Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2014-00371-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Pensión de jubilación: reliquidación
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2014-00371-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2014-00371-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
12 de agosto de 2021
PENSIÓN DE JUBILACIÓN - Reliquidación / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN - Ingreso base de liquidación / SENTENCIA DE UNIFICACIÓN - Reglas y sub reglas / PRECEDENTE VINCULANTE - Aplicación
El IBL para las personas que se en encuentran en el régimen de transición es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 o en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según corresponda. Estas personas se pensionan con los requisitos de «edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.». En conclusión, si bien el demandante es destinatario de la Ley 33 de 1985, no es posible acceder a la reliquidación de la pensión en los términos deprecados, esto es, con el 75 % del promedio de los factores salariales devengados en el último año de servicios, porque según la sentencia de unificación de la Sala Plena del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2018, el IBL aplicable en su caso corresponde al promedio de lo devengado en el tiempo que le hacía falta para consolidar el derecho a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, o el cotizado durante todo el tiempo, si fuere superior. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el ingreso base de liquidación de los beneficiarios del régimen de transición pensional del inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, Exp. 52001-23-33-000-2012-00143-01(4403-13)(IJ), MP. César Palomino Cortés.
FUENTE FORMAL: LEY 33 DE 1985 / LEY 100 DE 1993
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN "A"
Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021).
Radicación número: 76001-23-33-000-2014-00371-01(1835-19)
Actor: JOSÉ ANTONIO SIERRA CLEMENTE
Demandado: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. TEMA: RELIQUIDACIÓN DE PENSIÓN. IBL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. REGLAS DE UNIFICACIÓN. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia proferida el 28 de noviembre de 2018, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el señor José Antonio Sierra Clemente, por conducto de apoderado, formuló demanda, en orden a que se declare la nulidad de las Resoluciones números 13968 del 20 de agosto de 2009 y 00889 del 2 de febrero de 2012, expedidas por el ISS, Seccional Valle del Cauca, hoy Colpensiones, por medio de las cuales se negó la reliquidación de su pensión de jubilación.
A título de restablecimiento del derecho solicitó i) condenar Colpensiones a reliquidarle la pensión de jubilación, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo 1 de la Ley 33 de 1985, es decir, con el promedio de lo devengado en su último año de servicio, actualizados anualmente con base a la variación real del Índice de Precios al Consumidor; ii) ordenar a la accionada pagar, de manera retroactiva, la diferencia existente entre el monto de la pensión de jubilación que le fue reconocida y la que resulte de la reliquidación, que a la fecha asciende a la suma de $ 254' 716.371, teniendo en consideración que se trata de una obligación de tracto sucesivo de cumplimiento mensual; iii) ordenar la indexación, mes a mes, sobre la diferencia que resulte de la reliquidación; y iv) condenar a la demandada al pago de las costas del proceso.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:
i) El señor José Antonio Sierra Clemente laboró de manera ininterrumpida, como empleado público, en la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) desde el 24 de septiembre de 1973 hasta el 2 de enero de 2007. Su último cargo fue el de asesor, grado 16, de la Dirección General.
ii) El ISS, Seccional Valle del Cauca, hoy Colpensiones, mediante la Resolución 13968 del 20 de agosto de 2009, reconoció a favor del demandante una pensión de jubilación, de conformidad con la Ley 33 de 1985, dada su condición de beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. La liquidación se basó en 1707 semanas cotizadas, lo cual arrojó un monto de $ 3.986.542, a partir del 3 de enero de 2007.
iii) El 3 de noviembre de 2011, elevó ante el Departamento de Atención al Pensionado del ISS, Seccional Valle del Cauca, solicitud de Reliquidación de la Pensión de Jubilación, de conformidad con lo previsto en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985, así como la indexación, mes a mes, sobre la diferencia existente entre el monto de la mesada pensional reconocida y el que resulte de dicha reliquidación.
iv) Mediante la Resolución 00889 del 2 de febrero de 2012, el ISS resolvió la solicitud confirmando lo decidido en la Resolución 13968 del 20 de agosto de 2009. Y aunque en uno de sus apartes expuso que al asegurado se le liquidó la prestación con el promedio de lo devengado durante el último año y sus factores salariales, generando un Ingreso Base de Liquidación por $ 4.537.413,00, lo cierto es que el cálculo del IBL se efectuó con los aportes de los últimos diez años cotizados.
v) Como requisito de procedibilidad de la acción, se realizó diligencia de conciliación, ante el procurador 165 Judicial ll para asuntos administrativos, el día 11 de febrero del año 2014, la cual se declaró fallida.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 53 de la Constitución Política; 36, inciso 2, de la Ley 100 de 1993 y 1 de la Ley 33 de 1985.
Además, se citaron las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: T-070 de 2007, T-174 de 2008, T-052 de 2008 y T-14 de 2009; y las siguientes del Consejo de Estado: radicados 3534-02 del 14 de noviembre de 2002 y 0112-2009 del 4 de Agosto de 2010. Finalmente, la Circular 054 de 2010, proferida por la Procuraduría General de la Nación, y demás normas concordantes aplicables.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso el siguiente argumento:
Al no tener en cuenta los salarios reales con los cuales cotizó el señor Sierra Clemente, el ISS, hoy Colpensiones, no liquidó su pensión de jubilación de conformidad con el inciso 2 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo 1 de la Ley 33 de 1985, es decir, con base en el promedio de todo lo devengado en el último año de servicio, actualizado con la variación real del Índice de Precios al Consumidor.
1.2. Contestación de la demanda
El apoderado de la Administradora Colombiana de Pensiones se opuso a las pretensiones de la demanda, con los siguientes argumentos:
i) El ISS, mediante Resolución 13968 del 20 de agosto de 2009, reconoció pensión de jubilación al señor José Antonio Sierra Clemente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, inciso 3, de la Ley 100 de 1993. El valor retroactivo, por la suma de $ 155.361.961, se le liquidó con la nómina del mes de septiembre de 2009, pagadera en octubre del mismo año.
ii) Posteriormente, mediante Resolución 00889 del 2 de febrero de 2012, se confirmó el acto Administrativo inicial en todas sus partes, teniendo en cuenta que la prestación otorgada con Bono Pensional se fundamentó en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985, el cual exige que para acceder al derecho a la pensión debe acreditar 20 años de servicio al estado y 55 años de edad, con un 75 % como monto de la pensión. La liquidación se realizó con el promedio de lo devengado o cotizado durante los 10 últimos años inmediatamente anteriores al cumplimiento de los requisitos, conforme lo dispuesto en los artículos 21 y 34 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003.
iii) Respecto de la inclusión de todos los factores devengados en el último año de servicio, como lo pretende el actor, debe tenerse en cuenta que la interpretación de que todos los ingresos que obtiene un servidor deben calculados para establecer el Ingreso Base de Liquidación de la pensión, independientemente de que tengan o no carácter retributivo, o si fueron objeto de cotizaciones con destino al Sistema de Pensiones, se torna inconstitucional, comoquiera que i) va en detrimento del principio de solidaridad y ii) permite la entrega de subsidios públicos a personas que no son merecedoras de ellos, desde el punto de vista de la seguridad social y los principios del Estado Social de Derecho.
Finalmente, propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, prescripción e innominada.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca denegó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas. Sustentó su decisión en las siguientes consideraciones:
i) Lo que busca el demandante es que se reliquide su pensión a su beneficio, por ende, se debe determinar si efectivamente la parte demandada tuvo en cuenta todos los factores ―cotizados o enlistados― percibidos por este en los últimos 10 años para efectos de liquidar la prestación.
ii) El artículo 36 de la Ley 100 de 1993 contempló un régimen de transición para aquellas personas que a la entrada en vigencia de esta norma ―1 de abril de 1994 en el orden nacional y 30 de junio de 1995 en el orden departamental― contaran con 35 o más años de edad, las mujeres, o 40 o más, los hombres, o 15 o más años de servicios cotizados; caso en el cual, la edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas y el monto de la pensión de vejez, serían los establecidos en el régimen anterior al cual se encontraren afiliados, que evidentemente cumple el demandante y, por ende, le resulta aplicable la Ley 33 de 1985.
iii) Si bien en la aludida normatividad se estableció el monto pensional en que se liquidarían las mesadas pensionales, no se puede pasar por alto que en el artículo 3 de la Ley 33 de 1985, modificada por el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, se establecieron los factores salariales a tener en cuenta para su liquidación. Sin embargo, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, cambiando la posición tradicional que venía sosteniendo, indicó que para liquidar la pensión de vejez o la de jubilación de los beneficiaros del régimen de transición de la ley 100 de 1993, deben tomarse los factores salariales sobre los cuales hubiere cotizado el empleado público en un periodo de 10 años o en el tiempo que faltare para adquirir el estatus de pensionado, si fuere más favorable. En este sentido, comoquiera que en dicha providencia se dispuso que sus efectos son de aplicación inmediata a los procesos judiciales y administrativos en curso, no resulta viable aplicar la sentencia del 4 de agosto de 2010, proferida por la Sección Segunda de la corporación.
iv) En el presente caso, no se encuentra en discusión que el demandante es beneficiario del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y así lo ratifican los actos acusados y el escrito de contestación de la demanda, por lo tanto, el IBL corresponde al promedio de los salarios o rentas sobre los cuales cotizó durante los diez años anteriores al reconocimiento de la pensión. Por esta razón, las pretensiones de la demanda no tienen vocación de prosperar, en tanto del plenario se establece que la entidad aplicó las reglas del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y en la medida en que no es factible jurídicamente tomar como ingreso base de liquidación de la pensión de vejez todos los factores salariales devengados en el último año de servicios, en tanto solo pueden incorporarse aquellos sobre los cuales hayan sido realizados los aportes al sistema de seguridad social en el referido periodo, los cuales se tuvieron en cuenta en el momento de liquidar la mesada pensional del actor.
1.4. El recurso de apelación
El demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia y pidió que se revoque y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda. Expuso las siguientes razones:
i) El a quo negó las pretensiones de la demanda con fundamento en una sentencia que modificó de manera abrupta la posición tradicional que sostenía el Consejo de Estado, sin tener en cuenta que la nueva postura desconoce que durante casi una década existió un orden jurisprudencial que sustentó la demanda interpuesta en el año 2014, razón por la cual no fue compartida por algunos de los integrantes de la sala plena.
ii) En este orden, comoquiera que siguen incólumes las pretensiones de la demanda, así como sus fundamentos, su pensión de jubilación debe liquidarse con el promedio de los salarios devengados en el último año de servicio, causado entre el 3 de enero de 2006 y el 2 de enero de 2007, de conformidad con lo previsto en la Ley 33 de 1985.
1.5. Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público
La parte actora descorrió el traslado y reiteró los planteamientos expuestos en la demanda y en el recurso de apelación. Por su parte, la accionada guardó silencio.
La procuraduría delegada no emitió concepto.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
El problema jurídico consiste en dilucidar si el señor José Antonio Sierra Clemente, por ser beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, tiene derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación de conformidad con la Ley 33 de 1985, con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicios.
2.2 Marco normativo y jurisprudencial
2.2. Postura unificada frente a la reliquidación de pensión ordinaria de los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993
Para resolver la controversia le corresponde a la Sala dar aplicación a la regla y a las subreglas jurisprudenciales fijadas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, que constituye un precedente vinculante y obligatorio en la resolución de casos fáctica y jurídicamente iguales.
En efecto, la Sala Plena precisó que la sentencia de unificación se aplicaría con efectos retrospectivos «[…] a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables».
La siguiente fue la regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición fijada en la referida sentencia de unificación:
El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.
Como fundamento para establecer dicha regla, la Sala Plena consideró que «una lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite concluir que en el régimen de transición el IBL que debe tenerse en cuenta para liquidar el monto pensional es el previsto en el inciso 3 de dicha norma», toda vez que el régimen de transición prorrogó la vigencia de todos los regímenes pensionales anteriores a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, otorgando efectos ultractivos a algunos elementos constitutivos de dichos regímenes para aquellas personas que se encontraban afiliadas a los mismos y que estaban próximas a adquirir el derecho pensional, como son la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión.
Sin embargo, advirtió la Sala, para establecer el monto de la pensión, el legislador, por medio de la Ley 100 de 1993, en desarrollo de su libertad de configuración, fijó un elemento ―el IBL― que cumpliría con la finalidad no solo de unificar la base de la pensión para todos aquellos que estaban próximos a pensionarse, sino como manifestación de los principios de solidaridad, universalidad y sostenibilidad financiera para garantizar la viabilidad futura del Sistema General de Pensiones; máxime teniendo en cuenta que el periodo de transición abarcaría varias décadas.
En ese orden, la sentencia concluyó que esa es la lectura que debe darse del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Así discurrió:
El artículo 36 contiene todos los elementos y condiciones para que las personas beneficiarias del régimen de transición puedan adquirir su pensión de vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del ingreso base de liquidación que consagraba el régimen general de pensiones anterior a dicha ley. El reconocimiento de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 constituye un verdadero beneficio para este grupo poblacional, porque frente a los mismos requisitos que están consagrados para el Sistema General de Pensiones, indudablemente, le son más favorables.
Adicionalmente, la Sala Plena definió las siguientes subreglas:
La primera, se refiere al periodo para liquidar las pensiones de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones». Esta subregla la justificó así:
99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es aquella según la cual, en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de 1985, solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización pueden incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional.
100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo 48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones.
De acuerdo con las anteriores pautas fijadas por la Sala que, se repite, constituyen precedente obligatorio, el IBL para las personas que se en encuentran en el régimen de transición es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 o en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según corresponda. Estas personas se pensionan con los requisitos de «edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.»
2.3. Hechos probados
De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, la sala encuentra acreditados los siguientes:
i) El señor José Antonio Sierra Clemente nació el 19 de abril de 1948.
ii) El 24 de septiembre de 1973, se vinculó a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, como ingeniero civil, en el Departamento de Ingeniería. Ocupó, además, los cargos de jefe de sección (titular), jefe de división (encargado), subdirector general (encargado), profesional especializado, grado 23 (titular), subdirector general (comisionado), director técnico (comisionado) y asesor (titular).
iii) El 2 de enero de 2007, se retiró del servicio.
iv) El 20 de agosto de 2009, por medio de la Resolución 13968, el jefe del Departamento de Atención al Pensionado del Seguro Social, Seccional Valle del Cauca, le reconoció la pensión de jubilación, a partir del 3 de enero de 2007. Entre sus considerandos, se destacan los siguientes:
[…]
Que el asegurado José Antonio Sierra Clemente en aplicación del principio de la condición más beneficiosa al trabajador atendiendo a lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Política, se encuentra en régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, por consiguiente el reconocimiento de la pensión de jubilación es viable teniendo en cuenta la edad, el tiempo de servicios y el monto que en el régimen anterior a la vigencia del nuevo sistema general de pensiones le era aplicable, en este caso el establecido por la Ley 33 de 1985, el cual exige para el derecho a la pensión acreditar 20 años de servicio al estado, 55 años de edad y un 75 % como monto de la pensión.
[…]
Que efectuada la correspondiente operación, según lo indicado anteriormente se tuvieron en cuenta el tiempo cotizado y laborado como servidor público que son 1.707 semanas, obteniendo como ingreso base de liquidación lo devengado en el tiempo que le hiciere falta para adquirir el derecho conforme al artículo 36 inciso 3 de la Ley 100 de 1993 la suma de $5.315.389 a la cual se le aplica el 75 % dando como resultado la suma de $ 3.986.542 a partir del 3 de enero de 2007. (Negritas de la sala).
v) El 17 de febrero de 2010, el señor Sierra Clemente presentó solicitud de revocatoria directa de la Resolución 13968 del 20 de agosto 2009, la cual fue resuelta de manera, por medio de la Resolución 7834 del 30 de julio de 2010.
vi) El 2 de febrero de 2012, por medio de la Resolución 00889, el jefe del Departamento de Atención al Pensionado del Seguro Social, Seccional Valle del Cauca, confirmó en todas sus partes la Resolución 13968 del 20 de agosto de 2009, con sustento en las siguientes consideraciones:
[…]
Que en mérito de lo expuesto se procedió a revisar la liquidación de la prestación encontrando que al asegurado se le liquidó la prestación de dos formas a) con el promedio de lo devengado por el asegurado durante los últimos 10 años anteriores al reconocimiento del derecho generando un ingreso base de liquidación por $ 5.315.389 al cual se le aplicó un porcentaje del 75 % dando como resultado $ 3.986.542 como mesada inicial a partir del 3 de febrero de 2007 y b) con el promedio de lo devengado durante el último año y sus factores salariales generando un ingreso base de liquidación por $ 4.537.413, al cual se le aplicó un porcentaje del 75 % dando como resultado $ 3.403.060 como mesada inicial a partir del 3 de febrero de 2007, hecho por el cual no le es favorable la reliquidación de conformidad con lo anteriormente expuesto solicitada por el pensionado, es decir que en aplicación al (sic) principio de favorabilidad le es más benéfico la prestación reconocida mediante la Resolución No. 13968 del 20 de agosto de 2009.
[…].
vii) El 8 septiembre de 2016, la directora administrativa de la CVC expidió certificaciones salariales donde consta que, durante los últimos diez años de servicios, 1996 a 2006, el demandante devengó los siguientes factores: salario básico, prima de junio, vacaciones, prima de vacaciones, bonificación de recreación, bonificación por servicios, prima de diciembre, auxilio escolar y becas, prima transitoria, reconocimiento por coordinación, bonificación por compensación, prima técnica y «técnica salarial».
2.4. Análisis de la Sala
En el presente asunto no está en discusión la condición de beneficiario del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, que ostenta el señor José Antonio Sierra Clemente, debido a que nació el 19 de abril de 1948, lo que significa que para el 1.° de abril de 1994, fecha en que entró a regir la Ley 100 de 1993 en el orden nacional, contaba con más de 40 años. Adquirió el estatus de pensionado el 19 de abril de 2003, cuando cumplió los 55 años, requisito con el que consolidó el derecho a la pensión de jubilación, comoquiera que los 20 años de servicios los completó el 24 de septiembre de 1993.
Así las cosas, comoquiera que adquirió el estatus pensional en vigencia de la Ley 100 de 1993, su pensión de jubilación debe liquidarse conforme a la primera de las subreglas señaladas por la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, esto es, con una tasa de reemplazo del 75 % y como le faltaban menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión «el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE», de conformidad con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tal como lo efectuó la entidad en el acto de reconocimiento pensional.
En relación con la segunda subregla fijada en la sentencia de unificación, los factores salariales que se deben incluir en el IBL de la pensión de jubilación de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones, los cuales se encuentran enlistados en el artículo 1.° del Decreto 1158 de 1994, así:
a) La asignación básica mensual;
b) Los gastos de representación;
c) La prima técnica, cuando sea factor de salario;
d) Las primas de antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor de salario;
e) La remuneración por trabajo dominical o festivo;
f) La remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna;
g) La bonificación por servicios prestados;
Pues bien, en el caso concreto, en el acto de reconocimiento pensional ―Resolución 13968 del 20 de agosto de 2009― la entidad de previsión obtuvo el ingreso base de liquidación de conformidad con el artículo 36, inciso 3, de la Ley 100 de 1993. Esta decisión fue confirmada por medio de la Resolución 00889 del 2 de febrero de 2012.
Por otro lado, según lo indicó la entidad, en este último acto administrativo se procedió a revisar la liquidación, aplicando dos fórmulas: a) con el promedio de lo devengado durante los últimos diez años, anteriores al reconocimiento, y b) con el promedio de lo devengado en el último año de servicio, obteniendo un resultado superior con la primera operación, por lo que, en aplicación del principio de favorabilidad, decidió mantener la liquidación en la forma efectuada en la Resolución 13968 del 20 de agosto de 2009.
Ahora bien, en el expediente no hay prueba ni manifestación alguna que permita establecer cuáles de los factores devengados fueron objeto de cotizaciones a pensión. Sin embargo, el demandante no controvierte la inclusión de alguno de ellos, que se encuentre autorizado en el Decreto 1158 de 1994, sobre el cual se haya cotizado. De igual manera, el recurso de apelación se limita a reprochar el cambio de posición adoptado por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, e insiste en que su pensión debe liquidarse con todos los factores devengados en el último año de servicio.
En este orden, la pretensión de reliquidación en los términos descritos no tiene vocación de prosperidad, porque, se repite, por haber consolidado el actor el estatus pensional en vigencia de la Ley 100 de 1993, su pensión de jubilación no puede liquidarse con el promedio del último año de servicio, sino conforme a la primera subregla señalada por la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, esto es, con una tasa de reemplazo del 75 % y como le faltaban menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión «el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior», de conformidad con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
En conclusión, si bien el demandante es destinatario de la Ley 33 de 1985, no es posible acceder a la reliquidación de la pensión en los términos deprecados, esto es, con el 75 % del promedio de los factores salariales devengados en el último año de servicios, porque según la sentencia de unificación de la Sala Plena del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2018, el IBL aplicable en su caso corresponde al promedio de lo devengado en el tiempo que le hacía falta para consolidar el derecho a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, o el cotizado durante todo el tiempo, si fuere superior.
Por lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia del Tribunal, por la cual se denegaron las súplicas de la demanda.
2.5. De la condena en costas
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016, respecto de la condena en costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo-valorativo. El primero, en cuanto prescribe que en toda sentencia se decidirá sobre la condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código General del Proceso; el segundo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.
Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así convenido por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en costas tanto en primera como en segunda instancia.
Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en el numeral 8.° del artículo 365 del Código General del Proceso, la Sala se abstendrá de condenar en costas, por cuanto la decisión obedece a un cambio jurisprudencial ocurrido durante el curso del proceso.
3. Conclusión
Al demandante no le asiste el derecho a que su pensión de jubilación le sea reliquidada teniendo en cuenta todos los factores salariales percibidos durante el último año de servicios, como lo deprecó en la demanda, porque según la sentencia de unificación de la Sala Plena del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2018, el IBL aplicable para el caso concreto corresponde (i) al promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Por consiguiente, se confirmará la sentencia apelada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero.- Confirmar la sentencia del 28 de noviembre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual se denegaron las pretensiones de la demanda presentada por el señor José Antonio Sierra Clemente contra la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).
Segundo.- Sin condena en costas en segunda instancia.
Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el programa SAMAI.
Notifíquese y Cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
Relatoría: AJSD/Dcsg/Lmr.
Folio 51
Folios 67 al 82
Folios 152 al 160
Folios 169 al 176
Índice 16 de la plataforma SAMAI
Constancia secretarial del folio 200
Ibidem
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018. Consejero ponente: César Palomino Cortés. Expediente 2012-00143-01. Demandante: Gladis del Carmen Guerrero de Montenegro.
Folio 3, acto de reconocimiento pensional.
Folios 6 al 8, certificación expedida el 21 de marzo de 2007 por la directora administrativa de la entidad
Ibidem
Folios 2 al 5
Información tomada de la Resolución 0889 del 2 de febrero de 2012, folios 15 y 16
Ídem
Folios 15 y 16
Este factor lo devengó en enero y febrero de 2004
Folios 106 al 119
Folio 3
Folio 9
Resolución 13968 del 20 de agosto de 2009.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández Gómez.
«1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
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