Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-000-2014-00008-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Retención en la fuente: vigencia. Derogatoria por la Ley 863 de 2003
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-000-2014-00008-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 76001-23-33-000-2014-00008-01
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
14 de agosto de 2019
Radicado: 76001-23-33-000-2014-00008-01(21793)
Demandante: FOGEL ANDINA SAS
EXTENSIÓN DEL BENEFICIO DE AUDITORÍA EN RENTA A LAS
DECLARACIONES DE IVA Y RETENCIÓN EN LA FUENTE - Alcance.
Reiteración de jurisprudencia / FIRMEZA DE LAS DECLARACIONES
TRIBUTARIAS - Término / EXTENSIÓN DEL BENEFICIO DE AUDITORÍA EN
RENTA A LAS DECLARACIONES DE IVA Y RETENCIÓN EN LA FUENTE –
Desarrollo normativo. Reiteración de jurisprudencia / EXTENSIÓN DEL
BENEFICIO DE AUDITORÍA EN RENTA A LAS DECLARACIONES DE IVA Y
RETENCIÓN EN LA FUENTE - Vigencia. Derogatoria por la Ley 863 de 2003.
Reiteración de jurisprudencia / BENEFICIO DE AUDITORÍA EN EL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA - Vigencia / NOTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO
ESPECIAL AL DECLARANTE DE IVA - Oportunidad. Reglas especiales para
determinar el plazo en el que se debe efectuar. Reiteración de jurisprudencia
/ TÉRMINO DE FIRMEZA DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS – Inicio /
UNIFICACIÓN DEL TÉRMINO DE FIRMEZA DE LAS DECLARACIONES DE
RENTA, IVA Y RETENCION EN LA FUENTE – Finalidad / NOTIFICACIÓN DEL
REQUERIMIENTO ESPECIAL RESPECTO DE DECLARACIÓN DE IVA CON
SALDO A FAVOR SOLICITADO EN DEVOLUCIÓN – Oportunidad
Los artículos 705 y 714 del Estatuto Tributario, vigentes para la época de los
hechos, establecen el término general de firmeza de las declaraciones tributarias
(…) La Ley 223 de 1995 adicionó el artículo 705-1 al Estatuto Tributario, que fijó
un término especial de notificación del requerimiento especial para las
declaraciones del impuesto sobre las ventas y retenciones en la fuente, al señalar
que será el mismo que corresponda «…a su declaración de renta respecto de
aquellos períodos que coincidan con el correspondiente año gravable».Por su
parte, la Ley 488 de 1998 adicionó el artículo 689-1 del Estatuto Tributario y
estableció el beneficio de auditoría como excepción a la regla general de firmeza
de las declaraciones tributarias, pues permitió reducir a seis meses el término de
firmeza de las declaraciones de los contribuyentes del impuesto sobre la renta,
que en el año gravable de 1998 «…incrementen su impuesto neto de renta en un
porcentaje mínimo del 30% frente al impuesto neto de renta (…)» del año anterior.
La norma excluyó expresamente del beneficio de auditoría a las declaraciones del
impuesto sobre las ventas y de retenciones en la fuente del año gravable de 1998,
que «…se regirán en esta materia por lo previsto en los artículos 705 y 714 del
Estatuto Tributario». La Ley 633 de 2000 modificó el artículo 689-1 del Estatuto
Tributario y extendió el beneficio de auditoría a las declaraciones de IVA y
retenciones de los años gravable 2000 a 2003, mediante la inclusión del inciso 2°
del artículo (…) Sin embargo, el artículo 69 de la Ley 863 de 2003 derogó
expresamente el inciso 2° del artículo 689-1 del Estatuto Tributario. Finalmente, la
Ley 1111 de 2006 dispuso que «El beneficio contemplado en este artículo
[auditoría] se prorroga por cuatro (4) años a partir del año gravable 2007», lo cual
incluye la vigencia 2010 sometida a discusión. Con fundamento en lo anterior,
sobre la materia se reitera lo precisado en las sentencias del 10 de septiembre de
2014, Exp. 19924, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, del 20 de septiembre
de 2017, Exp. 21372, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y del 15 de marzo de
2018, Exp. 20725, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez, al señalar que: «De acuerdo
con esa jurisprudencia, existen dos reglas de decisión para determinar el plazo
dentro del cual se debe notificar el requerimiento especial relativo a una
declaración del IVA, a saber: (i) Cuando el término de firmeza de la declaración del
impuesto sobre la renta sea el general (i.e. el establecido en los artículos 705 y
714 del ET), entonces el plazo para notificar el requerimiento especial respecto de
las declaraciones del IVA correspondientes a ese año irá hasta cuando se
cumplan dos años desde la presentación de la declaración del impuesto sobre la
Radicado: 76001-23-33-000-2014-00008-01(21793)
Demandante: FOGEL ANDINA SAS
renta de ese periodo gravable. Lo anterior en aplicación del artículo 705-1 del ET,
norma que unificó los términos de firmeza de las declaraciones del impuesto sobre
la renta y del IVA, con la finalidad de darle a la Administración la oportunidad de
modificar las declaraciones del IVA, a partir de los hallazgos encontrados en la
revisión de la declaración del impuesto sobre la renta. (ii) Cuando el término de
firmeza de la declaración del impuesto sobre la renta quede reducido por efecto
del beneficio de auditoría, el plazo para notificar el requerimiento especial respecto
de las declaraciones del IVA correspondientes a ese año será el general
consagrado en los artículos 705 y 714 del ET, o sea, dos años desde la
presentación de cada una de las declaraciones del IVA. Así porque al haber sido
derogada expresamente la norma que autorizaba que los efectos del beneficio de
auditoría de la declaración del impuesto sobre la renta se proyectaran sobre las
declaraciones del IVA, quedó clara la decisión legislativa al respecto». A partir de
la normativa y la jurisprudencia señalada, la Sala destaca lo siguiente: -Para
efectos de lo que se decide, el término de firmeza de las declaraciones tributarias
se cuenta desde la fecha límite de vencimiento para declarar. - El artículo 705-1
del Estatuto Tributario «unificó los términos de firmeza de esas declaraciones -
renta, IVA y retefuente-, con la finalidad de darle la oportunidad a la Administración
de modificar el IVA y las retenciones, cuando encontrara hallazgos en la
liquidación privada de renta», y por ello, «…el plazo para notificar el requerimiento
especial respecto de las declaraciones del IVA correspondientes a ese año irá
hasta cuando se cumplan dos años desde la presentación de la declaración del
impuesto sobre la renta de ese periodo gravable». - El beneficio de auditoría en
renta se hizo extensivo a las declaraciones de IVA y retenciones de los años
gravables 2000 a 2003, pero desapareció con la derogatoria del inciso 2° del
artículo 689-1 del Estatuto Tributario, por lo que las declaraciones de IVA y
retenciones presentadas con posterioridad a las vigencias referidas, «no pueden
acceder al beneficio de auditoría de las declaraciones de renta correspondientes al
mismo periodo gravable, sencillamente porque la norma que lo permitía dejó de
existir» y se someten «al término de firmeza establecido en los artículos 705 y 714
del Estatuto Tributario». (…) [L]a Sala advierte que si bien la declaración del
impuesto sobre la renta presentada por el año gravable 2010 estaba amparada
por beneficio de auditoría, la reducción del término de firmeza de esa declaración
no cobijó la declaración del impuesto sobre las ventas del primer bimestre del año
gravable 2010, sobre la cual procede la aplicación del término general de firmeza
de las declaraciones tributarias establecido en los artículos 705 y 714 del Estatuto
Tributario. Y como, además, la actora presentó solicitud de devolución del saldo a
favor el 21 de junio de 2011, la Administración tenía dos años para notificar el
requerimiento especial, esto es, hasta el 21 de junio de 2013, con lo cual el
requerimiento especial del 15 de diciembre de 2011, notificado el 19 del mismo
mes y año, es oportuno.
FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO - ARTÍCULO 689-1 INCISO 2 /
ESTATUTO TRIBUTARIO - ARTÍCULO 705 / ESTATUTO TRIBUTARIO -
ARTÍCULO 705-1 / ESTATUTO TRIBUTARIO - ARTÍCULO 714 / LEY 223 DE
1995 - ARTÍCULO 134 / LEY 488 DE 1998 - ARTÍCULO 22 / LEY 633 DE 2000 -
ARTÍCULO 17 / LEY 863 DE 2003 - ARTÍCULO 69 / LEY 1111 DE 2006 -
ARTÍCULO 63
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el alcance y la vigencia de la extensión del término
especial de firmeza de las declaraciones del impuesto sobre la renta con beneficio
de inventario a las declaraciones de los impuestos sobre las ventas y de retención
en la fuente se reiteran las sentencias del Consejo de Estado, Sección Cuarta, de
Radicado: 76001-23-33-000-2014-00008-01(21793)
Demandante: FOGEL ANDINA SAS
12 de agosto de 2014, radicación 76001-23-31-000-2009-00097-01(19808), C.P.
Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez; 10 de septiembre de 2014, radicación 76001-
23-31-000-2009-00099-01(19924), C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; 7 de
mayo de 2015, radicación 73001-23-31-000-2012-00309-01(20680) , C.P. Martha
Teresa Briceño de Valencia; 19 de mayo de 2016, radicación 15001-23-33-000-
2013-00675-01(21185), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; 29 de junio de 2017,
radicación 54001-23-33-000-2012-00196-01(21005). C.P. Stella Jeannette
Carvajal Basto; 20 de septiembre de 2017, radicación 15001-23-33-000-2012-
00218-01(21372), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y del 15 de marzo de 2018,
radicación 54001-23-33-000-2013-00037-00(20725), C.P. Julio Roberto Piza
Rodríguez
RECURSO DE APELACIÓN - Decisión de cargos no resueltos en la sentencia
de primera instancia. Procedencia. Hay lugar a analizar los cargos no
estudiados en primera instancia ante la revocación de la sentencia favorable
que el actor no estaba legitimado para apelar. Reiteración de jurisprudencia
Comoquiera que prospera el cargo de la entidad demandada, en procura del
derecho al debido proceso de la actora, quien no estaba legitimada para apelar,
toda vez que la sentencia le fue favorable (artículo 320 CGP), se procederá a
estudiar los demás cargos formulados en la demanda.
FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 (CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO) -
ARTÍCULO 320
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la procedencia del estudio en segunda instancia
de los cargos no analizados por el juez de primera instancia, con ocasión de la
revocatoria de la sentencia favorable que el actor no estaba legitimado para
apelar, se pueden consultar las sentencias del Consejo de Estado, Sección
Cuarta, de 5 de abril de 2018, radicación 25000-23-37-000-2013-00049-
01(21598), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y de 14 de marzo de 2019,
radicación 76001-23-33-000-2013-00858-01(22202), C.P. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez
SENTENCIA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL - Procedencia / SENTAR Y
UNIFICAR JURISPRUDENCIA - Alcance y diferencias. Reiteración de
jurisprudencia / PROCEDENCIA DEL DERECHO A DESCONTAR EL
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS ORIGINADO EN OPERACIONES DE VENTA
DE BIENES FABRICADOS O ALMACENADOS POR USUARIOS
INDUSTRIALES DE ZONAS FRANCAS CON DESTINO AL TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL - Necesidad de sentar jurisprudencia por
inexistencia de precedente jurisprudencial
El artículo 271 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo establece que, «Por razones de importancia jurídica, trascendencia
económica o social o necesidad de sentar jurisprudencia, que ameriten la
expedición de una sentencia de unificación jurisprudencial, el Consejo de Estado
podrá asumir conocimiento de los asuntos pendientes de fallo, de oficio o a
solicitud de parte, o por remisión de las secciones o subsecciones o de los
tribunales, o a petición del Ministerio Público. (…)». (Se resalta). Al distinguir los
conceptos de «sentar» y «unificar» jurisprudencia, la Sala Plena de la Corporación
precisó que «La primera hipótesis apareja la novedad del asunto a discutir o, por
lo menos, la inexistencia de un pronunciamiento previo por parte del órgano de
Radicado: 76001-23-33-000-2014-00008-01(21793)
Demandante: FOGEL ANDINA SAS
cierre; mientras que la segunda, en cambio, tiene como presupuesto la existencia
de pronunciamientos que encierran posiciones divergentes sobre un mismo tema,
que ameritan una decisión que zanje las diferencias existentes en aras de dar
coherencia a la jurisprudencia y garantizar la igualdad y la seguridad jurídica en
las sucesivas decisiones judiciales». Por su parte, la doctrina expresó que
«sentar» jurisprudencia constituye una «atribución que no se encontraba en el
anterior código, y tiene como finalidad anticipar los pronunciamientos judiciales en
temas sobre los cuales no haya jurisprudencia del Consejo de Estado». En ese
contexto, se advierte que en situaciones particulares y concretas creadas por
actos administrativos que son objeto del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, relacionadas con la existencia de un eventual
derecho de los usuarios industriales de bienes y de servicios de zonas francas de
descontar el impuesto sobre las ventas originado en importaciones al territorio
aduanero nacional (TAN), no existen pronunciamientos de la Corporación, por lo
cual se considera necesario sentar jurisprudencia sobre la procedencia del
derecho aludido, a partir de la naturaleza jurídica de las operaciones realizadas.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 (CPACA) - ARTÍCULO 271
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el alcance de las expresiones sentar y unificar
jurisprudencia se citan los autos proferidos por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado el 30 de agosto de 2016, radicación 11001-
03-28-000-2014-00130-00 (acumulado), citado en el proveído de 9 de mayo de
2017, radicación 11001-03-28-000-2016-00025-00, C.P. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez
ZONA FRANCA - Definición / MERCANCÍA INGRESADA A ZONA FRANCA -
Alcance para efectos de los tributos aduaneros / INTRODUCCIÓN
DEFINITIVA AL TERRITORIO ADUANERO NACIONAL DE BIENES
FABRICADOS O ALMACENADOS EN ZONA FRANCA - Naturaleza jurídica. Se
considera una importación ordinaria / EXPORTACIÓN DE BIENES - Noción /
IMPORTACIÓN - Noción / DESTINACIÓN DE BIENES FABRICADOS,
TRANSFORMADOS O ALMACENADOS POR USUARIOS INDUSTRIALES Y
COMERCIALES DE ZONAS FRANCAS - Determinación de la naturaleza
jurídica de la operación. Si los bienes se venden para ser distribuidos en el
mercado externo la operación es de exportación, mientras que su venta y
posterior introducción al Territorio Aduanero Nacional se considera una
importación / HECHO GENERADOR DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS –
Importación de bienes corporales muebles que no hayan sido excluidos
expresamente / IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR IMPORTACIÓN DE
BIENES CORPORALES MUEBLES QUE NO HAYAN SIDO EXCLUIDOS
EXPRESAMENTE - Responsable. Es el importador / IMPUESTO SOBRE LAS
VENTAS POR IMPORTACIÓN DE BIENES CORPORALES MUEBLES QUE NO
HAYAN SIDO EXCLUIDOS EXPRESAMENTE - Causación. Se causa al
momento de la nacionalización del bien / IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
POR IMPORTACIÓN DE BIENES GRAVADOS – Obligaciones del importador
adquirente / IMPUESTOS DESCONTABLES EN IMPORTACIÓN DE BIENES
CORPORALES MUEBLES - Titularidad / OPERACIONES DE VENTA DE
BIENES FABRICADOS O ALMACENADOS POR USUARIOS INDUSTRIALES
DE ZONAS FRANCAS CON DESTINO AL TERRITORIO ADUANERO
NACIONAL - Naturaleza jurídica. Son importaciones / DERECHO A
DESCONTAR EL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS ORIGINADO EN
OPERACIONES DE VENTA DE BIENES FABRICADOS O ALMACENADOS
Radicado: 76001-23-33-000-2014-00008-01(21793)
Demandante: FOGEL ANDINA SAS
POR USUARIOS INDUSTRIALES DE ZONAS FRANCAS CON DESTINO AL
TERRITORIO ADUANERO NACIONAL - Titularidad. Radica en el adquirente
importador, quien asume el pago del IVA generador con la introducción de
dichos bienes / DERECHO DEL ADQUIRENTE IMPORTADOR A DESCONTAR
EL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS ORIGINADO EN OPERACIONES DE
VENTA DE BIENES FABRICADOS O ALMACENADOS POR USUARIOS
INDUSTRIALES DE ZONAS FRANCAS CON DESTINO AL TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL - Preservación de la neutralidad del impuesto sobre
las ventas. Quien soporta el pago del impuesto sobre las ventas originado en
la importación es quien tiene derecho al impuesto descontable
El artículo 1° de la Ley 1004 de 2005 define la zona franca como el área
geográfica delimitada dentro del territorio nacional, en donde se desarrollan
actividades industriales de bienes y de servicios, o actividades comerciales, bajo
una normativa especial en materia tributaria, aduanera y de comercio
exterior. Las mercancías ingresadas en estas zonas se consideran fuera del
territorio aduanero nacional para efectos de los tributos aduaneros aplicables a las
importaciones y los impuestos a las exportaciones. Por su parte, el artículo 4 [3] de
la Ley 1004 de 2005, dispuso que el Gobierno Nacional debía «Determinar las
condiciones con arreglo a las cuales los bienes fabricados o almacenados en Zona
Franca, pueden ingresar temporalmente al territorio aduanero nacional. La
introducción definitiva de estos bienes al territorio aduanero nacional será
considerada como una importación ordinaria». Fue así como por medio de los
Decretos 383 y 4051 de 2007, se modificó el Título IX del Decreto 2685 de 1999
(Estatuto Aduanero vigente para la época de los hechos) para reglamentar el
régimen de zonas francas permanentes y transitorias. El artículo 395 de la anterior
normativa define lo que es una exportación de bienes en los siguientes términos:
«Artículo 395. Definición de exportación de bienes. Se considera exportación,
la venta y salida a mercados externos de los bienes producidos,
transformados, elaborados o almacenados, por los usuarios industriales y
comerciales, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el
presente decreto (…)». (…) Y el artículo 399 del mismo Decreto 2685 de 1999,
indica qué se debe considerar como una importación (…) De conformidad con la
normativa señalada, la destinación de los bienes producidos, transformados,
elaborados o almacenados por usuarios industriales y comerciales en zonas
francas, determina la naturaleza de la operación. Así, cuando los bienes aludidos
se venden para ser distribuidos en el mercado externo la operación es de
exportación, mientras que su venta y posterior introducción al Territorio Aduanero
Nacional se considera una importación. En este último caso, el artículo 420 del
Estatuto Tributario señala como uno de los hechos generadores de impuesto
sobre las ventas la «importación de bienes corporales muebles que no hayan
sido excluidos expresamente», y los artículos 429 y 437 [d] del mismo
ordenamiento, establecen que los importadores son los responsables del
impuesto y que éste se causa al momento de la nacionalización del bien. Es
decir, que en la importación de bienes gravados, es el importador adquirente
de los bienes quien además de pagar el precio del bien, asume el valor del IVA
generado y responde por el pago del impuesto y la presentación de la declaración
tributaria. En ese sentido, el artículo 485 [b] Estatuto Tributario indica que es
descontable el impuesto pagado en la importación de bienes corporales, es decir,
que es el adquirente - importador ubicado en el territorio aduanero nacional quien
puede descontar el IVA pagado en la importación pues, como se dijo, es quien
asume el pago del IVA cuando importa los bienes adquiridos procedentes de la
zona franca. Así las cosas, conforme con la normativa invocada y como se indicó
Radicado: 76001-23-33-000-2014-00008-01(21793)
Demandante: FOGEL ANDINA SAS
en la sentencia que negó la demanda de simple nulidad contra el Oficio Dian
099610 de 2007, «quien tiene derecho al impuesto descontable es quien paga el
IVA, esto es, la persona ubicada en el territorio aduanero nacional considerada
importador», y «es el importador del territorio aduanero nacional quien asume el
pago del IVA cuando importa los bienes adquiridos y procedentes de la zona
franca y quien, por ello, puede descontar el impuesto sobre la ventas pagado en la
importación (…)». Por lo expuesto, la Sala procede a sentar jurisprudencia en el
sentido de señalar que las operaciones de venta de bienes fabricados o
almacenados por usuarios industriales de zonas francas, con destino al Territorio
Aduanero Nacional, son importaciones, en las que el derecho a reclamar
impuestos descontables radica en cabeza del adquirente - importador, quien
asume el pago del impuesto sobre las ventas generado con la introducción de
dichos bienes (…) Conforme con lo precisado, las operaciones que realizó la
demandante en su calidad de usuario industrial de bienes y de servicios de la
Zona Franca del Pacífico, con adquirentes ubicados en el territorio aduanero
nacional, corresponden a importaciones, en la medida que se trató de la
introducción al territorio aduanero nacional de bienes procedentes de una zona
franca, sobre las que no le asiste el derecho de reclamar impuestos descontables,
el cual radica en cabeza del adquirente - importador, quien asume el pago del
impuesto sobre las ventas generado con la introducción de dichos bienes al
Territorio Aduanero Nacional. Lo anterior, además, constituye una forma de
preservación de la neutralidad del tributo, al determinar que quien soporta el pago
del impuesto originado con la importación tenga derecho al impuesto descontable.
En el expediente se encuentran las declaraciones de importación por medio de las
cuales, durante en el período en discusión, Bavaria S.A. y Cervecería Unión S.A.
importaron al país refrigeradores fabricados por la actora en la zona franca del
Pacífico, en las cuales liquidaron y pagaron el IVA generado por estas
operaciones. En consecuencia, no son de recibo los argumentos expuestos por la
demandante, según los cuales las operaciones de venta señaladas eran
exportaciones pues, como lo indica el citado artículo 399 del Estatuto Aduanero,
vigente durante los hechos en discusión, se está frente a una importación. En
suma, contrario a lo expresado por la actora, no se está en presencia de una
operación de exportación (cuyos ingresos serían exentos para el exportador, con
derecho a impuestos descontables), sino que, como ya se dijo, se trata de una
importación de bienes procedentes de una zona franca, evento en el cual, quien
tiene derecho al descuento del IVA es el importador, ubicado en el territorio
aduanero nacional.
FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO - ARTÍCULO 420 / ESTATUTO
TRIBUTARIO - ARTÍCULO 429 / ESTATUTO TRIBUTARIO - ARTÍCULO 437
LITERAL D / ESTATUTO TRIBUTARIO - ARTÍCULO 485 LITERAL B / DECRETO
2685 DE 1999 (ESTATUTO ADUANERO) - ARTÍCULO 395 / / DECRETO 2685
DE 1999 (ESTATUTO ADUANERO) - ARTÍCULO 399 / LEY 1004 DE 2005 -
ARTÍCULO 1 / LEY 1004 DE 2005 - ARTÍCULO 4 NUMERAL 3 / DECRETO 383
DE 2007 / DECRETO 4051 DE 2007 / OFICIO DIAN 099610 DE 2007
NOTA DE RELATORÍA: En relación con la legalidad del Oficio DIAN 099610 de
2007 se cita la sentencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado del 28 de
agosto de 2014, radicación 11001-03-27-000-2011-00033-00(19105), C.P.
Carmen Teresa Ortiz Rodríguez.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el principio de neutralidad del impuesto sobre las
ventas se cita la sentencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado del 28 de
Radicado: 76001-23-33-000-2014-00008-01(21793)
Demandante: FOGEL ANDINA SAS
febrero de 2019, radicación 25000-23-37-000-2014-00690-01(23479), C.P.
Carmen Teresa Ortiz Rodríguez.
SANCIÓN POR INEXACTITUD - Procedencia / SANCIÓN POR INEXACTITUD
POR INCLUSIÓN EN LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LAS
VENTAS DE DATOS EQUIVOCADOS DE LOS CUALES SE DERIVÓ UN
MENOR IMPUESTO A CARGO - Procedencia / PRINCIPIO DE
FAVORABILIDAD EN RÉGIMEN SANCIONATORIO TRIBUTARIO – Aplicación
/ SANCIÓN POR INEXACTITUD - Disminución por favorabilidad. Reiteración
de jurisprudencia
El artículo 647 del Estatuto Tributario establece que procede la sanción por
inexactitud, entre otros eventos, cuando en la declaración se incluyen costos,
deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables,
retenciones o anticipos inexistentes, o se utilizan datos o factores falsos,
equivocados, incompletos o desfigurados de los que se derive un menor impuesto
a cargo o un mayor saldo a favor del contribuyente. En este caso, la Sala
considera procedente la sanción, porque el actor incluyó en su declaración
tributaria datos equivocados de los cuales se derivó menor impuesto a cargo, lo
que constituye inexactitud sancionable. Ahora bien, la Sala pone de presente que
el parágrafo 5 del artículo 282 de la Ley 1819 de 2016, que modificó el artículo 640
del Estatuto Tributario, estableció que «el principio de favorabilidad aplicará para
el régimen sancionatorio tributario, aun cuando la ley permisiva o favorable sea
posterior». Al respecto, se observa que la sanción por inexactitud consagrada en
el artículo 647 del Estatuto Tributario fue modificada por la Ley 1819 de 2016, al
establecer una sanción más favorable, en tanto disminuyó el valor del 160% -
previsto en la legislación anterior- al 100% de la diferencia entre el saldo a pagar o
saldo a favor determinado en las liquidaciones oficiales y el declarado por el
contribuyente. En consideración a lo anterior, la Sala dará aplicación al principio
de favorabilidad y establecerá el valor de la sanción por inexactitud en el 100% y
no el 160% impuesto en los actos demandados.
FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 640 / ESTATUTO
TRIBUTARIO – ARTÍCULO 647 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 648 /
LEY 1819 DE 2016 – ARTÍCULO 282 / LEY 1819 DE 2016 – ARTÍCULO 288
CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA - Improcedencia. Falta de
prueba de su causación
[S]e observa que, a la luz de los artículos 188 del CPACA y 365 (num.8) del CGP,
no procede la condena en costas, por cuanto en el expediente no se encuentran
pruebas que las demuestren o justifiquen.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 (CPACA) - ARTÍCULO 188 / LEY 1564
DE 2012 (CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO) - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Radicado: 76001-23-33-000-2014-00008-01(21793)
Demandante: FOGEL ANDINA SAS
Consejera ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., catorce (14) de agosto de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 76001-23-33-000-2014-00008-01(21793)CE-SUJ-4-006
Actor: FOGEL ANDINA SAS
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN
FALLO
En ejercicio de la competencia atribuida por el numeral 1º del artículo 149 del
CPACA y de la facultad que le confiere el artículo 270 ibídem, en concordancia
con el artículo 271 ejusdem y el artículo 14 del Acuerdo 080 de 20191, mediante
sentencia de unificación para sentar jurisprudencia, decide la Sala el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia del 26 de
noviembre de 2014, complementada y aclarada por providencias del 3 de febrero y
17 de marzo de 2015, respectivamente, proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, que resolvió:2
«1. Se decreta la nulidad de la liquidación oficial del impuesto sobre las ventas
152412012000026 del 22 de agosto del 2012 y la resolución 000012 del 29 de agosto
del 2013.
2. En consecuencia y a título de restablecimiento del derecho es válida la declaración
privada del IVA correspondiente al primer bimestre del 2010.
Que el contribuyente, no está obligado al pago del mayor valor de impuesto
determinado por la Dian, ni al de los intereses moratorios, ni la sanción por inexactitud
impuesta por el ente fiscalizador en los actos administrativos declarados nulos.
Se actualice el estado de cuenta corriente que lleva la DIAN del contribuyente
eliminando cualquier concepto a su cargo por el impuesto sobre las ventas del primer
bimestre del 2010.
3. CONDENAR en costas al demandado de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva, y se fijan agencias en derecho por $61.250,61 pesos M / CTE. […]».
ANTECEDENTES
El 12 de marzo de 2010, FOGEL ANDINA SAS3, presentó la declaración del
impuesto sobre las ventas por el primer bimestre del año gravable 2010, con un
1 «Artículo 14. Otros asuntos asignados a las secciones según su especialidad. Cada una de las
Secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo, atendiendo al criterio de especialidad, también tendrá
competencia para: (…) 2. Dictar las sentencias de unificación jurisprudencial por razones de importancia
jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar jurisprudencia, en relación con los asuntos
que provengan de las Subsecciones o de los Tribunales Administrativos. Las Secciones podrán asumir
conocimiento a solicitud de parte, de oficio, por petición del Ministerio Público o por remisión de las
Subsecciones o de los Tribunales administrativos».
2 Fls. 310 vto. y 311 c.p.
3 Antes Fogel Andina S.A. - El objeto social de la compañía se concreta en la construcción y comercialización
de refrigeradores.
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Demandante: FOGEL ANDINA SAS
saldo a favor de $39.550.0004, corregida el 14 de septiembre del mismo año, para
disminuir dicho saldo a $37.020.0005.
El 11 de abril de 2011, la actora presentó la declaración del impuesto sobre la
renta por el año gravable 20106, respecto de la cual se acogió al beneficio de
auditoría.
El 21 de junio de 2011, la sociedad le solicitó a la DIAN la devolución del saldo a
favor declarado7.
Por auto N° 009 del 1° de agosto de 2011, la Dirección Seccional de Impuestos y
Aduanas de Palmira, suspendió por 90 días el trámite de la solicitud de
devolución, por considerar que había un indicio de inexactitud frente a las
operaciones realizadas por la demandante8.
El 7 de octubre de 2011, la Administración profirió el auto de inspección tributaria
N° 1523820110001199.
El 15 de diciembre de 2011, la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección
Seccional de Impuestos y Aduanas de Palmira, profirió el Requerimiento Especial
N° 152382011000060, en el cual propuso modificar la declaración del impuesto
sobre las ventas por el primer bimestre del año 2010 en el sentido de disminuir los
ingresos por exportaciones de $2.318.901.000 a $1.096.993.000 y aumentar los
ingresos por operaciones excluidas a $1.221.908.000, disminuir los impuestos
descontables de $67.423.000 a $34.349.000 e imponer sanción por inexactitud de
$52.918.00010. La sociedad dio respuesta al requerimiento11.
El 22 de agosto de 2012, la Dirección Seccional de Impuestos de Palmira profirió
la Liquidación Oficial de Revisión N° 152412012000026 en la cual confirmó las
glosas propuestas en el requerimiento especial12. Contra este acto la actora
interpuso recurso de reconsideración13.
Mediante la Resolución N° 000012 del 29 de agosto de 2013, la División de
Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos de Cali resolvió el recurso
de reconsideración en el sentido de confirmar la liquidación oficial de revisión14.
DEMANDA
FOGEL ANDINA SAS, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
4 Fl. 106 c.p.
5 Fl. 107 c.p.
6 Fl. 5 c.p.
7 Fl. 105 c.p.
8 Fl. 104 c.p.
9 Fl. 101 c.p.
10 Fls. 7 a 13 c.p.
11 Fl. 17 a 43 c.p.
12 Fls. 45 a 54 c.p.
13 Fls. 56 a 79 c.p.
14
Fls. 80 a 93 c.p.
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Demandante: FOGEL ANDINA SAS
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, formuló las
siguientes pretensiones15:
«1. DECLARAR LA NULIDAD de los siguientes actos administrativos:
➢ Requerimiento Especial No. 152382011000060 del 15 de diciembre de 2011,
porque fue notificado por fuera del plazo que establece el artículo 705-1 del E.T.
➢ Liquidación Oficial de Revisión No. 152412012000026 del 22 de agosto de
2012, por medio de la cual la DIAN modifica la Liquidación privada del impuesto
sobre las ventas del primer bimestre de 2010.
➢ Resolución Recurso de Reconsideración No. 000012 del 29 de agosto de 2013,
por medio de la cual se agota la vía gubernativa notificada el día 10 de
septiembre de 2013.
2. Como consecuencia de la anterior declaratoria, RESTABLECER EN SU
DERECHO a la SOCIEDAD FOGEL ANDINA S.A.S, NIT 900.106.873-4,
disponiendo, que:
➢ El tratamiento dado a las partidas llevadas a la declaración del primer
bimestre del año 2010, es correcto y se ajusta a los lineamientos que
prescribe el Estatuto Tributario Nacional para tal efecto, por lo tanto, la
sociedad no debe pagar el mayor valor por concepto de impuesto y de
sanción por inexactitud determinados por la DIAN. Adicionalmente, el
requerimiento especial fue notificado de manera extemporánea, es decir,
por fuera del plazo que establece el artículo 705-1 del estatuto tributario
nacional.
➢ Que en la sentencia se ordene de inmediato la devolución del saldo a favor
por valor de $37.020.000 originado en la declaración de IVA del primer
bimestre de 2010, o el determinado por el juez en el fallo. En ambos casos,
con el pago de los intereses corrientes y moratorios calculados en la forma
que los prescribe el artículo 863 del Estatuto Tributario Nacional vigente al
momento de la presentación de la presente demanda. […]
3. Se actualice de inmediato el estado de cuenta corriente de la SOCIEDAD
FOGEL ANDINA S.A.S., eliminando cualquier obligación a su cargo por
impuestos, sanciones y actualizaciones respecto del Impuesto Sobre las
Ventas, del primer [1] Bimestre del año gravable 2010.
4. Condenar a la NACIÓN-DIAN DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS
DE CALI, a pagar las costas del proceso incluidas las agencias en derecho,
porque están demostrados los elementos fácticos y de derecho que prueban la
irregularidad del ente fiscalizador» 16.
La actora invocó como normas violadas las siguientes:
• Artículos 2, 4, 29, 95 [9], 150, 209 y 363 de la Constitución Política
• Artículos 424, 481, 483, 485, 488, 489, 490, 647, 683, 689-1, 705-1 742,
745 y 746 del Estatuto Tributario
• Artículo 176 del Código General del Proceso
• Artículos 42 y 188 de la Ley 1437 de 2011
• Artículo 197 de la Ley 1607 de 2012
Como concepto de la violación expuso, en síntesis, lo siguiente:
Sostuvo que la declaración del impuesto sobre las ventas del primer bimestre del
año 2010 quedó en firme, porque dentro del plazo previsto por el artículo 705-1
E.T. no se notificó el requerimiento especial; como la sociedad se acogió al
15 Fls. 6 y 7 c.p.
16
Fls. 160 y 161 c.p.
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Demandante: FOGEL ANDINA SAS
beneficio de auditoría de que trata el artículo 689-1 E.T., la Administración tenía
plazo para notificar el requerimiento hasta el 11 de octubre de 2011, en la medida
que la declaración de renta del año gravable 2010 se presentó el 11 de abril de
2011, pero dicho acto fue notificado el 19 de diciembre de 2011.
Precisó que la operación que realizó la sociedad fue una exportación a Bavaria
S.A. y Cervecería Unión S.A., bajo la modalidad DDU (las partes convienen las
condiciones de negociación de las mercancías), de 545 bienes que produjo en la
zona franca del Pacífico; que se pactó que el vendedor entregaba las mercancías
en las instalaciones de la zona franca para que los adquirentes realizaran la
nacionalización respectiva e importaran la mercancía al territorio aduanero
nacional.
Indicó que en las declaraciones de importación figura como exportador FOGEL
ANDINA S.A., calidad avalada por la DIAN al no presentar ninguna objeción a
dichas declaraciones, con lo que se demuestra que se trata de una exportación y,
por ende, en su entender, los ingresos percibidos por estas operaciones no
podrían ser tratados como excluidos porque el artículo 424 E.T. no lo determina
así.
Consideró que de la interpretación de los artículos 488 y 489 E.T. se concluye que
la actora tiene derecho a llevar como descontable en las declaraciones de IVA, el
impuesto pagado en la adquisición de bienes o servicios en un período
determinado, toda vez que se trata de costos o gastos imputables a bienes que
adquirieron la calidad de exentos; en consecuencia, no es posible aplicar la
proporcionalidad que prevé el artículo 490 E.T. porque solo tienen operaciones
gravadas y exentas.
Señaló que los actos administrativos acusados fueron expedidos de manera
irregular al no fundamentarse en las normas aplicables al caso, lo que también
genera una falta de motivación.
Pidió la aplicación del artículo 197 de la Ley 1607 de 2012 (principios en materia
sancionatoria) para que se declare que la sociedad no está obligada a pagar la
sanción por inexactitud, porque no se configuran las conductas descritas en el
artículo 647 E.T; que lo que se presenta es una diferencia de criterio en cuanto al
derecho aplicable, pues mientras la Administración considera que la venta de
bienes por una empresa ubicada en zona franca al territorio aduanero nacional no
es una exportación, la sociedad considera que sí lo es y, por ende, tiene derecho a
tratar como impuesto descontable el IVA pagado en la adquisición de bienes y
servicios imputable a los bienes producidos.
Estimó que es procedente condenar en costas a la Nación por las irregularidades
cometidas durante la vía administrativa, las cuales demuestran que la conducta de
los funcionarios fue opuesta a derecho y a los principios de justicia, equidad y
capacidad contributiva que rigen los tributos en Colombia.
OPOSICION
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, se opuso a las
pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente17:
17 Fls. 207 a 228 c.p.
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Demandante: FOGEL ANDINA SAS
Propuso las excepciones de indebida acumulación de pretensiones y de inepta
demanda por indebido agotamiento de la vía gubernativa.
En relación con la primera excepción sostuvo que el requerimiento especial es un
acto de trámite, que no puede ser objeto de control jurisdiccional por lo que no se
puede declarar su nulidad. Y frente a la segunda, consideró que se están
discutiendo hechos nuevos que no fueron controvertidos en sede administrativa: la
firmeza de la declaración en virtud de los artículos 705-1 y 689-1 E.T. y la
reclasificación de los ingresos a operaciones excluidas.
Afirmó que si bien es cierto que el artículo 705-1 E.T. consagra el mismo plazo
para notificar el requerimiento especial en declaraciones de IVA y renta, también lo
es que el beneficio de auditoría es una prerrogativa a favor de los contribuyentes
del impuesto de renta que cumplan con los requisitos establecidos en la norma,
sin que pueda tenerse como una generalidad.
Señaló que el beneficio de auditoría no aplica para el impuesto sobre las ventas,
porque el artículo 69 de la Ley 863 de 2003 derogó el inciso segundo del artículo
689-1 E.T.; en consecuencia, el requerimiento especial fue notificado dentro del
término previsto en el artículo 714 E.T., porque la declaración del impuesto sobre
las ventas del primer bimestre de 2010 no estaba amparada por dicho beneficio.
Resaltó que tener la calidad de usuario de zona franca no le da la condición de
exportador, a menos de que venda al exterior o al territorio aduanero nacional en
los supuestos de que tratan los artículos 27 y 28 del Decreto 971 de 1993; que
tampoco puede tenerse como exportación una operación realizada desde la zona
franca al territorio aduanero nacional por el hecho de que ésta se haya estipulado
bajo los términos de negociación Incoterm denominados DDU, los cuales solo
definen las obligaciones, responsabilidades y derechos de las partes que
intervienen en la negociación.
Afirmó que la Administración no puede asumir que las operaciones desde zona
franca al territorio aduanero nacional se tengan como una exportación, porque en
las declaraciones de importación se haya dicho que el usuario de zona franca es
el exportador.
Expresó que la posibilidad de descontar el IVA solo puede ser utilizada por los
exportadores que vendan sus bienes o servicios en el exterior; que en este caso,
no se puede tener como exportación una operación que se realiza por parte de un
usuario de zona franca con destino al territorio aduanero nacional, por lo que no es
posible que se pretenda acceder al beneficio tributario del impuesto descontable.
Estimó que no hubo falsa motivación, porque la decisión se fundamentó en los
aspectos fácticos debidamente probados.
Adujo que los fundamentos fácticos y jurídicos de la actuación administrativa han
sido expresados por la Administración en sus pronunciamientos y la decisión de
no tener como exportación una operación de un usuario de zona franca al territorio
aduanero nacional está soportada en el Concepto 45453 de 2011 (que reitera el
criterio expresado en el Concepto 099610 del 4 de diciembre de 2007), en el que se dio
respuesta a la solicitud de la contribuyente demandante.
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Demandante: FOGEL ANDINA SAS
Señaló que la demandante consignó en la declaración de IVA datos equivocados,
porque solicitó impuestos descontables que lo serían para los adquirentes
ubicados en el territorio aduanero nacional, que no para la actora, de los cuales se
derivó un saldo a favor al que no tenía derecho, por lo que se configuró la
inexactitud sancionable de conformidad con el artículo 647 E.T.
Consideró que no hay una diferencia de criterio respecto del derecho aplicable,
sino una interpretación errada de las normas que califican como importador, para
efectos fiscales, al comprador nacional que adquiere bienes de un usuario de zona
franca; la sociedad pretende, por interpretación analógica, que se reconozca que
es un exportador en la medida que hay un importador.
AUDIENCIA INICIAL
El 13 de noviembre de 2014 se llevó a cabo la audiencia inicial de que trata el
artículo 180 de la Ley 1437 de 201118. En dicha diligencia se precisó que no se
presentaron irregularidades procesales, nulidades, ni se solicitaron medidas
cautelares, se tuvieron como pruebas las aportadas con la demanda y la
contestación, y se dio traslado a las partes para alegar de conclusión. El litigio se
concretó en establecer la legalidad de los actos administrativos acusados.
Se declaró no probada la excepción de indebida acumulación de pretensiones
porque la solicitud de nulidad del requerimiento especial es una petición
homogénea frente a los otros actos acusados y no impide el análisis de éstos; una
cosa es que el juez contencioso no pueda conocer de un acto preparatorio y otra,
que la pretensión sea contraria a los presupuestos de la acumulación.
En cuanto a la inclusión de hechos nuevos en la demanda, indicó que esta
posición procedimental y jurisprudencial fue rectificada por el Consejo de Estado,
en aras de proteger el derecho de acceso a la administración de justicia, razón por
la cual no se declaró probaba la excepción de inepta demanda.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió a las pretensiones de la
demanda, con fundamento en las consideraciones que se resumen a
continuación19:
Consideró que se cumplieron los presupuestos indicados en el artículo 705-1 del
E.T. sobre aplicación del término de renta para notificar el requerimiento de IVA,
sin aludir al beneficio de auditoría, que es propio del impuesto de renta.
Indicó que el Consejo de Estado, en precedente reiterado, abordó el tema del
artículo 705-1 E.T. y las consecuencias en IVA derivadas de la firmeza de la
declaración de renta con beneficio de auditoría, para lo cual citó y trascribió varias
providencias de esta Corporación.
18 Fls. 251 a 258 c.p.
19 Fls. 261 a 273 c.p. Dicha sentencia fue complementada y aclarada por providencias del 3 de febrero y 17 de
marzo de 2015, respectivamente. Fls. 300 y 301 c.p. y, 310 y 311 c.p.
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Demandante: FOGEL ANDINA SAS
Sostuvo que como la declaración de renta por el año gravable 2010 se presentó
con beneficio de auditoría (el 11 de abril de 2011), la declaración de IVA del
bimestre discutido quedó en firme el 11 de octubre de 2011, pese a estar en
discusión la procedencia del saldo a favor.
Afirmó que al haberse notificado el requerimiento especial de manera
extemporánea, esto es, dos meses y ocho días después de haber operado la
firmeza de la declaración privada, los actos liquidatorios se encuentran viciados de
nulidad.
Condenó en costas a la entidad demandada de conformidad con el artículo 188
del CPACA, en concordancia con el artículo 392 del CPC.
RECURSO DE APELACIÓN
La entidad demandada, inconforme con la decisión de primera instancia, interpuso
recurso de apelación, con fundamento en lo siguiente20:
Manifestó que el fallador de primera instancia apoyó su decisión en varios
pronunciamientos del Consejo de Estado que no hacen referencia a la situación
fáctica que se discute, ya que ninguna de las sentencias se refiere a declaraciones
de renta que hayan estado amparadas por el beneficio de auditoría y que dicho
amparo se extienda a las declaraciones de IVA; además, son providencias
anteriores a la legislación vigente a partir de la Ley 863 de 2003, que trajo
modificaciones sustanciales en cuanto al beneficio de auditoría consagrado en el
artículo 869-1 del E.T.
Estimó que los pronunciamientos judiciales en los que se sustenta la sentencia
impugnada no corresponden a la actual legislación y no tuvieron en cuenta la
variación normativa consagrada en el artículo 69 de la Ley 863 de 2003, que
derogó el parágrafo del artículo 689-1 del E.T.
Señaló que en la sentencia del 30 de noviembre de 2004, expediente 14126, se
explicó que la finalidad del artículo 705-1 E.T. al establecer que la firmeza de la
declaración de IVA depende de la de renta, es ampliar el plazo que tiene la
Administración para hacer la correspondiente fiscalización de la declaración.
Expresó que cuando existe solicitud de devolución, la firmeza de la declaración se
alcanza dos años después de haber sido presentada ésta; como el 21 de junio de
2011 la actora pidió en devolución el saldo a favor determinado en IVA por el
primer bimestre de 2010, la declaración quedaba en firme el 21 de junio de 2013,
por lo que habiéndose proferido el requerimiento especial el 15 de diciembre de
2011, el acto está amparado de legalidad en la medida que fue notificado dentro
del término previsto para ello.
Consideró que no es dable condenar en costas a la Administración porque su
actuación no fue temeraria y se ajustó a los presupuestos legales establecidos en
el Estatuto Tributario para asuntos como el discutido.
20 Fls. 277 a 282 c.p.
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Demandante: FOGEL ANDINA SAS
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La parte demandada reiteró los argumentos expuestos en la contestación y en el
recurso de apelación21.
La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda22.
Adicionalmente indicó que la única norma que existe en el Estatuto Tributario que
regula el término de firmeza de las declaraciones de IVA es el artículo 705-1 el
cual no ha sido modificado, razón por la cual no se le puede dar el alcance que
pretende la Administración, en el sentido de excluir a las declaraciones de IVA
cuando la de renta se haya presentado con beneficio de auditoría.
El Ministerio Público no emitió concepto en esta procesal.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Decide la Sala sobre la legalidad de los actos administrativos contenidos en la
Liquidación Oficial de Revisión N° 152412012000026 del 22 de agosto de 2012 y
de la Resolución Nº 000012 del 29 de agosto de 2013, expedidos por la
Dirección Seccional de Impuestos de Palmira y por la División de Gestión
Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos de Cali, respectivamente, por
medio de los cuales la DIAN determinó el impuesto sobre las ventas por el
primer bimestre del año gravable 2010, a cargo de FOGEL ANDINA SAS, e
impuso sanción por inexactitud.
En los términos del recurso de apelación, corresponde a la Sala determinar si de
acuerdo con el artículo 705-1 del Estatuto Tributario, el beneficio de auditoría que
amparaba la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2010 era
aplicable a la declaración del impuesto sobre las ventas del periodo en discusión
y, en caso afirmativo, si dicha declaración quedó en firme por la notificación
extemporánea del requerimiento especial.
Si se determina que el requerimiento especial fue notificado dentro del término
legal, la Sala, en aplicación del derecho al debido proceso, analizará la legalidad
de los actos acusados en relación con los demás cargos planteados en la
demanda, relativos al alegado derecho a impuestos descontables en las
operaciones que a su juicio serían exportación (ingresos exentos) y la procedencia
de la sanción por inexactitud.
Extensión del beneficio de auditoría en renta a las declaraciones de IVA y
retenciones en la fuente - Reiteración de jurisprudencia23
21 Fls. 331 a 332 c.p.
22 Fls. 325 a 330 c.p.
23 Sentencias del 12 de agosto de 2014, Exp. 19808, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez; del 10 de
septiembre de 2014. Exp. 19924, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; del 7 de mayo de 2015, Exp.
20680, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; del 10 de marzo de 2016, Exp. 20385, C.P. Martha Teresa
Briceño de Valencia; del 19 de mayo de 2016, Exp. 21185, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; del 29 de
junio de 2017, Exp. 21005, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, del 20 de septiembre de 2017, Exp. 21372,
C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, entre otras.
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Demandante: FOGEL ANDINA SAS
Con fundamento en el artículo 705-1 del Estatuto Tributario, el demandante
argumentó que la declaración del impuesto sobre las ventas del primer bimestre
del año gravable 2010 quedó en firme el 11 de octubre de 2011, fecha en la cual
adquirió firmeza la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2010
que estaba amparada por el beneficio de auditoría, lo que, en su entender, hace
extemporáneo el requerimiento especial del 15 de diciembre de 2011, notificado el
19 del mismo mes y año24.
En un caso con supuestos fácticos similares al que se decide, la Sala reiteró25
que, «Cuando el término de firmeza de la declaración del impuesto sobre la renta quede
reducido por efecto del beneficio de auditoría, el plazo para notificar el requerimiento
especial respecto de las declaraciones del IVA correspondientes a ese año será el
general consagrado en los artículos 705 y 714 del ET, o sea, dos años desde la
presentación de cada una de las declaraciones del IVA».
Lo anterior, con fundamento en la normativa que se enuncia a continuación:
Los artículos 705 y 714 del Estatuto Tributario, vigentes para la época de los
hechos26, establecen el término general de firmeza de las declaraciones
tributarias, al señalar que el requerimiento especial se debe notificar «…dentro de
los dos (2) años siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para declarar27», y que la
declaración tributaria «quedará en firme, si dentro de los dos (2) años siguientes a la
fecha del vencimiento del plazo para declarar, no se ha notificado requerimiento
especial28».
La Ley 223 de 199529 adicionó el artículo 705-1 al Estatuto Tributario, que fijó un
término especial de notificación del requerimiento especial para las declaraciones
del impuesto sobre las ventas y retenciones en la fuente, al señalar que será el
mismo que corresponda «…a su declaración de renta respecto de aquellos períodos
que coincidan con el correspondiente año gravable».
Por su parte, la Ley 488 de 199830 adicionó el artículo 689-1 del Estatuto Tributario
y estableció el beneficio de auditoría como excepción a la regla general de firmeza
de las declaraciones tributarias, pues permitió reducir a seis meses el término de
firmeza de las declaraciones de los contribuyentes del impuesto sobre la renta,
que en el año gravable de 1998 «…incrementen su impuesto neto de renta en un
porcentaje mínimo del 30% frente al impuesto neto de renta (…)» del año anterior.
La norma excluyó expresamente del beneficio de auditoría a las declaraciones del
impuesto sobre las ventas y de retenciones en la fuente del año gravable de 1998,
que «…se regirán en esta materia por lo previsto en los artículos 705 y 714 del Estatuto
Tributario».
La Ley 633 de 200031 modificó el artículo 689-1 del Estatuto Tributario y extendió
el beneficio de auditoría a las declaraciones de IVA y retenciones de los años
24 Fl. 16 vto. c.p.
25 Sentencia del 15 de marzo de 2018, Exp. 20725, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez, actor: Samir Mustafá
Vidales.
26 Los artículos 705 y 714 del Estatuto Tributario fueron modificados, en su orden, por los artículos 276 y 277
de la Lay 1819 de 2016, en el sentido de fijar, de forma general, el plazo en tres (3) años.
27 Artículo 705 del Estatuto Tributario.
28 Artículo 714 del Estatuto Tributario.
29 Artículo 134.
30 Artículo 22.
31 Artículo 17.
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Demandante: FOGEL ANDINA SAS
gravable 2000 a 2003, mediante la inclusión del inciso 2° del artículo, que dispone:
«En el caso de los contribuyentes que se sometan al beneficio de auditoría, el término de
firmeza aquí previsto será igualmente aplicable para sus declaraciones de retención en la
fuente y del impuesto a las ventas, correspondientes a los períodos contenidos en el año
gravable del impuesto sobre la renta sometido al beneficio».
Sin embargo, el artículo 69 de la Ley 863 de 2003 derogó expresamente el inciso
2° del artículo 689-1 del Estatuto Tributario.
Finalmente, la Ley 1111 de 200632 dispuso que «El beneficio contemplado en este
artículo [auditoría] se prorroga por cuatro (4) años a partir del año gravable 2007», lo cual
incluye la vigencia 2010 sometida a discusión.
Con fundamento en lo anterior, sobre la materia se reitera lo precisado en las
sentencias del 10 de septiembre de 2014, Exp. 19924, C.P. Martha Teresa
Briceño de Valencia, del 20 de septiembre de 2017, Exp. 21372, C.P. Jorge
Octavio Ramírez Ramírez y del 15 de marzo de 2018, Exp. 20725, C.P. Julio
Roberto Piza Rodríguez, al señalar que:
«De acuerdo con esa jurisprudencia, existen dos reglas de decisión para determinar
el plazo dentro del cual se debe notificar el requerimiento especial relativo a una
declaración del IVA, a saber:
(i) Cuando el término de firmeza de la declaración del impuesto sobre la renta sea el
general (i.e. el establecido en los artículos 705 y 714 del ET), entonces el plazo para
notificar el requerimiento especial respecto de las declaraciones del IVA
correspondientes a ese año irá hasta cuando se cumplan dos años desde la
presentación de la declaración del impuesto sobre la renta de ese periodo gravable.
Lo anterior en aplicación del artículo 705-1 del ET, norma que unificó los términos
de firmeza de las declaraciones del impuesto sobre la renta y del IVA, con la
finalidad de darle a la Administración la oportunidad de modificar las declaraciones
del IVA, a partir de los hallazgos encontrados en la revisión de la declaración del
impuesto sobre la renta.
(ii) Cuando el término de firmeza de la declaración del impuesto sobre la renta
quede reducido por efecto del beneficio de auditoría, el plazo para notificar el
requerimiento especial respecto de las declaraciones del IVA correspondientes a
ese año será el general consagrado en los artículos 705 y 714 del ET, o sea, dos
años desde la presentación de cada una de las declaraciones del IVA.
Así porque al haber sido derogada expresamente la norma que autorizaba que los
efectos del beneficio de auditoría de la declaración del impuesto sobre la renta se
proyectaran sobre las declaraciones del IVA, quedó clara la decisión legislativa al
respecto»33.
A partir de la normativa y la jurisprudencia señalada, la Sala destaca lo siguiente:
• Para efectos de lo que se decide, el término de firmeza de las declaraciones
tributarias se cuenta desde la fecha límite de vencimiento para declarar.
• El artículo 705-1 del Estatuto Tributario «unificó los términos de firmeza de
esas declaraciones -renta, IVA y retefuente-, con la finalidad de darle la
oportunidad a la Administración de modificar el IVA y las retenciones, cuando
encontrara hallazgos en la liquidación privada de renta34», y por ello, «…el plazo
32 Artículo 63.
33 Sentencia del 15 de marzo de 2018, Exp. 20725.
34 Sentencia del 19 de mayo de 2016, Exp. 21185, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Radicado: 76001-23-33-000-2014-00008-01(21793)
Demandante: FOGEL ANDINA SAS
para notificar el requerimiento especial respecto de las declaraciones del IVA
correspondientes a ese año irá hasta cuando se cumplan dos años desde la
presentación de la declaración del impuesto sobre la renta de ese periodo
gravable35».
• El beneficio de auditoría en renta se hizo extensivo a las declaraciones de
IVA y retenciones de los años gravables 2000 a 200336, pero desapareció
con la derogatoria del inciso 2° del artículo 689-1 del Estatuto Tributario37,
por lo que las declaraciones de IVA y retenciones presentadas con
posterioridad a las vigencias referidas, «no pueden acceder al beneficio de
auditoría de las declaraciones de renta correspondientes al mismo periodo
gravable, sencillamente porque la norma que lo permitía dejó de existir38» y se
someten «al término de firmeza establecido en los artículos 705 y 714 del Estatuto
Tributario39».
Caso concreto
En el expediente están acreditados los siguientes hechos:
• El 12 de marzo de 2010, FOGEL ANDINA SAS, presentó la declaración del
impuesto sobre las ventas por el primer bimestre del año gravable 2010,
con un saldo a favor de $39.550.00040, corregida el 14 de septiembre del
mismo año para disminuir dicho saldo a $37.020.00041.
• El 11 de abril de 2011, la actora presentó la declaración del impuesto sobre
la renta por el año gravable 2010, en la cual se acogió al beneficio de
auditoría42.
• El 21 de junio de 2011, la sociedad le solicitó a la DIAN la devolución del
saldo a favor declarado43.
• El 15 de diciembre de 2011, la División de Gestión de Fiscalización de la
Dirección Seccional de Impuestos de y Aduanas de Palmira, profirió el
Requerimiento Especial N° 152382011000060, en el cual propuso modificar
la declaración del impuesto sobre las ventas por el primer bimestre del año
2010 en el sentido de disminuir los ingresos por exportaciones de
$2.318.901.000 a $1.096.993.000 y aumentar los ingresos por operaciones
excluidas a $1.221.908.000, disminuir los impuestos descontables de
$67.423.000 a $34.349.000 e imponer sanción por inexactitud de
$52.918.00044. La sociedad dio respuesta al requerimiento45.
35 Sentencia del 15 de marzo de 2018, Exp. 20725, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
36 L.633/00.
37Art. 69 L.863/03.
38 Sentencia del 12 de agosto de 2014, Exp. 19808, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
39 Sentencia del 29 de junio de 2017, Exp. 21005, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, actor: Nelson de
Jesús Zuluaga Salazar.
40 Fl. 106 c.p.
41 Fl. 107 c.p.
42 Fl. 5 c.p.
43 Fl. 105 c.p.
44 Fls. 7 a 13 c.p.
45 Fl. 17 a 43 c.p.
Radicado: 76001-23-33-000-2014-00008-01(21793)
Demandante: FOGEL ANDINA SAS
• El 22 de agosto de 2012, la Administración profirió la Liquidación Oficial de
Revisión N° 152412012000026 en la cual confirmó las glosas propuestas
en el requerimiento especial46. Contra este acto la actora interpuso recurso
de reconsideración47.
• Mediante la Resolución N° 000012 del 29 de agosto de 2013, la División de
Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos de Cali, resolvió el
recurso de reconsideración en el sentido de confirmar la liquidación oficial
de revisión48.
En las condiciones señaladas y como lo expresó la demandada en la apelación, la
Sala advierte que si bien la declaración del impuesto sobre la renta presentada por
el año gravable 2010 estaba amparada por beneficio de auditoría, la reducción del
término de firmeza de esa declaración no cobijó la declaración del impuesto sobre
las ventas del primer bimestre del año gravable 2010, sobre la cual procede la
aplicación del término general de firmeza de las declaraciones tributarias
establecido en los artículos 705 y 714 del Estatuto Tributario.
Y como, además, la actora presentó solicitud de devolución del saldo a favor el 21
de junio de 2011, la Administración tenía dos años para notificar el requerimiento
especial, esto es, hasta el 21 de junio de 2013, con lo cual el requerimiento
especial del 15 de diciembre de 2011, notificado el 19 del mismo mes y año, es
oportuno.
Comoquiera que prospera el cargo de la entidad demandada, en procura del
derecho al debido proceso de la actora, quien no estaba legitimada para apelar,
toda vez que la sentencia le fue favorable (artículo 320 CGP), se procederá a
estudiar los demás cargos formulados en la demanda.
Necesidad de sentar Jurisprudencia - Impuestos descontables - Usuarios
Industriales de bienes y servicios
El artículo 271 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo establece que, «Por razones de importancia jurídica, trascendencia
económica o social o necesidad de sentar jurisprudencia, que ameriten la expedición
de una sentencia de unificación jurisprudencial, el Consejo de Estado podrá asumir
conocimiento de los asuntos pendientes de fallo, de oficio o a solicitud de parte, o por
remisión de las secciones o subsecciones o de los tribunales, o a petición del Ministerio
Público. (…)». (Se resalta).
Al distinguir los conceptos de «sentar» y «unificar» jurisprudencia, la Sala Plena de
la Corporación precisó que «La primera hipótesis apareja la novedad del asunto a
discutir o, por lo menos, la inexistencia de un pronunciamiento previo por parte del órgano
de cierre; mientras que la segunda, en cambio, tiene como presupuesto la existencia de
pronunciamientos que encierran posiciones divergentes sobre un mismo tema, que
ameritan una decisión que zanje las diferencias existentes en aras de dar coherencia a la
jurisprudencia y garantizar la igualdad y la seguridad jurídica en las sucesivas decisiones
judiciales49».
46 Fls. 45 a 54 c.p.
47 Fls. 56 a 79 c.p.
48 Fls. 80 a 93 c.p.
49
CE Sala Plena, providencia del 30 de agosto de 2016, radicación 2014-00130-00, reiterada en Auto del 9 de mayo de
2017, radicación 2016-00025-00, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
Radicado: 76001-23-33-000-2014-00008-01(21793)
Demandante: FOGEL ANDINA SAS
Por su parte, la doctrina expresó que «sentar» jurisprudencia constituye una
«atribución que no se encontraba en el anterior código, y tiene como finalidad anticipar los
pronunciamientos judiciales en temas sobre los cuales no haya jurisprudencia del Consejo
de Estado50».
En ese contexto, se advierte que en situaciones particulares y concretas creadas
por actos administrativos que son objeto del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, relacionadas con la existencia de un eventual
derecho de los usuarios industriales de bienes y de servicios de zonas francas de
descontar el impuesto sobre las ventas originado en importaciones al territorio
aduanero nacional (TAN), no existen pronunciamientos de la Corporación, por lo
cual se considera necesario sentar jurisprudencia sobre la procedencia del
derecho aludido, a partir de la naturaleza jurídica de las operaciones realizadas.
El artículo 1° de la Ley 1004 de 2005 define la zona franca como el área
geográfica delimitada dentro del territorio nacional, en donde se desarrollan
actividades industriales de bienes y de servicios, o actividades comerciales, bajo
una normativa especial en materia tributaria, aduanera y de comercio
exterior. Las mercancías ingresadas en estas zonas se consideran fuera del
territorio aduanero nacional para efectos de los tributos aduaneros aplicables a las
importaciones y los impuestos a las exportaciones.
Por su parte, el artículo 4 [3] de la Ley 1004 de 2005, dispuso que el Gobierno
Nacional debía «Determinar las condiciones con arreglo a las cuales los bienes
fabricados o almacenados en Zona Franca, pueden ingresar temporalmente al territorio
aduanero nacional. La introducción definitiva de estos bienes al territorio aduanero
nacional será considerada como una importación ordinaria».
Fue así como por medio de los Decretos 383 y 4051 de 2007, se modificó el Título
IX del Decreto 2685 de 1999 (Estatuto Aduanero vigente para la época de los
hechos) para reglamentar el régimen de zonas francas permanentes y transitorias.
El artículo 395 de la anterior normativa define lo que es una exportación de bienes
en los siguientes términos:
«Artículo 395. Definición de exportación de bienes. Se considera exportación, la venta
y salida a mercados externos de los bienes producidos, transformados, elaborados o
almacenados, por los usuarios industriales y comerciales, de acuerdo con los términos
y condiciones establecidos en el presente decreto (…)». (Se resalta).
Y el artículo 399 del mismo Decreto 2685 de 1999, indica qué se debe
considerar como una importación, al señalar:
«Artículo 399. Régimen de importación. La introducción al resto del Territorio
Aduanero Nacional de bienes procedentes de la Zona Franca será considerada una
importación y se someterá a las normas y requisitos exigidos a las importaciones de
acuerdo con lo previsto en este decreto.
Parágrafo. Los productos fabricados en la Zona Franca que tengan Registro Sanitario
expedido por el INVIMA se exceptúan de visto bueno para su ingreso al resto del Territorio
Aduanero Nacional». (Se resalta y subraya).
50
ARBOLEDA Perdomo Enrique José, Comentarios al Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Editorial Legis, págs. 110-11.
Radicado: 76001-23-33-000-2014-00008-01(21793)
Demandante: FOGEL ANDINA SAS
De conformidad con la normativa señalada, la destinación de los bienes
producidos, transformados, elaborados o almacenados por usuarios industriales y
comerciales en zonas francas, determina la naturaleza de la operación. Así,
cuando los bienes aludidos se venden para ser distribuidos en el mercado externo
la operación es de exportación, mientras que su venta y posterior introducción al
Territorio Aduanero Nacional se considera una importación.
En este último caso, el artículo 420 del Estatuto Tributario señala como uno de los
hechos generadores de impuesto sobre las ventas la «importación de bienes
corporales muebles que no hayan sido excluidos expresamente», y los artículos
429 y 437 [d] del mismo ordenamiento, establecen que los importadores son los
responsables del impuesto y que éste se causa al momento de la
nacionalización del bien.
Es decir, que en la importación de bienes gravados, es el importador
adquirente de los bienes quien además de pagar el precio del bien, asume el
valor del IVA generado y responde por el pago del impuesto y la presentación de
la declaración tributaria.
En ese sentido, el artículo 485 [b] Estatuto Tributario indica que es descontable el
impuesto pagado en la importación de bienes corporales, es decir, que es el
adquirente - importador ubicado en el territorio aduanero nacional quien puede
descontar el IVA pagado en la importación pues, como se dijo, es quien asume el
pago del IVA cuando importa los bienes adquiridos procedentes de la zona franca.
Así las cosas, conforme con la normativa invocada y como se indicó en la
sentencia que negó la demanda de simple nulidad contra el Oficio Dian 099610 de
200751, «quien tiene derecho al impuesto descontable es quien paga el IVA, esto es, la
persona ubicada en el territorio aduanero nacional considerada importador», y «es el
importador del territorio aduanero nacional quien asume el pago del IVA cuando importa
los bienes adquiridos y procedentes de la zona franca y quien, por ello, puede descontar
el impuesto sobre la ventas pagado en la importación (…)».
Por lo expuesto, la Sala procede a sentar jurisprudencia en el sentido de
señalar que las operaciones de venta de bienes fabricados o almacenados por
usuarios industriales de zonas francas, con destino al Territorio Aduanero
Nacional, son importaciones, en las que el derecho a reclamar impuestos
descontables radica en cabeza del adquirente - importador, quien asume el pago
del impuesto sobre las ventas generado con la introducción de dichos bienes.
Caso concreto
En el caso concreto se debe establecer si las transacciones realizadas por
FOGEL ANDINA S.A.S. (usuario industrial de bienes y de servicios de la Zona
Franca del Pacífico52), con Bavaria S.A. y Cervecería Unión S.A. (adquirentes
ubicados en el territorio aduanero nacional), consistentes en la venta de 545
bienes (refrigeradores) que produjo en la Zona Franca del Pacífico, son
51
Sentencia del 28 de agosto de 2014, Exp. 19105, C.P. Carmen Teresa Ortiz Rodríguez.
52
A folio 9 c.a. 2, obra la certificación expedida el 13 de junio de 2011, por el usuario operador de la Zona Franca del
Pacífico, en la que se hace constar que FOGEL ANDINA S.A. fue calificado mediante el Acto N° 086 de 20 de octubre de
2006, como usuario industrial de bienes y de servicios de dicha zona franca.
Radicado: 76001-23-33-000-2014-00008-01(21793)
Demandante: FOGEL ANDINA SAS
operaciones de exportación que otorgan a la actora el derecho de reclamar
impuestos descontables.
Conforme con lo precisado, las operaciones que realizó la demandante en su
calidad de usuario industrial de bienes y de servicios de la Zona Franca del
Pacífico, con adquirentes ubicados en el territorio aduanero nacional,
corresponden a importaciones, en la medida que se trató de la introducción al
territorio aduanero nacional de bienes procedentes de una zona franca, sobre las
que no le asiste el derecho de reclamar impuestos descontables, el cual radica en
cabeza del adquirente - importador, quien asume el pago del impuesto sobre las
ventas generado con la introducción de dichos bienes al Territorio Aduanero
Nacional.
Lo anterior, además, constituye una forma de preservación de la neutralidad del
tributo53, al determinar que quien soporta el pago del impuesto originado con la
importación tenga derecho al impuesto descontable.
En el expediente se encuentran las declaraciones de importación por medio de las
cuales, durante en el período en discusión, Bavaria S.A. y Cervecería Unión S.A.
importaron al país refrigeradores fabricados por la actora en la zona franca del
Pacífico, en las cuales liquidaron y pagaron el IVA generado por estas
operaciones54.
En consecuencia, no son de recibo los argumentos expuestos por la demandante,
según los cuales las operaciones de venta señaladas eran exportaciones pues,
como lo indica el citado artículo 399 del Estatuto Aduanero, vigente durante los
hechos en discusión, se está frente a una importación.
En suma, contrario a lo expresado por la actora, no se está en presencia de una
operación de exportación (cuyos ingresos serían exentos para el exportador, con
derecho a impuestos descontables), sino que, como ya se dijo, se trata de una
importación de bienes procedentes de una zona franca, evento en el cual, quien
tiene derecho al descuento del IVA es el importador, ubicado en el territorio
aduanero nacional.
En consecuencia, la Sala concluye que la actora no tiene derecho a solicitar
impuestos descontables derivados de la importación que realizaron las
cervecerías adquirentes ubicadas en el territorio aduanero nacional.
Sanción por inexactitud - Reiteración Jurisprudencial55.
El artículo 647 del Estatuto Tributario establece que procede la sanción por
inexactitud, entre otros eventos, cuando en la declaración se incluyen costos,
deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables,
retenciones o anticipos inexistentes, o se utilizan datos o factores falsos,
equivocados, incompletos o desfigurados de los que se derive un menor impuesto
a cargo o un mayor saldo a favor del contribuyente.
53
Sentencia del 28 de febrero de 2019, Exp. 23479, C.P Julio Roberto Piza Rodríguez.
54
Fls. 115, 128, 130, 132, 134, 136, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 156 y 158 c.p.
55
Se reitera lo expuesto por la Sala en sentencias del 20 de febrero de 2017, Exp. 20623, C.P. Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas (E) y del 9 de marzo de 2017, Exp. 19823, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, entre otras.
Radicado: 76001-23-33-000-2014-00008-01(21793)
Demandante: FOGEL ANDINA SAS
En este caso, la Sala considera procedente la sanción, porque el actor incluyó en
su declaración tributaria datos equivocados de los cuales se derivó menor
impuesto a cargo, lo que constituye inexactitud sancionable.
Ahora bien, la Sala pone de presente que el parágrafo 5 del artículo 282 de la Ley
1819 de 201656, que modificó el artículo 640 del Estatuto Tributario, estableció que
«el principio de favorabilidad aplicará para el régimen sancionatorio tributario, aun cuando
la ley permisiva o favorable sea posterior».
Al respecto, se observa que la sanción por inexactitud consagrada en el artículo
647 del Estatuto Tributario57 fue modificada por la Ley 1819 de 201658, al
establecer una sanción más favorable, en tanto disminuyó el valor del 160% -
previsto en la legislación anterior- al 100% de la diferencia entre el saldo a pagar o
saldo a favor determinado en las liquidaciones oficiales y el declarado por el
contribuyente.
En consideración a lo anterior, la Sala dará aplicación al principio de favorabilidad
y establecerá el valor de la sanción por inexactitud en el 100% y no el 160%
impuesto en los actos demandados.
Por lo tanto, la Sala revocará la sentencia apelada, en el sentido de declarar la
nulidad parcial de los actos demandados, en lo referente al valor de la sanción por
inexactitud y, en consecuencia, procederá a practicar una nueva liquidación del
impuesto sobre las ventas del primer bimestre del año gravable 2010, en el
sentido de recalcular la sanción por inexactitud y el total saldo a pagar, así:
SANCION POR INEXACTITUD
CONCEPTO VALORES
Saldo a favor declarado por el
37.266.000
contribuyente
Saldo a favor determinado por la DIAN
4.192.000
y el Consejo de Estado
Base sanción 33.074.000
% sanción 100%
Sanción 33.074.000
LIQUIDACION
LIQUIDACION LIQUIDACION
CONCEPTO OFICIAL DE
PRIVADA SALA
REVISION
Ingresos brutos por exportaciones 2.318.901.000 1.096.993.000 1.096.993.000
Ingresos brutos por operaciones
0 1.221.908.000 1.221.908.000
excluidas
Impuesto descontable por
61.127.000 28.053.000 28.053.000
operaciones gravadas
Total impuestos descontables 67.423.000 34.349.000 34.349.000
Saldo a favor del período fiscal 37.266.000 4.192.000 4.192.000
Sanciones 246.000 53.164.000 33.320.000
Total saldo a favor 37.020.000 0 0
Total saldo a pagar 48.972.000 29.128.000
56 «Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la
evasión y la elusión fiscal y se dictan otras disposiciones».
57 E.T. «Artículo 647. Sanción por inexactitud. (…) La sanción por inexactitud será equivalente al ciento sesenta por ciento
(160%) de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, según el caso, determinado en la liquidación oficial, y el
declarado por el contribuyente o responsable. Esta sanción no se aplicará sobre el mayor valor del anticipo que se genere
al modificar el impuesto declarado por el contribuyente».
58
Art. 288 L.1819/16, que modificó el artículo 648 del E.T.
Radicado: 76001-23-33-000-2014-00008-01(21793)
Demandante: FOGEL ANDINA SAS
Finalmente, se observa que, a la luz de los artículos 188 del CPACA y 365 (num.8)
del CGP, no procede la condena en costas, por cuanto en el expediente no se
encuentran pruebas que las demuestren o justifiquen.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
1.- SENTAR jurisprudencia en el sentido de señalar que las operaciones de
venta de bienes fabricados o almacenados por usuarios industriales de zonas
francas, con destino al Territorio Aduanero Nacional, son importaciones, en las
que el derecho a reclamar impuestos descontables radica en cabeza del
adquirente - importador, quien asume el pago del impuesto sobre las ventas
generado con la introducción de dichos bienes.
2.- REVOCAR la sentencia del 26 de noviembre de 2014, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca. En su lugar, se dispone:
Anular parcialmente la Liquidación Oficial de Revisión N°
152412012000026 del 22 de agosto de 2012 y la Resolución N°
000012 del 29 de agosto de 2013, expedidas por la División de Gestión
de Liquidación y Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos de
Cali, respectivamente.
A título de restablecimiento del derecho, fijar como total saldo a pagar
a cargo del contribuyente FOGEL ANDINA SAS, por concepto del
impuesto sobre las ventas del primer bimestre del año 2010, la suma
de VEINTINUEVE MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL PESOS
M/CTE ($29.128.000), de acuerdo con la liquidación contenida en la
parte motiva de esta providencia.
3.- Sin condena en costas en esta instancia.
4.- Reconocer personería al abogado Mauricio Alexander Dávila Valenzuela como
apoderado de la entidad demandada, en los términos del poder conferido, que
obra en el folio 356 del c.p.
Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL
BASTO
Presidente de la Sección
Radicado: 76001-23-33-000-2014-00008-01(21793)
Demandante: FOGEL ANDINA SAS
MILTON CHAVES GARCÍA JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
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