Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2014-00369-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 76001-23-33-000-2014-00369-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2014-00369-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2014-00369-02
Consejero ponente: Conjuez Clara Elisa Cifuentes Ortiz
3 de diciembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SALA DE CONJUECES
CONJUEZ PONENTE: CLARA ELISA CIFUENTES ORTIZ
Bogotá D. C., tres (3) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: 76001-23-33-000-2014-00369-02
Número interno: 3926-2021
Demandante: Amparo Lozano Caicedo
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Proceso: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
PRIMA ESPECIAL MENSUAL SIN CARÁCTER SALARIAL (Art. 14 de la Ley 4ª de 1992)
y NIVELACIÓN DECRETO 1251 DE 2009 – PROMEDIO ANUAL INCLUIDAS
CESANTÍAS
ASUNTO PREVIO
El Conjuez Doctor Luis Fernando Tafur Galvis manifiesta impedimento sustentado en la
causal catorce del artículo 141 del CGP por cuanto “…en la actualidad cursa ante el Consejo
de Estado, el proceso radicado con el número 2500002342000201660450500 donde soy
demandante y demandada la Nación Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial y pretendo que me sea reconocida y pagada la denominada prima especial
contenida en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, con aplicación de la fórmula prevista en la
jurisprudencia aplicable al caso concreto…”
La Sala aceptará el impedimento manifestado y separará del conocimiento al Conjuez
Doctor Luis Fernando Tafur Galvis.
1
Referencia: 76001-23-33-000-2014-00369-02
Número interno: 3926-2021
Demandante: Amparo Lozano Caicedo
Demandado: Fiscalía General de la Nación y otro
Proceso: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
La Sala decide el recurso de apelación presentado por las partes, contra la sentencia
proferida el 4 de julio de 2019 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca- Sala de
Conjueces, aclarada el 4 de marzo de 2020, que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda.
1. ANTECEDENTES1
1.1. La demanda
Se trata de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la señora
Amparo Lozano Caicedo, contra la Fiscalía General de la Nación y la Administradora
Colombiana de Pensiones-Colpensiones.
Formuló como pretensiones de nulidad:
1) Declarar la nulidad del Oficio OPER 20133100063841 del 8 de julio de 2013,
proferido por la Fiscalía General de la Nación que negó el reajuste y pago de las
prestaciones sociales recibidas durante su vinculación como funcionaria judicial con
inclusión del 30% correspondiente a la prima especial contemplada en el artículo 14
de la Ley 4ª de 1992 y el acto ficto presunto negativo surgido de la falta de respuesta
de la Administradora Colombiana de Pensiones- COLPENSIONES a su petición
presentada el 19 de septiembre de 2013.
2) Solicitó inaplicar los decretos que regulan la prima especial de servicios en la
Fiscalía General de la Nación desde 2009 a 2012.
A título de restablecimiento del derecho solicitó:
“(…)
SEGUNDA; Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del
derecho pido se condene a la FISCALIA GENERAL DE LA NACION -
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA a pagar en favor de la Doctora,
AMPARO LOZANO CAICEDO, de conformidad con el cargo y la categoría
respectiva ocupada al momento de devengar el salario y las prestaciones
respectivas, con el consiguiente efecto del reajuste en la pensión de vejez, lo
siguiente:
2.1-. A liquidar y pagar, todas las prestaciones sociales devengadas durante el
tiempo de su vinculación como funcionaria judicial, con inclusión para dicho
reajuste y pago del TREINTA (30) POR CIENTO de la prima especial mensual
que prevé el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y sus Decretos reglamentarios,
1
Índice 24 expediente digital, ED_CUADERNO1_03DEMANDA(.pdf) de SAMAI.
2
Referencia: 76001-23-33-000-2014-00369-02
Número interno: 3926-2021
Demandante: Amparo Lozano Caicedo
Demandado: Fiscalía General de la Nación y otro
Proceso: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
para lo Cual se ha de inaplicar la expresión “sin carácter salariar de los
siguientes artículos: el artículo 6 del Decreto 57 del 7 de Enero de 1993, el
artículo 6 del Decreto 0106 del 13 de Enero de 1994, el artículo 7 del Decreto
43 del 10 de Enero de 1995, el artículo 6 del Decreto 36 del 5 de Enero de 1996,
el artículo 6 del Decreto 76 del 10 de Enero de 1997, el artículo 6 del Decreto
64 del 10 de Enero de 1998, el artículo 6 del Decreto 44 del 8 de Enero de 1999,
el artículo 7 del Decreto 270 del 27 de Diciembre de 2000, el artículo 7 del
Decreto 2720 del 17 de Diciembre de 2001, el artículo 6 del Decreto 673 del 10
de Abril de 2002, el artículo 6 del Decreto 3569 del 11 de Diciembre de 2003, el
artículo 6 del Decreto 4172 del 10 de Diciembre de 2004, el artículo 6 del
Decreto 936 del 30 de Marzo de 2005, el artículo 6 del Decreto 389 del 8 de
Febrero de 2006, el artículo 6 del Decreto 618 del 2 de Mar ro de 2007, el
artículo 6 del Decreto 658 del 4 de Marzo de 2008, el artículo 8 del Decreto 723
del 6 de Marzo de 2009, el artículo 8 del Decreto 1388 del 26 de Abril de 2010.
y el artículo 8 del Decreto 1039 de 2011 y los % subsiguientes que con el mismo
criterio se expidan, por cuanto la misma constituye factor salarial para todos los
efectos y no sólo para pensión, con el pago de la indexación e intereses
moratorios que por los conceptos anteriores tiene derecho, con el consiguiente
efecto del reajuste en la pensión de vejez.
(…)
2.2-. Se liquiden y paguen, las diferencias salariales y prestacionales
correspondientes a los años 2009 y siguientes, con inclusión para dicho reajuste
y pago, en la base del 70%, del auxilio de cesantía que devengan los
magistrados de las Altas Cortes, con el pago de la indexación e intereses
moratorios que por los conceptos anteriores tiene derecho, con el consiguiente
efecto del reajuste en la pensión de vejez.
2.3-. Liquidar y pagar, debidamente indexados y con sus respectivos' intereses
moratorios, el reajuste del salario y prestaciones sociales desde inclusive el año
2008 y hasta la actualidad, para lo cual solicito se tome la base del ingreso
mensual de sus cargos de fiscales, y no en forma anual como lo hace esa
Dirección Administrativa y Financiera, con el consiguiente efecto del reajuste en
la pensión de vejez.
(…)
CUARTA; Que se condene a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE
PENSIONES COLPENSIONES a reajustar la pensión de vejez de mi mandante
incluyendo los factores enunciados en la pretensión segunda.
Igualmente pidió indexar la condena, el pago de intereses, conforme lo establecido en el
artículo 192 del CPACA y la condena en costas.
2. HECHOS
Los hechos que fundamentaron las pretensiones son, en síntesis, los siguientes:
2.1. La demandante prestó sus servicios a la Fiscalía General de la Nación, como fiscal
seccional de la Dirección Seccional de Fiscalías en el Distrito Judicial de Santiago de Cali,
hasta el mes de julio de 2012, siendo reconocida su pensión mediante Resolución No.
90028 del 19 de abril de 2012.
3
Referencia: 76001-23-33-000-2014-00369-02
Número interno: 3926-2021
Demandante: Amparo Lozano Caicedo
Demandado: Fiscalía General de la Nación y otro
Proceso: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
2.2. En aplicación del artículo 2 del Decreto 1251 del 14 de abril de 2009, su remuneración
durante la vigencia 2009 y años subsiguientes debió ser del 43% -ascendiendo 43.2% a
partir del año 2010- del valor correspondiente al 70% de lo que por todo concepto percibiera
anualmente un magistrado de las Altas Cortes.
2.3. El Consejo de Estado decidió que el auxilio de cesantías que perciben los congresistas
es un ingreso laboral que tiene como causa la relación laboral, con carácter permanente,
por ser anual, y, en tanto tal, constituye factor prestacional para el cálculo de su
remuneración y para la del magistrado de Altas Cortes. Así, al liquidar los porcentajes (43%
y 43.2%) previstos en el artículo 2 del Decreto 1251 del 14 de abril de 2009 al salario de la
actora, se omitió incluir en el 70% del magistrado de Altas Cortes el auxilio de cesantías.
2.4. Igualmente, indicó que en aplicación del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 la remuneración
de mi poderdante y demás funcionarios judiciales, durante el vínculo laboral debió incluir
una prima especial del 30% con carácter salarial, con efectos en la reliquidación en sus
prestaciones sociales.
2.5. El 19 de septiembre de 2013, la actora solicitó a la Fiscalía General de la Nación, el
reajuste de sus salarios y prestaciones conforme lo dispuesto en el Decreto 1251 de 2009
y el reajuste de la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Así mismo,
solicitó a Colpensiones el reajuste de su pensión.
2.6. La Fiscalía General de la Nación negó lo solicitado por la demandante, mediante el
Oficio OPER 20133100063841 del 8 de julio de 2013, y Colpensiones guardó silencio.
3. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN:
Como normas vulneradas citó el Preámbulo y los artículos 13, 25, 53, 93 y 150.19 e) de la
Constitución Política, arts. 2, 3, 14 y 15 de la Ley 4 de 1992; arts. 1 al 3 del Decreto 1251
de 2009; el artículo 114 de la Ley 1395 de 2010; artículo 1 a 3 del Decreto 1251 de 2009 y
el artículo 114 de la Ley 1395 de 2010.
Que al disponer el artículo 2 del Decreto 1251 del 14 de Abril de 2009 que para la vigencia
del año 2009, la remuneración que por todo concepto perciba el juez de circuito será igual
al 43% del valor correspondiente al 70% de lo que por todo concepto perciba anualmente
el magistrado de las Altas Cortes, y que a partir del año 2010, y con carácter permanente,
dicha remuneración sería equivalente al 43.2% del valor correspondiente al 70% de lo que
por todo concepto perciba anualmente el magistrado de las Altas Cortes, debía incluir el
auxilio de cesantía. Solicitó aplicar los principios de igualdad laboral e interpretación
favorable.
4
Referencia: 76001-23-33-000-2014-00369-02
Número interno: 3926-2021
Demandante: Amparo Lozano Caicedo
Demandado: Fiscalía General de la Nación y otro
Proceso: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
4. La contestación de la demanda
4.1. La entidad demandada Fiscalía General de la Nación2 contestó la demanda dentro
de la oportunidad legal y solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda.
Señaló que no son de recibo las pretensiones de la parte demandante pues la entidad ha
efectuado los reconocimientos periódica y oportunamente, como lo establece la
normatividad legal vigente, teniendo en cuenta los "ingresos totales anuales” de los
magistrados de las Altas Cortes.
Frente a la prima especial de servicios, señaló que se configura la prescripción pues las
sentencias que declararon la nulidad del artículo 7° del Decreto 38 de 1999 y de los artículos
7° del Decreto 50 de 1998 y 8° del Decreto 2729 de 2001, quedaron ejecutoriadas desde
2007, y la petición de la demandante fue presentada el 18 septiembre de 2013.
Propuso las excepciones de cumplimiento de un deber legal, prescripción trienal y genérica.
4.2. La entidad demandada Administradora Colombiana de Pensiones -
Colpensiones3 contestó la demanda dentro de la oportunidad legal.
Afirmó que, si bien es cierto que la demandante le fue reconocida pensión de vejez en el
año 2009, los reajustes pretendidos corresponden a la fiscalía general de la Nación; que la
pensión se ajustó a derecho; que el IBL para liquidar la mesada pensional es el consagrado
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Excepcionó inexistencia de la obligación reclamada, prescripción trienal, innominada y
buena fe.
5. La sentencia de primera instancia 4
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca- Sala de Conjueces, en la sentencia de 4 de
julio de 2019, decidió:
2
Índice 24 expediente digital, ED_CUADERNO1_37CONTESTACIONDEMAND(.pdf) de SAMAI.
3
Índice 24 expediente digital, ED_CUADERNO1_39CONTESTACIONDEMAND(.pdf) de SAMAI.
4
Índice 24 expediente digital, ED_CUADERNO1_86FALLO(.pdf) de SAMAI.
5
Referencia: 76001-23-33-000-2014-00369-02
Número interno: 3926-2021
Demandante: Amparo Lozano Caicedo
Demandado: Fiscalía General de la Nación y otro
Proceso: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de inexistencia de
causa para demandar conforme a lo señalado en este proveído propuesta
por la Fiscalía General de la Nación.
SEGUNDO: DECLARAR PROBADA PARCIALMENTE la excepción de
prescripción de los derechos de la demandante AMPARO LOZANO
CAICEDO causados con anterioridad al 2 de octubre del 2010.
TERCERO: DECLARAR LA NULIDAD DEL acto administrativo OPER N°
20133100063841 del 8 de octubre de 2013 dictado por la Fiscalía
General de la Nación por las razones expuestas en este fallo.
CUARTO: ORDENAR a la Nación, Fiscalía General de la Nación
RELIQUIDAR correctamente el salario de AMPARO LOZANO CAICEDO
acreditando el 30% de prima especial de servicios - artículo 14 de la ley
4 de 1992 y los decretos reglamentarios, incluyendo como factor salarial
en la base del 70% la cesantía que anualmente devengan los
Magistrados de las Altas Cortes durante el periodo comprendido entre el
3 de octubre de 2010 y hasta el 12 de julio de 2012.
QUINTO: CONDENAR a la Nación, Fiscalía General de la Nación a pagar
a la demandante AMPARO LOZANO CAICEDO la diferencia entre lo
efectivamente cancelado por concepto de salarios (asignación básica,
prestaciones sociales, incluyendo las cesantías) entre el 3 de octubre de
2010 y el 12 de Julio de 2012, conforme a lo ordenado eh el numeral
cuarto de este fallo, dichas sumas serán indexadas mes a mes conforme
quedó expuesto en esta providencia.
SEXTO: DECLARAR declarar (sic) la nulidad del acto ficto negativo
emanado de Colpensiones al no dar respuesta a la petición presentada
por la la Administradora Colombiana de Pensiones demandante
AMAPARO LOZANO CAICEDO.
SEPTIMO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas como
medio de defensa por la Administradora Colombiana de Pensiones
Colpensiones, conforme lo expuesto en este fallo.
OCTAVO ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones
Colpensiones a reajustar la pensión de la señora AMPARO LOZANO
CAICEDO, a partir del día 3 de octubre de 2010, incluyendo los factores
señalados en el numeral cuarto de este fallo, como base para liquidar el
IBL.
NOVENO: CONDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones
Colpensiones a pagar a la señora AMPARO LOZANO CAICEDO la
diferencia entre lo efectivamente pagado como mesadas pensiónales en
la resolución 90028 del 19 de abril de 2012, el día en que se le reconoció
la pensión y lo que ha debido pagársele conforme lo decidido en el
numeral cuarto de este fallo, estas sumas deberán Indexarse mes a mes
como quedó señalado en esta providencia, en adelante las mesadas
deben continuar pagándosele conforme lo indicado en este fallo.
Como fundamento de la decisión, señaló que “…De acuerdo a los antes citados
pronunciamientos este despacho considera que le asiste razón a la accionante y por tanto,
el fallo procederá a inaplicar la expresión “sin carácter salarial” contenida artículo 14 de la
ley 4 de 1992 y sus decretos reglamentarios artículo 8 decreto 723 del 6 de marzo del 2009,
6
Referencia: 76001-23-33-000-2014-00369-02
Número interno: 3926-2021
Demandante: Amparo Lozano Caicedo
Demandado: Fiscalía General de la Nación y otro
Proceso: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
artículo 8 del decreto 1388 de 2010 y artículo 8 del decreto 1039 del 2011, como se pide en
la demanda, teniendo en cuenta lo expuesto y los hechos demostrados con las probanzas
documentales que obran en el expediente se declara esta pretensión”.
Dijo que las cesantías de los Congresistas se liquidan anualmente, valor que se acredita a
su patrimonio, aunque no se entreguen al beneficiario, lo cual no implica que deje de ser un
ingreso permanente.
Agregó que el Decreto 1251 de 2009 fijó la remuneración de la demandante para el año
2009 en 43% del 70% y para el año 2010 en 43.2% de lo que por todo concepto percibe
anualmente el magistrado de las Altas Cortes; que la prima especial de servicios es factor
salarial y de prestaciones sociales y en su liquidación deben incluirse las cesantías que
devengan los Magistrados de la Altas Cortes.
Precisó que la actora ejerció el cargo de fiscal delegada ante el Juez Penal del Circuito
desde el 01 de enero de 2009 hasta el 19 de abril 2012 fecha de su retiro; que conforme a
las pruebas obrantes en el proceso, la prima especial del 30% del sueldo de que trata el
artículo 14 de la ley 4 de 1992 se le ha pagado durante el tiempo de su vinculación
debitándola de su remuneración básica mensual; que se probó que al liquidar los salarios
y prestaciones sociales de la demandante, se excluyó de la base el 70% de lo que por todo
concepto devengan los magistrados de las Altas Cortes el valor de la cesantías anuales, lo
cual conlleva una disminución en los salarios y las prestaciones sociales de la demandante.
Indicó que el 3 de octubre de 2013, la demandante solicitó el reconocimiento de los
derechos que ahora demanda, por lo tanto, prescribieron los causados con anterioridad al
2 de octubre de 2010.
Finalmente, frente a las pretensiones relacionadas con el reajuste pensional sostuvo que el
IBL está proporcionalmente relacionado con los valores devengados, en consecuencia, el
incremento del IBL incrementa el valor de la pensión y por ello en igual proporción procede
su reajuste.
5.1. Aclaración de sentencia: El 4 de marzo de 20205, el a quo aclaró los numerales
cuarto, quinto, octavo y noveno, así:
"CUARTO: ORDENAR a la NACIÓN, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
RELIQUIDAR el salario que devengó la demandante AMPARO LOZANO
CAICEDO como la fiscal delegada ante el juez penal del Circuito, acreditando el
5
Índice 24 expediente digital, ED_CUADERNO1_95AUTORESUELVESOLICI (…) de SAMAI.
7
Referencia: 76001-23-33-000-2014-00369-02
Número interno: 3926-2021
Demandante: Amparo Lozano Caicedo
Demandado: Fiscalía General de la Nación y otro
Proceso: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
30% de la prima especial de servicios consagrada en la Ley 4 de 1992 y sus
decretos reglamentarios, incluyendo como factor salarial en la base del 70% la
cesantía que anualmente devengan los Magistrados de las Altas Cortes durante
el periodo comprendido entre el 3 de octubre de 2010 y hasta el 20 de julio de
2012.
QUINTO: CONDENAR a la NACIÓN, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a
pagar a la demandante AMPARO LOZANO CAICEDO la diferencia entre lo
efectivamente cancelado por concepto de salarios (asignación básica,
prestaciones sociales, incluyendo las cesantías) entre el 3 de octubre de 2010 y el
20 de julio de 2012, conforme a lo ordenado en el numeral cuarto de este fallo,
dichas sumas serán indexadas mes a mes conforme quedó expuesto en esta
providencia.
OCTAVO ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensionas Colpensiones
a reajustar la pensión de la señora AMPARO LOZANO CAICEDO, a partir del día
3 de octubre de 2010, incluyendo los factores señalados en los numerales cuarto
y quinto para este fallo, como base para liquidar el IBL.
NOVENO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
a pagar a la señora AMPARO LOZANO CAICEDO la diferencia entre lo
efectivamente pagado como mesadas pensiónales conforme lo señala la
resolución 90028 del 19 de abril de 2012, (día en que se le reconoció la pensión)
y lo que ha debido pagársele conforme lo decidido en este fallo, estas sumas
deberán indexarse mes a mes como quedó señalado en esta providencia, en
adelante las mesadas deben continuar pagándosele conforme lo indicado en este
fallo.
6. EL RECURSO DE APELACIÓN
6.1. La parte demandante6
La parte actora interpuso recurso de apelación en tanto se debe tener como base de
liquidación salarial y prestacional, el ingreso mensual del fiscal y no el anual, como lo
interpreta la Dirección Administrativa y Financiera de la fiscalía general de la Nación.
Señaló que el día 6 de marzo de 2009 se expidió el Decreto 707 de 2009 cuyo artículo 5
derogó el Decreto 3901 de 2008; que el 14 de abril de 2009 se expidió el Decreto 1251 de
2009 cuyo artículo 5 derogó el Decreto 707 de 2009 y dispuso en el artículo 4° “El pago de
la diferencia entre el ingreso anual, por todo concepto, de los funcionarios a que se refiere
el presente decreto y el valor en pesos resultante de la aplicación de los porcentajes
señalados en los articulas 1 a 3 de este decreto respecto del 70% de lo que por todo
concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes, se imputará con cargo al
ordinal Otros - Otros conceptos de servicios personales autorizados por ley”.
6
Índice 24 expediente digital, ED_CUADERNO1_98RECURSOAPELACIONP de SAMAI.
8
Referencia: 76001-23-33-000-2014-00369-02
Número interno: 3926-2021
Demandante: Amparo Lozano Caicedo
Demandado: Fiscalía General de la Nación y otro
Proceso: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Refirió la normatividad que, entre los años 2008 y 2009 determinó, para su empleo, los
porcentajes que se ligaban al 70% de lo devengado anualmente por los magistrados de alta
Corte, a lo cual tiene derecho con el respectivo reajuste de las prestaciones sociales
debidamente indexadas y con los intereses moratorios, todo lo cual implica el reajuste de
la pensión, para lo cual se tomara la base del ingreso mensual de su cargo de fiscal y no
en forma anual como lo hace la Dirección Administrativa y Financiera.
6.2. La parte demandada7
La parte demandada apeló la sentencia con fundamento en lo siguiente.
Señaló que el Gobierno Nacional expide decretos salariales para la fiscalía general de la
Nación y para la Rama Judicial, de forma independiente, en consecuencia, yerra el Tribunal,
al utilizar consideraciones de sentencias en las cuales no se analizaron los decretos
salariales de la Fiscalía.
Precisó que la Inaplicación de la expresión “sin carácter salariar', contenida en algunos
artículos de los decretos salariales de la Procuraduría General de la Nación, Defensoría del
Pueblo, Rama Judicial y Justicia Penal Militar, no genera derecho en favor de la
demandante, toda vez que, como se dijo, sus salarios fueron reconocidos y cancelados de
acuerdo a los Decretos 730 de 2009, 1395 de 2010, 1047 de 2011.
Tampoco acierta la sentencia de instancia en materia de la prescripción de los derechos
reclamados por la demandante, pues toma como fecha de exigibilidad de los derechos el 2
de abril de 2009 a partir de la sentencia proferida por el Consejo de Estado en el expediente
con radicación 11001032500020070009800, que no examinó norma aplicable a la fiscalía
general de la Nación, Decreto 625 de 2007, que no ha sido declarado nulo por la jurisdicción
contenciosa administrativa.
Frente al Decreto 1251 de 2009 manifestó que, como quedó plasmado dentro de las
diferentes actuaciones administrativas proferidas por la fiscalía general de la Nación, la
entidad no es competente para cuestionar la liquidación de la prima especial de servicios a
que tienen derecho los Magistrados de Altas Cortes, en consecuencia, no puede adicionar
las cesantías que perciben los miembros del Congreso de la República.
Afirmó que el actuar de la fiscalía general de la Nación se ha reconocido y pagado
mensualmente, los emolumentos establecidos en la ley; y que la sentencia recurrida
7
Índice 24 expediente digital, ED_CUADERNO1_91RECURSOAPELACIONP(.pdf) de SAMAI.
.
9
Referencia: 76001-23-33-000-2014-00369-02
Número interno: 3926-2021
Demandante: Amparo Lozano Caicedo
Demandado: Fiscalía General de la Nación y otro
Proceso: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
desconoce la sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado el 28 de agosto
de 2018, en materia de factores del IBL para pensión de vejez de los servidores públicos
beneficiarios de la transición.
7. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA
7.1. Parte demandante8: Trajo a colación los mismos argumentos del recurso de apelación
e insistió en que se conceda en la forma solicitada el numeral 2.3 de las pretensiones de la
demanda consistente en “2.3-. Liquidar y pagar, debidamente indexados y con sus
respectivos' intereses moratorios, el reajuste del salario y prestaciones sociales desde
inclusive el año 2008 y hasta la actualidad, para lo cual solicito se tome la base del ingreso
mensual de sus cargos de fiscales, y no en forma anual como lo hace esa Dirección
Administrativa y Financiera, con el consiguiente efecto del reajuste en la pensión de vejez.”
7.2. Parte demandada9: Insistió en los argumentos señalados en el recurso de alzada, y
señaló que desde el año 2003 los fiscales vienen recibiendo el 100% del salario sin
disminución alguna, por tanto, no hay lugar a la reliquidación ordenada por el a quo.
Refirió que el Consejo de Estado señala en su sentencia de unificación del 15 de diciembre
de 2020, que al no presentarse el indebido descuento del 30% del salario el
restablecimiento no puede ordenar reliquidación de las prestaciones canceladas; que la
entidad ha reconocido y pagado mensualmente los ingresos de la actora con sujeción al
Decreto 1251 del 14 de abril de 2009.
ii. CONSIDERACIONES DE LA SALA
8. El problema jurídico
En tanto la sentencia fue recurrida por las dos partes, la competencia de esta instancia es
total. Se debate en este caso:
• ¿Tiene derecho AMPARO LOZANO CAICEDO al reajuste de sus salarios y de sus
prestaciones sociales, consistente en la diferencia entre el valor reconocido por la
demandada (el cual tuvo como base para su liquidación el 70% del salario básico
mensual), y el valor que resultaría de reconocerle tanto el salario como las
prestaciones sociales, tomando como base de liquidación el salario básico más la
prima especial de servicios? Y, en caso afirmativo, ¿desde cuándo?
8
Índice 44 Samai
9
Índice 45 Samai.
10
Referencia: 76001-23-33-000-2014-00369-02
Número interno: 3926-2021
Demandante: Amparo Lozano Caicedo
Demandado: Fiscalía General de la Nación y otro
Proceso: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
• ¿Tiene derecho AMPARO LOZANO CAICEDO al haberse desempeñado como
fiscal delegado ante juez del circuito se le reajuste la remuneración y prestaciones
sobre un 43% y 43.2% (circuito) según sea el caso, del 70% de lo que por todo
concepto percibe anualmente un magistrado de alta Corte, que a la vez, debe ser
igual a lo percibido en su totalidad, por un Congresista por imposición del artículo
15 de la Ley 4° de 1992, incluyendo las cesantías como factor computable para
liquidar la prima de servicios?
• De accederse al reajuste demandado ¿Tiene derecho AMPARO LOZANO
CAICEDO a que su pensión de vejez sea reliquidada para atender las diferencias
cuyo pago sea ordenado a la fiscalía general de la Nación?
8.1. De la prima especial del 30%
8.1.1. La argumentación de la Sala
La argumentación de la Sala de Conjueces, que será breve porque reitera la jurisprudencia
establecida en la Sentencia de Unificación del 15 de diciembre de 2020, seguirá este orden
expositivo: en primer lugar, se presentará la jurisprudencia unificada vigente y obligatoria y,
en segundo lugar, se abordará el caso concreto.
8.1.2. La jurisprudencia vigente
Esta prima mensual sin carácter salarial, denominada en la jurisprudencia como prima
especial de servicios, está consagrada en el art. 14 de la Ley 4ª de 199210.
Ahora bien, el reconocimiento del derecho a una prima especial comienza a tener efectos
desde del 1º de enero de 1993. A partir de este año, el Gobierno Nacional comienza a regular
10
ARTÍCULO 14. El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario
básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial
y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces
de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces
de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación,
con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993.
Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados departamentales del
Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de la
Registraduría Nacional del Estado Civil.
PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la
Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad.
11
Referencia: 76001-23-33-000-2014-00369-02
Número interno: 3926-2021
Demandante: Amparo Lozano Caicedo
Demandado: Fiscalía General de la Nación y otro
Proceso: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
mediante decreto reglamentario el régimen salarial y prestacional para los servidores
públicos de esta entidad. Así, el decreto 53 de 1993 en su artículo 2º replicó la posibilidad
de elegir, de tal forma que se presentan tres situaciones diferenciables:
1. Los servidores públicos de la Fiscalía general de la Nación no acogidos según lo
dispuesto por el Decreto 2699 de 1991, los cuales podían decidir no optar por el
régimen establecido en el Decreto 53 de 1993 y, por lo tanto, continuar con el régimen
salarial vigente que provenía de las entidades en las que se encontraban vinculados
antes de su incorporación en la planta de personal de la entidad.
2. Los servidores públicos que se encontraban en la anterior situación o que se regían
por el artículo 54 del Decreto 2699 de 1991 y que decidieron acogerse al nuevo
régimen salarial y prestacional establecido en el decreto 53 de 1993 para la fiscalía
general de la Nación.
3. Los servidores públicos que se vincularon de manera posterior al 28 de febrero de
1993 a la fiscalía general de la Nación, lo cuales quedan sometidos al régimen salarial
y prestacional previsto en el Decreto 53 de 1993.
El legislador se pronunció sobre la prima especial contemplada en el artículo 14 de la Ley 4
de 1992, para precisar su alcance respecto de los servidores públicos de la fiscalía general
de la Nación. En efecto, en el artículo primero de la Ley 332 de 1996 determinó con claridad
que la prima especial, en los supuestos que resulte aplicable para esta la entidad, constituye
parte del ingreso básico de liquidación sólo para efectos de la liquidación de la pensión de
jubilación.
Posteriormente, el legislador consideró que existía confusión respecto de la aplicación de la
prima especial a los servidores públicos de la fiscalía general de la Nación, razón por la cual
profirió la Ley 476 de 1998 y en su artículo 1º dispuso:
“Aclárase el artículo 1o. de la Ley 332 de 1996, en el sentido de que la excepción
allí consagrada que hace alusión a la Ley 4a. de 1992, no se refiere a los Fiscales
de la fiscalía general de la Nación que se acogieron a la escala salarial establecida
en el Decreto 53 de 1993, ni a quienes se vincularen con posterioridad a dicho
decreto. En consecuencia, para estos servidores, la prima especial de servicios a
que se refiere el artículo 6o. del Decreto 53 de 1993 y los decretos posteriores que
lo subrogan o lo adiciona, tendrá carácter salarial para efectos de la determinación
del salario base de liquidación de la pensión de jubilación”.
Ahora bien, frente al reconocimiento de la prima especial de servicios para los servidores de
la fiscalía general de la Nación, se acogen las reglas de unificación expuestas en la
12
Referencia: 76001-23-33-000-2014-00369-02
Número interno: 3926-2021
Demandante: Amparo Lozano Caicedo
Demandado: Fiscalía General de la Nación y otro
Proceso: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Sentencia SUJ-023-CE-S2-202011, del 15 de diciembre de 2020, en la cual se estableció en
el numeral segundo de la parte resolutiva, lo siguiente:
“SEGUNDO. UNIFICAR JURISPRUDENCIA respecto a la prima especial de
que trata el artículo 14 de la ley 4ª de 1992 y su reconocimiento a aquellos
Fiscales que acogieron al régimen salarial del Decreto 53 de 1993 o que se
hayan vinculado de manera posterior a la entidad, en los siguientes términos:
1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o
asignación mensual de los servidores públicos beneficiarios de esta. En
consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta
sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto de la
prima resulten a su favor.
2. La prima especial constituye factor salarial sólo para determinar el ingreso
base de liquidación de la pensión de jubilación.
3. A partir de la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998 los empleados públicos
de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53
de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con posterioridad tienen derecho a
la prima especial de servicios como un incremento del salario básico y/o
asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado
por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente.
4. Los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial
consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con
posterioridad tienen derecho desde 1998 a la reliquidación de las prestaciones
sociales sobre el 100 % de su salario básico y/o asignación básica, es decir,
con la inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial.”
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima
especial de servicios, se tendrá́ en cuenta en cada caso la fecha de
presentación de la reclamación administrativa y a partir de allí́ se reconocerá́
hasta tres años atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de
1998 y 1848 de 1969.”
Queda así definido conforme a la sentencia de unificación acabada de citar, que la prima
especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación básica de los
servidores públicos beneficiarios de ésta y que la prima especial sólo constituye factor
salarial para efectos de pensión de jubilación.
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces, Consejero
ponente: Jorge Iván Rincón Córdoba, del 15 de diciembre de 2020, radicación número: 73001-23-33-000-2017-
00568-01(5472-18)SUJ-023-CE-S2-2020, Actor: Nayibe Lorena Pérez Castro, Demandado: Fiscalía General de la
Nación.
13
Referencia: 76001-23-33-000-2014-00369-02
Número interno: 3926-2021
Demandante: Amparo Lozano Caicedo
Demandado: Fiscalía General de la Nación y otro
Proceso: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Igualmente, que los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial
consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con posterioridad
tienen derecho desde 1998 a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 %
de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30% que había sido
excluido a título de prima especial.
8.1.3. El caso concreto
De conformidad con las consideraciones que anteceden, se desarrollará el caso concreto
en los siguientes términos:
Según lo referido en la constancia fechada 16 de marzo de 2018, expedida por el jefe de
Sección de Talento Humano de la fiscalía general de la Nación12, los cargos ocupados por
la demandante a partir del 1 de enero de 1993 son:
• Fiscal delegado ante jueces municipales y promiscuos desde el 22 de junio de
1994 al 24 de febrero de 2002.
• Fiscal delegado ante jueces del Circuito del 25 de febrero de 2002 al 20 de julio
de 2012 (fecha de retiro del servicio).
Desde el año 1994 (fecha de vinculación como fiscal) la fiscalía general de la Nación, liquidó
y pagó a la accionante el 70% de la remuneración fijada en los decretos expedidos por el
Gobierno Nacional en forma anual, a título de asignación básica y el 30% restante, a título
de prima especial, es decir, disminuyó la remuneración en un 30%.
Como bien puede advertirse, el caso que se controvierte en el presente proceso tiene los
mismos supuestos jurídicos y fácticos que originaron la sentencia de unificación, proferida
por la Sala de Conjueces el pasado 15 de diciembre de 2020.
La posición jurisprudencial que se ha dejado reseñada, ha permitido que esta jurisdicción
en sendos procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, haya verificado que a los
funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, desde el año 1993 se les ha disminuido la
asignación básica en un 30% al darle a ese 30%, el carácter de prima especial, lo cual no
se compadece con los principios constitucionales e internacionales del derecho al trabajo
que demandan entre otros, la progresividad del ingreso y la nivelación del mismo.
12
Índice 24 expediente digital, ED_CUADERNO1_75MEMORIAL-RESPUESTA REQUERIMIENTO OFICIADO(.pdf),
de Samai.
14
Referencia: 76001-23-33-000-2014-00369-02
Número interno: 3926-2021
Demandante: Amparo Lozano Caicedo
Demandado: Fiscalía General de la Nación y otro
Proceso: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Resulta pertinente reiterar en este punto, lo dicho por la Sala Plena de Conjueces en la
sentencia de unificación antes referida:
“A. Justificación en el presente caso de la necesidad de unificación
(…)
Planteado en estos términos el recurso de apelación, la Sala Plena de Conjueces de
la Sección Segunda, es consciente de la necesidad de generar un precedente judicial
sobre prima especial que se aplique a las relaciones jurídicas entabladas al interior
de la Fiscalía General la Nación al presentarse en este caso tres elementos
diferenciales respecto de la sentencia de unificación que se profirió en 2019 para el
caso de los jueces13: 1. La necesidad de determinar si los funcionarios que se
acogieron al régimen consagrado en el Decreto 53 de 1993 o que ingresaron de forma
posterior a su entrada en vigencia son o no destinatarios de la prima especial
establecida en el artículo 14 de la ley 4ª de 1992; 2. Pronunciarse respecto a la
ausencia de reglamentación de la prima especial desde el año 2003 y si esta
circunstancia implica imposibilidad de reconocimiento debido a la ausencia de un
fundamento normativo suficiente, y; 3. Determinar si en el caso de los fiscales la prima
tiene carácter de factor salarial y, si es así, cual es el alcance sobre el
reconocimiento de derechos prestacionales. Por estas razones, se advierte la
necesidad de unificar la jurisprudencia respecto de un tema que, si bien a lo largo de
los años ha sido objeto de distintas interpretaciones en el seno de esta Corporación,
debe ser definido para evitar, de cara al futuro, posibles contradicciones en las
sucesivas decisiones judiciales y garantizar así la igualdad y la seguridad jurídica del
orden laboral administrativo. De igual modo, es necesario armonizar la decisión con
los pronunciamientos de la sección segunda en sede de nulidad simple y determinar
lo referente a la aplicación del fenómeno de la prescripción.”
La Sala llega a las siguientes conclusiones en lo que atañe a la prima especial:
A la demandante se le desmejoró su salario en un 30%, dándole a este 30% el carácter de
prima especial, decisión que repercutió en la liquidación de sus prestaciones sociales, la
cuales se le liquidaron sobre el 70% de su remuneración y no sobre el 100%, razón por la
cual, se restablecerá su derecho para que su salario y sus prestaciones sociales se liquiden
sobre el 100% de su remuneración.
El restablecimiento del derecho se traduce en el pago del 30% que la demandante no
recibió a título de prima especial y en el pago de las diferencias que resulten de la
reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100% de la remuneración y no sobre el
70% de la remuneración como le fueron liquidadas y reconocidas.
En consecuencia, eesta Sala modificará la orden de restablecimiento del derecho por
cuanto, el a-quo le otorgó a la prima especial la condición de factor salarial, cuando ello no
13
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección segunda. Sentencia del 2 de septiembre de
2019. Exp. 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18CE-SUJ-016-S2-19).
15
Referencia: 76001-23-33-000-2014-00369-02
Número interno: 3926-2021
Demandante: Amparo Lozano Caicedo
Demandado: Fiscalía General de la Nación y otro
Proceso: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
está acorde con la ley, pues dicho emolumento solo constituye factor de salario para la
liquidación de la pensión.
8.1.4. De la prescripción trienal
En lo que tiene que ver con la prescripción trienal, respecto de la cual difiere la parte
demandante en el recurso de alzada, la Sala Plena de Conjueces en la sentencia de
Unificación del 15 de diciembre de 2020, precisó:
“Señaladas las dos posiciones, esta sala se decanta por la primera de ellas,
pues como se dijo, el ejercicio de analogía se puede realizar también con el
Decreto 3135 de 1968, lo que de suyo permite llenar una laguna apelando a las
disposiciones que conforman el llamado estatuto de la función pública. Lo
anterior se refuerza si se observa que se trata de una discusión teórica que no
tiene efectos prácticos, pues si se observa con detenimiento, cualquiera de los
caminos expuestos lleva la aplicación de la prescripción trienal en las relaciones
laborales entabladas con los empleados públicos.
Aclarado lo anterior, la Sala recuerda al actor que la prescripción trienal (de
naturaleza extintiva) tiene la función, en palabras del profesor Hinestrosa, de
proteger el orden público y el interés general. Lo anterior, porque se trata de
una institución cuyo fundamento es el generar condiciones de certeza y
seguridad en el marco de las relaciones jurídicas, con independencia de si en
éstas los sujetos son privados o uno de ellos tiene el carácter de público.
(…)
En conclusión, los argumentos expuestos dan respuesta clara a la discusión
planteada en la sentencia de primera instancia: no puede afirmarse que los
derechos laborales sean imprescriptibles toda vez que, aunque se trate de
derechos ciertos e irrenunciables, no por ello puede desconocerse la
ponderación que el mismo ordenamiento jurídico realiza con el principio de
seguridad jurídica, como quiera que la indeterminación temporal en el ejercicio
de los derechos generaría la existencia de situaciones indefinidas, otorgándole
un carácter absoluto al derecho de acceso a la administración de justicia.”
Conforme a la sentencia citada, la prima especial fue exigible desde el momento de la
entrada en vigencia de la Ley 4 de 1992 y con la expedición del decreto que la reglamentó
primigeniamente, esto es, el Decreto 53 de 1993, por lo que para la contabilización de la
prescripción del derecho a reclamar la prima especial de servicios, se tendrá́ en cuenta en
cada caso la fecha de presentación de la reclamación administrativa y a partir de allí́ se
reconocerá́ hasta tres años atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de
1998 y 1848 de 1969.
Así las cosas, la petición de reconocimiento de la diferencia por prima especial se presentó
el 03 de octubre de 201314. Esto implica que el derecho que le asiste a la demandante se
14
Índice 24 expediente digital, ED_CUADERNO1_02ANEXOS(.pdf), pág. 1, 5-20 de Samai.
16
Referencia: 76001-23-33-000-2014-00369-02
Número interno: 3926-2021
Demandante: Amparo Lozano Caicedo
Demandado: Fiscalía General de la Nación y otro
Proceso: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
encuentra prescrito en lo que corresponde a lo causado antes del 03 de octubre de 2010,
en consecuencia, el pago comprenderá lo causado entre la fecha acabada de mencionar y
el 20 de julio de 2012.
No obstante, la sala considera que se debe adicionar la sentencia, en el sentido que la
fiscalía general de la Nación debe efectuar los aportes para pensión, desde el 22 de junio
de 1994 (fecha de vinculación como fiscal) y hasta el 20 de julio de 2012 (fecha de retiro),
pues estos como es sabido son imprescriptibles, con el fin de que Colpensiones pueda
reajustar la pensión.
8.1.5. De la inaplicación
Fue pretensión de la demanda la inaplicación de los decretos que regularon el pago de la
prima especial de servicios entre 2009 a 2012.
Al respecto, en sentencia proferida por la Sala de Conjueces el 21 de septiembre de 2022,
Expediente con Referencia: N° 110010325000201801101-00, Número interno: 3974-2018,
Demandante: Diego Fernando Fernández Ávila, se declaró la nulidad de las siguientes
disposiciones: artículos 6 y 16 del Decreto 53 de 1993, artículos 7 y 18 del Decreto 108 de
1994, artículos 7 y 17 de los Decretos 49 de 1995, 108 de 1996, 52 de 1997, artículos 7 y
18 del Decreto 50 de 1998, artículos 7 y 17 del Decreto 38 de 1999, artículos 8 y 17 de los
Decretos 2743 de 2000, 2729 de 2001, artículos 7 y 16 del Decreto 685 de 2002, artículo
15 de los Decretos 3549 de 2003, 4180 de 2004, 943 de 2005, 396 de 2006, 625 de 2007,
665 de 2008, artículo 16 de los Decretos 730 de 2009, 1395 de 2010, artículos 15 de los
Decretos 1047 de 2011, 875 de 2012, 1035 de 2013, 205 de 2014, artículos 16 de los
Decretos 1087 de 2015, 219 de 2016 y artículo 17 del Decreto 989 de 2017, normas que
regularon el pago del emolumento que ocupa esta demanda, sin acatar su condición de
salario con efecto para liquidación de la pensión.
En consecuencia, la Sala adicionará la sentencia para estarse a lo allí resuelto.
8.2. Del reajuste del Decreto 1251 de 2009
8.2.1. Marco normativo y jurisprudencial
Conforme lo dispuesto por la Constitución Política, la función de fijar el régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos corresponde al Gobierno Nacional a través de los
17
Referencia: 76001-23-33-000-2014-00369-02
Número interno: 3926-2021
Demandante: Amparo Lozano Caicedo
Demandado: Fiscalía General de la Nación y otro
Proceso: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
lineamientos que de forma privativa el legislador dicte para el efecto; tal y como lo preceptúa
el artículo 150 numeral 19 literal superior, así:
“ARTICULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce
las siguientes funciones:
19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales
debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:
e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros
del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública.
A su vez, el Congreso de la República expidió la Ley 4ª de 1992 “Mediante la cual se
señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la
fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del
Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de
los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo
establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política”.
Conforme a lo anterior, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1251 de 2009, en desarrollo
de los criterios sentados por la Ley 4 de 1992, y reglamentó, entre otros, la remuneración
que por todo concepto perciben los jueces del circuito y municipales y los fiscales delegados
ante dichas autoridades, en los siguientes términos:
…ARTÍCULO 2°. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo
concepto perciba el Juez del Circuito, el Fiscal Delegado ante Juez del Circuito,
el Juez de División, o de Fuerza Naval, o de Comando Aéreo, o de Policía
Metropolitana y el Fiscal ante Juez de División, o de Fuerza Naval, o de
Comando Aéreo, o de Policía Metropolitana será igual al cuarenta y tres por
ciento (43%) del valor correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por
todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.
A partir del 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será
equivalente a los cuarenta y tres puntos dos por ciento (43.2%) del valor
correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba
anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.
ARTÍCULO 3°. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto
perciba el Juez Municipal, el Fiscal Delegado ante Juez Municipal y Promiscuo,
el Juez de Brigada, o de Base Aérea, o de Grupo Aéreo, o de Escuela de
Formación, o de Departamento de Policía, el Fiscal ante Juez de Brigada, o de
Base Aérea, o de Grupo Aéreo, o de Escuela de Formación, o de Departamento
de Policía y el Juez de Instrucción Penal Militar será igual al treinta y cuatro punto
siete por ciento (34.7%) del valor correspondiente al setenta por ciento (70%) de
lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.
A partir de 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será
equivalente a los treinta y cuatro puntos nueve por ciento (34.9%) del valor
correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba
anualmente el Magistrado de las Altas Cortes…
Por otra parte, los Magistrados de Altas Cortes tienen un régimen salarial especial
contemplado en el artículo 187 de la Constitución política, la Ley 4 de 1992, el Decreto 10
18
Referencia: 76001-23-33-000-2014-00369-02
Número interno: 3926-2021
Demandante: Amparo Lozano Caicedo
Demandado: Fiscalía General de la Nación y otro
Proceso: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
de 1993 y las disposiciones contenidas en la Ley 644 de 2001 normas que establecen que
los ingresos totales anuales de estos funcionarios deben coincidir con los ingresos totales
anuales permanentes de los Congresistas de la República de conformidad con el artículo
15 de la Ley 4 de 1992.
En efecto, la norma mencionada es del siguiente tenor, en lo que hace referencia a la
remuneración de los magistrados de las Altas Cortes y en particular, frente al tema de la
prima especial de servicios, la ley 4ª de 1992, establece en su artículo 15:
“Los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Suprema de
Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, el Procurador General de
la Nación, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la Nación, el
Defensor del Pueblo y el Registrador Nacional del Estado Civil tendrán una prima
especial de servicios sin carácter salarial2 , que sumada a los demás ingresos
laborales, igualen a los percibidos en su totalidad, por los miembros del Congreso, sin
que en ningún caso los supere. El Gobierno podrá fijar la misma prima para los
Ministros del Despacho, los Generales y Almirantes de la Fuerza Pública”.
La prima especial de servicios fue reglamentada en el Decreto 10 de 1993, en sus artículos
1 y 2:
“ARTICULO 1o. La prima especial de servicios de que trata el artículo 15 de la Ley 4ª
de 1992, será igual a la diferencia entre los ingresos laborales totales anuales recibidos
por los miembros del Congreso y los que devenguen los funcionarios que tienen
derecho a ella.
ARTICULO 2o. Para establecer la prima especial de servicios prevista en el presente
Decreto, se entiende que los ingresos laborales totales anuales percibidos por los
Miembros del Congreso son los de carácter permanente, incluyendo la prima de
Navidad (…)”.
De las normas citadas, se desprende quienes ocupan la Magistratura en las Altas Cortes,
gozan de una prima especial de servicios que, sumada a los demás ingresos laborales,
igualan los ingresos percibidos en su totalidad por los miembros del Congreso, sin que en
ningún evento lo superen y para establecer el valor de dicha prima indicó que se deben
observar ingresos laborales totales anuales percibidos por los miembros del Congreso.
Conforme lo anterior, se advierte que la remuneración de los jueces del circuito o municipales
y fiscales delegados ante estos depende directamente de lo percibido por un magistrado
de Alta Corte y a su vez, lo percibido por éstos deberá atender a los ingresos laborales
totales anuales percibidos permanentemente por los miembros del Congreso.
Ahora, teniendo en cuenta que el Decreto 1251 de 2009 establece un porcentaje sobre lo
que por todo concepto perciba anualmente un Magistrado de las Altas Cortes, es
necesario establecer ¿cuáles son los conceptos que por remuneración reciben los
magistrados de las Altas Cortes? Al respecto, en sentencia del 4 de mayo de 2009, la Sala
19
Referencia: 76001-23-33-000-2014-00369-02
Número interno: 3926-2021
Demandante: Amparo Lozano Caicedo
Demandado: Fiscalía General de la Nación y otro
Proceso: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, radicación No.
250002325000200405209 02, señaló:
“…Al referirse, tanto la Ley 4ª de 1992 como el Decreto 10 de 1993 a ingresos
laborales totales anuales, dicha expresión engloba todo aquello que en el
año percibe en ejercicio de la relación laboral el congresista como tal, sin
tener en cuenta si dicha partida es factor de salario o por el contrario
corresponde a una prestación social.
En consecuencia, no le es dable al juzgador, distinguir donde la Ley no lo hace,
siendo claro que dentro de tal concepto deben incluirse tanto los salarios como
las prestaciones sociales
(…)
Fue el mismo Legislador quien al expedir las disposiciones contenidas en la Ley
4ª de 1992 equiparó los derechos salariales de los de Magistrados de Alta Corte
con los Congresistas, cosa que hizo en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992,
resultando entonces, que los ingresos laborales totales anuales de los
Magistrados deben ser iguales a los ingresos laborales totales anuales de los
Congresistas
(…)
Se concluye en consecuencia que la suma recibida por los congresistas por
concepto de ingresos laborales totales anuales, debe ser la misma que la
recibida por los magistrados de las Altas Cortes y que éstos últimos, que es
situación diferente, tienen entre sí, iguales remuneración, prestaciones sociales
y derechos laborales…” (Resaltado fuera de texto)
Igualmente, en la Sentencia de Unificación dictada por esta Sala de Conjueces15, manifestó
que para la liquidación de la prima especial de servicios y de la bonificación por
compensación debe considerarse el auxilio de cesantías. En la mencionada sentencia se
dijo lo siguiente:
“…Las cesantías percibidas por los miembros del Congreso de la República han
sido consideradas ingresos laborales anuales permanentes por la
jurisprudencia del Consejo de Estado en ocasiones anteriores, lo que tiene
plena razón de ser pues se trata de una erogación que realiza el empleador
anualmente a favor de su trabajador y que se causa por cada día de trabajo del
empleado.
De allí que esta corporación haya concluido que el auxilio de cesantías debe
ser tenido en cuenta para realizar la liquidación de la prima especial de
servicios de los funcionarios mencionados en el artículo 15 de la Ley 4ª de
1992, quienes tienen derecho a percibir una suma equivalente a lo que por todo
concepto devengan los congresistas.
(…)
En este sentido, y teniendo en cuenta que la prima especial de servicios no solo
es un ingreso laboral sino que también cuenta con un carácter salarial limitado
15
Sentencia proferida el 18 de mayo de 2016 por la Sala de Conjueces – Sección Segunda del Consejo de Estado,
Rad. 250002325000201000246-02, Demandante: Jorge Luis Quiroz Alemán. Conjuez Ponente Doctor Jorge Iván
Acuña Arrieta.
20
Referencia: 76001-23-33-000-2014-00369-02
Número interno: 3926-2021
Demandante: Amparo Lozano Caicedo
Demandado: Fiscalía General de la Nación y otro
Proceso: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
en atención a lo decidido por la Corte Constitucional en la sentencia C-681 del
6 de agosto de 2003, habría que señalarse que no existen razones para que
se haga abstracción de la misma, o de cualquiera de los factores que se
tienen en cuenta para su liquidación, al momento de fijar el monto a cancelar
por concepto de bonificación por compensación a favor de los servidores
mencionados en el artículo 2º del Decreto 610 de 1998. Habiendo señalado que
el auxilio de cesantías es un ingreso laboral percibido de manera permanente
por los jueces de mayor jerarquía de todas las jurisdicciones, es evidente que
resultaría violatorio del principio de igualdad que surge del artículo 13 de
la Constitución Política de Colombia el señalar que esta prestación social
carece de tal naturaleza únicamente con el propósito de disminuir la base
de liquidación de la bonificación por compensación de la que son
acreedores los funcionarios mencionados en el artículo 2º del Decreto 610
de 1998.
En consecuencia, se concluye que únicamente teniendo en cuenta los pagos
que el Estado debe realizar a los Congresistas por concepto de cesantías puede
calcularse la diferencia total entre lo que ellos perciben y la asignación de los
Magistrados de las Altas Cortes para, así, determinar el valor de la prima
especial de servicio a la que tienen derecho estos últimos…” (negrilla fuera de
texto).
Así las cosas, se puede concluir que el auxilio de cesantías debe ser tenido en cuenta para
realizar la liquidación de la prima especial de servicios de los funcionarios mencionados en
la Ley 4ª de 1992, beneficio que incide en el porcentaje que estableció el artículo 2 del
Decreto 1251 de 2009 para los jueces del circuito y municipales y fiscales delegados frente
a dichas autoridades.
8.2.2. El caso concreto
De conformidad con las consideraciones que anteceden, se desarrollará el caso concreto
en los siguientes términos:
Revisado el expediente se observa que la demandante laboró como fiscal delegada ante
los jueces de circuito, en vigencia del Decreto 1251 de 2009, así16: fiscal delegado
ante jueces del Circuito del 25 de febrero de 2002 al 20 de julio de 2012 (fecha de
retiro del servicio).
Así mismo, se advierte que la demandante presentó derecho de petición ante la entidad
demanda el 03 de octubre de 201317, solicitando la nivelación establecida en el Decreto
1251 de 2009, la cual fue resuelta mediante el Oficio IPER 20133100063841 del 8 de
octubre de 201318, la cual negó lo pretendido por la demandante.
16
Índice 24 expediente digital, ED_CUADERNO1_75MEMORIAL-RESPUESTA REQUERIMIENTO OFICIADO(.pdf),
de Samai.
17
Índice 24 expediente digital, ED_CUADERNO1_02ANEXOS(.pdf), pág. 1, 5-20 de Samai.
18
Índice 24 expediente digital, ED_CUADERNO1_02ANEXOS(.pdf), pág. 1-2 de Samai.
21
Referencia: 76001-23-33-000-2014-00369-02
Número interno: 3926-2021
Demandante: Amparo Lozano Caicedo
Demandado: Fiscalía General de la Nación y otro
Proceso: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
La jurisprudencia del Consejo de Estado, ha considerado que para efectos de liquidar la
prima especial de servicios creada en favor de los funcionarios indicados en el artículo 15
de la ley 4ª de 1992, se deberá tener en cuenta como ingreso anual laboral percibido por
los magistrados lo percibido por las cesantías, pues independiente de que sea prestación
social y no factor salarial, es un ingreso que se percibe en la anualidad y además integra
la prima especial creada con el objeto de igualar los salarios entre los altos magistrados y
los congresistas, como lo señalo el tribunal de instancia, por lo que no le asiste razón a la
parte demandante cuando afirma que se debe tener en cuenta el ingreso mensual,
Entonces, si al liquidar la prima especial de servicios a los magistrados de las Altas Cortes,
la demandada excluyó el valor devengado por “cesantías”, no reconoció la misma
remuneración que a los congresistas, lo cual incide directamente en la remuneración de
los demás funcionarios de la rama judicial, pues conforme el Decreto No. 1251 de 2.009,
dependerá en un porcentaje de lo que perciban los magistrados de las Altas Cortes. Así
las cosas, revisadas las pruebas obrantes en el proceso se encuentra lo siguiente:
año Total devengado 70% de lo Remuneración Ingresos percibidos por la Diferencia salarial
magistrados Alta devengado por que debía recibir actora20
Corte un magistrado un fiscal
(incluyendo de Alta Corte delegado ante
cesantías)19 juez de circuito
2009 $294.382.909 $217.443.532 43% = Fiscal delegado juez Diferencia de enero a
$93.500.719 circuito= diciembre=$1.488.439
-Diferencia $85.776.976 (devengados)
anual ingresos + $6.235.304 (cesantías)=
congresista y $92.012.280
magistrado alta
corte:
$16.250.708
2010 $300.270.566 $221.792.405 43.2%= Fiscal delegado juez de Diferencia de enero a
$95.814.319 circuito de enero a julio = julio=
Diferencia anual $87.635.05421 $1.791.993
ingresos (devengados)
congresista y + $6.387.272 (cesantías) =
magistrado alta $94.022.326
corte:
$16.575.727
2011 $309.789.132 $228.823.217 43.2% = Fiscal delegado juez Diferencia de enero a
$98.851.629 circuito de enero a diciembre= $1.156.916
Diferencia anual diciembre=
ingresos $86.381.302+4.719.645
congresista y (vacaciones enero)
magistrado alta (devengados)
corte: + $6.593.766
$17.101.178 (cesantías)=
$97.694.713
2012 $325.278.589 $240.264.378 43.2%= Fiscal delegado juez de Diferencia de enero a
$103.794.073 circuito de enero a diciembre sin
Diferencia anual diciembre= cesantías=
ingresos $95.441.833 $2.295.048
congresista y (devengados)
magistrado alta + $58.248.494
corte: (cesantías)=
$17.956.237 no hay datos
19
Índice 24 expediente digital, ED_CUADERNO1_73OTROS (..) Samai
20
Índice 24 expediente digital, ED_CUADERNO1_02ANEXOS(.pdf), pág. 40 y s.s. de Samai.
21
No se tiene en cuenta el sueldo de vacaciones que se reporta (2010) pues se refiere a las vacaciones
disfrutadas en enero de 2011.
22
Referencia: 76001-23-33-000-2014-00369-02
Número interno: 3926-2021
Demandante: Amparo Lozano Caicedo
Demandado: Fiscalía General de la Nación y otro
Proceso: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Conforme a lo anterior, para la Sala no hay duda que existe diferencia entre lo percibido por
la parte actora y lo que debió percibir si el ingreso de los magistrados de Altas Cortes se
hubiere liquidado correctamente, esto es, teniendo en cuenta las cesantías como ingresos
laborales anuales permanentes para efectos de liquidar la prima especial de servicios.
En consecuencia, la demandante AMPARO LOZANO CAICEDO tiene derecho al
reconocimiento, reliquidación y pago de sus ingresos mensuales totales, incluido el auxilio
de las cesantías, es decir, para el año 2009 el 43% como fiscal delegada ante juez de circuito
y para los años 2010 y siguientes el 43.2% del valor correspondiente al 70% de lo que por
todo concepto percibe anualmente un magistrado de Alta Corte. Y por todo concepto hay
que entender también el auxilio de las cesantías, el cual hace parte de la liquidación de la
prima especial de servicios, por lo que la Sala aclarará la sentencia en dicho sentido.
• De la prescripción trienal
En lo que tiene que ver con la prescripción trienal, considera esta Sala que a la controversia
es aplicable la regla general, contemplada en el Decreto 3135 de 1948 que dispone:
ARTÍCULO 41. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en
este Decreto prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva
obligación se haya hecho exigible.
El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad
competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado,
interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual.22
El demandante se vinculó como juez de la República en vigencia del Decreto 1251 de 2009,
del 25 de febrero de 2002 al 20 de julio de 2012 (fecha de retiro del servicio).
La petición de reconocimiento de la nivelación se presentó el 03 de octubre de 201323, en
consecuencia, las diferencias salariales se vieron afectadas por el término prescriptivo, el
cual operó a partir del 03 de octubre de 2010, tal y como fue dispuesto por el a quo.
9. De la reliquidación de la pensión:
22
Sentencia C- 916 de 2010: “Tercero. Declarar EXEQUIBLE la expresión “Las acciones que emanen de los
derechos consagrados en este Decreto prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva obligación
se haya hecho exigible” contenida en el artículo 41 del Decreto Ley 3135 de 1968, por los cargos analizados.
23
Índice 24 expediente digital, ED_CUADERNO1_02ANEXOS(.pdf), pág. 1, 5-20 de Samai.
23
Referencia: 76001-23-33-000-2014-00369-02
Número interno: 3926-2021
Demandante: Amparo Lozano Caicedo
Demandado: Fiscalía General de la Nación y otro
Proceso: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
A diferencia de lo expuesto por la apelante Fiscalía General de la Nación, encuentra la Sala
que a la luz de la sentencia de unificación proferida por la Sala de Conjueces el 2 de
septiembre de 2019 en el numeral 1º “La prima especial sólo constituye factor salarial para
efectos de pensión de jubilación”, como lo previó la ley.
Igualmente, en la sentencia de unificación de 11 de junio de 202024 el Consejo de
Estado, además de los factores indicados por el Decreto 1158 de 1994 precisó otros con
incidencia pensional cuando ello se hayan efectuado los aportes correspondientes». La
regla se dejó expuesta en los siguientes términos:
«[…] con los factores de liquidación contemplados por el artículo 1.° del
Decreto 1158 de 1994 al igual que por los artículos 14 de la Ley 4ª. de 1992
con la modificación de la Ley 332 de 1996;25 1.° del Decreto 610 de 1998; 1.°
del Decreto 1102 de 2012; 1.° del Decreto 2460 de 2006; 1.° del Decreto 3900
de 2008; y 1.° del Decreto 383 de 2013, según se trate de magistrados o
empleados de la Rama Judicial o del Ministerio Público, siempre que respecto
de ellos se hubieren realizado las cotizaciones respectivas. […]».
Como fundamento de lo anterior la Sala expuso:
«[…] Vista la anterior normativa es posible colegir que, aunque a partir
del 1.º de abril de 1994 los servidores de la Rama Judicial quedaron
incorporados al sistema general de pensiones, y que, en virtud de tal
incorporación a través del artículo 6.º del Decreto 691 de 1994 modificado
por el artículo 1.°26 del Decreto 1158 de 1994, fueron fijados como
factores de salario para liquidar su ingreso base de cotización la
asignación básica mensual; los gastos de representación; la prima
técnica, cuando sea factor de salario; las primas de antigüedad,
ascensional de capacitación cuando sean factor de salario; la
remuneración por trabajo dominical o festivo; la remuneración por trabajo
suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna; y la
bonificación por servicios prestados, lo cierto es que estos servidores,
precisamente en desarrollo de la Ley 4ª. de 1992, que a su vez dio
cumplimiento a lo establecido por el literal e) del numeral 19 del artículo
150 de la Carta Política, tienen derecho a que se computen como factores
salariales en la liquidación de su pensión los siguientes:
Prima especial de que trata por la Ley 332 de 1996, que modificó la Ley
4ª. de 1992, para los magistrados y agentes delegados ante la Rama
24
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 11 de junio de 2020, radicación:
150012333000201600630 01 (4083-2017) CE-SUJ-S2-021-20. Demandante: Cándida Rosa Araque de Navas.
25 Artículo 1.°
26 Artículo 1. «El artículo 6º del Decreto 691 de 1994, quedará así "Base de cotización". El salario mensual base
para calcular las cotizaciones al Sistema General de Pensiones de los servidores públicos incorporados al mismo,
estará constituido por los siguientes factores: a) La asignación básica mensual; b) Los gastos de representación;
c) La prima técnica, cuando sea factor de salario; d) Las primas de antigüedad, ascensional de capacitación
cuando sean factor de salario; e) La remuneración por trabajo dominical o festivo; f) La remuneración por
trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna; g) La bonificación por servicios
prestados».
24
Referencia: 76001-23-33-000-2014-00369-02
Número interno: 3926-2021
Demandante: Amparo Lozano Caicedo
Demandado: Fiscalía General de la Nación y otro
Proceso: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Judicial; la bonificación por compensación creada por el Decreto 610 de
1998 para los magistrados y por el Decreto 1102 de 2012 para los
magistrados y agentes del Ministerio Público ante magistrados de
tribunales; la prima de productividad para los empleados judiciales
ordenada por el Decreto 2460 de 2006; la bonificación por actividad
judicial establecida por el Decreto 3900 de 2008 para los jueces y
procuradores judiciales 1, y la bonificación judicial instituida por el
Decreto 383 de 2013 para los servidores de la Rama Judicial, pues en
forma expresa los decretos aludidos dispusieron que se constituyen en
factores de salario para efecto de determinar su ingreso base de
cotización, siempre y cuando respecto de ellos se hayan efectuado los
aportes correspondientes. […]» (negrillas del original)
Conforme a lo anterior, la prima especial de servicios devengada por la demandante
constituye factor salarial para calcular la pensión de jubilación, al igual que las diferencias
salariales que se reconozcan en virtud del reajuste que amerita el porcentaje que se debe
al demandante, atendiendo a lo devengado por Magistrados de Alta Corte, como ya se
explicó.
Ahora, encuentra la Sala que el sentenciador de instancia, tal como se lee en el numeral 9º
dijo lo siguiente:
NOVENO: CONDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones
Colpensiones a pagar a la señora AMPARO LOZANO CAICEDO la diferencia
entre lo efectivamente pagado como mesadas pensiónales en la resolución
90028 del 19 de abril de 2012, el día en que se le reconoció la pensión y lo que
ha debido pagársele conforme lo decidido en el numeral cuarto de este fallo,
estas sumas deberán Indexarse mes a mes como quedó señalado en esta
providencia, en adelante las mesadas deben continuar pagándosele conforme
lo indicado en este fallo.
Considera la Sala que si bien, tanto la prima especial que se ordena pagar, como las
diferencias que se generan en la aplicación del Decreto 1251 de 2009, deben ser tenidos
en cuenta como factor de liquidación de la pensión de vejez, no es menos cierto que el acto
administrativo mencionado, proferido por la Administradora Colombiana de Pensiones, no
fue controvertido en este proceso, en estas condiciones, mal puede pronunciarse la
sentencia sobre su legalidad.
Aún más, como lo señaló la entidad demandada, el IBL reportado por la entidad
empleadora, es el que permite sustentar la liquidación de la pensión, así las cosas, esta
sentencia sólo puede extenderse a ordenar a la demandada Administradora Colombiana
de Pensiones que tenga en cuenta los factores a que se contrae esta sentencia.
En estas condiciones se modificará el numeral 8º de la sentencia apelada y se revocará el
numeral 9o.
25
Referencia: 76001-23-33-000-2014-00369-02
Número interno: 3926-2021
Demandante: Amparo Lozano Caicedo
Demandado: Fiscalía General de la Nación y otro
Proceso: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Sala de Conjueces administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: PRIMERO: Aceptar el impedimento manifestado por el Conjuez Doctor Luis
Fernando Tafur Galvis y en consecuencia separarlo del conocimiento de este proceso.
SEGUNDO: Reconocer personería a la abogada Adriana María Chingaté Barbosa, con
cédula de ciudadanía No. 52.729.825, portadora de la Tarjeta Profesional de Abogado No.
364.036, como apoderada de Colpensiones, conforme al poder obrante al índice 47 Samai.
TERCERO: Se adiciona la sentencia apelada para estarse a lo resuelto en la sentencia
proferida por la Sala de Conjueces, el 21 de septiembre de 2022 Expediente con
Referencia: N° 110010325000201801101-00, Número interno: 3974-2018, Demandante:
Diego Fernando Fernández Ávila, que declaró la nulidad de las siguientes disposiciones:
artículos 6 y 16 del Decreto 53 de 1993, artículos 7 y 18 del Decreto 108 de 1994, artículos
7 y 17 de los Decretos 49 de 1995, 108 de 1996, 52 de 1997, artículos 7 y 18 del Decreto
50 de 1998, artículos 7 y 17 del Decreto 38 de 1999, artículos 8 y 17 de los Decretos 2743
de 2000, 2729 de 2001, artículos 7 y 16 del Decreto 685 de 2002, artículo 15 de los Decretos
3549 de 2003, 4180 de 2004, 943 de 2005, 396 de 2006, 625 de 2007, 665 de 2008, artículo
16 de los Decretos 730 de 2009, 1395 de 2010, artículos 15 de los Decretos 1047 de 2011,
875 de 2012, 1035 de 2013, 205 de 2014, artículos 16 de los Decretos 1087 de 2015, 219
de 2016 y artículo 17 del Decreto 989 de 2017.
CUARTO: Modificar el numeral 4º de la sentencia, en consecuencia, la Fiscalía General
de la Nación reconocerá y pagará a Amparo Lozano Caicedo el 30% que el demandante
no recibió a título de prima especial y el pago de las diferencias que resulten de la
reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100% de la remuneración y no sobre el
70% de la remuneración como le fueron liquidadas y reconocidas, desde el 03 de octubre
de 2010 hasta el 20 de julio de 2012. La prima especial de servicios, únicamente,
constituye factor salarial para determinar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes.
QUINTO: Modificar el numeral 5º de la sentencia, en consecuencia, la Fiscalía General de
la Nación a título de restablecimiento del derecho, reliquidará y pagará a Amparo Lozano Caicedo,
las diferencias que resulten entre lo que se le canceló por concepto de su remuneración mensual
y prestaciones sociales entre el 3 de octubre de 2010 y el 20 de julio de 2012, y lo que se le
debió cancelar, teniendo en cuenta para ello, el 43.2% del 70% de lo que por todo concepto
26
Referencia: 76001-23-33-000-2014-00369-02
Número interno: 3926-2021
Demandante: Amparo Lozano Caicedo
Demandado: Fiscalía General de la Nación y otro
Proceso: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
devengan los magistrados de Alta Corte, incluido el auxilio de cesantía que hace parte de la
liquidación de la prima especial de servicios, con referencia a la remuneración de los
Congresistas, de conformidad con los dispuesto en el numeral 2 del Decreto 1251 de 2009.
De las sumas que arroje la liquidación correspondiente, la entidad demandada deberá
descontar las sumas que efectivamente le fueron canceladas al actor en ese lapso. El valor
resultante será indexado aplicando para ello la fórmula incluida en la parte motiva de la
sentencia proferida en la primera instancia.
SEXTO: Modificar el numeral noveno de la sentencia el cual quedará así: La
Administradora Colombiana de Pensiones, reliquidará la pensión reconocida a Amparo
Lozano Caicedo incluyendo como factores los pagos que por efecto de esta sentencia se
ordena reconocer por la fiscalía general de la Nación, con efectos a partir del momento en
que adquirió el derecho a la pensión de vejez.
SÉPTIMO: Adicionar la sentencia para ordenar que, sin perjuicio de la prescripción, la
demandada efectúe los aportes a seguridad social en pensiones desde el 22 de junio de
1994 hasta el 20 de julio de 2012, sobre los factores cuyo pago ordena esta sentencia.
OCTAVO: Confirmar en todo lo demás la sentencia apelada, excepto el numeral noveno
que se revoca.
OCTAVO: Sin costas en esta instancia.
Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen y háganse las
anotaciones pertinentes en el programa informático SAMAI.
Notifíquese y cúmplase
Firmado electrónicamente
CLARA ELISA CIFUENTES ORTIZ
Conjuez Ponente
Firmado Electrónicamente
HÉCTOR SANTAELLA QUINTERO
Conjuez
Impedimento aceptado
LUIS FERNANDO J. TAFUR GALVIS
Conjuez
27
Referencia: 76001-23-33-000-2014-00369-02
Número interno: 3926-2021
Demandante: Amparo Lozano Caicedo
Demandado: Fiscalía General de la Nación y otro
Proceso: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala de
Conjueces en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia,
se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
28
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.