ESTATUTO ADUANERO) – ARTÍCULO 519
ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA ACE 59 – Objetivo / ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA ACE 59 – Alcance / ACUERDO CAN MERCOSUR – Vigencia / CLASIFICACIÓN ARANCELARIA NALADISA 96 – Alcance / CONTINGENTES DE IMPORTACIÓN ESTABLECIDOS EN LOS ACUERDOS DE COMERCIO – Administrados por el país exportador Argentina / IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS – Leche en polvo / DESGRAVACIÓN ARANCELARIA PARA ARGENTINA – Cronograma / IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS CON ARGENTINA – Certificado de autorización de cupo / IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS CON ARGENTINA – Certificado de autenticidad
El 18 de octubre de 2004, la Comunidad Andina en la que Colombia es País Miembro suscribió con los Estados Parte del MERCOSUR el Acuerdo de Complementación Económica No. 59 – ACE 59 con el objeto de establecer un marco jurídico e institucional de cooperación e integración económica y formar un área de libre comercio mediante la eliminación de restricciones arancelarias entre los países signatarios. Dicho convenio fue ratificado por Colombia mediante la Ley 1000 del 30 de diciembre de 2005 y se aplicó provisionalmente a partir del 1º de febrero de 2005, con el Decreto 141 del 26 de enero de 2005. En virtud del artículo 3 del ACE 59 las partes contratantes conformarán una Zona de Libre Comercio a través de un Programa de Liberación Comercial, que se aplicará a los productos originarios y procedentes de los territorios de las partes signatarias. Dicho Programa consistirá en desgravaciones progresivas y automáticas, aplicables sobre los aranceles vigentes para la importación de terceros países en cada parte signataria, al momento de la aplicación de las preferencias de conformidad con lo dispuesto en sus legislaciones. No obstante, lo anterior, se dispuso que para los productos incluidos en el Anexo I, la desgravación se aplicará únicamente sobre los aranceles consignados en dicho Anexo. En tanto que, para los productos que no figuran en el Anexo I, la preferencia se aplicará sobre el total de los aranceles, incluidos los derechos aduaneros adicionales. En el Anexo I del ACE 59 consta que los productos de las subpartidas 04021000, 04022110, 04022120, 04022910, 04022920, 04029110, 04029120, 04029910 y 04029920, es decir, los productos lácteos –en polvo gránulos o demás formas sólidas con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1,5% en peso, leche y nata (crema)- están sujetos al Mecanismo de Estabilización de Precios –MEP, según lo establecido en la legislación andina vigente y sus posteriores modificaciones o sustituciones de conformidad con la política arancelaria andina. En ese anexo, Colombia especificó que no aplicaría el MEP para determinados productos. Sin embargo, no hizo esa aclaración frente a los productos lácteos de las partidas arancelarias descritas con anterioridad, lo que significa que no fueron totalmente desgravados, en los términos del artículo 3 del ACE 59. Por esa razón debe aplicarse el artículo 4 del ACE 59, conforme con el cual, el programa de liberación comercial será implementado de forma gradual, según los cronogramas pactados entre los países signatarios, los cuales deben constar en el Anexo II. (…) Lo anterior significa que de acuerdo con el Anexo IX - Apéndice 3.1. para el país de Argentina el cronograma de desgravación del arancel establecido para la subpartida 0402.21.19.00 es el número C3 que determina que para el año 2011 una desgravación del 54% del arancel y un contingente o cupo autorizado de 1845 toneladas. Ese tratamiento preferencial se aplica para los productos originarios de Argentina que formen parte del contingente de 1845 toneladas aprobadas para el año 2011, lo que indica que a la mercancía importada por fuera del contingente no se le aplica la preferencia arancelaria. Mediante el Decreto 1900 de 2005, se determinó la administración de los contingentes arancelarios establecidos en el Acuerdo de Complementación Económica para las importaciones de los productos comprendidos en las subpartidas relacionadas en el mismo decreto, originarias y provenientes de los países miembros del MERCOSUR. En su artículo 1º estableció los contingentes de, entre otros, los PRODUCTOS LÁCTEOS – PARA ARGENTINA, de la partida arancelaria 04.02 en conjunto, descripción de la mercancía: «Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante». Para el año 2011, que interesa en este caso, se fijó el contingente (Vol.
Ton.) 1845. (…) Mediante la Resolución 031 del 15 de junio de 2010, del MERCOSUR aprobó el «Sistema de Administración y Distribución de Cupos Otorgados» a esa entidad en acuerdos celebrados por terceros países o grupos de países que asegure su transparencia, seguridad y publicidad, mediante un programa informático que le permita disponer de información actualizada sobre la utilización de cupos y sus remanentes. Ese sistema define el certificado de autorización de cupo como aquel emitido por la autoridad nacional certificadora de cada Estado Parte que «habilita a ingresar la mercadería en el mercado de destino en las condiciones arancelarias previstas para el cupo de que se trate, en base a determinado acuerdo comercial» (…) De esta manera, Argentina distribuyó el cupo final de las 1845 toneladas de productos lácteos para la exportación a Colombia en el año 2011 a la empresa Mastellone Hnos. SA y, para tal efecto expidió un documento denominado «certificado de autenticidad» con el que controlaba la cantidad del producto exportado y la empresa a la que se le otorgaba el contingente. (…) Asimismo, el artículo 9 del ACE 59, establece que es obligación de las partes contratantes mantenerse informadas sobre los organismos nacionales competentes y las eventuales modificaciones de dichas medidas, remitiendo copia sobre las mismas a la Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de Integración - ALADI. (…) Acorde con lo expuesto, se concluye que para la aplicación de la preferencia arancelaria del ACE 59 de la mercancía clasificada en la subpartida Nandina 05 0402.21.19.00, se tenían que acreditar lo siguiente: i) que la mercancía era originaria de Argentina y ii) que pertenecía al contingente de las 1845 toneladas autorizadas de acuerdo con lo expuesto en el Anexo IX – Medidas Especiales y el Cronograma C3 del ACE 59, requisito que se demostraba con el certificado de autorización de cupo conocido en este caso como certificado de autenticidad. (…) Pero, no está probado que se haya aportado el certificado de autenticidad para el periodo 2011 o certificado de autorización de cupo, documento que según la Resolución No. 237 del 6 de mayo de 2011, proferida por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de Argentina, acredita que la mercancía importada forma parte del contingente de las 1845 toneladas de los productos lácteos allí señalados, con destino a la República de Colombia. Refuerza lo anterior, que en la citada declaración de importación consta que la sociedad exportadora es CORLASA COMPAÑÍA REGIONAL DE LÁCTEOS ARGENTINA S.A. y no MASTELLONE HNOS S.A., a quien se le asignó el contingente para el año 2011. (…) Ahora bien, en relación con el argumento de la parte actora, según el cual, en el ordenamiento aduanero no se exige el certificado de autenticidad, basta con advertir que, para la fecha de la operación de comercio exterior se encontraban vigentes el Decreto 3744 de 2005 expedido por el Gobierno Nacional y la Resolución No. 462 de 2005 proferida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, conforme con los cuales los contingentes de importación provenientes de países del MERCOSUR, establecidos en el Decreto 141 de 2005, serán administrados a partir del 1º de enero de 2006, por el país exportador, para lo cual los documentos de asignación de cupos expedidos por los países del MERCOSUR deberán ser presentados ante la DIAN a efecto de que esta controle el monto asignado. (…) Además, la Resolución No.
237 del 6 de mayo de 2011, expedida por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de Argentina, por la que se asignó el contingente en estudio, es anterior a la importación -18 de noviembre de 2011-, por ende, no se podía desconocer, por su carácter vinculante, toda vez que se profirió en cumplimiento de disposiciones del MERCOSUR para regular la administración de los contingentes otorgados por Colombia establecidos en el AC-59, en particular, el cupo correspondiente a las exportaciones de productos lácteos de la partida arancelaria de 04.02 del año 2011.
FUENTE FORMAL: ACUERDO ACE 59 – ARTÍCULO 3 / ACUERDO ACE 59 – ANEXO 1
ARANCEL APLICABLE A LA MERCANCÍA IMPORTADA PARA TERCEROS PAÍSES DE LA SUBPARTIDA 04.02.21.19.00 – Tarifa
En relación con el arancel que se debe aplicar en el caso concreto, la Sala considera que corresponde al establecido en el Decreto 2906 de 2010, es decir, el 98%, que fue el determinado por Colombia para terceros países respecto de la mercancía clasificada por la partida 04.02, en la que se encuentra la subpartida 04.02.21.19.00 partida Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante ----Las demás. Lo anterior, en atención a lo señalado en el apéndice 3.1. del Anexo IX – Medidas Especiales del ACE 59, en el que se determina que a la mercancía que esté por fuera del contingente, como ocurre en este caso, no puede aplicársele el Acuerdo, es decir, no procede la desgravación automática programada para el año 2011 que era del 54% ni el arancel general del 20% establecido en el referido acuerdo.
FUENTE FORMAL: DECRETO 2906 DE 2010
CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA – Improcedencia por falta de prueba de su causación
De conformidad con lo previsto en los artículos 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 del Código General del Proceso, no se condenará en costas (agencias en derecho y gastos del proceso) en esta instancia, comoquiera que no se encuentran probadas en el proceso.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 (CPACA) – ARTÍCULO 188 / LEY 1564 DE 2012 (CGP) – ARTÍCULO 365 NUMERAL 8
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION CUARTA
Consejera ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 76001-23-33-000-2013-01143-02(23593)
Actor: GRANOS Y CEREALES DE COLOMBIA SAS
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
FALLO
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia del 21 de septiembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle de Cauca, que en la parte resolutiva dispuso:
«PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda por las razones expuestas en el presente proveído.
SEGUNDO: Condenar en costas a la parte demandante, las cuales serán liquidadas por Secretaría de conformidad con el artículo 188 del C.P.A.C.A, en armonía con el numeral 1 del artículo 365 del C.G.P. Se fijan como agencias en derecho la suma equivalente al 1% del valor de la pretensión
TERCERO: Si no fuere apelada la Sentencia ordénese su archivo».
ANTECEDENTES
El 18 de noviembre de 2011, GRANOS Y CEREALES DE COLOMBIA LTDA, presentó la Declaración de Importación con autoadhesivo No. 23030016686753, por medio de la cual introdujo al territorio aduanero 25 toneladas de «LECHE ENTERA EN POLVO» clasificada bajo la subpartida arancelaria 04.02.21.19.00, liquidando un arancel del 9.2% e IVA del 0%.
El 27 de julio de 2012, la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Aduanas de Cali profirió el Requerimiento Especial Aduanero No. 1-88-238-419-434-4 0022, por medio del cual propuso: (i) la corrección de la citada declaración de importación, por cuanto el declarante se acogió a la tarifa del arancel 9.2% como si cumpliera con los requisitos para el tratamiento preferencial en la fecha de su presentación y aceptación, siendo lo correcto la que Colombia aplica para terceros países -98%-, dado que la importación no está cubierta por el contingente preferencial arancelario autorizado y (ii) imponer la sanción por infracción aduanera, equivalente al 10% del valor de los tributos aduaneros dejados de pagar.
El 22 de agosto de 2012, la demandante dio respuesta al requerimiento especial en el que indicó que se acogió a la preferencia arancelaria, en aplicación del Acuerdo de Complementación Económica Nº. 59 - CAN – MERCOSUR (en adelante ACE 59) para Argentina, adjuntando para el efecto el certificado de origen.
El 8 de enero de 2013, la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de Cali expidió la Liquidación Oficial de Corrección No. 01-88-241-06.39-001, en la que mantuvo las glosas propuestas en el requerimiento especial aduanero, modificando la Declaración de Importación con autoadhesivo No. 23030016686753, de la siguiente manera:
Nombre
Declaración de Importación
Liquidación de Corrección
Mayor valor
Tarifa Arancel
9,20%
98%
Arancel
18.869.000
200.994.000
182.125.000
Base para liquidar IVA
0
0
0
Total IVA
0
0
0
Sanción 10%
0
$18.212.000
$18.212.000
TOTAL
$18.869.000
$219.206.000
$200.337.000
Contra el anterior acto administrativo se interpuso recurso de reconsideración, el cual fue decidido con la Resolución No. 00488 del 11 de abril de 2013, proferida por la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Aduanas de Cali, en el sentido de confirmar la liquidación oficial de corrección.
DEMANDA
GRANOS Y CEREALES DE COLOMBIA SAS actuando mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, formuló las siguientes pretensiones:
«PRINCIPALES:
PRIMERA.- Declarar nula la Resolución 01-88-241-06.39-001 del 08-01-2013 por medio de la cual la Dirección Seccional de Aduanas de Cali, División de Gestión de Liquidación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales expidió Liquidación Oficial de Corrección para la Declaración de Importación con adhesivo No. 23030016686753 del 19/11/2011 presentada por el Declarante Agencia de Aduanas Servicios Aduaneros Integrados Limitada Nivel 1, SERVANDI LTDA a nombre de la sociedad importadora Granos y Cereales de Colombia Ltda en la cual aplica un arancel diferente al declarado por SERVANDI, estableciendo un mayor valor de ciento ochenta y dos millones ciento veinticinco mil pesos ($182.125.000.oo) respecto del declarado, y liquidando una multa del 10% sobre dicho valor, equivalente a dieciocho millones doscientos doce mil pesos ($18.212.000.oo).
SEGUNDA.- Declarar nula la Resolución 00488 del 11 de Abril de 2013 – mediante la cual la Dirección Seccional de Aduanas de Cali resolvió el mencionado Recurso de Reconsideración confirmando en todas sus partes la Resolución 01-88-241-06.39-001 del 08/01/2013 de la Dirección Seccional de Aduanas de Cali, División de Gestión de Liquidación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
TERCERA.- Como consecuencia de las determinaciones anteriores, y como restablecimiento del derecho, quede en firme la declaración de importación No. 23030016686753 del 18-11-2011, suscrita por SERVANDI LTDA siendo importador de GRANOS Y CEREALES DE COLOMBIA LTDA, hoy GRANOS Y CEREALES COLOMBIA S.A.S.
CUARTA.- Por tanto, como restablecimiento del derecho, quede sin efecto la liquidación de arancel por mayor valor de $182.125.000.oo, y sin vigencia la sanción de $18.212.000.oo, lo mismo que declarar que no hay base alguna para el reconocimiento, liquidación y pago de intereses de mora, por las razones, causas y circunstancias relatadas en la presente demanda.
QUINTA.- Que se condene en costas a la parte demandada.
SEXTA.- Que se reintegre a favor de mi representado la suma de trescientos once millones veinticinco mil pesos ($311.025.000.oo) que fueron pagados por éste según el detalle contenido en los hechos de la demanda. Sobre esta suma deberá reconocerse, liquidarse y pagarse los intereses aplicables según la disposición legal, en igual tasa a la que liquida la DIAN a los contribuyentes.
PRETENSIONES SUBSIDIARIAS
-GRUPO PRIMERO: Si por alguna razón no llegasen a prosperar las Pretensiones Principales, solicito se hagan las siguientes o parecidas DECLARACIONES:
PRIMERA.- Que se ha materializado el Silencio Administrativo Positivo por haberse tomado más de 45 días la DIAN para expedir el acto administrativo que decide de fondo sobre la imposición de la sanción, la formulación de la liquidación oficial o el archivo del expediente, contados a partir del día siguiente al cual se radicó la respuesta al requerimiento especial aduanero y por consecuencia las actuaciones posteriores son nulas y no producen efecto alguno, quedando en firme la declaración presentada por GRANOS Y CEREALES DE COLOMBIA S.A.S., y sin vigencia la sanción impuesta y sin bases los intereses.
SEGUNDA.- Como consecuencia de las determinaciones anteriores, y como restablecimiento del derecho, quede en firme la declaración de importación No. 23030016686753 del 18-11-2011, suscrita por SERVANDI LTDA., siendo importador GRANOS Y CEREALES DE COLOMBIA LTDA, hoy GRANOS Y CEREALES DE COLOMBIA S.A.S.
TERCERA.- Por tanto, como restablecimiento del derecho, quede sin efecto la liquidación de arancel por mayor valor de $182.125.000.oo, y sin vigencia la sanción de $18.212.000.oo, lo mismo que declarar que no hay base alguna para el reconocimiento, liquidación y pago de intereses de mora, por las razones, causas y circunstancias relatadas en la presente demanda.
CUARTA.- Que se condene en costas a la parte demandada.
QUINTA.- Que se reintegre a favor de mi representado la suma de trescientos once millones veinticinco mil pesos ($311.025.000.oo), que fueron pagados por éste según el detalle contenido en los hechos de la demanda. Sobre esta suma deberá reconocerse, liquidarse y pagarse los intereses aplicables según la disposición legal, en igual tasa a la que liquida la DIAN a los contribuyentes.
• GRUPO SEGUNDO: Si por alguna razón no llegasen a prosperar las Pretensiones Principales, ni las PRETENSIONES SUBSIDIARIAS Grupo Primero, solicito se hagan las siguientes o parecidas declaraciones:
PRIMERA.- Que se ha materializado el Silencio Administrativo Positivo por haberse tomado más de 30 días la DIAN para formular el Requerimiento Especial Aduanero, y por consecuencia las actuaciones posteriores son nulas y no producen efecto alguno, quedando en firme la declaración presentada por GRANOS CEREALES DE COLOMBIA S.A.S., y sin vigencia la sanción impuesta y sin bases los intereses.
SEGUNDA.- Como consecuencia de las determinaciones anteriores y como restablecimiento del derecho, quede en firme la declaración de importación No. 23030016686753 del 18-11-2011, suscrita por SERVANDI LTDA., siendo importador GRANOS Y CEREALES DE COLOMBIA LTDA., hoy GRANOS Y CEREALES DE COLOMBIA S.A.S.
TERCERA.- Por tanto, como restablecimiento del derecho, quede sin efecto la liquidación de arancel por mayor valor de $182.125.000.oo, y sin vigencia la sanción de $18.212.000.oo, lo mismo que declarar que no hay base alguna para el reconocimiento, liquidación y pago de intereses de mora, por las razones, causas y circunstancias relatadas en la presente demanda.
CUARTA.- Que se condene en costas a la parte demandada.
QUINTA.- Que se reintegre a favor de mi representado la suma de trescientos once millones veinticinco mil pesos ($311.025.000.oo), que fueron pagados por éste según el detalle contenido en los hechos de la demanda. Sobre esta suma deberá reconocerse, liquidarse y pagarse los intereses aplicables según la disposición legal, en igual tasa a la que liquida la DIAN a los contribuyentes.
GRUPO TERCERO: Si por alguna razón no llegasen a prosperar las Pretensiones Principales ni las PRETENSIONES SUBSIDIARIAS Grupo Primero, ni las PRETENSIONES SUBSIDIARIAS Grupo Segundo, solicito se hagan las siguientes o parecidas declaraciones:
PRIMERA.- Que se modifique el artículo primero de la Resolución 01-88-241-06.39-001-del 08-01-2013 por medio de la cual la Dirección Seccional de Aduanas de Cali, División de Gestión de Liquidación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales expidió Liquidación Oficial de Corrección para la Declaración de Importación con adhesivo No. 23030016686753 del 19/11/2011 presentada por el Declarante Agencia de Aduanas Servicios Aduaneros Integrados Limitada Nivel 1, SERVANDI LTDA a nombre de la sociedad importadora Granos y Cereales de Colombia Ltda en la cual aplica un arancel diferente al declarado por SERVANDI, estableciendo un mayor valor de ciento ochenta y dos millones ciento veinticinco mil pesos ($182.125.000) respecto del declarado, y liquidando una multa del 10% sobre dicho valor, equivalente a dieciocho millones doscientos doce mil pesos ($18.212.000.oo), en cuanto a que el arancel base de esa liquidación es del 20% y no del 98% como allí se establece, ajustándose por ello el valor de su liquidación y de la eventual sanción.
SEGUNDA.- Que se modifique el artículo primero de la Resolución 00488 del 11 de abril de 2013 mediante la cual la Dirección Seccional de Aduanas de Cali resolvió el mencionado Recurso de Reconsideración confirmando en todas sus partes la Resolución 01-88-241-06.039-001 del 08/01/2013 de la Dirección Seccional de Aduanas de Cali, División de Gestión de Liquidación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, acorde con lo solicitado en la petición subsidiaria anterior.
TERCERA.- Como consecuencia de las determinaciones anteriores, y como restablecimiento del derecho, se haga la pertinente liquidación oficial teniendo en cuenta el arancel del 20%.
CUARTA.- Por tanto, como restablecimiento del derecho, quede sin efecto la liquidación de arancel por mayor valor de $182.125.000.oo, y sin vigencia la sanción de $18.212.000.oo, lo mismo que declarar que no hay base alguna para el reconocimiento, liquidación y pago de intereses de mora, por las razones, causas y circunstancias relatadas en la presente demanda.
QUINTA.- Que se condene en costas a la parte demandada.
SEXTA.- Que se reintegre a favor de mi representado la suma de trescientos once millones veinticinco mil pesos ($311.025.000.oo), que fueron pagados por éste según el detalle contenido en los hechos de la demanda, descontando el valor de la reliquidación efectuada. Sobre el saldo resultante deberá reconocer, liquidar y pagar los intereses aplicables según disposición legal, en igual tasa a la que liquida la DIAN a los contribuyentes».
Invocó como normas violadas las siguientes:
Artículos 6, 13, 29, 83 y 363 de la Constitución Política
Artículo 3 del Título II del Acuerdo de Complementación Económica No. 59, - CAN – MERCOSUR
Artículos 121 y siguientes del Decreto 2685 de 1999
Artículo 22 del Decreto 4431 de 2004
Artículo 30 y siguientes del Decreto 2557 de 2007
Artículos 485 y siguientes del Decreto 2883 de 2008
Como concepto de la violación expuso, en síntesis, lo siguiente:
a. Manifestó que la declaración de importación con autoadhesivo No. 23030016686753, se encuentra en firme porque se configuró el silencio administrativo positivo de que trata el artículo 17 del Decreto 4431 de 2004, al notificarse el requerimiento especial el 31 de julio de 2012, esto es, pasados 30 días desde que la Administración tuvo conocimiento de la infracción aduanera. Término que debía contarse a partir del 16 de febrero de 2012, día en el que la sociedad contestó el requerimiento de información, por lo tanto, cualquier actuación posterior deviene en nula.
También se configuró el silencio administrativo positivo al expedirse la liquidación oficial de corrección cuando ya habían transcurrido más de los 45 días establecidos en el artículo 30 del Decreto 2557 de 2007, contabilizados desde el 31 de octubre de 2012, fecha en la que venció el término probatorio, hasta el 8 de enero de 2013, en la que se profirió el citado acto.
b. Expuso que de acuerdo con el artículo 121 del Decreto 2685 de 1999 el documento soporte para el tratamiento preferencial arancelario del ACE 59 de las mercancías originarias de Argentina, es el «Certificado de Origen», que fue aportado con la presentación de la declaración de importación y aceptado por la Administración.
Advirtió que, en este caso, la DIAN no puede solicitar un «Certificado de Autenticidad», porque ese documento no está previsto en la ley y, en todo caso, el Memorando 264 del 14 de junio de 2012 de la Subdirección de Fiscalización Aduanera, es posterior a la fecha de importación. Dicha situación vulnera el principio de transparencia, en tanto se están exigiendo requisitos adicionales a los previstos en la norma.
Indicó que en el Acuerdo de Complementación Económica se establecen los aranceles aplicables a los productos negociados, el Título II se refiere al programa de liberación comercial y, en el inciso segundo del artículo 3, se dispuso que, para los productos incluidos en el Anexo 1, la desgravación paulatina se aplicará únicamente sobre los aranceles consignados en dicho anexo.
En el citado anexo 1 se precisó el arancel, respecto del cual se fijó el programa de desgravación arancelaria para la leche, partiendo de un arancel del 20%.
Señaló que el tratamiento preferencial corresponde a una reducción en la tarifa prevista en un equivalente al 54%, sobre el arancel negociado, en este caso el 20%, así que consideró que la tarifa declarada es la que efectivamente publicó la DIAN y a la que la sociedad se acogió en la declaración de importación.
Puso de presente que la tarifa aplicable según la negociación 20%, menos reducción prevista para el periodo 54%, igual 9.2%.
Tarifa – Reducción = Tarifa Preferencial: 20- (20* 54%) = 20 -10.8 = 9.2%
100% 100%
Finalmente manifestó que el proceso de importación se realizó bajo los principios de buena fe y confianza legítima, además, la DIAN nunca le informó de requisitos adicionales, como el certificado de autenticidad para la importación de leche en polvo.
c. En gracia de discusión, si para acogerse a la tarifa preferencial, existiera la obligación de aportar el certificado de autenticidad, aclaró que dicho documento no fue entregado por el proveedor que es el encargado de tramitarlo ante sus autoridades. Destacó que el producto importado es originario de Argentina, tal y como consta en el certificado de origen, documento que fue aceptado por la autoridad aduanera colombiana, razón por la cual, la tarifa que corresponde para la leche de la subpartida 04.02.21.10 es del 20% y no la que determinó la DIAN en el 98%, como si la mercancía proviniera de un tercer país con el cual Colombia no tiene un acuerdo comercial vigente.
OPOSICIÓN
La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda, bajo los siguientes argumentos:
a. En relación con la configuración del silencio administrativo positivo, por haberse proferido el requerimiento especial por fuera de los 30 días que señala el artículo 507 del Decreto 2685 de 1999, manifestó que por tratarse de un acto de trámite no opera dicho fenómeno y, en todo caso, no se trata de un término perentorio. Destacó que no existe disposición alguna que establezca que su desconocimiento conduzca a la pérdida de competencia de la DIAN.
En cuanto a la configuración del silencio administrativo positivo por el presunto incumplimiento del plazo señalado en el artículo 512 del Estatuto Aduanero, sostuvo que la liquidación oficial de corrección se expidió dentro del término legal, en tanto que se debe tener en cuenta que el periodo probatorio fue de 2 meses, que corrió a partir de la ejecutoria del auto que decretó las pruebas (art. 511 ib).
b. Expuso que al verificar los soportes de la declaración de importación se constató que el importador no aportó el certificado de autenticidad para el periodo 2011, documento idóneo que demuestra el cupo asignado para la importación de leche, realizado por la demandante desde Argentina a Colombia, bajo el Acuerdo de Complementación Económica 59.
Afirmó que la legislación que rige el citado acuerdo es la Resolución 237 de 2011 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía y Producción de Argentina, que establece que para demostrar que la mercancía debía liquidarse bajo el arancel preferencial del año 2011, tenía que aportarse el certificado de autenticidad.
Precisó que, de acuerdo con la mencionada resolución, la sociedad a la que se le autorizó el cupo de exportación de productos lácteos con destino a Colombia para el año 2011, con tratamiento preferencial era Mastellone Hermanos SA.
Agregó que al no estar relacionada la Compañía Regional de Lácteos de Argentina SA – CORLASA, en la citada resolución, no podía aplicarse la tarifa para mercancías autorizadas dentro del contingente, sino por fuera de este.
Explicó que al no formar parte del contingente autorizado la mercancía importada por la sociedad demandante, no se le podía atribuir el arancel preferencial, razón por la cual, a los productos declarados bajo la subpartida 04.02.21.19.00, se le debía liquidar el arancel aplicable a terceros países sin acuerdo comercial, es decir, del 98%.
AUDIENCIA INICIAL Y DE PRUEBAS
El 21 de julio de 2016, se llevó a cabo la audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011. En dicha diligencia se precisó que no se presentaron irregularidades procesales, tampoco nulidades, no se solicitaron medidas cautelares ni se propusieron excepciones previas.
El litigio se concretó en determinar: «[s]i para la importación se fija un cupo que definía la República Argentina, y si hubo desconocimiento al debido proceso a la actuación administrativa».
Por otra parte, se tuvieron como pruebas las aportadas con la demanda. En esa misma diligencia: i) se negó la solicitud de inspección judicial a la Dirección Seccional de Aduanas de Cali por considerarla innecesaria, ii) se ordenó oficiar a la DIAN para que allegue los antecedentes administrativos y iii) se fijó para el 13 de octubre de 2016 la audiencia de pruebas con el fin escuchar la declaración de las personas que realizaron el proceso de importación.
El 8 de noviembre de 2016 se practicó la audiencia de pruebas, en esta se incorporaron al expediente los antecedentes administrativos, así mismo se practicaron los testimonios y, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera su concepto.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante, con fundamento en lo siguiente:
Expuso que el Acuerdo de Complementación Económica 59 estableció contingentes arancelarios para las importaciones de los productos comprendidos en algunas subpartidas originarias y provenientes de los países signatarios del MERCOSUR, a los que se les asigna cupos que aumentan anualmente y de manera progresiva.
Precisó que a partir de la expedición de la Resolución 462 de 2005 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, la administración del contingente quedó en cabeza del país exportador, por lo que los documentos de asignación de cupos expedidos por los países del MERCOSUR deberán ser presentados ante la DIAN a efectos de que esta controle el monto asignado.
Agregó que la Resolución 237 del 11 de mayo de 2011, expedida por la Secretaría de Agricultura y Pesca de Argentina, estableció para el año 2011 como cupo exportable con destino a Colombia de productos lácteos, especialmente para la subpartida 04.02.10.00 leche y nata crema, la cantidad de 1845 toneladas, que se asignó a la sociedad Mastellone Hnos. SA.
Afirmó que la sociedad importadora no allegó el certificado de autenticidad, pese a que es el documento idóneo para demostrar que las mercancías forman parte del contingente aprobado en el año 2011, razón por la cual, no se podía acceder a la preferencia arancelaria del 9.2%, establecido en el ACE 59.
Puntualizó que el certificado de origen no suple el certificado de autenticidad, pues este solo demuestra el origen de las mercancías y es el soporte de la declaración de importación, más no indica que los productos pertenecen al contingente aprobado para el citado año.
Señaló que si bien la mercancía importada fue adquirida a la Compañía Regional de Lácteos de Argentina SA – CORLASA, empresa ubicada en Argentina, esta no se encuentra en la lista de empresas exportadoras con cupo asignado para la exportación de lácteos a Colombia.
Sobre el arancel que debía aplicarse a la mercancía importada, manifestó que es del 98%, en tanto que no se logró probar que el producto se encontraba amparado con el tratamiento preferencial, motivo por el cual y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Decreto 2906 de 2010, los tributos aduaneros se deben liquidar como si la importación se realizara con un tercer país sin acuerdo comercial.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante interpuso recurso de apelación, por las siguientes razones:
a. Argumentó que la sentencia de primera instancia vulneró el principio de congruencia porque no se pronunció sobre: (i) las pretensiones subsidiarias relacionadas con el silencio administrativo positivo, por la extemporánea formulación del requerimiento especial y la expedición de la liquidación oficial de corrección y (ii) el arancel del 20% que debe aplicarse en el evento que se determine que debía aportarse el certificado de autenticidad.
b. Manifestó que se configuró el silencio administrativo positivo porque no se formuló el requerimiento especial aduanero dentro de los 30 días siguientes al momento en el que la Administración estableció la presunta infracción aduanera, como lo establece el artículo 17 del Decreto 4431 de 2004. Término que debía contarse a partir del 16 de febrero de 2012, fecha en la que la sociedad le dio respuesta al requerimiento de información y hasta cuando se notificó el acto previo, esto es, el 31 de julio de 2012.
Asimismo, indicó que se configuró el silencio administrativo positivo regulado en el artículo 30 del Decreto 2557 de 2007, por expedición extemporánea de la liquidación oficial de corrección, puesto que, desde la fecha del auto que abrió a pruebas (30 de agosto de 2012) hasta cuando se expidió el acto liquidatorio (8 de enero de 2013), transcurrieron más de 45 días, razón por la cual, debe aplicarse la consecuencia establecida en el artículo 22 del Decreto 4431 de 2004.
c. Reiteró que el ACE 59 y las normas aduaneras colombianas no tienen ninguna disposición que limite la importación de leche originaria de Argentina para hacer uso del tratamiento preferencial.
Manifestó que se hizo una interpretación errónea del ACE 59 al indicar en la sentencia de primera instancia que la zona de libre comercio establecida por ese acuerdo solo debe aplicarse a la mercancía que forma parte de un contingente determinado y administrado por el país exportador.
Expuso que la actora actúo bajo el principio de buena fe y confianza legítima, debido a que la DIAN no le advirtió ni le comunicó de la existencia de requisitos adicionales (certificado de autenticidad) para la importación de leche en polvo y, solo después del 2012 cambio la interpretación sobre las importaciones de este tipo de mercancías, al incluir otros requisitos para el tratamiento preferencial.
d. Insistió que en el evento que se determine que debía aportarse el certificado de autenticidad, la mercancía debe gravarse con un arancel del 20%. Lo anterior, porque Colombia como miembro de la Comunidad Andina tiene suscrito un acuerdo comercial con Argentina miembro de MERCOSUR y, por ende, no puede aplicársele el arancel del 98% que es el que se utiliza frente a terceros países que no tienen acuerdos de libre comercio, tal como lo dispone el artículo 2 del Decreto 2906 de 2010.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La parte demandante no se pronunció en esta etapa procesal.
La parte demandada insistió en los argumentos expuestos en la contestación de la demanda en el sentido que la sociedad demandante se acogió a un tratamiento preferencial sin estar dentro del cupo contingente preferencial autorizado por la Resolución No. 237 de 2011.
Aseguró que no se presenta violación al principio de congruencia de la sentencia debido a que el a quo resolvió el problema jurídico sobre el cual se fijó el litigio que giraba en torno a establecer «si para la importación se fija un cupo que definía la República Argentina, y si hubo desconocimiento al debido proceso a la actuación administrativa» y fue sobre dicho problema jurídico que se pronunció el tribunal al analizar cuál era el arancel y cupo aplicable a la importación de leche.
El Ministerio Público no intervino en esta etapa procesal.
CONSIDERACIONES
Corresponde a la Sala decidir la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales la DIAN modificó la Declaración de Importación con autoadhesivo No. 23030016686753 del 18 de noviembre de 2011, porque consideró que la mercancía importada debía pagar un arancel del 98% y no del 9.2%.
En los términos del recurso de apelación, se debe determinar: i) si la sentencia de primera instancia vulneró el principio de congruencia porque no se pronunció sobre las pretensiones subsidiarias, ii) si se configuró el silencio administrativo positivo por la extemporaneidad en (a) la formulación del requerimiento especial aduanero y (b) la expedición de la liquidación oficial de corrección. En caso negativo, se debe analizar: (i) si los actos administrativos vulneraron los principios de buena fe y confianza legítima al negar el tratamiento preferencial consagrado en el ACE 59 para la importación de leche en polvo originaria de Argentina y (ii) si el arancel aplicable en este caso es del 9.2% y, en gracia de discusión del 20%.
Principio de congruencia
El artículo 187 del CPACA señala que «[l]a sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión, y citando los textos legales que se apliquen» [Se destaca].
Por su parte, el artículo 281 del CGP dispone que «[l]a sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la Ley». [Se destaca].
De las referidas normas proviene el principio de congruencia de la sentencia, en sus dos significados: como armonía entre la parte motiva y resolutiva del fallo (congruencia interna) y como conformidad entre la decisión y lo pedido por las partes en la demanda y su contestación (congruencia externa).
Respecto de dicho principio, la Sala ha expuesto que busca la protección del derecho de las partes a obtener una decisión judicial certera sobre el asunto puesto a consideración del juez, al igual que la salvaguarda del debido proceso y del derecho de defensa de las partes, cuya actuación procesal se dirige a controvertir los argumentos y hechos expuestos en la demanda, tratándose del demandante, y en la contestación, si la posición procesal es la del demandado.
Además, garantiza que el juez solo se pronunciará respecto de lo discutido y no fallará ultra petita, decisiones que van más allá de lo pedido, ni extra petita, al reconocer algo que no se solicitó, toda vez que la decisión se tomará de acuerdo con las pretensiones y excepciones probadas a lo largo del desarrollo del proceso.
En el presente caso, la Sala advierte que los argumentos planteados por la parte actora no se refieren a que el tribunal haya fallado extra o ultra petita el asunto sometido a su consideración. Por el contrario, lo que el apelante pone de presente es la presunta omisión en la que habría incurrido el a quo en relación con emitir pronunciamiento frente a las peticiones subsidiarias planteadas en la reforma a la demanda, circunstancia que no atañe a la congruencia de la sentencia, pues conforme al artículo 287 del CGP, aplicable por expresa remisión del artículo 306 del CPACA, cuando se presente dicho evento, lo procedente, es que de oficio o a petición de parte se adicione la sentencia.
Agréguese a lo anterior que esa misma disposición prevé la posibilidad que el juez de segunda instancia complemente la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado, como ocurre en el caso concreto, razón por la cual, lo procedente, en esta etapa procesal, es verificar la ocurrencia de la omisión señalada por la parte actora y, de ser el caso, complementar la providencia del tribunal, emitiendo pronunciamiento sobre las pretensiones no resueltas.
Por lo anterior, se concluye que el argumento propuesto por la parte apelante no está relacionado con la congruencia de la sentencia, razón por la cual, este cargo no prospera, siendo lo procedente abordar el estudio relacionado con la configuración del silencio administrativo positivo, porque el tribunal no abordó su estudio en la sentencia impugnada.
Silencio administrativo positivo por extemporaneidad en la formulación del requerimiento especial aduanero
En lo que interesa para el caso concreto, los artículos 507 y 509 del Decreto 2685 de 1999, establecen que la autoridad aduanera podrá formular requerimiento especial aduanero para proponer liquidación oficial de corrección. Para el efecto, dispondrá de 30 días una vez identificada la causal o causales que dan lugar a la expedición de la liquidación oficial.
La Sala ha precisado «que el plazo de 30 días dispuesto para la formulación del requerimiento aduanero, no es preclusivo, toda vez que respecto de su inobservancia el legislador no previó ninguna consecuencia. En efecto, si bien ese término es obligatorio para la Administración, su incumplimiento no invalida la decisión, porque no existe disposición alguna que establezca que la pretermisión de dicho plazo da lugar a la pérdida de competencia de la DIAN para continuar con el procedimiento sancionatorio por infracción a la legislación aduanera, e imponer la sanción correspondiente. Y, ello es así porque el artículo 519 del Estatuto Aduanero, norma que regula el incumplimiento de los términos en el procedimiento aduanero, solo establece el silencio administrativo positivo, sobre aquellos plazos fijados para decidir de fondo, (…)» [Negrillas originales].
De modo que, la extemporaneidad en la formulación del requerimiento especial aduanero no produce ningún efecto sobre la competencia de la autoridad aduanera, tampoco afecta la validez de la actuación administrativa y, por lo mismo, no da lugar a que se configure el silencio administrativo positivo en los términos del artículo 519 del Decreto 2685 de 1999, entendido como el fenómeno en virtud del cual la ley contempla que, en determinados casos, ante la falta de decisión de la Administración frente a peticiones o recursos presentados por los administrados, el acto presunto hace que el administrado vea satisfecha su pretensión como si la autoridad la hubiera resuelto de manera favorable.
Por lo expuesto, se concluye que la extemporaneidad en el requerimiento especial aduanero no da lugar a que se configure el silencio administrativo positivo, motivo por el cual, no prospera este cargo.
Silencio administrativo positivo por extemporaneidad en la expedición de la liquidación oficial de corrección
El inciso segundo del artículo 512 del Decreto 2685 de 1999 prevé que el término con el que cuenta la autoridad aduanera para «expedir» la liquidación oficial de corrección es de 45 días contados a partir del día siguiente a la respuesta del requerimiento especial aduanero, término que se aplica «siempre y cuando no se practiquen pruebas», pues en dicho evento, ese término empezará a contarse a partir del día siguiente al vencimiento del periodo probatorio, que de acuerdo con el inciso cuarto del artículo 511 del citado decreto, es de dos (2) meses si las pruebas se practican en el país y de tres (3) meses cuando deban practicarse en el exterior.
En relación con el silencio administrativo positivo asociado a la liquidación oficial de corrección, el artículo 519 del Decreto 2685 de 1999, establece que este se configura cuando dicho acto no se expida dentro del término fijado en el artículo 512 ibídem, contabilizado en la forma prevista en la citada norma, dependiendo si hubo lugar o no a la práctica de pruebas. Caso en el cual, la declaración de importación adquiere firmeza.
En el expediente está probado lo siguiente:
El 27 de julio de 2012, la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Aduanas de Cali profirió el Requerimiento Especial Aduanero No. 1-88-238-419-434-4 0022, por medio del cual propuso: (i) corregir la Declaración de Importación con autoadhesivo No. 23030016686753, por la que se introdujo al territorio aduanero 25 toneladas de «LECHE ENTERA EN POLVO» clasificada bajo la subpartida arancelaria 04.02.21.19.00, liquidando un arancel del 9.2% e IVA del 0% y (ii) la imposición de la sanción por infracción aduanera, equivalente al 10% del valor de los tributos aduaneros dejados de pagar.
El 22 de agosto de 2012, Granos y Cereales de Colombia LTDA., dio respuesta al requerimiento especial.
El 30 de agosto de 2012, la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Aduanas de Cali, profirió el Auto No. 0040 mediante el cual: (i) decretó la apertura del periodo probatorio por el término de dos (2) meses contados a partir de su ejecutoria y (ii) ordenó efectuar la consulta al Sistema Informático Aduanero MUISCA y/o SYGA para la subpartida arancelaria declarada y, las demás pruebas que resulten necesarias. Decisión que se notificó por estado fijado el 3 de septiembre de 2012 y desfijado el 5 de septiembre de 2012.
El 8 de enero de 2013, la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de Cali, expidió la Liquidación Oficial de Corrección No. 01-88-241-06.39-001, por medio de la cual modificó la citada declaración de importación, en el sentido de indicar que el arancel a pagar es del 98% e imponer sanción por infracción aduanera, equivalente al 10% del valor de los tributos aduaneros dejados de pagar.
De acuerdo con la anterior relación, la Sala advierte que la Liquidación Oficial de Corrección No. 01-88-241-06.39-001 del 8 de enero de 2013, se expidió dentro del término establecido en el artículo 512 del Decreto 2685 de 1999, modificado por el artículo 30 del Decreto 2557 de 2007, comoquiera que en dicho trámite se profirió el auto de pruebas notificado el 5 de septiembre de 2012, que dispuso la apertura del periodo probatorio por dos (2) meses, esto es, hasta el 5 de noviembre de 2012, fecha a partir de la cual se comienzan a contabilizar los 45 días a los que se refiere la citada norma para que la autoridad aduanera expida el acto definitivo. Término que, en el caso concreto, vencía el 11 de enero de 2013, resultando claro que no se configuró el silencio administrativo positivo alegado por la parte actora, razón por la cual, no prospera este cargo.
Tratamiento preferencial ACE 59. Contingente de importación de productos clasificados en la partida 0402. Certificado de autenticidad
En primer lugar, se advierte que, en relación con supuestos fácticos y jurídicos similares al presente asunto, esta Sala se pronunció en la providencia del 4 de junio de 2020, Exp. 23547, C.P. Milton Chaves García, por lo cual, se reiterará en lo pertinente el criterio jurisprudencial expuesto en la mencionada sentencia.
El 18 de octubre de 2004, la Comunidad Andina en la que Colombia es País Miembro suscribió con los Estados Parte del MERCOSUR el Acuerdo de Complementación Económica No. 59 – ACE 59 con el objeto de establecer un marco jurídico e institucional de cooperación e integración económica y formar un área de libre comercio mediante la eliminación de restricciones arancelarias entre los países signatarios.
Dicho convenio fue ratificado por Colombia mediante la Ley 1000 del 30 de diciembre de 2005 y se aplicó provisionalmente a partir del 1º de febrero de 2005, con el Decreto 141 del 26 de enero de 2005.
En virtud del artículo 3 del ACE 59 las partes contratantes conformarán una Zona de Libre Comercio a través de un Programa de Liberación Comercial, que se aplicará a los productos originarios y procedentes de los territorios de las partes signatarias. Dicho Programa consistirá en desgravaciones progresivas y automáticas, aplicables sobre los aranceles vigentes para la importación de terceros países en cada parte signataria, al momento de la aplicación de las preferencias de conformidad con lo dispuesto en sus legislaciones. No obstante lo anterior, se dispuso que para los productos incluidos en el Anexo I, la desgravación se aplicará únicamente sobre los aranceles consignados en dicho Anexo. En tanto que, para los productos que no figuran en el Anexo I, la preferencia se aplicará sobre el total de los aranceles, incluidos los derechos aduaneros adicionales.
En el Anexo I del ACE 59 consta que los productos de las subpartidas 04021000, 04022110, 04022120, 04022910, 04022920, 04029110, 04029120, 04029910 y 04029920 Naladisa 96, es decir, los productos lácteos –en polvo gránulos o demás formas sólidas con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1,5% en peso, leche y nata (crema)- están sujetos al Mecanismo de Estabilización de Precios –MEP, según lo establecido en la legislación andina vigente y sus posteriores modificaciones o sustituciones de conformidad con la política arancelaria andina.
En ese anexo, Colombia especificó que no aplicaría el MEP para determinados productos. Sin embargo, no hizo esa aclaración frente a los productos lácteos de las partidas arancelarias descritas con anterioridad, lo que significa que no fueron totalmente desgravados, en los términos del artículo 3 del ACE 59.
Por esa razón debe aplicarse el artículo 4 del ACE 59, conforme con el cual, el programa de liberación comercial será implementado de forma gradual, según los cronogramas pactados entre los países signatarios, los cuales deben constar en el Anexo II.
El Anexo I al artículo 3 del citado acuerdo, relaciona el listado de productos sujetos al MEP así como el arancel de Colombia sujeto al programa de liberación comercial. Para la subpartida 0402.21.10 (arancel Naladisa 96) que es la subpartida Nandina 05 0402.21.19.00 se indica un arancel del 20%.
En el Apéndice 3.1 del Anexo II del Acuerdo se determinó el cronograma en el que se señala que, para los productos clasificados en la subpartida Nandina 05 0402.21.19.00, originarios del país de Argentina lo siguiente:
Naladisa
96
Nandina
05
Observación
Colombia Otorga a Argentina Cronograma
Nota
04022110
0402211900
C3
Fuera del Contingente el Convenio no se aplica. La desgravación arancelaria a 15 años y demás condiciones de acceso iniciaran su aplicación
En el Anexo IX – Medidas Especiales del ACE 59, se establece un tratamiento preferencial para la Subpartida 0402.21.19.00 partida Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante ----Las demás, determinándose un arancel de 20% para la partida 0402 y en relación con el contingente para el año 2011, se indica:
Naladisa
96
Nandina
05
Observación
Colombia Otorga a Argentina
Cronograma
Nota
04022110
0402211900
Ver nota
Preferencia de 54% a partir del 01/01/2011 para un contingente total de 1845 toneladas para la partida 04.02 en conjunto.
Lo anterior significa que de acuerdo con el Anexo IX - Apéndice 3.1. para el país de Argentina el cronograma de desgravación del arancel establecido para la subpartida 0402.21.19.00 es el número C3 que determina que para el año 2011 una desgravación del 54% del arancel y un contingente o cupo autorizado de 1845 toneladas.
Ese tratamiento preferencial se aplica para los productos originarios de Argentina que formen parte del contingente de 1845 toneladas aprobadas para el año 2011, lo que indica que a la mercancía importada por fuera del contingente no se le aplica la preferencia arancelaria.
Mediante el Decreto 1900 de 2005, se determinó la administración de los contingentes arancelarios establecidos en el Acuerdo de Complementación Económica para las importaciones de los productos comprendidos en las subpartidas relacionadas en el mismo decreto, originarias y provenientes de los países miembros del MERCOSUR. En su artículo 1º estableció los contingentes de, entre otros, los PRODUCTOS LÁCTEOS – PARA ARGENTINA, de la partida arancelaria 04.02 en conjunto, descripción de la mercancía: «Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante». Para el año 2011, que interesa en este caso, se fijó el contingente (Vol. Ton.) 1845.
En el parágrafo 1º del mismo artículo se dispuso que «[e]l Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural reglamentará y distribuirá los contingentes arancelarios para las subpartidas […] y 04.02, y su importación será registrada ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo».
El artículo 2 del Decreto 3744 de 2005, modificó el artículo 4 del Decreto 1140 de 2005, estableció que los contingentes de acceso preferencial señalados en el artículo 1º del mismo decreto, serán reglamentados y administrados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Los contingentes de importación provenientes de países del MERCOSUR, establecidos en el Decreto 141 de 2005, serán administrados a partir del 1º de enero de 2006 por el país exportador, para lo cual los documentos de asignación de cupos expedidos por los países del MERCOSUR deberán ser presentados ante la DIAN a efecto de que esa entidad controle el monto asignado. Norma publicada en el Diario Oficial 46.072 del 25 de octubre de 2005.
Además, mediante Circular Externa 074 del 11 de noviembre de 2005, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo lo puso en conocimiento de los usuarios y funcionarios.
El 5 de diciembre de 2005, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, profirió la Resolución No. 462 en la que dispuso que los «contingentes de importación provenientes de países del Mercosur, establecidos en el Decreto 141 de 2005, serán administrados a partir del 1° de enero de 2006, por el país exportador, para lo cual los documentos de asignación de cupos expedidos por los países del Mercosur deberán ser presentados ante la DIAN a efectos de que esta controle el monto asignado» [Se destaca].
Conforme a lo expuesto, se advierte que «si bien, inicialmente, los contingentes otorgados por Colombia establecidos en el ACE 59, entre estos, el correspondiente a los productos lácteos, fueron administrados por el Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, a partir del 1º de enero de 2006 pasaron a ser administrados por el país exportador».
Mediante la Resolución 031 del 15 de junio de 2010, del MERCOSUR aprobó el «Sistema de Administración y Distribución de Cupos Otorgados» a esa entidad en acuerdos celebrados por terceros países o grupos de países que asegure su transparencia, seguridad y publicidad, mediante un programa informático que le permita disponer de información actualizada sobre la utilización de cupos y sus remanentes.
Ese sistema define el certificado de autorización de cupo como aquel emitido por la autoridad nacional certificadora de cada Estado Parte que «habilita a ingresar la mercadería en el mercado de destino en las condiciones arancelarias previstas para el cupo de que se trate, en base a determinado acuerdo comercial».
De otra parte, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de Argentina expidió la Resolución No. 379 de 2006, por medio de la cual creó el Registro para las Empresas Exportadoras de Leche y Subproductos Derivados, para aquellas empresas interesadas en la exportación de productos lácteos a la República de Colombia.
Posteriormente, la misma entidad emitió la Resolución No. 237 de 6 de mayo de 2011, en la que distribuyó el contingente de 1845 toneladas para la mercancía exportada a Colombia en el año 2011, clasificadas en la partida 0402, de la siguiente forma:
«Artículo 1º — Distribuyese la cantidad de UN MIL OCHOCIENTAS CUARENTA Y CINCO TONELADAS METRICAS (1.845 tm.) que en materia de productos lácteos se establecen para las partidas 04021000 -Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante, en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas inferior o igual al UNO CON CINCUENTA POR CIENTO (1,50%) en peso, 04022110 - Leche, 04022120 - Nata (crema), 04022910 - Leche, 04022920 - Nata (crema), 04029110 - Leche, 04029120 - Nata (crema), 04029910 - Leche, 04029920 - Nata (crema), conforme a la Nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercaderías, en su versión regional NALADISA 96 con destino a la REPÚBLICA DE COLOMBIA, amparada por Certificados de Autenticidad para el período 2011, conforme el Anexo que forma parte integrante de la presente resolución, en un todo de acuerdo al tonelaje que en cada caso se indica» [Negrilla fuera de texto].
(…)
DISTRIBUCIÓN CUPO DE EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS A LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. AÑO 2011
EMPRESAAntecedentes de exportación
FOB USD$Distribución del 85%Distribución del 85%
TnDistribución proporcional
15%Distribución proporcional
15%
TnCálculo base
TnCupo
Solicitado
TnCupo
2011
Final
TnValores de referencia 1.568.25276.751845,00Mastellone Hnos S.A.187.564.649100.00%1.568.25100.00%276.751845,00Lo que corresponda1845,00Totales 187.564.6491.568.251.568.25100.00%276.751845,00-----------------1845,00
De esta manera, Argentina distribuyó el cupo final de las 1845 toneladas de productos lácteos para la exportación a Colombia en el año 2011 a la empresa Mastellone Hnos. SA y, para tal efecto expidió un documento denominado «certificado de autenticidad» con el que controlaba la cantidad del producto exportado y la empresa a la que se le otorgaba el contingente.
Dicho documento es el que la Resolución No. 031 del 15 junio de 2010 del MERCOSUR denomina certificado de autorización de cupo, que resultaba obligatorio para la aplicación de la preferencia arancelaria en el país de importación, tal como lo dispuso Colombia mediante la Resolución No. 462 de 2005 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Asimismo, el artículo 9 del ACE 59, establece que es obligación de las partes contratantes mantenerse informadas sobre los organismos nacionales competentes y las eventuales modificaciones de dichas medidas, remitiendo copia sobre las mismas a la Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de Integración - ALADI.
Al efecto, en la página web de la ALADI, se encuentra publicado en las preferencias vigentes otorgadas por Colombia en el «ítem 0402, Beneficiario. Argentina, observaciones: 1845ton- vigente a partir del 01/01/2011 (…) contingente anual para la partida 0402 en general (…). Fuera del contingente el programa de liberación comercial no se aplica».
Por último, el 5 de agosto de 2010, Colombia expidió el Decreto 2906, en el que se prevé como arancel permanente el 98% para la mercancía clasificada en la partida arancelaria 0402, que no aplica para aquellos países con los cuales se tenga suscrito un acuerdo de libre comercio vigente, lo que significa que al importar una mercancía de un tercer país con el que no se tuviera suscrito convenio o en su defecto no se pudiera aplicar el referido acuerdo de libre comercio, el arancel aplicable sería del 98%.
Acorde con lo expuesto, se concluye que para la aplicación de la preferencia arancelaria del ACE 59 de la mercancía clasificada en la subpartida Nandina 05 0402.21.19.00, se tenían que acreditar lo siguiente: i) que la mercancía era originaria de Argentina y ii) que pertenecía al contingente de las 1845 toneladas autorizadas de acuerdo con lo expuesto en el Anexo IX – Medidas Especiales y el Cronograma C3 del ACE 59, requisito que se demostraba con el certificado de autorización de cupo conocido en este caso como certificado de autenticidad.
En el expediente está probado lo siguiente:
La sociedad Granos y Cereales de Colombia SAS, mediante la Declaración de Importación con autoadhesivo No. 23030016686753 del 18 de noviembre de 2011, introdujo al territorio aduanero nacional la mercancía proveniente de Argentina y consistente en «LECHE ENTERA EN POLVO», liquidando un arancel del 9.20%.
Con la citada declaración de importación se aportó el Certificado de Origen No. 00092 del 21 de octubre de 2011, expedido por la Cámara de Exportadores de Rosario – República de Argentina.
El exportador o proveedor de la mercancía originaria de Argentina es la sociedad CORLASA COMPAÑÍA REGIONAL DE LACTEOS DE ARGENTINA S.A., según consta en el numeral 46 de la declaración de importación.
De acuerdo con lo anterior, no hay discusión respecto a que la mercancía importada es originaria de Argentina, hecho que fue probado mediante el Certificado de Origen No. 00092 del 21 de octubre de 2011, expedido por la Cámara de Exportadores de Rosario – República de Argentina.
Pero, no está probado que se haya aportado el certificado de autenticidad para el periodo 2011 o certificado de autorización de cupo, documento que según la Resolución No. 237 del 6 de mayo de 2011, proferida por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de Argentina, acredita que la mercancía importada forma parte del contingente de las 1845 toneladas de los productos lácteos allí señalados, con destino a la República de Colombia.
Refuerza lo anterior, que en la citada declaración de importación consta que la sociedad exportadora es CORLASA COMPAÑÍA REGIONAL DE LÁCTEOS ARGENTINA S.A. y no MASTELLONE HNOS S.A., a quien se le asignó el contingente para el año 2011.
Es oportuno reiterar que solicitarle al importador «el certificado de autorización de cupo, es exigir el cumplimiento de un requisito previsto para acceder a la preferencia arancelaria contenida en el ACE 59, sin que de manera alguna desconozca los principios de buena fe y confianza legítima» [Negrilla fuera de texto].
Ahora bien, en relación con el argumento de la parte actora, según el cual, en el ordenamiento aduanero no se exige el certificado de autenticidad, basta con advertir que, para la fecha de la operación de comercio exterior se encontraban vigentes el Decreto 3744 de 2005 expedido por el Gobierno Nacional y la Resolución No. 462 de 2005 proferida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, conforme con los cuales los contingentes de importación provenientes de países del MERCOSUR, establecidos en el Decreto 141 de 2005, serán administrados a partir del 1º de enero de 2006, por el país exportador, para lo cual los documentos de asignación de cupos expedidos por los países del MERCOSUR deberán ser presentados ante la DIAN a efecto de que esta controle el monto asignado.
Además, la Resolución No. 237 del 6 de mayo de 2011, expedida por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de Argentina, por la que se asignó el contingente en estudio, es anterior a la importación -18 de noviembre de 2011-, por ende, no se podía desconocer, por su carácter vinculante, toda vez que se profirió en cumplimiento de disposiciones del MERCOSUR para regular la administración de los contingentes otorgados por Colombia establecidos en el AC-59, en particular, el cupo correspondiente a las exportaciones de productos lácteos de la partida arancelaria de 04.02 del año 2011.
Arancel aplicable a la mercancía importada
En relación con el arancel que se debe aplicar en el caso concreto, la Sala considera que corresponde al establecido en el Decreto 2906 de 2010, es decir, el 98%, que fue el determinado por Colombia para terceros países respecto de la mercancía clasificada por la partida 04.02, en la que se encuentra la subpartida 04.02.21.19.00 partida Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante ----Las demás.
Lo anterior, en atención a lo señalado en el apéndice 3.1. del Anexo IX – Medidas Especiales del ACE 59, en el que se determina que a la mercancía que esté por fuera del contingente, como ocurre en este caso, no puede aplicársele el Acuerdo, es decir, no procede la desgravación automática programada para el año 2011 que era del 54% ni el arancel general del 20% establecido en el referido acuerdo.
Por lo anterior, tampoco prospera este cargo, razón por la cual, se confirmará la sentencia apelada, toda vez que no se desvirtuó la presunción de legalidad de los actos administrativos sometidos a control de legalidad.
Costas
De conformidad con lo previsto en los artículos 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 del Código General del Proceso, no se condenará en costas (agencias en derecho y gastos del proceso) en esta instancia, comoquiera que no se encuentran probadas en el proceso.
Se mantendrá la condena en costas en primera instancia, teniendo en cuenta que dicha decisión no fue objeto de reparo concreto en el recurso de apelación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
CONFIRMAR la sentencia del 21 de septiembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
Sin condena en costas en esta instancia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase.
La presente providencia se aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
(Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Fls. 321 a 330 c.p. Ahora Granos y Cereales de Colombia SAS. Fls. 261 c.p. y 574 c.a. 7. Fls. 584 a 593 c.a. 7. Fls. 2 a 19 vto. c.p. y 358 a 375 c.a. 7. Fls. 52 a 66 c.p. y 392-406 c.a. 7. Fls. 20 a 51 c.p. Fls. 157 a 180 c. p. Que modificó el artículo 512 del Decreto 2685 de 1999. Fls. 182 a 191 y 231 a 238 c.p. Para reforzar este argumento, citó la sentencia del 10 de mayo de 2012, C.P. María Claudia Rojas Lasso. Fls. 247 a 251 c.p. Fls. 289 a 291 c.p. Mediante auto del 11 de octubre de 2016, el a quo fijó nueva fecha para audiencia de pruebas por ajustes en la agenda del Despacho. Fl. 284 c.p. Fls. 321 a 330 c.p. Fls. 338 a 352 c.p. Fls. 388 a 391 c.p. Fl. 390 vto. c.p. Sentencia del 10 de junio de 2021, Exp. 24283, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto en la que se reiteró la sentencia del 1º de agosto de 2019, Exp. 24074, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Sentencia del 10 de junio de 2021, Exp. 24283, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto en la que se reiteró la sentencia del 26 de julio de 2012, Exp. 2008-00228, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez. Artículo modificado por el artículo 16 del Decreto 4431 de 2004. Artículo modificado por el artículo 17 del Decreto 4431 de 2004. Sentencia del 10 de octubre de 2018, Exp. 22337, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez que reitera las sentencias del 2 de abril de 2012 y del 27 de marzo de 2014, Exps. 17497 y 18221, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, respectivamente. RAE Jurídico –DEJ-. 1. PROC. Pérdida de oportunidad de realizar un acto procesal, por intentarse fuera de plazo. Modificado por el artículo 30 del Decreto 2557 de 2007. En este punto conviene precisar que la norma se refiere al verbo «expedir» el acto administrativo que decide de fondo como en este caso la formulación de la liquidación oficial, lo que significa que los 45 días que establece la norma no incluye la notificación, tal como lo indicó esta Corporación en la sentencia del 16 de junio de 2011, Exp. 17567, C.P. Carmen Teresa Ortiz De Rodríguez: «Observa la Sala que el término de 30 días señalado en el artículo 512 fue otorgado a la autoridad aduanera para expedir el acto administrativo que decida de fondo, en este caso, la liquidación oficial de corrección; este término debe contarse a partir de la fecha en se recibió respuesta al requerimiento especial aduanero. El vocablo expedir es tan claro que no se hace necesario acudir a otras expresiones so pretexto de interpretarlo; por lo tanto, debe tomarse en su sentido natural, esto es, como sinónimo de cursar, tramitar, emitir, adoptar o proferir una decisión, una norma o un acto jurídico, de manera unilateral». Esta norma dispone que dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción de la respuesta al Requerimiento Especial Aduanero o del Documento de Objeción a la Aprehensión, se decretará mediante auto motivado la práctica de las pruebas solicitadas que sean conducentes, eficaces, pertinentes y necesarias para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación, se denegarán las que no lo fueren y se ordenará de oficio la práctica de las que se consideren pertinentes y necesarias, distintas a las relacionadas en el Requerimiento Especial Aduanero o en el Acta de Aprehensión. En su inciso cuarto, prevé que el término para la práctica de las pruebas será de dos (2) meses si es en el país, y de tres (3) meses cuando deban practicarse en el exterior, y correrá a partir de la ejecutoria del acto que las decretó. Modificado por el artículo 22 del Decreto 4431 de 2004. Conforme con esta norma, los términos para decidir de fondo previstos en el presente Capítulo [IV Procedimiento administrativo para la imposición de sanciones por infracciones aduaneras, la definición de la situación jurídica de la mercancía y la expedición de liquidaciones oficiales] son perentorios y su incumplimiento dará lugar al silencio administrativo positivo. Cuando el procedimiento se haya adelantado para imponer una sanción, se entenderá fallado a favor del administrado.
Cuando el procedimiento se haya adelantado para formular una liquidación oficial, dará lugar a la firmeza de la declaración. En los casos de mercancía aprehendida para definición de situación jurídica, dará lugar a la entrega de la misma al interesado previa presentación y aceptación de la declaración de legalización, cancelando los tributos aduaneros a que hubiere lugar y sin el pago de rescate. Fls. 584 a 593 c.a. 7. Fls. 645 a 654 c.a. 7. Esta fecha no es legible en el auto, pero consta en la liquidación oficial de corrección y no fue objeto de discusión. Fls. 669 a 673 c.a. 7. Fl. 673 c.a. 7. Fls. 2 a 19 c.p. y 358 a 375 c.a. 7. Suscrito entre los Gobiernos de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, Estados partes del Mercosur y los Gobiernos de la República de Colombia, de la República del Ecuador y de la República Bolivariana de Venezuela, países miembros de la Comunidad Andina. HYPERLINK "http://www.tlc.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=71085&name=1._Decreto_141_de_2005,_Implementacion_ACE_59.pdf&prefijo=file" http://www.tlc.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=71085&name=1._Decreto_141_de_2005,_Implementacion_ACE_59.pdf&prefijo=file
Acuerdo de Complementación Económica 59. Anexo I. Acuerdo de Complementación Económica 59. Artículo 4. HYPERLINK "https://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-141-de-2005-7.aspx" https://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-141-de-2005-7.aspx Pág. 14
HYPERLINK "https://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-141-de-2005-7.aspx" https://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-141-de-2005-7.aspx Pág. 166. HYPERLINK "https://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-141-de-2005-7.aspx" https://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-141-de-2005-7.aspx Pág. 369. HYPERLINK "https://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-141-de-2005-7.aspx" https://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/administracion-profundizacion-y-aprovechamiento-de/decretos/decreto-141-de-2005-7.aspx Pág. 370. HYPERLINK "http://www.aladi.org/biblioteca/publicaciones/aladi/acuerdos/ace/es/ace59/ACE_059_Anexo_002_Apen_003_001_CO_AR.pdf" http://www.aladi.org/biblioteca/publicaciones/aladi/acuerdos/ace/es/ace59/ACE_059_Anexo_002_Apen_003_001_CO_AR.pdf
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mediante la Circular Externa 048 de 28 de junio de 2005, puso en conocimiento la administración de los contingentes CAN-MERCOSUR de que trata del Decreto 1900 de 2005. Esa Circular fue modificada por la Circular 005 del 7 de febrero de 2007, en cuanto hizo referencia al parágrafo 2 del artículo 1 del Decreto 1900 de 2005. El MCIT reglamenta y distribuye los contingentes arancelarios para las subpartidas 1602.10.00.00, 1602.49.00.00, 1602.50.00.00, 1602.90.00.00, 17.04, 18.06 y 1901.10.10.00 que corresponden a productos cárnicos para Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, artículos de confitería, chocolates y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao provenientes de Argentina y leche maternizada para MERCOSUR. Artículo 4º. Los contingentes de acceso preferencial establecidos en el artículo 1º del presente decreto serán reglamentados y administrados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
En la reglamentación de los contingentes, este Ministerio tendrá en cuenta lo siguiente: 1. La distribución se realizará según la participación histórica que hayan tenido los solicitantes durante un período representativo anterior, reservando una proporción razonable para los nuevos importadores. 2. La ejecución de los contingentes anuales se realizará por períodos trimestrales o superiores, debiendo reasignarse los cupos que no hayan sido utilizados. 3. En la distribución de los contingentes, deberá darse cumplimiento a lo previsto en el Decreto 141 del 26 de enero de 2005, en cuanto a las cantidades anuales correspondientes a la importación de productos provenientes de los Países Miembros del MERCOSUR. Tales cantidades se imputarán a los contingentes preferenciales y serán descontadas de estos. 4. La importación de los productos será registrada ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, previo visto bueno del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el cual se requiere también para el levante de la mercancía. HYPERLINK "https://www.mincit.gov.co/getattachment/4030c78f-1e54-4e88-996e-eb020a0e2056/Circular-Externa-074-de-2005-Decreto-3744-de-2005.aspx" https://www.mincit.gov.co/getattachment/4030c78f-1e54-4e88-996e-eb020a0e2056/Circular-Externa-074-de-2005-Decreto-3744-de-2005.aspx
HYPERLINK "http://svrpubindc.imprenta.gov.co/diario/index.xhtml;jsessionid=03c8a1160577eea1734782c4a3e1" http://svrpubindc.imprenta.gov.co/diario/index.xhtml;jsessionid=03c8a1160577eea1734782c4a3e1. Resolución publicada en el Diario Oficial No. 46115 del 7 de diciembre de 2005. Parágrafo del artículo segundo de la Resolución 462 de 2005. Sentencia del 4 de junio de 2020, Exp. 23547, C.P. Milton Chaves García. Resolución 031 de 2010, Anexo I, num 2) Definiciones/ «[…] 2.10. Soporte informático: […]. Estará disponible en el sitio web del Mercosur ( HYPERLINK "http://www.mercosur.int" www.mercosur.int) y será administrado por la Secretaría del MERCOSUR. Realizará electrónicamente todas las operaciones relacionadas a la administración y gestión de cupos: autorización de la emisión de Certificados de Autorización y de Anulación, actualización permanente del estado de aprovechamiento de los cupos y de los remanentes por utilizar, registro de autoridades nacionales certificadoras y de firmas autorizantes, entre otras». HYPERLINK "https://normas.mercosur.int/simfiles/normativas/25299_RES_031-2010_ES_SACME.pdf" https://normas.mercosur.int/simfiles/normativas/25299_RES_031-2010_ES_SACME.pdf
Artículo 177 del Código General del Proceso. El texto de normas jurídicas que no tengan alcance nacional y el de las leyes extranjeras, se aducirá en copia al proceso, de oficio o a solicitud de parte. La copia total o parcial de la ley extranjera deberá expedirse por la autoridad competente del respectivo país, por el cónsul de ese país en Colombia o solicitarse al cónsul colombiano en ese país. Cuando se trate de ley extranjera no escrita, podrá probarse con el testimonio de dos o más abogados del país de origen o mediante dictamen pericial en los términos del inciso precedente. Estas reglas se aplicarán a las resoluciones, circulares y conceptos de las autoridades administrativas. Sin embargo, no será necesaria su presentación cuando estén publicadas en la página web de la entidad pública correspondiente.
Lea más: http://leyes.co/codigo_general_del_proceso/177.htm
HYPERLINK "http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/115000-119999/118076/texact.htm" http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/115000-119999/118076/texact.htm
HYPERLINK "https://www.apc.org/sites/default/files/Anexo%208.%20Resoluci%C3%B3n%2057_0_0.pdf" https://www.apc.org/sites/default/files/Anexo%208.%20Resoluci%C3%B3n%2057_0_0.pdf
HYPERLINK "https://www.apc.org/sites/default/files/Anexo%208.%20Resoluci%C3%B3n%2057_0_0.pdf" https://www.apc.org/sites/default/files/Anexo%208.%20Resoluci%C3%B3n%2057_0_0.pdf
HYPERLINK "http://consultawebv2.aladi.org/sicoexV2/jsfAcdosPref/preferencias_consolidadas_entrada.seam?cid=5479203" http://consultawebv2.aladi.org/sicoexV2/jsfAcdosPref/preferencias_consolidadas_entrada.seam?cid=5479203. Debe buscarse con la partida arancelaria y el país a quien se otorga la preferencia. Fls. 261 c.p. y 574 c.a. 7. Fl. 409 c.a. 7. Fls. 261 c.p y 574 c.a. 7. Sentencia del 4 de junio de 2020, Exp. 23547, C.P. Milton Chaves García. Ibídem.
Radicado: 76001-23-33-000-2013-01143-02 (23593)
Demandante: GRANOS Y CEREALES DE COLOMBIA SAS
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 41001-23-33-000-2013-00519-01 (23082)
Demandante: ECJ DISTRIBUCIONES LTDA.
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