República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2013-01310-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
13 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D. C., trece (13) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2013-01310-01 (5306-2022)
Demandante: Elsa Lidie Llanos Herrera
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Tema: reliquidación pensión de jubilación. Decreto 546 de 1971. Subtema 1: topes
pensionales. Determinación a partir del momento de efectividad del derecho. Subtema 2:
prescripción trienal declarada en actuación administrativa frente a diferencias derivadas de
reajuste de factor salarial.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver los
recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca1 el 26 de mayo de 2022, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
La demandante solicitó la nulidad de los actos administrativos por los cuales Cajanal
y la UGPP reliquidaron la pensión de jubilación reconocida con fundamento en el
Decreto 546 de 1971, sujetaron la mesada al tope de 20 SMLMV y reliquidaron la
prestación con el reajuste de la bonificación por compensación devengada en el último
año de servicio con efectos fiscales desde el 25 de febrero de 2006, por prescripción
trienal. El tribunal anuló parcialmente la Resolución PAP 001207 del 23 de septiembre
de 2009, al considerar que no se configuró el fenómeno prescriptivo, negó las demás
pretensiones y se abstuvo de condenar en costas. Las partes apelaron en lo atinente
a la aplicación de topes y a la prescripción. La Sala revocará la sentencia y negará las
súplicas de la demanda, por encontrar que la prestación quedó sometida al límite
máximo previsto en la ley al momento en que se hizo efectiva, aun cuando corresponde
a un régimen especial, y se configuró el fenómeno de la prescripción dispuesto en los
actos demandados.
1
El Consejero de Estado Jorge Edison Portocarrero Banguera aclara que, en anteriores ocasiones, y conforme a
la causal contenida en el artículo 141.9 del CGP, ha manifestado su impedimento para conocer en segunda
instancia asuntos tramitados por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en cuya decisión haya participado
el Dr. Óscar Valero Nisimblat, con quien le une una amistad íntima. No obstante, en virtud de los principios de
celeridad y economía procesal, en esta ocasión no efectuará dicha declaración, toda vez que la Sala de Subsección,
con auto de 18 de septiembre de 2024, declaró infundado un impedimento basado en la misma causa, dentro del
expediente 76001-23-33-000-2014-01033-01 (0264-2023).
Radicación: 76001-23-33-000-2013-01310-01 (5306-2022)
Demandante: Elsa Lidie Llanos Herrera
Demandada: UGPP
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. Elsa Lidie Llanos Herrera, por conducto de apoderado judicial, presentó demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho de acuerdo con las pretensiones, con el fin de
que se declarara la nulidad de los siguientes actos administrativos2:
a) Resolución PAP 001207 del 23 de septiembre de 2009, por la cual la liquidadora
de Cajanal reliquidó la pensión en $7.545.863,03, efectiva desde el 1.° de enero
de 2001, con el reajuste de la bonificación por compensación y con efectos fiscales
desde el 25 de febrero de 2006 por prescripción trienal.
b) Resolución PAP 025935 del 16 de noviembre de 2010, por la cual el liquidador
de Cajanal modificó la Resolución PAP 001207 para ordenar la liquidación de las
diferencias frente a la Resolución 19940 del 28 de septiembre de 2004.
c) Resolución UGM 001198 del 18 de julio de 2011, por la cual el liquidador de
Cajanal modificó la Resolución PAP 001207.
d) Resolución RDP 016691 del 23 de noviembre de 2012, por la cual la
subdirectora de determinación de derechos pensionales de la UGPP modificó la
Resolución PAP 001207 en el sentido de aplicar los topes máximos a la mesada.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene y condene a la
entidad demandada a:
a) reliquidar la pensión de jubilación en forma definitiva con aplicación de los
Decretos 546 de 1971, 717 de 1978 y 610 de 1998 y sin tope alguno por tratarse
de una pensión de régimen especial, con el pago de las diferencias de las mesadas
pensionales dejadas de pagar desde el 1 de enero de 2001, fecha a partir de la
cual se retiró del servicio.
b) declarar que no operó la prescripción de las diferencias derivadas de la
reliquidación;
c) pagar los intereses a partir de la ejecutoria de la sentencia y darle cumplimiento
conforme con los artículos 192, 194 y 195 del CPACA.
2.1.1. Hechos
3. Como fundamento de las pretensiones, la demandante expuso, en síntesis, los
siguientes hechos:
4. Nació el 8 de agosto de 1948 y adquirió el estatus jurídico de pensionada el 8 de
agosto de 1998, fecha en la que cumplió 50 años de edad y contaba con 29 años de
servicio. El último cargo que desempeñó fue el de magistrada del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cali.
2
De acuerdo con el medio de control previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA. La demanda fue presentada el 18 de diciembre de 2013, de
acuerdo con el acta de reparto visible a folio 160 del expediente físico.
2
Radicación: 76001-23-33-000-2013-01310-01 (5306-2022)
Demandante: Elsa Lidie Llanos Herrera
Demandada: UGPP
5. Cajanal le reconoció la pensión mediante la Resolución 25585 del 3 de noviembre
de 2000 y con posterioridad la reliquidó en varias oportunidades, la última para
reajustar la bonificación por compensación que devengó en el último año de servicio
por valor de $4.493.439. Mediante la Resolución RDP 016691 del 23 de noviembre de
2012, la UGPP sujetó la mesada al límite de 20 SMLMV.
6. Solicitóla reliquidación de la pensión con el reajuste de la bonificación por
compensación el 25 de febrero de 2009 y afirmó que la prescripción no se configuró,
porque la diferencia generada por la bonificación por compensación se hizo exigible el
10 de junio de 2008.
2.1.2. Normas violadas y concepto de violación
7. La demandante citó como normas violadas el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969;
los artículos 7 y 8 del Decreto 546 de 1971; el artículo 12 del Decreto 717 de 1978; el
Decreto 610 de 1998; la Ley 640 de 2001; la Ley 1150 de 2007; la Ley 1285 de 2009;
el Decreto 1716 de 2009 y el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
8. En cuanto al concepto de violación, afirmó que el derecho a la reliquidación se
sustenta en el artículo 7 del Decreto 546 de 1971, que prevé la pensión de jubilación
para los servidores de la Rama Judicial, y en el artículo 8 que establece una tasa de
reemplazo equivalente al 75 % de la asignación más elevada devengada en el último
año de servicio, sin límite de cuantía. Igualmente, señaló que, según el artículo 12 del
Decreto 717 de 1978, son factores de salario todas las sumas que habitual y
periódicamente recibe el servidor como retribución por sus servicios.
2.2. Contestación de la demanda
9. La UGPP se opuso a las pretensiones y afirmó que la pensión fue liquidada con el
75 % de la asignación mensual más elevada devengada durante el último año de
servicio, con los factores de salario previstos en los Decretos 546 de 1971 y 717 de
1978, y con la aplicación del tope máximo dispuesto en la normativa general. Propuso
las excepciones de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, ausencia de
vicios del acto administrativo demandado y prescripción3.
2.3. Sentencia apelada
10. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 26 de mayo
de 2022, declaró la nulidad parcial del artículo primero de la Resolución PAP 001207
del 23 de septiembre de 2009 en lo relacionado con los efectos fiscales por
prescripción; ordenó a la UGPP, a título de restablecimiento del derecho, reconocer y
pagar a la demandante las diferencias de las mesadas causadas entre el 1.° de enero
de 2001 y el 25 de febrero de 2006, «siempre que dicho reconocimiento y pago no
exceda los topes establecidos en las Leyes 4 de 1976, 71 de 1988, 100 de 1993, y
Artículo 5 de la Ley 797 de 2003, que lo fijó en 25 SMLMV» (sic); negó las demás
pretensiones y se abstuvo de condenar en costas4.
3
Expediente físico. Folios 271 a 280 del cuaderno principal.
4
Expediente físico. Folios 313 a 325 del cuaderno principal.
3
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Demandante: Elsa Lidie Llanos Herrera
Demandada: UGPP
11. En cuanto al tope de la mesada, el tribunal negó la nulidad de los actos demandados
al considerar que los efectos de la sentencia C-258 de 2013, que inicialmente se
entendieron circunscritos al régimen de los congresistas, se precisaron mediante la
SU-210 de 2017 en el sentido de señalar que la circunstancia de que la prestación se
reconozca conforme al Decreto 546 de 1971, por aplicación del régimen de transición
dispuesto en la Ley 100 de 1993, no implica la improcedencia de los topes.
12. En relación con la prescripción trienal, el tribunal accedió a la pretensión de la
demandante en los siguientes términos:
Ahora bien, haciendo referencia a la prescripción trienal, considera la Sala que sí le
asiste razón a la demandante, dado que le fue aplicada en la Resolución PAP1207
del 23 de septiembre de 2009 donde la UGPP reliquida su pensión de vejez por
nuevos factores salariales, como lo fue el aumento en la bonificación por
compensación reconocida judicialmente mediante fallos de primera instancia del 29
de noviembre de 2002 emitida por Sala de Conjueces del Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle del Cauca y confirmada por el Consejo de Estado mediante
sentencia del 1 de noviembre de 2006, ejecutoriada el 20 de noviembre de 2006,
donde se le reconoce la bonificación por compensación mensual y con carácter
permanente; por lo que solo fue exigible dicho aumento a la fecha de ejecutoria de la
sentencia de segunda instancia, 20 de noviembre de 2006, y la demandante realizó
la solicitud de reliquidación con el reajuste, el 25 de febrero de 2009, cuando no
habían transcurrido tres años desde la exigencia de la obligación, interrumpiendo el
término de prescripción la petición de la demandante.
13. Por lo anterior, el tribunal concluyó que la mesada de la demandante está sometida
a tope y que la prescripción no operó respecto de las diferencias generadas por la
reliquidación, pues entre la exigibilidad de la obligación y la reclamación no
transcurrieron tres años.
2.4. Recursos de apelación
14. La demandante circunscribió los reparos de la apelación al tope con el argumento
de que las tesis expuestas en las sentencias C-258 de 2013 y SU-210 de 2017
desconocen el principio de aplicación de la ley en el tiempo, porque el asunto se rige
por las normas e interpretaciones vigentes cuando se pensionó, esto es, el Decreto
546 de 1971 que no establece límite máximo. Para sustentar lo anterior, hizo referencia
a la figura de ultractividad y el respeto de los derechos adquiridos previsto en el artículo
48 de la Constitución Política, adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005, y a la
confianza legítima5.
15. Por su parte, la UGPP afirmó que operó el fenómeno de la prescripción de las
diferencias causadas por el reajuste de la bonificación, porque el término «fue
interrumpido solo hasta el 25 de febrero de 2009, fecha en la cual se presentó la
solicitud de reliquidación pensional, por lo tanto, la reliquidación predicada respecto a
las mesadas causadas con anterioridad a esa fecha se encuentran prescritas teniendo
en cuenta la inactividad por más de tres años» (sic), con fundamento en los artículos
41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969. Solicitó revocar la
5
Folios 288 a 291 del cuaderno principal.
4
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Demandante: Elsa Lidie Llanos Herrera
Demandada: UGPP
sentencia y declarar que la entidad reconoció y reliquidó la prestación «aplicando en
debida forma la figura de prescripción trienal y los topes máximos pensionales»6.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
16. Mediante auto del 7 de marzo de 2024 se admitieron los recursos de apelación
interpuestos por las partes y se prescindió del traslado para alegar de conclusión,
conforme al artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de
2021, porque no se solicitaron pruebas en segunda instancia7.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
17. El Consejo de Estado es competente para conocer el presente asunto, en atención
a lo previsto en el inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual esta
corporación conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos.
3.2. Problemas jurídicos
18. De acuerdo con lo expuesto por las partes en el recurso de apelación, con el alcance
previsto en el artículo 328 del CGP sobre la competencia del juez de segunda
instancia, la Sala se ocupará de resolver los siguientes problemas jurídicos:
(i) ¿Debe aplicarse tope a la mesada pensional que devenga la demandante, pese
a pertenecer a un régimen especial? En caso de que la respuesta sea afirmativa,
se establecerá:
(ii) ¿El tope aplicable a la mesada pensional de la demandante es el de veinte (20)
salarios mínimos legales mensuales, vigente al momento en que la prestación se
hizo efectiva?
(iii) ¿Operó la prescripción trienal respecto de las diferencias causadas por la
reliquidación pensional derivada del reajuste de la bonificación por compensación?
19. Para resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala seguirá el siguiente orden
metodológico: (i) marco normativo y jurisprudencial; (ii) hechos probados; y (iii) caso
concreto.
3.3. Marco normativo y jurisprudencial
20. La Ley 4.ª de 1976, en el artículo 2, dispuso que las pensiones de jubilación,
invalidez, vejez y sobrevivientes de los sectores público, oficial, semioficial, en todos
sus órdenes, y del sector privado «no podrán ser inferiores al salario mínimo mensual
más alto, ni superiores a 22 veces este mismo salario»8.
6
Folios 285 a 286 del cuaderno principal.
7
Folio 305 del cuaderno principal.
8
Ley 4.ª de 1976, artículo 2.°.
5
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21. Posteriormente, la Ley 71 de 1988 (art. 2) redujo el tope máximo a quince (15)
salarios mínimos legales mensuales, previsión que el Decreto 1160 de 1989,
reglamentario de dicha normativa, reiteró para la pensión de jubilación por aportes.
22. A su vez, el artículo 18 de la Ley 100 de 1993 limitó la base de cotización a veinte
(20) salarios mínimos legales mensuales y facultó al Gobierno nacional para restringir
el monto de la pensión al mismo tope en el régimen de prima media con prestación
definida, en desarrollo de lo cual se expidió el Decreto 314 de 1994, «por el cual se
limita la base de cotización obligatoria del Sistema General de Pensiones», cuyo
artículo 1.° prevé: «Límite de la base de cotización obligatoria. Limítase a 20 salarios
mínimos legales mensuales, la base de cotización al Sistema General de Pensiones,
creado por la Ley 100 de 1993».
23. El artículo 5.° de la Ley 797 de 2003 modificó el artículo 18 de la Ley 100 de 1993
y señaló que «el límite de la base de cotización será de veinticinco (25) salarios
mínimos legales mensuales vigentes para trabajadores del sector público y privado»,
con la precisión de que, cuando se devengue una suma superior, la base de cotización
«podrá ser hasta de 45 salarios mínimos legales para garantizar pensiones hasta de
veinticinco (25) salarios mínimos legales», y con la regla de que «en todo caso, el
monto de la cotización mantendrá siempre una relación directa y proporcional al monto
de la pensión».
24. El Acto Legislativo 01 de 2005 adicionó el artículo 48 de la Constitución Política y
dispuso en el parágrafo 1.° que «a partir del 31 de julio de 2010, no podrán causarse
pensiones superiores a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes,
con cargo a recursos de naturaleza pública»; precisó que para la liquidación de las
prestaciones «sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona
hubiere efectuado las cotizaciones» y que el derecho se entiende causado «cuando
se cumplen todos los requisitos para acceder a ella, aun cuando no se hubiese
efectuado el reconocimiento».
25. La Corte Constitucional ha señalado que resulta legítimo que el legislador
establezca un tope máximo a la mesada, sin que esto implique una vulneración del
derecho a la seguridad social, dado que tales restricciones concretan la garantía de
los recursos destinados al pasivo pensional y permiten asignarlos de manera
preferente a quienes se encuentran en una escala económica inferior9.
26. En cuanto a los regímenes especiales, la Corte Constitucional precisó que la
ausencia de tope en la normativa que los rige no quiere decir que la prestación se
encuentre exenta de límite, dado que en tales casos procede la remisión a las reglas
generales, pues lo contrario conduciría a la «existencia de un grupo de pensionados
privilegiados, excluidos de los límites máximos que la ley ha previsto para el
reconocimiento y valor de las pensiones»10.
27. La tesis referida fue reiterada en la sentencia C-258 de 2013, en la que se indicó
que el tope de las mesadas previsto en la ley es imperativo y cobija todas las
prestaciones reconocidas bajo los regímenes pensionales especiales, en atención a
9
Corte Constitucional, sentencia C-155 de 1997.
10
Corte Constitucional, sentencia C-089 del 26 de febrero de 1997.
6
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Demandante: Elsa Lidie Llanos Herrera
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que el Acto Legislativo 01 de 2005 tuvo como propósito limitar los subsidios que el
Estado destina a la financiación de las pensiones más altas, muchas de ellas
originadas en regímenes vigentes antes de la expedición de la Ley 100 de 1993.
3.3.1. Determinación del tope pensional
28. La Sección Segunda del Consejo de Estado ha considerado, de manera reiterada,
que las pensiones están sometidas a los topes establecidos por la norma vigente al
momento en que la prestación se hace efectiva, primero, porque es el momento en el
que deben observarse los parámetros que el ordenamiento fija para calcular el monto,
entre los que se encuentra su límite. Segundo, porque el reconocimiento del derecho
es viable a partir de los aportes realizados al Sistema de Seguridad Social, que también
están sometidos a un máximo, en consonancia con la cuantía de las prestaciones
respectivas11.
29. La correspondencia entre el tope de la pensión y el de la cotización obligatoria se
encuentra en el texto de las normas de acuerdo con las cuales el artículo 1.° del
Decreto 314 de 1994 fijó un máximo pensional de veinte (20) salarios mínimos legales
mensuales y limitó la base de cotización al Sistema General de Pensiones al mismo
valor. En consonancia, el inciso 5.° del artículo 18 original de la Ley 100 de 1993,
determinó que «cuando se devengue mensualmente más de 20 salarios mínimos
legales mensuales vigentes, la base de cotización podrá ser limitada a dicho monto
por el Gobierno Nacional».
30. La correlación entre cotización y tope garantiza que las prestaciones por reconocer
cuenten con el respaldo presupuestal derivado de los aportes efectuados, de manera
que, si estos se debían efectuar conforme al máximo vigente al momento en que se
hizo efectivo el derecho, no resulta procedente aumentar el monto de la mesada al
límite fijado con posterioridad.
31. Sobre el tema, la Corte Constitucional ha considerado que «los reconocimientos
pensionales, están sujetos a los términos establecidos por la normatividad vigente al
momento de su causación» y que los límites previstos en la Ley 100 de 1993 y en el
Decreto 314 de 1994 «fueron modificados posteriormente con la Ley 797 de 2003 y
del Acto Legislativo 01 de 2005, elevándolo a la suma de 25 SMLMV», por lo que no
resulta viable reliquidar una prestación reconocida bajo un régimen especial sin
imponer tope máximo, dado que este aplica «inclusive respecto de las pensiones
reconocidas en virtud del régimen de transición»12.
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 29
de enero de 2026, expediente 25000-23-42-000-2016-04596-02 (2006-2025), M.P. Elizabeth Becerra Cornejo. En
el mismo sentido, entre otras, las sentencias de la Subsección B del 12 de junio de 2020, expediente 76001-23-31-
000-2011-00631-01 (4225-15), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter; del 13 de noviembre de 2020, expediente 25000-
23-42-000-2016-01911-01 (5824-2018), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez; del 18 de febrero de 2021, expediente
25000-23-42-000-2014-01410-01 (4503-17), M.P. César Palomino Cortés; del 29 de abril de 2021, expediente
25000-23-42-000-2015-01246-01 (4456-18), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter; y del 23 de octubre de 2025,
expediente 05001-23-33-000-2017-02025-01 (2084-2025), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera; y las de la
Subsección A del 22 de julio de 2021, expediente 76001-23-31-000-2009-01137-01 (2189-14), M.P. Gabriel
Valbuena Hernández; del 23 de septiembre de 2021, expediente 25000-23-42-000-2013-06955-01 (1426-2017),
M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; y del 16 de octubre de 2025, expediente 25000-23-42-000-2013-01443-02
(4431-2017), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
12
Corte Constitucional, sentencia T-073 de 2019.
7
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32. Al respecto, esta Subsección ha considerado que el tope de veinticinco (25) salarios
mínimos legales mensuales rige para las prestaciones que se hacen efectivas en
vigencia de la Ley 797 de 2003 y cuando la vinculación continúa después de su entrada
en vigor, únicamente respecto de los periodos efectivamente cotizados bajo dicha
normativa13.
33. Las razones expuestas permiten concluir que la mesada queda sujeta al tope
previsto en la normativa general vigente cuando la prestación se hizo efectiva, y que
el aumento a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales, establecido en el
artículo 5.° de la Ley 797 de 2003, incorporado a la Constitución Política por el Acto
Legislativo 01 de 2005, solo produce efectos hacia el futuro.
3.3.2. Régimen especial de los servidores de la Rama Judicial y del Ministerio
Público
34. El Decreto 546 de 1971 estableció el régimen de seguridad y protección social de
los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus
familiares, y previó en el artículo 6.° que quienes cumplan 55 años de edad, si son
hombres, y 50, si son mujeres, y acrediten 20 años de servicio continuos o
discontinuos, de los cuales 10 lo hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional
o al Ministerio Público, tienen derecho «a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación
equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en
el último año de servicio en las actividades citadas».
35. El artículo 12 del Decreto 717 de 1978 previó los factores de salario con base en
los cuales se liquidan las pensiones del régimen y dispuso que, además de la
asignación básica mensual, constituyen factores todas las sumas que habitual y
periódicamente recibe el funcionario o empleado como retribución por sus servicios. El
Decreto 610 de 1998 creó la bonificación por compensación con carácter permanente
y determinó que esta solo constituye factor salarial para efectos de establecer las
pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes.
36. Las disposiciones citadas no fijaron tope para el valor de la mesada, de manera
que, conforme a la regla enunciada en precedencia, la cuantía de las prestaciones
reconocidas bajo el régimen especial queda sometida al límite previsto en el régimen
general.
3.4. Hechos probados
37. Elsa Lidie Llanos Herrera nació el 8 de agosto de 1948, adquirió el estatus jurídico
de pensionada el 8 de agosto de 1998 y es beneficiaria del régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 199314.
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 29
de enero de 2026, expediente 25000-23-42-000-2016-04596-02 (2006-2025). En el mismo sentido, sentencia del 6
de agosto de 2026, expediente 05001-23-33-000-2016-02482-01 (3002-2025), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
14
Expediente físico, folios 2 a 4 del cuaderno principal. Resolución 25585 del 3 de noviembre de 2000, por medio
de la cual Cajanal reconoce y ordena el pago de la pensión de vejez. Copia de la cédula de ciudadanía, cuaderno
de antecedentes administrativos, folio 18, CD archivo 8.
8
Radicación: 76001-23-33-000-2013-01310-01 (5306-2022)
Demandante: Elsa Lidie Llanos Herrera
Demandada: UGPP
38. El último cargo desempeñado por la demandante fue el de magistrada del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali, para un tiempo de servicio en la Rama Judicial
correspondiente a 10.558 días, según lo señalado por Cajanal.
39. Mediante la Resolución 25585 del 3 de noviembre de 2000, Cajanal reconoció a la
demandante una pensión de vejez en cuantía de $3.720.482,97, efectiva a partir del
1.° de marzo de 2000, condicionada al retiro definitivo del servicio. La prestación se
liquidó con el 75 % del promedio de lo devengado durante los últimos 5 años y 11
meses de servicio, con la inclusión de la asignación básica mensual, la bonificación
por servicios prestados, las primas especial y de nivelación y la bonificación por
compensación, sin sujeción a tope15.
40. De acuerdo con la certificación expedida por la jefe de talento humano de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, el 23 de enero de
2001, la demandante prestó servicios hasta el 31 de diciembre de 2000, en el cargo
de magistrada del Tribunal Superior de Cali16.
41. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle
del Cauca, mediante fallo de tutela del 18 de septiembre de 2001, ordenó reliquidar la
prestación conforme al Decreto 546 de 1971, esto es, con el 75 % de la asignación
mensual más elevada devengada en el último año de servicio, según lo previsto en el
artículo 6.° de dicha normativa17.
42. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 7 de febrero
de 2003, dictada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado
contra la Resolución 23712 de 2001, declaró la nulidad parcial de la Resolución 25585
de 2000 y ordenó reliquidar la prestación con las doceavas partes de las primas de
navidad y vacaciones18.
43. Mediante la Resolución 19940 del 28 de septiembre de 2004, Cajanal cumplió la
orden judicial y mantuvo la mesada en $6.127.382,81, con efectividad desde el 1.° de
enero de 2001, sin sujetarla a tope19.
44. La demandante, mediante escrito radicado el 25 de febrero de 2009, solicitó a
Cajanal la reliquidación de la pensión con la inclusión del valor total de la bonificación
por compensación devengada en el último año de servicio, en cuantía de $4.493.43920.
45. Cajanal, por Resolución PAP 001207 del 23 de septiembre de 2009, reliquidó la
pensión, aplicó una tasa de reemplazo del 75 % y fijó la mesada en $7.545.863,03,
efectiva desde el 1.° de enero de 2001, con efectos fiscales a partir del 25 de febrero
de 2006 por prescripción trienal, así21:
ARTÍCULO PRIMERO: Reliquidar la pensión de la señora LLANOS HERRERA
ELSA LIDIE ya identificada, elevando la cuantía de la misma a la suma de
($7.545.863.03) SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
15
Ibidem.
16
Expediente físico, cuaderno de antecedentes administrativos, folio 18, CD archivos 19 y 34.
17
Expediente físico. Folios 16-19 del cuaderno principal.
18
Ibidem.
19
Expediente físico, cuaderno de antecedentes administrativos, folio 18, CD.
20
Expediente físico. Folio 100 del cuaderno principal.
21
Expediente físico. Folios 20-23 del cuaderno principal.
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Demandante: Elsa Lidie Llanos Herrera
Demandada: UGPP
OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 03/100 M/CTE, efectiva a
partir del 01 de enero de 2001, pero con efectos fiscales a partir del 25 de febrero
de 2006 por prescripción trienal.
46. Mediante la Resolución PAP 025935 del 16 de noviembre de 2010, Cajanal adicionó
la parte motiva de la resolución anterior y modificó el artículo segundo, así: «Como
consecuencia del artículo anterior por el Área de Nómina, es procedente liquidar las
diferencias que resultaren de la pensión reliquidada contra la resolución No. 19940 del
28 de septiembre de 2004, teniendo especial cuidado en deducir lo pagado por vía
ejecutiva o administrativa» (sic) 22.
47. Por Resolución UGM 001198 del 18 de julio de 2011, Cajanal amplió el alcance de
las diferencias o reajustes de factores previstos en las Resoluciones 25585 de 2000,
23712 de 2001 y 19940 de 2004, en el sentido de adicionar los artículos octavo y
noveno con el fin de ordenar el descuento de $3.167.929 por aportes a cargo de la
afiliada y $9.503.788 de aporte patronal a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial de Cali23.
48. Enla parte motiva de la Resolución UGM 001198, Cajanal constató que el
incremento o reajuste de la bonificación por compensación a $4.493.439 obedece al
cumplimiento de un fallo judicial y concluyó que la resolución de reliquidación «se
encuentra ajustada a derecho y no es procedente modificar el valor» (sic)24.
49. La Resolución UGM 001198 de 2011, por medio de la cual se modificó la Resolución
PAP 001207 de 2009, transcribió el «informe auditor» informado mediante memorando
PABF 1755 del 7 de octubre de 2010, en el que se mencionó que «no se aplicaron
topes Constitucionales y Legales, los cuales deberían ser aplicados, toda vez que la
pensionada fue ex Magistrada del Tribunal y a partir del fallo proferido por Tribunal
Contencioso Administrativo (Sentencia del 29/11/2002) no se han tenido en cuenta
dichos topes» (sic)25.
50. A través de la Resolución RDP 016691 del 23 de noviembre de 2012, la UGPP
modificó el artículo primero de la Resolución PAP 001207 y sujetó la mesada a tope.
En la parte motiva expuso que cuando el Gobierno nacional limita la base de cotización
a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales, el monto de las pensiones del
régimen de prima media con prestación definida no puede superar el mismo valor,
«circunstancia que se dio al expedirse el Decreto 314 de 1994, ya que en sus artículos
1 y 2, de una parte, se limita el ingreso base de cotización al Sistema General de
Pensiones creado por la Ley 100 de 1993 a 20 salarios mínimos y, de otra, el monto
de las pensiones en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida se fijó
máximo en los mismos 20 salarios mínimos»26.
51. La Resolución RDP 016691 sustituyó el artículo primero de la Resolución PAP
001207, en el siguiente sentido: «Reliquidar la pensión de la señora LLANOS
HERRERA ELSA LIDIE ya identificada, elevando la cuantía de la misma a la suma de
CINCO MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL PESOS M/CTE. ($5.202.000) efectiva a
22
Expediente físico. Folios 26-27 del cuaderno principal.
23
Expediente físico. Folios 31-34 del cuaderno principal.
24
Ibidem.
25
Ibidem.
26
Expediente físico. Folios 37-43 del cuaderno principal.
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Radicación: 76001-23-33-000-2013-01310-01 (5306-2022)
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partir del 01 de enero de 2.001 pero con efectos fiscales a partir del 25 de febrero de
2.006 por Prescripción Trienal». En dicha resolución, la UGPP señaló que aplicó la
prescripción trienal «teniendo en cuenta que transcurrieron más de tres años contados
a partir de la notificación de la Resolución No. 23712 del 04 de octubre de 2001, esto
es el 16 de octubre de 2001, a la fecha de presentación de la solicitud del 25 de febrero
de 2009»27.
3.5. Caso concreto
52. La actora demandó las Resoluciones PAP 001207 del 23 de septiembre de 2009,
PAP 025935 del 16 de noviembre de 2010, UGM 001198 del 18 de julio de 2011 y
RDP 016691 del 23 de noviembre de 2012, por medio de las cuales Cajanal y la UGPP
reliquidaron la pensión de jubilación de la actora, sujetaron la pensión al tope de veinte
(20) salarios mínimos legales mensuales y declararon la prescripción de las diferencias
causadas por la reliquidación derivada del reajuste de la bonificación por
compensación.
53. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 26 de mayo
de 2022, anuló parcialmente la Resolución PAP 001207 del 23 de septiembre de 2009
al considerar que no se configuró el fenómeno prescriptivo, ordenó el pago de las
diferencias causadas entre el 1.° de enero de 2001 y el 25 de febrero de 2006, negó
las demás pretensiones y se abstuvo de condenar en costas.
54. La demandante circunscribió los reparos de la apelación a los topes impuestos a la
mesada con fundamento en el principio de aplicación de la ley en el tiempo, la
ultractividad y el respeto de los derechos adquiridos. Por su parte, la UGPP afirmó que
operó la prescripción sobre las diferencias causadas por el reajuste de la bonificación,
porque el término se interrumpió solo con la solicitud del 25 de febrero de 2009.
55. En efecto, la Resolución RDP 016691 del 23 de noviembre de 2012 sujetó la
mesada al tope de veinte (20) salarios mínimos legales mensuales conforme al
parágrafo 3.° del artículo 18 de la Ley 100 de 1993 y al Decreto 314 de 1994, a partir
de lo expuesto en el informe auditor transcrito en la Resolución UGM 001198 de 2011,
en el que se advirtió que los topes «deberían ser aplicados, toda vez que la pensionada
fue ex Magistrada del Tribunal».
56. Al respecto se observa, conforme al marco normativo y jurisprudencial aplicable al
caso, que, si bien el Decreto 546 de 1971 no previó tope para el valor de la mesada,
este resultaba procedente conforme a lo dispuesto en las normas generales ante el
vacío del régimen especial.
57. En efecto, las sentencias C-089 y C-155 de 1997 precisaron que en los eventos en
los que la regulación propia no establece el límite máximo de las mesadas es posible
aplicar lo previsto con carácter general, pues de lo contrario se permitiría que algunos
pensionados gozaran de privilegios injustificados, tesis que se reiteró en la C-258 de
2013.
27
Ibidem.
11
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58. De acuerdo con dichos pronunciamientos, los topes se han previsto en el
ordenamiento para materializar los principios de sostenibilidad financiera, igualdad,
solidaridad, eficiencia, universalidad y progresividad que orientan el Sistema de
Seguridad Social Integral, por lo que su imposición resulta imperativa para las
entidades encargadas del pago de estas prestaciones, incluso respecto de las
reconocidas bajo el régimen previsto en el Decreto 546 de 1971.
59. En este orden de ideas, la respuesta al primer problema jurídico es afirmativa,
porque el tope de la mesada pensional es aplicable a la pensión reconocida conforme
al régimen especial dispuesto en el Decreto 546 de 1971 para los servidores de la
Rama Judicial y del Ministerio Público.
60. Ahora, en lo relativo al tope máximo aplicable resulta necesario precisar que la
prestación de la demandante se hizo efectiva el 1.° de enero de 200128, época para la
cual la cuantía máxima de las mesadas era de veinte (20) salarios mínimos legales
mensuales, según el parágrafo 3.° del artículo 18 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto
314 de 1994.
61. En este contexto, conforme a la regla según la cual las pensiones se someten a los
topes establecidos por la normativa vigente al momento en que la prestación se hace
efectiva, la Resolución RDP 016691 del 23 de noviembre de 2012 aplicó la cuantía
máxima prevista en la Ley 100 de 1993, por ser la normativa vigente para la fecha a
partir de la cual se hizo efectivo el derecho, esto es, el 1.° de enero de 2001.
62. Si bien la demandante invocó el Acto Legislativo 01 de 2005, es del caso señalar
que el parágrafo 1.° del artículo 1.° de esta disposición prohíbe causar pensiones
superiores a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales a partir del 31 de julio
de 2010, previsión que impone su aplicación hacia el futuro y, por tanto, no resulta
viable acudir a dicha normativa para modificar el límite exigible a una prestación
consolidada con anterioridad. Lo anterior tiene sustento, además, en la previsión que
el mencionado acto legislativo establece sobre la liquidación de las pensiones solo con
la inclusión de los factores frente a los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones, con lo cual impone una correlación entre los aportes y la cuantía de la
mesada.
63. En este orden, la respuesta al segundo problema jurídico es afirmativa, pues el tope
exigible a la prestación de la demandante es de veinte (20) salarios mínimos legales
mensuales previstos en la Ley 100 de 1993, vigente al momento en que la prestación
se hizo efectiva (1.° de enero de 2001).
64. Por último, en lo relacionado con la prescripción de las diferencias pensionales que
la entidad demandada declaró mediante la Resolución 001207 del 23 de septiembre
de 2009 y considera ajustada a derecho, es del caso precisar lo siguiente:
65. Los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969 prevén
que las acciones que emanan de los derechos allí reconocidos prescriben en tres años
contados desde la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible, y que
28
Expediente físico, cuaderno de antecedentes administrativos, folio 18, CD archivos 19 y 34.
12
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Demandante: Elsa Lidie Llanos Herrera
Demandada: UGPP
el simple reclamo escrito del empleado oficial, formulado ante la entidad obligada sobre
un derecho debidamente determinado, interrumpe la prescripción por un lapso igual.
66. El derecho a la pensión es imprescriptible, pero las mesadas y las diferencias que
se causan de manera periódica están sometidas al término prescriptivo de tres años,
contados desde la fecha de efectividad de la prestación hasta la presentación de la
reclamación ante la administración.
67. Conforme con lo anterior, se tiene que la prescripción se configuró frente a las
diferencias causadas con motivo del reajuste de la bonificación devengada en el último
año de servicio (enero-diciembre de 2000)29, porque la demandante presentó la
reclamación el 25 de febrero de 200930, frente a una obligación exigible desde el 1.°
de enero de 2001, fecha a partir de la cual se hizo efectiva la prestación. Por tanto,
entre una y otra transcurrieron más de ocho años, lapso que supera el previsto en las
normas citadas y determina la extinción de las diferencias causadas con anterioridad
al 25 de febrero de 2006, tal como lo señaló la entidad en la Resolución PAP 001207
del 23 de septiembre de 2009.
68. En este orden, la respuesta al tercer problema jurídico es afirmativa, porque la
Resolución PAP 001207 del 23 de septiembre de 2009, que fijó los efectos fiscales de
la reliquidación a partir del 25 de febrero de 2006, se ajustó a las disposiciones sobre
prescripción al contar el término desde el momento en que la obligación se hizo
exigible, en atención a que el factor salarial se devengó durante el último año de
servicio (enero-diciembre de 2000), y no desde la fecha en que se ordenó judicialmente
su reajuste, como lo consideró el tribunal.
3.6. Conclusión
69. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que la mesada pensional de Elsa
Lidie Llanos Herrera está sujeta al tope de veinte (20) salarios mínimos legales
mensuales, por ser el previsto en la normativa vigente al momento en que la prestación
se hizo efectiva. Además, la prescripción declarada por la entidad frente a las
diferencias derivadas de la reliquidación por nuevos factores salariales, reconocida en
el trámite administrativo, se ajusta a la legalidad. Por lo anterior, se revocará la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 26 de mayo
de 2022, para en su lugar negar las pretensiones de la demanda.
3.7. Costas
70. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario de la Subsección
sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no presupone la
causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino que, para
condenar en costas es necesario realizar un juicio de ponderación subjetiva respecto
de la conducta procesal asumida por las partes; por tanto, debe verificarse que la parte
vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria31.
29
Expediente físico, cuaderno de antecedentes administrativos, folio 18, CD archivos 19 y 34.
30
Expediente físico, folio 100 del cuaderno principal.
31
La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias razones, a saber: (a) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
13
Radicación: 76001-23-33-000-2013-01310-01 (5306-2022)
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Demandada: UGPP
71. Así, en esta oportunidad no se condenará en costas porque no se advierte que la
parte vencida haya incurrido en las anteriores conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero. Revocar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca el 26 de mayo de 2022, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia. En su lugar:
Negar las pretensiones de la demanda presentada por Elsa Lidie Llanos Herrera
contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP).
Segundo. Sin condena en costas en ambas instancias.
Tercero. Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones en el Sistema de Gestión Judicial Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (b) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (c) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (d) El inciso segundo del artículo 188 no
elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila
un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (e) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Demandante: Elsa Lidie Llanos Herrera
Demandada: UGPP
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.
15
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