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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2013-01270-01

Fecha
30 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2013-01270-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- REVOCAR la sentencia de fecha seis (6) de agosto de dos mil veintiuno (2021), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda incoada por la señora Fredeslinda Rivera Ibarra en contra de la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social; en su lugar, se niegan, por las razones expuestas. SEGUNDO.- Sin condena en costas en las dos instancias. TERCERO.- Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2013-01270-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

30 de noviembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguero

Bogotá, D. C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023).

Radicado : 76001-23-33-000-2013-01270-01
Nº Interno : 4-20231
Demandante : Fredeslinda Rivera Ibarra
Demandada : Nación – Ministerio de Salud y Protección Social –
Empresa Social del Estado (ESE) Antonio Nariño
(liquidada)
Litisconsortes : Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público y
necesarios Fiduciaria La Previsora SA
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de
2011
Tema : Contrato realidad

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte accionada
contra la sentencia del 6 de agosto de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que accedió de manera parcial a las
pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda2.

1.1. Pretensiones.

La señora Fredeslinda Rivera Ibarra, por intermedio de apoderado judicial,
acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
para solicitar la nulidad del oficio 201311100937111 de 19 de julio de 2013,
mediante el cual la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social negó la
existencia de una relación laboral derivada de su desempeño como auxiliar de
enfermería de la Empresa Social del Estado (ESE) Antonio Nariño (liquidada).

1
Las presentes diligencias tienen naturaleza híbrida, esto es, su gran mayoría están incluidas en un expediente físico y
otras reposan en el digital contenido en la herramienta electrónica Samai.
2
Folios 171 a 186 del cuaderno principal.

2 Número interno: 4-2023
Demandante: Fredeslinda Rivera Ibarra
Demandada: Nación – Ministerio de Salud y Protección Social

A título de restablecimiento del derecho, pidió que se condene a la
demandada a pagarle las prestaciones sociales a las que tiene derecho, tales
como: las cesantías y sus intereses, las vacaciones compensadas en dinero,
los auxilios de transporte y alimentación, las horas extras, las sanciones
moratorias previstas en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y en el artículo 1º.
del Decreto 797 de 1949, el salario del mes de septiembre y cuatro días de
octubre de 2008, los aportes al sistema de seguridad social, lo descontado por
la cooperativa a la que estaba afiliada y las primas de servicios legales de
mitad y fin de año, de navidad, las adicionales convencionales de servicios, de
vacaciones, técnica y de localización. Todo lo anterior, indexado con intereses
moratorios y las costas procesales.

Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:

La señora Fredeslinda Rivera Ibarra se vinculó al extinguido Instituto de
Seguros Sociales (ISS), seccional Valle del Cauca, como auxiliar de
enfermería en la Clínica Rafael Uribe Uribe, desde el 1º. de abril de 2000 hasta
el 30 de junio de 2003, por medio de contratos de prestación de servicios. Con
ocasión de esta vinculación, demandó la existencia de una relación laboral, lo
que consiguió mediante sentencia de 29 de mayo de 2009, dictada por el
Juzgado Doce Laboral del Circuito de Santiago de Cali (Valle del Cauca),
modificada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad,
sala laboral, con fallo de 25 de noviembre de 2009.

Por disposición del Decreto 1750 de 2003, los servidores del otrora Instituto
de Seguros Sociales, cualquiera que fuera la denominación de su contrato, se
incorporaron a la planta de cargos de las diferentes empresas sociales del
Estado sin solución de continuidad, correspondiéndole vincularse con la ESE
Antonio Nariño, en la que siguió con la ejecución de las labores de auxiliar de
enfermería, desde el 27 de junio de 2003 hasta el 15 de noviembre de 2008.

El 30 de noviembre de 2003 la ESE Antonio Nariño le manifestó que si
deseaba continuar laborando en esa entidad, debía afiliarse a una cooperativa
de trabajo asociado, por lo que a partir del 1º. de diciembre siguiente acogió
esa instrucción, mediante la suscripción de un convenio de trabajo asociado,
cuya finalidad única y exclusiva era la de seguir prestando sus servicios como
auxiliar de enfermería de urgencias en la mencionada ESE, vínculo que se dio
por terminado sin justa causa imputable al empleador el 15 de noviembre de

3 Número interno: 4-2023
Demandante: Fredeslinda Rivera Ibarra
Demandada: Nación – Ministerio de Salud y Protección Social

2008; no obstante, de la revisión de los supuestos convenios de trabajo
asociado, se advierte que estos no reúnen las condiciones de afiliación a una
cooperativa de esa naturaleza, a pesar de ello continuó trabajando en la
Clínica Rafael Uribe Uribe en dicho empleo, recibiendo una retribución que se
denominaba compensación, pero sin recibir prestaciones sociales legales por
dichos servicios y mucho menos convencionales.

Cumplía una jornada ordinaria de ocho horas diarias, más las labores en
tiempo extra que se fijaban casi a diario, razón por la que se extendía hasta
doce horas diarias. De igual modo, desde que inició las labores en esa
institución de salud cumplió con los reglamentos establecidos por ella,
obedeciendo las órdenes impartidas por los directivos de la Clínica Rafael
Uribe Uribe sobre la forma de prestar el servicio, tales como la atención de
pacientes, manejo de medicamentos, procedimientos administrativos e
inclusive acerca del uniforme que debía portar en el trabajo.

Cuando ella pasó a laborar a la ESE Antonio Nariño, como trabajadora oficial,
era beneficiaria de la última convención colectiva suscrita entre el extinguido
ISS y los diferentes sindicatos de trabajadores a los que estaban afiliados sus
servidores, convención que, según lo dispuesto en las sentencias C-314 y C-
349 de 2004 y T-166 de 2006 de la Corte Constitucional, está vigente, por lo
que tiene derecho al pago de las prestaciones allí contenidas.

Prestó sus servicios personales en beneficio de la ESE Antonio Nariño desde
el 27 de junio de 2003 hasta el 15 de noviembre de 2008, en las mismas
condiciones de una empleada pública, acatando los reglamentos, el horario de
trabajo impuesto y las órdenes impartidas, contando con su disposición para
cumplir esas directrices.

Por medio de escrito de 9 de julio de 2013, solicitó de la accionada el
reconocimiento de la relación laboral y el consecuente pago de prestaciones
sociales, negado con el acto acusado.

1.2. Normas violadas y concepto de violación.

De la Constitución Política, los artículos 13, 19, 53 y 228.
De la Ley 79 de 1988, los artículos 1 a 4.
De la Ley 80 de 1993, el artículo 32.

4 Número interno: 4-2023
Demandante: Fredeslinda Rivera Ibarra
Demandada: Nación – Ministerio de Salud y Protección Social

De la Ley 1233 de 2008, el artículo 17.
Del Decreto ley 254 de 2000, los artículos 6, 7, 22, 23 y 26.
Del Decreto 1750 de 2003, los artículos 17 y 18.
Del Decreto 4588 de 2006, el artículo 16.
Del Decreto 3870 de 2008, los artículos 5 y 6.
El Decreto 468 de 1990.

La parte demandante sostuvo que la entidad accionada desconoce la reiterada
jurisprudencia de la Corte Constitucional3, del Consejo de Estado4 y de la Corte
Suprema de Justicia5, y con ello la primacía de la realidad sobre las formas,
pues desdibujó la verdadera relación contractual al pactar por medio de
contratos de prestación de servicios, la ejecución permanente de las mismas
funciones que desempeñaba un empleado de planta.

Que tiene derecho a que se le cancelen las prerrogativas convencionales que
se originaron en vigencia de su relación laboral con la demandada, a las que
tiene derecho por disposición de la propia convención colectiva, sin distinción
de la vinculación con la cooperativa de trabajo asociado, en la medida en que
debe entenderse que se configuró una sola relación laboral, que quiso ser
encubierta para desconocer sus derechos laborales.

2. Contestaciones de la demanda.

2.1. Nación – Ministerio de Salud y Protección Social6.

La accionada se opuso a las pretensiones de la demanda. Aseveró que la actora
prestó sus servicios a la ESE Antonio Nariño como cooperada de Consentir
CTA de manera autónoma, por cuanto las cooperativas son organizaciones
voluntarias abiertas a todas aquellas personas dispuestas a utilizar sus
servicios y a aceptar las responsabilidades que conlleva esa condición, razón
por la que no puede pretender lucrarse doblemente con la declaratoria de una
relación laboral.

Afirmó que no existe un acto administrativo del que pueda predicarse
responsabilidad de su parte, habida cuenta de que el oficio censurado no

3
Sentencias C-314 y C-349 de 2004.
4
Providencia de 15 de junio de 2006, C. P. Jesús María Lemos Bustamante.
5
Sentencia de 6 de diciembre de 2006, expediente 25713, M. P. Gustavo José Gnecco Mendoza.
6
Folios 221 a 239 del cuaderno principal.

5 Número interno: 4-2023
Demandante: Fredeslinda Rivera Ibarra
Demandada: Nación – Ministerio de Salud y Protección Social

contiene la manifestación de la Administración, no da lugar al reconocimiento o
a la negativa de reconocimiento de un derecho ni a la definición de una situación
jurídica particular, no tiende a la generación de efecto jurídico alguno y no fue
susceptible de recursos.

Como excepciones propuso las que denominó: falta de legitimidad en la causa
por pasiva, falta de causa para demandar, caducidad de la acción y prescripción
de los derechos, inexistencia de la solidaridad entre las demandadas,
improcedencia del cobro perseguido e inexistencia del acto administrativo.

2.2. Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público7.

Esta cartera, vinculada como litisconsorte necesario, se opuso a las súplicas del
libelo introductorio. Arguyó que no es responsable solidario de las obligaciones
laborales de la ESE Antonio Nariño, ni antes ni después de su liquidación, toda
vez que el Decreto 4172 de 2009 solo le asignó una tarea temporal consistente
en que, al momento de la liquidación de dicha institución de salud, situara unos
recursos, por disposición del parágrafo del artículo 1º. del Decreto 2752 de 2011,
con destino a la Fiduciaria Alianza SA, responsable de hacer los pagos como lo
hubiere ordenado el liquidador de la ESE, sin que en ningún momento se
comprometieran recursos del presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.

Como medios exceptivos formuló los que denominó: falta de legitimación en la
causa por pasiva, caducidad de la acción, prescripción, inexistencia de relación
laboral, inexistencia de solidaridad o de vínculo entre la ESE y el Ministerio y
cumplimiento de sus obligaciones.

2.3. Fiduciaria La Previsora (Fiduprevisora) SA8.

La Fiduprevisora SA se opuso a las pretensiones de la demanda. Adujo que es
apenas lógico que la demandante, al ser contratista de los servicios de
enfermería de la ESE Antonio Nariño, deba someterse a los requerimientos de
la contratante, dado que en el servicio de salud todos los sujetos deben cumplir
unos roles específicos para que la prestación del mismo se satisfaga con los
estándares de calidad exigidos e igualmente se predica esta observación de la

7
Vinculada en calidad de litisconsorte necesario, por medio de auto de 26 de abril de 2017. Contestación en los folios 286
a 296 ibidem.
8
Ib., folios 334 a 343.

6 Número interno: 4-2023
Demandante: Fredeslinda Rivera Ibarra
Demandada: Nación – Ministerio de Salud y Protección Social

prestación personal de sus servicios, porque es obvio que en esta clase de
contratos de prestación de servicios se pacte que el contratista sea quien
directamente atienda las exigencias del contratante y no a través de terceras
personas.

Como excepciones propuso las denominadas: prescripción, inexistencia del
derecho reclamado, falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia del
contrato realidad y cobro de lo no debido.

3. La sentencia de primera instancia9.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia proferida el
6 de agosto de 2021, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda
(sin condena en costas). En consecuencia, declaró (i) la nulidad del oficio
censurado; (ii) la existencia de la relación laboral entre la accionante y la ESE
Antonio Nariño (liquidada) por el período comprendido entre el 1º. de diciembre
de 2003 y el 5 de noviembre de 200810; (iii) probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva de la Nación – Ministerio de Hacienda y
Crédito Público y de la Fiduciaria La Previsora SA y (iv) probado el medio
exceptivo de prescripción respecto de los derechos prestacionales causados
en el tiempo trabajado, salvo los aportes pensionales. A título de
restablecimiento del derecho, condenó a la Nación – Ministerio de Salud y de
Protección Social, en nombre de la ESE Antonio Nariño (liquidada), a que
cotice las diferencias surgidas entre los aportes pensionales pagados por la
actora y los que se debieron efectuar, derivados de la existencia de dicha
relación laboral.

Consideró que se encuentra desvirtuada tanto la autonomía e independencia
en la prestación del servicio de la demandante como auxiliar de enfermería y
probados los otros dos elementos de la relación laboral en el asunto sub
examine, esto es, la prestación personal del servicio y la contraprestación, por
lo que se evidencia que se encubrió la naturaleza real de la relación
desempeñada y, por ende, se configuró una verdadera relación laboral, en
aplicación de los principios consagrados en los artículos 13 y 53 de la
Constitución Política, en tanto que aquella desarrolló sus funciones al servicio

9
Visible en el índice 25 de la herramienta electrónica Samai para juzgados y tribunales.
10
A pesar de que en la demanda se reclamó que la relación laboral culminó el 15 de noviembre de 2008.

7 Número interno: 4-2023
Demandante: Fredeslinda Rivera Ibarra
Demandada: Nación – Ministerio de Salud y Protección Social

de la ESE liquidada de manera subordinada a las instrucciones y órdenes
impartidas en razón al servicio de salud prestado.

En cuanto a la entidad responsable de pagar la condena, sostuvo que es la
Nación – Ministerio de Salud y Protección Social, en virtud del otrosí 11 al
contrato de fiducia mercantil 13 de 2010, como quiera que le fueron entregados
los procesos adelantados contra la extinguida ESE y demás obligaciones
contenidas en el aludido contrato.

Respecto del fenómeno de la prescripción, su contabilización se da a partir de
la fecha en la que culminó la relación laboral con la entidad (5 de noviembre
de 2008) y, por ende, la accionante contaba hasta el 5 de noviembre de 2011
para presentar la reclamación administrativa, pero lo hizo el 9 de julio de 2013;
por consiguiente, se configuró la prescripción de todas las prestaciones
sociales causadas, excepto frente a los aportes pensionales.

4. El recurso de apelación11.

La parte demandada pidió revocar la sentencia de primera instancia. Alegó
que el acto administrativo acusado no es enjuiciable ante esta jurisdicción, en
la medida en que la petición formulada por la actora fue atendida por el
entonces liquidador de la ESE Antonio Nariño, mediante Resolución 38 (sin
indicación de su fecha), que resolvió la reclamación 944, dentro del
procedimiento liquidatorio de dicha entidad, según se desprende del acta del
comité jurídico y de conciliación presentada en el trámite de conciliación
prejudicial. En tal sentido, el oficio censurado no tiene la connotación de acto
administrativo porque no creó, modificó ni extinguió alguna situación jurídica
particular.

Que no es dable acceder al reconocimiento de las prestaciones bajo el amparo
del principio de la primacía de la realidad, como lo hizo el juez de primera
instancia, sin ningún análisis y soporte probatorio, pues no puede olvidarse
que la verificación y consecuencias de una pretensión nacida de un contrato
realidad, deben ser evaluadas en concreto para cada caso; por lo tanto, la
accionante tenía la carga de acreditar los tres elementos de la relación laboral,
lo que no hizo.

11
Ibidem, índice 28.

8 Número interno: 4-2023
Demandante: Fredeslinda Rivera Ibarra
Demandada: Nación – Ministerio de Salud y Protección Social

Que, a partir de ese entendimiento, no es posible declararse una relación
laboral con base en una certificación, teniendo como extremo temporal de
finalización la fecha de su emisión, habida cuenta de que para el 5 de
noviembre de 2008 ya la ESE Antonio Nariño no estaba operando en el giro
ordinario de sus actividades, dado que había sido suprimida y se encontraba
en proceso de liquidación. Así, la certificación expedida por la cooperativa
Consentir no revela que la demandante hubiera prestado sus servicios para la
ESE Antonio Nariño (liquidada), pues es claro que únicamente se indica que
la demandante estaba vinculada por convenio de autogestión con ese ente
cooperativo, sin manifestar que la gestión era prestada a la mencionada
institución de salud.

Por último, insistió en que, en caso de que se mantenga la decisión acerca de
la existencia de una relación laboral, la Nación – Ministerio de Salud y
Protección Social no es la encargada de asumir el pago de la condena.

5. Alegatos de conclusión.

En auto de 8 de junio de 2023, el despacho sustanciador admitó el recurso de
apelación interpuesto por la accionada y, en virtud del numeral 5 del artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, no se corrió traslado a las partes para alegar 12.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

La subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De
igual forma, según el artículo 328 del CGP13, el juez de segunda instancia debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de
apelación, a menos que, como ocurre en este caso, ambas partes hayan
apelado, por lo que el superior resolverá sin limitaciones.

12
Folio 405 del cuaderno principal.
13
«Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el
superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y
ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia».

9 Número interno: 4-2023
Demandante: Fredeslinda Rivera Ibarra
Demandada: Nación – Ministerio de Salud y Protección Social

2.2. Problema jurídico.

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la accionada, la Sala
determinará (i) si el acto administrativo acusado es susceptible de control
judicial; (ii) en caso de serlo, si a la demandante le asiste razón jurídica para
reclamar de la accionada el reconocimiento y pago de las prestaciones
sociales no devengadas durante el tiempo que permaneció vinculada como
auxiliar de enfermería de la ESE Antonio Nariño, en aplicación del principio de
«primacía de la realidad sobre formalidades»; o, por el contrario, al no haberse
presentado la figura de la intermediación laboral, el desempeño de la
accionante cumplió las correspondientes normas asociativas y de
cooperativismo. (iii) De encontrarse configurada la relación laboral, deberá
establecerse si operó el fenómeno jurídico procesal de la prescripción extintiva
del derecho y cuál es el ente estatal a cargo del pago de la condena judicial.

Para resolver el anterior problema jurídico la Sala desarrollará los siguientes
temas: 2.2.1. Marco normativo y jurisprudencial del contrato realidad y de las
cooperativas de trabajo asociado; 2.2.2. Hechos relevantes probados; y 2.2.3.
Caso concreto.

2.2.1. Marco normativo y jurisprudencial del contrato realidad y de las
cooperativas de trabajo asociado.

En primer lugar, en relación con el contrato realidad, cabe precisar que
respecto de los contratos estatales de prestación de servicios, la Ley 80 de
1993, en su artículo 32 (numeral 3), dispone:

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las
entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la
administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo
podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran
conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos general relación laboral ni
prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente
indispensable.

Es decir, que el contrato de prestación de servicios es aquel por el cual se
vincula excepcionalmente a una persona natural con el propósito de suplir
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad,
o para desarrollar labores especializadas que no pueden asumir el personal

10 Número interno: 4-
2023
Demandante: Fredeslinda Rivera Ibarra
Demandada: Nación – Ministerio de Salud y Protección Social

de planta y que no admite el elemento de subordinación por parte del
contratista, toda vez que debe actuar como sujeto autónomo e independiente
bajo los términos del contrato y de la ley contractual.

Por su parte, la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad de las
expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o» y «en ningún
caso […] general relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en el
precitado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en sentencia C-154
de 1997, precisó las diferencias entre el contrato de prestación de servicios y
el de carácter laboral, así:

Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos
diferentes al de prestación de servicios independientes. En efecto,
para que aquél se configure se requiere la existencia de la
prestación personal del servicio, la continuada subordinación
laboral y la remuneración como contraprestación del mismo. En
cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad
independiente desarrollada, puede provenir de una persona jurídica
con la que no existe el elemento de la subordinación laboral o
dependencia consistente en la potestad de impartir órdenes en la
ejecución de la labor contratada.
Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -
contrato de prestación de servicios y contrato de trabajo- se obtiene
que sus elementos son bien diferentes, de manera que cada uno de
ellos reviste singularidades propias y disímiles, que se hacen
inconfundibles tanto para los fines perseguidos como por la
naturaleza y objeto de los mismos.
En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que
determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación
de servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que quien
celebra un contrato de esta naturaleza, como el previsto en la
norma acusada, no puede tener frente a la administración sino la
calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones
sociales; a contrario sensu, en caso de que se acredite la
existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en
la actitud por parte de la administración contratante de impartir
órdenes a quien presta el servicio con respecto a la ejecución de
la labor contratada, así como la fijación de horario de trabajo para
la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con
derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la
denominación de un contrato de prestación de servicios
independiente.
Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir
subordinación o dependencia al contratista ni algo distinto del
cumplimiento de los términos del contrato, ni pretender el pago de
un salario como contraprestación de los servicios derivados del
contrato de trabajo, sino, más bien, de honorarios profesionales a
causa de la actividad del mandato respectivo.

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2023
Demandante: Fredeslinda Rivera Ibarra
Demandada: Nación – Ministerio de Salud y Protección Social

Ahora bien, el artículo 2 del Decreto 2400 de 196814, «[p]or el cual se
modifican las normas que regulan la administración del personal civil […]»,
dispone:

Se entiende por empleo el conjunto de funciones señaladas por la
Constitución, la ley, el reglamento o asignadas por autoridad
competente que deben ser atendidas por una persona natural.
Empleado o funcionario es la persona nombrada para ejercer un
empleo y que ha tomado posesión del mismo.
Los empleados civiles de la Rama Ejecutiva integran el servicio
civil de la República.
Quienes presten al Estado Servicios ocasionales como los peritos
obligatorios, como los jurados de conciencia o de votación;
temporales, como los técnicos y obreros contratadas por el tiempo
de ejecución de un trabajo o una obra son meros auxiliares de la
Administración Pública y no se consideran comprendidos en el
servicio civil, por no pertenecer a sus cuadros permanentes.
Para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán
los empleos correspondientes, y en ningún caso, podrán
celebrarse contratos de prestación de servicios para el desempeño
de tales funciones.

La parte subrayada de la precitada disposición fue declarada exequible por
la Corte Constitucional, en sentencia C-614 de 2009, al señalar la
permanencia, entre otros criterios, como un elemento más que indica la
existencia de una relación laboral. Frente al tema, expuso:

La Corte encuentra que la prohibición a la administración pública
de celebrar contratos de prestación de servicios para el ejercicio
de funciones de carácter permanente se ajusta a la Constitución,
porque constituye una medida de protección a la relación laboral,
ya que no sólo impide que se oculten verdaderas relaciones
laborales, sino también que se desnaturalice la contratación
estatal, pues el contrato de prestación de servicios es una
modalidad de trabajo con el Estado de tipo excepcional, concebido
como un instrumento para atender funciones ocasionales, que no
hacen parte del giro ordinario de las labores encomendadas a la
entidad, o siendo parte de ellas no pueden ejecutarse con
empleados de planta o se requieran conocimientos
especializados. De igual manera, despliega los principios
constitucionales de la función pública en las relaciones
contractuales con el Estado, en tanto reitera que el ejercicio de
funciones permanentes en la administración pública debe
realizarse con el personal de planta, que corresponde a las
personas que ingresaron a la administración mediante el concurso
de méritos.

14
Modificado por el Decreto 3074 del mismo año.

12 Número interno: 4-
2023
Demandante: Fredeslinda Rivera Ibarra
Demandada: Nación – Ministerio de Salud y Protección Social

De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura
cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación
laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la
continuada subordinación, de lo que surge el derecho al pago de
prestaciones sociales a favor del contratista, en aplicación del principio de la
primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas en las relaciones
laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con el que
se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas
preceptuados en normas respecto de la materia.

En otras palabras, el denominado «contrato realidad» aplica cuando se
constata en juicio la continua prestación de servicios personales
remunerados, propios de la actividad misional de la entidad contratante, para
ejecutarlos en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos
de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que
desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos
contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia
de las relaciones laborales15.

De igual manera, la subsección B de esta sección segunda16 recordó que (i)
la subordinación o dependencia es la situación en la que se exige del servidor
público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al
modo, tiempo o cantidad de trabajo, y se le imponen reglamentos, la cual
debe mantenerse durante el vínculo; (ii) le corresponde a la parte actora
demostrar la permanencia, es decir, que la labor sea inherente a la entidad,
y la equidad o similitud, que es el parámetro de comparación con los demás
empleados de planta, requisitos necesarios establecidos por la
jurisprudencia, para desentrañar de la apariencia del contrato de prestación
de servicios una verdadera relación laboral; y (iii) por el hecho de que se
declare la existencia de la relación laboral y puedan reconocerse derechos
económicos laborales a quien fue vinculada bajo la modalidad de contrato de
prestación de servicios que ocultó una verdadera relación laboral, no se le
puede otorgar la calidad de empleado público, dado que para ello es
indispensable que se den los presupuestos de nombramiento o elección y su

15
En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, en sentencia de 27 de
enero de 2011, expediente: 5001-23-31-000-1998-03542-01 (202-10).
16
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia de 4 de febrero de 2016, expediente: 81001-23-33-000-
2012-00020-01 (316-2014).

13 Número interno: 4-
2023
Demandante: Fredeslinda Rivera Ibarra
Demandada: Nación – Ministerio de Salud y Protección Social

correspondiente posesión, elementos de juicio que enmarcan el análisis del
tema y que se tendrán en cuenta para decidir el asunto sub examine.

En segundo lugar, en lo que respecta a las cooperativas de trabajo
asociado, la Ley 79 de 1988, «[p]or la cual se actualiza la legislación
cooperativa», en su artículo 80, preceptúa que las cooperativas de trabajo
asociado son aquellas que vinculan el trabajo personal de sus socios para la
producción de bienes, ejecución de obras o la prestación de servicios, puesto
que son organizaciones sin ánimo de lucro pertenecientes al sector solidario
de la economía; su objeto social es el de generar y mantener trabajo para los
asociados de manera autogestionaria, con autonomía, autodeterminación y
autogobierno. En sus estatutos, según el artículo 5 del Decreto 4588 de 2006,
«[p]or el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las
cooperativas y pre cooperativas de trabajo asociado», se debe precisar la
actividad socioeconómica que desarrollarán, encaminada al cumplimiento de
su naturaleza, en cuanto a la generación de un trabajo, en los términos que
determinan los organismos nacionales e internacionales sobre la materia.

Este mismo Decreto, en sus artículos 16 y 17, establece la prohibición, por una
parte, de que el asociado que sea enviado por la cooperativa o precooperativa
de trabajo asociado a prestar servicios a una persona natural o jurídica, por lo
que se considerará trabajador dependiente de la que se beneficie con su
trabajo; y, por la otra, que no podrán actuar como empresas de intermediación
laboral ni disponer del trabajo de los asociados para suministrar mano de obra
temporal a un usuario o a terceros beneficiarios, o remitirlos como trabajadores
en misión con el fin de que atiendan labores de estos, o permitir que respecto
de los asociados se generen relaciones de subordinación o dependencia con
los contratantes, y en tal caso, sus directivos serán solidariamente
responsables por las obligaciones económicas que se causen a favor del
trabajador asociado.

En este sentido, se pronunció esta Corporación, en sentencia de 27 de abril
de 201617, así:

En la práctica, el trabajo asociado en algunos casos se ha utilizado
como instrumento para escapar a la legislación laboral y así eludir

17
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección A, fallo de 27 de abril de 2016,
expediente 66001-23-31-000-2012-00241-01 (2525-14).

14 Número interno: 4-
2023
Demandante: Fredeslinda Rivera Ibarra
Demandada: Nación – Ministerio de Salud y Protección Social

las obligaciones para con los trabajadores dependientes o
subordinados. Por ello, el Legislador consagro la prohibición de que
las Cooperativas de Trabajo Asociado actúen como empresas de
intermediación laboral, dispongan del trabajo de los asociados para
suministrar mano de obra temporal a usuarios o terceros
beneficiarios, remitan a los asociados como trabajadores en misión
con la finalidad de que atiendan labores propias de un usuario o
tercero beneficiario del servicio, o permitan que respecto de los
asociados se generen relaciones de subordinación o dependencia
con terceros contratantes; y como consecuencia, estableció que el
asociado que acuda a estas prácticas se considerara trabajador
dependiente de la persona natural o jurídica que se beneficie con
su trabajo. De tal manera que el tercero contratante, la Cooperativa
y sus directivos serán solidariamente responsables por las
obligaciones económicas generadas a favor del trabajador
asociado18. Sin perjuicio de que queden incursas en causal de
disolución y liquidación y que les sea cancelada la personería
jurídica19.

Por su parte, la Corte Constitucional, en fallo T-442 de 13 de julio 201720,
reiteró:

[…] si durante la ejecución del contrato de trabajo asociado, la
cooperativa de trabajo asociado infringe la prohibición consistente
en que estas organizaciones solidarias no pueden actuar como
empresas de intermediación laboral, ni disponer del trabajo de sus
asociados para suministrar mano de obra a terceros beneficiarios,
o admitir que respecto de sus asociados se susciten relaciones de
subordinación, se debe dar aplicación la legislación laboral, y no la
legislación civil o comercial porque bajo estas hipótesis confluyen
elementos esenciales que dan lugar a la existencia de un contrato
de trabajo simulado por el contrato cooperativo21.

Así las cosas, se concluye que se defrauda la finalidad con la que se creó este
tipo de asociaciones cuando, a través del funcionamiento de una cooperativa
de trabajo asociado, se encubre el desarrollo de relaciones de labor
dependiente, es decir, cuando el cooperado presta sus servicios con el
propósito de atender funciones propias de un tercero beneficiario bajo los tres
elementos del contrato de trabajo, cuales son: (i) prestación de un trabajo o
una labor en forma personal, (ii) subordinación y (iii) contraprestación por la
función desarrollada.

18
«Artículos 16 y 17 del Decreto 4588 de 2006, que reglamentan la organización y funcionamiento de las cooperativas y
pre cooperativas de trabajo asociado».
19
«Artículo 7° de la Ley 1233 de 2008. Ley por medio de la cual se precisan los elementos estructurales de las
contribuciones a la seguridad social, se crean las contribuciones especiales a cargo de las Cooperativas y Pre cooperativas
de Trabajo Asociado, con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
ICBF, y a las Cajas de Compensación Familiar, se fortalece el control concurrente y se dictan otras disposiciones».
20
M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
21
«Ver, entre otras, las sentencias: T-286 de 2003, T-445 de 2006, T-504 y 962 de 2008, T-484 de 2013 y T-531 de 2015».

15 Número interno: 4-
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Demandada: Nación – Ministerio de Salud y Protección Social

2.2.2. Hechos probados

i) El extinguido Instituto de Seguros Sociales (ISS) y el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Seguridad Social suscribieron convención colectiva de
trabajo para los años 2001 a 200422.

ii) El 1º. de diciembre de 2003 la accionante celebró un convenio de trabajo
con la cooperativa de servicios integrados Consentir CTA, del que se
desprende que el cargo fue de auxiliar de enfermería, recibiría una
compensación como retribución por su trabajo y el lugar de labores sería la
«institución Bellavista»23. Cabe destacar que este documento carece de firmas
y de él no se evidencia que haya laborado en la ESE Antonio Nariño.

iii) Se aportaron los comprobantes de nómina de la actora con la cooperativa
de servicios integrados Consentir CTA de los meses de diciembre de 2003,
febrero y agosto de 2004, enero de 2005, octubre y diciembre de 2006, enero,
abril y julio de 2007 y enero de 200824. Igualmente, fueron allegados unos
cuadros de turnos de trabajo de los auxiliares de enfermería del extinguido
ISS, seccional Valle del Cauca, desde mayo de 2004 hasta agosto de 2008,
en los que se indican las personas que deben laborar en esa especialidad y
los horarios en que deben hacerlo, empero, no en todos esos cuadros aparece
relacionada la demandante25.

iv) El gerente de la cooperativa de servicios integrados Consentir CTA expidió
la certificación de 5 de noviembre de 2008, según la cual la accionante «[…]
presta sus servicios […] con un convenio de trabajo asociado a término
indefinido, ocho (8) horas diarias, desde el 01 de Diciembre de 2003,
desempeñando el cargo de Auxiliar de Enfermería Clínicas, devengando una
compensación mensual […] más […] retribuciones y subsidios […] según lo
establecen los regímenes de compensación»26 (sic).

v) El Juzgado Doce Laboral del Circuito de Santiago de Cali (Valle del Cauca),
por medio de sentencia de 29 de mayo de 2009, declaró que entre la actora y
el entonces ISS existió una relación laboral desde el 1º. de abril de 2000 hasta

22
Folios 101 a 170 del cuaderno principal.
23
Folio 7 ibidem.
24
Folios 8, 9 y 11 a 18 ib.
25
Folios 19 a 55 ib.
26
Folio 6 ib.

16 Número interno: 4-
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el 30 de junio de 2003, dada la prestación de servicios de aquella como auxiliar
de enfermería de la Clínica Rafael Uribe Uribe27, modificada con providencia
de 25 de noviembre de 2009, dictada por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de esa ciudad, en el sentido de que la fecha de culminación de dicha
relación fue el 26 de junio de 200328.

vi) Declaración rendida por la señora Alfa Biviana Berrío sobre los hechos
objeto de controversia29.

Actuación administrativa

Escrito de 9 de julio de 201330, por medio del cual la demandante solicitó del
Ministro de Salud y Protección Social el reconocimiento de una relación laboral
por su desempeño como auxiliar de enfermería y el consecuente pago de
prestaciones sociales, negado a través de oficio 201311100937111 de 19
siguiente31.

2.2.3. Caso concreto

De acuerdo con el devenir fáctico de la actuación, se tiene acreditado que la
señora Fredeslinda Rivera Ibarra prestó, de manera personal e interrumpida,
sus servicios como auxiliar de enfermería en la ESE Antonio Nariño
(liquidada). Sobre la fecha de esa labor, en la demanda afirmó que inició el 30
de junio de 2003, pero no hay prueba de ello, solo que estuvo vinculada a la
cooperativa de servicios integrados Consentir CTA desde el 1º. de diciembre
de ese año (sin que en la certificación expedida se precise la fecha en que
culminó esa vinculación32). También se encuentra probado que el 9 de julio
diciembre de 2013 la accionante solicitó del Ministro de Salud y Protección
Social el reconocimiento de la existencia de una relación laboral, lo que fue
negado con el oficio acusado.

Lo primero que ha de advertirse es que, de conformidad con el artículo 167 del
CGP, aplicable por la remisión expresa del 306 del CPACA, «incumbe a las
partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto

27
Folios 56 a 68 ib.
28
Folios 69 a 72 ib.
29
Folios 386 y 387 ib.
30
Folios 76 a 82 ib.
31
Folio 83 ib.
32
Al respecto, se precisa que el Tribunal de instancia tuvo como fecha de culminación de las labores la de expedición de
la certificación, esto es, el 5 de noviembre de 2008.

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jurídico que ellas persiguen», motivo por el que quien alega la existencia de
un contrato realidad debe desplegar todas las actuaciones para llevar al juez
a dicho convencimiento y, para tal propósito, aportar todos los elementos
probatorios a que haya lugar, los que serán valorados de acuerdo con la reglas
de la sana crítica.

En ese sentido, se destaca que, habiéndose dado trámite en primera instancia,
a través del fallo apelado, el Tribunal de instancia accedió de manera parcial
a las súplicas del libelo introductorio, decisión frente a la que la Nación –
Ministerio de Salud y Protección Social presentó alzada, sustentada en tres
planteamientos, a saber: (i) el acto administrativo censurado no es enjuiciable
y, por ende, se presenta una ineptitud sustantiva de la demanda33, por cuanto
la petición fue respondida de fondo a través de Resolución 38 (sin indicación
de la fecha de expedición); (ii) no están configurados los elementos de la
relación laboral; y (iii) en caso de mantenerse la decisión sobre la existencia
de dicho vínculo laboral, esa cartera no es la obligada a asumir la condena.

Para resolver el primero de los mencionados reproches, esta subsección
observa que la accionada no allegó prueba de la existencia de la Resolución
38, con la que presuntamente se atendió de fondo la solicitud de la actora, sino
que se limitó a exponer que esa información se incluyó tanto en el acto
acusado como en el acta del comité jurídico y de conciliación presentada en el
trámite de conciliación prejudicial, previo a la interposición del medio de control
de la referencia. Al respecto, se tiene que en efecto en el acto acusado se hace
alusión a la Resolución 38, pero esta no se aportó al proceso como prueba de
la parte pasiva para soportar sus argumentos de defensa concernientes a que
el oficio acusado no era susceptible de control judicial, en la medida en que la
situación jurídica particular de la actora fue allí definida, motivo por el que,
como lo concluyó el a quo, el oficio 201311100937111 de 19 de julio de 2003
podía ser objeto de control de legalidad, máxime cuando en él expresamente
se niega el reconocimiento de la relación laboral, en el entendido de que el
Ministerio de Salud y Protección Social, en su condición de «sucesor procesal
de la extinta E.S.E. Antonio Nariño liquidada»34 (sic), debía asumir los
procesos judiciales y los pasivos de dicha entidad.

33
Se advierte que esta denominación (ineptitud sustantiva de la demanda) no fue invocada como medio exceptivo en la
contestación de la demanda, sino que tan solo fue expuesta en el recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia.
34
Denominación dada por la actora en su petición de 9 de julio de 2013, negada con el acto censurado.

18 Número interno: 4-
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Demandada: Nación – Ministerio de Salud y Protección Social

En tal sentido, no es dable realizar un análisis frente a este planteamiento del
recurso de apelación, en la medida en que el organismo demandado no aportó
los elementos que conduzcan a esta subsección al convencimiento de que el
acto administrativo censurado no es pasible de control judicial y mucho menos
se tiene conocimiento sobre la afirmación de que la situación jurídica particular
de la actora ya fue definida en otra decisión por la Administración, lo que
conlleva concluir que, no efectuar dicho control judicial sin tal certeza,
comportaría una trasgresión a los derechos de acceso a la administración de
justicia y de tutela judicial efectiva de la reclamante.

Por otro lado, en lo atinente a los elementos configurativos de una relación
laboral, se advierte que en el libelo introductorio la demandante dijo que «[…]
desde el 27 de junio de 2003 hasta el 15 de Noviembre de 2008 […]» (sic)
continuó trabajando para la ESE Antonio Nariño; sin embargo, se insiste,
conforme a las pruebas allegadas, hay certeza de una vinculación desde una
fecha cercana, toda vez que la cooperativa de servicios integrados Consentir
CTA certificó que inició labores a partir del 1º. de diciembre de 2003, sin que
se conozca el día de su finalización, de acuerdo con el documento emitido por
esta cooperativa.

Sumado a lo anterior, sin perjuicio del recuento fáctico de la demanda, no se
arrimó al proceso documento del que se desprenda algún tipo de relación legal
y reglamentaria o contractual de la accionante con la liquidada ESE Antonio
Nariño, de lo que pueda concluirse la continuidad en la prestación de los
servicios.

Sobre la configuración del contrato realidad, resulta oportuno precisar que
debe acreditarse la existencia de los tres elementos de la relación laboral: (i)
la prestación personal del servicio, (ii) la remuneración por el trabajo cumplido
y (iii) la subordinación y dependencia.

En lo referente al primer elemento, se observa que la actora estuvo vinculada
a la cooperativa de servicios integrados Consentir CTA «desde el 01 de
Diciembre de 2003» (sic) y por lo menos hasta el 5 de noviembre de 2008,
fecha en que se expidió la certificación allegada como prueba.

Por tanto, no se cuenta con otro tipo de documentos, tales como los contratos

19 Número interno: 4-
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asociativos35, los contratos de prestación de servicios entre la institución de
salud y la cooperativa, entre otros, de los que pueda inferirse con claridad el
trabajo de la demandante en el período alegado en el libelo introductorio (27
de junio de 2003 a 15 de noviembre de 2008), las obligaciones a su cargo y
los términos y condiciones con base en los que prestaba el servicio. También
resulta relevante insistir en que en el escrito de demanda ella afirmó que había
ingresado a laborar a la ESE, por medio de órdenes de prestación de servicios,
desde el 27 de junio de 2003, pero ello tampoco se probó.

En esa medida, conforme a las formalidades de los artículos 39 y 41 de la Ley
80 de 199336, no se aportó documento alguno que acredite un vínculo
contractual entre la accionante y la extinguida ESE Antonio Nariño; tampoco
soportes de pago, recibos de consignación, circulares, comunicados, oficios o
cualquier otro elemento del que pudiera derivarse ese vínculo.

Amén de lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación37,
los contratos estatales deben constar por escrito, lo que comporta una
solemnidad que no puede desconocerse y, en caso de no hacerse, el negocio
simplemente no existiría. Además, no debe olvidarse que, en virtud del Decreto
3135 de 1968 (artículo 5), «[l]as personas que presten sus servicios en los
ministerios, departamentos administrativos, superintendencias y
establecimientos públicos son empleados públicos; sin embargo, los
trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas son
trabajadores oficiales».

Entonces, no se halla comprobada vinculación directa con la extinguida ESE
y, por ende, no hay lugar a realizar análisis alguno sobre ese particular ante la

35
Se destaca que se aportó un convenio de trabajo entre la accionante y Consentir CTA, pero de él no se desprende que
ella trabajara como auxiliar de enfermería en la ESE Antonio Nariño (folio 7 del cuaderno principal).
36
De acuerdo con tales formalidades, los contratos estatales deben constar por escrito. Las normas en mención son las
siguientes:
«Artículo 39. De la forma del contrato estatal. Los contratos que celebren las entidades estatales constarán por escrito y
no requerirán ser elevados a escritura pública, con excepción de aquellos que impliquen mutación del dominio o imposición
de gravámenes y servidumbres sobre bienes inmuebles y, en general, aquellos que conforme a las normas legales vigentes
deban cumplir con dicha formalidad.
Las entidades estatales establecerán las medidas que demande la preservación, inmutabilidad y seguridad de los
originales de los contratos estatales.
[…]
Artículo 41. Del perfeccionamiento del contrato. Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre
el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito […]».
37
Al respecto, puede verse, entre otras, la sentencia de 3 de octubre de 2012, expediente 23001-23-31-000-1998-08976-
01 (26140), C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, en la que se dijo: «[…] los contratos estatales deben constar por
escrito, pues así lo disponen los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993, al señalar que es esta la forma que deben adoptar
tales actos jurídicos para existir jurídicamente y quedar perfeccionados, es decir, para que sean válidos desde la
perspectiva estrictamente formal (requisito ad solemnitatem o ad substanciam actus). Esta exigencia es una de las
llamadas formalidades plenas de los contratos del Estado».

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falta de material probatorio. No obstante, el período trabajado con intervención
de la cooperativa de servicios integrados Consentir CTA (desde el 1º. de
diciembre de 2003, sin fecha de culminación) será objeto de examen por parte
de esta Corporación para establecer si en él se atendió las normas referentes
al cooperativismo o si, por el contrario, se configuró un vínculo laboral con la
mencionada ESE.

En ese entendido, esta Sala reitera que, según lo dispuesto en el artículo 5 del
Decreto 4588 de 2006, compilado en el 2.2.8.1.5 del Decreto 1072 de 201538,
el objeto social de las cooperativas de trabajo asociado es «el de generar y
mantener trabajo para los asociados de manera autogestionaria, con
autonomía, autodeterminación y autogobierne. En sus estatutos se deberá
precisar la actividad socioeconómica que desarrollarán, encaminada al
cumplimiento de su naturaleza, en cuanto a la generación de un trabajo, en los
términos que determinan los organismos nacionales e internacionales, sobre
la materia». Sin perjuicio de ello, las normas que regulan la materia y la
jurisprudencia que la han desarrollado han sido enfáticas en las prohibiciones
de (i) enviar a un asociado a que preste servicios a una persona natural o
jurídica en labores propias de esta, por lo que se considerará trabajador
dependiente de la que se beneficie con su trabajo, y (ii) fungir como empresas
de intermediación laboral o disponer del trabajo de sus asociados para
suministrar mano de obra temporal, enviarlos como trabajadores en misión o
permitir que se generen relaciones de subordinación y dependencia con los
contratantes.

Frente a las anteriores prohibiciones no existe certeza si fueron desatendidas
por la cooperativa a la que se encontraba vinculada la actora, toda vez que se
cuenta con la referida certificación y la declaración de la señora Alfa Biviana
Berrío, pruebas que no son suficientes para llevar al convencimiento respecto
de la configuración de los elementos de la relación laboral, pues no basta que
el asociado preste servicios a una persona natural o jurídica, sino que debe
probarse que se desconoció la regulación referente al cooperativismo. En tal
sentido, si bien el testimonio fue específico en describir el modo como la
demandante trabajaba como auxiliar de enfermería, no es consistente en
otorgar la relevancia indispensable para obviar la necesidad de otros

38
«Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo».

21 Número interno: 4-
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elementos de prueba.

En efecto, en cuanto a la configuración del elemento de la prestación
personal del servicio, no se sabe con certeza si la accionante prestó sus
servicios como auxiliar de enfermería en la ESE Antonio Nariño, con ocasión
de su vinculación a la cooperativa de servicios integrados Consentir CTA, pues
de los documentos emitidos por esta última no se deduce esa afirmación,
como sí lo es del libelo introductorio y de la aludida declaración, sumado a que
difieren en las fechas en que presuntamente se desarrolló esa labor39, por lo
que no se tiene por satisfecho, máxime cuando se desconocen las condiciones
de tiempo, modo y lugar como se prestaron esos servicios, habida cuenta de
que, según se expuso en la relación de pruebas que precede, no existen
documentos idóneos con información precisa sobre el convenio asociativo.

En lo concerniente a la remuneración por el trabajo cumplido, al proceso
fueron allegados algunos comprobantes de nómina por los meses de
diciembre de 2003, febrero y agosto de 2004, enero de 2005, octubre y
diciembre de 2006, enero, abril y julio de 2007 y enero de 2008, en virtud de
los cuales Consentir CTA pagó la compensación pactada a la accionante,
pero, se itera, de ninguno se colige que fueran labores desarrolladas en la
aludida ESE.

Acerca de la subordinación, como último elemento de la relación laboral,
debe precisarse que la ESE Antonio Nariño comportaba una institución cuyo
objetivo era prestar servicios de salud dentro del sistema general de seguridad
social en salud, motivo por el que si bien las funciones de enfermería
desempeñadas por la demandante estarían directamente relacionadas con su
misión, en este caso específico, dado el carente material probatorio, no puede
tenerse por cierto que ese simple hecho configura este elemento40, cuanto más
si no se conoce la fecha de inicio de la prestación del servicio durante el tiempo
que estuvo vinculada a la extinguida ESE, sino que se sabe que, como

39
En la demanda se dice que desde el 27 de junio de 2003 y la certificación de CTA a partir del 1º. de diciembre siguiente.
40
A una conclusión en el mismo sentido llegó esta Sala en sentencia de 2 de septiembre de 2021, expediente 68001-23-
33-000-2017-00626-01 (5168-2019), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, al afirmar que: «[…] no todos los contratos de
prestación de servicios que suscriba una institución de salud cuyo propósito sea justamente la asistencia médica, se
enmarcarán en un contrato realidad con la mera aseveración de que está relacionado de manera directa con el objeto y
misión de la entidad. Es así que, para llegar a una decisión favorable a los intereses del demandante en un caso de
«contrato realidad», este debe observar lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso (CGP), aplicable por
la remisión expresa del 306 del CPACA, […] motivo por el que quien alega la existencia de dicho vínculo laboral debe
desplegar las actuaciones necesarias para llevar al juez a ese convencimiento y, para tal propósito, aportar todos los
elementos probatorios a que haya lugar, los que serán valorados de acuerdo con las reglas de la sana crítica».

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trabajadora asociada, sus actividades iniciaron el 1º. de diciembre de 2003,
pero en la demanda se indicó una fecha anterior y, por ende, existe un vacío
en el tiempo supuestamente laborado.

Así mismo, revisada la declaración rendida por la señora Alfa Bibiana Berrío,
prueba obrante en el proceso, se tiene que, a pesar de que hizo afirmaciones
referentes al cumplimiento de horario y al sometimiento a las reglas de
funcionamiento de la extinguida ESE Antonio Nariño, no establece con claridad
las condiciones de vinculación de la actora.

De igual manera, como se ha dicho a lo largo de estas consideraciones, el
escaso material probatorio no permite confrontar las aseveraciones de la
testigo para llevar a esta Corporación al convencimiento sobre la configuración
del elemento de la subordinación y dependencia propio de una relación laboral.

En relación con los comprobantes de pago allegados, sirven para probar que
Consentir CTA pagaba una compensación a la demandante, pero no para
otorgar certeza sobre su lugar de trabajo y los elementos de la relación laboral.
Y, respecto de las planillas de turnos allegadas, no en todas aparece la
demandante, es decir, existen meses (por ejemplo, noviembre de 2004,
febrero y junio de 2005, abril y agosto de 2006, mayo y octubre de 2007, entre
otros) en los que no le fue asignado turno de trabajo, lo que lleva a concluir
que la prestación del servicio, al menos en ese sitio, no era constante e
ininterrumpida.

A partir de ese entendimiento, no hay modo de acreditar que existía una
sujeción de la accionante hacía la otrora ESE, como empleadora, toda vez que
no se cuenta con información sobre imposición de medidas u órdenes de esta,
comunicaciones de las que se evidencie la disposición del trabajo del
empleado u otras circunstancias similares con la misma consecuencia y, en
esa medida, no se desvirtuó que la finalidad con la que se creó dicho tipo de
asociaciones haya sido defraudada, para dar paso a la configuración de una
relación laboral entre la ESE y la actora.

En dichas condiciones, la demandante no le suministró a esta Sala los
elementos de juicio necesarios para arribar al convencimiento de que su
vinculación a la ESE con la intervención de la mencionada cooperativa de

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trabajo traía consigo una relación laboral disfrazada, como lo alegó en el libelo
introductorio, por cuanto no incorporó al proceso los medios probatorios con
los que demuestre la configuración del elemento de la subordinación y
dependencia indispensable en la relación laboral reclamada.

Por consiguiente, no se encuentra probada una relación laboral que conlleve
la nulidad del acto administrativo acusado, contrario a lo sostenido por el a
quo, que otorgó a las pruebas una valoración más allá de su real contenido y
alcance, pues con ellas sustituyó el deber de la actora de cumplir la previsión
del artículo 167 del CGP.

En atención a que prosperó este planteamiento de la alzada, esta Sala se
sustrae de pronunciarse sobre los restantes reproches, pues ellos partían del
supuesto de una relación laboral.

Sobre la condena en costas

Con la adopción del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, el legislador abandonó el
criterio subjetivo que venía imperando en este tipo de asuntos para dar paso,
según se advierte en el artículo 188 ídem, a la valoración objetiva frente a la
imposición, liquidación y ejecución de las costas procesales.

En efecto, de la redacción del citado artículo se extraen los elementos que
determinan la imposición de la condena en costas, a saber: i) objetivo, en
cuanto a que toda sentencia decidirá sobre las costas procesales, bien sea
para condenar total o parcialmente o, en su defecto, para abstenerse; y ii)
valorativo, en el entendido de que el juez debe verificar que las costas se
causaron con el pago de gastos ordinarios y con la actividad del abogado
efectivamente realizada dentro del proceso. Lo anterior en consonancia con lo
dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso.

Como quiera que la Sala no observa en la actuación de la parte demandante
que haya estado prevalida de actos temerarios que evidencien mala fe, no
impondrá condena en costas en esta instancia.

III. DECISIÓN

En atención a lo anterior, la Sala revocará la sentencia del Tribunal

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Administrativo del Valle del Cauca, que accedió de manera parcial a las
pretensiones de la demanda, para en su lugar, negarlas.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia de fecha seis (6) de agosto de dos mil
veintiuno (2021), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda incoada por la
señora Fredeslinda Rivera Ibarra en contra de la Nación – Ministerio de Salud
y Protección Social; en su lugar, se niegan, por las razones expuestas.

SEGUNDO.- Sin condena en costas en las dos instancias.

TERCERO.- Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERO

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS

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