RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 76001-23-33-000-2013-01220-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2013-01220-01

Fecha
5 de junio de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2013-01220-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Confirmar la sentencia del veintiséis (26) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con los motivos señalados en la parte considerativa de este proveído. Segundo. Sin condena en costas de segunda instancia. Tercero. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI». Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12 Radicación: 76001-23-33-000-2013-01220-01 (0740-2021)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2013-01220-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

5 de junio de 2024

Radicación: 76001-23-33-000-2013-01220-01(0740-2021)

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., cinco (5) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Radicación: 76001-23-33-000-2013-01220-01(0740-2021)
Demandante: José Delio Anturi Quintero
Demandado: Municipio de Dagua
Temas: Relación laboral encubierta. Contrato de prestación de
servicios- Aplicación sentencia de unificación 2021.
Presunción docente. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada,
contra la sentencia proferida el veintiséis (26) de septiembre de dos mil
diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio
de la cual accedió parcialmente a las pretensiones.

ANTECEDENTES

El señor José Delio Anturi Quintero instauró demanda, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
en contra del Municipio de Dagua, con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de la Resolución 215 del 28 de mayo de 2013, mediante
la cual se negó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales derivadas
de la relación laboral que existió entre él y la entidad demandada.

Que, se declare que entre las partes existió una relación laboral subordinada
desde el 16 de enero de 1991 al 30 de noviembre de 2003 y se ordene el
reconocimiento de las prestaciones sociales dejadas de devengar y la diferencia
entre lo recibido como honorarios y lo devengado como salario por un empleado
de planta.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 76001-23-33-000-2013-01220-01 (0740-2021)

Que el demandante prestó sus servicios como docente en el periodo
comprendido del 16 de enero de 1991 al 30 de noviembre de 2003 bajo órdenes
de prestación de servicios “O.P.S” con el Municipio de Dagua.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 7 de febrero de 2014 y, notificada a
la entidad demandad quien guardó silencio en esta etapa procesal.

Se celebró audiencia inicial el 15 de abril de 2015 en la cual se fijó el litigio, se
decretaron las pruebas y luego de la práctica de las mismas, se dio traslado a las
partes para que alegaran de conclusión y se dictó sentencia, la cual fue apelada
dentro del término oportuno por la demandada.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del veintiséis
(26) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), declaró probada la relación
laboral entre las partes desde el 16 de enero de 1991 al 30 de noviembre de 2003
por los periodos en que se ejecutaron los contratos de prestación de servicios,
teniendo en cuenta la presunción establecida por el Consejo de Estado frente a
los docentes.

Ordenó que se tomara como ingreso base de cotización pensional del
demandante los honorarios pactados mes a mes y que, si existe diferencia entre
los aportes realizados y los que se debieron efectuar, se cotizara al respectivo
fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión por el
porcentaje que le correspondía como empleador. Que estos aportes se deben
actualizar a valor presente a través de un cálculo actuarial.

Declaró probada la excepción de prescripción extintiva de las prestaciones
sociales y aclaró que dicha prescripción no afecta los aportes a pensión.

No condenó en costas.
RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandada interpuso recurso de apelación indicando que, los
contratos celebrados con el actor fueron con el fin de realizar determinadas
actividades que no son funciones permanentes en las instituciones educativas.

Que, si bien la jurisprudencia ha señalado que se presume que la eventual
vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de servicios se lleva a
cabo bajo la subordinación al estar sometidos permanentemente a directrices de
las autoridades educativas, el acervo probatorio genera dudas en torno a la
relación laboral y a la contratación pues los contratos no fueron permanentes sino

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

Radicación: 76001-23-33-000-2013-01220-01 (0740-2021)

transitorios, no se cumplió un horario y no cubrían un periodo académico
completo que configurara una relación laboral.

TRAMITE DE SEGUNDA INSTANCIA.

Por auto del veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiuno (2021), se admitió el
recurso de apelación interpuesto y, al no haber pruebas que decretar, no se hizo
necesario otorgar el término de traslado para alegar.

Las partes guardaron silencio en esta etapa procesal y el Agente del Ministerio
Público no rindió concepto.

Se decidirá la controversia, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Sala deberá verificar si entre las partes existió un vínculo laboral derivado de
la prestación de servicios profesionales y, si como consecuencia de ello, el actor
tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones dejadas de percibir
con ocasión de esa relación.

Se analizará también lo correspondiente a la condena en costas en segunda
instancia.

Marco normativo y jurisprudencial

Para resolver el fondo del asunto, se requiere hacer un análisis de las figuras del
contrato de prestación de servicios y del concepto de relación laboral.

El Contrato Estatal de Prestación de Servicios, se encuentra consagrado en la
Ley 80 de 1993 artículo 32.3, el cual dice:

«Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con
personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones
sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable».

En los contratos de prestación de servicios, se requiere que la prueba de la
relación contractual sea palmaria, es decir, que se pueda determinar con claridad
si entre el actor y la entidad demandada existía un verdadero contrato de
prestación de servicios, o por el contrario una relación de tipo laboral, que es la
que procede a analizarse.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

Radicación: 76001-23-33-000-2013-01220-01 (0740-2021)

La relación laboral comprende los siguientes elementos: la actividad humana que
debe ser realizada personal, libre y conscientemente, la relación de dependencia
o subordinación de una persona física a otra natural o jurídica y, a su vez, el
elemento de la remuneración.

Este tema, de diferenciar el contrato de prestación de servicios y la relación
laboral ha sido objeto de constantes controversias, por ello se trae a colación la
sentencia C-154 del 19 de marzo de 1997 de la Corte Constitucional, que expresa
claramente las diferencias entre el contrato de trabajo y el de prestación de
servicios, dice al respecto:

«Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al
de prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se
configure se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la
continuada subordinación laboral y la remuneración como contraprestación
del mismo.

En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad
independiente desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la
que no existe el elemento de la subordinación laboral o dependencia
consistente en la potestad de impartir órdenes en la ejecución de la labor
contratada.

Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de
prestación de servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus elementos
son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades
propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines
perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos.

En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina
la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que
en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta
naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a
la administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a
prestaciones sociales ; a contrario sensu, en caso de que se acredite la
existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la
actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a
quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor
contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación
del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de
prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un
contrato de prestación de servicios independiente.

Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o
dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos
del contrato, ni pretender el pago de un salario como contraprestación de los
servicios derivados del contrato de trabajo, sino, más bien, de honorarios
profesionales a causa de la actividad del mandato respectivo». (Negrillas
para resaltar).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4

Radicación: 76001-23-33-000-2013-01220-01 (0740-2021)

De acuerdo con lo anterior, se colige que es la subordinación o dependencia el
elemento que diferencia al contrato de prestación de servicios del contrato de
trabajo o de la relación laboral, por esto, desvirtuar un contrato de prestación de
servicios, demostrando la subordinación dará vía libre al nacimiento del derecho
al pago de prestaciones sociales en aplicación del principio de primacía de la
realidad sobre las formas en las relaciones de trabajo, consagrado en el artículo
53 de la Constitución.

Acerca de los conceptos de subordinación y permanencia que son propios del
concepto de empleo público, (relación de trabajo) se pronunció el Consejo de
Estado en sentencia de unificación del nueve (09) de septiembre de dos mil
veintiuno (2021), en el proceso radicado No. 05001-23-33-000-2013-01143-
01(1317-16) CE-SUJ2-025-21, con ponencia del consejero RAFAEL
FRANCISCO SUÁREZ VARGAS, en los siguientes términos:

«2.3.3.2. Subordinación continuada

102. De acuerdo con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, la
subordinación o dependencia del trabajador constituye el elemento
determinante que distingue la relación laboral de las demás prestaciones de
servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al empleado
el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad
de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder
disciplinario. No obstante, la subordinación es un concepto abstracto que se
manifiesta de forma distinta según cuál sea la actividad y el modo de
prestación del servicio.2

103. La reiterada jurisprudencia de esta corporación –que aquí se consolida-
ha considerado, como indicios de la subordinación, ciertas circunstancias
que permiten determinar su existencia; entre estas, se destacan las
siguientes:

104. i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico
facilitado por la entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades.
Sin embargo, ante el surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las
innovaciones tecnológicas, esta Sala Plena estima necesario matizar esta
circunstancia, por lo que el juzgador habrá de valorarla, en cada caso
concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los empleados de
planta.

105. ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición
de una jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que
exista subordinación laboral y, por consiguiente, que la relación contractual
sea simulada. Así, ciertas actividades de la Administración (servicios de
urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.) necesariamente requieren la
incorporación de jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello, si
bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede
ser indicio de la existencia de una subordinación subyacente, tal

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

Radicación: 76001-23-33-000-2013-01220-01 (0740-2021)

circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual
convenido.

106. iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien
sea a través de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier
momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición
de reglamentos internos, o el ejercicio del poder de disciplina o del ius
variandi,3 la dirección y control efectivo de las actividades del contratista
constituye uno de los aspectos más relevantes para identificar la existencia
o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que debe probar el
demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario
de la entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia
decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su
objeto contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga una
actividad de control, vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la
entidad, que en sana crítica se aleje de un ejercicio normal de coordinación
con el contratista, habrá de ser valorado como un indicio claro de
subordinación.

107. iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las
que tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se
reúnan los elementos configurativos de la relación laboral. El hecho de
que el servicio personal contratado consista en el cumplimiento de funciones
o en la realización de tareas idénticas, semejantes o equivalentes a las
asignadas en forma permanente a los funcionarios o empleados de planta
de la entidad, puede ser indicativo de la existencia de una relación laboral
encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de esas labores
confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que se
refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de
ideas, incumbe al actor demostrar, además de la prestación personal de sus
servicios a cambio de una remuneración, la existencia de unas condiciones
de subordinación o dependencia, en las que el representante de la entidad
contratante o la persona que él designe, ostentó la facultad de exigirle el
cumplimiento de órdenes perentorias y de obligatoria observancia. Por
consiguiente, el interesado deberá acreditar, además de la permanencia de
sus servicios, que la labor desarrollada se enmarca en el objeto misional de
la entidad.

108. A este respecto, resulta preciso aclarar que el desempeño de
actividades o funciones propias de una carrera profesional liberal (como en
este caso la de abogado) no descarta, per se, la existencia de una relación
laboral, pues, en la práctica, tales actividades son requeridas frecuentemente
para satisfacer el objeto misional de la entidad. En cambio, la existencia del
contrato de prestación de servicios sí exige que las funciones del contratista
sean desarrolladas con un alto grado de autonomía, sin perjuicio de la
necesidad de coordinación con la entidad contratante que, en ningún caso,
puede servir de justificación para ejercer comportamientos propios de la
subordinación laboral.

(…)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6

Radicación: 76001-23-33-000-2013-01220-01 (0740-2021)

3.1.4. Unificación del sentido y alcance de la expresión «término
estrictamente indispensable» del numeral 3.º del artículo 32 de la Ley
80 de 1993.

131. La autorización prevista en el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80
de 1993, para celebrar contratos de prestación de servicios cuando las
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad no puedan realizarse con personal de planta o requieran
conocimientos especializados, es esencialmente temporal; por lo tanto, este
tipo de contratos, cuando se suscriben con personas naturales, no pueden
concatenarse indefinidamente en el tiempo.

132. Siguiendo esa lógica, el «término estrictamente indispensable», al que
alude la referida norma, tiene lugar en la fase precontractual, pues es en esta
donde la entidad contratante aproxima, en función del objeto a contratar y de
los recursos disponibles, el tiempo máximo que estima «imprescindible» para
su ejecución. En otras palabras, la vigencia del contrato debe ser por el
tiempo necesario para ejecutar el objeto contractual convenido, y este debe
estar sujeto al principio de planeación, que encuentra su manifestación
práctica «en la elaboración de los estudios previos a la celebración del
negocio jurídico, pues es allí donde deberán quedar motivadas con
suficiencia las razones que justifiquen que la Administración recurra a un
contrato de prestación de servicios».

133. No obstante lo anterior, en la práctica, durante el término de ejecución
de los contratos, suele ocurrir que se presentan ciertas situaciones
imprevistas que exijan su prórroga; por lo cual, en algunos casos, el tiempo
estimado, ab initio, como «el ajustado enteramente a la necesidad», puede
resultar insuficiente. En cualquier caso, las mismas razones que en su
momento justificaron la planeación del contrato inicial y la suscripción de los
contratos modificatorios del plazo de ejecución, deben encontrar soporte en
los mencionados estudios previos.

134. En ese orden de ideas, la Sala unifica el sentido y alcance del «término
estrictamente indispensable» como aquel que aparece expresamente
estipulado en la minuta del contrato de prestación de servicios, que de
acuerdo con los razonamientos contenidos en los estudios previos,
representa el lapso durante el cual se espera que el contratista cumpla
a cabalidad el objeto del contrato y las obligaciones que de él se
derivan, sin perjuicio de las prórrogas excepcionales que puedan
acordarse para garantizar su cumplimiento.”.(subrayas del texto original).
Corresponde, además por regla general a la parte actora demostrar, que en
la ejecución del contrato se configuraron los elementos propios de una
relación laboral como son: una actividad personal, un salario y la
subordinación. Así lo ha consignado la jurisprudencia del Consejo de Estado
en varias oportunidades:

“41. Aquí se debe precisar, que en materia probatoria, la presunción que se
establece en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en
materia laboral ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en
manos del empleador, caso distinto ocurre, cuando se involucran relaciones
entre los servidores públicos o particulares frente al Estado, los cuales
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7

Radicación: 76001-23-33-000-2013-01220-01 (0740-2021)

deberán asumir esa carga siempre que intenten develar una relación laboral
a través de un contrato de prestación de servicios.

42. En efecto, quien demande, tiene que desvirtuar inicialmente la
presunción del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y consecuentemente la del
acto administrativo mediante el cual se nombró. Es así, que es inminente que
se prueben los elementos de la relación laboral, esto es, (i) la actividad
personal del trabajador, (ii) subordinación continuada y dependencia del
trabajador y (iii) remuneración como retribución del trabajo prestado, para
que se pueda configurar un contrato de trabajo.»1.

Corolario de la relación empleador-trabajador, es el nacimiento de la obligación
por parte del primero, de cancelarle al segundo, beneficios inherentes a su
calidad, tales como las prestaciones sociales.

Debe aclararse que, tal y como lo precisó esta Corporación en la sentencia de
unificación del 9 de septiembre de 2021 antes aludida, cuando se reconoce la
existencia de una relación laboral, al accionante le asiste el derecho al pago de
prestaciones sociales a cargo de la administración, pero no es posible que por
ello se le dé la categoría de empleado público al contratista sin que concurran los
elementos previstos en el artículo 122 de la Constitución Política.

Quiere hacer notar la Sala, que en determinados casos en los que a pesar de
que la vinculación se da mediante contrato de prestación servicios, en razón de
la actividad desarrollada, el Consejo de Estado ha dicho que se presume la
existencia de la relación de trabajo, tales son los casos de los docentes cuando
son contratados por instituciones educativas para cumplir funciones de docentes
y los celadores2. Presunción que deberá tener un mínimo probatorio.

Resolución del caso concreto

Probada como se tiene la prestación del servicio a órdenes del municipio, deberá
concentrarse la Sala en si esta se realizó de manera subordinada.

Para esto, se tiene el alcance y las obligaciones definidas en la certificación
expedida por la alcaldía municipal de Dagua3, se indicó que el actor estuvo
vinculado por órdenes de prestación de servicios con el objeto de prestar los
servicios de docente en la escuela Alfredo Vásquez Cobo:

ORDEN DE FECHA DE DURACIÓN OBJETO DEL CONTRATO
SERVICIO EJECUCIÓN CONTRATO
Sin numero 16 enero al 60 días Prestación de los servicios docentes en la
21 de marzo Escuela Alfredo Vásquez Cobo, vereda Centella,
de 1991 jurisdicción de este municipio.
Sin numero 01 abril al 30 90 días Prestación de los servicios docentes en la
de junio de Escuela Alfredo Vásquez Cobo, vereda Centella,
1991 jurisdicción de este municipio.

1 Sentencia del 28 de octubre 2021, Radicación número: 68001-23-33-000-2015-00393-01(3755-17).
2 Consejo de Estado - Sección Segunda, Subsección “A”. Sentencia del 2 de mayo de 2013, Radicación

05001233100020040374201
3 Folio 57 cuaderno principal.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8

Radicación: 76001-23-33-000-2013-01220-01 (0740-2021)

Sin numero 02 de 90 días Prestación de los servicios docentes en la
septiembre Escuela Alfredo Vásquez Cobo, vereda Centella,
de 1995 al 1 jurisdicción de este municipio.
de diciembre
de 1996
Sin numero 02 enero de 360 días Prestación de los servicios docentes en la
1997 a enero Escuela Alfredo Vásquez Cobo, vereda Centella,
de 1998 jurisdicción de este municipio.
Sin numero 19 enero a 57 días Prestación de los servicios docentes en la
15 de marzo Escuela Alfredo Vásquez Cobo, vereda Centella,
de 1998 jurisdicción de este municipio.
Sin numero 1 de febrero 140 días Prestación de los servicios docentes en la
al 20 de junio Escuela Alfredo Vásquez Cobo, vereda Centella,
de 2001 jurisdicción de este municipio.
Sin numero 17 de 90 días Prestación de los servicios docentes en la
septiembre a Escuela Alfredo Vásquez Cobo, vereda Centella,
16 de jurisdicción de este municipio.
diciembre de
2001
Sin numero 8 de enero al 180 días Prestación de los servicios docentes en la
7 de julio de Escuela Alfredo Vásquez Cobo, vereda Centella,
2002 jurisdicción de este municipio.
Sin numero 24 de 80 días Prestación de los servicios docentes en la
septiembre Escuela Alfredo Vásquez Cobo, vereda Centella,
al 13 de jurisdicción de este municipio.
diciembre de
2002
Sin numero 7 de enero al 88 días Prestación de los servicios docentes en la
4 de abril de Escuela Alfredo Vásquez Cobo, vereda Centella,
2003 jurisdicción de este municipio.
Sin numero 7 de abril al 4 88 días Prestación de los servicios docentes en la
de julio de Escuela Alfredo Vásquez Cobo, vereda Centella,
2003 jurisdicción de este municipio.
Sin numero 07 de abril al 89 días Prestación de los servicios docentes en la
4 de julio de Escuela Alfredo Vásquez Cobo, vereda Centella,
2003 jurisdicción de este municipio.
Sin numero 25 de agosto 96 días Prestación de los servicios docentes en la
al 30 de Escuela Alfredo Vásquez Cobo, vereda Centella,
noviembre jurisdicción de este municipio.
de 2003

Además, las OPS suscritas y que se observan en el cuaderno de antecedentes
administrativos, obligan al contratista a ejecutar los trabajos y demás actividades
propias del servicio contratado, que se reitera, era el de docente, que el horario
de trabajo era de 7:30 a 1:30 y que debía cumplir con las ocupaciones inherentes
a la prestación del servicio contratado, teniendo especial cuidado con el
cumplimiento estrictamente de las disposiciones emanadas del plantel,
sujetándose a los planes y programas de estudios ordenados por el Ministerio
Nacional.4

Esta Corporación en múltiples oportunidades5 ha abordado el estudio de la
relación laboral encubierta frente al ejercicio de la docencia, entendiendo que
existe un vínculo y sometimiento subordinado y, se ha considerado que en el
ejercicio de tales funciones no es posible identificar las características de

4 Véanse folios 35 a 40 cuaderno de antecedentes administrativos.
5 Ver entre otras, las sentencias del 2 de mayo de 2013, radicado: 05001233100020040374201 y la SUJ-

025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021, radicado: 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9

Radicación: 76001-23-33-000-2013-01220-01 (0740-2021)

autonomía e independencia propias de una relación contractual:

“Este criterio coincide con la línea jurisprudencial consolidada6 de las
subsecciones de esta Sala, en el sentido de que la labor del docente
contratista no es independiente, sino que el servicio se presta de
manera personal y subordinada al cumplimiento de los reglamentos
propios del servicio público de la educación.

Igualmente, es menester anotar que la actividad docente no se
desarrolla en virtud de la coordinación imperante en los contratos
de prestación de servicios7, comoquiera que se cumple conforme a
las instrucciones, directrices y orientaciones de sus superiores en
el centro escolar, la secretaría de educación territorial y el Ministerio
de Educación Nacional, es decir, no bajo su propia dirección y
gobierno8, de lo cual se infiere que la subordinación y la
dependencia se encuentran inmersas en dicha labor, esto es,
connaturales al ejercicio docente sujeto a los reglamentos propios
del magisterio.

A manera de conclusión y de acuerdo con los derroteros trazados por
ambas subsecciones, dirá la Sala que la vinculación de docentes bajo la
modalidad de prestación de servicios, no desvirtúa el carácter personal
de su labor ni mucho menos es ajena al elemento subordinación existente
con el servicio público de educación, en razón a que al igual que los
docentes empleados públicos (i) se someten permanentemente a las
directrices, inspección y vigilancia de las diferentes autoridades
educativas, por lo que carecen de autonomía en el ejercicio de sus
funciones, (ii) cumplen órdenes por parte de sus superiores jerárquicos y
(iii) desarrollan sus funciones durante una jornada laboral de acuerdo con

6 Cita de la cita: Al respecto véanse las sentencias de (i) 30 de octubre de 2003 de la subsección B, C.P.

Jesús María Lemos Bustamante, número interno 24602003, actora: Sonia Stella Prada Cáceres, (ii) 30 de
marzo de 2006 de la subsección B, C.P. Alejandro Ordóñez Maldonado, expediente
52001233100019990121502 (466904), demandante: María Carmela Guerrero Benavides, (iii) 14 de agosto
de 2008 de Ja subsección A, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, expediente
68001231500020020090301 (015708), (iv) 1° de octubre de 2009 de la subsección B, C.P. Gerardo Arenas
Monsalve, expediente 04882009, actor: Liliana Esmeralda Jaimes Jaimes, (v) 4 de noviembre de 2010 de
la subsección A, C.P. Víctor Remando Alvarado Ardila, expediente 07612010, actor: Marisel Bohórquez
Sarmiento, (vi) 16 de febrero de 2012 de la subsección B, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, expediente
196111, actor: María Edilma Barrera Reyes, y (vii) 24 de octubre de 2012 de la subsección A, C.P. Luis
Rafael Vergara Quintero, expediente 6800123310002003 0256801(120112), actor: Héctor Alfonso Cáceres
Gómez.
7 Cita de la cita: La sala plena de la Corporación, en providencia de 18 de. noviembre de 2003,

expedienteJJ0039, consejero ponente Nicolás Pájaro Peñaranda, actora: María Zulay Ramírez Orozco,
indicó que era inaceptable reconocer la existencia de una relación laboral en circunstancias en las cuales
el contratista coordina con su contratante la prestación del servicio y precisó: "Es inaceptable, además,
porque si bien es cierto que la actividad del contratista puede ser igual a la de empleados de planta, no es
menos evidente que ello puede deberse a que este personal no alcance para colmar la aspiración del
servicio público,· situación que hace imperiosa la contratación de personas ajenas a la entidad. Y si ello es
así, resulta obvio que deben someterse a las pautas de ésta y a la forma como en ella se encuentran
coordinadas las distintas actividades. Sería absurdo que contratistas encargados del aseo, que deben
requerirse con urgencia durante la jornada ordinaria de trabajo de los empleados, laboren como ruedas
sueltas y a horas en que no se les necesita. Y lo propio puede afirmarse respecto del servicio de cafetería,
cuya prestación no puede adelantarse sino cuando se encuentra presente el personal de planta. En vez de
una subordinación lo que surge es una actividad coordinada con el quehacer diario de la entidad, basada
en las cláusulas contractuales":
8 Cita de la cita: Esta posición se sostuvo en decisión de la subsección B de esta sección de 4 de noviembre

de 2004, expediente 1500123310001999025610l (36612003), con ponencia del entonces consejero
Alejandro Ordóñez Maldonado, demandante: Marlén Fúquene Ramos.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10

Radicación: 76001-23-33-000-2013-01220-01 (0740-2021)

el calendario académico de los establecimientos educativos estatales en
los que trabajen, motivo por el cual en virtud de los principios de primacía
de la realidad sobre las formalidades e igualdad, los docentes contratistas
merecen una protección especial por parte del Estado.” (Negrillas para
resaltar) 9

De conformidad con lo anterior, se logra demostrar la prestación personal del
servicio y la subordinación, pues de acuerdo con la naturaleza de la labor y las
obligaciones impuestas es evidente que, en sus actividades, el actor debía
circunscribirse a las instrucciones de la entidad demandada y, específicamente,
a los horarios y a las necesidades de la institución educativa donde estaba
asignado para prestar el servicio de docencia.

Además, es claro que no podía ausentarse de sus actividades o escoger o
modificar el lugar de ejecución de aquellas de forma autónoma.

De esta manera, bien podría entenderse que, por la esencia de las actividades a
desarrollar, este tipo de objetos contractuales implican de manera inescindible el
elemento de la subordinación. En tal sentido, el servicio de docencia, así
contratado también se encuentra desprovisto de la transitoriedad o temporalidad
que reviste una vinculación de carácter contractual; por lo que frente a las
personas naturales que son contratadas para prestar dicho servicio, se encuentra
implícito el elemento de la subordinación en tanto que el mismo resulta
indispensable para llevar a cabo la labor, estando sometida al cumplimiento de
órdenes y horario.

Además, la Sala considera que en este caso no se puede hablar de coordinación,
ya que el actor estaba sujeto a las condiciones específicas sobra la forma,
cantidad y modo en que debía prestarse el servicio de docencia en la institución
educativa asignada, lo que denota, sin duda, que el Municipio de Dagua,
empleador, tenía la posibilidad de disponer del trabajo del demandante, que
demuestra la existencia de una verdadera subordinación.

Esto, independientemente de los tiempos por los que se vinculó el docente, pues
el hecho de no haberse presentado por la totalidad de los períodos académicos,
toda vez que se observan algunas interrupciones, que también observó el
Tribunal de origen, esto es, del 1 de julio de 1991 a 31 de agosto de 1991, 43
días hábiles y en el año 2003 de 34 días hábiles entre el 5 de julio de 2003 y el
24 de agosto de 2003; esto no puede dar lugar a desdibujar la subordinación
presente en cada uno de los que efectivamente se prestó el servicio pues estas
interrupciones sirven de sustento para el conteo de la prescripción, mas no para
efectos de desvirtuar la subordinación.

9 Consejo de Estado - Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2 de mayo de 2013, radicado:
05001233100020040374201.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11

Radicación: 76001-23-33-000-2013-01220-01 (0740-2021)

Por lo tanto, por encontrarse acreditados los elementos esenciales de una
relación laboral entre el Municipio de Dagua, se confirmará la decisión del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

De la condena en costas

Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el art. 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia
el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el
proceso que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante
analizar si las partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala
fe, no obstante, dicho criterio fue variado con la adición introducida por el art. 47
de la Ley 2080 de 2021, en el que indica que la condena en costas es viable,
siempre y cuando se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia
de fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A considera que, en las sentencias proferidas a la luz de la nueva
normativa se deberá analizar la conducta realizada por las partes en el proceso,
entre ello, si se presentó o no, carencia de fundamentación jurídica conforme a
lo señalado en el inciso 2º del art. 188 de la Ley 1437 de 2011.

En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa, a partir del
recurso de apelación, que no se presenta una carencia de fundamentación legal
que dé lugar a la condena en costas. Contrario a ello, la parte vencida expuso
argumentos razonables de defensa jurídica de sus intereses, en consecuencia,
no se impondrá condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Confirmar la sentencia del veintiséis (26) de septiembre de dos mil
diecinueve (2019), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
de conformidad con los motivos señalados en la parte considerativa de este
proveído.

Segundo. Sin condena en costas de segunda instancia.

Tercero. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12

Radicación: 76001-23-33-000-2013-01220-01 (0740-2021)

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Ausente en comisión

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.